Prorrogaron una audiencia de desmonte hasta que esté el nuevo ordenamiento

Fecha de Publicación: 03/11/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El secretario de Ambiente de Salta, José Aldazábal, aseguró ayer que se aplicará el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN, que está próximo a conocerse) a las audiencias públicas de desmonte que se solicitaron este año.
“Con el de ahora”, respondió el funcionario provincial a la consulta de Salta/12 sobre cuál OTBN se aplicará a los pedidos de autorización de desmontes presentados este año. Mientras se avanza con el nuevo OTBN los cambios de uso de suelo se encuentran suspendidos.
El viernes último se publicó la resolución 258 del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, por la cual se dispuso la prórroga de la audiencia pública en el marco del pedido de la firma “Río Horcones SA” para el desarrollo de una superficie de 541 hectáreas netas de desbajerado a habilitar, y 399 hectáreas de protección y reserva, en la finca “Estancia Aragón”.
En sus considerandos, el instrumento legal indica que la solicitud de que se suspendan las audiencias hasta que esté listo el nuevo ordenamiento fue de representantes del Instituto de Investigaciones en Energías no Renovables (INENCO), el CONICET, la Universidad Nacional de Salta, INTA y el INAI, organismos que también tienen a sus representantes en el equipo técnico del Consejo Asesor del OTBN, cuya revisión está en sus instancias finales.
En la resolución se especifica que pidieron la suspensión “de todas las Audiencias Públicas convocadas por proyectos de cambio de uso de suelo en los bosques nativos de la Provincia de Salta hasta tanto se apruebe el nuevo mapa, fundando tal petición en que estas audiencias, suspendidas desde hace aproximadamente 18 meses por decisión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no se deberían reanudar habida cuenta de lo avanzado del proceso de revisión del mapa actualmente vigente. Si así se hiciera, se pondría en riesgo la credibilidad de todo el proceso”.
Aunque son más las audiencias públicas que se dieron a conocer por el Boletín Oficial, Aldazábal afirmó que dos particularmente se encuentran con proyectos sobre bosques nativos y por lo tanto, podrían ser incongruentes con la próxima actualización del OTBN.
Por estas razones se decidió prorrogar la audiencia pública para el 28 de noviembre para posibilitar que se la evalúe  según las definiciones que otorgue la base del OTBN actualizado, que estaría listo la semana que viene a más tardar. Así lo indicó el secretario de Ambiente. “Entonces deberán adecuarlo”, dijo al ser consultado sobre el hecho de que el procedimiento fue trazado sobre la base del OTBN vigente desde 2009, que se verá modificado con el del 2023.
En la resolución se indica además que Aldazábal no puede intervenir en las actuaciones dado que en su momento actuó como técnico responsable de este proyecto, antes de asumir al frente de la Secretaría.
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Juzgarán nuevamente a Rocchia Ferro por delitos ambientales

Fecha de Publicación: 02/11/2023
Fuente: Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán


El TOF de Tucumán fijó para el 18 de marzo de 2024 el inicio del debate contra el empresario, en una causa por el vuelco de efluentes del ingenio Aguilares.
El industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro, condenado en Santiago del Estero por contaminar un pueblo de Jiménez con vinaza del ingenio La Florida, será juzgado nuevamente en una causa por contaminación.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán fijó para el 18 de marzo de 2024 el inicio del debate oral y público contra el empresario, acusado por delitos ambientales producto del vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento del ingenio azucarero Aguilares, el cual administraba. La decisión del tribunal se da luego de que el fiscal general Antonio Gustavo Gómez presentara una queja por retardo de justicia.
La causa, que tramitó ante la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán -entonces a cargo de Carlos Alfredo Brito-, se originó por una investigación preliminar iniciada en agosto de 2008 por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que encabeza el propio Gómez.
La pesquisa giró en torno a la presunta contaminación ambiental del ingenio Aguilares con el vuelco de efluentes líquidos al cauce del río Medina, que desemboca en el río Salí, que forma parte de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce. El ingenio es explotado por la firma "Fericar SA", en la cual Rocchia Ferro se desempeñaba como director.
La causa había sido archivada por el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, decisión ratificada por la Cámara Federal de Tucumán, lo que motivó un planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La Sala III del máximo tribunal penal anuló el sobreseimiento y ordenó al juzgado profundizar la investigación. El 5 de septiembre de 2018 el juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva del empresario en orden al delito de contaminación ambiental. Luego, la fiscalía consideró completa la instrucción y el juzgado elevó a juicio las actuaciones.
Tras una serie de reprogramaciones sobre la fecha de juicio, lo que originó planteos de la defensa y del fiscal Gómez, el TOF de Tucumán dispuso que el debate se inicie el 18 de marzo de 2024 a las 9.30.
El empresario ya fue condenado por delitos ambientales. El 23 de mayo pasado, el TOF de Santiago del Estero lo condenó a Rocchia Ferro -en su calidad del presidente del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes- a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y multa de $100 mil por el delito de contaminación ambiental, y le impuso una serie de medidas de reparación integral para la comunidad de El Palomar (Jiménez). La sentencia fue recurrida por la defensa del industrial.
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Tucumán: confirmaron el procesamiento de la representante de un frigorífico por verter afluentes en la cuenca Salí-Dulce

Fecha de Publicación: 30/10/2023
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


Los peritos establecieron que los valores de concentración para los metales plomo y cobre excedían diez veces los niveles guía admitidos para la calidad de agua.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de la presidenta de una cooperativa de trabajadores que opera un frigorífico sobre la banda del río Salí-Dulce, en esa provincia.
De este modo, las y los camaristas Marina Cossio, Marcela Moltini, Ricardo Sanjuan y Mario Rodolfo Leal -quien votó en disidencia- confirmaron el procesamiento sin prisión y el embargo de 2 millones de pesos sobre sus bienes, por considerarla autora del delito de contaminación de aguas de un modo peligroso para la salud, previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, que había sido dispuesto por el Juzgado Federal N°2 de esa ciudad. En la instancia intervino el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, quien postuló el rechazo de la presentación de la defensa de la mujer.
La investigación se originó en febrero de 2017 por la denuncia anónima presentada por una vecina de la zona ante la delegación local de la Policía Federal Argentina. En ella daba cuenta que sobre la costanera de la ciudad de La Banda del Río Salí funcionaba un matadero cuyos residuos contaminantes eran vertidos sin tratamiento al curso de agua.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, que delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Carlos Alfredo Brito. El fiscal encomendó al personal policial una serie de medidas, que incluyeron la entrevista con las y los residentes del lugar. En la pesquisa se observó la existencia de un tubo de desagüe que recorría la calle, de forma subterránea, desde el matadero hasta el río Salí, por el cual se vertían efluentes líquidos de color rojo, con olor a carne en proceso de descomposición y desperdicios de animales.
Los peritos establecieron que los valores de concentración para los metales plomo y cobre, presentes en la cámara, aguas arriba y aguas abajo, excedían diez veces los niveles guía admitidos para la calidad de agua para protección de vida acuática, de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos.
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Revés judicial para mapuches: luz verde para la minería en El Bolsón

Fecha de Publicación: 28/10/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Río Negro


En julio pasado, en Río Negro, ante un reclamo de comunidades de pueblos originarios, el juez de El Bolsón Marcelo Muscillo le prohibió a la provincia avanzar con” cualquier exploración, prospección, cateo o explotación” minera en territorios comunitarios.
Muscillo hizo lugar a una acción colectiva de amparo y le ordenó al Gobierno rionegrino “establecer un mecanismo de consulta con las comunidades originarias” actoras, tendiente a obtener “su consentimiento libre, previo e informado” respecto de cada uno de los proyectos mineros que se apliquen en los territorios que ocupan.
Además, el magistrado estableció que la Secretaría de Minería le debía notificar el contenido del fallo a todas las empresas que presentaron solicitudes respecto a las tierras reclamadas por mapuches y les vedó a las firmas ingresar, extraer muestras minerales o llevar a cabo “cualquier actividad relacionada con la actividad minera”.
La presentación que generó la decisión del a quo fue promovida por referentes de las comunidades Ancalao, Lofche Pulam LafkeAmulen Che, Newen Ñuke Mapu, Pilquiniyeu del Limay, Ragiñ Plang Curra Meu y Mariano Solo; la Regional Andina de la Coordinadora del Mapuche de Río y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
Apuntó contra los permisos otorgados a terceros por el Ejecutivo provincial -concretamente, por la Secretaría de Minería de Río Negro-.
En esa instancia, pidió que se frenara el “avance de cualquier tipo de exploración, prospección, cateo o explotación minera” dentro de territorios de las comunidades actoras.
La parte accionante tuvo éxito y el juez paralizó todo tipo de actividades hasta tanto se cumpliera con las consultas que dispuso.
“A fin de proceder a lo ordenado y de evitar la reiteración de situaciones similares, la Provincia de Río Negro deberá -a través del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y demás organismos pertinentes- poner a disposición de la Secretaría de Minería información compatible con la legislación minera respecto de las ocupaciones territoriales de las comunidades aquí presentadas”, estableció el fallo. Y sumó: “En lo sucesivo la Secretaría de Minería deberá obligatoriamente consultar con el CODECI respecto de la ocupación de Comunidades Originarias en el inicio de trámites de permisos que se apliquen en territorio de las amparistas”.
Ahora, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro revocó el decisorio que paralizó los trabajos exploratorios de minería que la empresa Ivael Mining SA llevaba adelante en la zona andina de El Bolsón.
Los vocales Ricardo Apcarian, Cecilia Criado, Sergio Barotto y Liliana Piccinini argumentaron que el fallo de primera instancia se emitió sin tener un relevamiento que permita determinar si las tierras ocupadas por los pueblos originarios accionantes coinciden con las zonas que abarcan los permisos.
“La sentencia era contradictoria al aceptar que los estudios ambientales y demás actos administrativos realizados por el Ministerio de Ambiente provincial eran válidos, pero ordenaba su paralización”, agregaron.
A su vez, advirtieron que el juez sustituto Muscillo, previo a resolver, debió verificar que las tierras involucradas “exhibían posesión comunitaria ancestral” y que fueros aquellas “donde la autoridad de aplicación tramitaba las autorizaciones y/o permisos mineros cuestionados”.
Para los ministros de la máxima instancia de Río Negro, el error del juez de grado tornó incoherente y arbitraria su sentencia, toda vez que no es posible identificar cuáles son las prohibiciones, qué permisos pueden o no otorgarse y a quién debería efectuarse la consulta dispuesta.
“El pronunciamiento impugnado se vuelve contradictorio al rechazar la invalidez de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente en la materia y al mismo tiempo ordenar la suspensión”, concluyeron Apcarian, Criado, Barotto y Piccinini
La decisión del máximo tribunal de la provincia fue criticada por representantes de las comunidades originarias.

Vocero
El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, rechazó el fallo. En declaraciones a Radio Nacional, en Viedma, afirmó que fue dictado “a la medida de los intereses extractivos”.
“Creo que en 40 años de democracia estas cosas no debieran pasar. Se pierde la calidad institucional de un organismo del que dependen todos los sectores más postergados y avasallados de la sociedad, como es la Justicia”, manifestó.
“Si no podemos confiar en que la Justicia respete las propias leyes que están vigentes, qué podemos esperar de las empresas, o de los gobiernos, que nos queda a nosotros, sólo cerrar las tranqueras y tener más problemas”, opinó.
Por último, el dirigente originario aseveró que las comunidades no van a permitir el ingreso de las empresas mineras a los territorios comunitarios.
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Ordenamiento territorial: no suman hectáreas para producir y definirán reubicaciones

Fecha de Publicación: 28/10/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


En la revisión del mapa que determina zonas verdes, amarillas y rojas aplican criterio de no regresividad.Presentan cuatro escenarios con opiniones de todos los participantes del Consejo Asesor.
Más de 130 representantes de distintas instituciones se reunieron ayer para actualizar el mapa provincial de áreas protegidas que dispone la ley nacional de bosques. Se confirmó que no sumarán áreas para producir más, solo se podrán cambiar ubicaciones.
Académicos, comunidades indígenas y actividades productivas, legislativo, gubernamental y judicial, reunidos por el Consejo Asesor de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), tuvieron la tarea de presentar cuatro escenarios en los que quedarán reflejadas de manera vinculante las opiniones de todos los participantes.
De los cuatro saldrá el mapa definitivo, que se confeccionará bajo un sistema en el que primará la posición mayoritaria de los grupos, y en el caso de empate de posiciones el color asignado se definirá bajo un criterio técnico, que será puesta a consideración.
Organizados en grupos acordes a cuatro perspectivas, trabajaron para consensuar mapas de zonificación, donde queda reflejada su opinión vinculante. Cada representante de institución asignó valores de cero a cien, según la mirada de la organización a la que representa, a los colores amarillo, verde y rojo. Al finalizar se labró el acta correspondiente con el mapa unificado por grupo.
José Volante, parte del equipo técnico del OTBN, expresó que la ley de bosques prevé que el ordenamiento debe basarse en un principio de no regresividad. Esto significa que se debe avanzar hacia un medio ambiente sano, saludable y no se puede volver a etapas de menor calidad ambiental que la que había anteriormente.
Afirmó que en el ordenamiento territorial del año 2008 había en rojo 1.278.000 hectáreas, en amarillo 5.333.000 hectáreas y en verde 1.000.000 de hectáreas aproximadamente. El principio de no regresividad menciona que no puede haber más zonas verdes, o sea, más hectáreas agropecuarias que las que ya estaban en el 2008. Además, no pueden haber menos hectáreas de las categorías rojas y amarillas.
"Entonces, podemos ir a tener más áreas amarillas y más áreas rojas, pero no menos. Entonces, ¿qué estamos discutiendo acá? Lo que estamos discutiendo es la ubicación de estas hectáreas. De ese millón de hectáreas que quedan para ordenar, para replanificar, lo que estamos haciendo acá ahora es, con toda esta información nueva que hemos compilado, viendo una reubicación de esas hectáreas", explicó el técnico del INTA.
José Volante detalló que hay criterios que la ley menciona que tienen que ver con tres condiciones. Una que tiene que ver con una calidad vinculada con la protección de la biodiversidad, otra una calidad de sitio o aptitud para la producción forestal sustentable y otra con una aptitud para la producción agropecuaria.
"En las 5 millones de hectáreas de amarillas se pueden hacer proyectos sustentables productivos. En esas áreas se puede hacer hasta ganadería. La ley junto con un decreto y un acuerdo que se hizo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente de la Nación llegaron a un acuerdo para permitir hacer ganadería bajo monte con un sistema que se llama manejo de bosque, con ganadería integrada que permite la desarbustización, o sea quitar los arbustos, conservar los árboles y hacer producción silvopastoril con unas condiciones técnicas que deben cumplir, pero se puede hacer producción ganadera en la amarilla", remarcó el técnico del INTA José Volante.
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“Trazabilidad pesquera”: Diputados no abordó la iniciativa interparidista

Fecha de Publicación: 17/10/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El tratamiento de la denominada “Ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura” no prosperó en la última sesión de la Cámara de Diputados porque cerca de 30 legisladores oficialistas se levantaron de sus bancas y se perdió el quórum.
La iniciativa -que, entre otras cosas, busca frenar la depredación del mar argentino- es interpartidista: la promovieron Graciela Camaño (Identidad Bonaerense); Carlos Selva (Frente de Todos) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica).
Ante lo ocurrido, el Círculo de Políticas Ambientales publicó en su cuenta de X “Parte de la bancada del Frente de Todos deja sin quórum la sesión para tratar la ley de trazabilidad de la pesca que permite combatir la pesca ilegal y no reglamentada, especialmente de China, dar transparencia al sector y evitar el fraude de los productos de pesca”.
Por su parte, el conservacionista marino Milko Schvartzman, que sigue el tema desde una perspectiva internacional, interpretó la conducta de los oficialistas a la luz de la relación del gobierno argentino con China y escribió: “Pesca ilegal: China celebra que legisladores del gobierno kirchnerista en Argentina evitan votar ley de trazabilidad y transparencia en la pesca favoreciendo a las flotas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
En tanto, en la misma red social, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, subrayó que pese al consenso existente, el kirchnerismo se retiró “a último momento” y “de manera repentina”.
“Este dictamen busca rastrear el origen y trayecto de las capturas para evitar el ingreso de productos ilegales y no regulados a los mercados. Esto, sumado al desinterés del kirchnerismo por tratar la aprobación del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para limitar las subvenciones a la pesca no hace más que demostrar su voluntad de entregar el Atlántico Sur a China”, sumó.

Dictamen
Luego de un proceso durante el cual, a lo largo de 2022, expusieron representantes del sector privado, gremios, la sociedad civil y funcionarios del Ejecutivo, el proyecto obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos.
El proyecto original fue elaborado por los radicales Fabio Queglas (Buenos Aires) y Ximena García (Santa Fe). Apunta a darles garantías a los consumidores y a mejorar el acceso a los mercados externos de los productos de la pesca argentina. No aplica a la denominada “Milla 201”, sobre la cual la Argentina no tiene jurisdicción, pero plantea que en la medida que la trazabilidad se generalice, le quitaría atractivo y rentabilidad a los productos de la pesca ilegal, de China o de cualquier otro país.
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Condenan a seis empresas por la contaminación del arroyo Saladillo

Fecha de Publicación: 14/10/2023
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe


La jueza del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13° Nominación, Dra. Verónica Gotlieb, condenó a seis empresas lindantes con el arroyo Saladillo a adecuar sus procesos de gestión de efluentes a la legislación vigente. La resolución condena a las empresas responsables en dos aspectos: la prevención de daños ambientales y la recomposición del ecosistema para que la parte afectada del arroyo vuelva a su estado anterior.
La resolución está vinculada a la demanda civil interpuesta por la Fiscalía Extrapenal de Rosario contra empresas localizadas en el polo industrial de Villa Gobernador Gálvez que descargan sus efluentes sin tratar en un tramo del arroyo Saladillo y el zanjón de la reserva.
Bajo el precepto expreso de “quien contamina, paga”, la resolución recepta las pretensiones de la fiscalía en cuanto a condenar a las empresas en dos aspectos: de prevención de daños ambientales y de su recomposición, es decir que el ecosistema de la reserva natural y de esa parte afectada del arroyo vuelvan al estado anterior a los daños causados.
Para eso dispone un cronograma de acciones con la participación de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y la instancia y control de la ejecución de la sentencia a cargo de la Fiscalía y el Juzgado, a fin de poner en acción un programa de saneamiento costeado por las empresas que la jueza estimó contaminantes, aun cuando el fallo puede ser apelado ante la Cámara civil.
El fallo de la Dra. Gotlieb es receptiva de la progresión de los derechos ambientales en diversos aspectos, entre ellos el protagonismo de la información para los ciudadanos sobre las acciones de prevención y reparación de los daños. Además, reconoce la legitimación activa de los fiscales de la Ley 10.160 para accionar en defensa de los intereses generales en materia ambiental y la gratuidad para el acceso a la justicia como para la tramitación de procesos ambientales. Exhorta a los poderes local y provincial a instar urgente los procedimientos adecuados para el cumplimiento de la sentencia, incluso mediante la aplicación de sanciones.
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Chaco | Investigadores denunciaron graves irregularidades en el proceso del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 13/10/2023
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Chaco


Más de cien investigadores e investigadoras del sistema científico nacional, incluyendo miembros del CONICET, universidades nacionales y el INTA, hacen un pedido de intervención urgente al Gobernador de Chaco Jorge Capitanich sobre las tres Audiencias convocadas para modificar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos del Chaco por irregularidades en la convocatoria, “con violación de normativas provinciales, nacionales y acuerdos internacionales”.
Las audiencias públicas fueron llevadas adelante a fines de septiembre por el Ministerio de Producción con el objeto de reunir opiniones que sustenten cambios al OTBN aprobado por Decreto Provincial en el 2022.
Asimismo, la nueva propuesta de modificación del OTBN presentada durante estas audiencias incumple con casi todos los criterios de sustentabilidad y lineamientos establecidos por la Ley de Bosques N° 26.331 y el Consejo Federal de Medio Ambiente.
La discriminación de actores y sectores productivos y socio-ambientales representativos  del Chaco, el incumplimiento del Protocolo 169 de la OIT sobre consulta previa a comunidades indígenas y otras irregularidades son aspectos de extrema gravedad.
Este llamado ocurre luego de varias alertas previas emitidas por la comunidad científica y organizaciones civiles.
En 2022, mil científicos argentinos expresaron su profunda preocupación ante la regresión ambiental de los bosques nativos prevista en el Decreto N° 2157/22. Además, un grupo de científicos se reunió con legisladores provinciales para destacar los riesgos de este tipo de retrocesos en el patrimonio natural y la sostenibilidad del Chaco.
En 2023, se rechazó categóricamente un nuevo Proyecto que busca eliminar los bosques, incluso en áreas dentro de corredores biológicos de la provincia (Proyecto N°3258 del Diputado Bergia).
En sus últimos meses de gestión, los científicos hacen el último llamado a Capitanich. Piden que se evite una mayor extinción de la biodiversidad, los efectos extremos que impactaran por cambio climático a los chaqueños y la desertificación que traerá un Chaco sin bosques nativos.
Solicitan, por tanto, considerar inválidas las audiencias públicas realizadas con el fin de modificar el OTBN provincial y retomar el proceso de actualización conforme las normas y leyes vigentes, quedando disponibles para trabajar junto a los poderes del estado en pos de un verdadero desarrollo sustentable provincial y nacional.
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Areneras: todas las irregularidades en un negocio de 650 millones de dólares al año

Fecha de Publicación: 11/10/2023
Fuente: Portal paralelo32.com.ar
Provincia/Región: Entre Ríos


Entre Ríos aporta el 80% del sílice que utilizan los yacimientos de Vaca Muerta, destinado al fracking (fractura de suelo)
Nadie les pidió el estudio ambiental. El conflicto se inició en Ibicuy y sigue la causa judicial.
La extracción de arena en la zona de Puerto Ibicuy era una tarea normal que llevaban a cabo las empresas que explotaban el mineral, que incrementaron su producción, porque el producto era derivado mayoritariamente a los pozos de Vaca Muerta que comenzó a generar una gran demanda. La arena silícea que toma de los arenales de la zona y que se destinan principalmente a los mencionados centros petroleros, donde es utilizada en conjunto con agua y productos químicos para quebrar la roca madre y facilitar el acceso al petróleo y el gas, depositados en las grietas. Este procedimiento se conoce como fracking (fractura).
La explotación indiscriminada del mineral generó inquietud hasta derivar en un conflicto que se originó el pasado año, cuando el apoderado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, Ricardo Luciano, solicitó al gobierno de Entre Ríos información sobre las licencias y estudios de impacto ambiental, otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia a las empresas particulares para extraer arena tipo silícea del río Paraná.
Luciano dijo a Paralelo 32 que siempre hubo areneras en la zona, extrayendo material que se destinaba  a la construcción y después la de sílice que utiliza la industria del vidrio. Esta última es la que se destina ahora a Vaca Muerta. “Hasta hace cinco o seis años las dos o tres areneras extraían en forma racional y la fábrica de vidrio cagaba un camión por semana con arena de sílice”.
A partir de la fecha mencionada comenzaron a proliferar las empresas que se sumaron al pingue negocio. Actualmente hay 9 areneras y 4 plantas de lavado, en su mayoría sociedades anónimas. Mediante un proceso que utiliza abundante agua, se obtiene el sílice tratando la arena extraída a cielo abierto. “Separa la arena en crudo, de la arena de sílice que se emplea para el fracking”, explica el dirigente cooperativo.
¿Por qué se preocupa y ocupa en este tema la Cooperativa de Agua de Ibicuy?  Para este procedimiento utilizaban agua subterránea, lo que generó preocupación en la cooperativa por la posible alteración o contaminación de las napas, desde donde bombeaban el agua potable.
Hay 4 plantas de lavado que extraen del acuífero 500 millones de litros de agua por mes, mientras que Ibicuy consume 30 millones durante el mismo período. Agregó que nuestra provincia tiene 4 acuíferos, El Paraná, Ituzaingó, Palmar y Salto Chico. En el sur de nuestro territorio se encuentra otro en formación,  denominado  Delta Aluvial Isla Talavera, que es un acuífero incipiente y con  mayor contenido de sal.

Recurren a la justicia
Ante esta realidad, se hicieron presentaciones administrativas para que la Secretaría de Ambiente informe sobre el impacto en el ecosistema que generaban estas explotaciones y los posibles problemas de contaminación. Según el profesional, no tuvieron respuestas satisfactorias y acudieron a la justicia.
“Frente a esta situación y ante la fragilidad de esa fuente de agua que utilizaban para el lavado,  el presidente de la cooperativa se preocupó y actuó presentando – en este caso- un amparo (artículo 58 de la Constitución) con el objeto de que la justicia  obligue al gobierno a cumplir con los fallos, que exigían un informe completo relacionado al impacto ambiental y contaminación”. A esta situación se llega porque los reclamos realizados a la Secretaría de Ambiente para que suministren informes de impacto, no habían sido respondidos. El amparo fue favorable,  en consecuencia se paralizó la actividad de 9 plantas y 4 lavadoras en base al dictamen judicial que obtuvieron. Agregó que todas estaban trabajando en forma irregular y el organismo responsable de cuidar el medio ambiente, no realizaba las acciones correspondientes.

Justicia Federal
Se encontraron muchas irregularidades en el marco de lo que dictaminó la justicia ordinaria y el año pasado hicieron otra presentación ante la Justicia Federal, porque, con el excedente del proceso de producción, las empresas lo derivaban al río y taparon parte del espejo de agua y las bocas de lagunas.  “Esto dio lugar a la demanda por contaminación del río Paraná”. Se llegó al mismo resultado; la clausura; pero esta vez con la intervención del Secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, y el Fiscal de Estado de nuestra provincia.
“Sucedieron algunas cosas inconcebibles; las areneras habían trabajado entre el 2017 y el 2020 sin haber hecho ningún trámite en la Secretaría de Ambiente”, según se desprende de los expedientes que suministraron, gracias a una orden judicial. Falta preguntarnos, y dejamos fuera de esto a Luciano, ¿por qué razón la Secretaría de Ambiente no intervino en el movimiento de explotación mineral más grande de la provincia?
Pasada la etapa de clausura, el Intendente de Ibicuy autorizó el funcionamiento de 4 plantas que no habían cumplido con el mandamiento judicial, es decir no tenía el certificado de aptitud ambiental. Esto ameritó una nueva presentación por irregularidades, que se sustancia en la justicia. Nuevamente… ¿qué mueve a un intendente a contravenir un fallo de la justicia para autorizar una actividad que seguía trabajando sin aptitud judicial?
También desde octubre se descubrió que para el lavado tenían un pozo clandestino que no estaba autorizado por el CORUFA.

Datos numéricos
En una nota realizada por Paralelo 32, Luciano explicó que Vaca Muerta consume 8 millones de toneladas de arena al año, el 80 % sale de Entre Ríos, esto indica que no solamente están las empresas radicadas en Ibicuy sino que también extraen de Diamante y Victoria , algo de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, entre otras zonas.
Antes de esto, Vaca Muerta adquiría la arena de sílice de Brasil y Estados Unidos a 1.000 dólares la tonelada, el mineral obtenido de nuestras costas se entrega a 200 dólares puesto en Río Negro. Además, desde el 2021 a la fecha están exentos de impuestos provinciales, pagando solamente 43 pesos por tonelada declarada por la empresa.  
Por otro lado este movimiento significa el tránsito de 500 camiones por día que salen del sur de la provincia y especialmente desde Ibicuy. Es un negocio de 650 millones de dólares anuales.
Hay organizaciones ecologistas que han planteado este tema, la Fundación Cauce está elaborando dos informes, en el marco del amparo, relacionados al impacto ambiental acumulativo y contaminación,  que podrían estar finalizados a fin de mes. Está pendiente de resolución una nueva presentación de Luciano, donde se ordena hacer un estudio hidrogeológico del delta aluvial  Isla Talavera en el marco de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que todavía no se ha realizado. “Hace 6 meses de esta solicitud  y las empresas pidieron 6 meses para contestar”.
Finalmente Luciano explicó que con toda la documentación obtenida y datos testimoniales, realizarán las acciones judiciales, especialmente para evitar el daño al medio ambiente.
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Prohíben las fumigaciones aéreas y terrestres en Campana

Fecha de Publicación: 03/10/2023
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Buenos Aires


La Corte Suprema dispuso cumplir la ordenanza contra las fumigaciones por aire o por tierra a menos de 1.000 metros de zonas pobladas. Diversos informes de la Auditoría General de la Nación evidencian los débiles controles sobre los agroquímicos en el país.
Se prohibieron las fumigaciones aéreas con agrotóxicos y las fumigaciones terrestres a menos de 1.000 metros de zonas pobladas en Campana. La Corte Suprema de Justicia dispuso que se cumpla la ordenanza aprobada 12 años atrás.
En 2011 se sancionó la ordenanza municipal que prohibía el uso de productos agroquímicos y plaguicidas esparcidos de forma aérea, y que establecía una distancia de 1.000 metros con respecto a zonas pobladas, escuelas y centros de salud para la fumigación. A pesar de ello, y a través de una cautelar presentada por dos grandes productores de la zona que reclamaban el derecho al trabajo, en 2012 se les volvió a permitir fumigar a pesar de que se encontraban a menos de 30 metros del barrio Los Pioneros.
La organización vecinal Los Pioneros y barrios aledaños enviaron a la Facultad de Agronomía seis muestras de agua para demostrar la presencia de agrotóxicos. Todas las muestras recolectadas dieron positivo para glifosato. También recurrieron al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) donde las muestras de agua enviadas dieron positivas para 18 agroquímicos, mientras que las de tierra arrojaron presencia de cinco agroquímicos. Por último, se enviaron muestras de orina para verificar la presencia de agrotóxicos en los cuerpos. De los 10 casos enviados, tres dieron positivo para glifosato.

El control de los agrotóxicos en Argentina
La Auditoría General de la Nación analizó el uso de agroquímicos en el país a través de cinco informes. En 2011 se analizó el Plan Nacional de Gestión de Plaguicidas de Uso Sanitario, dependiente de la Subsecretaría de Determinantes de la Salud e Investigación del Ministerio de Salud de la Nación. Los cuatro restantes fueron sobre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el último data de 2021.
Los distintos informes ponen en evidencia los débiles controles sobre los agroquímicos y productos de terapia vegetativa por parte del Senasa. Además, en todos hallaron debilidades en la fiscalización de los productos utilizados.
El último informe de 2021 evaluó cómo se evita la comercialización de productos de terapéutica vegetal que estén prohibidos por sus efectos negativos en la salud y el ambiente. Se halló que el Senasa no controla como debería, que hay un déficit en materia de recursos humanos lo que involucra a varios agentes realizando diferentes tareas, por lo cual el trabajo de esas tareas se ve debilitado.

El caso de Misiones
Misiones sancionó la Ley de Promoción de Bioinsumos que prohíbe el uso de glifosato, sus componentes y afines en toda la provincia. Se estipuló un período de transición para reemplazar el uso de agrotóxicos. Durante la última década, la provincia sancionó, en promedio, dos leyes por año vinculadas a la agricultura familiar, la diversidad de la producción y el cuidado del ambiente
La normativa establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, comercialización y utilización de productos biológicos naturales. Para el periodo de eliminación de agrotóxicos, el Estado provincial deberá acompañar a los productores en el camino hacia una producción orgánica, científicamente responsable, económicamente rentable y ambientalmente sustentable.

Alimentos contaminados
Según un informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), más del 60% de las frutas y verduras que llegan al Mercado Central contienen pesticidas, herbicidas y fungicidas en niveles no permitidos.
Los controles realizados entre 2011 y 2016 por el organismo detectaron 82 agroquímicos en 38 de los alimentos controlados, entre ellos frutas, hortalizas, verduras y cereales.
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Después de 12 años, vuelve la navegación al Riachuelo

Fecha de Publicación: 03/10/2023
Fuente: Primer Plano
Provincia/Región: Riachuelo


El Juzgado Federal de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, publicó una resolución que habilita un tramo para realizar travesías turísticas. Cuáles fueron los trabajos realizados en el curso de agua para la autorización en el tramo de 200 metros comprendidos entre la desembocadura y el puente Transbordador Nicolás Avellaneda.
En un hecho histórico para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, que lleva adelante la Causa Mendoza, resolvió hacer lugar a un pedido los ministerios de turismo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, quienes solicitaron con acompañamiento de ACUMAR habilitar la navegación en un tramo de 200 metros comprendidos entre la desembocadura del Riachuelo y el puente Transbordador Nicolás Avellaneda.
“Con esta decisión entramos definitivamente en una nueva etapa del proceso de saneamiento, entendiendo que habilitar la navegación, incluso en este pequeño tramo, es un paso muy importante para recuperar la relación de la sociedad con el río, visibilizar los avances y generar conciencia para sostener su cuidado”, destacó el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella.
La prohibición de navegar el río data de 2011 cuando el entonces juzgado de instrucción de la Causa, radicado en Quilmes, declaró a la Cuenca y especialmente al cauce del río como “zona crítica de protección especial con servidumbre de paso ambiental”, suspendido provisoriamente y de manera total la navegación comercial en el curso de agua del Matanza Riachuelo, en pos de facilitar los trabajos de remoción de embarcaciones y autos hundidos, así como favorecer el libre escurrimientos de las aguas y el trabajo de limpieza del espejo de agua.
En parte del escrito, el juzgado a cargo del juez Jorge Rodríguez indica que la resolución de prohibición “fue dictada durante la primer etapa de ejecución de la presente y, a la luz del tiempo transcurrido, cabe señalar algunas circunstancias que han variado: se han retirado las embarcaciones abandonadas y hundidas, existe un servicio permanente de limpieza del espejo de agua y de la sirga, con el reciente complemento del reperfilado de arroyos que ACUMAR lleva adelante”.­
Doce años después es la propia justicia, luego de un periodo de análisis en el que ACUMAR tuvo un rol preponderante, realizando incluso en diciembre del año pasado una Audiencia Pública para conocer la opinión de la ciudadanía en relación a esta temática, quien resuelve otorgar esta concesión para llevar adelante las navegaciones comerciales que se proponen en el proyecto turístico “Paseo náutico ­Circuito turístico Quilmes­ Tigre”.
Actualmente ACUMAR retiró más de 80 embarcaciones hundidas y/o abandonadas, y 100 autos y partes de carrocería que se hallaban en el lecho del río, se retiran todos los meses cerca de 300 toneladas de residuos del espejo de agua y unas 1.500 toneladas de las riberas. Desde hace cuatro años se comenzó un trabajo de limpieza, desobstrucción y reperfilado de arroyos, que buscan recuperar el libre escurrimiento del agua tanto en el Riachuelo como en los arroyos internos.
Según se informó, fue liberado casi en su totalidad el Camino de Sirga, se comenzaron a reforestar y recuperar las riberas para el uso recreativo. Hoy del lado de Provincia la liberación del camino ribereño es del 100% y el trabajo que realizan las cooperativas locales pasó de ser de limpieza y recolección de residuos a mantenimiento y parquización. “Ciertamente el escenario ha cambiado y la justicia dio cuenta de ello en su última resolución”, expresaron desde el organismo.
La medida, que se dio a conocer en los últimos días, se propone como una excepción a la prohibición ordenada en marzo de 2011 para llevar adelante el proyecto presentado por las carteras de turismo de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires que plantean un circuito turístico náutico que unirá las costas de Tigre con la de Quilmes, pasando por varios puntos de interés, entre los que se incluyen La Boca, con el puente Transbordador Nicolás Avellaneda como epicentro de la actividad. Para este caso, la excepción comprende el tramo que va desde la desembocadura del Riachuelo, conocido como Cuatro Bocas, hasta el mismo Puente Transbordador.
“ACUMAR acompañó la propuesta de navegabilidad entendiendo su importancia para promover la recuperación territorial, cultural y económica en la Cuenca. La idea es incorporar este proyecto al que ya estamos llevando adelante entre las dos orillas de La Boca – Isla Maciel, para que el Riachuelo no sea un límite, sino un lugar de encuentro”, finalizó Sabbatella.
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Tucumán: allanaron tres ingenios azucareros por posible contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 30/09/2023
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


El malestar y la denuncia de vecinos habían originado el inicio de las causas. Se tomaron muestras para los análisis.
En el marco de investigaciones realizadas por la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, fueron allanados tres ingenios azucareros por posible contaminación con residuos peligrosos en época de zafra para la refinación de azúcar y destilación de bioetanol.
Los operativos se concretaron el pasado miércoles 20 en las plantas de La Florida, de la Compañía Azucarera Los Balcanes; Leales y en la firma Bioenergía Santa Rosa SA. Habían sido solicitados por el fiscal federal, Carlos Alfredo Brito y dispuestos el juez federal subrogante, José Manuel Diaz Vélez.

Los casos
La investigación de Santa Rosa se inició con la denuncia de un particular, mientras que sobre los otros dos ingenios había en marcha una investigación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (Ufima), a cargo del fiscal federal Ramiro González.
Particularmente, en los casos de Leales y Florida los vecinos manifestaron su malestar porque el agua que circulaba por el canal de la zona, cuyos efluentes salen del ingenio, presentaba un color oscuro, era turbia y tenía olor nauseabundo. También hicieron referencia al esparcimiento de cenizas en el ambiente, manifestando su particular preocupación dado que en cercanías de estas industrias existen escuelas y centros asistenciales a los que concurre toda la comunidad, informó el sitio oficial Fiscales.gob.ar.
La fiscalía puso de relieve que, teniendo en cuenta las características de estos hechos, que pondrían en peligro tanto a la salud pública como al medio ambiente en general, y con la industria azucarera en plena época de zafra, en la que los ingenios realizan actividades de manera cíclica. Por eso, solicitó los allanamientos a fin de tomar muestras para someterlas a análisis para determinar si superaban los parámetros o límites de tolerancia establecidos por la ley 24.051, de Residuos Peligrosos, y si constituyen un peligro para la salud humana y el medio ambiente en general.
Al tratarse de industrias que tienen actividad permanente, pero de manera cíclica en determinados periodos del año, la fiscalía consideró elemental tomar las muestras de todos los efluentes líquidos de los residuos durante su proceso de producción. Así, se concretaron en este mes.
Las medidas fueron ejecutadas por personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, bajo la dirección del comisario inspector Domingo Adrián Espósito, con un equipo a su cargo que estuvo conformado por 39 agentes. También brindaron colaboración dos operadores del dron del Departamento Técnico del Cibercrimen y dos operadores de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas de la Superintendencia Federal de Técnicos de la Información y Comunicaciones de la Policía Federal Argentina, quienes se trasladaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las muestras recolectadas fueron trasladadas de inmediato hasta el Laboratorio del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, donde en el plazo de 24 horas fueron analizadas a los fines de determinar si superan los parámetros o límites de tolerancia establecidos por la ley 24051, de Residuos Peligrosos.
Empresarios consultados confirmaron los procedimientos oficiales y están a la espera de la continuidad del proceso judicial.
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Cabandié y Aparicio presentaron un proyecto de ley que prohíbe el tránsito de trofeos y la caza de especies en peligro

Fecha de Publicación: 28/09/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa modifica la Ley 22421, aumenta las penas y elimina el uso de perros en la actividad para promover una mayor protección y conservación de la fauna silvestre en todo el país.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, junto a la diputada nacional Alicia Aparicio, presentaron una iniciativa para modificar la Ley de Conservación de Fauna con un abordaje integral. El proyecto, que ya fue presentado en la Cámara de Diputados, amplía las protecciones a las especies y aumenta las penas, que pasarán a ser de prisión efectiva.
Durante el acto, que se llevó a cabo en la sede de la cartera de Ambiente nacional, Cabandié celebró la iniciativa y agradeció el trabajo conjunto para presentar este proyecto, “que va a modificar la ley fauna, con elementos tan significativos como, por ejemplo, la prohibición internacional de trofeos de caza”, señaló. Y agregó: “De hecho, está prohibido el tráfico internacional de trofeos de caza, pero queremos darle otra categoría, que sea ley, que tenga la fuerza de una ley”. También sumó: “Nosotros queremos que esta discusión se dé en el Congreso nacional”.
Asimismo, recordó algunas acciones llevadas adelante por su cartera, como “la creación de la Brigada de Control Ambiental”, mediante la cual se incautaron “1.600 individuos faunísticos provenientes del tráfico” y también “800 trofeos de caza”, en el transcurso de casi cuatro años de gestión. “Esto lo hace el Estado. Creemos en el Estado. Tenemos que trabajar para que este Estado sea más eficiente, más eficaz”, finalizó el ministro.
En sintonía, Aparicio expresó: “Este proyecto que presentamos fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Ambiente y en consulta permanente con muchas instituciones y fundaciones que se dedican al cuidado del ambiente”, a la vez que marcó la importancia de “llevar a debate, en el seno de la Cámara, la necesidad de actualizar la ley de conservación de la fauna”. “Dicha norma surge en 1981 y hoy, a 40 años de democracia, creo que nos debemos un debate abierto, libre y de cara a la sociedad que nos permita solucionar aquellas quejas que con mucha razón la ciudadanía nos está pidiendo resolver”, puntualizó.
“Se trata de un diálogo constructivo que nos permita abordar estos temas, con la participación de todos los sectores, desde la sociedad civil, los privados y los gobiernos en todos sus estamentos, nacionales, provinciales y municipales”, continuó la diputada, quien llamó a tener mayor “empatía y solidaridad por todos los seres sintientes”. “Proponemos un endurecimiento de las penas y un sistema de multas de actualización automática que tutele y reconozca a los animales como personas no humanas, sintientes y con derecho ante la ley”, subrayó al finalizar.
La iniciativa, que busca modificar la Ley 22421, genera restricciones significativas vinculadas a la caza: prohíbe la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de todo trofeo de caza; la caza deportiva de animales declarados como monumentos naturales y aquellos en peligro de extinción y la cacería con perros. Además, incrementa los montos y las penas para que sean de prisión efectiva. En caso de reincidencia, las sanciones aumentarán un 20 %.
Para aquellas personas que cacen animales que sean monumento natural o los prohibidos por la autoridad de aplicación las penas aumentan de tres a seis años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez años. Para quienes cacen animales silvestres en campo ajeno sin autorización, las penas aumentan a seis meses y dos años de prisión y con inhabilitación especial de hasta tres años. En situaciones en las que esta acción se lleve a cabo de manera organizada o con concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos, la sanción se incrementa de cuatro a ocho años de prisión con inhabilitación especial de hasta 15 años.
En cuanto a la caza de animales silvestres con armas, perros, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación, la pena se eleva de tres a seis años de prisión, con posible inhabilitación especial de hasta 10 años.
Cabe destacar que el Ministerio de Ambiente nacional ya realizó un primer esfuerzo en el marco de sus competencias al prohibir el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de fauna autóctona. Además, la Brigada de Control Ambiental (BCA) lleva adelante una política de cierre de cotos de caza y decomiso de trofeos.
El comercio ilegal de animales y vectores es el cuarto más lucrativo del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, genera entre 15 y 20 mil millones de dólares anuales, lo que da cuenta de la permanencia de la caza furtiva a escala global.
Del acto también participaron, por parte de la cartera ambiental, Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente; Jorge Etcharrán, subsecretario de Fiscalización y Recomposición; Nicolás Fernández, subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional; Juan Manuel Rodríguez, director nacional de Protección Ambiental; Guido Álvarez, director de Seguimiento de Gestión. Además, estuvo presente Kai Pacha, fundadora de la ONG Pumakawa; Gabriel Tato, director de Ambiente del municipio de San Fernando, y otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, equipos técnicos de la BCA y representantes de la sociedad civil.
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Sancionaron a dos barrios privados por dañar el ambiente y la ecología del piedemonte

Fecha de Publicación: 28/09/2023
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza multó a dos emprendimientos que realizaron desmontes y movimientos irregulares de suelo en la zona del piedemonte lasherino. Se trata de dos propietarios diferentes que fueron emplazados y obligados a paralizar sus obras en reiteradas oportunidades por el organismo gubernamental, cuyo titular es Humberto Mingorance.
Sin embargo, los dueños de los barrios desoyeron los pedidos oficiales y ahora deberán afrontar multas que se aproximan a los 2 millones de pesos y en ambos casos se evaluará si corresponde una denuncia penal por daños ambientales. Se trata de los desarrollos inmobiliarios Villa Adolfina y Lares del Challao.

Incumplimientos a la ley del ambiente
La Ley provincial Nº5961 es la normativa que establece la obligatoriedad de realizar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de todos aquellos proyectos o acciones cuyas consecuencias o efectos pueden causar modificaciones a las condiciones del equilibrio ecológico del Ambiente. Dicha normativa fue reglamentada mediante el Decreto Nº2109/94 y su ampliatorio Decreto Nº809/13.
Bajo esta ley, en Villa Adolfina Eco Country se determinaron dos incumplimientos clave. El primero es que carecen del informe de impacto ambiental. Y el segundo es que el emprendimiento está emplazado en una zona de riesgo "de media y alta peligrosidad, con cauces aluvionales – áreas de muy alta peligrosidad (color rojo) atravesando el terreno; todo ello implica la existencia de riesgo aluvional, encuadrando la zona en un área urbanizable/no urbanizable, lo que califica aún más la trascendencia de la infracción observada".
A pesar de ser advertidos sobre el tema, cuando se inspeccionó el lugar en mayo pasado ya había "obras de portal de acceso y SUM ejecutadas, apertura de caminos, replanteo y excavaciones en diversas parcelas y la presencia de maquinaria trabajando al momento de la inspección, realizando excavaciones y movimientos de suelos; asimismo se comprobó la afectación y degradación ambiental al eliminar flora nativa, realizar desmontes, afectar e invadir cauces aluvionales, entre otros impactos".
Con este historial de irregularidades, al Proyecto Villa Adolfina Eco Country, Matrícula Nº413.970/1, Nomenclatura 01-01-88-2300-470720-0000-3, propuesto por el Fideicomiso Villa Adolfina Country Hípico, se le impuso una multa que asciende a $1.012.000.
En el segundo caso, Lares de El Challao también se pueden contar un sinfín de idas y vueltas con el expediente. Pero tampoco el barrio cuenta con la declaración de impacto ambiental y también está emplazada en una zona aluvional peligrosa.

La palabra de Mingorance
“Seguimos llevando a cabo estrictos controles en todo el piedemonte mendocino, con el objetivo de desarrollar políticas de ordenamiento territorial que ayuden a mejorar el desarrollo de la zona de forma ordenada y fundamentalmente preservando el ambiente y la biodiversidad”, explicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
Ante los reiterados emplazamientos y paralizaciones impuestas por la Secretaría de Ambiente, dado al incumplimiento de las leyes vigentes, ambos propietarios anteriormente mencionados corren el riesgo de ser demandados penalmente por el Gobierno, ya que la Provincia cuenta con las facultades de recurrir a la Justicia para que intervenga el juzgado correspondiente, de acuerdo al artículo 19 de la Ley 9414 “Pautas de Manejo y Disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza".
Los desarrolladores, y de conformidad con el artículo 150 de la Ley N° 9003, podrán recurrir los términos de la decisión oficial en el plazo de 15 días desde la notificación de la sanción.
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Impacto ambiental: emplazan a Entre Ríos por extracción de arena silícea para utilizar en fracking

Fecha de Publicación: 25/09/2023
Fuente: El Ciudadadno
Provincia/Región: Entre Ríos


Una magistrada le dio plazo al gobierno provincial hasta noviembre para difundir estudio de impacto en el ambiente acerca de la extracción de arena silícea en la zona de Ibicuy, sobre el río Paraná, a raíz de la demanda de una ONG contra la provincia, el municipio e YPF
Una jueza de Entre Ríos fijó como fecha máxima el 31 de octubre próximo para que el Gobierno de esa provincia presente un estudio de impacto ambiental acumulativo (EIA) por la explotación de arenas silíceas en el Delta entrerriano, que debieron suspenderse ante el reclamo de gremios y fundaciones ambientales.
La jueza María Valentina Ramírez Amable resolvió que la difusión y divulgación del estudio a la ciudadanía tanto general como de la zona afectada, se realice durante el mes de noviembre.
También ordenó que la secretaria de Ambiente provincial, Daniela García, presente cada 15 días un informe a la Justicia detallando los avances del estudio, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal entrerriano.
La decisión judicial surge de un pedido de la Fundación “Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista” en el marco de una acción de amparo ambiental contra el gobierno provincial, el municipio de Ibicuy y contra YPF, a cargo del establecimiento El Mangrullo.
La arena se utiliza en el yacimiento Vaca Muerta para realizar fractura hidráulica o fracking, una extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales.
El fracking es una técnica de perforación mixta (vertical y horizontalmente) de varios kilómetros, donde se fractura la roca y se inyectan millones de litros de agua a alta presión, mezclada con arena y una serie de aditivos químicos.
En mayo de 2022, la jueza ordenó a “suspender nuevas canteras en la zona de extracción de arenas silíceas hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo” en la zona y estableció un máximo de 180 días.
El estudio debe evaluar “la zona de extracción, las plantas de lavado, los caminos públicos por los que circulan camiones y maquinaria pesada, y la interacción de la actividad con las poblaciones de la región”.
También exige la participación ciudadana en el estudio, ya que lo que se busca es “proteger el bien natural de carácter mineral” de la zona.
Además, la jueza obligó a realizar muestreos de calidad del agua, con estudios de toxicidad, y monitoreos de calidad de aire y agua en el delta entrerriano.
Si bien no se presentaron los resultados, el Estado Provincial comunicó que restaba la última etapa que finalizaría en octubre, y que informará los resultados en una reunión pública en Ibicuy, y también en su página web y en un email.
Luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial en agosto del 2022, la empresa minera Orosmayo SA había iniciado los trámites para asentar sus plantas de extracción y extraer 2,8 millones de toneladas de arena silícea en 5 años, consumiendo 429.333.000 litros de agua subterránea.
En ese entonces, el juez Hugo González Elías recordó el dictamen judicial que ordenaba que el Estado paralice “todo trámite” que habilite a estas empresas sin delimitar “la zona afectada”, y se suspendieron los trabajos.
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Fallo por contaminación ambiental en Neuquén: «Todo lo que dijo la fiscalía pasó y se probó»

Fecha de Publicación: 19/09/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El fiscal jefe Breide Obeid dijo que esperará la sentencia completa del Tribunal para presentar la apelación. Destacó como positivo que los vecinos de San Martín de los Andes pudieron contar lo que el municipio no quiso escuchar.
«Lo más importante que este lugar ya no existe más. Pero no por una decisión de la municipalidad ni de nadie, sino porque la fiscalía lo clausuró», dijo el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, en referencia al resultado del primer juicio por contaminación ambiental que se realizó en Neuquén, por el vertido de líquidos cloacales en un basural de San Martín de los Andes.
Añadió que en el veredicto que absolvió a los tres imputados, las dos juezas y el juez «en algún punto dicen: bueno, todo lo que dijo la fiscalía que pasó, pasó y lo pudo probar. O sea, que nosotros acreditamos que todo lo que habíamos sostenido en la acusación pasó tal cual lo relatábamos. La diferencia está que ellos (los jueces) hacen una lectura de la ley, donde excluyen a los barros cloacales como residuos peligrosos».
El fiscal jefe señaló que no está conforme con las absoluciones, pero rescató las cosas positivas que sucedieron a lo largo de los seis días de juicio oral.

«A los vecinos nadie los escuchó»
En ese renglón ubicó la declaración de seis vecinos del barrio Cordones del Chapelco, de San Martín de los Andes, en representación de los 6.000 afectados. «Pudieron contar que nadie los escuchó, todas las puertas que golpearon y cuál fue la actitud del municipio. Y de hecho ocupó parte del veredicto de los jueces».
En un tramo del veredicto difundido el jueves al mediodía, las juezas Laura Barbé, Leticia Lorenzo y el juez Maximiliano Bagnat señalaron: «aun cuando toda la situación contextual que rodea la disputa concreta en este juicio merezca reproches funcionales, administrativos y éticos, en términos penales las circunstancias presentadas no permiten el avance hacia una condena».

¿Peligrosos o contaminantes?
Breide interpretó que los magistrados «hacen una lectura de la ley donde excluyen a los barros cloacales como residuos peligrosos» pero «tampoco dijeron que no eran contaminantes. Dijeron que no entran en un aspecto legal de clasificación de los residuos peligrosos (…) Nosotros demostramos que los barros nunca se trataron».
Respecto de la cantidad de coliformes detectados en la muestra tomada por la fiscalía, que arrojaron una cifra muy por debajo de la exigida por la ley para clasificarlos como residuos peligrosos, Breide Obeid remarcó que «se tomó una muestra cuando ya el vertedero estaba cerrado», tres años después de que los arrojaran.

Críticas a la municipalidad
En declaraciones al canal 24/7, agregó que «los vecinos estaban contentos de visibilizar esto. Y sobre todo lo más importante es que este lugar ya no existe más. Falta terminar de sanearlo. Pero ese problema de no poder salir a las veredas o invitar a alguien a su casa, o hacer un asado como hace cualquiera, o festejar un cumpleaños, ahora lo van a poder hacer. Pero no por una decisión de la municipalidad ni de nadie, sino porque la fiscalía fue lo que clausuró».
Cuestionó la absolución de una funcionaria de la Municipal imputada. «No es verdad que no podía hacer nada» porque «puede aplicar sanciones, puede utilizar el poder sanitario, y los jueces entendieron que con los informes que hacía mensuales cumplía su rol de control».
«Y cuando hacen los controles -continuó- los informes le dicen, mire, acá está pasando algo que está mal y uno no hace nada, no se satisface la obligación de un funcionario público simplemente porque hace los informes. Lo importante es el contenido de los informes y qué hacen consecuencia».

La ley de residuos peligrosos «es mala»
«Lo que yo afirmo está a la vista, llegamos a un juicio con todas las pruebas para demostrar que el hecho existió y sin embargo terminó así por una interpretación que hacen los jueces de esta mala ley, pues una ley mala está absolviendo a los responsables».
La referencia es a la ley nacional 24051, de residuos peligrosos, que sólo puede ser modificada por el Congreso de la Nación donde la provincia de Neuquén tiene cinco representantes en Diputados y tres en Senadores.
Indicó que esperará la sentencia por escrito para preparar la apelación. «Nos costó mucho llegar a juicio porque tuvimos que apelar un montón de veces para llegar y esto no es un caso, es una causa ambiental, y una causa de los vecinos, y no vamos a aflojar ahora, vamos a seguir dando pelea«.
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Santiago del Estero: desalojo de comunidades, desmonte y violencia habilitada por el Estado

Fecha de Publicación: 18/09/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Santiago del Estero


El conflicto de tierras ocurrido la semana pasada en el departamento Figueroa finalizó con un fallecido, heridos y tres detenidos. La violencia es consecuencia de un modelo de negocio que cruza a empresas extranjeras, intermediarios locales, avales del gobierno provincial, discursos “verdes” y violación de la Ley de Bosques. Tierra Viva viajó monte adentro para escuchar las voces de las comunidades que enfrentan a las topadoras.
“Tengo 45 años, soy nacida y criada en esta comunidad y quiero morir en este lugar”, dice Angélica Serrano, camache (autoridad) del Pueblo Tonokoté en el departamento Figueroa, Santiago del Estero. Anochece en la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Figueroa, en el centro oeste santiagueño. Algunos vinales, árboles autóctonos del lugar, juegan con los débiles rayos del sol y proyectan las últimas sombras de la tarde. Serrano habla con calma, sonríe cuando cuenta sobre los alimentos que produce y se vuelve enfática cuando denuncia la responsabilidad del gobierno provincial en el conflicto territorial que ya llevan años con la empresa Concept Nature, de capitales alemanes y argentinos, y que sigue perjudicando a las comunidades nativas que viven en cada uno de los parajes monte adentro.
La semana pasada el paraje San Roque, de Figueroa, fue escenario de un enfrentamiento que terminó con un muerto, tres heridos y detenidos. Los medios locales presentaron el caso como "una pelea entre vecinos", pero en verdad fue otro episodio de defensa del territorio que terminó con un fallecido en un contexto de inacción del Gobierno de Santiago del Estero, a cargo de Gerardo Zamora.
Según un informe de Greenpeace, Santiago del Estero es la provincia que más deforestación registró en las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La organización ambientalista señala que la principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria, para ganadería y cultivo de soja.
El desmonte no sólo arrasa los árboles autóctonos, como el algarrobo, el chañar o el vinal, sino las formas de vida de las comunidades que habitan el monte nativo. Es el caso que viven las familias del departamento Figueroa, ubicado en la zona seca del centro oeste provincial. Allí, distribuidas en diez parajes rurales, viven cien familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, a la agricultura en pequeña escala y a la recolección de los frutos del monte. “Es una zona donde se han relevado y están registradas muchas comunidades originarias e incluso afrodescendientes”, contextualiza Victoria Escobar, integrante de la UTT de Santiago del Estero.
La productora cuenta la situación del conflicto de tierras mientras lleva plantines para la feria que se realizará en la capital santiagueña. Allí, las y los productores de la zona venden sus verduras, conservas, algarroba, arropes de chañar o de tunas. Son alimentos elaborados agroecológicamente, a precios accesibles para la población urbana.
“Figueroa es un lugar muy montuoso. Está alejado de los centros urbanos y eso genera mucha vulnerabilidad”, continúa Escobar. Sobre la tenencia de la tierra, explica que es un problema en ese territorio porque “las familias no cuentan con papeles que reafirmen su posesión veinteañal (de más de dos décadas), lo que las coloca en una situación vulnerable frente a los empresarios”. Pero subraya: “Sin embargo, es un departamento de mucha historia de organización de las familias campesinas y de las comunidades que vienen resistiendo a estos desalojos y atropellos”.
En esa zona de monte virgen y sinuosos caminos de ripio, alejada de las ciudades, opera la empresa Concept Nature Mangagment S.A. La firma tiene negocios en Misiones y también, específicamente, en Figueroa. En su sitio web da cuenta de sus objetivos: “Nuestras forestaciones son trabajadas preservando todos los componentes del medio ambiente e incluyen una diversidad de especies nativas y exóticas de alto valor las cuales fueron plantadas luego de la preparación del terreno y cuyo crecimiento es optimizado por medio del control de malezas, raleos y podas”.
El relato corporativo se condice con lo que cuentan los propios campesinos sobre lo acontecido en las últimas semanas: “Desmontaron todo y empezaron a colocar plantines de almendras”, dice un lugareño, que no da su nombre para evitar reprimendas.

"Las familias campesinas están refugiadas en sus propios territorios"
Todas las personas consultadas para esta nota coinciden en algo: lo de Figueroa no es un hecho aislado. Los números lo comprueban. En 2022, según Greenpeace, se deforestaron en esa provincia 38.492 hectáreas. Y entre enero y junio de 2023, las máquinas avanzaron sobre 19.040 hectáreas. “Resulta grave que más del 80 por ciento de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”, denuncian desde Greenpeace. Y señalan que el gobierno provincial “viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido“.
La modalidad que tienen empresas como Concept Nature es asociarse con firmas nacionales, como Santiago S.A. o Figueroa S.A., que a su vez le pagan a intermediarios para conseguir la propiedad de las tierras para las empresas. Estos intermediarios son personas del lugar, que conocen el territorio y rastrean ―a través de la Dirección de Catastro provincial― a los herederos de los antiguos dueños de las tierras, que hace generaciones que no viven en el lugar y que muchas veces desconocen que poseen por herencia esos campos. A ellos les ofrecen la compra de las tierras y luego usan esos títulos en contra de las comunidades que, por inacción del gobierno, no cuentan con elementos para hacer valer su posesión veinteañal.
En 2017, en el Boletín Oficial de la provincia, se publicó la aprobación de los planos de agrimensura enviados por la empresa alemana-argentina en la zona de Rodeo Grande, otro paraje de Figueroa, donde también viven comunidades campesinas e indígenas. Una vez que se hacen con los campos, los cercan para sus planes de negocios, obstruyendo el modo de vida y de producción que ancestralmente realizan las familias del lugar.
Ese entramado económico y burocrático tiene como consecuencia lo que ocurre en Figueroa. “Después de lo ocurrido la semana pasada, las familias campesinas están en calidad de refugiadas en sus propios territorios, por temor a las represalias. Son familias que viven allí hace tres o cuatro generaciones. Viven, producen: viven por y para la tierra”, dicen desde la UTT.
Serrano, la camache del Pueblo Tonokoté, describe las tareas de cría que realizan: “Producimos alimentos agroecológicos, tenemos huertas y animales de granja como gallinas o patos. También hacemos producción caprina y porcina. Hacemos conservas, de conejo por ejemplo. Si bien no tenemos producción de conejos, los cazamos en el monte. Hacemos escabeches de conejos, de perdices, de gallina y de gallina casera criolla. Tenemos verduras para el autoconsumo y para llevar a las ferias, para intercambiar con otras hermanas y hermanos de la comunidad”. El monte nativo es para esas familias fuente de alimento y de vida.
Mariela Campos, delegada provincial de UTT, describe con angustia: "Es muy triste esta situación, ver cómo las familias tienen que irse y dejar sus casas, sus animales, todo".

Desmontes ilegales y armas para apropiarse de tierras campesinas en San Roque
En las últimas semanas, un grupo de operarios con máquinas topadoras ―que trabajan para las empresas intermediarias Santiago S.A. o Figueroa S.A.― comenzaron a abrir caminos en el bosque nativo del paraje San Roque. Cansados por la situación, un grupo de campesinos fue a pedirle a quien manejaba una de las máquinas que cese en su trabajo. La charla, que comenzó en la mañana del martes 5, fue pacífica. El operario se retiró del lugar y se comprometió a quitar una suerte de obrador que estaba en ese sitio.
Pero las horas pasaban y esas casillas seguían en su puesto. Ese mismo martes, los lugareños regresaron a pedir que las saquen. Fue en ese momento que llegó Edgardo Ledesma ―jefe del grupo de operarios― en una camioneta, con varias armas, y diciéndole a los campesinos: "¿Quién es el pelotudo que me quiere quemar las casillas?". Luego comenzó a disparar e hirió de bala a uno de los campesinos. La situación devino en un tiroteo en el que Ledesma fue herido de muerte. Mientras se investiga quién hizo el disparo que terminó con su vida, algunos campesinos y otros peones de Ledesma fueron detenidos de manera preventiva por el Poder Judicial santiagueño.
Desde entonces, la situación en San Roque es tensa. Una mujer, que pide que se preserve su identidad por las amenazas recibidas, relata: "Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias". Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte".
La tensión producida en las zonas rurales donde se disputa el monte nativo trae a la memoria otros hechos, como el asesinato de Cristian Ferreyra, de la comunidad Lule Vilela de San Antonio, en 2011. En el momento del crimen, Ferreyra participaba de una actividad en defensa de su territorio, situado en el oeste santiagueño. Por el hecho, se condenó a diez años de prisión a Javier Juárez, como autor material del homicidio; y se exculpó al empresario sojero Jorge Ciccioli, denunciado como presunto autor intelectual.

Un discurso verde que entra con topadoras
En su sitio web, Concept Nature afirma: “Nuestra compañía se encuentra evaluando y comenzando a incursionar en estrategias para maximizar la capacidad de sus bosques de quitar dióxido de carbono de la atmósfera a fin de participar del mercado de bonos de carbono, el cual incentiva la lucha contra el cambio climático”. Los bonos de carbono, o "bonos verdes", son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto ligado a reducir el impacto del cambio climático.
Por eso, Concept Nature inició hace tres años un proyecto de “recuperación de áreas forestales degradadas”. Y dan cuenta explícitamente de cómo se apoderan de las tierras de las comunidades: “Identificando las áreas de una explotación comercial realizada previamente a la adquisición de las propiedades por la firma y enriqueciendo el monte con especies nativas para producir de forma sustentable madera de alta calidad".
Respecto a la intención de reforestar campos que ya están densamente forestado, por ser zonas vírgenes, Escobar explica que “se enmarcan en la corriente verde de lo sustentable, que es parte también de la estrategia de los extractivismos del agronegocio: vestirse de verde, de orgánico, de sostenible”.
La productora de UTT añade: “Estas empresas vienen con un plan de negocios diciendo que va a convertir ese monte en un monte productivo, sustentable, orgánico, verde. Pero vienen a lavar sus culpas de haber contaminado en otros países, de haber emitido un montón de gases de efecto invernadero. Vienen con el eslogan de reforestar un monte que ya existe, un monte vivo que ya alberga a muchas familias trabajadoras”.

Desalojar a los pueblos indígenas para beneficiar a las empresas
Serrano cuenta cómo fue el proceso de reconocimiento del Pueblo Tonokoté en Santiago del Estero. Ella es camache de su comunidad en el paraje San Felipe. “Nuestra comunidad originaria es el Pueblo Tonokoté, cuyo nombre ancestral es el Iacumuchuna, que se identifica con la zona de escasez de agua”, explica. Agrega que las familias de la zona aún hablan esa lengua para que no muera. “Mis abuelos fueron nacidos y criados en este lugar y ellos me transmitieron la lengua, la cultura, la identidad y todo lo que sabemos”, sostiene la mujer.
En 2009, se autorreconocieron como integrantes del Pueblo Tonokoté, ya que son herederos de su lengua, su cultura y su historia. Con la Ley 26.160, el Estado Nacional reconoció las tierras que ancestralmente habitan los pueblos originarios. El relevamiento del Pueblo Tonokoté llevó varios años, y finalmente les fueron reconocidas 10.000 hectáreas. “Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que esa ley tampoco era la solución, porque aún tenemos que seguir peleando en las provincias para que los gobiernos nos reconozcan”, dice Serrano.
En 2013, la empresa MIJOVI S. R. L., propiedad de la familia Sarquíz, beneficiada con la licitación de obras públicas en la provincia, intentó despojarlos de cinco mil hectáreas. Fue gracias a la organización comunitaria que lograron frenar las topadoras. La autoridad indígena denuncia: “Los empresarios ocupan nuestros territorios y queremos estar organizados, buscando nuevas estrategias ante tantos gobiernos que nos invisibilizan. El último conflicto, en la comunidad hermana de San Roque, ocurrió en un territorio que también está relevado. Allí hay una empresa que viene intentando despojarlos”.
La entrevistada apunta al gobierno de Gerardo Zamora: “Queremos que el Estado a través de la organización reconozca el territorio para vivir tranquilos, para producir alimentos sanos y cuidar el monte”. Sobre la responsabilidad del gobierno en los hechos, manifiesta: “Siempre hago responsable al gobierno porque tiene vínculos con el Poder Judicial. Estas grandes empresas vienen con el aval del gobierno, que no piensa si habrá en esas tierras comunidades, si existirán allí pueblos originarios”. Y recuerda: “El año pasado hicimos una marcha por un hermano que estaba preso por un conflicto de tierras y el gobierno provincial nos mandó a reprimir. Esa es la respuesta que tenemos del gobierno: apoyar a las grandes empresas y ser ajeno a los problemas de las organizaciones”.
“En 2022 nos sumamos a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, para hacer visible la realidad de las comunidades campesinas e indígenas en el interior de Santiago del Estero. Porque somos invisibles, esa es la realidad. Y también para mejorar la producción, fortalecer la defensa del territorio y apostar a la agroecología”, cuenta Serrano. Y asegura: “Estamos convencidos de que necesitamos espacios de territorio y también resguardar lo que hay en el territorio”.
Serrano señala la importancia de defender el monte para decirle “no” al narcotráfico, a la contaminación del ambiente y a las enfermedades que producen los agrotóxicos. “Queremos vivir tranquilos y sanos. Queremos vivir en el territorio donde nacimos”, argumenta. E insiste: “Quiero morir en mi comunidad produciendo, transmitiendo nuestras luchas cotidianas y también buscando mejorar nuestra comunidad, haciendo tomar conciencia a nuestros hermanos y hermanas de que debemos producir la tierra en la que vivimos y justamente resguardarla para producir en ella”.
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