Argentina hará los primeros envíos a España de harina de soja libre de deforestación

Fecha de Publicación: 21/12/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La Argentina enviará en los próximos meses a España los primeros embarques de harina de soja libre de deforestación.
El anuncio se realizó durante un acto realizado en la embajada argentina en Madrid, con la participación de las principales entidades agroexportadores del país, luego de la presentación institucional sobre Visec, la plataforma argentina para soja y carne vacuna libre de deforestación, que estuvo a cargo de Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Según se informó en un comunicado, “este encuentro es la continuidad de un proceso de trabajo junto a la cadena de valor española y en consulta con el gobierno de España”.
Además, se indicó que “en los próximos meses llegaran a España los primeros barcos con harina de soja libre de deforestación para poder testear los sistemas en ambos países”.
Asimismo, se precisó que “Visec promueve cadenas de valor de soja y bovinos ambientalmente responsables y económicamente viables, cubriendo todo el territorio del país bajo producción agrícola y ganadera”.
“Resultado del esfuerzo conjunto entre las entidades de productores, acopiadores, corredores, plantas de molienda, frigoríficos y exportadores, junto a la sociedad civil, la ciencia y el Estado”, subrayó el comunicado.
También puntualizó que “ambas cadenas de valor enfrentan inmensos desafíos en términos de los costos adicionales de implementar un sistema de monitoreo, reporte y verificación como es Visec”.
Sin embargo, destacó que “existe el compromiso de posicionarse como proveedor diferenciado de productos libres de deforestación, con garantía de trazabilidad de origen”.
De manera virtual, también expusieron Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y Gerardo Leotta, del Consorcio de Exportadores de Carne ABC.
Visec está administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario, cuenta con el apoyo de Land Innovation Fund y de Al Invest Green de la Unión Europea.
El sistema permite a los exportadores del país trazar e identificar los productos libres de deforestación de otros productos de origen desconocido, en todas las etapas de la cadena de abastecimiento y a los operadores económicos en España poder trazar esos productos hasta llegar al consumidor.
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Una cautelar busca frenar el efecto dominó de la minería en Salinas Grandes

Fecha de Publicación: 20/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


El Tribunal canceló los plazos que había otorgado a la Comunidad El Angosto para que conteste los argumentos que presentaron el gobierno jujeño y una minera. Se juega el inicio de la explotación de litio en el único humedal donde las empresas aún no lograron plantar bandera.
La Comunidad Aborigen El Angosto presentó en octubre pasado un amparo ambiental ante el Juzgado Ambiental Civil de Jujuy cuestionando la legalidad del estudio de impacto que presentó una empresa para acceder a la exploración del subsuelo en el área del expediente minero 94-B-2002. Los demandados son el gobierno jujeño y la empresa minera concesionaria, que además buscan legitimar un acuerdo firmado en marzo pasado con la Comunidad Aborigen de Lipán. Autorizaría el ingreso de esa minera al espacio denominado Mina Agonic. El pedimento minero se encuentra dentro del distrito El Moreno, no muy lejos de los parajes El Moreno y El Angosto, en el departamento Tumbaya.
Con el patrocinio de la abogada jujeña Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la medida cautelar busca evitar que se provoque un daño grave e irreparable al ambiente del humedal. Por ese motivo, la Comunidad planteó la nulidad de la concesión sobre Agonic que otorgó el gobierno jujeño a una empresa minera.
El juez que tramita el amparo, Armando Puca, celebró la primera audiencia el 1 de diciembre pasado. Asistieron de un lado el gobierno jujeño, la empresa minera y la Comunidad de Lipán; del otro, la Comunidad El Angosto y sus representantes legales. Al concluir, el juez le otorgó a la Comunidad El Angosto diez días hábiles -que vencían este lunes- para presentar argumentos e informar novedades en relación a la presentación que realizaron las demandadas.
Sin embargo, el 5 de diciembre informó a las y los demandantes que había decidido suspender hasta nuevo aviso el tiempo que les había otorgado para contestar lo planteado por los demandados. "Ampliar el plazo", respondieron los representantes legales de El Angosto, "implicaría una vulneración a los principios de preclusión, congruencia e igualdad que deben regir en todos los procesos judiciales". Por lo tanto, el Juzgado Ambiental jujeño estaría violando la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional; el 29 de la Constitución de Jujuy reformada, y también el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. FARN y Chalabe recordaron en la demanda que "los impactos de la actividad exploratoria no (fueron) debidamente estimados ni cuantificados" en el estudio que presentó la minera, y la empresa no informó con precisión la localización de los pozos exploratorios.

Un impacto que busca entrar por la ventana
Las y los originarios de El Angosto discuten la validez del impacto ambiental que presentó Lithos Minerales del Norte SA. Se trata de una autorización clave para concluir con los trámites legales que le permitirán a esa empresa comenzar a explorar sales de litio sobre casi dos mil hectáreas en el borde sur de Salinas Grandes. "Es un caso emblemático", explicó a Salta/12 la abogada Alicia Chalabe. Argumentó que si la empresa minera obtiene la autorización para iniciar el proceso de exploración de sales de litio en Agonic, "lo hará sin datos técnicos suficientes que deberían estar resueltos dentro del informe de impacto ambiental".
En la audiencia del 1 de diciembre, los representantes legales del gobierno jujeño, JEMSE, y la empresa minera plantearon la falta de legitimidad de las y los comuneros de El Angosto para impugnar el estudio de impacto. Solicitaron además que se archive la acción de amparo porque ese Juzgado Ambiental Civil sería incompetente para tramitar la medida cautelar presentada por El Angosto. La defensa de los demandados entendió que el daño a las comunidades -por su modo de vida y disponibilidad de recursos como el agua- sería cuestión que, de existir, serían  competencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy.
El gobierno provincial y la Sociedad del Estado JEMSE defienden la concesión y factibilidad del estudio de impacto ambiental que ya realizó Lithos. Por su parte, los demandantes cuestionan no solamente el impacto, sino el procedimiento por el que obtuvo la licencia social de la Comunidad Aborigen de Lipán.
Ese estudio tuvo objeciones, presentadas por técnicos y especialistas en una reunión celebrada en abril pasado en la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial. La UGAMP depende de la Secretaría de Minería de Jujuy. Chalabe contó a Salta/12 que un veterinario opinó en ese encuentro que en su estudio la minera "no ubicó en territorio dónde se encuentran las aguadas". Otros especialistas de organismos provinciales aseguraron "que el modelo que presentó la minera en Agonic" les resultó "meramente teórico". Informaron además que la empresa no detalló dónde trazaría los caminos de ingreso y salida que utilizarán los vehículos cuando se desplacen sobre esa porción de Salinas Grandes. Discreparon sobre el volumen de agua potable que la empresa calculó utilizará en el proceso productivo. Tampoco les quedó claro el volumen de agua no potable que utilizará la minera durante la exploración del subsuelo de Agonic.
Sobre la licencia social, en la audiencia del 1 de diciembre el gobierno de Jujuy aseguró que cuenta con la autorización de la Comunidad Aborigen de Lipán. En una nota firmada en noviembre de 2023, varios comuneros y comuneras de Lipán afirmaron que autorizaron "sin presiones" a esa minera y que entienden que la explotación de sales de litio beneficiará a esta población. En la audiencia el gobierno jujeño aseguró además haber celebrado "una nueva reunión con esa comunidad" y que "rubricaron el acuerdo ante escribano público". Por ese motivo, la empresa afirma que cuenta con la autorización para iniciar la exploración.

Frenar el efecto dominó
Si el Juzgado Ambiental Civil jujeño finalmente falla a favor de los demandados, sentará un precedente que habilitará a esa y otras empresas mineras a iniciar operaciones de exploración de sales de litio alrededor del humedal altoandino. "Tienen muchísimos pedimentos sembrados", señaló la abogada jujeña, en alusión solamente a las concesiones que ya otorgó el gobierno jujeño en favor de Lithos Energía SA y Lithos Minerales del Norte SA.
Por ese motivo el gobierno jujeño busca que el acuerdo "rija a rajatabla, como si una comunidad funcionara como una sociedad anónima por la decisión de un presidente", insistió Chalabe. Durante la audiencia por la cautelar, la abogada recordó que no todos y todas las comuneras de Lipán concedieron el permiso en favor de la minera.
Chalabe argumentó también -junto a Andrés Nápoli, de FARN- por qué es legal el planteo de la Comunidad El Angosto. "Por el croquis de Mina El Engaño surge la superposición con mis representados. A raíz de esa colindancia entre ambas minas -El Engaño y Agonic- más el relevamiento de la Secretaría de Pueblos Indígenas, no solamente Lipán sería superficiaria de Agonic, sino también El Angosto", precisó. Es un argumento clave, porque ni el gobierno jujeño y ni la empresa transnacional cuentan con la autorización de la Comunidad El Angosto para operar en Agonic. "Las colindancias no son las que ellos dieron y los presentantes de la demanda de amparo no dieron el acuerdo", argumentó la abogada. En el segundo cuerpo del expediente, figura que el 6 de febrero de 2020 la Secretaría de Pueblos Indígenas informó únicamente que "en sus registros gráficos Mina Agonic se encuentra ubicada en la Comunidad Aborigen de Lipán, departamento Tumbaya".
"Si el fallo sale contrario a nuestra demanda, vamos a apelar hasta las últimas consecuencias", aseguró Chalabe. El proceso continuaría en el Tribunal Contencioso Administrativo jujeño antes de recalar en la Suprema Corte de Justicia de esa provincia y luego en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Nuestro trabajo radica en fundar la falta de legalidad", insistió Chalabe. "No se trata solamente de (cumplir con) la consulta previa, libre e informada", aclaró.

Diez años después, respondió la Corte IDH
Además del amparo ambiental que presentó la Comunidad El Angosto, el resto de las comunidades indígenas de la cuenca altoandina fueron notificadas en noviembre pasado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió para su tratamiento una denuncia que elevaron hace una década por la falta de cumplimiento de la consulta previa en los pedimentos mineros de litio en Jujuy y Salta.
Se trata de un pedido que elevaron en 2013 y recorrió todos los tribunales –provinciales y nacionales– antes de llegar a la instancia internacional. Al igual que en el amparo que se tramita en el Juzgado Ambiental de Jujuy, en la denuncia de 2013 participaron Alicia Chalabe y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
"Hasta el momento los procuradores de las dos provincias remitieron informes que solicitó la Corte Interamericana", adelantó Chalabe. "Mientras Jujuy criticó a las comunidades de Salinas Grandes, Salta aseguró que no hay exploración de litio en Salinas Grandes", comentó la abogada jujeña. Sin embargo, la capa de catastros mineros de Salta -disponible en el geoportal IDESA y actualizada a octubre de 2023- informa que existen concesiones en el sector de Salinas Grandes que pertenece a la jurisdicción de Salta, es decir, en el departamento La Poma. La documentación digital muestra pedimentos mineros otorgados en favor de a Lithum S Corporation SA, una empresa minera en la que participan Rincón Mining Pty Limited (Australia) y Sandfire Resources American. La información fue cotejada en el Boletín Oficial de Salta.
Debido a la aceptación de la Corte IDH, el Estado salteño reglamentó por decreto, el 7 de noviembre pasado, el "Acuerdo Interprovincial para la Gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes". Se trata de un convenio que en 2020 suscribieron los gobiernos de Jujuy y Salta. El salteño creó esa comisión para realizar "estudios hidrogeológicos a fin de establecer una línea de base de la cuenca” de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se comprometió a estudiar “su hidrología y capacidad" y a diseñar "los mecanismos necesarios para la (...) evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región".
Por ahora, el valor de la batalla legal que sostienen -en varios frentes- la mayoría de las comunidades originarias del humedal altoandino radica en que ese espacio es el único donde las empresas mineras todavía no lograron ingresar con sus proyectos de exploración. Por ahora, las y los originarios continúan defendiendo el agua y su estilo de vida de las condiciones que impone el extractivismo minero.
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Convocan a una reunión con participación ciudadana por la extracción de arenas silíceas en Ibicuy

Fecha de Publicación: 14/12/2023
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


La iniciativa se tomó en el marco de del legajo “Fundación Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista y otro c/Gobierno de la provincia de Entre Ríos y otros s/Acción de amparo (Ambiental)-Expte. Nº 10840, en trámite ante la vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, de la ciudad de Paraná, María Valentina Ramírez Amable.
La presentación del “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy, Entre Ríos, Informe Final” se llevará adelante el viernes 15 de diciembre próximo, a las 10, en el Salón Punto Digital, ubicado en calle Belgrano 919, de la localidad de Ibicuy. Durante el encuentro se expondrán los resultados y se brindarán las respuestas a consultas recibidas.
Las consultas deben enviarse a la dirección de correo electrónico: secretariadeambiente@entrerios.gov.ar
El referido Estudio de Impacto Ambiental se puede consultar en la página web de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos: https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/, "Información para la comunidad - Fallos Judiciales", en el siguiente link:  https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/COMUNIDAD/INFORME%20FINAL%20ARENAS%20DE%20IBICUY_compressed.pdf
Asimismo, se hace saber que el expediente de referencia se puede consultar públicamente en: https://mesavirtualpublica.jusentrerios.gov.ar/expedientes (Paraná - Cámara Civil y Comercial Sala 3-Expte. 10480).
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Basural flotante: preocupa el impacto social y la contaminación del agua

Fecha de Publicación: 11/12/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn, se reunió este jueves con los vecinos de varios distritos costeros que reclaman la limpieza de la basura que ya está flotando en la laguna. En la ocasión, pidió la intervención "urgente" del futuro ministro de Ambiente de la provincia, Enrique Estévez -apenas asuma su cargo,- para llevar adelante un plan de acción tendiente a solucionar el problema generado y evitar la reiteración de este tipo de situaciones a futuro.
En tanto, los vecinos plantearon que hay dos problemáticas vinculadas al basural que estaba por fuera del anillo de defensa, en jurisdicción de San José del Rincón, y que se inundó por la crecida del río Paraná. Uno de ellos es el impacto ecológico y la contaminación del agua; y el otro es el social, dado que había familias -alrededor de 20- que vivían del cirujeo gracias a ese basural y que ahora se quedaron sin sustento.
"La reunión surge a partir de una convocatoria ciudadana de todas las localidades de la ruta 1, fundamentalmente, de Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa -que de alguna manera forman parte del consorcio- y también la ciudad de Santa Fe. Además, estuvieron presentes investigadores del Conicet, quienes explicaron las características del daño ambiental en la laguna y su ecosistema por la presencia de residuos sólidos en el río", indicó Henn a los medios de comunicación.
El defensor dijo que se comunicó con el futuro ministro de Ambiente y le solicitó que "su primera reunión de trabajo sea con otros ministerios, con el municipio de Rincón y las comunas intervinientes, para que se tome alguna medida de carácter urgente en esta problemática. Es inaceptable desde todo punto de vista que esto pase y celebro que el protagonismo lo hayan tomado asociaciones e instituciones".
Henn insistió en la necesidad de realizar un "abordaje integral" del tema, con todos los actores involucrados, entre ellos, Aguas Santafesinas (ASSA) y el Enress, así como en la necesidad de cumplir con las leyes que regulan la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (Girsu). "Esto debido a la cercanía que puede tener este basural contaminante a la toma de agua", añadió. Y agregó que también se reunió con Andrés Sopérez, intendente de San José del Rincón, y el presidente comunal de Arroyo Leyes, Eduardo Lorincz, quienes le brindaron un informe sobre el cuadro de situación.

La contaminación del agua "nos tiene muy asustados"
La abogada Gabriela Ferrer, integrante de la Coordinadora de la Costa, manifestó que los vecinos de esos distritos están "muy preocupados" por la situación. "Estamos viendo con ojos muy asustados lo que va a pasar con la contaminación en la toma de agua de ASSA, que está pasando el Puente Colgante. No es menor esto porque hoy en día casi el 50% del agua que toma Aguas Santafesinas proviene de allí y el otro 50 % del Colastiné".
La abogada dijo que esta problemática podría haberse evitado: "Tenemos una Ley de Basura Cero donde se planteaban claramente cuáles eran los proyectos, los objetivos y los plazos para poder cumplir con correcta Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Acá tenemos varios responsables, no solamente el Ministerio de Ambiente, que era la autoridad de contralor de esta ley y que no logró conseguir la ejecución concreta, rápida y efectiva en relación a todos los basurales a cielo abierto, que están localizados a lo largo de la Ruta 1, principalmente, los de Arroyo Leyes y Rincón, que son los más grandes. También hay microbasurales a lo largo de toda la Costa, con un impacto terrible en el recurso hídrico, ictícola y social".
Ferrer señaló que pidieron la intervención de la Defensoría con los organismos pertinentes: Ministerio de Ambiente, Aguas Santafesinas y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). "Queremos que las autoridades responsables nos den explicaciones sobre qué medidas se van a tomar para que los santafesinos podamos tomar agua segura", advirtió.

Familias que vivían del cirujeo
Por su parte, Julieta Di Filippo, activista ambiental y vecina de la costa, e Irma Gabutti, integrante de la Coordinadora de la Costa, plantearon su preocupación por la situación en la que se encuentran las familias que vivían del basural.
"Hoy estuve con esas familias y no tenían qué darles de comer a los gurises. No puede ser que seamos las organizaciones sociales, las que tengamos que salir al cruce de esa situación. Acá hay ministerios de Ambiente y de Desarrollo Social que tendrían que haberse hecho cargo de esto", apeló, en un tono firme Gabutti. Y añadió: "Estuve juntando algún recurso para que pudieran vender y tener algún alimento. Pero esta no es la función de las organizaciones sociales, es del gobierno. Mientras ellos de traje y corbata firman que se van o que vienen, hay familias que están padeciendo".
Por su parte, Di Filippo reclamó: "No sabemos dónde se está arrojando la basura que siguen generando los vecinos de Rincón. Y nos ha llegado también cómo los vecinos que vivían del cirujeo se han quedado sin su fuente de ingreso. Acá se está visibilizando un problema que data de muchos años y para el cual no se concretaron los proyectos que se habían generado en algún momento, entre ellos, la clasificación de la basura".
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Balance de gestión en un nuevo aniversario de la creación de ACUMAR

Fecha de Publicación: 08/12/2023
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


Se cumple un nuevo aniversario de la ley de creación de ACUMAR y es una oportunidad para repensar y evaluar lo hecho en estos últimos años para cumplir los objetivos de saneamiento.
La Ley 26.168 fue sancionada, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el 15 de noviembre de 2006, promulgada el 4 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial al día siguiente. Mediante esta letra legal, se creó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho público interjurisdiccional, para ejercer su competencia en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo y atender a su deterioro ambiental.
La ley responde a la demanda, conocida como “Causa Mendoza”, que un grupo de vecinos y vecinas de Villa Inflamable, Avellaneda, había presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí reclamaban al Estado la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios.
En la gestión que culmina el 10 de diciembre, presidida por Martín Sabbatella, bajo el lema de “Prevenir, recomponer y mejorar es la tarea”, han sido muchos y muy significativos los avances en pos del saneamiento. Grandes obras de infraestructura, fiscalización y control de las industrias, promoción del empleo verde y acciones de limpieza fueron algunas de las acciones que se llevaron adelante, pensando siempre en lo esencial de construir e invitar a una relación más cercana y sustentable con el entorno.
En este sentido, Sabbatella destacó: “Sin dudas, el balance en este fin de gestión es altamente positivo. Hoy la Cuenca Matanza Riachuelo cuenta con un organismo eficiente, transparente, profundamente presente en el territorio, que cuenta con equipos capacitados e impulsa políticas innovadoras y estratégicas de modo interdisciplinario. Logramos avanzar hacia una nueva etapa en el saneamiento y eso nos llena de orgullo”.
En primer lugar, la contaminación orgánica fue abordada a través de dos grandes hitos: el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas y, junto a AySA, la puesta en marcha del Sistema Riachuelo, una megaobra de ampliación cloacal que ataca a la mayor fuente de contaminación del río, los efluentes cloacales sin tratamiento.
Además, la obra del Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús, ya está concluida y se espera comenzar con la mudanza y radicación de pequeñas y medianas curtiembres de la Cuenca. La Planta de Tratamiento de Efluentes del PIC, que tiene un gran estado de avance, será una solución y un puente hacia los estándares de una producción amigable con el ambiente.
Unido a esto último, durante 2023, establecimientos industriales de la Cuenca, responsables del mayor porcentaje de contaminación, realizaron obras de adecuación a la normativa ambiental vigente. Y se crearon las Guardias Ambientales: equipos móviles de supervisión y prevención que recorren la Cuenca los siete días de la semana detectando situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad ambiental.
Se puso en marcha el Centro Integrado de Monitoreo y Control Ambiental (CIMCA), un lugar de recepción, registro, análisis y visualización online de los datos ambientales de la Cuenca, que permite optimizar la vigilancia integral. A su vez, se está terminando de construir el primer Laboratorio Ambiental de ACUMAR.
Una vez iniciada la gestión de Sabbatella, se verificó que los arroyos que desembocaban en el río estaban llenos de basura, por lo que en 2021 se incorporó el servicio de perfilado y desobstrucción que consiste en el raspaje del talud en lugares impactados por residuos y obstrucciones para acomodar los cauces con la finalidad de que el agua circule correctamente, fundamentalmente en los días de lluvia y así reducir la posibilidad de inundaciones.
También se ejecutaron obras de mejoras en el espacio público de la ribera del Riachuelo. Así es como se acondicionaron zonas para actividades recreativas y el Camino de Sirga alcanzó una mejora de cerca del 90%.
Se creó el Circuito Turístico Ambiental “El puente y sus dos orillas”. Se trata de un recorrido histórico y patrimonial gratuito por la Cuenca Baja para el que se instalaron dos Estaciones de Promoción e Interpretación Ambiental.
La agroecología y la producción de flora nativa cobró relevancia gracias al fortalecimiento de la Red de Viveros. Estas acciones ayudan a la mejora y conservación del suelo, con la reserva y depuración del agua, y la regulación climática. Además, se impulsó el proyecto para la preservación ambiental de parcelas de la reserva natural “Bosques de Ciudad Evita”, en conjunto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el Municipio de La Matanza.
Con los gobiernos locales y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación se articuló para garantizar soluciones habitacionales para familias en situación de riesgo ambiental.
En materia de Educación, el Programa Escuelas por la Cuenca llegó a más de 1000 instituciones educativas, promoviendo el compromiso con las problemáticas ambientales vinculadas al territorio.
Y en Salud, se pusieron nuevamente en funcionamiento las 16 Unidades Sanitarias Ambientales y las Unidades Móviles volvieron al territorio. Para el período 2024-2027 se rediseñó el Plan Sanitario de Emergencia de la Cuenca. Y, finalmente, ACUMAR cumplió la manda de la Justicia en cuanto a las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR).
Estas son algunas de las obras que se llevaron a cabo en esta gestión y que marcaron un antes y un después en el saneamiento del Matanza Riachuelo. Pero, además, diariamente, se realiza la limpieza sistemática del espejo de agua del cauce principal de la Cuenca. En simultáneo y complementariamente, más de 1.600 cooperativistas limpian las márgenes del Riachuelo. Y se realizan de forma trimestral monitoreos de la calidad del agua, suelo y aire.
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Agroquímicos: El caso que puso límites a las fumigaciones en un municipio bonaerense

Fecha de Publicación: 07/12/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia limitó las fumigaciones por tierra en Pehuajó tras un caso en el que resultó afectada una familia. El HCD deberá sancionar una ordenanza en 90 días.
La Justicia Federal estableció una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos en la ciudad de Pehuajó- la aérea se encuentra prohibida- y fijó un plazo de 90 días al Concejo Deliberante para que dicte una ordenanza regulatoria. Fue en marco de una medida cautelar solicitada por una fiscal local a raíz de un caso de intoxicación de una familia en la localidad rural de Francismo Madero.
La medida estará vigente durante ese lapso e implica que habrá dos áreas de 300 metros cada una: la más próxima a las zonas pobladas, con una prohibición total de aplicación; la segunda, con productos de baja toxicidad y de baja volatilidad, explicó el sitio judicial Fiscales.org.
Se trata de una disposición tomada por el juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, quien hizo lugar a una medida cautelar requerida por la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh.
La decisión judicial fue adoptada el 27 de noviembre pasado, luego de una audiencia pública donde el juez recibió diferentes planteos y aportes. Allí participaron las víctimas, las personas que explotan el predio fumigado, los representantes de los ministerios públicos, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Municipalidad de Pehuajó, del Concejo Deliberante, del área de salud, activistas ambientales, propietarios rurales y otros miembros de la comunidad.

Agroquímicos: el caso de una familia intoxicada y la respuesta judicial
En la investigación penal, la fiscal Mc Intosh había solicitado la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres o aéreas, respecto de un campo de aproximadamente 25 hectáreas, situado en la localidad de Francisco Madero.
El caso se había iniciado como consecuencia de la denuncia formulada por el padre de una niña que vive frente al predio fumigado. En el caso se constató que la fumigación repercutió en forma directa en la salud de al menos cuatro personas (entre ellas, dos niños), que, a las pocas horas de ser alcanzadas por las sustancias, se sintieron afectadas a nivel respiratorio y necesitaron la intervención de personal de salud de la Unidad Sanitaria local y del Hospital de Pehuajó.
El pedido de la fiscalía para la suspensión de las fumigaciones se fundó en la defensa del derecho a la salud y al medio ambiente sano, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el derecho a la vida, previsto en los artículos 33, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y en los principios de precaución y prevención, establecidos en el artículo 4 de la Ley 25.675, general del Ambiente.
La fiscalía luego amplió los fundamentos expuestos en la petición cautelar y aportó los antecedentes de un caso similar que tramita ante el Juzgado Federal de San Nicolás, con intervención del fiscal federal Matías Di Lello.
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Multan al Estado entrerriano por no presentar estudios de las areneras

Fecha de Publicación: 06/12/2023
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


La jueza en lo Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguaychú, Susana Rearden, resolvió la “imposición de sanciones conminatorias” al Estado provincial por no presentar los estudios hidrogeológicos de la formación Delta Aluvial Isla Talavera, el acuífero explotado para extraer y lavar material destinado al fracking petrolero en Vaca Muerta.
La magistrada resolvió así en el amparo ambiental iniciado por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy contra el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) de Entre Ríos, en donde se pretende saber el impacto ambiental del uso minero en el reservorio subterráneo que también es utilizado para brindar el servicio de red a los vecinos de Ibicuy, en el departamento Islas.
El Gobierno provincial no pidió prórroga para cumplir la demanda, ni tampoco presentó la documental requerida, explicó el abogado litigante, Ricardo Luciano. Se aguarda ahora una apelación de medida o que por el contrario quede firme y comience a correr el castigo.
El jueves 30 de noviembre, la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguaychú, Susana María Graciela Rearden, entendió que “encontrándose vencidos los plazos y prórrogas oportunamente otorgadas” para que el Estado provincial efectúe e informe sobre el estado del agua subterránea denominado Delta Aluvial Formación Isla Talavera, corresponde hacer efectivo un apercibimiento dispuesto el 7 de noviembre pasado fijando la suma de $50.000 por cada día de retraso, publicó el portal Era Verde.
La decisión de la jueza se da en el marco de expediente Nº 14.070 “Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Ibicuy c/Corufa – Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”, y que se remonta al 7 de septiembre de 2022. Entonces, Rearden sentenció a la Provincia a realizar el estudio hidrogeológico del agua subterránea del Delta Aluvial Formación Isla Talavera. Luego de ser apelada, esta decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, para lo cual otorgo 180 días para llevar a cabo los análisis.
Expirado ese primer período sin presentar la documental requerida, en abril de 2023 se otorgaron otros 180 de prórroga que en lo formal vencieron el 31 de octubre del 2023. Vencido esta segunda prórroga, el 7 de noviembre pasado la jueza Rearden intimó “al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, presente los estudios hidrogeológicos ordenados en la sentencia, en el término de diez días, bajo apercibimientos de imponer sanciones conminatorias”.
Es por eso que, transcurrido este lapso sin novedades, Luciano reiteró su reclamo pidiendo astreintes (una multa que se incrementa con el tiempo en la medida que no se cumple con lo requerido) “atento al irresponsable e injustificado incumplimiento ordenado por la sentencia dictada en autos”, contó en su momento el abogado litigante Ricardo Luciano.

Sin novedades
“No presentaron nada, ni pidieron nueva prórroga”, señaló Luciano al portal Era Verde. “Ya estaba vencidos dos períodos de 180 días que se les había otorgado para que presenten los estudios. Luego pedí que se los intimara; se los intimó por 10 días más y nada. Ni siquiera pidieron un nuevo plazo y es por eso que, ante mi pedido, se les aplica una multa de 50.000 pesos por día hábil. Esta resolución salió el jueves. Así que la semana que viene sabré si esto se apeló o no al Superior Tribunal de Justicia (STJ)”, adelantó el letrado.
En el escrito, la magistrada registró además que recibió el archivo adjunto de “un listado de consultores en estudios de impacto ambiental” que aportó el representante del Cooperativa de Agua para que se lleven adelante los trabajos requeridos, atento la Provincia apunta que no tiene medios para hacerlos.
Así, la jueza reseña que “atento a lo peticionado, encontrándose vencidos los plazos y prórrogas oportunamente otorgadas, y dado que la demandada no ha demostrado haber dado cumplimiento a la manda judicial, la solicitud de imposición de sanciones conminatorias debe ser, en mi criterio, receptada y corresponde por tanto hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 07/11/23, fijándolas prudencialmente a la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) por cada día de retraso a partir de la notificación de la presente”.
Por último, aclara que “teniendo en cuenta que la demandada sólo puede cumplir el mandato en días hábiles, resulta plausible establecer que las astreintes se devengan por días hábiles”.
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Pese a un amparo y la falta de OTBN, convocan a otra audiencia de desmonte

Fecha de Publicación: 02/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Este miércoles se conmemoró el Día Internacional del Yaguareté. Se estima que en la ecorregión del Gran Chaco solo quedan 20 individuos. En ese marco Greeenpeace advirtió que los desmontes presionan aún más a la especie.
En el marco del Día Internacional del Yaguareté que se conmemora todos los 29 de noviembre, se recordó que, pese a la emergencia por estar la especie en peligro de extinción, tan solo entre enero y septiembre la deforestación en el norte argentino fue de 90.755 hectáreas, un 21 por ciento más que en el mismo período de 2022. En ese marco, y con un proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sin concluir, ayer se publicó en el Boletín Oficial salteño la convocatoria a audiencia pública de desmonte.
La emergencia sobre el yaguareté continúa ya que de acuerdo a datos oficiales y al monitoreo satelital de Greenpeace, sólo entre enero y septiembre de este año  se deforestaron 90.755 hectáreas en Santiago del Estero, el Chaco, Formosa y Salta. Este total representa un 21 por ciento más que en el mismo período de 2022.
“La supervivencia del yaguareté no puede separarse de la preservación de su hábitat”, manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina. “Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación. Estamos al límite de perderlo y toda acción que se haga para evitar su desaparición es importante, pero todos sabemos que, sin monte, no será posible. Junto con él, también corren riesgo las demás especies que están bajo su paraguas. El tatú carreta, el quimilero, también se encuentran en peligro”, advirtió.
Por la situación en la que se encuentra la especie en la región chaqueña argentina, la asociación ambientalista presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con el fin de suspender desmontes en las cuatro provincias norteñas.
El máximo tribunal argentino se declaró competente y por ahora espera los informes ambientales que deben enviar las provincias demandadas y el Estado Nacional a través del Ministerio de Ambiente.

Otra audiencia de desmonte
En Salta, en tanto, se espera además la finalización del proceso para contar con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), a través del cual se dispone en qué lugares se podrá desmontar o no, o producir y de qué manera.
Pese a ello, ayer en el Boletín Oficial (y como viene ocurriendo de manera intermitente), se publicó una nueva audiencia pública de desmonte.
La convocatoria es por el desmonte o “cambio de uso de suelo con fines de agroganadería” de 719.04 hectáreas y 502.12 de protección y reserva en finca “Las Pirguas”, en el departamento Anta, en el sur provincial.
La fecha de audiencia es el 28 de diciembre próximo a las 9 en el Salón A&O Eventos, de la localidad de Las Lajitas.
Se desconoce si para los desmontes ya se habilitaron las audiencias públicas, dado que aal menos una había sido suspendida en octubre y se había previsto que iba a realizarse este martes último.
Por ahora, según trascendió, hay disputas en el seno de la Secretaría de Ambiente; la discusión de las y los técnicos está en si para autorizar estos pedidos regirá el actual (ya vencido pero vigente) mapa del OTBN o el que se prevé elevar a la Legislatura provincial, lo que ocurriría antes de que termine este año.
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Misiones: detuvieron a un hombre que mató a un mono carayá y lo exhibió en sus redes sociales

Fecha de Publicación: 01/12/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Misiones


En su cuenta de Instagram el detenido mostró un video con el animal muerto. Está acusado de maltrato animal
En un reciente suceso en la provincia de Misiones, un hombre de 30 años, identificado como Luis M., fue detenido por las autoridades policiales tras matar a un mono carayá y exhibir el acto en las redes sociales.
El arresto se llevó a cabo en el marco de múltiples delitos relacionados con el medio ambiente y a partir de ahora, el individuo enfrentará cargos por maltrato animal, tenencia ilegal de arma de fuego, violación de las leyes de áreas naturales protegidas y atentado contra un monumento natural provincial, en este caso, el mono carayá, una especie protegida en Misiones.
La acción delictiva fue notificada a través de la cuenta de Instagram del implicado, quien publicó la frase “Maté un mono” acompañada de un video que mostraba al animal sin vida.
El incidente tuvo lugar en el Parque Provincial Urugua-í, ubicado en el norte provincial y la denuncia fue presentada por Víctor Zemunich, jefe de Paisaje Protegido de la reserva natural, ante el Juzgado de Instrucción N°3, secretaría N°1, en Puerto Iguazú que ordenó la detención del individuo, residente en la localidad de Wanda.
Según informó Télam, durante el allanamiento realizado en su domicilio en el barrio Obrero de esa localidad misionera a unos 80 kilómetros al sur de Puerto Iguazú, la Policía secuestró la vestimenta que presumiblemente llevaba el hombre en el momento del acto, aunque no logró hallar el arma utilizada para causar la muerte al primate.
El Ministerio de Ecología informó que su personal llevó a cabo un acta de inspección y constatación, documentando las infracciones cometidas en el área protegida donde ocurrió el hecho.
“El principal indicio en su contra es la publicación en las redes sociales que habría hecho él mismo difundiendo su repudiable accionar. En las imágenes, que denotan una total crueldad, irresponsabilidad, insensibilidad y desprecio por la fauna nativa, hasta se jactaría de la muerte del animal”, señalaron.
Y ante lo sucedido, las redes sociales reaccionaron vehementemente contra el sospechoso, repudiando sus acciones irresponsables e insensibles. Personas de diversas edades y procedencias expresaron su condena y exigieron sanciones no solo para él, sino también para aquellos que lo acompañaban según las imágenes difundidas.
En un comunicado, el Ministerio de Ecología subrayó la unanimidad del reclamo por un castigo apropiado para el responsable de la muerte del mono carayá, enfatizando la necesidad de repudiar acciones que atenten contra la fauna nativa.
Es relevante recordar que a principios de marzo de este año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la Policía Federal Argentina, llevó a cabo dos operativos en localidades bonaerenses (Carhué y Trenque Lauquen) que resultaron en el rescate de dos monos carayá que estaban en cautiverio.
Estas acciones estaban dirigidas a desmantelar eslabones cruciales en la cadena de tráfico ilegal de fauna, específicamente el mascotismo ilegal de animales silvestres.
En el primero de ellos en Carhué, las autoridades secuestraron un mono carayá que se encontraba en condiciones precarias dentro de una pequeña jaula, sin mantenimiento adecuado y sin normas higiénico-sanitarias mínimas.
Además, se hallaron otras piezas ilegalmente almacenadas, como un cráneo con astas de ciervo de los pantanos, dos cráneos de ciervo colorado y una taxidermia de yacaré, todas sin la documentación que respaldara su origen legítimo.
En el segundo operativo en Trenque Lauquen, se incautó otro mono carayá que estaba retenido con un arnés de cuero de agarre metálico, una situación peligrosa que podría causarle lesiones en la columna vertebral.
Es de destacar que las autoridades remarcaron la importancia del desplazamiento para esta especie arborícola, fundamental para el desarrollo de sus extremidades y su cola prensil, además de facilitar la obtención de hojas para su nutrición.
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Once empresas ya producen de modo amigable con el ambiente en la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 01/12/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Riachuelo


Alimenticias, automotrices, metalúrgicas, curtiembres, textiles y constructoras dejaron de ser contaminantes al adaptar sus procesos productivos a los parámetros establecidos para el cuidado del medio ambiente.  
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informó que once empresas lograron adaptar sus procesos a los parámetros establecidos para trabajar de manera amigable con el ambiente.
Los 11 establecimientos adecuados son: Mercedes Benz Argentina S.A, Beton Baires S.A, Clorox Argentina S.A, Espiper SRL, Eternit Argentina S.A, Industrias Alimenticias Song S.A, New Center Wash, Oeste Aluminio S.R.L, Sercolor S.A, Skins S.A y Teyupa S.A, que pertenecen a rubros como alimenticias, automotrices, metalúrgicas, curtiembres, textiles y construcción entre otros.
Las empresas realizaron las mejoras que Acumar exige para que sus procesos productivos se ajusten a la normativa vigente
El presidente de la Acumar, Martín Sabbatella, indicó que "a lo largo de toda nuestra gestión pusimos el foco en el trabajo con los gobiernos locales, el provincial y el nacional, para el control industrial y la adecuación ambiental de empresas, porque entendemos que buscar soluciones conjuntas para una de las principales fuentes de contaminación es la única manera de avanzar en la tarea del saneamiento integral de la Cuenca. Los resultados están a la vista: hoy celebramos que once nuevos establecimientos dejaron de ser contaminantes".
Estas empresas se excluyeron de la nómina de contaminantes durante los últimos meses, tras cumplir con sus planes de adecuación ambiental, lo que implica que, en un plazo establecido de tiempo realizaron las mejoras que Acumar exige para que sus procesos productivos se ajusten a la normativa vigente. En este sentido, el organismo constató que sus valores estaban dentro de los parámetros y, finalmente, se declararon adecuadas. Esto fue posible por la participación de estas industrias en los distintos mecanismos de asistencia, como las mesas de trabajo.
Una de las herramientas que facilita el camino las empresas de la Cuenca a su adecuación son los espacios de trabajo que Acumar impulsa y sostiene desde 2020, junto a los municipios, con el objetivo de coordinar acciones para el control industrial y fomento de una producción más limpia, a través de distintas iniciativas técnicas o financieras.
La entrega contó con la participación del director General Ambiental de la Autoridad de Cuenca, Bruno De Alto, la coordinadora de Vinculación, Lucía Reynoso, la secretaria de Industria de La Matanza, Débora Giorgi, y el subsecretario, Javier Rando, se informó en un comunicado.
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Solo el 7,1% de los residuos industriales son tratados en Argentina

Fecha de Publicación: 25/11/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Más de 400 mil empresas en el país produjeron alrededor de 18 millones de toneladas de residuos, entre peligrosos, no peligrosos y patogénicos, en un año y casi el 93% se descartó de forma incorrecta. Un informe elaborado por la UBA y la UNR, da cuenta de la problemática.
En el último año, se estima que, en Argentina, se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos de los cuales únicamente se trató el 7,1%, unas 1.293.820 toneladas. La alarmante cifra surge de un informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario a través del Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, con datos del sector que aportan CATRIES (Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales) y CAITPA (Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental), en una iniciativa conjunta.
El Observatorio genera informes bimestrales y anuales desde el año 2021 a pedido de las Cámaras que se proponen, de este modo, arrojar luz sobre la situación en nuestro país en materia de gestión de residuos y contaminación ambiental. Se estima que en Argentina existen alrededor de 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, mientras que solo unas 33.983 firmas, el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado para tal fin.
El documento detalla que estos resultados establecen una base para comparar la evolución del índice de tratamiento de residuos y así lograr parámetros de referencia sobre esta problemática.

Un problema que se expande
De los datos obtenidos se concluye que casi el 93% de los residuos industriales no reciben el tratamiento adecuado, trayendo aparejados problemas ambientales y en la salud de las personas por contaminación del agua, tierra y aire. Esta problemática solamente tendió a agravarse en el último tiempo, según advierten referentes de las dos Cámaras.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el informe anterior del Observatorio (mayo 2021 - abril 2022), en el país, se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total, se había tratado el 9,6%, el equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción.
“El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas. Lo que genera entre otras cosas el calentamiento global que estamos viviendo. Los niveles de residuos que recibieron tratamiento son muy similares en ambos períodos contemplados por los informes, pero el volumen de residuos total creció más de la mitad”, explica la presidenta de CATRIES, Claudia Kalinec.
Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA, asegura: “Es fundamental para nosotros concientizar a los ciudadanos argentinos acerca de la relevancia de disponer de forma adecuada los residuos peligrosos. Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio en la situación actual”.

Ser parte de la solución
El objetivo de las encuestas mensuales a las empresas asociadas a las cámaras para elaborar estos documentos, en el marco de un convenio con la UBA y la UNR, son el puntapié inicial para visibilizar la problemática ya que no hay casi datos oficiales del sector a nivel nacional.
Kalinec sostiene que “hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%”. A la hora de reflexionar en torno a esta situación, la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental son dos factores clave.
“El Estado, a través de sus distintos organismos y áreas, es el encargado de renovar los permisos de todas las industrias, no solo las de nuestro rubro y son quienes deberían controlar el cumplimento de la normativa”, señala la presidenta de CATRIES.
Por lo pronto, se está intentando avanzar con un proyecto para actualizar el valor de las multas, una iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados y necesita ser tratada por Senadores antes de fin de año para no perder estado parlamentario. Se trata de la Ley 24.051 de residuos peligrosos que tiene más de 30 años desde su sanción y cuyos montos quedaron totalmente desactualizados, con un tope que hoy no pasa los $500.000, valor que no cumple el rol de desalentar la mala disposición de los residuos para las industrias, ya que no es significativo en la facturación de una pyme o gran empresa.
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Santiago radicará una denuncia penal por el desastre ecológico en el Salí-Dulce

Fecha de Publicación: 16/11/2023
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán


"Pensábamos que había escarmentado la gente que produce estos hechos, o que con las iniciativas dadas por la Corte se iban a terminar estas visiones tan aterradoras".
Fiscalía de Estado de Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo de la provincia iniciarán acciones penales para dar con los responsables de la masiva mortandad de peces que se depositan a lo largo de kilómetros de las costas del Embalse de Río Hondo.
Así lo afirmó el fiscal Raúl Abate, luego de participar ayer de un operativo de verificación por agua y por aire en distintos puntos de la desembocadura del río Salí, que nace en Tucumán.
La comitiva también estuvo integrada por el defensor del Pueblo, Lionel Suárez; el director de Asuntos Penales, Marcelo Acuña; la asesora de Fiscalía de Estado, Andrea Achari, e integrantes del Sistema de Monitoreo de la Defensoría del Pueblo, Martín Ibarra y Oscar Ibarra.
"En este operativo verificamos la mortandad de peces, nos encontramos con este desastre ecológico que tiene su comienzo en la vecina provincia de Tucumán", aseguró Abate.
"Hemos ido remontando con el helicóptero de la provincia río arriba y observamos que son kilómetros de peces muertos y también moribundos. Pensábamos que había escarmentado la gente que produce estos hechos con las órdenes, o que con las iniciativas dadas por la Corte Suprema de Justicia se iban a terminar estas visiones tan aterradoras, pero aparentemente la codicia y la ambición les pesa y prima sobre estas cuestiones. A partir de este momento vamos a iniciar las acciones penales por instrucción de la Dirección de Asuntos Penales de la Fiscalía de Estado", dijo.
Por su parte, Lionel Suárez, explicó: "Vinimos a verificar esta situación dolorosa para Santiago del Estero porque afecta todo el esfuerzo que viene haciendo la provincia con la puesta en marcha desde el 2012 con el Programa de Monitoreo Permanente, incluso con las inspecciones en los ingenios con destilerías de la provincia de Tucumán y que estábamos próximo a hacerlo, y nos encontramos con esta sorpresa con un sinnúmero de peces muertos de distintas variedades a lo largo de lo que es el río Salí y principalmente en la desembocadura de nuestro embalse, que a su altura goza de óptimo oxígeno, lo cual no implica que esta mortandad que ha sufrido río arriba en jurisdicción de Tucumán no impacte negativamente en nuestra provincia".
Agregó: "A pesar de los monitores y que se hayan extraído las muestras de los cursos de agua y de peces, estamos a menos de 48 hs de un supuesto pulso contaminante que se ha llevado la vida de todos estos ejemplares. Nos vamos con la peor de las imágenes, pero con las herramientas suficientes como para iniciar las acciones judiciales para determinación de los responsables de esta mortandad".
Por su parte, la Fiscal Federal General, Indiana Garzón, que subroga la Fiscalía de Instrucción Nº 2, comenzó con las averiguaciones pertinentes para abrir la causa judicial, informaron a EL LIBERAL fuentes calificadas.

Más Información:

- El Tucumano  - "Kilómetros y kilómetros de peces muertos": denuncian contaminación en ríos tucumanos
Las imágenes son contundentes y muestran a cientos y miles de peces muertos amontonados a orillas del río Salí en la zona de Los Britos (departamento Leales). En distintos videos filmados este lunes y domingo, se puede apreciar los cadáveres de dorados, sábalos y bogas. El reclamo de los lugareños y la denuncia por contaminación realizada por un abogado.
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Podrían acusar a los responsables de Comarsa por contaminación y afectar la salud pública

Fecha de Publicación: 15/11/2023
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La fiscalía pidió a Héctor Basilotta y Juan Manuel Luis que designen a sus abogados defensores. En el predio todavía hay montañas de tierra contaminada. El cerco perimetral se deterioró y la basura quedó completamente accesible.
La Fiscalía de Delitos Ambientales notificó a los responsables de la empresa Comarsa para que designen a sus abogados defensores. Se trata de un procedimiento previo a efectuarse alguna posible acusación. El fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid, confirmó a Minuto Neuquén que la fiscalía pretende avanzar hacia una posible formulación de cargos contra el gerente de Comarsa, Héctor Basilotta, y Juan Manuel Luis, el fundador de la empresa que administra el basural petrolero por contaminación de residuos peligrosos y poner en riesgo la salud pública.
La fiscalía inició una investigación tras la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en el año 2020. La organización fundamentó que los responsables permitieron escalar “a niveles monumentales” el acopio de barros con hidrocarburos, aguas residuales y químicos. Breide Obeid explicó que Comarsa no tenía capacidad física para tratar la cantidad de basura contaminada que recibieron.
El representante del Ministerio Público Fiscal detalló que ante la imposibilidad de quemar los restos en los hornos, se planificó un proceso de biorremediación que consiste en la formación de hileras de tierra contaminada en forma piramidal, con químicos para llevar a cabo el proceso.

Basura contaminada con contención
La basura de Vaca Muerta es más accesible que nunca en la meseta de Neuquén. El cerco de hormigón prefabricado que delimita el predio de Comarsa no ha podido contener las enormes montañas de tierra contaminada con restos de elementos descartados de la extracción petrolera.
Las placas grises cedieron ante la presión de la tierra y cayeron al suelo. Allí, quedaron una serie de huecos que muestran la espectacular degradación ambiental, sin ningún tipo de condicionamiento. La situación se repite metro a metro, a lo largo y ancho de todo el perímetro donde se encuentran las montañas más altas de material contaminado.
Donde se produjeron los extensos orificios en la pared, no hay impedimentos que puedan separar el material acumulado y la estepa natural que rodea el predio situado en el Parque Industrial. A pocos metros del paredón degradado, se encuentra la Toma 7 de Mayo y, a unas pocas cuadras del lugar, unas máquinas preparan el terreno para una futura urbanización sobre la calle Casimiro Gómez.
Minuto Neuquén recorrió el lugar que aparenta estar en una situación de abandono, pese a que en el ingreso del predio hay personal presente. Sin embargo, en el patio trasero es muy fácil poder ingresar a las montañas que superan los dos metros de largo.
El olor que emana de la tierra mezclada con restos de polietileno es insoportable. Rápidamente penetra por las fosas nasales, como cuando utilizamos algún tipo de solvente. También es instantáneo el ardor en los ojos, pese a permanecer allí por unos pocos minutos.
Además del cerco perimetral, hay una ordenanza municipal (12912) que estableció la obligación de forestar una franja envolvente de 300 metros de ancho alrededor del predio, con riego por goteo, para amortiguar las emisiones.  

Un historial de irregularidades
El Observatorio Petrolero Sur, junto a otras organizaciones, elaboraron un informe denominado: “Comarsa: contaminación, impunidad y connivencia estatal en el basurero petrolero más grande de la Patagonia”. Allí se detalló una serie de irregularidades que se cometieron, desde que  el predio comenzó a funcionar.   
El informe de Opsur mencionó el decreto que firmó el Ejecutivo provincial, en noviembre de 2015, en donde se establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas y a cinco kilómetros de asentamientos poblacionales.  
También dispuso un plazo de dos años para que las plantas regularicen su situación: cierre, remediación y traslado. Además, determinó que el residuo no debe estar más de 90 días en las plantas tratadoras.
En Agosto de 2016, Comarsa presentó un plan de cierre de la planta. Se desarmaron las piletas y trasladaron los hornos a la planta de Añelo. Sin embargo, la empresa informó que en el predio todavía se alojan 220 mil metros cúbicos de residuos peligrosos y anunció que solicitará una extensión del plazo de cierre que vence en diciembre de 2022.  
Opsur argumentó que el plan de reducción de volumen de materia por bioremediación “es muy poco efectiva” para la zona porque el tratamiento con compuestos orgánicos está limitado a las condiciones climáticas de la región.   
En abril de 2021, la empresa reconoció ante la Comisión de Ecología del Concejo Deliberante de Neuquén que no podrá concluir sus tareas en diciembre de 2022 como estaba establecido, ni tampoco durante el año 2023.
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La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe convalidó los 1.000 metros libres de agroquímicos en Sastre

Fecha de Publicación: 09/11/2023
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El máximo órgano de Justicia provincial rechazó la queja interpuesta por el municipio y confirmó la protección a los vecinos. La decisión sienta precedente para futuros litigios que podrían impulsar otras comunidades afectadas por las fumigaciones
 La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja interpuesta por la Municipalidad de Sastre para oponerse a la sentencia de primera instancia que hizo lugar a una acción de amparo colectivo ambiental. El fallo original había determinado un radio de protección de 1.000 metros libres de agroquímicos, en todo el perímetro urbano de esa ciudad del departamento San Martín. Ahora, la decisión del máximo órgano de Justicia provincial convalidó la instauración de esa distancia como protección a una población rural en su totalidad y sentó un precedente que abre la puerta para que otras comunidades afectadas por la aspersión de químicos agrarios, concreten su reclamo.
Desde septiembre de 2020, cuando el juzgado de primera instancia de Rafaela dictó una sentencia en la que prohibió las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de distancia, comenzó la etapa de resguardo para la ciudad de Sastre, de unos 7.000 habitantes, transformándola en la primera urbe santafesina y la segunda en el país, en contar con todo el perímetro urbano protegido.
 La causa tiene un fuerte fundamento en la protección de la vida, la salud de las personas y el ambiente e invoca el principio precautorio. También incorpora numerosas pruebas reunidas como voces de expertos, informes científicos y territoriales y la normativa ambiental vigente.

Municipio contra vecinos
Esta decisión judicial fue apelada por los productores en carácter de terceros interesados y la Municipalidad, pero la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos confirmando la sentencia de primera instancia. Respecto a esta última, el municipio interpuso luego un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Rafaela a fin de que intervenga en el asunto la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, pero la Cámara de Apelaciones lo rechazó.
No conforme, el municipio insistió recurriendo directamente en queja ante la Corte para solicitar su intervención, que el máximo tribunal rechazó no solo por cuestiones formales sino fundamentando su decisión con profusión de argumentos vertidos en la sentencia.
De este modo confirmó el veredicto de primera instancia, del juez Duilio Hail y ratificó la sentencia de segunda instancia. Con esta decisión de la Corte, rubricada por el presidente, Daniel Erbetta y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se agotaron los recursos provinciales debido a que ya se expresó el órgano máximo de justicia.
Ahora, en absoluta soledad -ya que los productores no pudieron continuar su reclamo por presentarse fuera de los plazos establecidos en la queja ante la Corte provincial-, el municipio de Sastre, opuso otro recurso extraordinario, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida se presentó en la Corte santafesina y aún no fue resuelta. En caso de que se admita, remitiría la causa al máximo órgano de Justicia nacional; si lo rechaza, sólo quedará a la Municipalidad recurrir directamente en queja ante la Corte de la Nación.

Argumentos municipales
En los fundamentos de las distintas impugnaciones que intentó, la Municipalidad argumentó que consideraba al fallo de primera instancia como arbitrario y lesivo de sus derechos constitucionales; que se interpretó el material probatorio incluido en la causa de un modo equivocado, que hubo vicios de sustentación dogmática, autocontradicción y falta de apreciación de cuestiones conducentes.
También atacó el mecanismo que usaron los vecinos -un recurso de amparo colectivo- como método legal para zanjar el conflicto que se presentó ante las fumigaciones cercanas a las viviendas y la legitimación de los vecinos como demandantes “por no haber acreditado su relación, más o menos directa, con las zonas supuestamente afectadas por las fumigaciones”. En el mismo rumbo observó la personería de la defensora general y su habilitación para representar a los amparistas.
Sin embargo, la Corte consideró acertada la decisión de la Cámara que “ponderó los delicados intereses en juego y evaluó los distintos carriles existentes para canalizar la pretensión de los amparistas, concluyendo acertadamente con sustento en la Constitución Nacional, que para el caso, el amparo era la vía idónea para tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales comprometidos”.
En este punto, la Corte destacó la importancia de esos derechos que cuentan con expreso reconocimiento en la Carta Magna nacional, como los que se encuentran en juego en este caso: “un ambiente sano, una mejor calidad de vida y la protección de la salud”.
Capítulo aparte merece el cuestionamiento que hizo el municipio al considerar que “la vía judicial no es la adecuada para resolver la cuestión debatida, sino que debía continuarse con la discusión democrática y representativa en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad”.
En realidad, los demandantes junto a los padres de Zoe Giraudo -una niña de dos años enferma de cáncer- decidieron optar por la vía judicial cuando el cuerpo de concejales les indicó a los vecinos que las posibilidades de reclamo ante el Concejo estaban agotadas, luego de un año de pedir que modifiquen la ordenanza que regula las fumigaciones.
“Vayan a la Justicia, nosotros no podemos hacer nada”, dijo el entonces edil y actual secretario de Gobierno del municipio, Edgardo Figueroa. Su suegra, la intendenta María del Carmen Amero -quien es propietaria de campo dentro de la zona alcanzada por la restricción judicial- nunca recibió a los vecinos para debatir sobre la problemática a pesar de los reiterados pedidos de audiencia.
La Municipalidad defendió los alcances de la ley provincial 11273, de regulación de “productos fitosanitarios” -sancionada en 1995, antes del cambio de modelo agroindustrial- como herramienta para decidir dónde permitir y prohibir las fumigaciones. “Cada comunidad tiene un margen de apreciación dentro de lo que la ley provincial considera como tolerable, siendo competencia municipal decidir si se fumiga o no en la zona donde la ley ya no lo considera peligroso”, indicaron en la causa.
Las autoridades municipales de Sastre también atacaron las pruebas producidas en el proceso porque consideraron que “no dan certeza de que estemos ante la presencia de un daño cierto o inminente” e intentaron desacreditar el aporte al legajo que hicieron el biólogo Rafael Lajmanovich y la médica pediatra Analía Pretto. En este punto cabe aclarar, que durante la etapa de desarrollo de este conflicto, los trabajos de investigación de Lajmanovich fueron publicados en revistas científicas internacionales y convalidadas por sus pares.
El municipio, también consideró que el fallo es descalificable por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial e incumplir con la exigencia de motivación suficiente. Sostiene que se cercenaron sus derechos con una interpretación incorrecta de los antecedentes y prueba aportada, que se aleja del derecho vigente y afecta el derecho al debido proceso y la garantía de defensa en juicio.

La posición de la Corte
El fallo de la Corte santafesina aclara que “sólo se advierte la mera discrepancia” -sin entidad constitucional- de la Municipalidad con lo resuelto por la Cámara, “en un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria que no amerita el franqueamiento de esta vía excepcional”.
“Se advierte que toda la argumentación desarrollada por la recurrente (el municipio), pese al matiz constitucional que pretende otorgarle, constituye una reedición sin variantes de las objeciones formuladas en las anteriores instancias, omitiendo la demandada dirigir críticas concretas hacia la decisión objeto de la impugnación extraordinaria”, señalaron los ministros y consideraron que así desvirtuó el objetivo de atacar legalmente el fallo de Alzada.
También consideraron inadmisible interpretar que no existe daño cierto o inminente para que proceda el amparo de los vecinos “en un campo en el que rigen los principios de prevención y precautorios, adquiriendo este último operatividad, justamente, en supuestos de incerteza científica cuando se verifica riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible y siempre que exista un mínimo de demostración de su posible concreción”.

Copie y pegue
En definitiva, la Corte Suprema explicó que el municipio, representado a lo largo del juicio por el abogado santafesino, Domingo Rondina, “no hizo más que reeditar idénticos planteos a los que fueron objeto de tratamiento oportuno y suficiente, evidenciando solo discrepancia con el criterio del Tribunal y sin lograr perfilar un supuesto de arbitrariedad que amerite la descalificación de la sentencia”.

Hacia un modelo sostenible
Pasaron dos años de la primera sentencia. Y si bien aún hay tensiones entre los protagonistas, Sastre tiene la posibilidad de transitar un camino de transición hacia un modelo agroecológico más saludable y rentable. En los lindes de la ciudad actualmente se realiza siembra de pasturas o producciones ganaderas, demostrando que se puede producir sin envenenar. Un contexto en el que todos ganan.
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La restauración ecológica de la Cuenca Matanza Riachuelo: el próximo objetivo de la ACUMAR

Fecha de Publicación: 06/11/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Riachuelo


La ACUMAR convocó a una audiencia pública para comenzar a pensar en la restauración ecológica de la Cuenca Matanza Riachuelo. ¿De qué se trata este proyecto?
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) convocó a una audiencia pública para promover la participación ciudadana de su próximo objetivo: la restauración ecológica de todo el ecosistema. El proyecto tiene argumentos ambientales, pero también productivos y sociales. ¿En qué consiste?
Según el documento sobre la consulta pública al que accedió a INFOCIELO, el objetivo es "incrementar la biodiversidad en toda la Cuenca". Es que a 10 años de la presentación del Plan de Saneamiento Ambiental, las autoridades de la ACUMAR reconocen que hay un "déficit sustancial en su biodiversidad" que "incide en la calidad de vida de las personas que la habitan". "Las acciones concretas y orientadas en restauración ecológica son una necesidad urgente", aseguraron.
En concreto, esto implicaría implantar vegetación autóctona para favorecer la presencia de fauna silvestre y también de funga asociada. La propuesta de la ACUMAR, que será presentada en la audiencia pública del 29 de noviembre, contempla crear viveros en los que se produzcan esas plantas nativas del espinal, la pampa y el delta del Paraná. Es decir, en paralelo a la restauración ecológica se estaría incentivando la producción agroecológica y la generación de los llamados empleos verdes.
Desde la ACUMAR estiman que el 2024 servirá para "ampliar y ajustar" el proyecto de restauración ecológico con el resultado de la audiencia pública. Posteriormente, hacia fines de ese año quedarán establecidos los objetivos y, ya en 2025, comenzarán las tareas para restaurar la ecología de toda la Cuenca Matanza Riachuelo.

Un caso testigo en Marcos Paz
Esta no es la primera vez que la ACUMAR se embarca en un proyecto de restauración ecológica. Un antecedente que destacan como exitoso es el del predio Batalla de Villamayor, ubicado en Marcos Paz, que comenzaron en diciembre de 2018.
Se trata de unas 7 hectáreas ubicadas sobre un borde del arroyo Morales, un afluente del río Matanza Riachuelo. Ahí había un basural a cielo abierto que se terminó de sanear en junio de 2018. Ese mismo año plantaron 371 especies nativas y ya hacia 2021 llegaron los primeros resultados.
Los especialistas observaron "una mejora en todas las zonas, con gran presencia en cantidad y variedad de flora y fauna". El informe realizado por dos doctoras de la Universidad Nacional de San Martín en abril de 2022, concluyó que el exbasural ya tenía 25 especies vegetales de 13 familias distintas desarrollándose. Desde el municipio, además, estiman que alcanzaron cubrir el 95 por ciento de la superficie con vegetación.
Actualmente, el predio Batalla de Villamayor es un paseo que tiene, entre otras cosas, un sendero para ciclistas de 3,5 kilómetros. De eso se tratan los proyectos de restauración ecológica: convertir un basural en un paseo natural.
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La Corte Suprema se mete en una demanda ambiental contra el Estado argentino y cuatro gobernaciones

Fecha de Publicación: 04/11/2023
Fuente: elDiarioar
Provincia/Región: Nacional


El máximo tribunal se declaró competente en el caso presentado por la organización ambientalista Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América, en peligro de extinción frente a la deforestación de los bosques nativos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero. La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los vocales del máximo tribunal.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en la demanda contra el Estado Nacional y las provincias del Gran Chaco argentino por la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía.  
La demanda presentada por la organización ambientalista Greenpeace es de julio de 2019. La decisión del máximo tribunal, comunicada este jueves de manera oficial, venía siendo postergada desde 2022, cuando el presidente Horacio Rosatti había puesto en agenda la realización de una audiencia pública sobre el caso, originado por el amparo presentado por Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y especie en extinción debido al avance del hombre sobre su hábitat. Sin embargo, la audiencia pública nunca fue convocada.  
El caso involucra importantes intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la zona se profundizó con la extensión de la frontera agrícola-ganadera hacia el norte argentino. También políticos: las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos locales son cuestionados por ambientalistas y conservacionistas debido a las políticas permisivas con los desmontes para la soja, ganadería y el negocios de la madera. Se estima que sólo quedan unos 20 individuos en el país.
Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.
En 2022, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a elDiarioAR: “Esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible”.
 La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los jueces de la Corte, quienes son investigados por presunto mal desempeño en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tres de los gobernadores apuntados en la demanda por la deforestación son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), políticamente alineados con distintos sectores del oficialismo. Los tres firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, presentado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia.  

El caso
La Corte declaró este jueves su competencia en el caso y como primer paso requirió al Estado Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a las provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero la presentación de un informe, de acuerdo con un comunicado del tribunal. La demanda solicita al máximo tribunal ordenar la conservación y garantizar la preservación de los bosques que habita el yaguareté. Los gobiernos tienen 30 días para presentar el informe en respuesta al amparo ambientalista.
La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la intervención de la Corte en otro caso central para el movimiento ambientalista en Argentina: la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, a la altura de la provincia de Buenos Aires.
La organización también había solicitado una medida cautelar para que se suspenda el desmonte en la región, algo que el máximo tribunal no ordenó hasta el momento.
La presentación de Greenpeace tomó al yaguareté como “sujeto de derechos” y solicitó que la acción sea caratulada con la especie Yaguareté como accionante. En subsidio, la entidad ambientalista se presentó como legitimado activo.
La decisión de la Corte se tomó luego de que la Procuración General de la Nación entendiera que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el caso como tribunal de origen, es decir, sin que intervengan instancias previas en cada una de las jurisdicciones. La Procuración, a cargo de Eduardo Casal, se basó en la obligación legal de defender la “protección de un bien jurídico federal, el Monumento Natural especie Yaguareté, tutelado por una ley nacional”.
 “Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos”, dijo Giardini en 2022. “Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales”, explicó Giardini.
“El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque”, afirmó Giardini.
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