Denunciaron posible derrame de una minera y la Justicia quiere investigarlos

Fecha de Publicación: 26/02/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Desde la Asamblea El Algarrobo creen que es parte de un amedrentamiento.
La Asamblea El Algarrobo, un grupo socioambiental de Catamarca, realizó meses atrás una denuncia por posibles derrames de combustible en el río Minas, de Andalgalá, por parte de la empresa minera MARA, pero hasta el momento la Justicia no ha brindado información a la comunidad acerca del tema, ni ha dado a conocer los resultados de la investigación.
A cambio, desde la fiscalía de Andalgalá pidieron información acerca de quiénes pudieran haber dado a conocer detalles del posible derrame. Para las vecinas y vecinos preocupados por los hechos, se trata de un amedrentamiento.
Los primeros indicios del posible derrame surgieron entre diciembre y enero pasados. Muchas personas de la comunidad dieron cuenta de posibles accidentes que habrían provocado derrames de combustible. “En un primer momento creímos que el derrame había sido en la central de acopio que tiene la empresa en el cerro, pero estamos en duda. Por eso hicimos la denuncia en la comisaría cuarta, y fue tomada por la Fiscalía de Andalaglá”, explica Enzo, integrante de la Asamblea.
“Hace unos días nos llamaron para hacer una ampliación de la denuncia, pero nos llamó la atención que el mayor requerimiento era saber quiénes nos habían pasado los datos del derrame”, señaló. “Parece que se abrió una investigación, pero las causas que se vienen denunciando quedaron todas en la nada”, lamentó.
A casi tres meses de la denuncia la comunidad de Andalgalá sigue sin respuestas acerca de si hubo o no derrame, y qué medidas se tomaron al respecto. “Nos están queriendo investigar como en una cacería de brujas; nos piden nombres, apellidos y números de teléfonos de las personas que nos habrían aportado los datos, pero no dan respuestas acerca de la investigación”, lamentan. “Un derrame de combustible como el que creemos que hubo en el cerro afecta a toda la población de Andalgalá, tenemos relatos de que habría ingresado incluso a la planta potabilizadora, es algo grave porque todos tomamos de esa agua”, afirman.
“Hasta el momento no recibimos ninguna información de la Fiscalía acerca de las actuaciones y alguna conclusión que aporte información sobre el tema”, lamentan.
“Nosotros brindamos información que sale del informe de impacto ambiental de la DIPGAM (Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera), que es el ente regulador, en donde se da cuenta de que la empresa coloca fardos de alfa en el río Minas cada ciertos metros y los renueva periódicamente, nosotros aportamos esa información para ser investigada, pero tampoco tuvimos respuesta de eso”, aseguran.
MARA, (fusión de las mineras Agua Rica y Alumbrera), es un proyecto de exploración minera de cobre, molibdeno, oro y plata que se encuentra en los nevados del Aconquija. “Incluso en la etapa de exploración ya están dejando su huella negativa en el agua que consumimos los andalgalenses. Los caminos en cornisa van en deterioro, los campamentos que se han instalado con 200 personas también están dejando su impacto en una zona en la que se condensa prácticamente toda el agua de la región, ya que tenemos clima árido”, explicaron desde la asamblea.
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Buscan controlar las emisiones gaseosas industriales y mineras

Fecha de Publicación: 23/02/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera.
El Gobierno Provincial elevará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a que empresas entreguen un informe obligatorio -en carácter de declaración jurada- sobre las emisiones gaseosas que promueven a la atmósfera local los diferentes establecimientos que conforman cada compañía. En este sentido aseguraron que el proyecto está dirigido especialmente las empresas que se encuentran en etapa de exploración avanzada y etapa de aprovechamiento general.
En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera, por lo que se considera sumamente necesario medir e informar sobre los niveles de estas emisiones dentro del marco del compromiso con el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en la provincia.
La información proporcionada es considerada necesaria a los efectos de implementar una adecuada política de protección de la calidad del aire.
El gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, se reunieron con autoridades del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, quienes explicaron el tenor de la iniciativa que establece que las emisiones gaseosas necesitan ser controladas, debido a las consecuencias que representan tanto para la salud humana como también para el medio ambiente.
Gustavo Báez, secretario de Energía y Medio Ambiente, explicó que “el proyecto de ley tiene por objetivo el informe obligatorio por parte de empresas industriales y mineras, en condición de declaración jurada, sobre emisiones gaseosas y que apunta a definir cuál es nivel de carbono que tienen las actividades productivas en nuestra provincia y como generar una compatibilidad con el interés general y reducir los efectos negativos del cambio climático”.
Se espera que el proyecto sea tratado en las sesiones extraordinarias convocadas para marzo.
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Acusan al dueño de Comarsa Neuquén de contaminar y falsear balances

Fecha de Publicación: 19/02/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Le formularon cargos al titular de la empresa, al director suplente y a un gerente general. Recibieron cifras millonarias de YPF y otras empresas para remediar residuos a los que nunca le dieron tratamiento.
La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa) se instaló en 2014 en un predio cedido por la provincia en el Parque Industrial Neuquén para tratar residuos peligrosos. Pero según la acusación de la fiscalía y la querella contra sus responsables, recibió materiales por encima de su capacidad de procesamiento y los dejó sin curar. Además «simuló ganancias a los fines de obtener ventajas patrimoniales, contaminando el ambiente y poniendo en peligro la salud de la población».
Hoy en día, en el predio hay 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratar, que equivalen a 10.000 camiones. La planta está ubicada a 500 metros de barrios con mucha población, y en el último temporal la lluvia provocó el derrame de lodos empetrolados más allá de su perímetro.
Los datos fueron aportados por el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, quien junto con la asistente letrada Julieta González formuló la acusación contra el dueño de Comarsa, el ex director suplente y el ex gerente general.
Se los identifica respectivamente con las iniciales JML, HEB y FAP, porque el juez que dirigió la audiencia, Mauricio Zabala, resolvió a pedido de la defensa que no se publiquen sus nombres ni sus fotos.

Los delitos que les imputan
La fiscalía les imputó los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta.
En la acusación estuvo acompañado por la APDH Neuquén, representada por Bruno Vadalá y Pedro Peralta, y la Asociación Civil de Abogados Ambientalistas, con los letrados Darío Kosovsky, Emanuel Roa Moreno y Enrique Viale.
Los dos principales acusados, que viven en Provincia de Buenos Aires y CABA, siguieron la audiencia por Zoom. El fiscal Breide Obeid no ocultó su molestia ya que había solicitado expresamente que asistan de manera presencial. «Yo no sé si están en sus casas o en el exterior», dijo.
Los defensores del dueño de la empresa y del ex director suplente son Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz. El ex gerente general, quien reside en la región, fue asistido por la defensora pública Eliana Lazzarini.

El pasivo ambiental en números
Breide detalló en su acusación que el perjuicio económico por el delito ambiental es de 5 millones de dólares. Le sumó 2.375.000 dólares que el dueño de la empresa recibió como ganancia.
Se trata de un empresario con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, ya que pagó el impuesto a las grandes fortunas.
Además de Comarsa, es dueño de una empresa que le alquila maquinaria vial y de otras dos firmas dedicadas al rubro gastronómico y la provisión de viandas.
El fiscal jefe pidió la inhibición general de bienes de la empresa, que tiene una planta en el Parque Industrial y otra en Añelo. Sus contratos más grandes son con YPF.

Barrios afectados
Sobre el daño ambiental, indicó que «es inconmensurable la cantidad de vecinos afectados». A menos de 500 metros de la planta hay barrios densamente poblados como 7 de Mayo, el Nido, Loteo Social y Cuenca XV.
De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF le reportaron a Comarsa ingresos por más de 700 millones de pesos; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.

El predio en Añelo
Breide Obeid señaló que en 2015 se publicó el Decreto 2263/15 que manda a que las empresas que tratan residuos peligrosos se ubiquen fuera del ejido municipal y al menos a ocho kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales.
«Ante la nueva normativa y por la presión social de los vecinos; la empresa presentó a la Provincia un plan de cierre y traslado de sus actividades; por el cual fue beneficiada con la asignación de un terreno en Añelo», continuó.
En este plan Comarsa «declaró tener acopiados 135.000 metros cúbicos de residuos peligrosos; dato falso, ya que la empresa contaba con aproximadamente 244.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratamiento».
Investigarán el lote en Añelo, donde hay indicios de que también acopian material sin tratar.

Embargo de las cuentas
La acusación también solicitó, y el juez le hizo lugar, el embargo de las cuentas del dueño y del ex director suplente. Pidió que cubran un monto de 7 millones de dólares. También se dispuso la prohibición de salida del país sin autorización.
La fiscalía y las querellas solicitaron además que se dicte una medida cautelar para que no avance un desarrollo inmobiliario de la Municipalidad de Neuquén a pocos metros de la planta de Comarsa.
El juez Zabala no les hizo lugar porque es un asunto ajeno a la audiencia penal. «Supongo que habrá un estudio de impacto ambiental», arriesgó.
«Hay sectores que se enriquecen y los residuos quedan en la población»
La APDH, al sostener la acusación, afirmó que «Comarsa es el reflejo de la improvisación, la desigualdad y la impunidad con la que se maneja la industria petrolera en Neuquén. Es el ejemplo perfecto: mientras hay sectores que se enriquecen, los residuos quedan en la población».
«Hay seis incidentes ambientales por día, más de 400 sismos en zonas donde no había sismos y millones de toneladas de residuos». Remarcó Bruno Vadalá que «una parte están a cinco minutos de acá si vamos en auto por la Circunvalación».

«¿Qué pasa con los funcionarios?»
Por su parte la Asociación de Abogados destacó que «los imputados ocupaban terrenos públicos sin previa autorización; se instalaban y la obtenían luego».
«Resta por saber dónde están los otros actores, ante esa tragedia ambiental que tenemos, qué pasa con los funcionarios públicos a cargo del control», se preguntó Darío Kosovksy.
Señaló que el dueño de Comarsa tiene empresas «que históricamente se dedicaron a proveer de alimentos a hospitales en Buenos Aires».
Comarsa, añadió, «está dejando un pasivo ambiental para nuestros hijos y nietos. El tratamiento no lo pueden hacer, el traslado de materiales sin tratar es imposible».
Dijo que «es una empresa que dibujaba balances para poder retirar fondos en concepto de honorarios. Simulaba ser tratadora, simulaba ganancias, y aquí nadie sabía nada».
La audiencia comenzó a las 11 y terminó a las 14.40. Este viernes habrá revisión, en particular de los embargos dispuestos por el juez.
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Advertencia de la ONU al Gobierno de Milei por la protección de los bosques y glaciares

Fecha de Publicación: 09/02/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La comunicación salió desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, con fecha del 5 de febrero, un día antes de que el Gobierno de Javier Milei decidiera retirar la Ley Ómnibus del recinto de la Cámara de Diputados para que vuelva a ser tratado en comisiones. Fue enviada a la Misión Permanente de la República Argentina para ser remitida con carácter urgente a la canciller Diana Mondino.
El contenido de la carta, firmada por cinco relatores sobre derechos humanos del organismo, es una advertencia sobre el capítulo ambiental de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más precisamente con respecto a la protección de los bosques y los glaciares.
"Algunas disposiciones del proyecto de Ley Ómnibus tienen un carácter regresivo, con respecto a la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, así como la protección de los bosques nativos. Asimismo, la propuesta Ley Ómnibus podría afectar el legítimo ejercicio de derechos y libertades esenciales para la democracia, la toma de decisiones en materia ambiental, y las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales", señala el texto.
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) fue promulgada en 2010 con el propósito de preservar los glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales como fuentes de recursos hídricos. Las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley Ómnibus generaron un amplio rechazo por parte de científicos, especialistas y organizaciones ambientales.
"La afectación de los glaciares y el ambiente periglacial podría aumentar los riesgos e impactos adversos de eventos catastróficos asociados al cambio climático como los ciclos de sequía e inundaciones", señalan los relatores Marcos A Orellana, David R Boyd, Mary Lawlor, José Francisco Cali Tzay y Pedro Arrojo-Agudo.
También hacen una mención especial a la situación de los bosques, que se verían en riesgo con el texto tal como está redactado ahora: "El proyecto de Ley Ómnibus permitiría el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, mientras que aquellas categorizadas como verde; se eliminaría el requisito de la evaluación de impacto ambiental, y por ende se eliminaría la participación ciudadana, todo lo cual resultaría en una regresión en los niveles de protección del bosque nativo".
La carta es “un severo llamado de atención que realiza la comunidad internacional al Congreso de la Nación para que no se avance en las reformas a las normas ambientales, principalmente en materia de protección de bosques y de Glaciares, en tanto califican a estas reformas como regresivas en materia de protección de derechos ambientales”, así lo explicó a Clarín Andrés Nápoli, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
"Para los relatores las reformas propuestas a estas leyes contradicen los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en un conjunto de tratados internacionales", agregó.
Nápoli explicó que al quitar la protección del ambiente periglaciar "pueden poner en grave riesgo el derecho de acceder al agua de un conjunto importante de comunidades y personas en Argentina".
Además, menciona la preocupación expresada por un grupo de científicos, en su mayoría del IANIGLIA, quienes instan al Congreso a no modificar la Ley de Glaciares, ya que estas alteraciones podrían afectar las reservas hídricas estratégicas, especialmente en el contexto de cuencas hídricas cordilleranas ya exhaustas debido al cambio climático.
Para Nápoli, la comunicación de la ONU pone de manifiesto "la gravedad que podría suponer la aprobación de las reformas. Lejos de impulsar las inversiones contribuirán a potenciar los conflictos sociales y ambientales que subsisten en Argentina desde hace ya más de 20 años, al tiempo que promoverán un conjunto indefinido de reclamos tanto en la justicia local como en los foros internacionales”.
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Crearon una fiscalía de delitos contra el medio ambiente y los animales en el Gran Mendoza

Fecha de Publicación: 08/02/2024
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza


Ante la necesidad de dar una respuesta más rápida y eficiente del sistema de justicia frente a casos de maltrato y crueldad animal, se creó la Unidad Fiscal de delitos contra el medio ambiente, delitos contra los animales y delitos no especializados. El nuevo espacio brindará contención y atención a los animales que sufren maltrato o crueldad y establecerá canales de comunicación entre la justicia, la sociedad y los especialistas en la temática. «Lo primero que hay que decir es que esta resolución abarca la primera circunscripción judicial (Gran Mendoza y Ciudad de Mendoza). En el 2016 el procurador de la Suprema Corte, el Doctor Alejandro Gullé, realizó una modificación en el trabajo del Ministerio Público. Antes las unidades fiscales estaban divididas por territorios, pero ahora se dividen por tipos de delitos especializados. Por ejemplo, existe la Unidad Fiscal de homicidios, delitos de la Integridad sexual o robos y hurtos. Ahora bien, los delitos que no cuadraban en ninguna de las categorías iban a la Unidad de Delitos no especializados. Esa unidad es la que se modificó. A pedido del doctor Gullé la nueva unidad se ha especializado contra el medio ambiente, delitos contra los animales», explicó a FM Vos 94.5 Martín Ahumada, director de prensa del Ministerio Público Fiscal. «Los delitos que impliquen daño ambiental o maltrato animal serán investigados por esta unidad fiscal. La responsabilidad penal es tanto para las personas físicas como jurídicas. Si una empresa causa un daño al medio ambiente, la fiscalía tomará cartas en el asunto», amplió Ahumada. «Al principio se aplicará en la primera circunscripción. Se hará como una prueba piloto. Con el tiempo se verá cómo se instaura esto en las demás», circunscripciones», agregó. Más adelante, definió la cantidad de circunscripciones del Poder Judicial de Mendoza y el radio de cobertura de cada una. «La primera circunscripción abarca el Gran Mendoza y Ciudad de Mendoza. La segunda comprende todo el sur provincial, mientras que la tercera cubre el este de la provincia. La cuarta circunscripción es la que se corresponde con Valle de Uco», precisó. Para finalizar, contó cuáles son las ventajas de contar con unidades fiscales especializadas. «Especializar los delitos permite generar patrones de investigación que agilizan el sistema. Hubo condenas penales a los 13 días del hecho cometido», concluyó.
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Denuncian que traen extranjeros a matar animales autóctonos en extinción

Fecha de Publicación: 06/02/2024
Fuente: Radio Nacional
Provincia/Región: Nacional


Gabriel Bonomi, integrante de la ONG Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, mostró su indignación por cotos de caza en los que se paga para matar especies autóctonas protegidas, como el zorro aguará guazú y el yaguareté.
La denuncia fue realizada este miércoles por la periodista Isabel de Estrada en su columna del Diario La Nación. En los cotos –ubicados en Buenos Aires y Santiago del Estero- se hallaron 180 cadáveres de animales protegidos taxidermizados y fotos de Yaguaretés, Aguará Guazú y Pumas muertos por cazadores.
En 2018, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Jorge Noya –conocido operador de caza- en Vicente López, dos predios suyos en Santiago del Estero (un coto y una casa de hospedaje para cazadores) y otro coto llamado El Pantanal en Dolores, Provincia de Buenos Aires.
Lo que la justicia halló allí fue terrorífico: 180 cadáveres de animales protegidos taxidermizados, fotografías de cazadores y el propio Noya posando junto a Yaguaretés, Aguará guazú, Ñandúes y Carpinchos (todas especies protegidas) cazados por ellos, y hasta el cadáver de un Puma dentro de un freezer. En las fotos, “se pueden contabilizar al menos 40 Yaguaretés diferentes” indica la nota. Según el informe, “los cazadores extranjeros pagan fortunas por cada trofeo: cuanto más raro; mejor y más valioso”.
Finalmente, la investigación indica que “a pesar de los resultados del allanamiento, el coto El Pantanal siguió funcionando con autorización de las autoridades bonaerenses”. Asimismo, el sitio de internet Caza & Safaris Argentina, fundado por Noya sigue ofreciendo cazar especies protegidas y en peligro de extinción.
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Impugnarán el estudio de impacto ambiental de las areneras de Ibicuy

Fecha de Publicación: 06/02/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El próximo 20 de febrero se llevará adelante una Reunión de Participación Ciudadana en Ibicuy, donde se presentará un Estudio de Impacto Ambiental de las areneras silíceas en el sur entrerriano. Así lo dispuso la jueza María Valentina Ramírez Amable, en el marco del amparo ambiental interpuesto por la Fundación Cauce. La instancia se reprogramó para esta fecha, a fin de que interesados puedan evaluar el análisis sobre la explotación que realizan empresas mineras para extraer material que se usa en el método de fracking petrolero.
En este sentido, el abogado Ricardo Luciano adelantó al portal Era Verde que objetará el documento elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El letrado representa a la Cooperativa de Agua de Ibicuy y litiga en otro expediente donde se pretende saber las consecuencias en la salud que tiene el accionar de estas empresas por el uso de acuíferos subterráneos de los cuales también se provén a los vecinos. Sobre alguno de los cuestionamientos dijo que el Plan de Cese propuesto para la actividad minera proyecta “producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura” y que se entiende como ecosistema natural “a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador”. Al respecto dice que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.

Participación ciudadana
En el Salón Punto Digital de Ibicuy, ubicado en calle Belgrano 919 de Ibicuy se llevará adelante el 20 de febrero venidero, a las 10, un encuentro de Participación Ciudadana. Se trata de una reunión abierta a la comunidad para interiorizarse y hacer preguntas sobre un análisis de impacto ambiental acumulativo de la actividad minera que se realiza en el Departamento Islas del Ibicuy para extraer arenas silíceas.
La instancia se abrió a partir de un recurso de amparo ambiental iniciado por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy por la autorización y vigencias de los permisos otorgados a las empresas que extraen el material usado para obtener petróleo no convencional en la cuenca neuquina de Vaca Muerta.
En este proceso, a fines del año pasado, se presentó el denominado “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy–Informe Final”, que fue elaborado por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y fue puesto a consideración pública en un sitio dispuesto por la Justicia. Para saber de qué se trata este estudio, la vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, María Valentina Ramírez Amable, convocó así para este encuentro informativo.
En esta audiencia pública, el abogado Ricardo Luciano, expondrá lo que entiende son “yerros gravísimos” del Estudio de Impacto Ambiental (EdIA) que fue publicado, adelantó en diálogo con el portal Era Verde. El profesional es actor en otras demandas judiciales respecto al accionar de las empresas de explotación de arena silíceas, y tienen una mirada crítica respecto a los mecanismos para otorgar permisos y controles a estas firmas. Apunta que se trata de “un negocio millonario en dólares que se estima para este año en sólo la arena de sílice extraída en Entre Ríos para Vaca Muerta de 700 millones de dólares. ¿Qué les queda a los entrerrianos? Nada, sólo depredación”, describe para dar cuenta del delicado escenario del que se habla.

Fruto venenoso
De lo analizado, Luciano señala que “contiene yerros inexcusables, burdos, que más que un EdIA es un ‘copia y pegue’ de los estudios ya presentados por las areneras que actúan en la zona, y se sabe que son realizados a medida e interés de las areneras”, criticó. Esto, afirma el letrado, lo ha dicho “en cada audiencia pública que he asistido, lo he manifestado. Pero ni siquiera el ‘copia y pegue’ les impidió caer en el yerro inexcusable que denunciare en su oportunidad”, anticipó. Por este actuar, entiende el abogado, el documento “tiene una pifia, vicio, error de origen que, como dicen los penalistas, todo lo que sigue después es nulo, ‘Fruto del árbol envenenado o fruto del árbol venenoso´”.
El detalle de las observancias tomará forma de impugnación del Estudio de Impacto Ambiental, afirmó Luciano al portal Era Verde, que será presentada “a las autoridades correspondientes: Municipalidad de Ibicuy y Secretaría de Ambiente provincial, y que ambas tendrán que responder, a cada punto”. Hasta tanto no se evacúen las solicitudes de información, la aprobación estará en suspenso, planteó.
Lo que más ha llamado la atención de Luciano, y uno de los ejes de esa impugnación es respecto a lo que se denomina Plan de Cese, “o dicho de otra forma ‘cómo solucionamos los pasivos / daños ambientales generados por la actividad minera’” que, según se menciona en la página 243 se “dan como alternativa a la ‘Acuicultura en canteras’”. En este orden, en el punto 3.13 propone que “el cese y abandono está previsto para el año 2032, con una prórroga por condiciones complementarias hasta 2037. El destino proyectado con el cual se reemplazará a la actividad minera en el establecimiento será producción ganadera y aprovechamiento de los humedales antrópicos con acuicultura como propuesta productiva”. Al respecto, el profesional explicó que “se debe entender como ‘humedal antrópico’ a las fosas que dejan las areneras luego de su paso depredador, es decir dejan como pasivo/daño ambiental una modificación ‘contra natura’ de lo que la naturaleza sabiamente generó durante miles de años”. Y que “llamar ‘humedal’ a las fosas que dejan las canteras es una falta de respeto hacia los habitantes de Entre Ríos”.
Respecto a la cría de “peces en cautiverio”, a Luciano le surgen algunas incógnitas, como “quién instruirá a los lugareños de la zona en la nueva actividad; de donde surgirán los capitales y el agua para la ‘nueva y revolucionaria’ actividad económica; como harán para cambiar la idiosincrasia de los habitantes de la zona que tienen muy arraigada su forma de vida que se sustenta en la cría de ganado bobino, ovino, y equino’.
Finalmente, calificó a quienes realizaron el estudio como “desinformados y faltos de preparación”, que “intentan de cualquier forma hacer parecer viable algo que es inviable”.
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La Justicia suspendió la derogación de la ley de Tierras prevista en el DNU de Javier Milei

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y suspendió preventivamente el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras.
Además, el magistrado ordenó inscribir un proceso colectivo y le pidió al Poder Ejecutivo Nacional el informe previsto en la ley 16.986 en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución.
“En el reglamento atacado, se invocó como menester la derogación de la Ley 26.737 (llamada Ley de Tierras), no obstante se omitió brindar fundamentación adecuada sobre la relación subyacente que explicaría la forma según la cual, la abrogación de la norma, contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, sostuvo Kreplak. Y agregó: “No se advierte entonces, prima facie, que el acto estatal impugnado (derogación de la norma legal) sea adecuado al fin que persigue el estado (superación de problemas sociales y económicos) y que el medio utilizado (Decreto de Necesidad y Urgencia) sea proporcionado y conducente a ese fin”.
La ley de Tierras limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En concreto, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogaba, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.
Además, hoy las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden tener más del 30% de ese 15% total sobre las tierras rurales y en ningún caso pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y en las que sean declaradas equivalentes.
Por otro lado, la ley advierte que está prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. “Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”, sostiene el artículo 6 de la Ley. Esto significa, que si un argentino hace de testaferro de un extranjero para la adquisición de tierras por fuera de la ley, tendrá graves consecuencias legales.
La normativa contempla igualmente algunas excepciones. Pueden adquirir libremente tierras los extranjeros con más de diez años de residencia contínua y permanente en el país, así como aquellos que tienen hijos argentinos y demuestran que tienen una residencia de 5 años continua y permanente en el país.
También pueden comprar libremente las personas casadas o que conviven con un argentino o argentina desde 5 años antes de adquirir la tierra rural y que demuestran residencia permanente y continua. Es importante aclarar que se considera “residencia continua” cuando la persona está en el país más de 9 meses cada año.
Al momento de suspender la derogación de la Ley de Tierras, Kreplak objetó la modalidad utilizada por el Gobierno. “Finalmente, habré de destacar que prima facie, el reglamento impugnado no habría cumplido con los procedimientos esenciales y sustanciales para su dictado, ni posee el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico”, dijo.
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Confirman el nexo entre pesca de arrastre y cambio climático: por qué la Ley Ómnibus no busca salvar el mar

Fecha de Publicación: 31/01/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Los argentinos no dibujan el mar. No lo conciben como un espacio territorial soberano. El territorio, puesto a ser definido, resulta en un mapa contorno, repleto de golfos, cabos, penínsulas y bahías, pero más allá, dentro del agua, aunque existe una abundancia, pareciera para el inconsciente colectivo haber poco y nada. Nadie dibuja la Argentina incluyendo la llamada zona exclusiva económica, que se extiende hasta la milla 201 desde la costas del litoral atlántico. En conclusión, muy pocos saben que el 33% por ciento de territorio nacional es océano profundo y diverso. O pocos, además, recalan en que si las Islas Malvinas son argentinas -reclamo inalterable- es porque aquellos archipiélagos desconocidos y añorados se encuentran dentro de los límites de la Nación.
Como el mar es un espacio recreativo y vacacional, como prácticamente se ignora, casi nadie conoce lo que ocurre allí con el manejo, fuera de control, de los recursos naturales. Nadie sabe que la Argentina está comprometida a proteger el 30% de su superficie marítima para el año 2030, creando zonas protegidas de la amenaza extractiva. Nadie conoce que debajo de esa llanura ondulante y azulada ocurre, de modo sistemático y silencioso, un ecocidio. Un desmonte como los de los bosques nativos de Santiago del Estero y Salta, donde se suele violar la ley de bosques. Solo que aquí, en el mar (esta nota se escribe desde los confines de Chubut), no existe ley alguna y ese mecanismo llamado pesca de arrastre aniquila cientos de especies en pos de un negocio multimillonario que parece no tener techo.
Se viene hablando de la técnica porque la pujanza del ambientalismo está consiguiendo que el tema aflore. Los pescadores -tanto los trabajadores como los dueños del negocio- saben que manejan un recurso que se puede terminar.
Asumen por lo bajo que hay cosas para discutir, que las vedas que existen para ellos “son laxas”, que la coima es moneda corriente y que “se controlan a sí mismos” en un negocio que no tiene pausa. Financian la política, influyen sobre periodistas y legisladores. Saben que existe un sistema que los beneficia en detrimento de la naturaleza, que la rueda gira y no se puede detener.
Pescan langostino y en menor medida merluza, pagando por esas cuotas de pesca aranceles nimios. Tributan, según un consenso extendido, relativamente poco. Muchas empresas con bandera argentina están financiadas por capitales internacionales (chinos, españoles, taiwaneses, coreanos). El régimen pesquero está diseñado a la medida de los que ganan, sin fiscalización, con un criterio economicista pero sin parámetros de cuidado de la naturaleza: sin rangos de sostenibilidad.
La pesca exporta 2.500 millones de dólares por año. Flotas de barcos salen a diario desde Mar del Plata, Rawson, Trelew. Flotas amarillas y coloradas, que pasan la red, descargan producto en puerto y despachan al exterior el 95% de todo lo que traen. Casi nada de todo lo que se extirpa del mar se consume en la Argentina (La milla 201 es un tema aparte de todo el escenario aquí descripto).
Mar adentro, echan redes que pueden tener 18 metros de diámetro. Esas redes vuelven infladas como un globo naranja con toneladas de langostinos. En la barrida aplastan y matan todo tipo de especies. Esas especies se descartan, muertas, al mar. Esta semana se conoció el video de una de esas redes gordas a raíz de un descarte masivo de langostinos cometido por trabajadores portuarios de Rawson en una protesta de fines del año pasado. El descarte es como una doble matanza.
La pesca de arrastre tiene además un poderoso impacto climático. Los sedimentos marinos son una importante reserva de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Al degradar las redes el lecho marino, se liberan grandes cantidades de carbono que vuelven a la atmósfera.
Un estudio publicado este mes en la revista Frontiers in Marine Science ha descubierto que la pesca de arrastre es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.
Según el artículo, la pesca de arrastre de fondo realizada entre 1996 y 2020 aportó 0,97 partes por millón de CO2 a la atmósfera. Si continúa como hasta ahora, los autores predicen que añadirá entre 0,2 y 0,5 ppm más de CO2 para 2030. Para contextualizar, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta actualmente una media de 2,4 ppm al año, según el informe 2023 Global Carbon Budget.
"El calentamiento global es como la muerte por 1.000 cortes. Son muchas fuentes distintas las que producen emisiones de CO2", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del nuevo estudio. "Las emisiones de la pesca de arrastre de fondo son pequeñas comparadas con las que produce la quema de combustibles fósiles en tierra, pero todo, todo cuenta".
Para frenar esta práctica destructiva, los consumidores podrían esforzarse por evitar en el supermercado el pescado capturado con arrastre de fondo, pero Sala añade que, salvo en unos pocos casos concretos, esto puede no marcar la diferencia. En su opinión, el objetivo debe ser conseguir que las zonas protegidas restrinjan totalmente esta técnica de pesca. Crear zonas de veda.
Esa discusión comienza a ser incipiente en la Argentina. Un sector del ambientalismo y de la política trabaja para que el tema finalmente salte a debate. "Lo más lógico sería prohibir la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas", afirma Sala: "Empecemos por ahí", agrega. Pero la Argentina tiene su contexto específico. Un flamante presidente que quiere cambiarlo todo. Un oficialismo que abrió el debate por el lado equivocado. La Ley Ómnibus buscó modificar el régimen pesquero, sin atender ninguna de las cuestiones hasta aquí narradas.

Cambios en la ley de Milei
Una marcha atrás que no necesariamente implicará que las cosas mejoren. Así se lee desde el ambientalismo lo que ocurre con las modificaciones al régimen pesquero promovida por la Ley Ómnibus con la que el presidente Javier Milei se propone refundar la Argentina. Por presión de la industria y de las provincias costeras de la Patagonia, el Gobierno aceptó derogar los artículos que generaban enojo.
La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario. Puso a los medios masivos de comunicación a hablar de pesca. Un tema no tocado. El debate se abrió por la arista impensada. Para los pesqueros, Milei remataba el mar argentino, lo concedía a los chinos que acechan en la milla 201. Abandonaba los puertos argentinos. Remataba la zona exclusiva económica.
“La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, explica un experto del sector consultado por Clarín. “Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, agrega. Pide que no se revele su nombre porque es un “jugador fundamental”.
Las regalías por pesca de langostinos son de alrededor 0,3%. Las de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15%. “Este es uno de los problemas que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, incrementando los aranceles que pagan las empresas. Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Eso fue corregido”, dice el analista.
Esta palabra fue removida en la nueva versión de la ley, clarificando dicha confusión. Respecto al proyecto inicial también se modificó el artículo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina. Alivio para la industria local, sí, pero nada dicho sobre la protección de un recurso que se puede terminar.

La voz de un experto
Leandro Calvo es abogado, secretario de la fundación Misión Atlántico. La organización impulsa desde Chubut un debate necesario sobre la creación de áreas protegidas marinas. Recogen la voz de decenas de ONG's reunidas alrededor del Foro para la Conservación del Mar Argentino. Todos consideran que la industria pesquera debe discutir con el ambientalismo un forma de zona “no take” para la preservación de los ecosistemas y la sostenibilidad del recurso.
“Sería bueno para todos -dice Calvo-, pero el debate arrancó por otro lado. Lo que nosotros vemos es que hoy la ley de pesca está planteando estándares laxos y cuestionables. No son solo económicos. La Ley Ómnibus plantea transicionar hacia un criterio que atiende solo la variable económica. Además, se están eliminando los criterios de faltas. La única variación que aceptó el gobierno fue el criterio internacional. Eso es un maquillaje porque lo que tenés es capitales internacionales financiando empresas argentinas”.
“Se necesita mejorar las pesca que tenemos. No profundizar el extractivismo. Necesitamos un cambio que vaya a la sostenible, con artes de pesca menos dañinas para el ambiente. Nuestro objetivo de máxima es crear un área marina protegida. Argentina tiene compromisos internacionales en ese sentido y deberá cumplir para no chocar, entre otras cosas, con mercados que exigen el respeto por el medio ambiente. Salvar el mar es salvar también el negocio de la pesca”.
Calvo finaliza: “En resumen, coincidimos en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se beneficiaría claramente a empresas extranjeras en detrimento de aquellas que han invertido y tienen historial productivo en nuestro país, profundizando la primarización de la matriz productiva y el deterioro de nuestro mar”.
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Exigen eliminar el "capítulo ambiental" de la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 30/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los activistas alertan sobre los negocios entre privados que se abrirían si dejan de existir las leyes que protegen bosques, glaciares y suelos, entre otras.
"Hay que eliminar el capítulo ambiental”. "Es un retroceso y un duro golpe a la legislación conseguida”. "Entrega recursos soberanos”. Con estas definiciones se plantan las organizaciones ambientalistas en la escena donde crecen los reclamos al proyecto Ley Ómnibus y su adlátere -–o viceversa--, el mega DNU de Javier Milei. Lo expresó en el Plenario de Comisiones el abogado ambientalista Enrique Viale y lo confirmaron 150 organizaciones esta semana en una carta dirigida a los Diputados nacionales en defensa de la legislación ambiental vigente, modelo en el mundo en protección de bosques o glaciares. Exigen eliminar el “capítulo ambiental” por “lo preocupante y peligroso” de las propuestas que “no tienen relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para incorporarlas en el paquete de reformas”.
De aprobarse esta reforma, la Ley de bosques, la de glaciares y la de quema pueden transformarse en leyes de “desprotección” advierte Consuelo Bilbao del Círculo de Políticas Ambientales. Aun cuando el dictamen eliminó el desmonte en zonas protegidas --como pretendía el texto original--, se endureció respecto a glaciares dándole entrada a la extracción minera en sus alrededores. Toda una bienvenida a las corporaciones de la megamineria.
El dictamen extiende además el plazo para habilitar la quema de pastizales ante la “ausencia de respuesta de las autoridades”. Propone un tratado que modifica las normas de propiedad intelectual de las semillas afectando especialmente a las criollas, y norma otra sobre transición energética que solo involucra al mercado de carbono ("otro sinsentido" apuntan los expertos). Junto a los artículos destinados a desfinanciar la protección ambiental, el capítulo queda en alerta roja y “se perjudica gravemente al pueblo argentino” sentencia Viale.
Detrás de los cambios asoman “interesados con nombre y apellido y empresas como la Barrick Gold detrás de la ley de glaciares” detalla el abogado ante Página/12 al ampliar su intervención en el Congreso, como referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas la semana pasada. Viale señaló allí al empresario hotelero Eduardo Elsztain, a Mauricio Macri y al ministro Luis Caputo, no solo como responsables del desmonte de miles de hectáreas. También como parte de quienes conspiran para que se apruebe el proyecto que busca “privatizar las nacientes de agua, apropiarse de recursos mineros -–oro y plata, por caso--, y devastar el monte para el agronegocio”. Algo que buscarán también, sino queda en el articulado de la ley, "al otorgarle las fatales facultades delegadas al Ejecutivo” anticipa.

No es ajuste, es entrega
Dado que el objetivo no es “achicar gastos” –como explican las organizaciones- se evidencia el motivo real de los cambios: la entrega de recursos, el despojo. “Es paradójico, trabajamos mucho las organizaciones para lograr estas leyes y ahora estamos trabajando para que no las volteen” reflexiona Bilbao. Las modificaciones minimizan los criterios de protección. “Y se vulnera el principio de no regresión ambiental porque implica disminuir niveles de protección ya alcanzados” agrega. Viale coincide: “Hasta hace poco debatíamos una ley de humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace 15 años: la de bosques y la de glaciares. ¡Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX!”.
En la tensión se distingue una postal apocalíptica donde podríamos ver un futuro cercano con aumento de sequía por desforestación, producto del desmonte o la quema indiscriminada. El agua sería un lujo arábigo porque las nacientes de los ríos --los glaciares-- ya no serían un recurso soberano, estarían en manos privadas, y también sus alrededores convertidos en campos de extracción minera. Una postal desoladora. Eso pretende hacia el futuro, el proyecto presentado.
Las organizaciones expresan su rechazo: “No creemos que el capítulo ambiental siquiera se tenga que discutir, tiene que ser eliminado -–señala Bilbao--. El tema ya se discutió y se sancionaron leyes modelo: la Ley de Bosques logró en 2007 frenar la abrupta curva de aumento de los desmontes, sobre todo en Chaco. La tasa bajo considerablemente y eso es importante para nuestros bosques. Sin esa ley podría haber sido una catástrofe”.

Ley de glaciares
“Hoy lo que más nos preocupa es la Ley de Glaciares” afirma la especialista. Votada dos veces, sancionada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos, en dos oportunidades, la Ley 26.639 de Protección Ambiental de glaciares y ambiente periglacial -–su nombre oficial--, corre peligro de derrumbe. “No sabemos en qué escritorio se decidió cambiarla en tres artículos fundamentales” comparte.
La ley vigente plantea que los glaciares son “un recurso hídrico estratégico para la vida humana” detalla Bilbao. “Pero esa concepción ya no figura en el Artículo 1. Y en el 2 se piden requisitos extras para ser áreas protegidas, o sea que se los desprotege y se habilita la actividad minera”. El Artículo 6 que establece las prohibiciones de la actividad minera “ahora queda sujeto a los artículos 1 y 2 modificados, porque buscan reducir área de protección periglacial”.
Esto genera mayor inseguridad jurídica, aunque promueve las inversiones, claro. Los glaciares son “fábricas de agua” define Viale. “Allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que dan vida y trabajo a su paso”. Hoy pueden terminar en manos de corporaciones como la canadiense Barrick Gold porque “Las modificaciones presentadas fueron escritas por sus abogados”.
Esta empresa explota glaciares de alta montaña en San Juan y Mendoza con minas metalíferas, y quiere expandir sus dominios. Actualmente no puede porque las zonas periglaciales están inventariadas y protegidas. “Por eso quieren achicar el área protegida” anuncia el abogado. “Esto está escrito con la idea de liberar áreas específicas. Es un avasallamiento y es preocupante tanta desprotección”, coincide Bilbao.

Sobre bosques y quemas
En bosques hubo cambios, entre el proyecto y el dictamen conocido hasta ahora, como en otras áreas. El texto original permitía desmontar zonas de máxima protección: rojas y amarillas. “Esto se eliminó en el dictamen, pero queda la modificación del Fondo para la protección de bosques nativos”, señala Bilbao sobre el Fondo que contaba con el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 0,2 de retenciones. Se eliminan también las partidas presupuestarias fijas y se deja las partidas a discrecionalidad del Ejecutivo.
En cuanto a quemas la situación “se agravó” en el dictamen porque permite ante un pedido de autorización de quema con 90 días sin respuesta, entender una autorización “tacita”. Considerando las sequías y los incendios no se debería ignorar a la autoridad local: “Corrientes perdió el 12 por ciento de la provincia por incendios. Tuvimos meses de humo en las riveras del Paraná por los incendios en Santa Fe” acierta Viale.
La norma sin embargo ignora a las autoridades al momento de evaluar si hacer o no una quema. Se ignoran también las sanciones por quema indebida: cuando no se autorizan por cuestiones climáticas, pero el productor igual quema. Ya no habría sanción si se propaga un incendio como establece la Ley 26.562 de actividades de quema. Por eso exigen y concluyen de cara al tratamiento del articulado, que "estas modificaciones y sus consecuencias perjudican gravemente al pueblo argentino”.  
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Además de tierra y agua buscan privatizar las semillas: otro atentado a la soberanía alimentaria

Fecha de Publicación: 23/01/2024
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Nacional


Uno de los artículos de la Ley Ómnibus busca que Argentina adhiera a la UPOV 91. Se trata de una convención internacional que avanza sobre la actual Ley de Semillas. Denuncian que de aprobarse, los derechos de la propiedad intelectual quedarán en manos de corporaciones trasnacionales
Pocas cosas simbolizan tan claramente el futuro como una semilla. Fecundación y reproducción de la especie, continuidad, vida por venir. La Ley de Semillas que intenta modificar el Gobierno nacional pone en riesgo el futuro de la soberanía alimentaria. Así lo resaltan cientos de organizaciones socioambientales, asambleas y productores de todo el país en rechazo a uno de los 664 artículos introducidos en la Ley Ómnibus que se debe definir en el Congreso de la Nación: la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91. Denuncian que de aprobarse, los derechos de propiedad intelectual de las semillas quedarán en manos de las grandes corporaciones transnacionales, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, o las nacionales como Bioceres o Don Mario. Y que lo que está impulsando es la privatización de un bien común que se ejerce hace diez mil años a lo largo y ancho del planeta.
La adhesión de Argentina al UPOV 91, propuesta en el artículo 241, sumó el rechazo de más de 1.400 organizaciones de todo el país que adhirieron a un pronunciamiento público emitido por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) y difundido la semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación donde se debate el proyecto de la Ley Ómnibus.
“Quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”, dijo Marcos Ezequiel Filardi en representación de la Red Calisas que nuclear más de medio centenar de espacios que defienden el modelo agroecológico y la soberanía alimentaria.
“Para el paradigma de la Soberanía Alimentaria las semillas son la base de la reproducción de la vida misma y un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad”, agregó Filardi que leyó parte del documento que rechaza la adhesión de Argentina a la UPOV 91.
Al respecto señaló que la Convención de 1991 es la última versión del tratado sobre propiedad intelectual de semillas, “un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y nacionales como Bioceres o Don Mario”.
En ese sentido sostuvo que “desde hace años este puñado de corporaciones a través de sus organizaciones, buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas actual (N° 20.247 de 1973) que reconoce derechos de propiedad intelectual (de obtentor) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas. Los intentos de modificación de la ley fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil”.
Según explicó Filardi, la incorporación de Argentina a la UPOV 91 implicaría la modificación de la actual Ley de Semillas que debería ser adecuada a las disposiciones, como sucede con los países que firman acuerdos de libre comercio, ya que por tratarse de una Convención Internacional tiene jerarquía de leyes.
“Una discusión que lleva más de una década de debate parlamentario sin consensos, pretende zanjarse por arriba, sin debate específico, en el marco del tratamiento express de una Ley Ómnibus y en sesiones extraordinarias”, esgrimió.
En esa línea recordó que la adhesión de Argentina a la versión 1978 de UPOV, realizada en 1994, llevó dos años de tratamiento y discusión en el Congreso de la Nación: “Ahora se pretende aprobar una versión mucho más restrictiva de los derechos en menos de un mes, sin dar a conocer el texto y sin una discusión profunda en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, como corresponde habitualmente”.
Al continuar con la lectura del pronunciamiento, Filardi expresó: “La adhesión a UPOV 91 representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria: reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, amputa derechos de las y los productores cercenando la posibilidad que tienen de hacer «uso propio» de sus reservas de semillas, extiende la «protección» también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”.
Y agregó: “Lo que está en juego en el artículo 241 del proyecto es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.
En ese sentido remarcó “que lo único que se opone al control absoluto de 4, 5 empresas es el uso propio «gratuito», reconocido por la Ley de Semillas actual y la versión 78 de UPOV a la que nuestro país ha adherido, y que se enmarca en una concepción del «derecho de las y los agricultores» tal como contempla el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA)”.
Por último dijo que las organizaciones firmantes reclaman al Congreso de la Nación el rechazo a la adhesión a UPOV 91 “en amparo de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.
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En su Informe Anual sobre deforestación, Greenpeace denuncia que en 2023 aumentaron los desmontes en el norte argentino

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista midió la superficie desmontada en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. El resultado dio un total de 126.149 hectáreas, más que las 119.805 alcanzadas en 2022. Además, en el trabajo presentado demandan que se rechacen las modificaciones medio ambientales incorporadas en la Ley Ómnibus
Entre 1998 y 2022, los bosques nativos de la Argentina perdieron 7 millones de héctáreas. Es decir, fue deforestada una superficie similar a la que tiene la provincia de Formosa. La cifra la elaboró el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cerrado por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto significa una lenta pero sostenida amenaza contra la biodiversidad, la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación del suelo y el hábitat de numerosas comunidades de pueblos originarios y campesinos. En especial, según las conclusiones del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino que publica Greenpeace, esto se verifica en esa región del país. El 75% de los desmontes -señalan- tienen lugar en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. En esa zona se encuentra la región llamada Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, que aloja 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Ahora, Greenpeace denunció que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas. Según la organización ecologista, las principales causas de pérdida del bosque son el avance de la frontera agropecuaria para ganadería intensiva y soja transgénica, y los incendios forestales. “Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática”, señalan. En el trabajo se indica que durante el 2023, la deforestación en la provincia de Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 y en Salta 8.526. Esto da un total exacto de 126.149 hectáreas, superior a las de 2022, cuando alcanzó las 118.805).
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explica que “el reporte lo venimos realizando desde el año 2016 en base a la comparación de imágenes satelitales. Además incluimos documentación fotográfica y de video. Lo que detectamos es que tenemos una tendencia a la baja de la deforestación desde el año 2014, un 40% menos que antes de la sanción de la Ley de Bosques, que fue a fines del 2007. Pero en el 2023 hubo un poco más de desmontes”.
Por eso, además, la organización le reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la mencionada Ley de Bosques, que flexibilizaría las restricciones a la deforestación y que solicitan, por el contrario, que se avance en su penalización. Cuando la Ley 26.331 fue sancionada, hizo posible que el 80% de los bosques nativos estén clasificados por leyes provinciales. a través del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) como zonas de distintos grados (clasificadas en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la sensibilidad de cada área) donde no se puede desmontar.
Ahora, la Ley Ómnibus que envió el gobierno al parlamento plantea modificar el artículo 26 por el siguiente enunciado: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.
Según Greenpeace, de modificarse la norma, 50 millones de hectáreas estarán en peligro, porque los desmontes podrán ser autorizados. No obstante, dicen en el Informe Anual, la Ley ya no se respetaba en su totalidad: “Algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”.
Asimismo, en el trabajo destacan “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. Y añaden que “resulta también grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”.
Giardini indica que “el consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en que nos encontramos. Las modificaciones a la Ley de Bosques propuestas en la Ley Ómnibus provocarán un aumento descontrolado de los desmontes. Es un retroceso inadmisible considerando que Argentina firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. La Ley de Bosques es una herramienta clave para proteger nuestros bosques, que debemos fortalecer penalizando su incumplimiento”.
Las consecuencias, revela el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, serán que “van a permitir que las provincias autoricen desmontes en las zonas que las propias provincias habían marcado como áreas donde no se puedem permitir, que son precisamente las que poseen el 80% de los bosques. Bueno, la Ley Ómnibus lo que incorpora es un artículo en el que puede haber excepciones a eso”.
Por último, Giardini señala que la modificación a la Ley de Bosques quitaría “la posibilidad de acceso a la información pública del tema de deforestación de comunidades campesinas e indígenas, que es una obligación y ya no lo sería”. Y plantea una cuestión vital para luchar contra el fuego: “Los fondos de la ley, está establecido, deben ser por lo menos el 0,3% del presupuesto más el 2% de las de la recaudación que hace el Estado de retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Si bien en el año 2023 no se han completado como dice la normativa, ahora quedarían a criterio exclusivo del del Poder Ejecutivo los fondos se se entregan, y en la práctica eso significa un desfinanciamiento de la ley, que implicaría menos controles para las provincias, menos capacidad de control a los desmontes ilegales, menos fondos para combatir incendios y también para fomentar actividades sustentables en el bosque”.
En el año 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, fue fundamental la participación de la sociedad civil, que reunió un millón y medio de firmas que se entregaron al Congreso. Ahora, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición a través de la web “salvalasleyesambientales.org” para salvar las leyes ambientales, como la de Bosques y la de Glaciares, de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus.
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Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
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El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
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Avance de la Justicia porteña para que Buenos Aires tenga un Código Ambiental

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


La Cámara ratificó el fallo que declara inconstitucional la ausencia de esta legislación. La Legislatura deberá encargarse, mientras tanto, de garantizar el cumplimiento de la ley en medio de la crisis climática.
La Cámara de Apelaciones porteña ratificó el fallo de primera instancia que había declarado inconstitucional la falta de un Código Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. La elaboración del Código está prevista por la Constitución porteña de 1996, pero los y las legisladores nunca lo llevaron adelante. En su fallo, la Cámara estableció que la Legislatura deberá realizar el procedimiento de doble lectura, con audiencia pública incluida, en todas las normas de "contenido ambiental" hasta tanto se concrete la aprobación del Código en cuestión.
"Ha quedado demostrado que la Legislatura incumplió el mandato constitucional que le impuso la sanción del Código Ambiental, por más de 25 años desde que el órgano legislativo de la CABA comenzó a funcionar". Eso escribieron en su resolución los camaristas Fernando Juan Lima, Marcelo López Alfonsín y Mariana Díaz, integrantes de la Sala N°II de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. Así, los jueces ratificaron el fallo de primera instancia del juez Guillermo Scheibler, "en cuanto declara la inconstitucionalidad de la omisión de la Legislatura de sancionar el Código Ambiental de la CABA".
La declaración de inconstitucionalidad ratificada ahora por Cámara se basa en el Inciso N°3 del Artículo N°81 de la Constitución porteña, que establece "atribuciones" de los y las legisladoras porteñas, entre las que se encuentran las de aprobar y modificar "los Códigos de Planeamiento Urbano (CPU), Ambiental y de Edificación". El CPU, hoy llamado Código Urbanístico, y el de Edificación ya existen, pero el Ambiental nunca se elaboró.  

No eludir obligaciones
El fallo de primera instancia había sido emitido por Scheibler en agosto del año pasado y las autoridades de la Legislatura, comandada por el oficialismo porteño, apelaron esa decisión. Según destacan los camaristas en el fallo, uno de los argumentos de la apelación se centró en la ausencia de un plazo estipulado por la Constitución para la concreción del Código, por lo que, sostuvieron, no habría un período previsto para realizarlo. Para los jueces, sin embargo, "la ausencia del plazo aludido no constituye un argumento suficiente para eludir la obligación".
El fallo agrega que, aunque la Constitución no prevea ningún plazo, la "demora en la concreción de dicho mandato constitucional ha superado toda pauta temporal que pudiera estimarse razonable". "Aun cuando no contenga un plazo a partir del cual pueda computarse su mora, expresa pautas de contenido y procedimiento que le imponen la tarea de sistematizar las leyes de contenido ambiental en un cuerpo único codificado", añadieron los camaristas.
Además de la Constitución porteña, el Plan Urbano Ambiental (PUA) también prevé la conformación del Código. En su artículo N°24, la norma detalla en qué consistiría al precisar que "contendrá el conjunto de disposiciones que regulen la calidad del medio ambiente con vistas al logro de su máxima sustentabilidad y el control de las situaciones de riesgo". "Contendrá los mecanismos procedimentales de las acciones judiciales de índole ambiental, incluyendo el procedimiento de recomposición del ambiente en caso de daño ambiental colectivo", precisa el PUA, que agrega que el Código deberá atender "a la prevención de acciones ambientalmente inadecuadas y, en su caso, la resolución o morigeración de las situaciones indeseables existentes, asegurando la máxima recuperación posible del medio afectado".

Asegurar la participación ciudadana
El fallo de Cámara no sólo ratifica la declaración de inconstitucionalidad, sino que ordena a los y las legisladoras porteñas que, mientras no dicten el Código Ambiental, aseguren "la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones ambientales, asignando a las leyes de contenido ambiental el procedimiento de doble lectura". La decisión se basa en que la aprobación del Código debería cumplir con ese procedimiento, que incluye audiencia pública. Al no haber aprobado el Código, razonan los jueces, "una gran cantidad de leyes sobre medio ambiente se dictaron al margen del procedimiento", por lo que no garantizaron los mecanismos de participación ciudadana previstos en materia ambiental.
"Esto es lo que ha venido sucediendo desde hace 25 años en la Legislatura porteña, donde se flexibilizó normativa ambiental como en el caso de la ley de basura cero o la ley de evaluación de impacto ambiental sin participación ciudadana", destacó en este sentido Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la organización que en 2018 presentó el amparo que derivó en los fallos judiciales. El abogado subrayó que la resolución de Cámara está "excelentemente fundada", ya que establece que la omisión de elaboración del Código "no sólo soslaya el mandato constitucional, sino que afecta el derecho a la participación ciudadana, ya que no genera el espacio que se le aseguró a la ciudadanía en el proceso legislativo".
"Esta es una gran conquista de la ciudadanía porteña que, frente al negacionismo climático de quienes hoy nos representan, se organizó para exigir un Código Ambiental que nos permita discutir las acciones necesarias para mitigar la actual emergencia ambiental y climática que atraviesa nuestra ciudad", remarcó, por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, que también participó de la demanda. "En estos 25 años de espera la emergencia ambiental y climática sólo se profundizó", advirtió.
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