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El macrismo quiere "compensar" a las mineras
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El plan oficial para contrarrestar el impacto de las retenciones mineras
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: EcoJournal
Provincia/Región: Nacional
Desde la Secretaría de Política Minera comenzaron a implementar un plan regulatorio y de gestión que busca atenuar el efecto en el sector de las retenciones a las exportaciones que impuso el gobierno. Buscan “eliminar cargas innecesarias”.
El gobierno nacional impuso retenciones a las exportaciones en septiembre de 2018, una decisión que tomó en medio de la crisis cambiaria y económica acorde con las exigencias del FMI para que la Argentina cumpla con uno de sus requisitos de déficit fiscal cero. Las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado del país en bienes primarios provocó cambios en distintos sectores económicos, entre ellos el minero.
Este tributo, que fue anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó en septiembre pasado y concluye el 31 de diciembre de 2020. Para contrarrestar sus efectos, en la Secretaría de Política Minera, que conduce Carolina Sánchez, comenzaron a implementar una serie de atenuantes para que el sector no sufra fuertes golpes.
En concreto, el Poder Ejecutivo busca agilizar mecanismos y nuevos procedimientos para favorecer a los beneficiarios de la Ley 24.196 de inversiones mineras. Cerca de la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, señalaron a Econojournal que la idea es ir tomando medidas “pensando en la simplificación y modificación de normas regulatorias para brindar simpleza, claridad y precisión”.
El objetivo es “compensar” las retenciones a las exportaciones para mejorar la competitividad del sector, afectado por esta medida. Para esto, buscarán “eliminar cargas innecesarias” en cuanto a normas y procedimientos para los beneficiarios de la ley de inversiones mineras.
El plan comenzó el 2 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 30/2019, firmada por Carolina Sánchez. Allí se aprobó “el procedimiento de inscripción en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras”. En los considerandos del texto oficial se afirma que, luego de que se analizaron las exigencias requeridas a los beneficiarios, el régimen especial de fomento a las inversiones mineras “debe establecer una mejora en la tramitación de la solicitud para la inscripción” al registro, “con el objeto de simplificar la tramitación en un único cuerpo normativo que conlleve a la facilitación, celeridad, transparencia y modernización”.
En total, van a ser alrededor de cinco resoluciones que irán saliendo en los próximos meses. Todas estas reformas tienen el mismo objetivo: contrarrestar las retenciones a las exportaciones en la minería para que este sector vuelva a tener la competitividad que tenía antes de la medida impulsada por Dujovne.
La reforma quizá más contundente (y que se conoce hasta el momento) tiene que ver las declaraciones juradas. En la secretaría hablan de “presunción de buena fe”, que tiene que ver con “invertir la carga” que viene teniendo el sector privado. El plan oficial promueve que sea la propia empresa la que debe declarar verazmente los datos de las propias compañías “y no el Estado quien las persiga para que lo hagan”. “La administración pública debe entenderlo así en pos de la agilidad y eficiencia de los procesos”, señalaron a Econojournal.
Esta medida apunta a que en el procedimiento de presentación de declaraciones juradas tenga menos peso el mecanismo de multas y de sanciones que, incluso, llegan hasta la pérdida del beneficio del régimen de fomento de la ley. Desde la secretaría argumentan que esto va a permitir “mayor fluidez y veracidad en los datos presentados por las empresas”.
El plan que impulsa la Secretaría de Minería también la incorporación de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para permitir “el acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea”, indicaron desde el ministerio de Producción.
A su vez, se eliminaron las exigencias de distintos requisitos con el objetivo de “reducir cargas agilizando la gestión y dotando de transparencia a los procesos administrativos” y “evitando la pérdida de tiempo”. Además, en Minería buscan lograr “mayor interoperabilidad de los sistemas e intercambio de información intra y extra organismos del Estado para evitar solicitar documentación al administrado que ya se encuentra en poder de la Administración Pública”.
Altas y bajas al registro de la Ley de Inversiones Mineras
Desde la Secretaría de Minería también se implementó una revisión del procedimiento para la inscripción y mantenimiento de las empresas en el registro de la Ley de Inversiones Mineras. Se incorporó en la regulación “aquellos casos en que las empresas inscritas modifiquen su denominación, tipo societario o decidan reorganizar la sociedad en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
A su vez, con el objetivo de “depurar y actualizar el registro”, se reguló un procedimiento de “bajas”, destinado a aquellas empresas que nunca utilizaron los beneficios del régimen o que dejaron de cumplir con los requisitos “por un lapso temporal prolongado como para dejar en evidencia la falta de interés en la utilización efectiva del régimen”.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: EcoJournal
Provincia/Región: Nacional
Desde la Secretaría de Política Minera comenzaron a implementar un plan regulatorio y de gestión que busca atenuar el efecto en el sector de las retenciones a las exportaciones que impuso el gobierno. Buscan “eliminar cargas innecesarias”.
El gobierno nacional impuso retenciones a las exportaciones en septiembre de 2018, una decisión que tomó en medio de la crisis cambiaria y económica acorde con las exigencias del FMI para que la Argentina cumpla con uno de sus requisitos de déficit fiscal cero. Las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado del país en bienes primarios provocó cambios en distintos sectores económicos, entre ellos el minero.
Este tributo, que fue anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comenzó en septiembre pasado y concluye el 31 de diciembre de 2020. Para contrarrestar sus efectos, en la Secretaría de Política Minera, que conduce Carolina Sánchez, comenzaron a implementar una serie de atenuantes para que el sector no sufra fuertes golpes.
En concreto, el Poder Ejecutivo busca agilizar mecanismos y nuevos procedimientos para favorecer a los beneficiarios de la Ley 24.196 de inversiones mineras. Cerca de la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, señalaron a Econojournal que la idea es ir tomando medidas “pensando en la simplificación y modificación de normas regulatorias para brindar simpleza, claridad y precisión”.
El objetivo es “compensar” las retenciones a las exportaciones para mejorar la competitividad del sector, afectado por esta medida. Para esto, buscarán “eliminar cargas innecesarias” en cuanto a normas y procedimientos para los beneficiarios de la ley de inversiones mineras.
El plan comenzó el 2 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 30/2019, firmada por Carolina Sánchez. Allí se aprobó “el procedimiento de inscripción en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras”. En los considerandos del texto oficial se afirma que, luego de que se analizaron las exigencias requeridas a los beneficiarios, el régimen especial de fomento a las inversiones mineras “debe establecer una mejora en la tramitación de la solicitud para la inscripción” al registro, “con el objeto de simplificar la tramitación en un único cuerpo normativo que conlleve a la facilitación, celeridad, transparencia y modernización”.
En total, van a ser alrededor de cinco resoluciones que irán saliendo en los próximos meses. Todas estas reformas tienen el mismo objetivo: contrarrestar las retenciones a las exportaciones en la minería para que este sector vuelva a tener la competitividad que tenía antes de la medida impulsada por Dujovne.
La reforma quizá más contundente (y que se conoce hasta el momento) tiene que ver las declaraciones juradas. En la secretaría hablan de “presunción de buena fe”, que tiene que ver con “invertir la carga” que viene teniendo el sector privado. El plan oficial promueve que sea la propia empresa la que debe declarar verazmente los datos de las propias compañías “y no el Estado quien las persiga para que lo hagan”. “La administración pública debe entenderlo así en pos de la agilidad y eficiencia de los procesos”, señalaron a Econojournal.
Esta medida apunta a que en el procedimiento de presentación de declaraciones juradas tenga menos peso el mecanismo de multas y de sanciones que, incluso, llegan hasta la pérdida del beneficio del régimen de fomento de la ley. Desde la secretaría argumentan que esto va a permitir “mayor fluidez y veracidad en los datos presentados por las empresas”.
El plan que impulsa la Secretaría de Minería también la incorporación de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para permitir “el acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea”, indicaron desde el ministerio de Producción.
A su vez, se eliminaron las exigencias de distintos requisitos con el objetivo de “reducir cargas agilizando la gestión y dotando de transparencia a los procesos administrativos” y “evitando la pérdida de tiempo”. Además, en Minería buscan lograr “mayor interoperabilidad de los sistemas e intercambio de información intra y extra organismos del Estado para evitar solicitar documentación al administrado que ya se encuentra en poder de la Administración Pública”.
Altas y bajas al registro de la Ley de Inversiones Mineras
Desde la Secretaría de Minería también se implementó una revisión del procedimiento para la inscripción y mantenimiento de las empresas en el registro de la Ley de Inversiones Mineras. Se incorporó en la regulación “aquellos casos en que las empresas inscritas modifiquen su denominación, tipo societario o decidan reorganizar la sociedad en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
A su vez, con el objetivo de “depurar y actualizar el registro”, se reguló un procedimiento de “bajas”, destinado a aquellas empresas que nunca utilizaron los beneficios del régimen o que dejaron de cumplir con los requisitos “por un lapso temporal prolongado como para dejar en evidencia la falta de interés en la utilización efectiva del régimen”.
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Vaca Muerta podría ser una gran desilusión
Vaca Muerta, ¿mina de oro o un gran bluff?
Fecha de Publicación: 24/01/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Una investigación de consultoras de energía, publicada en Wall Street Journal, señala que “los pozos de fracking no producen tanto como se preveía” y se agotan antes. “Vaca Muerta enfrentará los mismos problemas en poco tiempo”, advierten expertos locales.
Aunque se ha buscado tomar recaudos para que no llegue a nuestras costas, una noticia puso en alerta al sector petrolero estadounidense, por motivos de los cuales los inversores en la formación argentina Vaca Muerta no deberían sentirse a salvo. “El problema secreto del fracking: los pozos de petróleo no producen tanto como estaba previsto”, tituló en los últimos días un artículo de Wall Street Journal (WSJ). El texto advierte que “miles de pozos shale (producción no convencional, como en Vaca Muerta) perforados en los últimos cinco años están bombeando menos petróleo y gas de lo que sus propietarios pronosticaron a los inversores, lo que plantea dudas sobre la fortaleza y la rentabilidad del auge del shale”. El estudio, realizado por reconocidas consultoras de energía de Estados Unidos, sugiere que la declinación de la producción es mucho más acelerada de lo esperado. El problema surge ahora en Estados Unidos, que empezó a perforar por sistema no convencional unos cinco años antes que Argentina. Por lo que es previsible que pueda reproducirse en Vaca Muerta en pocos años, advierten los expertos, dado que el problema está dado por el método de fracking, que supone “perforar por un camino artificial, rompiendo la roca, que de a poco se vuelve a tapar, por lo que suele suceder que a partir del tercer año declina la extracción hasta en un 90 por ciento; eso obliga a perforar nuevos pozos constantemente, que siempre van a ser de más bajo rendimiento que las primeras perforaciones para las cuales se eligió el camino óptimo”.
El Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) publicó, en su último informe, una síntesis del artículo del WSJ, el medio indudablemente más influyente en el área de negocios de Nueva York. Comenta dicho centro de estudios que, a partir de un análisis realizado por Rystad Energy, y confirmado por otras dos firmas consultoras de energía, se concluye que las perspectivas de producción y rendimientos de la explotación no convencional “podrían estar ofreciendo una imagen ilusoria”.
El estudio se basa en “un análisis de unos 16 mil pozos operados por los 29 productores más importantes de shale oil”. “El WSJ no quiere socavar la opinión convencional de que el auge del petróleo del shale está llevando a los Estados Unidos a la independencia energética, por lo que es bastante prudente al discutir detalles”, señala el informe del Ceepys al comentar el artículo. “Al principio de la historia, el Journal aclara que el pronóstico defectuoso no significa que la producción de petróleo de Estados Unidos esté a punto de caer. Sin embargo, gran parte de la nota apunta a la conclusión de que una cantidad importante de recursos proyectados para los próximos años no se producirá.”
El WSJ informa, en el artículo citado, que “hace tres años, la empresa Pioneer Natural Resources anunció a los inversionistas que esperaban que los pozos en el shale de Eagle Ford, en el sur de Texas, produjeran 1,3 millones de barriles de petróleo y gas cada uno. Esos pozos ahora parece que están produciendo a un ritmo de 482 mil, un 63 por ciento menos que lo previsto”.
Agrega que “un promedio de las previsiones de Pioneer en 2015 para los pozos que había fracturado recientemente en Permian (otra área de producción en Texas) sugería que producirían aproximadamente 960 mil barriles de petróleo y gas cada uno. Esos pozos ahora están en camino de producir unos 720 mil barriles, según la revisión del matutino, un 25 por ciento por debajo de las proyecciones de Pioneer. La empresa discute estas conclusiones, destacando que asume que sus pozos producirán por lo menos durante 50 años”. El artículo refuta a la empresa, señalando que “dado que la mayoría de las autoridades coinciden en que los pozos de shale estarán bastante agotados en los próximos cinco años o menos, no está claro dónde están los 50 años de vida útil, a menos que estén planificando una costosa re-perforación y un nuevo fracking”.
El Journal señala que “hay otros ejemplos, todos sugieren que los pozos de shale pueden no producir suficiente petróleo con los precios actuales para cubrir los costos de adquisición de tierras, perforación, fracking y producción”. Y advierte que las 29 compañías del sector sobre las que realizó el seguimiento llevan “gastados 112 mil millones más en efectivo de lo que generaron en sus operaciones de los últimos diez años”. “Mientras los prestamistas continúan financiando la producción de shale oil, las participaciones de capital en las compañías de productoras han caído de unos 35 mil millones de dólares en 2016 a alrededor de 6 mil millones el año pasado (2018). En algún momento, Wall Street puede darse cuenta de que los días del petróleo por encima de los 100 dólares, que se necesitan para la producción rentable de shale oil, pueden no regresar y que los mejores lugares para perforar pozos de shale rentables ya no existen.”
Qué pasa en Argentina
¿Cuál es la lección que debería aprender Argentina de la experiencia estadounidense? Según Víctor Bronstein, director del Ceepys, “el problema del fracking en Estados Unidos es un alerta, porque el tema de la declinación de la producción en el sistema no convencional es mucho más acelerado que en la perforación tradicional. En el pozo vertical, de producción convencional, sólo con el mantenimiento, el mismo pozo puede seguir en producción por décadas. En el fracking se llega al hidrocarburo por un camino artificial, rompiendo la roca, por lo cual de a poco ese camino se va cerrando, se va tapando, y es probable que a los dos años la producción se reduzca al diez por ciento de la que tenía originalmente. Eso sucede, y obliga a seguir haciendo perforaciones constantemente para mantener la producción”, describe. Como lo indica la experiencia estadounidense, las perforaciones secundarias no serán tan eficientes como las primeras, porque deben elegir recorridos alternativos al óptimo, que se perforó primero. En consecuencia serán más costosos y de menor rendimiento. Un estudio de la firma Schlumberger, citado en el mismo artículo de WSJ, señala que “los pozos de shale secundarios completados cerca de los pozos iniciales más antiguos en el oeste de Texas habían sido hasta un 30 por ciento menos productivos. Este problema amenaza con socavar las proyecciones de crecimiento de la producción”.
Por otra parte, está el tema de los precios del gas y el petróleo. El primero, advierte Bronstein, no tiene una cotización internacional única, no se valúa como un commodity, sino que varía según el contrato. En Argentina se había implementado, con la gestión de Juan José Aranguren, una política de fuertes subsidios que ahora fue objetada por el FMI. Entre otras, fue una de las razones que provocó el enfrentamiento de Javier Iguacel (ex secretario de Energía) con Nicolás Dujovne y la renuncia del primero. Con menor subsidio, Vaca Muerta pasa a ser menos rentable, particularmente para Tecpetrol, principal beneficiaria de esa política gasífera.
El petróleo ha recuperado valor en el mercado (el crudo Brent supera los 60 dólares por barril en Londres), pero está lejos de los valores óptimos para la muy costosa inversión en la producción no convencional. Estados Unidos contó con una ventaja adicional, que la producción de shale se inició en la etapa en que las tasas estaban muy bajas, y se financiaron inversiones a un interés del 2 o 2,5 por ciento; los bancos siguen prestando aunque los resultados bursátiles son alarmantes, por la caída de rendimiento de los yacimientos. En Argentina, el costo financiero puede convertirse en una mecha encendida cuando llegue el momento –que las investigaciones de Estados Unidos empiezan a plantear como inevitables– en que los rendimientos de los pozos de Vaca Muerta empiecen a declinar. ¿Será otro caso de gran negocio para hoy y fuga para mañana?
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Fecha de Publicación: 24/01/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Una investigación de consultoras de energía, publicada en Wall Street Journal, señala que “los pozos de fracking no producen tanto como se preveía” y se agotan antes. “Vaca Muerta enfrentará los mismos problemas en poco tiempo”, advierten expertos locales.
Aunque se ha buscado tomar recaudos para que no llegue a nuestras costas, una noticia puso en alerta al sector petrolero estadounidense, por motivos de los cuales los inversores en la formación argentina Vaca Muerta no deberían sentirse a salvo. “El problema secreto del fracking: los pozos de petróleo no producen tanto como estaba previsto”, tituló en los últimos días un artículo de Wall Street Journal (WSJ). El texto advierte que “miles de pozos shale (producción no convencional, como en Vaca Muerta) perforados en los últimos cinco años están bombeando menos petróleo y gas de lo que sus propietarios pronosticaron a los inversores, lo que plantea dudas sobre la fortaleza y la rentabilidad del auge del shale”. El estudio, realizado por reconocidas consultoras de energía de Estados Unidos, sugiere que la declinación de la producción es mucho más acelerada de lo esperado. El problema surge ahora en Estados Unidos, que empezó a perforar por sistema no convencional unos cinco años antes que Argentina. Por lo que es previsible que pueda reproducirse en Vaca Muerta en pocos años, advierten los expertos, dado que el problema está dado por el método de fracking, que supone “perforar por un camino artificial, rompiendo la roca, que de a poco se vuelve a tapar, por lo que suele suceder que a partir del tercer año declina la extracción hasta en un 90 por ciento; eso obliga a perforar nuevos pozos constantemente, que siempre van a ser de más bajo rendimiento que las primeras perforaciones para las cuales se eligió el camino óptimo”.
El Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) publicó, en su último informe, una síntesis del artículo del WSJ, el medio indudablemente más influyente en el área de negocios de Nueva York. Comenta dicho centro de estudios que, a partir de un análisis realizado por Rystad Energy, y confirmado por otras dos firmas consultoras de energía, se concluye que las perspectivas de producción y rendimientos de la explotación no convencional “podrían estar ofreciendo una imagen ilusoria”.
El estudio se basa en “un análisis de unos 16 mil pozos operados por los 29 productores más importantes de shale oil”. “El WSJ no quiere socavar la opinión convencional de que el auge del petróleo del shale está llevando a los Estados Unidos a la independencia energética, por lo que es bastante prudente al discutir detalles”, señala el informe del Ceepys al comentar el artículo. “Al principio de la historia, el Journal aclara que el pronóstico defectuoso no significa que la producción de petróleo de Estados Unidos esté a punto de caer. Sin embargo, gran parte de la nota apunta a la conclusión de que una cantidad importante de recursos proyectados para los próximos años no se producirá.”
El WSJ informa, en el artículo citado, que “hace tres años, la empresa Pioneer Natural Resources anunció a los inversionistas que esperaban que los pozos en el shale de Eagle Ford, en el sur de Texas, produjeran 1,3 millones de barriles de petróleo y gas cada uno. Esos pozos ahora parece que están produciendo a un ritmo de 482 mil, un 63 por ciento menos que lo previsto”.
Agrega que “un promedio de las previsiones de Pioneer en 2015 para los pozos que había fracturado recientemente en Permian (otra área de producción en Texas) sugería que producirían aproximadamente 960 mil barriles de petróleo y gas cada uno. Esos pozos ahora están en camino de producir unos 720 mil barriles, según la revisión del matutino, un 25 por ciento por debajo de las proyecciones de Pioneer. La empresa discute estas conclusiones, destacando que asume que sus pozos producirán por lo menos durante 50 años”. El artículo refuta a la empresa, señalando que “dado que la mayoría de las autoridades coinciden en que los pozos de shale estarán bastante agotados en los próximos cinco años o menos, no está claro dónde están los 50 años de vida útil, a menos que estén planificando una costosa re-perforación y un nuevo fracking”.
El Journal señala que “hay otros ejemplos, todos sugieren que los pozos de shale pueden no producir suficiente petróleo con los precios actuales para cubrir los costos de adquisición de tierras, perforación, fracking y producción”. Y advierte que las 29 compañías del sector sobre las que realizó el seguimiento llevan “gastados 112 mil millones más en efectivo de lo que generaron en sus operaciones de los últimos diez años”. “Mientras los prestamistas continúan financiando la producción de shale oil, las participaciones de capital en las compañías de productoras han caído de unos 35 mil millones de dólares en 2016 a alrededor de 6 mil millones el año pasado (2018). En algún momento, Wall Street puede darse cuenta de que los días del petróleo por encima de los 100 dólares, que se necesitan para la producción rentable de shale oil, pueden no regresar y que los mejores lugares para perforar pozos de shale rentables ya no existen.”
Qué pasa en Argentina
¿Cuál es la lección que debería aprender Argentina de la experiencia estadounidense? Según Víctor Bronstein, director del Ceepys, “el problema del fracking en Estados Unidos es un alerta, porque el tema de la declinación de la producción en el sistema no convencional es mucho más acelerado que en la perforación tradicional. En el pozo vertical, de producción convencional, sólo con el mantenimiento, el mismo pozo puede seguir en producción por décadas. En el fracking se llega al hidrocarburo por un camino artificial, rompiendo la roca, por lo cual de a poco ese camino se va cerrando, se va tapando, y es probable que a los dos años la producción se reduzca al diez por ciento de la que tenía originalmente. Eso sucede, y obliga a seguir haciendo perforaciones constantemente para mantener la producción”, describe. Como lo indica la experiencia estadounidense, las perforaciones secundarias no serán tan eficientes como las primeras, porque deben elegir recorridos alternativos al óptimo, que se perforó primero. En consecuencia serán más costosos y de menor rendimiento. Un estudio de la firma Schlumberger, citado en el mismo artículo de WSJ, señala que “los pozos de shale secundarios completados cerca de los pozos iniciales más antiguos en el oeste de Texas habían sido hasta un 30 por ciento menos productivos. Este problema amenaza con socavar las proyecciones de crecimiento de la producción”.
Por otra parte, está el tema de los precios del gas y el petróleo. El primero, advierte Bronstein, no tiene una cotización internacional única, no se valúa como un commodity, sino que varía según el contrato. En Argentina se había implementado, con la gestión de Juan José Aranguren, una política de fuertes subsidios que ahora fue objetada por el FMI. Entre otras, fue una de las razones que provocó el enfrentamiento de Javier Iguacel (ex secretario de Energía) con Nicolás Dujovne y la renuncia del primero. Con menor subsidio, Vaca Muerta pasa a ser menos rentable, particularmente para Tecpetrol, principal beneficiaria de esa política gasífera.
El petróleo ha recuperado valor en el mercado (el crudo Brent supera los 60 dólares por barril en Londres), pero está lejos de los valores óptimos para la muy costosa inversión en la producción no convencional. Estados Unidos contó con una ventaja adicional, que la producción de shale se inició en la etapa en que las tasas estaban muy bajas, y se financiaron inversiones a un interés del 2 o 2,5 por ciento; los bancos siguen prestando aunque los resultados bursátiles son alarmantes, por la caída de rendimiento de los yacimientos. En Argentina, el costo financiero puede convertirse en una mecha encendida cuando llegue el momento –que las investigaciones de Estados Unidos empiezan a plantear como inevitables– en que los rendimientos de los pozos de Vaca Muerta empiecen a declinar. ¿Será otro caso de gran negocio para hoy y fuga para mañana?
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Riachuelo y su #10YearsChallenge ¿Cómo le fué?
El #10YearsChallenge de la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
A diez años de un fallo histórico, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la solución al grave problema ambiental y social de la cuenca más contaminada del país, los responsables de la gestión enumeran los logros recientes.
Hagamos un poco de historia. Con una causa iniciada en 2004 a raíz de una denuncia de los vecinos que demandaron por contaminación a 44 empresas, dos años después y por ley, fue creada ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional por los gobiernos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que resolviera de una vez por todas el problema.
Sin embargo, y ante la ausencia de resultados concretos, la Corte Suprema de Justicia tomó cartas en el asunto. En julio de 2008 y en un inédito fallo, ordenó a ACUMAR trabajar en la recomposición ambiental de la Cuenca, estableciendo plazos y políticas a seguir. Los números y datos del abandono ambiental eran elocuentes: tres millones de personas afectadas, 12.000 industrias vacíaban afluentes en sus aguas, sumados a los vertidos cloacales de los habitantes de sus márgenes y alrededor de 300 basurales a cielo abierto.
Un año después, fue elaborado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un documento para coordinar las acciones de los diversos actores que trabajan en la Región. La guía fue actualizada en 2016 sobre la base de los informes de especialistas y con el consenso de los involucrados para evaluar y reorientar los trabajos destinados a mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y tomar medidas de prevención. En pocas palabras, con un trabajo interdisciplinario conjunto, el PISA busca convertirse en un modelo de gestión avanzada y un organismo de referencia técnica con capacidad de planificar, coordinar y controlar.
Así las cosas y pese a que las ONG y diversas organizaciones de la sociedad civil encargadas de monitorear el saneamiento son críticas en cuanto a tiempos y plazos de las tareas emprendidas (entre ellas, la construcción de viviendas para dar una solución a los habitantes ribereños), las autoridades de ACUMAR consideran que están avanzando con las metas previstas.
El balance, 10 años después
La limpieza y la recolección son la principal estrategia utilizada para combatir la contaminación y recomponer el daño ambiental.
En 2018, según los datos brindados por ACUMAR, se retiraron más de 2600 toneladas de basura flotante en el Riachuelo y más de 120.000 toneladas de la cuenca (de los 14 municipios que la integran); además, se realizaron tareas de mantenimiento en más de 120 km de ambas márgenes y 1250 limpiezas para evitar la obstrucción de canales y las consecuentes inundaciones de los barrios aledaños. Y, sobre todo, según información de la autoridad de la Cuenca, se hizo especial hincapié en la educación, base fundamental en cualquier cambio ambiental.
En un trabajo conjunto con el ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación, fueron capacitadas 1038 promotoras de 31 barrios de 12 municipios de la Cuenca para realizar actividades territoriales de promoción de la salud ambiental. Les brindaron contenidos teóricos, metodológicos y de práctica territorial en temas fundamentales como basura y salud, manejo seguro de alimentos, agua y salud, control del mosquito Aedes aegypti, control de roedores, zoonosis por animales domésticos y uso de agroquímicos, entre otros.
Estas promotoras cumplieron también tareas de diagnóstico y promoción de prácticas saludables con el objetivo de generar un efecto multiplicador, de modo que cada persona pudiese difundir lo aprendido entre los vecinos de los diferentes barrios.
En este mismo sentido, se llevó adelante el Programa Escuelas Verdes en 14 establecimientos educativos. Los docentes, alumnos y directivos trabajaron en la problemática ambiental, en especial la relacionada con el tema de residuos y la implementación de las 3 "R": reducir, reutilizar y reciclar. Como resultado de esta tarea, hicieron puffs con botellas, cartón y telas, lapiceros, portapavas, portaretratos y otros elementos para utilizar en el hogar.
Entre los objetivos del proyecto, se destaca la promoción del desarrollo sustentable a través de la educación y gestión ambiental para que los alumnos puedan difundir lo aprendido en su ámbito barrial y familiar.
En cuanto al control industrial, las empresas, establecimientos industriales, de servicios o comerciales radicados en la zona y con relación al saneamiento –cuyo empadronamiento estaba fijado entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre pasado–, podrán hacerlo hasta el 20 de enero inclusive.
La medida es obligatoria; tiene como meta que la Autoridad de Cuenca pueda ejercer un mayor control y cuente con información actualizada y segura sobre los establecimientos radicados en el territorio para hacer cumplir la normativa ambiental. Hasta ahora, 5800 establecimientos comenzaron el trámite, de los cuales más de 4000 ya están empadronados. Al respecto, se hicieron 5172 inspecciones, 24 clausuras efectivas y fueron recibidas 494 denuncias.
A fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y su entorno, se realizaron diversas obras de infraestructura entre las que se destacan 525 conexiones a redes cloacales; 11 barrios con proyectos de mudanza activos; 27, con mesas de participación permanentes; tres con obras de servicios. Por otra parte, se cerraron dos macrobasurales en Marcos Paz y Cañuelas.
En cuanto a las tareas de modernización, se digitalizaron todos los expedientes de más de diez años de trabajo (12.323 en total), hecho que busca simplificar los trámites y facilitar el acceso a la administración a través de medios electrónicos.
Dos miradas, una realidad
El 18 de diciembre último, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Rogelio Frigerio tuiteó: "Seguimos avanzando en esta megaobra que va por debajo del Río de la Plata y del Riachuelo y que mejorará la vida de más de 4 millones de vecinos".
Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, por su parte, afirmó: "A una década del dictado del fallo, no es admisible que los avances sean producto de las exigencias impuestas por la justicia o las demandas sociales. Estamos convencidos de que este caso judicial representa una gran oportunidad para saldar la mayor deuda socio-ambiental que tiene la Argentina, pero eso será posible solo si se avanza de manera decidida en la construcción de una política de Estado para el saneamiento del Riachuelo".
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La minería insiste con la "transparencia en minería"
La Argentina se prepara para unirse a la iniciativa global de transparencia en minería
Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fuente: eleconomistaamerica.com.ar
Provincia/Región: Nacional
La Argentina se prepara para unirse al estándar internacional de transparencia para la gestión de recursos de petróleo, gas y minerales, dijo el lunes la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por su sigla en Inglés), lo que podría resultar en mayores inversiones.
La iniciativa global, lanzada por el exprimer ministro británico Tony Blair en 2002, requiere que los países miembros revelen cómo asignan licencias y cuánto reciben de las empresas en impuestos, regalías y otras contribuciones.
En su último impulso por la transparencia, la EITI, impuso un requisito para revelar la propiedad de las empresas extractivas para reducir la evasión fiscal.
"Estamos previendo que Argentina puede estar cerca de solicitar aplicar como miembro", dijo el presidente de EITI y exprimer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, a periodistas en Oslo.
La solicitud para unirse, que brindaría a los inversores más seguridad, podría presentarse en la conferencia global de la EITI que se realizará en París en junio, dijo a Reuters el director ejecutivo de la entidad, Mark Robinson.
Compañías internacionales de minería han sido renuentes a invertir en Argentina - país rico en oro, plata, litio y reservas de cobre - ante la falta de una regulación clara.
Sudáfrica, el segundo productor mundial de oro, también ocupó un lugar destacado en la lista de candidatos, dijo Reinfeldt.
Robinson, por otra parte, agregó que tanto la membresía de Argentina como la de Sudáfrica podrían alentar a sus vecinos regionales, como Chile y Ecuador, así como también a Angla, a unirse a la Iniciativa.
La EITI ha estado en conversaciones con el Gobierno de Angola, rica en petróleo, mientras que Líbano también es otro candidato potencial, explicó.
Hasta el momento, el programa cuenta con 51 países miembros, incluyendo 24 en África.
Sin embargo, los esfuerzos de EITI se vieron afectados cuando Estados Unidos se retiró en 2017. Los principales productores de petróleo, gas y minerales del mundo, como Rusia, China y Australia, jamás se unieron. Suecia, el país de origen de Reinfeldt, tampoco es miembro.
Aún cuando Rusia y China no son miembros, sus compañías que operan en los estados miembros en África siguen las reglas de transparencia, dijo Reinfeldt.
"Han sido años bastantes difíciles porque el estado de ánimo en el mundo es el de poner a sus países primeros y no confiar en el multilateralismo", explicó Reinfeldt.
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Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fuente: eleconomistaamerica.com.ar
Provincia/Región: Nacional
La Argentina se prepara para unirse al estándar internacional de transparencia para la gestión de recursos de petróleo, gas y minerales, dijo el lunes la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por su sigla en Inglés), lo que podría resultar en mayores inversiones.
La iniciativa global, lanzada por el exprimer ministro británico Tony Blair en 2002, requiere que los países miembros revelen cómo asignan licencias y cuánto reciben de las empresas en impuestos, regalías y otras contribuciones.
En su último impulso por la transparencia, la EITI, impuso un requisito para revelar la propiedad de las empresas extractivas para reducir la evasión fiscal.
"Estamos previendo que Argentina puede estar cerca de solicitar aplicar como miembro", dijo el presidente de EITI y exprimer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, a periodistas en Oslo.
La solicitud para unirse, que brindaría a los inversores más seguridad, podría presentarse en la conferencia global de la EITI que se realizará en París en junio, dijo a Reuters el director ejecutivo de la entidad, Mark Robinson.
Compañías internacionales de minería han sido renuentes a invertir en Argentina - país rico en oro, plata, litio y reservas de cobre - ante la falta de una regulación clara.
Sudáfrica, el segundo productor mundial de oro, también ocupó un lugar destacado en la lista de candidatos, dijo Reinfeldt.
Robinson, por otra parte, agregó que tanto la membresía de Argentina como la de Sudáfrica podrían alentar a sus vecinos regionales, como Chile y Ecuador, así como también a Angla, a unirse a la Iniciativa.
La EITI ha estado en conversaciones con el Gobierno de Angola, rica en petróleo, mientras que Líbano también es otro candidato potencial, explicó.
Hasta el momento, el programa cuenta con 51 países miembros, incluyendo 24 en África.
Sin embargo, los esfuerzos de EITI se vieron afectados cuando Estados Unidos se retiró en 2017. Los principales productores de petróleo, gas y minerales del mundo, como Rusia, China y Australia, jamás se unieron. Suecia, el país de origen de Reinfeldt, tampoco es miembro.
Aún cuando Rusia y China no son miembros, sus compañías que operan en los estados miembros en África siguen las reglas de transparencia, dijo Reinfeldt.
"Han sido años bastantes difíciles porque el estado de ánimo en el mundo es el de poner a sus países primeros y no confiar en el multilateralismo", explicó Reinfeldt.
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Hacienda aseguró financiación para RenovAR 2
Gobierno firmó con el BM el contrato de garantías para la Ronda 2 del programa RenovAR
Fecha de Publicación: 21/01/2019
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, rubricó el acuerdo de garantía con el director del Banco Mundial para la Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel.
El Banco Mundial brindará garantías por hasta u$s 250 millones para los proyectos de energías renovables adjudicados por el Gobierno en el marco de la Ronda 2 del Programa RenovAR, lo que permitirá mejorar las condiciones de financiamiento de los emprendimientos.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cerró el acuerdo de garantía con el director del Banco Mundial para la Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel, lo que permitirá fortalecer el programa por el cual las energías renovables ya cuentan con 118 proyectos en desarrollo desde 2016.
La cartera de Hacienda, bajo cuya órbita se encuentra la Secretaría de Energía, precisó que este monto se suma a los u$s 480 millones que el Banco ya había aprobado para las Rondas 1 y 1.5 para aquellos proyectos que hayan optado por tomar la garantía.
La garantía que ofrece el Banco Mundial tiene un carácter opcional para los inversores que participaron y fueron adjudicados en la Ronda 2 del Programa RenovAr, y se convierte en una garantía de las obligaciones del Estado nacional en los contratos establecidos tras la licitación.
Las energías renovables en Argentina ya cuentan con 118 proyectos en desarrollo desde 2016 por una potencia de 4.460 MW, lo que representa una inversión de u$s 6.500 millones, entre las rondas 1, 1.5 y 2 de Renovar, la Resolución 202/2016 y el Régimen del Mercado a Término de Energías Renovables (MaTER).
De los 118 proyectos, ya hay 24 que se encuentran en operación comercial, generando energía eléctrica para abastecer a más de 630 mil hogares argentinos.
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) cerró el 2018 con créditos aprobados para 16 proyectos de generación de energía renovable, adjudicados en RenovAR, por un monto total de u$s 90 millones, mediante los cuales se logra movilizar recursos por de más de u$s 300 millones, y tiene otros 20 proyectos en análisis por u$s 100 millones.
Además de Dujovne y Hentschel, participaron de la firma del acuerdo el subsecretario de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Hacienda, Sebastián Kind, y el gerente general del BICE, José Luis Morea.
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Fecha de Publicación: 21/01/2019
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, rubricó el acuerdo de garantía con el director del Banco Mundial para la Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel.
El Banco Mundial brindará garantías por hasta u$s 250 millones para los proyectos de energías renovables adjudicados por el Gobierno en el marco de la Ronda 2 del Programa RenovAR, lo que permitirá mejorar las condiciones de financiamiento de los emprendimientos.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cerró el acuerdo de garantía con el director del Banco Mundial para la Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel, lo que permitirá fortalecer el programa por el cual las energías renovables ya cuentan con 118 proyectos en desarrollo desde 2016.
La cartera de Hacienda, bajo cuya órbita se encuentra la Secretaría de Energía, precisó que este monto se suma a los u$s 480 millones que el Banco ya había aprobado para las Rondas 1 y 1.5 para aquellos proyectos que hayan optado por tomar la garantía.
La garantía que ofrece el Banco Mundial tiene un carácter opcional para los inversores que participaron y fueron adjudicados en la Ronda 2 del Programa RenovAr, y se convierte en una garantía de las obligaciones del Estado nacional en los contratos establecidos tras la licitación.
Las energías renovables en Argentina ya cuentan con 118 proyectos en desarrollo desde 2016 por una potencia de 4.460 MW, lo que representa una inversión de u$s 6.500 millones, entre las rondas 1, 1.5 y 2 de Renovar, la Resolución 202/2016 y el Régimen del Mercado a Término de Energías Renovables (MaTER).
De los 118 proyectos, ya hay 24 que se encuentran en operación comercial, generando energía eléctrica para abastecer a más de 630 mil hogares argentinos.
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) cerró el 2018 con créditos aprobados para 16 proyectos de generación de energía renovable, adjudicados en RenovAR, por un monto total de u$s 90 millones, mediante los cuales se logra movilizar recursos por de más de u$s 300 millones, y tiene otros 20 proyectos en análisis por u$s 100 millones.
Además de Dujovne y Hentschel, participaron de la firma del acuerdo el subsecretario de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Hacienda, Sebastián Kind, y el gerente general del BICE, José Luis Morea.
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El Paraná recibió toneladas de aceite vegetal en un derrame
Preocupación por el derrame de toneladas de aceite vegetal en el Paraná
Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Santa Fe
El derrame de toneladas de aceite vegetal en el Puerto San Martín, departamento santafesino de San Lorenzo, sobre el río Paraná, generó gran preocupación en la zona.
Si bien inicialmente trascendió que serían 1000 toneladas las derramadas, fuentes de la zona aclararon a El Cronista que, en realidad, se trata de 150 toneladas.
Tanto esas fuentes como el Gobierno de Santa Fe aseguraron que, más allá del daño, no se trata de un agente contaminante, con lo cual no están en peligro especies del río.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tomó intervención hoy para contener el derrame de aceite.
"El derrame, en su mayor parte, se contuvo en el sistema pluvial; el resto se trabajó a través del Plan Nacional de Contingencias (Planacon), con personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) y la empresa CleanSea que actuó de manera efectiva en la contención del aceite", precisó la directora provincial de la Delegación Zona Sur del Ministerio de Medio Ambiente, Liliana Boggio.
"Se trata de un producto no tóxico y se actuó correctamente en cuanto al plan de contingencia, se pusieron las barreras de contención en el río y se trabajó en la remediación de la zona", agregó la funcionaria.
El derrame se produjo en tanques pertenecientes a la empresa Buyatti. La empresa deberá realizar la presentación formal de un informe para determinar las causas que produjeron el hecho y las acciones a implementar para que no se repita, informaron desde el Gobierno de Santa Fe.
Según informaron fuentes de la zona a este diario, Bunge le estaba pasando aceite vegetal a la empresa Buyatti, pero sucedió algún problema durante el traspaso; en Buyatti no habrían ajustado bien una válvula y se produjo una pérdida que derivó en derrame.
Como consecuencia, parte del río se tiñó de naranja.
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Actualización de la fiscalización industrial en el Acumar
ACUMAR tendrá un nuevo régimen de control para las industrias en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo anunció la actualización de su normativa vinculada a la fiscalización industrial que simplificará el proceso de control industrial y promoverá el trabajo coordinado con otros organismos de control. Es más exigente y prevé sanciones que pueden superar los 6 millones de pesos. Estará vigente una vez que finalice el nuevo empadronamiento.
Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control en la Cuenca Matanza Riachuelo y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo alcanzó una nueva norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y largos tiempos administrativos que dificultaban la gestión de los establecimientos radicados en la Cuenca.
A partir de ahora, ACUMAR tendrá nuevos procedimientos y mecanismos de adecuación ambiental que nos permitirán un mejor y mayor control sobre los establecimientos radicados en nuestro territorio.
Además, endurecerá las sanciones para los infractores, con multas que van desde los 5 mil pesos hasta casi 6 millones, y que harán que este nuevo régimen sea más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental (un nuevo concepto que le permite a la Autoridad de Cuenta ordenar la real incidencia de los establecimientos sobre el río), la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción. [Incluye la posibilidad del pago en cuotas y destinar el 60% de la multa a mejoras que sean destinadas al cese de la causa de la sanción].
La nueva norma fortalece las funciones de los inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental (conceptos que no se encontraban en la legislación anterior) permitiendo mantener actualizados las bases de datos de infractores y evitando del deslinde de la responsabilidad de los pasivos ambientales.
Sobre los Planes de Adecuación Ambiental, establece tres categorías y posibilita la presentación de planes aprobados por otras autoridades de aplicación, algo que permite llevar un registro pormenorizado de los administrados que lleven adelante estas acciones, reduce tiempos y costos en la gestión.
Todo este conjunto de modificaciones en la normativa de fiscalización y control, la tornan flexible y dinámica dándole una capacidad de respuesta a ACUMAR acorde a la realidad industrial de la Cuenca, un territorio en constante evolución y desarrollo.
Mapa de Alertas
El nuevo régimen de fiscalización crea un Mapa de Alertas, en el cual los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos. Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma online disponible a toda la población.
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Fecha de Publicación: 19/01/2019
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo anunció la actualización de su normativa vinculada a la fiscalización industrial que simplificará el proceso de control industrial y promoverá el trabajo coordinado con otros organismos de control. Es más exigente y prevé sanciones que pueden superar los 6 millones de pesos. Estará vigente una vez que finalice el nuevo empadronamiento.
Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control en la Cuenca Matanza Riachuelo y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo alcanzó una nueva norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y largos tiempos administrativos que dificultaban la gestión de los establecimientos radicados en la Cuenca.
A partir de ahora, ACUMAR tendrá nuevos procedimientos y mecanismos de adecuación ambiental que nos permitirán un mejor y mayor control sobre los establecimientos radicados en nuestro territorio.
Además, endurecerá las sanciones para los infractores, con multas que van desde los 5 mil pesos hasta casi 6 millones, y que harán que este nuevo régimen sea más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental (un nuevo concepto que le permite a la Autoridad de Cuenta ordenar la real incidencia de los establecimientos sobre el río), la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción. [Incluye la posibilidad del pago en cuotas y destinar el 60% de la multa a mejoras que sean destinadas al cese de la causa de la sanción].
La nueva norma fortalece las funciones de los inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental (conceptos que no se encontraban en la legislación anterior) permitiendo mantener actualizados las bases de datos de infractores y evitando del deslinde de la responsabilidad de los pasivos ambientales.
Sobre los Planes de Adecuación Ambiental, establece tres categorías y posibilita la presentación de planes aprobados por otras autoridades de aplicación, algo que permite llevar un registro pormenorizado de los administrados que lleven adelante estas acciones, reduce tiempos y costos en la gestión.
Todo este conjunto de modificaciones en la normativa de fiscalización y control, la tornan flexible y dinámica dándole una capacidad de respuesta a ACUMAR acorde a la realidad industrial de la Cuenca, un territorio en constante evolución y desarrollo.
Mapa de Alertas
El nuevo régimen de fiscalización crea un Mapa de Alertas, en el cual los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos. Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma online disponible a toda la población.
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Chubut: gobernador afirmó que la minería no es la"salvación"
Para Arcioni, la minería no representa una "salvación"
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
"Tenemos que potenciar la matriz productiva, el turismo y no pensar en la minería como una salvación", indicó el gobernador de Chubut en relación a los recursos que tiene la provincia y la industrialización de los mismos. "Nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión", agregó el mandatario.
El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.
“Nosotros estamos codo a codo trabajando, eso es lo que necesitamos y lo estamos haciendo y logrando”, manifestó Arcioni y aclaró que “tenemos que ser cuidadosos cuando nos vienen con las propuestas mágicas porque no existen; las propuestas mágicas de campaña de hace 3 años no se cumplieron ninguna”.
En ese contexto, el gobernador sostuvo que “ellos (Gobierno Nacional) entienden que con la minería la provincia va a tener desarrollo, y Chubut no se va a desarrollar con lo extractivo, ya quedó demostrado que Chubut es de matriz productiva primaria, nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión”. A su vez, Arcioni señaló que “hay recursos maravillosos, vamos a seguir potenciando el turismo, las fiestas populares hermosas que tiene la provincia con sus vecinos, y eso tenemos que potenciar antes de la minería”.
Y añadió: “el Gobierno Nacional viene con sus políticas a querer avallar la soberanía de nuestra provincia, entonces primero acá en nuestra provincia se habla con la verdad, vamos a decir las cosas dónde se tienen que decir y cómo se deben decir, con el respeto que se merece la institucionalidad, pero nosotros nos tenemos que hacernos valer como lo hicimos a lo largo de todo el año pasado; cuando nos han querido quitar las asignaciones familiares, nos han querido quitar las zona de jubilaciones y pensiones, cuando nos han querido quitar la tarifa de gas, y fuimos los primeros en presentar el amparo legal, los impuestos a la ganancias, y todo eso lo hemos revertido, porque fuimos a discutirlo en donde lo teníamos que hacer”.
Al respecto, el mandatario provincial detalló que “este año habrá nuevos aumentos, para que tengan un parámetro en la tarifa eléctrica se aumentó 1500%, a eso súmale la tarifa de gas, la quita del subsidio del transporte, es decir que es muy grave cuando tenemos una devaluación de los salarios del 40%, entonces que sigan recargando al ciudadano y al trabajador la verdad que no es un Gobierno sensible, y no es lo que la provincia del Chubut quiere y necesita”.
“Nosotros queremos un Gobierno que trabaje para la gente, que sea sensible, que diga la verdad, y entienda a todos los Intendentes por igual, independientemente de las fuerzas políticas, y de esa forma reactivar y buscar el desarrollo de nuestra querida provincia”.
Por último, el gobernador recordó que “cuando vienen los funcionarios de Nación a querer decirnos soluciones mágicas, sabemos que no lo van hacer, porque cuando uno analiza y observa estos 3 años de gestión la pobreza infantil es casi del 50%, tenemos una inflación que a lo largo de estos años ya acumuló más del 170%, tenemos el 30% de desocupación, cuando las pymes cierran día a día, todas esas cuestiones están a la vista, entonces no me vengan a decir que con soluciones mágicas van hacer algo”.
“Nosotros a pesar de la crisis seguimos trabajando, hemos dejado la precarización laboral, con 587 trabajadores en educación, casi 200 en familia, y muchos más trabajadores que nos dejamos afuera, entonces esas cosas tenemos que buscar y apostar al desarrollo productivo de la provincia”, cerró Arcioni.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
"Tenemos que potenciar la matriz productiva, el turismo y no pensar en la minería como una salvación", indicó el gobernador de Chubut en relación a los recursos que tiene la provincia y la industrialización de los mismos. "Nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión", agregó el mandatario.
El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.
“Nosotros estamos codo a codo trabajando, eso es lo que necesitamos y lo estamos haciendo y logrando”, manifestó Arcioni y aclaró que “tenemos que ser cuidadosos cuando nos vienen con las propuestas mágicas porque no existen; las propuestas mágicas de campaña de hace 3 años no se cumplieron ninguna”.
En ese contexto, el gobernador sostuvo que “ellos (Gobierno Nacional) entienden que con la minería la provincia va a tener desarrollo, y Chubut no se va a desarrollar con lo extractivo, ya quedó demostrado que Chubut es de matriz productiva primaria, nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión”. A su vez, Arcioni señaló que “hay recursos maravillosos, vamos a seguir potenciando el turismo, las fiestas populares hermosas que tiene la provincia con sus vecinos, y eso tenemos que potenciar antes de la minería”.
Y añadió: “el Gobierno Nacional viene con sus políticas a querer avallar la soberanía de nuestra provincia, entonces primero acá en nuestra provincia se habla con la verdad, vamos a decir las cosas dónde se tienen que decir y cómo se deben decir, con el respeto que se merece la institucionalidad, pero nosotros nos tenemos que hacernos valer como lo hicimos a lo largo de todo el año pasado; cuando nos han querido quitar las asignaciones familiares, nos han querido quitar las zona de jubilaciones y pensiones, cuando nos han querido quitar la tarifa de gas, y fuimos los primeros en presentar el amparo legal, los impuestos a la ganancias, y todo eso lo hemos revertido, porque fuimos a discutirlo en donde lo teníamos que hacer”.
Al respecto, el mandatario provincial detalló que “este año habrá nuevos aumentos, para que tengan un parámetro en la tarifa eléctrica se aumentó 1500%, a eso súmale la tarifa de gas, la quita del subsidio del transporte, es decir que es muy grave cuando tenemos una devaluación de los salarios del 40%, entonces que sigan recargando al ciudadano y al trabajador la verdad que no es un Gobierno sensible, y no es lo que la provincia del Chubut quiere y necesita”.
“Nosotros queremos un Gobierno que trabaje para la gente, que sea sensible, que diga la verdad, y entienda a todos los Intendentes por igual, independientemente de las fuerzas políticas, y de esa forma reactivar y buscar el desarrollo de nuestra querida provincia”.
Por último, el gobernador recordó que “cuando vienen los funcionarios de Nación a querer decirnos soluciones mágicas, sabemos que no lo van hacer, porque cuando uno analiza y observa estos 3 años de gestión la pobreza infantil es casi del 50%, tenemos una inflación que a lo largo de estos años ya acumuló más del 170%, tenemos el 30% de desocupación, cuando las pymes cierran día a día, todas esas cuestiones están a la vista, entonces no me vengan a decir que con soluciones mágicas van hacer algo”.
“Nosotros a pesar de la crisis seguimos trabajando, hemos dejado la precarización laboral, con 587 trabajadores en educación, casi 200 en familia, y muchos más trabajadores que nos dejamos afuera, entonces esas cosas tenemos que buscar y apostar al desarrollo productivo de la provincia”, cerró Arcioni.
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Importante aumento de equipos solar térmicos instalados
Creció el 17,9% la instalación de equipos de energía solar térmica en Argentina
Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: INTI
Provincia/Región: Nacional
Esta información surge del último Censo Nacional Solar Térmico realizado por el INTI, acerca del período 2017. El informe también destaca que en un año se comercializaron 35.141 metros cuadrados de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria, que se crearon 45 nuevas empresas del sector y que hay más provincias que incursionan en la tecnología.
La energía solar térmica es una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía. Un ejemplo en este sentido, es que con los nuevos equipos instalados en 2017 para agua caliente sanitaria se redujeron 5520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a lo que generan mil automóviles en un año.
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para la obtención de calor. Una de sus aplicaciones más extendidas a nivel mundial son los termotanques solares, que permiten calentar el agua de forma segura y eficiente, sin recurrir al uso de gas ni electricidad. Con el objetivo de conocer la oferta de productos y servicios de esta tecnología en el país, el Centro de Energías Renovables realizó la segunda edición del Censo Nacional Solar Térmico y presenta los primeros resultados.
“En esta oportunidad, relevamos datos correspondientes al 2017, con un total de 225 empresas censadas (un 68% más que en 2015, año en el que se realizó el primer censo). Uno de los resultados que obtuvimos fue que se comercializaron 35.141 m² de equipos de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS) —además de 9.318 m² de colectores plásticos sin cubierta, habitualmente destinados a la climatización de piscinas—”, detalló Martín Sabre, del Centro de Energías Renovables del INTI.
Respecto de las nuevas instalaciones, en el 2017 se relevaron 7018 (teniendo en cuenta que pueden ser de uno o más equipos solares térmicos). Este dato representa un incremento del 17,9 por ciento respecto del año 2015.
La energía solar térmica significa una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía: solo con los nuevos equipos instalados en 2017 para ACS, se redujeron 5.520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono (tCO2), equivalentes a las realizadas por mil automóviles en un año. Por otra parte, la expansión de la energía solar térmica también representó un ahorro económico: específicamente con los equipos instalados en 2017, se generó un ahorro de combustible equivalente a más de cuatro millones de metros cúbicos de gas natural.
En cuanto a la distribución geográfica de los actores que componen el sector, el 79 por ciento de las provincias registró actividades en el rubro solar térmico. Se inscribieron agentes desde Córdoba (24,4%), Buenos Aires (23,6%), Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (11,6%), San Juan (5,3%), Entre Ríos (4,9%), San Luis (3,6%), Mendoza (3,1%), Neuquén (2,2%), Chaco (1,3%), Chubut (1,3%) Catamarca (0,90%), Formosa (0,9%), Jujuy (0,9%), La Pampa (0,9%), Río Negro (0,9%), Salta (0,9%), Tucumán (0,9%), Misiones (0,4%).
A propósito de los nuevos actores, 45 empresas comenzaron su actividad en el sector de la energía solar térmica a partir de 2017, es decir un 20% del total de empresas censadas. La actividad que más creció fue la de instalación: se incrementó un 61% respecto de las empresas instaladoras censadas en el año 2015.ño 2015.
De los datos obtenidos, surge que la industria nacional fabricó en este período (2017) 9.163 metros cuadrados de colectores solares. Asimismo, la capacidad productiva censada permitiría triplicar la cantidad fabricada, lo que da cuenta del potencial de la industria local para responder ante una proyección de mayor demanda.
En cuanto a los datos de empleo, el sector cuenta con un total de 808 empleos directos censados. Respecto del tamaño de las empresas, cabe destacar que se observa una preponderancia de las microempresas —hasta 9 empleados— (86,2%), seguidas de pequeñas empresas —de 10 a 49 empleados— (10,2%), un porcentaje pequeño de empresas medianas —de 50 a 200 empleados— (3,1%) y apenas un 0,4% de empresas grandes —más de 200 empleados—.
El Censo Nacional Solar Térmico es un trabajo encabezado por el Centro INTI-Energías Renovables, en articulación con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Energía. “En la próxima entrega, publicaremos el informe completo del relevamiento, con la lista de las empresas censadas y toda la información estadística recabada”, anticipa Sabre.
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Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: INTI
Provincia/Región: Nacional
Esta información surge del último Censo Nacional Solar Térmico realizado por el INTI, acerca del período 2017. El informe también destaca que en un año se comercializaron 35.141 metros cuadrados de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria, que se crearon 45 nuevas empresas del sector y que hay más provincias que incursionan en la tecnología.
La energía solar térmica es una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía. Un ejemplo en este sentido, es que con los nuevos equipos instalados en 2017 para agua caliente sanitaria se redujeron 5520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a lo que generan mil automóviles en un año.
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para la obtención de calor. Una de sus aplicaciones más extendidas a nivel mundial son los termotanques solares, que permiten calentar el agua de forma segura y eficiente, sin recurrir al uso de gas ni electricidad. Con el objetivo de conocer la oferta de productos y servicios de esta tecnología en el país, el Centro de Energías Renovables realizó la segunda edición del Censo Nacional Solar Térmico y presenta los primeros resultados.
“En esta oportunidad, relevamos datos correspondientes al 2017, con un total de 225 empresas censadas (un 68% más que en 2015, año en el que se realizó el primer censo). Uno de los resultados que obtuvimos fue que se comercializaron 35.141 m² de equipos de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS) —además de 9.318 m² de colectores plásticos sin cubierta, habitualmente destinados a la climatización de piscinas—”, detalló Martín Sabre, del Centro de Energías Renovables del INTI.
Respecto de las nuevas instalaciones, en el 2017 se relevaron 7018 (teniendo en cuenta que pueden ser de uno o más equipos solares térmicos). Este dato representa un incremento del 17,9 por ciento respecto del año 2015.
La energía solar térmica significa una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía: solo con los nuevos equipos instalados en 2017 para ACS, se redujeron 5.520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono (tCO2), equivalentes a las realizadas por mil automóviles en un año. Por otra parte, la expansión de la energía solar térmica también representó un ahorro económico: específicamente con los equipos instalados en 2017, se generó un ahorro de combustible equivalente a más de cuatro millones de metros cúbicos de gas natural.
En cuanto a la distribución geográfica de los actores que componen el sector, el 79 por ciento de las provincias registró actividades en el rubro solar térmico. Se inscribieron agentes desde Córdoba (24,4%), Buenos Aires (23,6%), Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (11,6%), San Juan (5,3%), Entre Ríos (4,9%), San Luis (3,6%), Mendoza (3,1%), Neuquén (2,2%), Chaco (1,3%), Chubut (1,3%) Catamarca (0,90%), Formosa (0,9%), Jujuy (0,9%), La Pampa (0,9%), Río Negro (0,9%), Salta (0,9%), Tucumán (0,9%), Misiones (0,4%).
A propósito de los nuevos actores, 45 empresas comenzaron su actividad en el sector de la energía solar térmica a partir de 2017, es decir un 20% del total de empresas censadas. La actividad que más creció fue la de instalación: se incrementó un 61% respecto de las empresas instaladoras censadas en el año 2015.ño 2015.
De los datos obtenidos, surge que la industria nacional fabricó en este período (2017) 9.163 metros cuadrados de colectores solares. Asimismo, la capacidad productiva censada permitiría triplicar la cantidad fabricada, lo que da cuenta del potencial de la industria local para responder ante una proyección de mayor demanda.
En cuanto a los datos de empleo, el sector cuenta con un total de 808 empleos directos censados. Respecto del tamaño de las empresas, cabe destacar que se observa una preponderancia de las microempresas —hasta 9 empleados— (86,2%), seguidas de pequeñas empresas —de 10 a 49 empleados— (10,2%), un porcentaje pequeño de empresas medianas —de 50 a 200 empleados— (3,1%) y apenas un 0,4% de empresas grandes —más de 200 empleados—.
El Censo Nacional Solar Térmico es un trabajo encabezado por el Centro INTI-Energías Renovables, en articulación con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Energía. “En la próxima entrega, publicaremos el informe completo del relevamiento, con la lista de las empresas censadas y toda la información estadística recabada”, anticipa Sabre.
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Córdoba: provincia con más empresas de calefones solares
Córdoba, líder en calefones solares
Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la provincia con más empresas en este rubro, según un censo realizado por el Inti. Estos artefactos permiten ahorrar gas y cuidar el medioambiente porque no generan CO2.
Córdoba concentra casi un cuarto del mercado de los calefones solares, ya que en nuestra provincia está el 24,4 por ciento de los agentes del país asociados a este rubro.
Los agentes involucrados en el sector son importadores, instaladores y fabricantes de estos equipos, como también instituciones que brindan capacitación.
Le sigue muy de cerca la provincia de Buenos Aires (con el 23,6 por ciento). Completan el top 5: la Ciudad de Buenos Aires (12), Santa Fe (11,6) y San Juan (5,3).
Los datos corresponden al último Censo Nacional Solar Térmico realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) sobre el año 2017.
“Córdoba ha tenido un movimiento muy grande en este rubro en el último tiempo”, dice Federico Pescio, del área de Energías Renovables del Inti.
Y agrega: “El clima cordobés favorece. Además hay zonas donde se usan mucho las garrafas. Los calefones solares significan un buen ahorro”.
Pescio explica que el mercado cordobés está compuesto, especialmente, por importadores de estos equipos. En este sentido, recordó que la Nación publicó un nuevo reglamento técnico con requisitos mínimos que deben tener estos equipos, ya sean nacionales o importados.
A su vez, a fines de septiembre, la Legislatura aprobó una ley del Ejecutivo para incentivar esta actividad. Por ejemplo, obliga a colocar calefones solares en todos los edificios públicos.
El informe del Inti también destaca que en 2017 se comercializaron 35.141 metros cuadrados de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria en todo el país. Además, se crearon 45 nuevas empresas del sector.
El Inti relevó 225 empresas en 2017, (un 68 por ciento más que en 2015, año en el que se realizó el primer censo). Un cuarto de la superficie instalada fue de industria nacional.
El año pasado, hubo 7.018 nuevas instalaciones en todo el país. Representa un incremento del 17,9 por ciento respecto de 2015.
Ventajas
La energía solar térmica significa una alternativa ecológica en el consumo y en la producción: sólo con los nuevos equipos instalados en 2017, se redujeron 5.520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a las realizadas por mil automóviles en un año.
El CO2 es el principal gas de efecto invernadero, responsable del cambio climático.
También representan un significativo ahorro económico. Con los equipos instalados en 2017 se generó un ahorro de combustible equivalente a más de cuatro millones de metros cúbicos de gas natural.
El equipo se amortiza en pocos años
Costos. Un equipo de 240 litros, apto para una familia tipo, cuesta alrededor de 30 mil pesos. Algunas empresas ofrecen descuentos si se paga de contado. Con el clima de Córdoba, estos equipos garantizan agua caliente en más del 80% de los días del año.
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Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la provincia con más empresas en este rubro, según un censo realizado por el Inti. Estos artefactos permiten ahorrar gas y cuidar el medioambiente porque no generan CO2.
Córdoba concentra casi un cuarto del mercado de los calefones solares, ya que en nuestra provincia está el 24,4 por ciento de los agentes del país asociados a este rubro.
Los agentes involucrados en el sector son importadores, instaladores y fabricantes de estos equipos, como también instituciones que brindan capacitación.
Le sigue muy de cerca la provincia de Buenos Aires (con el 23,6 por ciento). Completan el top 5: la Ciudad de Buenos Aires (12), Santa Fe (11,6) y San Juan (5,3).
Los datos corresponden al último Censo Nacional Solar Térmico realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) sobre el año 2017.
“Córdoba ha tenido un movimiento muy grande en este rubro en el último tiempo”, dice Federico Pescio, del área de Energías Renovables del Inti.
Y agrega: “El clima cordobés favorece. Además hay zonas donde se usan mucho las garrafas. Los calefones solares significan un buen ahorro”.
Pescio explica que el mercado cordobés está compuesto, especialmente, por importadores de estos equipos. En este sentido, recordó que la Nación publicó un nuevo reglamento técnico con requisitos mínimos que deben tener estos equipos, ya sean nacionales o importados.
A su vez, a fines de septiembre, la Legislatura aprobó una ley del Ejecutivo para incentivar esta actividad. Por ejemplo, obliga a colocar calefones solares en todos los edificios públicos.
El informe del Inti también destaca que en 2017 se comercializaron 35.141 metros cuadrados de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria en todo el país. Además, se crearon 45 nuevas empresas del sector.
El Inti relevó 225 empresas en 2017, (un 68 por ciento más que en 2015, año en el que se realizó el primer censo). Un cuarto de la superficie instalada fue de industria nacional.
El año pasado, hubo 7.018 nuevas instalaciones en todo el país. Representa un incremento del 17,9 por ciento respecto de 2015.
Ventajas
La energía solar térmica significa una alternativa ecológica en el consumo y en la producción: sólo con los nuevos equipos instalados en 2017, se redujeron 5.520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a las realizadas por mil automóviles en un año.
El CO2 es el principal gas de efecto invernadero, responsable del cambio climático.
También representan un significativo ahorro económico. Con los equipos instalados en 2017 se generó un ahorro de combustible equivalente a más de cuatro millones de metros cúbicos de gas natural.
El equipo se amortiza en pocos años
Costos. Un equipo de 240 litros, apto para una familia tipo, cuesta alrededor de 30 mil pesos. Algunas empresas ofrecen descuentos si se paga de contado. Con el clima de Córdoba, estos equipos garantizan agua caliente en más del 80% de los días del año.
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Las enormes desigualdades de la Capital Federal
Según un informe, en Buenos Aires se puede vivir como en Europa o como en Haití
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dependiendo del barrio en el que se viva, los vecinos tienen la suerte de vivir en zonas con las condiciones de Europa o de soportar el hacinamiento propio de la Latinoamérica del subdesarrollo.
El Índice de Bienestar Urbano (IBU) realizado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinó que existe una marcada diferencia entre los barrios del norte y los del sur en cuanto a las condiciones en las que viven los vecinos para su desarrollo personal.
Según el informe, cada barrio porteño tiene sus pros y sus contras; en algunas se destaca la conectividad para la movilidad urbana y en otras el precio promedio de las propiedades, en algunas se encuentra una buena oferta cultural y en otras los habitantes cuentan con más áreas verdes. Sin embargo, el hacinamiento, la desocupación y los más bajos ingresos suelen encontrarse en los mismos barrios.
Las Comunas que evidencian indicadores muy negativos son la 4 y la 8, que aglomeran los barrios sureños de La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, que tienen como margen el Riachuelo. Allí la tasa de desocupación coincide con la de países como Haití, Yemen o Serbia, según datos del Banco Mundial, y es la más alta de la ciudad (13,7%), en particular la Comuna 8 tiene un ingreso per cápita de 610 dólares mensuales.
Por su parte, la Comuna 8 tiene la peor tasa de mortalidad infantil (11,9 por cada 1.000 niños nacidos con vida). Equiparable a la de países como Armenia, Túnez o Libia, según el informe de i-Ciudad. Por el contrario, la Comuna 13, que abarca los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales, tiene un índices muy positivos en las cuatro variables.
El Ingreso per cápita está muy por arriba del promedio de la ciudad con 1.400 dólares mensuales (más del doble que en el sur), la tasa de desocupación es la más baja (3,8%), y coincide con las tasas de desempleo de países como Alemania. Es esta parte de la ciudad además, la de mortalidad infantil está dentro de las más bajas de Buenos Aires.
"Surgió como un aporte para revertir el desequilibrio histórico que se vive en la ciudad entre las zonas norte y sur, conociendo en profundidad cuán reales son estas diferencias. Si bien hay un ranking general, también hacia adentro se muestran las diferencias entre las cuatro dimensiones y entre las 15 categorías que analizamos", dijo Silvia La Ruffa, vicepresidenta de I-Ciudad, la organización que realizó el informe, a la agencia Sputnik.
En IBU utilizó datos oficiales provenientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2016 y analiza cada una de las 15 comunas porteñas. Además, el instituto aclara que es un indicador de bienestar y no de calidad de vida o desarrollo humano, lo cual significa que "privilegia la dimensión social por sobre la individual y jerarquiza el papel del Estado en la articulación de políticas urbanas".
"Las dimensiones marcan distintas fortalezas y debilidades de cada comuna y de sus barrios, pero una cosa que encontramos en el análisis es que el hacinamiento impacta sobre muchas de los indicadores analizados", explicó La Ruffa. "Una buena política de vivienda, fundamentalmente en los barrios de emergencia, va a traer mejores condiciones en lo que hace a la reducción de la conflictividad, de la inseguridad, de mayor matrícula escolar".
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Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dependiendo del barrio en el que se viva, los vecinos tienen la suerte de vivir en zonas con las condiciones de Europa o de soportar el hacinamiento propio de la Latinoamérica del subdesarrollo.
El Índice de Bienestar Urbano (IBU) realizado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinó que existe una marcada diferencia entre los barrios del norte y los del sur en cuanto a las condiciones en las que viven los vecinos para su desarrollo personal.
Según el informe, cada barrio porteño tiene sus pros y sus contras; en algunas se destaca la conectividad para la movilidad urbana y en otras el precio promedio de las propiedades, en algunas se encuentra una buena oferta cultural y en otras los habitantes cuentan con más áreas verdes. Sin embargo, el hacinamiento, la desocupación y los más bajos ingresos suelen encontrarse en los mismos barrios.
Las Comunas que evidencian indicadores muy negativos son la 4 y la 8, que aglomeran los barrios sureños de La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, que tienen como margen el Riachuelo. Allí la tasa de desocupación coincide con la de países como Haití, Yemen o Serbia, según datos del Banco Mundial, y es la más alta de la ciudad (13,7%), en particular la Comuna 8 tiene un ingreso per cápita de 610 dólares mensuales.
Por su parte, la Comuna 8 tiene la peor tasa de mortalidad infantil (11,9 por cada 1.000 niños nacidos con vida). Equiparable a la de países como Armenia, Túnez o Libia, según el informe de i-Ciudad. Por el contrario, la Comuna 13, que abarca los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales, tiene un índices muy positivos en las cuatro variables.
El Ingreso per cápita está muy por arriba del promedio de la ciudad con 1.400 dólares mensuales (más del doble que en el sur), la tasa de desocupación es la más baja (3,8%), y coincide con las tasas de desempleo de países como Alemania. Es esta parte de la ciudad además, la de mortalidad infantil está dentro de las más bajas de Buenos Aires.
"Surgió como un aporte para revertir el desequilibrio histórico que se vive en la ciudad entre las zonas norte y sur, conociendo en profundidad cuán reales son estas diferencias. Si bien hay un ranking general, también hacia adentro se muestran las diferencias entre las cuatro dimensiones y entre las 15 categorías que analizamos", dijo Silvia La Ruffa, vicepresidenta de I-Ciudad, la organización que realizó el informe, a la agencia Sputnik.
En IBU utilizó datos oficiales provenientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2016 y analiza cada una de las 15 comunas porteñas. Además, el instituto aclara que es un indicador de bienestar y no de calidad de vida o desarrollo humano, lo cual significa que "privilegia la dimensión social por sobre la individual y jerarquiza el papel del Estado en la articulación de políticas urbanas".
"Las dimensiones marcan distintas fortalezas y debilidades de cada comuna y de sus barrios, pero una cosa que encontramos en el análisis es que el hacinamiento impacta sobre muchas de los indicadores analizados", explicó La Ruffa. "Una buena política de vivienda, fundamentalmente en los barrios de emergencia, va a traer mejores condiciones en lo que hace a la reducción de la conflictividad, de la inseguridad, de mayor matrícula escolar".
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Avances del "Monitoreo ambiental" del Salí-Dulce
Reconocen avances del programa "Monitoreo ambiental"
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Con el objeto de terminar con el flagelo de la contaminación ambiental en la cuenca Salí-Dulce, se celebró el séptimo aniversario del programa "Monitoreo ambiental" que se desarrolla de manera conjunta entre la Defensoría del Pueblo de la provincia y el Ministerio del Agua y Ambiente, todo bajo tutela de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Participaron del acto, el defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel E. Suárez; el secretario del Agua y de Ambiente, Lic. Sergio Zaltz; el presidente del Tribunal de Cuentas y ex defensor del Pueblo, Dr. Martín Díaz Achával, y el secretario de Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalván, quienes, en la oportunidad de participar de un panel, aludieron a todo el proceso que significó la puesta en operaciones del monitoreo permanente, alerta temprana en el embalse y la inspección a industrias de la provincia de Tucumán.
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27 millones para no ir a juicio por contaminar
Un industrial ofrece una reparación ambiental inédita
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El empresario Jorge Rocchia Ferro está dispuesto a desembolsar al menos $ 27 millones para suspender un juicio oral en Santiago del Estero.
Santiago del Estero denunció con insistencia la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce: ese papel histórico tiene como correlato la mayor compensación de daño ambiental ofrecida por un industrial en esta región. Jorge Rocchia Ferro, propietario de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA con sede en Tucumán, está dispuesto a desembolsar al menos $ 27 millones a los fines de obtener la suspensión del juicio a prueba en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) santiagueño. La probation implica beneficios para las jurisdicciones involucradas en el proceso y el financiamiento de infraestructura para el control de los ríos expuestos a la contaminación con desechos fabriles.
La propuesta de Rocchia Ferro, que afronta la imputación junto al ejecutivo José Coronel, ha de ser aceptada por el TOF que integran los camaristas Abelardo Basbús, Juan Carlos Reynaga y Federico Bothamley. Previamente debe dar su consentimiento la fiscala federal Indiana Garzón, que ya manifestó su oposición a otras ofertas más bajas, resistencia que frustró audiencias anteriores. Los acusados de Los Balcanes SA, empresa que explota el ingenio y destilería La Florida (fábrica ubicada en la localidad tucumana homónima), formalizaría esta semana un nuevo ofrecimiento. No se descarta que la compensación económica sea superior a la indicada. La probation además destina becas en la Universidad San Pablo-T, institución educativa ligada a Los Balcanes SA, a ciudadanos de Santiago del Estero. Los representantes de la empresa contactados ayer prefirieron no hacer comentarios para preservar la negociación en marcha. Sin perjuicio de ello, informaron que, además de la reparación ofertada en el proceso penal, la compañía lleva adelante inversiones para garantizar los estándares ambientales y evitar inconvenientes en el futuro (se informa por separado).
“Limosna”
El piso de $ 27 millones es producto de las propuestas desestimadas en el pasado. Esta suma considera desde la adquisición de camionetas 4x4 y una lancha hasta la construcción de una casa y la incorporación de equipamiento específico para controlar el cumplimiento de la legislación ambiental en la Cuenca Salí-Dulce (ver “Detalles...”). La Fiscalía de Estado de Santiago del Estero, uno de los querellantes en la causa, dictaminó que corresponde aceptar la probation, que permitirá a Rocchia Ferro y a Coronel librarse de un enjuiciamiento inminente. El 30 de noviembre pasado, el titular de ese órgano, Raúl Abate, manifestó que el resarcimiento ofrecido guarda relación con el perjuicio que la empresa ocasionó en la localidad santiagueña de El Palomar (departamento Jiménez) entre 2012 y 2013. El dictamen evoca la lucha de ese Estado provincial por controlar la disposición de vinaza y otros líquidos contaminantes en efluentes del río Salí por parte de los ingenios tucumanos. Luego del Embalse Río Hondo, el curso se transforma en el río Dulce y recorre el territorio santiagueño hasta desembocar en Córdoba.
La Provincia de Tucumán también es proclive a aceptar la proposición de Rocchia Ferro, según fuentes de la Fiscalía de Estado a cargo de Daniel Leiva. Pero el beneficio sólo prosperaría si la Fiscalía ante el TOF que dirige Garzón modifica su tesitura. El artículo 76 bis del Código Penal consigna que el tribunal debe acordar la suspensión del juicio con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Semanas atrás, Garzón calificó de “limosna” la propuesta de $ 18 millones formulada por el industrial. El diario El Liberal indicó que la fiscala había alegado que el daño causado no podía quedar impune y que correspondía aplicar a los acusados una sanción penal, además de exigirles la reparación económica.
En los ámbitos tribunalicios confían en que la renuencia de Garzón podría ceder gracias a las mejoras realizadas al ofrecimiento, y porque resulta incierto el resultado del debate de los presuntos hechos ilícitos imputados a Rocchia Ferro y Coronel. Esta perspectiva valora el efecto ejemplar y preventivo de la compensación contenida en la probation.
“Pantanal putrefacto”
La causa en poder del TOF de Santiago del Estero acumula distintos procesos iniciados en esa jurisdicción y en Tucumán, e instruidos respectivamente por los fiscales federales Pedro Simón y Carlos Brito (N°1). El santiagueño Simón pidió en 2015 el juzgamiento de Rocchia Ferro y de Coronel por la vinaza detectada en el paraje El Palomar. Según el requerimiento de Simón, el desecho industrial provino de la fábrica de La Florida, y afectó el suelo, el aire y el agua, además de producir riesgos para la salud. El fiscal identificó dos derrames distintos en 2012 y 2013, e incumplimientos de órdenes judiciales y administrativas por parte de Los Balcanes SA. Simón dijo que los vecinos afectados tenían escasos recursos y tuvieron que modificar sus hábitos de vida.
Por su parte y también en 2015, el fiscal Brito requirió que Rocchia Ferro vaya a juicio por la descarga de residuos peligrosos con olor nauseabundo en un canal de riego ubicado en La Florida, que conecta a esa localidad tucumana con Santiago del Estero. En esa investigación abierta en 2011, Brito advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán había clausurado preventivamente el ingenio luego de constatar que carecía de un plan para contener los derrames.
Las denuncias de contaminación de la Cuenca Salí-Dulce como consecuencia de la actividad industrial en Tucumán se intensificaron durante la década pasada. En 2005, el Gobierno de Santiago del Estero pidió en la Justicia Federal la apertura de una investigación que involucró a 22 empresas locales. Durante aquel año, las autoridades de la provincia vecina publicitaron un informe técnico que afirmaba que el vertido de desechos en los ríos había transformado al dique Frontal de Las Termas de Río Hondo en un “pantanal putrefacto”.
LA FIRMA DE ROCCHIA FERRO ASEVERÓ QUE TRABAJA POR CUIDAR EL AMBIENTE
La Compañía Azucarera Los Balcanes SA, que explota el ingenio y destilería La Florida, prefirió no hacer comentarios sobre la “probation” inédita que ofreció en el ámbito de un proceso penal en Santiago del Estero. Voceros de la firma tucumana expresaron que, más allá de esa reparación, estaban invirtiendo sumas cuantiosas para llegar a la meta de “vinaza cero” en menos de un año y concluir una planta de tratamiento de cenizas.
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Empresas sustentables beneficiadas con un proyecto de ley
Avanza en el Congreso ley para legalizar empresas sustentables
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Se trata de la ley de empresas BIC, un proyecto que brinda reconocimiento legal a las empresas de triple impacto. Buscan que se apruebe en una semana en el Senado.
En sesiones extraordinarias y a días de perder estado parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que le brindará reconocimiento legal a las empresas de triple impacto, es decir organizaciones que además de redito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social.
El Ejecutivo acompañó un proyecto de ley gestado por Sistema B y ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos) que reconoce jurídicamente a las empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC).La iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General en junio de 2017, pero recién 18 meses después llegó al recinto. El año pasado también entró el temario de extraordinarias pero no fue tratada.
Las empresas de triple impacto se desempeñan como organizaciones sin fines de lucro, pero ahora serán reconocidas legalmente al incorporar a la ley de Sociedades Comerciales. “Esta es una gran ley y es volver a apoyar a los emprendedores y darles el lugar que necesitan”, explica a ámbito.com Ezequiel Calcarami presidente de ASEA y amplia: “Ademásreconoce a aquellos emprendimientos que no solo tienen un impacto económico sino también un impacto social o ambiental”.
La iniciativa se aprobó por 117 votos aportados por Cambiemos, el justicialismo y el Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo y la izquierda reunieron 36 sufragios por la negativa. La oposición dijo que la norma “atrasa” porque plantea beneficios impositivos.
En ese sentido, Soledad Noel, abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B desmiente esa apreciación al tiempo que recuerda que el proyecto no habla de exenciones impositivas. En su lugar valora:“Esta sanción significa de 117 diputados de distintos partidos políticos vieron este proyecto una ley que genera valor, ese es el mensaje más relevante”.
Durante el debate el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que "en la Argentina ya existen muchas empresas de este tipo que buscan cuidar el medio ambiente, pero es necesario otorgarle un marco legal".
La expectativa está puesta ahora en el Senado, tanto de Sistema B como de ASEA apuntan a que la ley salga este año y ya comenzaron las conversaciones informarles en la Cámara alta. “Tenemos una semana para fortalecer la articulación con los senadores y ya tenemos vínculo en las diferentes provincias. Ahora se viene la batalla en el Senado”, advierte Noel.
Por su parte Calcarami reiteró: “Estamos muy contentos y confiados de que va a salir. Esperamos que sea la semana que viene”.
El proyecto establece que serán empresas de Beneficios e Interés Colectivo las "sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades".
Además establece que para convertirse en una empresa de triple impacto, "las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto o contrato social las previsiones que se detallan en la presente ley e inscribir las modificaciones en el registro público respectivo".
Estas empresas deben incluir en el contrato social "el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar" y contar con el respaldo del 75% de los socios con derechos a voto.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Se trata de la ley de empresas BIC, un proyecto que brinda reconocimiento legal a las empresas de triple impacto. Buscan que se apruebe en una semana en el Senado.
En sesiones extraordinarias y a días de perder estado parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que le brindará reconocimiento legal a las empresas de triple impacto, es decir organizaciones que además de redito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social.
El Ejecutivo acompañó un proyecto de ley gestado por Sistema B y ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos) que reconoce jurídicamente a las empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC).La iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General en junio de 2017, pero recién 18 meses después llegó al recinto. El año pasado también entró el temario de extraordinarias pero no fue tratada.
Las empresas de triple impacto se desempeñan como organizaciones sin fines de lucro, pero ahora serán reconocidas legalmente al incorporar a la ley de Sociedades Comerciales. “Esta es una gran ley y es volver a apoyar a los emprendedores y darles el lugar que necesitan”, explica a ámbito.com Ezequiel Calcarami presidente de ASEA y amplia: “Ademásreconoce a aquellos emprendimientos que no solo tienen un impacto económico sino también un impacto social o ambiental”.
La iniciativa se aprobó por 117 votos aportados por Cambiemos, el justicialismo y el Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo y la izquierda reunieron 36 sufragios por la negativa. La oposición dijo que la norma “atrasa” porque plantea beneficios impositivos.
En ese sentido, Soledad Noel, abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B desmiente esa apreciación al tiempo que recuerda que el proyecto no habla de exenciones impositivas. En su lugar valora:“Esta sanción significa de 117 diputados de distintos partidos políticos vieron este proyecto una ley que genera valor, ese es el mensaje más relevante”.
Durante el debate el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que "en la Argentina ya existen muchas empresas de este tipo que buscan cuidar el medio ambiente, pero es necesario otorgarle un marco legal".
La expectativa está puesta ahora en el Senado, tanto de Sistema B como de ASEA apuntan a que la ley salga este año y ya comenzaron las conversaciones informarles en la Cámara alta. “Tenemos una semana para fortalecer la articulación con los senadores y ya tenemos vínculo en las diferentes provincias. Ahora se viene la batalla en el Senado”, advierte Noel.
Por su parte Calcarami reiteró: “Estamos muy contentos y confiados de que va a salir. Esperamos que sea la semana que viene”.
El proyecto establece que serán empresas de Beneficios e Interés Colectivo las "sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades".
Además establece que para convertirse en una empresa de triple impacto, "las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto o contrato social las previsiones que se detallan en la presente ley e inscribir las modificaciones en el registro público respectivo".
Estas empresas deben incluir en el contrato social "el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar" y contar con el respaldo del 75% de los socios con derechos a voto.
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La "Liga Bioenergética" rechazan nuevos impuestos
Provincias productoras de biocombustibles insisten en rechazar el impuesto de Iguacel
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Hoy, pasado el mediodía, las provincias productoras de biocombustibles conformadas en la Liga Bioenergética recibirán al secretario de Energía, Javier Iguacel, tras la decisión del funcionario de dar marcha atrás con su idea de aplicar impuestos al biodiésel y bioetanol en su mezcla con la nafta en el Congreso. Los gobernadores dejarán en claro que, de ninguna forma, aceptarán el arancel y pedirán que sea para los combustibles fósiles.
Fuentes de Energía no quisieron responder si volverán a la carga con el impuesto, pero destacaron que "la medida es buena" y que "el lobby de provincias como Tucumán impiden el progreso".
La idea de Iguacel en su momento era la de imponer vía ley, un impuesto para el bioetanol del 74% del monto pagado por las naftas. Mientras que el biodiésel llegaba al 92% en su mezcla con el gasoil.
Al respecto y en diálogo con BAE Negocios, el ministro de la Producción, Luis Fernández, aclaró que rechaza de plano el impuesto. "Eso es algo que se debe hacer con los fósiles, que son los que contaminan dióxido a la atmósfera y no pagan por ello", dijo.
Fernández agregó: "Como no se hacen los Consejos Federales de Energía -algo que sucedía antes-, no sabemos cuál es la política del Gobierno respecto de los biocombustibles".
Por lo pronto, la llegada de dos ex directores ligados al petróleo y el gas deja en claro el objetivo del Gobierno. Ayer en el portal web de Energía se podía leer la siguiente leyenda: "Fomentamos el desarrollo del petróleo y el gas, pilares de nuestra matriz energética".
Pasada algunas horas, el error fue subsanado luego de las críticas del propio sector de biocombustibles por la siguiente frase: "Aseguramos el abastecimiento de energía para un país en desarrollo".
Mal comienzo para el secretario Iguacel en lo que se considera hoy la primera reunión con la Liga. Y más aún si busca un consenso para insistir con el impuesto. La opción de que el mismo sea coparticipable no es mal visto por algunas provincias.
Desde la industria y el Parlamento reconocieron que hay una intensión por parte del Ejecutivo de volver a la carga con el tema, pero se busca que el mismo no sea tan perjudicial para el sector. La idea es incluirlo en las sesiones extraordinarias, por eso el acercamiento de Iguacel con la Liga.
Esta vez el Ejecutivo impulsará el proyecto desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando que la de Energía está presidida por el FPV.
En definitiva, no se entiende lo que pasa puertas adentro del Gobierno. Un ejemplo de esto es que en el marco del G20, "Argentina firmó el acuerdo de París, para cumplirlo", dijo el secretario de Ambiente, Sergio Bergman. El mismo, como se sabe, habla de la decisión de 195 países que acordaron combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Hoy, pasado el mediodía, las provincias productoras de biocombustibles conformadas en la Liga Bioenergética recibirán al secretario de Energía, Javier Iguacel, tras la decisión del funcionario de dar marcha atrás con su idea de aplicar impuestos al biodiésel y bioetanol en su mezcla con la nafta en el Congreso. Los gobernadores dejarán en claro que, de ninguna forma, aceptarán el arancel y pedirán que sea para los combustibles fósiles.
Fuentes de Energía no quisieron responder si volverán a la carga con el impuesto, pero destacaron que "la medida es buena" y que "el lobby de provincias como Tucumán impiden el progreso".
La idea de Iguacel en su momento era la de imponer vía ley, un impuesto para el bioetanol del 74% del monto pagado por las naftas. Mientras que el biodiésel llegaba al 92% en su mezcla con el gasoil.
Al respecto y en diálogo con BAE Negocios, el ministro de la Producción, Luis Fernández, aclaró que rechaza de plano el impuesto. "Eso es algo que se debe hacer con los fósiles, que son los que contaminan dióxido a la atmósfera y no pagan por ello", dijo.
Fernández agregó: "Como no se hacen los Consejos Federales de Energía -algo que sucedía antes-, no sabemos cuál es la política del Gobierno respecto de los biocombustibles".
Por lo pronto, la llegada de dos ex directores ligados al petróleo y el gas deja en claro el objetivo del Gobierno. Ayer en el portal web de Energía se podía leer la siguiente leyenda: "Fomentamos el desarrollo del petróleo y el gas, pilares de nuestra matriz energética".
Pasada algunas horas, el error fue subsanado luego de las críticas del propio sector de biocombustibles por la siguiente frase: "Aseguramos el abastecimiento de energía para un país en desarrollo".
Mal comienzo para el secretario Iguacel en lo que se considera hoy la primera reunión con la Liga. Y más aún si busca un consenso para insistir con el impuesto. La opción de que el mismo sea coparticipable no es mal visto por algunas provincias.
Desde la industria y el Parlamento reconocieron que hay una intensión por parte del Ejecutivo de volver a la carga con el tema, pero se busca que el mismo no sea tan perjudicial para el sector. La idea es incluirlo en las sesiones extraordinarias, por eso el acercamiento de Iguacel con la Liga.
Esta vez el Ejecutivo impulsará el proyecto desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando que la de Energía está presidida por el FPV.
En definitiva, no se entiende lo que pasa puertas adentro del Gobierno. Un ejemplo de esto es que en el marco del G20, "Argentina firmó el acuerdo de París, para cumplirlo", dijo el secretario de Ambiente, Sergio Bergman. El mismo, como se sabe, habla de la decisión de 195 países que acordaron combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.
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Malas perspectivas para el biodiesel argentino en Europa
Europa vuelve a cerrar sus fronteras al biodiesel argentino
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Tras las quejas de los productores europeos, un informe oficial recomienda elevar los aranceles hasta el 33%, lo que implica el cierre de hecho del mercado. Está sujeto a la aprobación de los Estados miembro. Fuerte golpe a la política de libre comercio que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
La prédica del gobierno nacional de que Argentina debe abrirse al mundo y recibir las importaciones sin trabas ya que ello implicará un incremento de las exportaciones, recibió un duro golpe cuando trascendió que la Comisión Europea recomendará a los países de la Unión la adopción de un arancel de entre el 25% y el 33,4% para las compras de biodiesel argentino.
Si bien aún no salió la decisión final del órgano Ejecutivo de la UE, se espera que la propuesta de la Comisión Europea avance dados los antecedentes en la materia.
“Aunque esto aún require de la confirmación de los Estados miembro, esta es una buena noticia para la industria”, dijo a la agencia Reuters Kristell Guizouarn, titular de la Junta Europea de Biodiesel.
"Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión (...) debería imponerse un derecho compensatorio definitivo para evitar la materialización de la inminente amenaza de importante daño causado a la industria de la Unión por las importaciones subvencionadas", dijo la Comisión en su recomendación.
Según el informe de la Comisión Europea, los embarques masivos de biodiesel argentino “amenazan la industria” continental de biocombustibles. El reporte fue el resultado de una investigación reclamada por productores de biocombustibles de la UE, quienes aseguran haber sido impactados por las importaciones del producto argentino desde que la Unión redujo los aranceles que impone al producto argentino tras una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que por ello debieron recortar su producción.
Según Reuters, la recomendación de la Comisión es no aplicar tarifas en forma provisoria en septiembre e ir hacia tarifas permanentes a partir de enero próximo.
La UE considera que la producción de biodiesel está subsidiada en la Argentina porque los productores pagan menos derechos por la exportación de biodiesel que por la de porotos.
Sin embargo, esa política cambió desde julio y prevé una confluencia entre ambos impuestos hacia diciembre de 2019.
A la industria argentina de biodiesel se le presenta un escenario muy pesimista. El mercado de los Estados Unidos se cerró a principios de año cuando la administración de Donald Trump impuso tarifas de hasta el 72% a las importaciones del producto desde la Argentina. Ahora la UE se suma con esta tanda de aranceles.
Según Gustavo Idígoras, director del Centro de Estudios de Sistema Agroalimentario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “la Argentina no tiene subsidios a la soja ni a la harina, menos al aceite y mucho menos al biodiesel, pero debe lidiar con un mundo altamente proteccionista y subsidiado”.
El experto señala que los países importadores impulsan las compras de poroto de soja o, en el mejor de los casos, de aceite de soja, que es la base para la producción del biodiesel. “perder exportaciones de biodiesel es confirmar la victoria del proteccionismo de los países compradores”, señala.
Agrega que “la existencia de derechos diferenciales de exportación entre materias primas y productos industrializados no es un subsidio de acuerdo con la OMC. Es exclusivamente un impuesto al producto exportado con fines recaudatorios, pero no genera beneficio para la exportación”.
Además, “es un mecanismo eficiente para contrarrestar el escalonamiento arancelario en los países compradores, que aplican mayores aranceles sobre la base del nivel de industrialización”, indica.
Y concluye: “Evitemos entrar en la falsa dicotomía de libre comercio puro: no existe y no existirá”.
Lo cierto es que sin mercados externos, la industria local de biodiesel mira al gobierno para que eleve el corte de gasoil hasta el 20% o más. La capacidad de producción está en torno de los 4,5 millones de toneladas anuales y, con el corte actual, se vuelca al mercado interno un millón de toneladas.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Tras las quejas de los productores europeos, un informe oficial recomienda elevar los aranceles hasta el 33%, lo que implica el cierre de hecho del mercado. Está sujeto a la aprobación de los Estados miembro. Fuerte golpe a la política de libre comercio que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
La prédica del gobierno nacional de que Argentina debe abrirse al mundo y recibir las importaciones sin trabas ya que ello implicará un incremento de las exportaciones, recibió un duro golpe cuando trascendió que la Comisión Europea recomendará a los países de la Unión la adopción de un arancel de entre el 25% y el 33,4% para las compras de biodiesel argentino.
Si bien aún no salió la decisión final del órgano Ejecutivo de la UE, se espera que la propuesta de la Comisión Europea avance dados los antecedentes en la materia.
“Aunque esto aún require de la confirmación de los Estados miembro, esta es una buena noticia para la industria”, dijo a la agencia Reuters Kristell Guizouarn, titular de la Junta Europea de Biodiesel.
"Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión (...) debería imponerse un derecho compensatorio definitivo para evitar la materialización de la inminente amenaza de importante daño causado a la industria de la Unión por las importaciones subvencionadas", dijo la Comisión en su recomendación.
Según el informe de la Comisión Europea, los embarques masivos de biodiesel argentino “amenazan la industria” continental de biocombustibles. El reporte fue el resultado de una investigación reclamada por productores de biocombustibles de la UE, quienes aseguran haber sido impactados por las importaciones del producto argentino desde que la Unión redujo los aranceles que impone al producto argentino tras una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que por ello debieron recortar su producción.
Según Reuters, la recomendación de la Comisión es no aplicar tarifas en forma provisoria en septiembre e ir hacia tarifas permanentes a partir de enero próximo.
La UE considera que la producción de biodiesel está subsidiada en la Argentina porque los productores pagan menos derechos por la exportación de biodiesel que por la de porotos.
Sin embargo, esa política cambió desde julio y prevé una confluencia entre ambos impuestos hacia diciembre de 2019.
A la industria argentina de biodiesel se le presenta un escenario muy pesimista. El mercado de los Estados Unidos se cerró a principios de año cuando la administración de Donald Trump impuso tarifas de hasta el 72% a las importaciones del producto desde la Argentina. Ahora la UE se suma con esta tanda de aranceles.
Según Gustavo Idígoras, director del Centro de Estudios de Sistema Agroalimentario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “la Argentina no tiene subsidios a la soja ni a la harina, menos al aceite y mucho menos al biodiesel, pero debe lidiar con un mundo altamente proteccionista y subsidiado”.
El experto señala que los países importadores impulsan las compras de poroto de soja o, en el mejor de los casos, de aceite de soja, que es la base para la producción del biodiesel. “perder exportaciones de biodiesel es confirmar la victoria del proteccionismo de los países compradores”, señala.
Agrega que “la existencia de derechos diferenciales de exportación entre materias primas y productos industrializados no es un subsidio de acuerdo con la OMC. Es exclusivamente un impuesto al producto exportado con fines recaudatorios, pero no genera beneficio para la exportación”.
Además, “es un mecanismo eficiente para contrarrestar el escalonamiento arancelario en los países compradores, que aplican mayores aranceles sobre la base del nivel de industrialización”, indica.
Y concluye: “Evitemos entrar en la falsa dicotomía de libre comercio puro: no existe y no existirá”.
Lo cierto es que sin mercados externos, la industria local de biodiesel mira al gobierno para que eleve el corte de gasoil hasta el 20% o más. La capacidad de producción está en torno de los 4,5 millones de toneladas anuales y, con el corte actual, se vuelca al mercado interno un millón de toneladas.
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Cortometraje muestra la lucha de mujeres en el Riachuelo
Las mujeres del río: cómo es la lucha cotidiana contra la contaminación del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Un cortometraje muestra el trabajo y la valentía de quienes pelean a diario en el curso de agua, a una década del fallo de la Corte que ordena su saneamiento
La contaminación del Riachuelo baja hacia su desembocadura en el Río de la Plata a través de 64 kilómetros. En ese camino cuenta historias de mujeres valientes que en su pelea cotidiana intentan revertir una de las situaciones más graves en las que puede estar una población: el olvido y el abandono.
Esto es lo que cuenta el cortometraje Las mujeres del río, dirigido e ideado por Soledad Fernández Bouzo, que recoge la acción de Beatriz Mendoza, la vecina que comenzó con la causa por el saneamiento del Riachuelo que llegó a la Corte Suprema, de Claudia Leguizamón, maestra de una escuela de Villa Jardín y de Graciela Aguirre, que da clases en Lomas de Zamora, en Villa Lamadrid.
"Es muy frustrante. Lo que veo es involución. Hay cosas que me entristecen y hasta opacan todo lo voluntarioso que uno puede ser. Mi problema comenzó con una polineuritis cuando trabaja en la Villa Inflamable, en Dock Sud. Cada año nacen entre 300 y 500 chicos allí y nadie sabe si tienen plomo o hidrocarburos en la sangre y tampoco nadie sigue los casos. Hay acciones, pero no apuntan al centro del problema", le dice a Infobae Mendoza en el predio de la Universidad de Lanús donde la semana pasada se presentó oficialmente el cortometraje.
El reclamo de los vecinos no parece imposible de cumplir. Sin embargo, no ocurre: "Es necesario que se deje de contaminar, eso necesitamos. Y luego, atención de la salud".
En julio de este año se cumplieron 10 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue considerada histórica. El máximo tribunal ordenó a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca más contaminada de la Argentina. Sin embargo, el balance de esas acciones tiene un sabor agridulce.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas, los basurales clandestinos vuelven a brotar, la salud de la población se atiende de forma deficiente y el agua sigue igual o peor que hace una década o que hace un siglo.
Pero la pelea por que se cumpla con el fallo judicial no es la única que se da en esta cuenca en la que viven unas 7 millones de personas. "Busco que los chicos dejen de ser invisibles. Son los olvidados y por momentos ves que van a la escuela a permanecer. Así son los estudiantes con los que trabajamos", agrega Aguirre, directora de la ESB 334.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas
"Primero, les cuesta ver que nacen en ese ámbito pero que no son ellos los responsables. Es un proceso que es largo en el que hay que explicarles que tienen derechos. Ellos incluso intentan diseminar el mensaje entre sus familias, pero ellos también entraron en ese letargo", le cuenta a Infobae.
Leguizamón está en la misma lucha. Es maestra de la escuela 72 en Villa Jardín Lanús. Ella no pudo ir a la presentación del cortometraje que la tiene como protagonista. La emergencia lo impidió: las lluvias dejaron anegados a cientos de vecinos que buscaban un refugio para dormir o comer, después de que la inundación transformara en inhabitables sus casas.
"Un día les pedí a los pibes que escribieran en una hoja lo que les pasaba y entre los papeles había una hoja en blanco. Cómo podía pasar eso, no era obligatorio el trabajo. Sé de qué niño es y me entero de la muerte de sus dos hermanitos. No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco", dice en uno de los pasajes del corto y describe la realidad que sufren varios de los barrios y asentamientos que están en los bordes del Riachuelo.
Vivir condenados, vivir esperando, como describen el sociólogo de la Universidad de Austin, el argentino Javier Auyero y la antropóloga Débora Swistun en su libro Inflamable. En la Villa Inflamable, en Dock Sud, por caso, donde además de la tormenta se registró un nuevo accidente en la empresa Shell con incendio incluido. Allí viven 1800 familias que iban a ser relocalizadas. Ese proceso, aún no comenzó.
No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco
"Es un abandono por parte del Estado. No es un problema de justicia ambiental, es un problema político", insiste Mendoza.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) instaló medidores de calidad de aire en la zona y una encuesta. Y la Dirección de Salud y Educación Ambiental del organismo llevó adelante el proyecto "Niveles de plombemia en perros de la Cuenca Matanza Riachuelo como centinelas de riesgo ambiental". La vecina que inició la causa tiene sentimientos encontrados porque cree que si la agencia se disuelve o la desarman pierden todos.
Las noticias no son muy alentadoras por estos días. La Acumar, que ahora depende del Ministerio del Interior, tendrá en 2019 unos $1000 millones menos que este año.
Según las fuentes consultadas, esta diferencia radica en la contratación o no de los servicios para recolección de residuos de las orillas del río. Hasta este año esa tarea está a cargo de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la idea del ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, era que desde el año próximo esa tarea quedara a cargo de los municipios. En año electoral y con recesión, los expertos aseguran que será difícil que ocurra.
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Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Un cortometraje muestra el trabajo y la valentía de quienes pelean a diario en el curso de agua, a una década del fallo de la Corte que ordena su saneamiento
La contaminación del Riachuelo baja hacia su desembocadura en el Río de la Plata a través de 64 kilómetros. En ese camino cuenta historias de mujeres valientes que en su pelea cotidiana intentan revertir una de las situaciones más graves en las que puede estar una población: el olvido y el abandono.
Esto es lo que cuenta el cortometraje Las mujeres del río, dirigido e ideado por Soledad Fernández Bouzo, que recoge la acción de Beatriz Mendoza, la vecina que comenzó con la causa por el saneamiento del Riachuelo que llegó a la Corte Suprema, de Claudia Leguizamón, maestra de una escuela de Villa Jardín y de Graciela Aguirre, que da clases en Lomas de Zamora, en Villa Lamadrid.
"Es muy frustrante. Lo que veo es involución. Hay cosas que me entristecen y hasta opacan todo lo voluntarioso que uno puede ser. Mi problema comenzó con una polineuritis cuando trabaja en la Villa Inflamable, en Dock Sud. Cada año nacen entre 300 y 500 chicos allí y nadie sabe si tienen plomo o hidrocarburos en la sangre y tampoco nadie sigue los casos. Hay acciones, pero no apuntan al centro del problema", le dice a Infobae Mendoza en el predio de la Universidad de Lanús donde la semana pasada se presentó oficialmente el cortometraje.
El reclamo de los vecinos no parece imposible de cumplir. Sin embargo, no ocurre: "Es necesario que se deje de contaminar, eso necesitamos. Y luego, atención de la salud".
En julio de este año se cumplieron 10 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue considerada histórica. El máximo tribunal ordenó a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca más contaminada de la Argentina. Sin embargo, el balance de esas acciones tiene un sabor agridulce.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas, los basurales clandestinos vuelven a brotar, la salud de la población se atiende de forma deficiente y el agua sigue igual o peor que hace una década o que hace un siglo.
Pero la pelea por que se cumpla con el fallo judicial no es la única que se da en esta cuenca en la que viven unas 7 millones de personas. "Busco que los chicos dejen de ser invisibles. Son los olvidados y por momentos ves que van a la escuela a permanecer. Así son los estudiantes con los que trabajamos", agrega Aguirre, directora de la ESB 334.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas
"Primero, les cuesta ver que nacen en ese ámbito pero que no son ellos los responsables. Es un proceso que es largo en el que hay que explicarles que tienen derechos. Ellos incluso intentan diseminar el mensaje entre sus familias, pero ellos también entraron en ese letargo", le cuenta a Infobae.
Leguizamón está en la misma lucha. Es maestra de la escuela 72 en Villa Jardín Lanús. Ella no pudo ir a la presentación del cortometraje que la tiene como protagonista. La emergencia lo impidió: las lluvias dejaron anegados a cientos de vecinos que buscaban un refugio para dormir o comer, después de que la inundación transformara en inhabitables sus casas.
"Un día les pedí a los pibes que escribieran en una hoja lo que les pasaba y entre los papeles había una hoja en blanco. Cómo podía pasar eso, no era obligatorio el trabajo. Sé de qué niño es y me entero de la muerte de sus dos hermanitos. No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco", dice en uno de los pasajes del corto y describe la realidad que sufren varios de los barrios y asentamientos que están en los bordes del Riachuelo.
Vivir condenados, vivir esperando, como describen el sociólogo de la Universidad de Austin, el argentino Javier Auyero y la antropóloga Débora Swistun en su libro Inflamable. En la Villa Inflamable, en Dock Sud, por caso, donde además de la tormenta se registró un nuevo accidente en la empresa Shell con incendio incluido. Allí viven 1800 familias que iban a ser relocalizadas. Ese proceso, aún no comenzó.
No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco
"Es un abandono por parte del Estado. No es un problema de justicia ambiental, es un problema político", insiste Mendoza.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) instaló medidores de calidad de aire en la zona y una encuesta. Y la Dirección de Salud y Educación Ambiental del organismo llevó adelante el proyecto "Niveles de plombemia en perros de la Cuenca Matanza Riachuelo como centinelas de riesgo ambiental". La vecina que inició la causa tiene sentimientos encontrados porque cree que si la agencia se disuelve o la desarman pierden todos.
Las noticias no son muy alentadoras por estos días. La Acumar, que ahora depende del Ministerio del Interior, tendrá en 2019 unos $1000 millones menos que este año.
Según las fuentes consultadas, esta diferencia radica en la contratación o no de los servicios para recolección de residuos de las orillas del río. Hasta este año esa tarea está a cargo de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la idea del ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, era que desde el año próximo esa tarea quedara a cargo de los municipios. En año electoral y con recesión, los expertos aseguran que será difícil que ocurra.
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Alianza para la Acción Climática Argentina
Lanzan la Alianza para la Acción Climática Argentina
Fecha de Publicación: 03/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El movimiento está conformado por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobierno, que han mostrado un compromiso real con la acción climática y buscan catalizar su impacto mediante el trabajo conjunto
En la ciudad de Buenos Aires se realizó el lanzamiento de la Alianza para la Acción Climática Argentina, integrada por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobiernos.
Estos actores clave han mostrado un compromiso real con la acción climática (reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, generación de conocimiento y difusión, promoción de políticas públicas, etcétera) y buscan catalizar su impacto y compromiso por medio del diseño e implementación de acciones conjuntas y coordinadas que contribuyan al cumplimiento acelerado de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Argentina y que generen las condiciones que permitan aumentar las ambiciones nacionales como también incluir nuevas medidas climáticas.
“Llegó el momento en que todas las personas, representadas a través de las distintas instituciones de la sociedad, participen activamente y contribuyan a la implementación de los compromisos climáticos nacionales, creando las condiciones, interactuando colaborativamente entre ellas y con el gobierno, y proponiendo alternativas más ambiciosas para alcanzar el objetivo de los 1,5ºC. La Alianza para la Acción Climática Argentina es la forma en que se plasma esta intención”, aseguró Carlos Tanides, coordinador de Ambiente, Clima y Energía, de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
El evento de lanzamiento contó con la presencia de Yolanda Kakabadse, ex presidente de la Organización Mundial de Conservación (WWF, por sus siglas en inglés) y actual presidente del Consejo Asesor para Latinoamérica de la Organización.
Por otra parte, se realizó una mesa debate con algunos de los miembros ya confirmados de la Alianza para la Acción Climática Argentina.
Kakabadse fue muy clara en la importancia de las Alianzas para la Acción Climática y la necesidad de empezar a gestar un cambio entre todas las partes de la sociedad: “Siempre tratamos de lavarnos las manos, echando la culpa a los otros, a los empresarios, a los políticos; pero si cada uno de nosotros no empieza a actuar, con acciones individuales, particulares, que se multipliquen en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la sociedad y en la nación, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar desde adentro, desde las raíces, hacia afuera. Nosotros somos los agentes de cambio”, expresó.
Argentina es el tercer país del mundo en crear este tipo de Alianza luego de Japón y México y se espera que luego sigan otros países como Brasil, Colombia y Sudáfrica, entre otros.
La Alianza para la Acción Climática Argentina será presentada en el ámbito internacional en el marco de la 24ª Cumbre del Clima de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a realizarse en Katowice (Polonia) en las próximas semanas.
Acerca del Acuerdo de París
Adoptado en 2015, las naciones firmantes se comprometieron a emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
Lograr el cumplimiento de dichos compromisos requiere urgentemente de la movilización completa de la comunidad mundial, para lograr que la temperatura media en el mundo no aumente más de 1,5°C. Si la comunidad mundial quiere mantener el objetivo a su alcance y garantizar una respuesta de adaptación adecuada, la ciencia dice que las emisiones globales deben llegar a su punto máximo en 2020 y la acción climática debe acelerarse rápidamente en todas partes.
Por ese motivo, los compromisos nacionales del primer período del Acuerdo de París deben transformarse ahora en planes de implementación.
Los gobiernos nacionales no pueden enfrentar este desafío solos. El Acuerdo de París reconoce explícitamente el papel de los gobiernos subnacionales y locales y de otros actores tales como empresas, el sector académico, pueblos originarios y ONG, comúnmente conocidos como Actores No Estatales (ANE), como fundamentales para lograr la acción climática a la escala y velocidad requeridas.
En este marco nacen las alianzas para la Acción Climática, una iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés), Fundación Avina, CDP, C40, CAN, The Climate Group y We Mean Business.
Estas alianzas buscan articular y fortalecer a los actores locales para acelerar la transición a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima, implementando y acelerando los Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
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Fecha de Publicación: 03/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El movimiento está conformado por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobierno, que han mostrado un compromiso real con la acción climática y buscan catalizar su impacto mediante el trabajo conjunto
En la ciudad de Buenos Aires se realizó el lanzamiento de la Alianza para la Acción Climática Argentina, integrada por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobiernos.
Estos actores clave han mostrado un compromiso real con la acción climática (reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, generación de conocimiento y difusión, promoción de políticas públicas, etcétera) y buscan catalizar su impacto y compromiso por medio del diseño e implementación de acciones conjuntas y coordinadas que contribuyan al cumplimiento acelerado de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Argentina y que generen las condiciones que permitan aumentar las ambiciones nacionales como también incluir nuevas medidas climáticas.
“Llegó el momento en que todas las personas, representadas a través de las distintas instituciones de la sociedad, participen activamente y contribuyan a la implementación de los compromisos climáticos nacionales, creando las condiciones, interactuando colaborativamente entre ellas y con el gobierno, y proponiendo alternativas más ambiciosas para alcanzar el objetivo de los 1,5ºC. La Alianza para la Acción Climática Argentina es la forma en que se plasma esta intención”, aseguró Carlos Tanides, coordinador de Ambiente, Clima y Energía, de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
El evento de lanzamiento contó con la presencia de Yolanda Kakabadse, ex presidente de la Organización Mundial de Conservación (WWF, por sus siglas en inglés) y actual presidente del Consejo Asesor para Latinoamérica de la Organización.
Por otra parte, se realizó una mesa debate con algunos de los miembros ya confirmados de la Alianza para la Acción Climática Argentina.
Kakabadse fue muy clara en la importancia de las Alianzas para la Acción Climática y la necesidad de empezar a gestar un cambio entre todas las partes de la sociedad: “Siempre tratamos de lavarnos las manos, echando la culpa a los otros, a los empresarios, a los políticos; pero si cada uno de nosotros no empieza a actuar, con acciones individuales, particulares, que se multipliquen en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la sociedad y en la nación, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar desde adentro, desde las raíces, hacia afuera. Nosotros somos los agentes de cambio”, expresó.
Argentina es el tercer país del mundo en crear este tipo de Alianza luego de Japón y México y se espera que luego sigan otros países como Brasil, Colombia y Sudáfrica, entre otros.
La Alianza para la Acción Climática Argentina será presentada en el ámbito internacional en el marco de la 24ª Cumbre del Clima de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a realizarse en Katowice (Polonia) en las próximas semanas.
Acerca del Acuerdo de París
Adoptado en 2015, las naciones firmantes se comprometieron a emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
Lograr el cumplimiento de dichos compromisos requiere urgentemente de la movilización completa de la comunidad mundial, para lograr que la temperatura media en el mundo no aumente más de 1,5°C. Si la comunidad mundial quiere mantener el objetivo a su alcance y garantizar una respuesta de adaptación adecuada, la ciencia dice que las emisiones globales deben llegar a su punto máximo en 2020 y la acción climática debe acelerarse rápidamente en todas partes.
Por ese motivo, los compromisos nacionales del primer período del Acuerdo de París deben transformarse ahora en planes de implementación.
Los gobiernos nacionales no pueden enfrentar este desafío solos. El Acuerdo de París reconoce explícitamente el papel de los gobiernos subnacionales y locales y de otros actores tales como empresas, el sector académico, pueblos originarios y ONG, comúnmente conocidos como Actores No Estatales (ANE), como fundamentales para lograr la acción climática a la escala y velocidad requeridas.
En este marco nacen las alianzas para la Acción Climática, una iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés), Fundación Avina, CDP, C40, CAN, The Climate Group y We Mean Business.
Estas alianzas buscan articular y fortalecer a los actores locales para acelerar la transición a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima, implementando y acelerando los Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
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Temas ambientales nacionales en el G20
Uno de los temas del G20 sería el uranio de Chubut
Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.
Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.
Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.
También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.
Nucleares y Represas
Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.
Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.
Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.
Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.
Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.
Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.
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Fecha de Publicación: 01/12/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.
Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.
Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.
También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.
Nucleares y Represas
Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.
Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.
Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.
Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.
Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.
Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.
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Aeropuertos Argentina: negocios privados, tierras públicas
Un negocio de alto vuelo
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Pese a que hace veinte años que no paga el canon, que se venció la concesión y que no hizo ninguna de las obras a las que se comprometió, Aeropuertos Argentina 2000 recibirá 13 hectáreas, además de las 138 que ya tiene, para expandir el Jorge Newbery.
Aeropuertos Argentina 2000, que ocupa 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada (no paga el canon que le corresponde, no hay concesión, no hay permiso de uso, no hay absolutamente nada), se seguirá expandiendo: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca ampliar el Aeroparque Jorge Newbery con un faraónico proyecto que contempla extender el aeropuerto sobre trece hectáreas adyacentes de espacios verdes que son de dominio público y realizar un relleno de nueve hectáreas sobre el río para construir un estacionamiento subterráneo.
Para hacerlo, deberá aprobarse un convenio firmado a fines de 2017 entre Nación y Ciudad por el cual Horacio Rodríguez Larreta transfiere a la Nación terrenos porteños que el Ejecutivo Nacional transfiere a Aeropuertos Argentina 2000.
La medida, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, ya tiene un primer aval en la Legislatura y el apoyo de todo el bloque oficialista y de un amplio sector de la oposición. Desde el oficialismo argumentan que "en la actualidad el Aeroparque se encuentra con su capacidad sobreexigida" y prometen que con la ampliación "habrá mayor seguridad aeroportuaria". Sin embargo, vecinos, arquitectos, urbanistas y ambientalistas denuncian el impacto ambiental negativo de la obra y expresaron su absoluto rechazo al proyecto del que, aseguran, sólo se beneficiará la empresa concesionaria, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Por tratarse de territorios de dominio público de la Ciudad, el proyecto necesita ser aprobado en un sistema de doble lectura. Esto significa que debe aprobarse en primera instancia en la Legislatura, realizar audiencias públicas con funcionarios, vecinos y profesionales especializados en la cuestión y, luego, aprobarse de forma definitiva incorporando las observaciones que surjan en ese proceso. Así fue como el pasado 27 de septiembre la Legislatura ratificó por 42 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones el convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y la ampliación del aeropuerto. Desde la oposición señalaron algunas críticas al proyecto, entre ellas, que no se contempla el acceso del transporte público y la necesidad de ampliar la red de subtes de la Ciudad para acceder al Aeroparque, en lugar de priorizar la construcción de más cocheras. Sin embargo, todos los bloques legislativos, con la excepción del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, votaron a favor del proyecto.
El martes pasado se llevó a cabo en la Legislatura la audiencia pública previa a la votación definitiva. El tema no parece generar mucho interés entre los funcionarios ya que ninguno de los legisladores anotados para exponer fueron a la audiencia, que tuvo sólo tres expositores: Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y de Queremos Buenos Aires; María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, integrante de la Fundación Ciudad; y la ex legisladora porteña María José Lubertino.
"Las obras ya comenzaron y están avanzadas, no esperaron a la aprobación de esta Legislatura", denunció allí Guerrica Echevarría, quien trabaja activamente en la defensa de los espacios verdes y el medio ambiente en la Ciudad desde hace más de veinte años. "Aprobar obras de semejante envergadura sin ley es una situación de demasiada irregularidad. La otra irregularidad manifiesta en este proyecto es la entrega de tierras públicas de la Ciudad a una empresa privada. Aeropuertos Argentina 2000 está ocupando 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada: no le paga un canon a la Ciudad, no hay concesión y no hay permiso de uso. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño ahora le está entregando a una empresa privada 12 hectáreas más para uso gratuito a perpetuidad. Ese es el epicentro de la notable irregularidad de este proyecto de ley", aseguró.
Las tierras donde se ubica el Aeroparque estaban destinadas a ser un gran parque frente al Río de la Plata. De hecho, señala Guerrica Echevarría, "oficialmente en los planos de la Ciudad se lo sigue llamando Parque de La Raza".
En 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, se avanzó con la privatización de los aeropuertos en todo el país y desde entonces, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 controla el Aeroparque Jorge Newbery y otros 32 aeropuertos. Pero en el decreto de adjudicación de la licitación, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, se establecía que la empresa concesionaria asumía el compromiso de construir un aeropuerto alternativo en el Gran Buenos Aires o agrandar Ezeiza "con anterioridad al año siete (7) de la concesión". "Aeropuertos Argentina 2000 no sólo no cumplió con el acuerdo sino que, además, acumuló una deuda de más de 850 millones de pesos en concepto de canon no pagado y obras no realizadas. Pero el gobierno nacional le perdonó la deuda a la empresa a cambio de un 20 por ciento de las acciones, que pasaron a manos del Estado. El problema es que con ese 20 por ciento el Estado está en absoluta minoría y no resuelve nada y, lo que es peor aún, no quiere resolver. Son veinte años de irregularidades", recordó el arquitecto.
Además, el proyecto del oficialismo va a contramano del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad aprobado en el 2000, vigente en la actualidad. En el Código, y teniendo en cuenta que --según lo acordado con la concesionaria-- el Aeroparque sería desalojado en 2005, se establece que el predio sería convertido en un parque público. El consenso expresado en ese código era, justamente, que el Aeroparque tiene un impacto negativo en términos ambientales y urbanísticos.
Al mismo tiempo, el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 establece la necesidad de "preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes". En otras palabras, prohíbe hacer nuevos rellenos al Río de la Plata. Todos estos factores son obviados en el proyecto que impulsa el oficialismo porteño, aunque hace campaña con la promesa de una Ciudad Verde.
El 9 de marzo pasado se realizó otra audiencia pública por este tema, en la que se habló sobre el impacto ambiental. En esa oportunidad participaron representantes de ONG y funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
Allí, se presentó un estudio técnico de evaluación ambiental que despertó muchas críticas, entre otras cosas, por pretender naturalizar el avance sobre el río al señalar que "la ciudad ya estaba habituada a los rellenos sobre la costa" y por no tener en cuenta el aumento de la contaminación sonora que vendría de la mano de una mayor cantidad de aterrizajes en Aeroparque. Según el informe, el principal problema del proyecto que impulsa el oficialismo de la mano del holding de Eurnekian serían el tránsito y los ruidos de los camiones, que día a día llevarán los 400 mil metros cúbicos de materiales para el relleno costero.
"El informe no tenía en cuenta lo que implica la alteración del perfil costero, el impacto del cambio climático, el traslado de la desembocadura del arroyo Maldonado, la contaminación sonora ni el hecho de que se van a liquidar árboles centenarios de la costanera. No les importa nada. Un desastre", sostuvo Guerrica Echevarría. "Es cierto que este aeroparque está fuera de las normas internacionales porque tiene una pista y una calle de carreteo que no tienen la distancia mínima que corresponde. Y, sí, es cierto, para dejar el aeroparque acá y ponerlo en norma, tienen que rellenar el río", reconoce el arquitecto, pero señala que eso no puede hacerse a costa del espacio público ni del medio ambiente de la Ciudad. "El problema es que cada vez se va a necesitar un aeropuerto más grande y esa situación puede seguir así hasta el infinito. Al final, vamos a terminar con la aeroisla de Menem", concluyó.
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Pese a que hace veinte años que no paga el canon, que se venció la concesión y que no hizo ninguna de las obras a las que se comprometió, Aeropuertos Argentina 2000 recibirá 13 hectáreas, además de las 138 que ya tiene, para expandir el Jorge Newbery.
Aeropuertos Argentina 2000, que ocupa 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada (no paga el canon que le corresponde, no hay concesión, no hay permiso de uso, no hay absolutamente nada), se seguirá expandiendo: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca ampliar el Aeroparque Jorge Newbery con un faraónico proyecto que contempla extender el aeropuerto sobre trece hectáreas adyacentes de espacios verdes que son de dominio público y realizar un relleno de nueve hectáreas sobre el río para construir un estacionamiento subterráneo.
Para hacerlo, deberá aprobarse un convenio firmado a fines de 2017 entre Nación y Ciudad por el cual Horacio Rodríguez Larreta transfiere a la Nación terrenos porteños que el Ejecutivo Nacional transfiere a Aeropuertos Argentina 2000.
La medida, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, ya tiene un primer aval en la Legislatura y el apoyo de todo el bloque oficialista y de un amplio sector de la oposición. Desde el oficialismo argumentan que "en la actualidad el Aeroparque se encuentra con su capacidad sobreexigida" y prometen que con la ampliación "habrá mayor seguridad aeroportuaria". Sin embargo, vecinos, arquitectos, urbanistas y ambientalistas denuncian el impacto ambiental negativo de la obra y expresaron su absoluto rechazo al proyecto del que, aseguran, sólo se beneficiará la empresa concesionaria, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Por tratarse de territorios de dominio público de la Ciudad, el proyecto necesita ser aprobado en un sistema de doble lectura. Esto significa que debe aprobarse en primera instancia en la Legislatura, realizar audiencias públicas con funcionarios, vecinos y profesionales especializados en la cuestión y, luego, aprobarse de forma definitiva incorporando las observaciones que surjan en ese proceso. Así fue como el pasado 27 de septiembre la Legislatura ratificó por 42 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones el convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y la ampliación del aeropuerto. Desde la oposición señalaron algunas críticas al proyecto, entre ellas, que no se contempla el acceso del transporte público y la necesidad de ampliar la red de subtes de la Ciudad para acceder al Aeroparque, en lugar de priorizar la construcción de más cocheras. Sin embargo, todos los bloques legislativos, con la excepción del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, votaron a favor del proyecto.
El martes pasado se llevó a cabo en la Legislatura la audiencia pública previa a la votación definitiva. El tema no parece generar mucho interés entre los funcionarios ya que ninguno de los legisladores anotados para exponer fueron a la audiencia, que tuvo sólo tres expositores: Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y de Queremos Buenos Aires; María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, integrante de la Fundación Ciudad; y la ex legisladora porteña María José Lubertino.
"Las obras ya comenzaron y están avanzadas, no esperaron a la aprobación de esta Legislatura", denunció allí Guerrica Echevarría, quien trabaja activamente en la defensa de los espacios verdes y el medio ambiente en la Ciudad desde hace más de veinte años. "Aprobar obras de semejante envergadura sin ley es una situación de demasiada irregularidad. La otra irregularidad manifiesta en este proyecto es la entrega de tierras públicas de la Ciudad a una empresa privada. Aeropuertos Argentina 2000 está ocupando 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada: no le paga un canon a la Ciudad, no hay concesión y no hay permiso de uso. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño ahora le está entregando a una empresa privada 12 hectáreas más para uso gratuito a perpetuidad. Ese es el epicentro de la notable irregularidad de este proyecto de ley", aseguró.
Las tierras donde se ubica el Aeroparque estaban destinadas a ser un gran parque frente al Río de la Plata. De hecho, señala Guerrica Echevarría, "oficialmente en los planos de la Ciudad se lo sigue llamando Parque de La Raza".
En 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, se avanzó con la privatización de los aeropuertos en todo el país y desde entonces, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 controla el Aeroparque Jorge Newbery y otros 32 aeropuertos. Pero en el decreto de adjudicación de la licitación, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, se establecía que la empresa concesionaria asumía el compromiso de construir un aeropuerto alternativo en el Gran Buenos Aires o agrandar Ezeiza "con anterioridad al año siete (7) de la concesión". "Aeropuertos Argentina 2000 no sólo no cumplió con el acuerdo sino que, además, acumuló una deuda de más de 850 millones de pesos en concepto de canon no pagado y obras no realizadas. Pero el gobierno nacional le perdonó la deuda a la empresa a cambio de un 20 por ciento de las acciones, que pasaron a manos del Estado. El problema es que con ese 20 por ciento el Estado está en absoluta minoría y no resuelve nada y, lo que es peor aún, no quiere resolver. Son veinte años de irregularidades", recordó el arquitecto.
Además, el proyecto del oficialismo va a contramano del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad aprobado en el 2000, vigente en la actualidad. En el Código, y teniendo en cuenta que --según lo acordado con la concesionaria-- el Aeroparque sería desalojado en 2005, se establece que el predio sería convertido en un parque público. El consenso expresado en ese código era, justamente, que el Aeroparque tiene un impacto negativo en términos ambientales y urbanísticos.
Al mismo tiempo, el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 establece la necesidad de "preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes". En otras palabras, prohíbe hacer nuevos rellenos al Río de la Plata. Todos estos factores son obviados en el proyecto que impulsa el oficialismo porteño, aunque hace campaña con la promesa de una Ciudad Verde.
El 9 de marzo pasado se realizó otra audiencia pública por este tema, en la que se habló sobre el impacto ambiental. En esa oportunidad participaron representantes de ONG y funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
Allí, se presentó un estudio técnico de evaluación ambiental que despertó muchas críticas, entre otras cosas, por pretender naturalizar el avance sobre el río al señalar que "la ciudad ya estaba habituada a los rellenos sobre la costa" y por no tener en cuenta el aumento de la contaminación sonora que vendría de la mano de una mayor cantidad de aterrizajes en Aeroparque. Según el informe, el principal problema del proyecto que impulsa el oficialismo de la mano del holding de Eurnekian serían el tránsito y los ruidos de los camiones, que día a día llevarán los 400 mil metros cúbicos de materiales para el relleno costero.
"El informe no tenía en cuenta lo que implica la alteración del perfil costero, el impacto del cambio climático, el traslado de la desembocadura del arroyo Maldonado, la contaminación sonora ni el hecho de que se van a liquidar árboles centenarios de la costanera. No les importa nada. Un desastre", sostuvo Guerrica Echevarría. "Es cierto que este aeroparque está fuera de las normas internacionales porque tiene una pista y una calle de carreteo que no tienen la distancia mínima que corresponde. Y, sí, es cierto, para dejar el aeroparque acá y ponerlo en norma, tienen que rellenar el río", reconoce el arquitecto, pero señala que eso no puede hacerse a costa del espacio público ni del medio ambiente de la Ciudad. "El problema es que cada vez se va a necesitar un aeropuerto más grande y esa situación puede seguir así hasta el infinito. Al final, vamos a terminar con la aeroisla de Menem", concluyó.
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