Sumar dólares: Gobierno negocia financiamiento climático con multilaterales y FMI

Fecha de Publicación: 23/03/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno espera anunciar en los próximos meses créditos con bancos multilaterales y el FMI para financiar acciones para mitigación del cambio climático. Buscan sumar dólares ante una sequía que podría tener un costo de casi u$s20.000 millones en exportaciones.
Con bajas reservas, una sequía histórica que golpea al principal complejo exportador y la orden política de que no haya un salto cambiario, el ministro de Economía, Sergio Massa, busca sumar financiamiento. Una alternativa que buscan desbloquear en el Palacio de Hacienda es la “financiación climática” por parte de bancos multilaterales y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno estableció un plan de mitigación del cambio climático de cara a 2030 con un costo superior a los u$s200.000 millones.
Si bien existe un abanico de alternativas de financiamiento para acciones climáticas, que van desde bonos verdes y hasta canjes de deudas, el Gobierno espera que en el corto plazo puedan destrabarse créditos con bancos multilaterales y con el Fondo de Resiliencia que creó el año pasado el FMI, con posibilidad de préstamos a 20 años, a través de Derechos Especiales de Giro (DEG).
Las gestiones las lleva a cabo una mesa de finanzas sostenibles que conforma el Ministerio de Economía, con Marco Lavagna a la cabeza, y la Secretaría de Cambio Climático, cuya titular es Cecilia Nicolini. Lo que piden es que los créditos para financiamiento climático sean “nuevos fondos”, y no los que suelen destinarse para el desarrollo de países emergentes.
Otra opción que se analiza para el corto plazo es la “estrategia de mercados de carbono”, que está en el artículo 6 del Acuerdo de París. Permite que durante un período de tiempo los países puedan intercambiar certificados de carbono, es decir, el compromiso de reducción de emisiones a cambio de financiamiento. “Y luego con esos dólares poder trabajar en la mitigación climática y transición energética”, explicó Nicolini en una entrevista en la TV Pública. “Estamos con algunos proyectos piloto y acuerdos bilaterales que esperamos en los próximos meses avanzar y anunciar”, anticipó.
Una de las discusiones que se plantean cuando se negocian este tipo de créditos, que pueden ser para cambiar métodos de producción de las empresas, es que haya lugar para la “transferencia tecnológica” y que no sean procesos de venta “llave en mano”, dado que el Gobierno considera que se necesita “desarrollar capacidades nacionales y científicas para que la transformación productiva genere más trabajo”, explicó Nicolini.
La posición de Argentina es que los acreedores financieros del país son deudores ambientales. Massa llevó ese concepto a las últimas giras internacionales. El mes pasado, en la cumbre de ministros de finanzas del G20 que se realizó en India, pidió “discutir otras alternativas de financiamiento”, además de las que otorgan los organismos multilaterales, y proporcionar “alivio financiero”, sobre todo en un contexto de creciente suba en las tasas de interés.
Así lo aseguró Massa frente a sus pares del G20: “Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económico-financieros y países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero pero es acreedor ambiental. El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros”, indicó.
En el Palacio de Hacienda buscan conseguir dólares para que no se frene la actividad. La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a recortar las proyecciones de la cosecha por la sequía, y la estimó en 50 millones menos de toneladas, un impacto en exportaciones de u$s19.000 millones. De no compensar la cantidad de dólares para abastecer las importaciones, la consultora PxQ estima una caída del PBI del 3%. Sin detallar medidas concretas, una alta fuente de Economía aseguró: “En el segundo trimestre va a haber medidas para compensar con otros instrumentos la menor entrada de dólares para que no haya caída en la actividad”.
En la Secretaría de Cambio Climático, que encabeza Nicolini, consideran que existe una correlación entre el cambio climático y la actual sequía, por cómo la suba de las temperaturas genera estrés hídrico, haciendo más extremos fenómenos como La Niña. A causa de las sequías, se estima que en las últimas dos décadas Argentina perdió más de u$s24.000 millones en la producción de soja y maíz.

Costos millonarios
A fines del año pasado, el Ministerio de Ambiente presentó un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, con 250 medidas para llevar a cabo de cara al 2030, y así avanzar en la transición energética, movilidad sostenible, innovación en procesos productivos y conservación de la biodiversidad. En diálogo con Ámbito, Nicolini explicó que estiman el costo total en más de u$s200.000 millones. “El costo de inacción puede ser muy elevado también”, explicó.
Nicolini señaló que existe una “deuda” de los países desarrollados que en 2009 se comprometieron a otorgar u$s100.000 millones para los países en desarrollo para financiamiento climático que no se cumplió. Actualmente, los países en desarrollo reclaman que esa cifra se triplique, y llegar al billón anual. “En las convenciones internacionales nos exigen más esfuerzo en acelerar la descarbonización, la respuesta es que sí, fantástico, estamos comprometidos, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un plan, pero para eso necesitamos fondos de cooperación”, explicó Nicolini.
Ante la consulta de este diario sobre si existe una contradicción entre los objetivos de descarbonización y los planes para desarrollar más la minería y los hidrocarburos en Vaca Muerta, Nicolini explicó que la clave no pasa por la “prohibición de actividades”, sino por buscar métodos de producción “más sostenibles”.
“Hay sectores que son funcionales para la transición ecológica, por ejemplo, la minería de litio y cobre se necesita para la electrificación, la electromovilidad y los parques eólicos y solares", explicó Nicolini. Sobre el caso puntual de Vaca Muerta, aseguró que “hay un consenso” sobre que el gas es importante para la transición energética, como una energía mucho menos contaminante que el carbón. “Hay países que tienen hasta el 50% de su matriz con carbón, exportando gas vamos a poder tener un impacto en la transición de nuestra matriz, pero también en la de otros países”, agregó.
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Revés judicial para Atanor: confirman contaminación masiva en el río Paraná

Fecha de Publicación: 13/03/2023
Fuente: elciudadanoweb.com
Provincia/Región: Buenos Aires


Este jueves se dictó sentencia definitiva contra la planta industrial que produce herbicidas en el centro urbano de San Nicolás. Fabián Maggi, uno de los abogados que impulsó la causa hace 8 años, dijo que ahora hay que determinar el daño provocado en el ambiente y en la salud pública
El poder Judicial de Buenos Aires hizo lugar a un amparo ambiental contra la planta industrial de la empresa Atanor SCA, una de las tres productoras de herbicidas más importantes del mundo, por contaminar el río Paraná mediante vertidos “ilegales y sin autorización de residuos peligrosos” en la ciudad de San Nicolás.
Luego de una causa que lleva ocho años en la Justicia, la jueza de Ejecución Penal de San Nicolás Luciana Bancalari dictó una sentencia definitiva contra la planta industrial ubicada en pleno radio urbano de esa localidad bonaerense.
Fabián Maggi, abogado patrocinante de la Asociación Civil Foro Medio Ambiente de San Nicolás (Fomea) dijo que el fallo judicial es un “gran paso” tras tantos años de lucha y resaltó que ahora resta “establecer la responsabilidad penal por el daño causado en el ambiente y a la salud pública”.
El amparo ambiental fue interpuesto por Fomea en 2015 para denunciar la “masiva” contaminación del ambiente con agroquímicos y la “grave” afectación en la salud de los vecinos de esa localidad, puesto que la empresa se ubica en pleno ejido urbano.
Luego de ocho años de trámite judicial y la realización de numerosas pruebas que contaron con la intervención del Conicet, el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, la jueza a cargo, Luciana Bancalari, determinó en su sentencia definitiva que “fue probado el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor”.
Sostiene la jueza en su sentencia que quedó demostrado que la empresa Atanor volcaba sus efluentes líquidos al río Paraná, sin la debida autorización por parte de la Autoridad del Agua conforme surge de las actas de inspección.
En ese sentido, señaló que de la pericia del Conicet sobre muestras de agua de Atanor indica “la presencia de Atrazina con valores superiores a los permitidos para protección de la biota acuática en aguas superficiales, encuadrando dentro de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, en particular en el grupo Y4 (Anexo I)”.
La pericia llega a la conclusión de que “Atanor SCA vuelca desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río y afectan la biota acuática, todo ello considerando los Niveles Guías de Calidad de Agua de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina (2003) que establece el nivel guía de calidad para Atrazina en cursos de aguas superficiales”.
Bancalari sostuvo que “no puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”.
Por ese motivo la magistrada condenó a la industria demandada a la inmediata puesta en funcionamiento de un mejoramiento del sistema de tratamiento de efluentes líquidos en el término de 20 días.
También los obliga a realizar una evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativo, un estudio de perturbación del suelo con intervención del Conicet y convocó a la Universidad Nacional de Entre Ríos a realizar un monitoreo de la calidad de aire en la población circundante incluyendo domicilios particulares, de los resultados que allí se obtengan se tomarán nuevas decisiones judiciales.
Finalmente, el poder Judicial de Buenos Aires prohibió definitivamente a la empresa Atanor continúe produciendo el insecticida “clorpirifos”, sustancia que se utiliza como insecticida y múltiples estudios han demostrado que causa daño neurológico en niños y niñas.
En ese sentido, la titular del juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, tuvo especialmente en cuenta la declaración testimonial de la reconocida genetista Delia Aiassa quien afirmó: “En nuestra experiencia lo que hemos probado en animales y células humanas expuestas han sido glifosato, cipermetrina y trifluralina y hemos encontrado que en animales o seres humanos, esos químicos causan un daño en el material genético que se transforman en mediano o largo plazo como problemas adversos en la salud”.
La intervención del Conicet fue crucial en la decisión final de la causa como indica la sentencia judicial textualmente: “El perito ingeniero Porta dictaminó en su pericia que los hallazgos efectuados en el marco del expediente federal acreditan que diversos sectores de la planta industrial presentan elevados índices de contaminación en suelo”.
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Argentina buscará que la ley de humedales no frene el auge del litio

Fecha de Publicación: 09/03/2023
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Algunas versiones de la legislación clasifican a las salinas andinas ricas en litio como áreas de humedales.
La Argentina está en conversaciones con los responsables de política monetaria y las empresas para evitar que la ley de protección de humedales frene la exploración a medida que el mundo busca fuentes de energía más amigables con el medio ambiente.
Argentina está en camino de convertirse en uno de los mayores proveedores de litio necesario para el cambio hacia una energía y un transporte más limpios. El país ha estado trabajando en una ley, impulsada por su presidente en un importante discurso la semana pasada, para proteger sus humedales en medio de los extensos incendios que a menudo se achacan a los agricultores. Pero una ley así podría detener la exploración de litio.
“Todos estamos convencidos de que el cuidado del medio ambiente es un pilar central del desarrollo”, dijo el subsecretario de Minería federal, Fernanda Ávila, en una entrevista en una conferencia minera en Toronto. “Lo que estamos debatiendo y discutiendo es cómo se puede aprobar la ley de humedales sin poner en riesgo los proyectos mineros”.
Algunas versiones de la legislación clasifican las salinas andinas ricas en litio de Argentina, un imán cada vez mayor para los mineros internacionales y los fabricantes de baterías, como áreas de humedales debido a las grandes piscinas salinas debajo de la superficie. Los gobernadores de las tres principales provincias de litio del país han expresado su preocupación ante la posibilidad de que una ley impida la exploración del metal.
El Gobierno Federal está trabajando con las provincias y un grupo de la industria que representa a las mineras para asegurarse de que eso no suceda, dijo Ávila.
El Gobierno también está tratando de convencer a las mineras de que Argentina está lista para proyectos de inversiones a largo plazo, después de que las políticas fragmentarias para abordar las restricciones del país sobre los flujos de dinero y los impuestos a la exportación se quedaran cortas.
“Estamos hablando con las empresas, que generalmente están invirtiendo no menos de US$4.000 millones, para darles mayores garantías a través de un acuerdo que abarque varios temas”, dijo Ávila.
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Hidrovía, detalles del plan para ampliar uno de los trazados más importantes de Latinoamérica

Fecha de Publicación: 07/03/2023
Fuente: Mirador Provincial
Provincia/Región: Litoral Argentino


El ministro de Transporte de la Nación defendió la gestión realizada hasta el momento por el gobierno nacional con respecto a la toma de la Hidrovía. Giuliano indicó que "la percepción por parte del peaje fue positiva para el Estado nacional con un excedente de 29 millones de dólares" y que "esto se va a reinvertir en Vías Navegables".
En agosto del año pasado el Ministerio de Transporte prorrogó el contrato de concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná con la Administración General de Puertos (AGP) hasta la toma de servicio de quien resulte adjudicatario de su licitación. La prórroga fue dispuesta a través de la resolución 515/2022 publicada este lunes en el Boletín Oficial, y de esta forma, la AGP continuará con la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.
En diálogo con Mirador Provincial, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, contó que, tras el fin del contrato anterior después de 26 años, "hubo un cambio cualitativo muy grande". "El presidente creó el Ente Nacional de Control y Gestión de Vías Navegables e incorporó a las 7 provincias costeras, algo que no estaba obligado a hacer. Sin embargo, fue decisión de este gobierno federalizarlo".
El funcionario defendió la gestión realizada hasta el momento por el gobierno nacional con respecto a la toma de la Hidrovía. Giuliano indicó que "la percepción por parte del peaje fue positiva para el Estado nacional con un excedente de 29 millones de dólares" y que "esto se va a reinvertir en Vías Navegables".
A su vez, como novedad, el ministro adelantó que están "extendiendo la vías navegables troncales hacia Formosa y Misiones". Se trata de aguas de uso común con Paraguay para lo cual "habrá que hacer todos los acuerdos internacionales correspondientes, pero con la decisión de hacerlo".
Giuliano entiende que la Hidrovía -durante todos estos años- "tuvo un techo muy bajo". Es por eso, que ahora "pensamos en una mucho más amplia". En este sentido, la provincia de Santa Fe "se verá beneficiada", porque "tiene un asiento en esto y tiene voto, junto con el resto de las provincias, es decir, hay participación directa".
También, el flamante ministro recordó que "el presidente -Alberto Fernández- ratificó que la sede de vías navegables se instalará en Rosario" y que "el inmueble ya está dispuesto". Se trata del plan para "democratizar, descentralizar y federalizar la hidrovía".
Además, "se estableció un peaje no solo en la parte más competitiva, sino desde Santa Fe al norte, mientras que antes no se hacían obras de mantenimiento y no se cobraba peaje y se beneficiaba a otras flotas y por eso la Argentina quedó muy complicada", pero ahora el proyecto "es otro y más ambicioso para el país", cerró.
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Argentina: La protección de los derechos humanos de algunos grupos está rezagada frente a las actividades empresariales

Fecha de Publicación: 03/03/2023
Fuente: ONU
Provincia/Región: Nacional


“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, dijo un grupo de expertos en derechos humanos al terminar una visita al país en la que llamó a las autoridades a garantizar esos derechos a toda la población en el marco de las actividades de las empresas.
Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales aún en medio de la crisis macroeconómica que atraviesa actualmente, cuando las inversiones y producción de las corporaciones se consideran una posible solución a los problemas económicos del país, señaló este miércoles un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
Al concluir una visita oficial a Argentina, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos* reconoció avances prometedores en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social; sin embargo, destacó que la protección de las garantías fundamentales de algunos grupos dentro del país está rezagada.
De acuerdo con los expertos del Grupo, las desigualdades se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, que ha tenido graves impactos sobre los derechos humanos.

Pueblos indígenas y reparaciones
“Es alarmante la invisibilidad que sufren las comunidades y pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, declaró Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo.
El equipo de especialistas pudo observar de primera mano las afectaciones de las actividades empresariales sobre los derechos a la salud; a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; al agua y al saneamiento; a la participación; al acceso a la información; a la subsistencia y al desarrollo.
Los expertos argumentaron que las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas.
En este sentido, instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar los esfuerzos para prevenir estos impactos y garantizar el acceso a la reparación.
“Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo”, precisaron.

Las personas y el medio ambiente son primero
La presidenta del Grupo de Trabajo, Pichamon Yeophantong, subrayó que Argentina no debe olvidar que “las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero” y afirmó que fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable.
Los expertos recordaron que el país sudamericano cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados, por lo que lamentaron la brecha que existe entre los marcos legales y regulatorios y su implementación y cumplimiento.
Agregaron que no corregir esa falencia significaría que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.
“Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos”, enfatizaron.
La visita del Grupo de Trabajo incluyó reuniones con representantes del gobierno, la sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas, y empresas privadas y estatales con los que discutieron las oportunidades y retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Los expertos estuvieron en las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y conversaron con autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.
El informe final de la visita, que incluirá hallazgos y recomendaciones, se presentará en junio de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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El año pasado el país tuvo la mayor producción de etanol de la historia

Fecha de Publicación: 23/02/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Con un fuerte impulso del uso a base de maíz, registró una suba del 16% y alcanzó los 1,17 millones de metros cúbicos
La producción de bioetanol argentino alcanzó su máximo histórico el año pasado. Se produjeron 1,17 millones de metros cúbicos, mostrando un crecimiento cercano al 16% interanual. El protagonista del hito productivo fue el bioetanol de maíz, cuya producción subió un 32%, a 0,71 millones de metros cúbicos respecto a 2021, y alcanzó su récord.
El dato surge de un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En la entidad explicaron que el año pasado aumentó la demanda de transporte y eso llevó a una suba del consumo de combustibles en todo el país. “Al tener esta nafta un corte obligatorio del 12%, la producción de bioetanol en Argentina acompañó el alza y mostró un crecimiento cercano al 16% interanual en 2022″, dijeron.
Por esa razón, manifiestaron que de ampliarse su corte obligatorio el sector podría crecer y “aportar dinamismo y más generación de empleo de calidad a nivel federal”.
La BCR hizo referencia al pedido de la industria al Gobierno para que autorice un corte de hasta el 27% de etanol con nafta (E27) para el parque automotor. Esto, aclaró, va en línea con la posición que se ha adoptado en el Mercosur, especialmente Brasil y Paraguay.
“De esta forma se empezarían a utilizar los automóviles con motores flex y Kids de conversión para toda la flota, tal como sucede en Brasil. Llegar a este meta se daría en un proceso progresivo, pero absolutamente factible”, dijeron en la BCR.
Como primer paso para llegar al E27, la entidad explicó que desde el sector proponen que “se autorice un corte del 15% para que paulatinamente la industria de bioetanol se desarrolle aumentando la producción y ejecutando nuevas inversiones”.
Vale aclarar que dicha autorización no requiere cambios en los motores del parque automotor actual. En tanto, indicó que se solicita un mercado libre con la posibilidad de llegar a un E100 para el resto de la demanda.
La Argentina tiene una capacidad de producción teórica de bioetanol a base de maíz de 820.000 metros cúbicos al año y se procesan 2.132.000 toneladas.
A diferencia de lo que ocurrió con el maíz, la producción de etanol de caña de azúcar se mantuvo relativamente estable con relación al 2021 debido a que, “desafortunadamente” la sequía impactó negativamente sobre la disponibilidad del cultivo e impidió un mayor crecimiento del bioetanol con ese origen.

Estados Unidos y Brasil
“Esta pujante industria tiene mucho potencial y espacio para crecer en nuestro país, con materia prima abundante para procesar y enormes capacidades para potenciar y brindarle más escala a la industria”, remarcó.
Citó los casos de los dos principales productores de etanol del mundo: Brasil y Estados Unidos. Ambos países explican el 80% de la producción global.
En el caso de Estados Unidos, el año pasado se habría acercado a producir 60 millones de m3 de bioetanol de maíz, la mitad del etanol del mundo.
Explicó que en el país gobernado por Joe Biden la política para determinar el corte obligatorio es a través de determinar volúmenes de producción y mezcla de biocombustibles para cada año. “Estos volúmenes deseados se cumplen a través de un mercado de bonos de mezcla de biocombustibles, llamados RINs (Renewable Identification Numbers o Números de Identificación Renovable), adquiridos obligatoriamente por los productores de naftas al momento de comprar el etanol para la mezcla, debiendo ser rendidos a las autoridades reguladoras en función del volumen de nafta despachada hacia las estaciones de servicio”, explican.
Si bien el mandato de corte de naftas con etanol en ese país se establece en 10% (E10), “existe un abanico de políticas complementarias a nivel federal y en los estados para la promoción del etanol estadounidense, lo que lleva a los cortes efectivos más usuales se encuentren entre el 20% y 30% de etanol, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos”.
En tanto, Brasil tiene su mercado de etanol dominado por el bioetanol de caña de azúcar. Pero allí la producción del etanol de maíz viene creciendo a dos dígitos año tras año. “Si bien la actual legislación permite al corte obligatorio de bioetanol oscilar entre el 18% y el 27% de composición de los combustibles, se ubica hoy en el 27% y no cae por debajo del 20% desde el 2006″, dijo la BCR.
El vecino país tiene la flota de vehículos flexibles más grande del mundo, con más de 30 millones de unidades. Estos pueden utilizar etanol hasta E100 (es decir, con un corte del 100%) en los casos del etanol hidratado.
En 2022 se realizó una enmienda constitucional para favorecer la competitividad de los biocombustibles, mientras hubo una baja de impuestos a los combustibles fósiles por sus altos precios. Se aprobó la entrega de un auxilio financiero de 3800 millones de reales (más de US$700 millones) entre agosto y diciembre del 2022 para distribuir entre los estados brasileños con preponderancia en el mercado del etanol.
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Argentina impulsa la trazabilidad de la soja para garantizar deforestación cero

Fecha de Publicación: 08/02/2023
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Con mercados de exportación cada vez más exigentes como la Unión Europea y una presión social muy atenta a los criterios de sustentabilidad en la producción de alimentos, productores y comercializadores de soja de Argentina intentan avanzar hacia sistemas de trazabilidad del cultivo para garantizar que la producción provenga exclusivamente de campos libres de deforestación.
La soja es una de las mayores fuentes de proteína del sistema alimentario mundial, y tanto sus granos como sus subproductos se destinan mayoritariamente a la alimentación de animales. En Argentina es un cultivo clave y un enorme generador de divisas, ya que el país es el tercer mayor productor del mundo detrás de Estados Unidos y Brasil.
La historia de su cultivo data de principios del siglo XX, aunque su expansión ocurrió durante las últimas décadas. Mientras que en la campaña 1971/1972 se sembraron unas 80 000 hectáreas, ese número trepó a 2 millones diez años después (1981/1982), para alcanzar los 16 millones de hectáreas en 2007/2008 con precios record.
Esa expansión vino acompañada de un proceso intenso de cambio de uso del suelo que incluyó pérdida de bosques, especialmente en el bioma del Chaco argentino. Este ecosistema, el segundo más amplio de Sudamérica después del Amazonas, es uno de los 24 grandes “frentes de deforestación” a nivel global, de acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Según Greenpeace, el norte de Argentina perdió 110 000 de hectáreas de bosques en 2021. Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, la mitad de la deforestación en el país es ilegal: o se hace en zonas prohibidas o con “permisos flojos”.
En ese marco, avanzar con esquemas de trazabilidad que garanticen soja con deforestación cero, puede ser clave, sostiene: “El 10 % de la soja argentina viene del norte y allí hay que ver si su origen es ilegal o no. Es difícil de trazar, porque es una cadena larga y compleja y luego los puertos exportadores acumulan soja de diferentes procedencias”.

Mercados más exigentes
Sudamérica en general, y Argentina en particular, tendrán que avanzar con esquemas de trazabilidad para responder a las nuevas exigencias de Europa, uno de sus mercados de exportación. En diciembre, los legisladores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre una normativa que intentará garantizar que todos los productos vendidos a su territorio no provengan de tierras deforestadas.
“Europa está avanzando rápido con restricciones de importaciones de productos que son hoy los grandes drivers de deforestación global: soja, carne, cacao y otros” dijo Giardini. “Si los países sudamericanos quieren mantener su modelo agroexportador, la deforestación es el principal tema a resolver en el corto plazo”, agregó.
Gustavo Idigoras es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina (Ciara) y realiza el mismo diagnóstico: “Los mercados nos daban una oportunidad de desarrollar estos programas de trazabilidad como nicho de mercado, pero ya se está transformando en una condición de producción y de acceso a esos mercados y ese es un cambio trascendental”.
“Hasta ahora podíamos decidir si hacer algo o no, pero eso ya no va a existir. Si arranca Europa, siguen Estados Unidos y el Reino Unido, y atrás vienen China, India y casi todos los compradores”, agrega.
Ya existen en Argentina varias iniciativas para garantizar la trazabilidad del cultivo, tanto por parte de algunas empresas a nivel individual como otras con mirada más sectorial.
Un ejemplo a pequeña escala es el convenio entre Ucrop.it, una start-up con sede en Buenos Aires que hace seguimientos de cultivo mediante una aplicación, y la comercializadora de materias primas Viterra Argentina, que ofrece a los productores mejores precios si transparentan los datos de su producción desde la siembra hasta la cosecha en dicha aplicación.
Por otra parte, la multinacional Louis Dreyfus Company (LDC), comercializadora y procesadora de soja, se comprometió a aumentar su porcentaje de producción de soja sostenible en Argentina.
En colaboración con productores locales, ha trabajado para mejorar la documentación para la trazabilidad en toda la cadena de suministro. Para la temporada 2020-21, pudo certificar que 77 % de la soja procesada en el complejo General Lagos de Rosario -una de las mayores instalaciones de procesamiento de soja del mundo- era «sostenible», lo que definieron como soja producida en tierras que no han sido desmontadas al menos desde 2008.
A mayor escala, existen diferentes iniciativas de agricultura sustentable para el Gran Chaco financiadas por la Land Innovation Foundation (LIF), un fondo creado por la empresa global Cargill para buscar soluciones a la deforestación y medios de vida sostenibles.
“Nuestro objetivo es promover y apoyar soluciones innovadoras para lograr una cadena de abastecimiento de soja que sea libre de deforestación y carbono neutral”, dijo Carlos Quintela, el director de ese fondo. Cargill se ha enfrentado a reiteradas acusaciones de impulsar la deforestación y los incendios forestales, incluso en la región del Gran Chaco, como destacó un informe de 2018.
Uno de esos proyectos es desarrollado por los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Crea) y la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) y busca avanzar hacia modelos agrícolas sustentables en todas sus dimensiones: la ambiental, la económica y la social.
El proyecto trabaja en estrecha colaboración con 100 pequeños y medianos agricultores que trabajan en 250 000 hectáreas en el Chaco, supervisando y promoviendo prácticas de intensificación sostenible que impulsen la producción en sus tierras actuales, así como la restauración de los suelos degradados.
Según explicó Federico Fritz, experto en desarrollo sustentable de CREA, esperan tener para 2024 una evaluación que les permita identificar los puntos más críticos en la producción de soja sustentable
Otro proyecto es el que lleva adelante ProYungas junto a la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) en tres sitios pilotos en el Gran Chaco, que comenzó en mayo de este año y se extenderá durante 36 meses.
Entre sus objetivos están fortalecer la sinergia con las organizaciones territoriales y pasar a un desarrollo agrícola a escala del paisaje que integre los conceptos de producción y conservación.
“Buscamos una gestión del territorio pensado a la escala de paisaje, con un trabajo de medición de la huella de carbono de toda la cadena de la soja”, apuntó Sebastián Malizia, de ProYungas.

Nueva plataforma de monitoreo
El LIF también financia un ambicioso proyecto gestionado por la Ciara llamado VISEC, una plataforma de monitoreo unificado de la cadena de suministro de soja en Argentina que combina sistemas público y privado y busca poder trazar ese cultivo en áreas prioritarias de conservación en el Gran Chaco y, en última instancia, frenar la deforestación.
Lanzado en mayo de 2022, el sistema VISEC pretende reunir en una plataforma unificada los datos de seguimiento y verificación de toda la soja comercializada en Argentina, abarcando diversos parámetros y requisitos de sostenibilidad ambiental y social.
La iniciativa requerirá la participación y las contribuciones de toda la cadena de suministro, desde agricultores y comerciantes hasta las comunidades vecinas, con el objetivo de crear una base de datos transparente y de acceso público.
Para Idigoras, este programa es superador ya que va más allá de las iniciativas individuales de algunas empresas, para avanzar en un sello de deforestación cero para toda la cadena de la soja argentina.
“Ya llevamos tres años de trabajo en esta plataforma, hablamos con las entidades que representan a los 80 000 productores de soja argentina, corredores, acopiadores y cooperativas. Estamos convencidos que esto tiene que ser una acción colectiva consensuada”, dijo.
El desafío está en la implementación del sistema para cumplir lo que piden los mercados y dar “garantía real y efectiva” de trazabilidad y transparencia, sostiene Idigoras, quien apunta a lograr que todas las exportaciones de aceite, harina y porotos de soja sean 100 % libre de deforestación.
“El nivel de soja proveniente de deforestación ilegal es menor al 5% de la producción anual [en Argentina], bajo en relación a otros países. Queremos llegar al cero, por eso vamos a trabajar”, concluyó.
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ACUMAR presentó su informe sobre el estado del Riachuelo

Fecha de Publicación: 08/02/2023
Fuente: ArgenHoy
Provincia/Región: Riachuelo


El informe sobre calidad de agua, hábitat, biodiversidad y aire presentó valores elevados en varias secciones en cuanto a grasas y aceites. No se observan valores significativos en metales e hidrocarburos, afirman.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) presentó los informes técnicos sobre calidad de agua, hábitat, biodiversidad y aire de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo realizados por el organismo en 2022, en el que se analizaron los resultados de numerosas muestras para evaluar los niveles de contaminación en la zona.
El documento de calidad de agua superficial y sedimentos contiene los principales resultados de la campaña realizada por el organismo en agosto de 2022, en la que se monitoreó el estado de las distintas subcuencas a lo largo de 35 puntos, indicó el organismo a través de un comunicado.
La campaña se realizó junto al Instituto Nacional del Agua (INA) en toda la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, que incluyó 65 puntos en los que se tomaron muestras y donde se efectuaron mediciones de caudales (aforos) en 20 de los sitios.
“La información que surge de cada monitoreo ambiental nos permite, por un lado, evaluar el impacto que van teniendo las distintas acciones integrales que realizamos desde el inicio de la gestión para sanear y recomponer la Cuenca y, por el otro, continuar planificando intervenciones y políticas públicas que sigan contribuyendo a ese gran objetivo”, subrayó el presidente de Acumar, Martín Sabbatella.

Puntos conflictivos
Un parámetro que presentó varios puntos conflictivos y valores altos durante la pandemia de Covid-19, pero también recientemente con valores elevados en varias secciones, fue el de grasas y aceites, medido a partir de SSEE (Sustancias Solubles en Éter Etílico).
Sin embargo, el informe señaló que en las últimas campañas su valor relativo decayó en general, hasta valores no detectables, es decir, por debajo del límite de detección.
Los resultados también arrojaron que en otros metales como cadmio, plomo o níquel, los valores están nuevamente por debajo de los límites de detección en cada caso.
Las excepciones se producen en zinc, para algunos casos donde se llega a registrar el valor, siendo el más relevante el que se dio en agosto 2022 para la estación de medición ubicada en el río Matanza.
Asimismo, los valores de hidrocarburos se muestran siempre menores al límite de cuantificación, mientras que no se observan valores significativos en metales.

Calidad de Hábitat
En esta campaña también calcularon el Índice de Calidad de Hábitat de Arroyos Urbanos (USHI) en 56 sitios distribuidos en Cuenca Alta, Media y Baja, lo que permite diagnosticar el estado ambiental de los sistemas fluviales muestreados.
Por otro lado, se publicó el informe integrado del estado de la calidad del aire, realizado entre septiembre y noviembre de 2022, en el que se incorporan los resultados generados tanto por la red de monitoreo del organismo, como por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (APrA) en el ámbito de la Cuenca.
Los resultados indicaron que en tres de los puntos de muestreo manual distribuidos en Puente La Noria, Puente Alsina y Desembocadura Riachuelo, los valores registrados durante el período evaluado para monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO2) se encontraron por debajo de los límites admisibles establecidos.
Finalmente, también se pueden encontrar datos del monitoreo de primavera en los humedales prioritarios de la Cuenca Matanza Riachuelo (Lagunas Saladitas, Santa Catalina, Laguna de Rocha y Humedales de Ciudad Evita).
El informe puede consultarse en el sitio https://www.acumar.gob.ar/monitoreo-ambiental/informes/
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Clausuraron una refinería de grasas de Lanús tras detectar vuelcos clandestinos

Fecha de Publicación: 30/01/2023
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Riachuelo


Inspectores de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) clausuraron total y preventivamente una refinería de grasa de la localidad de Valentín Alsina, en el partido de Lanús, tras detectar vuelcos clandestinos, informó hoy Acumar.
En el procedimiento de fiscalización, que comenzó el martes por la noche y finalizó el miércoles, personal del organismo ingresó al predio de la empresa y constató que el líquido de coloración blanca que denunciaron las personas del barrio ante ACUMAR provenía de la cámara de efluentes, por lo que se exigió su vaciado inmediato con una bomba.
Además, se destapó otra cámara ubicada a pocos metros con el mismo tipo de efluente, donde se observaron filtraciones.
Por esos motivos, el organismo determinó la clausura total y preventiva de la empresa hasta detectar el origen del vertido que sale hacia el exterior. También, se le solicitó al establecimiento que acredite el recorrido de cañerías antiguas y actuales.
En agosto del año pasado la empresa ya había sido sancionada económicamente por la Autoridad de Cuenca por incumplir con la normativa ambiental vigente.
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Contaminación del Río Salado: Empresa avícola desmiente a un Municipio y lo acusa de frenar obras

Fecha de Publicación: 23/01/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa avícola Absolon difundió una carta en la que rechaza las acusaciones del municipio de Roque Pérez por el volcado de efluentes al Río Salado.
Absolon S.A, una de las dos empresas alimenticias señalas por el municipio de Roque Pérez por el volcado de efluentes al Río Salado dio a conocer una carta en la que se despegó de las acusaciones y acusó al gobierno del intendente José Luis Horna de frenar la autorización de una obra para el correcto tratamiento de las aguas.
La empresa había quedado en el centro de la escena junto al frigorífico "La Canaria SA", luego que el Municipio apuntara hacia las firmas a raíz de la viralización de una imagen área con el volcado de líquidos contaminantes que generó preocupación en la comunidad.
En una carta remitida al sitio digital Roque Pérez Hoy, la firma avícola acusó al gobierno municipal de negarle sistemáticamente una autorización de una obra de excavación para retomar el trabajo en los piletones.
"En los últimos días se han publicado ciertas notas donde se acusaba a la empresa Absolon S.A. de verter sobre el río salado desechos compatibles con sangre, plumas y restos de pollo. Queremos agradecer a este medio la posibilidad que nos brinda de publicar nuestro derecho a réplica, que no sirve solo para refutar las falsas afirmaciones que ciertos funcionarios de la política de Roque Pérez volcaron allí, sino también para llevar tranquilidad a los vecinos de Roque Pérez respecto del impacto de nuestra actividad industrial en la zona” explicaron.
Luego se refirieron a la situación legal de la empresa, tras la quiebra de Criave: “Absolon comenzó sus operaciones en enero de 2019. No se trata de una continuación ni reconversión de Criave tras su quiebra. Absolon es una empresa nueva, constituida por personas que eran clientes de Criave y a quienes le encargaban la faena de animales y que, tras la quiebra de ésta, decidió constituir una sociedad y hacer una oferta por un contrato de alquiler a los dueños de la planta” manifestaron.
Respecto a los dichos de una de las funcionarias del Municipio, en las que se hacía alusión al “vuelco directo de sangre, plumas, restos de pollo”, lo negaron enfáticamente.
“Absolon S.A. no tiene, como consecuencia de su proceso de producción, disposición final de residuo alguno, mucho menos de plumas, sangre y garras de pollo. Contrata a una empresa que se dedica a retirar las plumas, sangre y garras de los pollos con el fin de comercializarlo a terceros, quienes utilizan esto como materia prima para la fabricación de subproductos” se excusaron.
Asimismo, en la carta remitida al periodista Abel Barth afirmaron que la firma “cuenta con su propia planta de tratamiento de efluentes, donde se ocupa del tratamiento del agua utilizada en el proceso de producción de la faena de pollos, de modo que no existe desecho alguno derivado de nuestra actividad industrial que pueda ser el responsable de las imágenes publicadas sobre el Río Salado”.

“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad local”
A través de la extensa nota, desmintieron que “la empresa se encuentre en situación de incumplimiento de normativa nacional, provincial ni municipal” e insistieron en que “las obras para la mejora del sistema de tratamiento de efluentes necesitan de una conexión entre la unidad de tratamiento primario y las lagunas de decantación, que se encuentran en terreno lindante frente al establecimiento, para lo cual es necesario realizar una excavación a través de la calle. El municipio se niega sistemáticamente a autorizar esta obra” lanzaron.
“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad local, descartando de plano la hipótesis de que las fotos publicadas guarden relación alguna con la actividad industrial de Absolon S.A., quien no vuelca efluente alguno al Río Salado y mucho menos vinculado con sangre, garras o plumas de pollo, las cuales son comercializadas a terceros no representando ser residuo alguno” manifestaron.

Mirá las fotos de la contaminación del Río Salado que causan preocupación
En los últimos días, el Municipio de Roque Pérez dio a conocer una serie de imágenes con las que advirtió que tiene “verificado en reiteradas oportunidades el vuelco de efluentes industriales no permitidos en el canal aliviador que desemboca en el cuerpo de agua mencionado”.
En esa dirección, apuntó contra las firmas Absolon SA y Frigorífico La Canaria SA, “han desoído las advertencias comunicadas por cédulas oficiales, las que daban cuenta de los resultados con valores contaminantes obtenidos de las tomas de muestras que la dirección de Ambiente realiza junto a personal técnico del laboratorio de la dirección Provincial de Hidráulica y donde se les solicitaba el cese inmediato de ese vuelco” expresaron.
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Roque Pérez: Apuntan a dos industrias por la contaminación del Río Salado

Fecha de Publicación: 19/01/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Una impactante imagen en la que se observa el descargo de efluentes al Salado generó alarma en Roque Pérez. Las inspecciones del Municipio y la Provincia.
Una fotografía área captada desde un paramente puso real dimensión a la contaminación ambiental del Río Salado en la localidad bonaerense de Roque Pérez. La imagen se viralizó en las redes sociales y generó preocupación en la comunidad, aunque la problemática tiene larga data y es seguida con atención por autoridades municipales y provinciales.
La imagen fue tomada en “El Pico", una zona en la que funcionan dos industrias que quedaron en el centro de la polémica. Por un lado, la firma Absolon SA – adoptó esa denominación y se reconvirtió tras la quiebra de Criave que generó más de 200 despidos- y, por otro, el frigorífico "La Canaria SA"- A ambas empresas, el gobierno municipal a cargo del intendente José Luis Horna acusa de haber “desoído” las advertencias comunicadas por cédulas oficiales, que daban cuenta de los resultados “con valores contaminantes” y en los que se solicitaba “el cese inmediato de ese vuelco”.
A raíz de esa advertencia y la falta de avances en una mesa de diálogo creada en septiembre de 2021, la dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, Autoridad del Agua, del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y autoridades municipales llevaron adelante el último jueves 5 de enero un operativo e inspección conjunta donde “se imputaron diferentes faltas e incumplimiento a la normativa local, provincial y nacional vigente”. Además se tomaron nuevas muestras, cuyos resultados se esperan para evaluar próximas medidas.

“Es una imagen de una situación que es terrible”
Para conocer más detalles, Infocielo se comunicó con la directora de Medio Ambiente del municipio de Roque Pérez, Cecilia Zuccotti, quien historizó la problemática que cobró protagonismo a través de la imagen viral.
“Un vecino que anda en parapente sube una foto aérea del momento en el que ingresa el efluente al Río Salado. Hay un canal pluvial aliviador que pasa por el costado y por enfrente. Son dos industrias que están enfrente y muy cercanas, y las dos hacen el descargo de efluentes a ese canal aliviador que termina en el pico del Río Salado” comentó.
La funcionaria consideró que “es una imagen de una situación que es terrible y que por supuesto conocemos. Venimos de hace tiempo abordando este tema que es complejo y muy sensible en el comunidad porque de esto también dependen muchas fuentes de trabajo. Son dos industrias que en una comunidad chica como la nuestra, terminan siendo muy relevantes. Lo cual no implica que todo esté permitido” remarcó.
“Venimos haciendo mediciones desde junio del año pasado junto al equipo de Hidráulica de la provincia de los afluentes de las dos industrias y además en el río. Hay mucha presencia de materia orgánica. Una hace el vuelco directo y se puede ver sangre, plumas, restos de pollo. En caso de La Canaria, frigorífico de carne vacuna y de cerdo, los parámetros son un poco más bajos pero están por sobre los parámetros permitidos” explicó.
Sobre la situación de las empresas, recordó que “Absolon SA tiene iniciado un proceso judicial por quiebra fraudulenta cuando era Criave. Y Absolon obtiene una habilitación provisoria para garantizar la fuente laboral porque en ese momento despiden a 200 trabajadores, sujeta a la adecuación de la normativa ambiental provincial pero son cuestiones que a hoy no fueron cumplimentadas. Absolon tiene una clausura administrativa en 2020. La Canaria es una empresa más nueva y está desde 2018- 2019”-

“Hay que derribar ese mito de que producción y ambiente no pueden ir de la mano”
Cecilia Zuccotti también se refirió a la mesa de diálogo convocada en 2021 y lamentó la falta de voluntad de las compañías para adecuarse al tratamiento de sus desechos. “Es posible la inversión. Hay que derribar ese mito de que producción y ambiente no pueden ir de la mano. Buscamos la adecuación de los vuelcos a un tratamiento que arroje los valores adecuados porque no solo estamos afectando la fracción del río que pertenece a Roque Pérez sino toda la cuenca del río” sostuvo.
Sobre las infracciones, precisó que existen “actas donde se imputan un montón de falencias. Estamos esperando los valores de las nuevas muestras. Necesitamos que se haga público. Nosotros en noviembre hicimos una convocatoria a la comunidad con una especie de audiencia pública. Esperábamos a todos los sectores políticos, vecinos afectados, empresas, a los médicos porque hay una cuestión de salud pública. Y en esa convocatoria la oposición no se hizo presente, hay como un mirar para otro lado. Hemos ido al Concejo Deliberante y expuesto toda la situación. Es algo que se tiene que resolver mancomunadamente” remarcó.
A su vez, la titular de Ambiente local valoró el respaldo de la provincia a través del ministerio de Ambiente. “Hemos encontrado la contención y el asesoramiento. Son temas muy sensibles en la comunidad” dijo.
En la misma sintonía, se expresó institucionalmente el Municipio de Roque Pérez. A través de un comunicado, llamó a “dar en comunidad un fuerte debate sobre la situación ambiental y el riesgo a la salud pública que la contaminación constante y diaria de ambas industrias provoca en nuestra ciudad, así como también de las posibles medidas a tomar y sus repercusiones. Es necesario contar con empresas que sean responsables con el cuidado del entorno que nos rodea, debemos exigir todos y todas la adecuación de las herramientas de producción con perspectiva ambiental” explicaron.
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Avanzan las obras del nuevo laboratorio ambiental de Acumar

Fecha de Publicación: 13/01/2023
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo


El proyecto requiere una inversión de más de 180 millones de pesos.
En la ciudad de Avellaneda, más precisamente en el edificio Beatriz Mendoza de la localidad de Piñeyro, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) lleva adelante la construcción del primer laboratorio ambiental del organismo.
El proyecto, que cuenta con un avance del 20%, consta de la refuncionalización, adecuación y puesta en valor de las instalaciones edilicias de un piso cedido por el municipio a Acumar, que será totalmente acondicionado para la instalación de un laboratorio, y la construcción de un espacio dedicado exclusivamente para las actividades del organismo.
El nuevo laboratorio ambiental, ubicado frente al río Matanza Riachuelo, contará con equipamiento moderno que permitirá el análisis rápido y con los niveles adecuados para dar respuestas a las diferentes áreas del organismo. Además, contribuirá a la investigación y profundización del estudio sobre diversas temáticas de relevancia para la cuenca.
Según indicaron, la inversión de la ­Autoridad de Cuenca para este proyecto es de más de 180 millones de pesos, y se prevé que esté finalizado en el transcurso de este año.
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Probaron los laboratorios ambientales para la cuenca del Riachuelo

Fecha de Publicación: 05/01/2023
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo


Los equipos fueron desarrollados por empresas nacionales.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) realizó una prueba piloto donde se pusieron en marcha y se verificaron en funcionamiento los laboratorios ambientales, automáticos y móviles desarrollados, con la iniciativa del organismo, por tres empresas electrónicas nacionales, conjuntamente con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), el Centro Tecnológico Metalúrgico (Cetem) y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).
Los sistemas, que fueron probados en la empresa Los Huarpes SRL, dentro del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown en Burzaco, están compuestos por un tráiler, equipos y software que sirven para monitorear de forma automática los efluentes que generan las industrias en sus procesos productivos.
El presidente de la Acumar, Martín ­Sabbatella, resaltó: “Con tecnología 100% nacional, este desarrollo representa una gran oportunidad para consolidar el control industrial, tan importante para el saneamiento de la cuenca. El monitoreo de los efluentes productivos cumple un rol clave y transversal a todas las acciones realizadas por el organismo para lograr los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental”.
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Nuevas medidas para que los buques reduzcan la contaminación por desechos de pesquería

Fecha de Publicación: 31/12/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Entre ellas, se destaca la reglamentación publicada hoy en Boletín Oficial que fortalece el control de los residuos pesqueros en las costas marinas.
En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para controlar los residuos pesqueros, el Gobierno nacional publicó hoy en Boletín Oficial la Disposición 28/2022 que establece a propietarios o locatarios de buques pesqueros contar a bordo con herramientas que permitan la recuperación de aparejos de pesca, cajones plásticos y materiales de embalaje que floten caídos al mar.
A través de esta medida será obligatoria la presencia de grampines y bicheros a bordo para facilitar la recuperación de las artes de pesca y cajones que caen al mar, siempre que queden flotando en la superficie. Si bien la actividad pesquera no constituye una de las principales fuentes de contaminación marina por plásticos, su uso directo en el ecosistema acuático exige tomar acciones al respecto para fortalecer la preservación de la biodiversidad marina. Los elementos de pesca abandonados o descartados pueden alterar los fondos marinos y el ambiente oceánico, así como generar dificultades para la seguridad de la navegación.
La disposición fue aprobada por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, perteneciente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entrará en vigencia a los 30 días de la publicación mencionada. A partir de esa fecha, todas las embarcaciones que salgan a mareas bajo jurisdicción nacional y en el área adyacente a la zona económica exclusiva, estarán obligadas a llevar a bordo herramientas que permitan la recuperación de aparejos de pesca, cajones plásticos y materiales de embalaje que queden flotando en la superficie del mar.
La medida es el resultado de un trabajo articulado que lleva adelante el titular de la cartera ambiental de la Nación, Juan Cabandié, junto con el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) y diversas ONG ambientales.
Cabe recordar que la cartera ambiental de la Nación realizó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 jornadas de inspección vinculadas a la limpieza de residuos de la industria pesquera en Península Valdés.
También se inició un esquema de recolección de desechos en distintas zonas de playa Cormoranes, ubicada en la mencionada península, que contó con la colaboración de personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA), de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales y la Administración de Parques Nacionales —todos ellos, organismos que forman parte de la cartera nacional de Ambiente—; de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut; y de la Fundación Vida Silvestre, entre otras ONG.
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Estudio dice que 7 de cada 10 personas prioriza productos sustentables en las compras navideñas

Fecha de Publicación: 27/12/2022
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Así lo relevó un trabajo de mercado realizado por Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social de la UBA.
El 73% de los consumidores argentinos priorizó los productos sustentables en las compras de Navidad, según un estudio de mercado realizado por Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
"Mientras solo un 5,3% dijo que nunca tiene en consideración estos temas, un abrumador 46% respondió que siempre o casi siempre considera estos asuntos al momento de realizar sus compras navideñas; y un 26,7% manifestó que lo tiene en cuenta en algunas oportunidades", señaló el informe.
Asimismo, el relevamiento -realizado entre el 7 y el 15 de diciembre- indica que casi 75% de los consumidores de todo el país consultados expresó que está dispuesto a pagar más por esos productos sustentables de empresas que devuelven a la sociedad.
Si bien se plantea la priorización de "consumo sustentable", aquello que nunca se coloca en el debate sería la retracción de ese "consumo" por prácticas menos agresivas y reales en favor del medio ambiente, como la reducción directa de la práctica del "consumo".
De regreso al estudio, la mayor disposición a abonar extra se evidencia en los centennials (18 a 27 años), 81%, y en los millennials (28 a 40), 82%, precisó el director del estudio, Julián D'Angelo.
Completan las categorías boomers (58 a 77), con 70% de respuestas positivas, generación X, con 73,6%.
Asimismo, uno de cada cinco encuestados respondió que efectivamente en otras oportunidades ya había priorizado comprar productos sustentables en la mayoría de sus compras, aunque hayan tenido que pagar un precio extra por ello.
En tanto, apenas 10,8% respondió que no pensaba realizar ninguna reducción de gastos en sus compras navideñas debido al aumento de precios por la inflación, mientras que el 89,2% restante tiene previsto realizar algún tipo de ahorro.
D'Angelo indicó que se nota una mayor tendencia al ahorro en las mujeres, donde 52% respondieron que reducirían sus gastos en todos o la mayoría de los consumos; en cambio, en los varones este número fue de 40%.
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Criptomonedas: Buenos Aires aplicará un impuesto a la minería cripto desde 2023

Fecha de Publicación: 26/12/2022
Fuente: A24
Provincia/Región: Buenos Aires


El proyecto fue presentado por el mismo Gobernador, Axel Kicillof. Qué detalles se conocieron hasta ahora y de cuánto será la alícuota.
Sobre llovido, mojado para la industria de las criptomonedas en Argentina. Cómo si no tuviese suficientes complicaciones con el cripto-invierno y el colapso de algunas de sus empresas más destacadas, que impactaron en el mercado local; ahora la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto para agregar la minería de criptomonedas como actividad gravable de impuestos para el año 2023.
A través de un documento presentado por el propio gobernador de la provincia, Axel Kicillof, se estableció que la actividad formalmente descrita como “Servicios de procesamiento y validación de criptoactivos y/o transacciones de criptodivisas (minería de criptoactivos y/o criptodivisas)” requerirá una alícuota del 4% sobre los ingresos producidos en estas operaciones.
Asimismo, se supo que el impuesto se pagaría al gobierno de la provincia, y no estaría relacionado con ningún otro gravamen establecido por el gobierno nacional.
El proyecto, además, aclara que este impuesto se aplicará sólo cuando el hardware utilizado para desplegar esta actividad se encuentre en jurisdicción de la provincia.
Por último, el nuevo régimen impositivo comenzaría a aplicarse en enero de 2023, aunque aún quedan algunos aspectos por definir en torno a su implementación.
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Por primera vez fabricarán baterías de litio en Argentina: quién las hará y qué usos tendrán

Fecha de Publicación: 22/12/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Llegaron 115 toneladas de equipos importados para una planta que funcionará en La Plata. Será la primera del país.
El primer engranaje para conseguir la batería de litio "made in Argentina" se puso en marcha. Más de 115 toneladas de equipamiento tecnológico se descargaron sobre una moderna construcción donde funciona el laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la empresa Y Tec (de YPF) que montará la única planta nacional de celdas de acumuladores a base a este mineral que busca revolucionar las energías.
Las máquinas llegaron de China. Son mixers, hornos, cicladores, cutting/stack, deshumidificadores y dos imponentes prensas de 13.000 kilogramos cada una. Ya están todas listas para operar en un edificio del UniLiB, el laboratorio de la universidad platense situado en el Polo Productivo Tecnológico “Jorge Alberto Sabato”, sobre 113 entre 64 y 66, de la capital bonaerense.
En Argentina no hay empresas o emprendimientos que produzcan baterías de litio. La de la Unilib estaría entregando las primeras piezas en marzo de 2023, según confirmaron autoridades del ministerio de Ciencia y Teconología que esta semana supervisaron la llegada de las máquinas.
Por ahora la planta no se sumergirá en el mercado. Proveerá las pilas a organismos estatales que utilicen vehículos eléctricos. "En una primera etapa será mediante convenios y uno de los que tendrán estos insumos serán los vehículos que usa el Ejército", explicaron cerca del ministro de Ciencia, Daniel Filmus.
Unilib es un proyecto conjunto: el edificio tiene una superficie de 1.650 m2 y su obra civil, maquinaria y producción de materiales de electrodos requirió inversiones por 770 millones de pesos. El Ministerio de Ciencia aportó 210 millones de pesos, la UNLP 280 millones e Y-TEC (la firma de tecnología de la petrolera estatal) otros 280 millones de pesos.
Argentina tiene el 22% de los recursos de litio a nivel global y se ubica en el cuarto lugar dentro de los países productores de este mineral. "A partir de la alianza estratégica entre la UNLP e Y-TEC, el país estará en condiciones de sumar valor agregado a este recurso para fabricar celdas y baterías y desarrollar sistemas de almacenamiento de energía más eficientes, limpios y ligeros", explicó el ministro Filmus.
El predio se inauguró en agosto, con una visita del Presidente Alberto Fernández. Pero aún faltaba que llegaran los 13 contenedores con los componentes de la fábrica.
El responsable de Y-Tec, Roberto Salvarezza, explicó que "acá están volcados más de 12 años de generación de conocimiento en el sistema científico argentino, base fundamental para avanzar en nuevas etapas de desarrollo”.
Es que la UNLP viene trabajando con el litio desde hace años. En 2016, un equipo de la Facultad de Ingeniería puso en marcha el "Ecobus Universitario", el primer transporte cien por ciento ecológico de la ciudad de La Plata. El bus eléctrico fue ideado y gestado íntegramente en la UNLP, y desde entonces recorre –con dos unidades- las calles del bosque platense.
Al Ecobus le siguió el Ecoauto, el primer automóvil eléctrico desarrollado por una universidad latinoamericana, e impulsado con baterías de litio. El vehículo, un VW Gol adaptado con materiales reciclados, se enchufa a un tomacorriente estándar y consume la mitad de energía que un aire acondicionado para recargarse, en un tiempo estimado de 5 horas, según explicó el decano de Ingeniería e impulsor de estos proyectos, Marcos Actis.
Cuando funcione a pleno, la planta tendrá una capacidad de producción anual -medida en energía almacenada- de 13 MWh, equivalente a 1.000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unas 50 para colectivos eléctricos.
Trabajará más de medio centenar de técnicos, obreros y profesionales. La Provincia otorgó un subsidio especial para la capacitación del personal. La Escuela de Oficios de la UNLP capacitó a una primera tanda de operarios para la fase inicial de puesta en marcha de la planta, quienes luego serán miembros de la carrera de personal de apoyo del Conicet.
El litio, el metal más liviano de la Tabla Periódica, fue descubierto en 1817. Más de 200 años después se posiciona como objeto clave de la revolución tecnológica por su utilidad para el desarrollo de baterías para dispositivos móviles como celulares, tablets y laptops. También promovió un empujón a la aparición de vehículos híbridos y eléctricos.
La UNLP, Y-Tec y el Conicet se proveerán de materia prima de los yacimientos de Catamarca. Hasta ahora, el negocio del litio en Argentina se limita a la exportación de dos productos: el carbonato de litio (equivale al 93% de las exportaciones) y el cloruro de litio.
Más allá del proceso de obtención del carbonato de litio a partir de la salmuera, no existe ningún producto industrializado luego de este proceso. "Es imprescindible que Argentina tenga esa capacidad de desarrollo de esa tecnología", explicó Filmus.
Según las estimaciones oficiales, la capacidad extractiva a nivel local podría alcanzar pronto casi las 200.000 toneladas anuales, o sea, cinco veces la producción actual.
La demanda es impulsada por el incremento en la fabricación de baterías para las automotrices y por su utilidad en la industria cerámica, del vidrio, en la elaboración de grasas y aceites resistentes al calor, polímeros, elaboración de medicamentos, en aleaciones livianas junto aluminio y cobre, especialmente para la industria aeronáutica.
También se utiliza como combustible nuclear en reactores de fusión nuclear (fusión de núcleos livianos), tecnología que aún está en desarrollo, dijeron en Ciencia y Tecnología.
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¿Puede Argentina equilibrar clima, dinero, empleo y justicia en Vaca Muerta?

Fecha de Publicación: 17/12/2022
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Para el gobierno argentino, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la vasta formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de gas de lutita del mundo, representa una oportunidad para resolver los problemas de abastecimiento energético, aumentar las divisas y crear puestos de trabajo.
Argentina gastó más de 6000 millones de dólares en los primeros seis meses del año en importaciones de energía, 50 % más que en el mismo periodo de 2021, un aumento que se explica en parte por las interrupciones en el sector energético debidas a la guerra de Ucrania. Esto ha provocado la caída de las reservas del Banco Central, hoy en 42 000 millones de dólares y que sólo en octubre se han reducido en 100 millones.
«El proyecto puede convertirse en uno de los generadores de materias primas más importantes del país, algo que se necesita urgentemente», afirma Lara Bernstein, investigadora de la consultora Economía y Energía.
En otras palabras, la explotación de Vaca Muerta podría resolver algunos de los problemas del país. Pero la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente en medio de la crisis climática y los compromisos del país para enfrentarla.
Argentina se comprometió a reducir 19 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y a alcanzar la neutralidad del carbono -un equilibrio entre las emisiones capturadas y las emitidas- para 2050. Cumplir estos objetivos requiere una transición para abandonar los combustibles fósiles: el sector energético es actualmente responsable de más de 50 % de las emisiones del país.
Para Cecilia Nicolini, secretaria de cambio climático del país, Vaca Muerta es una solución a corto y medio plazo, pero no a largo plazo. El gobierno aboga por utilizar el gas natural como combustible de transición en lugar de dar el salto a las renovables, un argumento rechazado reiteradamente por ambientalistas y expertos en cambio climático.
«Desarrollar el gas nos permitirá dejar de importar combustibles líquidos, y exportarlo a países con mezclas energéticas contaminantes, como Chile, que todavía usa carbón», dijo Nicolini en una reciente entrevista con Diálogo Chino.
Pero, aunque las actividades en Vaca Muerta pueden ofrecer oportunidades a corto plazo para impulsar la economía, el país se enfrenta a un acto de equilibrio en su transición energética a largo plazo.
Dado que los yacimientos de petróleo y gas no convencional han atraído a miles de inmigrantes de toda Argentina con la promesa de empleo, los expertos advierten de la necesidad de garantizar una «transición justa» que ofrezca oportunidades sostenibles a aquellos cuyos puestos de trabajo en el sector de los combustibles fósiles puedan desaparecer.

Vaca Muerta y sus trabajadores
Después de que el país llegó a la cifra más baja en la producción de gas y de petróleo en 2014, Vaca Muerta surgió como un sustituto de los hidrocarburos convencionales en el país, con sus depósitos de hidrocarburos también conocidos como de esquisto o shale, su nombre en inglés.
Su explotación solo es posible mediante el sistema de fractura hidráulica o fracking.
“A partir de Vaca Muerta se ha mantenido el volumen de producción, tanto de gas como de petróleo, y los no convencionales cada vez tienen más participación”, explica Bernstein.  “Nosotros calculamos que para 2025 se podrían llegar a producir un millón de barriles al día», añade.
Para alcanzar dicha producción, será necesario desarrollar más proyectos en la formación de 30 000 km2, que ya alberga cientos de pozos y está dividida en bloques que son propiedad y están operados por la empresa estatal de petróleo y gas YPF, en asociación con varias empresas internacionales.
El gobierno espera explotar los yacimientos en la medida en que sea tecnológicamente posible, y ha tratado de subvencionar a las empresas de combustibles fósiles a través de programas como el Plan GasAR, recientemente prorrogado hasta 2028.
Vaca Muerta ofrece ahora salarios que duplican la media nacional, lo que atrae a miles de personas, en su mayoría hombres, que han llegado a la ciudad de Neuquén y a otras localidades de la provincia homónima desde toda Argentina en los últimos años. Los trabajos, aunque bien pagados, son también muy riesgosos, como demuestran los numerosos accidentes de los últimos años.
En boca de pozo,  que son los trabajos menos especializados y más riesgosos,, la paga ronda entre los 2000 y 2700 dólares al mes, asegura Sebastián Cortez, gerente de la Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (Ceipa), la cual agrupa a empresas de servicios de petróleo y gas. Cortéz cuenta que él comenzó, así, en boca de pozo, y que “si bien el trabajo es duro, la paga es incomparable”.
En 2021, el sector del petróleo y la minería en Argentina empleó directamente a más de 84 000 personas, según el informe del gobierno sobre la dinámica salarial, sin contar la industria de servicios indirectos. La mayoría de los puestos de trabajo en el sector del petróleo y el gas se concentran en la provincia de Neuquén.
Allí, el crecimiento poblacional ha doblado la media del país. En 12 años, se registró un incremento de casi 200 000 personas, algo que algunos medios nacionales han denominado como “el efecto Vaca Muerta”.
“Llegan sin un lugar dónde quedarse”, sostiene Vilma Castro, empleada de la municipalidad de Neuquén. Sobre la avenida Argentina (la calle principal en la ciudad de Neuquén) podes ver de 10 a 20 personas por día de fuera que vienen a buscar trabajo”, sostiene. “Sobre todo he visto gente de Formosa, Chaco, Salta; del norte. Generalmente vienen hombres solos, sin familia. Muchos llegan sin saber qué hacer. Nosotros los asistimos en eso”, añade.
Entre las ciudades con mayor incremento demográfico en la provincia están Rincón de los Sauces, Zapala y San Martín de los Andes. Sin embargo, según Castro, la mayoría de las personas que buscan trabajo en el proyecto se instalan en la capital provincial.
Sindicatos y organizaciones ecologistas como el Observatorio Petrolero Sur (OpSur) denuncian que las condiciones de trabajo en el proyecto son volátiles y están ligadas al precio internacional del petróleo, lo que hace a los trabajadores muy vulnerables a las fluctuaciones.
«Cuando Vaca Muerta comenzó, empleaba a 5000 trabajadores petroleros. Un año y medio después, 3500 habían sido despedidos. Esta situación de contratar y luego despedir es recurrente», dijo Martín Álvarez Mullaly, investigador de OpSur.

¿Una transición energética justa?
En la reciente cumbre del clima, la COP27, Argentina presentó su plan para cumplir su compromiso climático para 2030. Entre las más de 250 medidas enumeradas en el documento, el gobierno hace una mención explícita a la transición energética desde los combustibles fósiles, que se logrará mediante el desarrollo del sector de las energías renovables.
En su hoja de ruta, el gobierno también incorpora el concepto de «transición energética justa». Esto se refiere a la consideración de las implicaciones de la equidad y la justicia al abandonar los combustibles fósiles; por ejemplo, los efectos sobre los trabajadores del petróleo y el gas actualmente empleados, a los que habrá que formar y proporcionar apoyo para la transición a trabajos más limpios.
Una economía baja en carbono en América Latina puede generar hasta 15 millones de empleos netos y  1 % de crecimiento neto adicional, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de 2020. Aunque se perderían puestos de trabajo en la ganadería y los combustibles fósiles, se calcula que se añadirían más en las energías renovables, la agricultura, la construcción y la silvicultura.
Conseguir una transición energética «no consiste en cerrar el grifo del gas y ya está», como afirma Enrique Maurtua Konstantinidis, consultor argentino en cambio climático. Aun así, confía en que la «oferta de puestos de trabajo que proporcionaría una transición justa podría ser mucho mayor que la que proporciona hoy Vaca Muerta».
«El gobierno cree que para que el país salga adelante es necesario tener dólares. Y esos dólares se generan con la venta de commodities. Esos commodities son: barriles de petróleo, gas y vacas. Son tres cosas que no forman parte de la solución climática», añadió Maurtua Konstantinidis.
Para Joaquín Etorena Hormaeche, coordinador de la Alianza para la Acción por una Economía Verde (Page), un programa de la Organización Internacional del Trabajo que apoya a los países en su transición hacia economías verdes, son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de establecer la velocidad y la dirección de una transición energética justa.
«Tenemos que saber qué tipo de puestos de trabajo pueden generar las distintas fuentes de energía renovables. Por ejemplo, la eólica y la solar requieren, sobre todo, puestos de trabajo en la fase de instalación, pero después el número de puestos de trabajo disminuye significativamente», ha señalado Etorena Hormaeche.
En 2018, había más de 8800 personas trabajando en el sector de las energías renovables en Argentina, según las últimas cifras divulgadas por el gobierno nacional, de las cuales 8329 eran empleos en la construcción -es decir, temporales- y 488 puestos fijos.
Etorena Hormaeche ha trabajado en los últimos años con diferentes actores de los sectores productivos para fomentar el diálogo mutuo sobre la transición energética de Argentina. «Trabajamos directamente con tres grupos: los trabajadores, las empresas y el Estado», dijo. Sin embargo, cada grupo tiene una idea diferente sobre cómo debe ser la transición energética
Hasta ahora, la prioridad del sector sindical ha sido la seguridad laboral, sobre todo teniendo en cuenta las arriesgadas condiciones de trabajo que suelen darse en el sector del petróleo y el gas.
Algunos sindicatos, como la Unión Obrera de la Construcción de Argentina (Uocra), han empezado a debatir lo que buscan en una transición energética justa, pero no es el caso de la mayoría de las organizaciones de trabajadores más cercanas al sector petrolero.
La Confederación Sindical de las Américas, organización regional latinoamericana de la que forma parte la Uocra, presentó un documento de posición en la COP27, en el que pide avanzar en una «transición verdaderamente justa». El documento aborda cinco áreas: transición justa en la región, mitigación, colonialismo, adaptación, pérdidas y daños, financiación y justicia social.
El párrafo final del documento da que pensar: «Solo cuando la crisis climática se aborde bajo la premisa de la justicia climática, dejará de ser un problema de contabilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y podrá entonces abordarse en toda su magnitud, considerando su dimensión social e histórica».
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