Desvelan contaminación subterránea tras explosión en Atanor

Fecha de Publicación: 29/05/2024
Fuente: Opinando San Nicolás
Provincia/Región: Buenos Aires


Un reciente informe oficial ha arrojado luz sobre la preocupante contaminación del agua subterránea luego de la explosión en la planta de Atanor. La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ha confirmado la presencia de atrazina y sus derivados en el Acuífero Puelche, una fuente vital de suministro de agua para varias localidades, incluyendo San Nicolás.
La investigación de la ADA, que incluyó análisis de múltiples pozos en la zona circundante a la fábrica de Atanor, reveló la presencia de sustancias químicas peligrosas en todas las muestras tomadas. Estos resultados han generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes ahora exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades.
Este hallazgo llega tras un informe previo de Greenpeace que detectó atrazina en el suelo después del estallido en la planta química. A pesar de los intentos de Atanor por refutar estas afirmaciones, los análisis oficiales confirman la presencia de esta sustancia en el agua subterránea.
El abogado Fabián Maggi, quien está llevando a cabo una causa legal por contaminación contra Atanor, subrayó la importancia de la calidad del agua utilizada en la planta y señaló que las perforaciones alcanzan profundidades que conectan con el Acuífero Puelche.
Ante la gravedad de la situación, los vecinos afectados han presentado una solicitud al Concejo Deliberante local, instando a que se les proporcione agua embotellada como medida preventiva. Gabriel Godoy, uno de los residentes cercanos a la planta, expresó su preocupación por la falta de acción inmediata por parte de las autoridades.
La explosión en la fábrica de Atanor, ocurrida el 20 de marzo, no solo ha provocado la clausura de la planta, sino que también ha desencadenado una crisis de salud pública debido a la contaminación del agua. Los efectos a largo plazo de este incidente continúan siendo motivo de gran preocupación para la comunidad local.
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Las empresas mineras esperan más facilidades de inversión para aprovechar la suba de los precios internacionales

Fecha de Publicación: 28/05/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La minería está en medio de un contexto internacional de precios favorables, un aumento de demanda de los minerales y de proyectos avanzados en el país.
El debate que se dirime en el Congreso, sobre la ley Bases y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es medular para las empresas mineras, quienes explican que la nueva normativa les servirá para el despegue de nuevos proyectos. Las compañías, además, tienen cierta premura para contar con la nueva ley porque los precios internacionales de los metales están tocando nuevos récords.
El oro, por ejemplo, uno de los activos considerados refugio en tiempos de incertidumbre, alcanzó, hace pocos días, una nueva marca por encima de los US$ 2.450 por onza, mientras que la plata alcanzó máximos desde 2012, con un valor de US$ 32,5. Pero además, otros metales, como el platino o el cobre, también están registrando máximos. En el caso del cobre, subió más de un 25% en el año y rompió por primera vez la barrera de los U$S 11.000.
Según Marcelo Alvarez, CEO de la canadiense Barrick Gold que opera el yacimiento de oro y plata más grade del pais, Veladero, el mercado “esta muy volátil pero es posible que la tendencia hacia la suba del oro continúe por el contexto mundial, ya que es un mineral critico”, dijo.
Según el empresario, para la mina sanjuanina, "ahora el precio del oro es determinante para que continúe el proyecto debido al impacto de los altos costos que tenemos", comentó desde el stand que mantuvo Barrick en la reciente Expo Minera 2024 que se realizó en la ciudad de San Juan.
Desde su rol de vicepresidente de McEwen Copper, para el proyecto de cobre Los Azules, Michael Meding; también se refirió a la necesidad de la nueva legislación: "lograr el financiamiento para construir la mina va a ser complicado si la Argentina no cuenta con seguridad jurídica, estabilidad fiscal, impuestos competitivos y facilidad de importación", enumeró en uno de los paneles sobre la visión privada del cobre. El directivo compartió el panel con los referentes de otros proyectos cupríferos en marcha como Josemaría, Altar y Taca Taca.
Entre las novedades del sector figura la extensión e la vida últil del proyecto VVeladero hacia el 2034, con una inversión que va a implicar unos US$400 millones. Alvarez señala que inclusive se podría pensar en “muchos años más” si se dieran algunas condiciones como "que la Argentina logre mejorar su macroeconomía, establecer reglas que incentiven la inversión, una menor inflación, poder exportar e importar sin restricciones”, por ejemplo. Según la visión del empresario, la aprobación del RIGI, en este caso, no es determinante pero "si se aprueba ayudará a bajar los costos y habrá mas posibilidades" de expandir la duración de la mina, consideró.
Durante la exposición también los gobernadores de las provincias de San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca, durante la firma de la Mesa Interprovincial del Cobre le reclamaron al Congreso la aprobación de los proyectos que se debaten sobre las garantías fiscales adicionales a la Ley de Inversiones Mineras. “Nos unimos para impulsar el desarrollo de la minería en nuestras provincias. El momento es ahora”, dijo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego
“El contexto internacional de precios favorables y el aumento de demanda del mineral y la disponibilidad de proyectos avanzados en nuestro territorio en comparación con la situación de los yacimientos en el mundo, nos abre una oportunidad para que Argentina se constituya como un productor mundial de cobre”, afirmaron los gobernadores mediante un carta firmada y difundida a la prensa.
Finalmente, en el cierre del evento que se extendió durante tres dias y agrupó a unas 30 empresas mineras y otras 300 vinculadas al sector, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, sumó su adhesión a la implementación de leyes más flexibles para los grandes capitales. “Hay una convicción muy fuerte de que la oportunidad de ir para adelante con la minería se presenta ahora y no sabemos si nuevamente se va a poder presentar en otro momento. Lo tenemos que aprovechar aquí y ahora".
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Proponen el desarrollo de bonos verdes en Río Negro

Fecha de Publicación: 25/05/2024
Fuente: Agencia ADN
Provincia/Región: Río Negro


La CC-ARI Cambiemos impulsa la idea que Río Negro desarrolle y utilice Instrumentos Financieros Verdes, un tipo de bono que comenzó a circular por el mundo que emiten instituciones públicas y privadas para financiarse.
La legisladora Roberta Scavo presentó un proyecto de comunicación solicitando al Gobierno esa acción, con «el fin de mitigar y/o compensar el impacto ambiental de las actividades extractivas, asegurando un desarrollo económico que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente», indicó.
El financiamiento sostenible ya es parte de las carteras de los principales bancos del mundo. En Río Negro el concepto comenzó a circular de la mano del proyecto de Hidrógeno Verde y en Argentina, el ex ministro de Ambiente, Juan Cabandié, propuso un «canje de deuda por acción climática».
Acompañada por los legisladores de su bloque, Scavo sostiene en la argumentación del proyecto que “es innegable el papel fundamental que juegan las actividades extractivas, como la minería e hidrocarburos, para el desarrollo económico de nuestra provincia». Sin embargo, resalta “la necesidad de compensar y reducir el impacto ambiental de estas actividades para garantizar un ambiente saludable para las futuras generaciones».
En este sentido, la iniciativa presentada propone «el desarrollo de instrumentos financieros verdes que asocien la superficie afectada por la actividad extractiva con la misma superficie resguardada como patrimonio público en áreas protegidas provinciales».
Al mismo tiempo, invita a las empresas a «compensar su huella de carbono, mediante la adquisición de bonos provinciales o emitidos por empresas radicadas en la provincia, asociados a proyectos certificados de absorción de gases de efecto invernadero relativos a la preservación y/o restauración de sumideros y de reducción de emisiones indirectas significativas de gases de efecto invernadero».
El proyecto, destaca «el incremento que ha experimentado a nivel global la demanda de oportunidades de inversión para la adaptación y mitigación al cambio climático, la generación de impacto social positivo y de desarrollo sustentable”. Asimismo, subraya que “los activos etiquetados como verdes son actualmente el segmento más desarrollado a nivel global y que ha experimentado un crecimiento exponencial a nivel internacional”.
La parlamentaria consideró que «la promoción y desarrollo de estos instrumentos financieros verdes en la Provincia de Río Negro es una oportunidad estratégica, que no solo contribuirá a disminuir el impacto ambiental de las actividades extractivas, sino que también fortalecerá la imagen de nuestra provincia como líder en prácticas ambientales responsables y comprometidas con el desarrollo sostenible».
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¿Quiénes serán los “dueños” el agua? Los alcances del RIGI y una polémica que crece por el impacto ambiental

Fecha de Publicación: 22/05/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El Régimen para grandes inversores que se discute en la ley bases omite cualquier referencia a la variable ambiental. Casi no hay castigos para los inversores en casos de contaminación o afectación de los ecosistema. Y anula la posibilidad de que las justicias locales objeten los emprendimientos, entre otras cosas.
¿De quién será el agua? ¿De las mineras o de los pueblos? ¿Para quién estará garantizado el recurso cuando vengan tiempos escasos? ¿Para los grandes inversores perforadores de la tierra o para las historias mínimas de las comunidades que habitan y defienden la naturaleza? Los alcances del llamado Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, ya popularizado como RIGI, son por ahora insondables. Pero están generando tanto debate como temores diversos. Si fuera aprobado, en el marco de la ley Bases que discute el Senado, ¿cuál sería el verdadero impacto sobre el Medio Ambiente y la gestión de los recursos naturales?
La gran mayoría de los activistas ambientales, científicos, ONGs y comunidades del interior han cerrado filas alrededor de la idea de que el RIGI tendrá un impacto ambiental severo, anulando competencias de control, posibilidades de participación ciudadana y creando un predominio de las corporaciones extractivas sobre el manejo de los insumos locales, entre otras cosas. Leen la posibilidad de una tierra desprotegida y no creen en una lluvia de esperanza promovida y materializada en inversiones.
“El RIGI echa por tierra cualquier oportunidad de apalancarse en nuestros recursos naturales para capturar renta de forma razonable y de articular con los sectores productivos ya existentes y aquellos potenciales que surgirán por efecto de la inversión. También descarta de plano las bondades de una gobernanza socioambiental virtuosa, una de las cuales es precisamente darle mayor sustentabilidad a las inversiones", advirtió días atrás el director ejecutivo de Fundar, Martín Reydo. Pero la lista de cuestionadores de la ley es amplia. No solo abunda en opositores al Gobierno.
“El RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un no país, sin soberanía sobre su territorio. Las provincias pierden control sobre los recursos naturales existentes en sus territorios como establece la Constitución. Por eso creemos que es inconstitucional”, dice Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADAA). Pero qué dice la letra chica.

Puntos críticos
Según el artículo 162 de la ley Bases, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) será de aplicación en todo el territorio nacional. Pretende brindar incentivos, certidumbre y un sistema de protección jurídica a los mega inversores nacionales y extranjeros. El gran terreno de aplicación del RIGI serán las provincias. El impacto absoluto y total será sobre los recursos naturales.
El monto mínimo de inversión para obtener los beneficios de este régimen es de 200 millones de dólares. Cuando se dice que este régimen tiene nombre y apellido es, entre otras cosas, porque detrás de su sanción lo que viene son los grandes proyectos mineros impulsados por provincias como San Juan y Catamarca.
La semana pasada, mientras en el Congreso la discusión por la ley bases se trababa y se alejaba de la posibilidad de que hubiera dictamen, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer un análisis pormenorizado sobre los alcances ambientales del proyecto. Uno de los apartados clave lleva como título “El peligro latente de confundir insumos con derechos y de renunciar a la regulación”.
El artículo 191 del proyecto de ley Bases dice que los proyectos adheridos al RIGI “no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los proyectos sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda (…)”.
La pregunta que surge, frente a esto, es: ¿A los inversores no puede faltarles nada? ¿Se les debe garantizar todo por encima de las demandas prioritarias de los grupos poblacionales? “Si estuviéramos en presencia de un proyecto de mega minería, el agua podría ser considerada un insumo por los inversores. El agua podría escasear en ese territorio, pero el abastecimiento de la población local se vería relegado como consecuencia de la aplicación del art. 191. Este escenario es inadmisible dado que vulnera derechos humanos”, dice Andrés Nápoli, desde FARN.
El RIGI favorecerá a mega proyectos de infraestructura, forestales, de hidrocarburos y mineros vinculados al cobre y litio, entre otros. Se trata de proyectos con altos impactos ambientales, ecosistémicos y sociales. Son emprendimientos que incrementan las chance de contaminación o incidente ambiental. Abundan los ejemplos en los que mineras fueran judicialmente cuestionadas y condenadas por derrames y en los que debieron frenar el proyecto hasta iniciar y demostrar procesos de remediación. El RIGI, dicen los expertos ambientales, relaja absolutamente todo.
“Omite cualquier referencia a la variable ambiental. No existe mención alguna a su sustentabilidad socioambiental. Los incentivos cesarán sólo por las siguientes causas: fin de la vida útil del proyecto, quiebra del agente inversor, baja voluntaria o sanción por infracción. Ninguna sanción se encuentra prevista por violar las normas ambientales. Los proyectos podrán mantener los beneficios del RIGI aunque contaminen ríos, suelos y acuíferos, destruyan glaciares o provoquen la extinción de una especie. Tampoco existe mención alguna a los pasivos ambientales que provocarán estos mega proyectos. Pareciera que, por debajo de los incentivos económicos, se consagra el derecho a destruir los recursos naturales de modo discrecional y anárquico cuando, en verdad, tenemos la necesidad imperiosa de preservarlos”, expresa Nápoli en concordancia con el comunicado de FARN.
Tal como publicó Clarín días atrás, son cinco los sectores que, principalmente, el Gobierno quiere que despeguen con el impulso de grandes capitales y ventajas impositivas, más libre disponibilidad de divisas y facilidades a 30 años. El régimen pone la lupa en energía, infraestructura, agro, minería y economía del conocimiento. En la industria el RIGI divide aguas o provoca una grieta. Fuentes de los sectores beneficiados coinciden en que parece "más generoso de lo que hubieran esperado". Eso es justamente lo que critican quienes reclaman modificiaciones por el "escenario extramadamente concesivo" que genera.

¿Y dónde está el juez local?
El artículo 219 del proyecto establece que todas las controversias que deriven del presente régimen, entre los estados nacional o locales y un inversor adherido al RIGI se resolverán, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas. Si la disputa no pudiera ser solucionada en forma amigable en sesenta días corridos, el inversor podrá someter el pleito a arbitrajes diversos en el plano internacional", diulyendo o anulando la gravitación natural e histórica de la justicia local.
"¿Qué sucedería si un municipio, una provincia o el Estado Nacional presentaran contra el inversor una demanda por daño ambiental y éste sometiera el conflicto a un arbitraje por considerar que afecta sus inversiones?", se preguntan desde FARN.
El artículo 30 de la Ley General del Ambiente, citado en numeros casos por la Corte Suprema, establece que, producido el daño ambiental, el Estado nacional, provincial y municipal se encuentran legitimados para reclamar la recomposición del ambiente dañado. "Evidentemente, un conflicto de esta especie debe ser dirimido por los tribunales argentinos y no por árbitros extranjeros", remarcan. Para los ambientalistas y expertos consultados, el RIGI opera como un mecanismo de defensa frente a la chance de daño ambiental. Está pensado como una cobertura prepaga para los grandes inversores. "El RIGI no contempla la variable ambiental en ninguno de sus capítulos a pesar de que los mega proyectos que busca promover provocan impactos ambientales directos e indirectos en ecosistemas y regiones enteras", cierra Nápoli. .
Finalmente, una preocupación extra es lo que pueda ocurrir además con muchas dependencias públicas de control existentes. La ley Bases también crea la posibilidad de que sean modificados o disueltos organismos como el Instituto Nacional de Glaciares (que hace inventario para certificar la minería) o el Servicio de Hidrografía naval o el Instituto Antártico Argentino o el Instituto del Agua. Sin estas oficinas de control, sin audiencias ciudadanas y finalmente sin la chance de que existen informes de impacto ambiental que pueden ser auditados por , el camino para un medio ambiente desprotegido y en retroceso parece estar allanado... si finalmente se sanciona la ley.
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Comarsa: los embargos por contaminación ambiental pasaron de 7 millones de pesos a 200 mil

Fecha de Publicación: 21/05/2024
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Originalmente, la confiscación sobre los bienes de los principales responsables de la empresa Comarsa, se había dispuesto en 7 millones de dólares, pero un juez de garantías, la limitó a 200 mil pesos.
En el marco de una audiencia, que se realizó en la mañana de este viernes, a partir de una orden del Tribunal de Impugnación, un juez de garantías “limitó a 200 mil pesos, los embargos que originalmente se habían trabado hasta cubrir la suma de 7 millones de dólares”, sobre los bienes de los principales responsables de la empresa Comarsa, por el pago de la multa prevista, “en el marco de una investigación por contaminación ambiental”.
La audiencia se realizó luego del planteo de la defensa de dos de los imputados en la causa, que inicialmente obtuvieron un fallo favorable del tribunal de Impugnación, para mutar los embargos, que originalmente se habían impuesto por pedido de la acusación “para garantizar los trabajos de remediación y destinarlos al pago de las multas administrativas”, por la contaminación. Con ese fallo, el tribunal ordenó al juez de garantías “que readecúe el monto de las multas”.
En la audiencia de este viernes, tanto el fiscal jefe, Maximiliano Breid Obeid, como los abogados representantes de la querella, de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la Asociación de Abogados Ambientalistas, “se opusieron al desarrollo de la audiencia” y afirmaron que, respecto de los embargos sobre los bienes de los imputados, “hay un recurso extraordinario pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)”.
El fiscal aclaró que existe un recurso ordinario por la interpretación que hacen dos jueces “sobre algo que nadie les pidió, de adecuar el monto de las multas” y explicó que no están de acuerdo, “por lo cual no van a pedir nada”. El posicionamiento de la fiscalía, según explicaron, “tiene que ver con mantener la postura de cara a futuras impugnaciones”.
El abogado de la querella, Emanuel Roa Moreno, también expresó su postura de no convalidar el accionar del tribunal de impugnación y cuestionó “que se haya convocado a la audiencia, cuando resta que se resuelva el recurso ante el TSJ”. Respecto de la adecuación del embargo a las multas, señaló que “son personales, por lo que corresponde contemplar el máximo en cada caso”. La defensa de los acusados, pidieron “mantener el monto de 200 mil pesos y dividirlo entre todos los imputados”.
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Ley Bases: “El RIGI es un régimen de ocupación, atenta contra la protección ambiental”

Fecha de Publicación: 15/05/2024
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Nacional


Andrés Nápoli, de FARN, desgrana los principales peligros de un mamotreto legal que de ser aprobado amenaza al ambiente y los propios cimientos del federalismo. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sostiene que es absolutamente anticonstitucional.
La denominada Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, da por tierra con gran parte de la legislación existente referida a la protección del ambiente. Contra su posible consolidación como norma en el Senado advierte un amplio colectivo de organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales. “Atenta contra la protección ambiental y contradice principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes”, sostienen en una carta enviada al cuerpo legislativo, “socava las bases necesarias para avanzar hacia un horizonte de justicia ambiental y social”.
“El R.I.G.I. es un régimen de ocupación. Atenta contra el artículo 1 de la Constitución que dice que Argentina establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal. Esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”, sostiene Andrés Nápoli, abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Un estado adentro de un estado
“El RIGI establece una plataforma distinta para aquellos que promuevan inversiones por encima de los 200 millones de dólares hasta los 1.000 millones destinada claramente al sector minero, al sector petrolero y al agropecuario, eventualmente al portuario. Estos grandes inversores no van a tener que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, el más grave de todos diría yo, es que no se les va a poder oponer ni legislación nacional, ni legislación provincial, ni legislación municipal que pueda afectar el desarrollo de esas inversiones. Ahí vienen de la mano, los regímenes de protección ambiental”, explica Nápoli.
“Es crear una legislación y un régimen especial, es como un régimen de ocupación. Lo que pasa es que atenta contra el artículo 1 de la Constitución. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución dice que en Argentina se establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal; esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”.
“Además, hay un elemento que es bastante más gravoso: es que toda ley que se le oponga es de nulidad absoluta. Es una cosa que no se ha visto nunca porque las leyes que sanciona el Congreso de la Nación, por el régimen federal, deben ser adheridas por las provincias, si la provincia no las adhiere no las toma. En este caso se pasa por encima, se salta por encima de la Constitución, por eso muchos constitucionalistas plantean que esta ley es una reforma constitucional encubierta dentro de una ley”, concluye.
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Confirman altos valores de contaminación en San Nicolás tras la explosión en Atanor

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


Greenpeace detectó atrazina en muestras tomadas en el suelo frente a la fábrica y también en viviendas y veredas cercanas a la planta
La organización ambientalista Greenpeace publicó este jueves los resultados de las muestras que un equipo tomó en San Nicolás, en cercanías de la planta de Atanor, tras la explosión de un reactor ocurrida el pasado 20 de marzo. A través de hisopados, la organización ambientalista detectó altas tasas de atrazina, un compuesto tóxico prohibido por la Unión Europea en 2004 y Estados Unidos.
El análisis de las muestras tomadas el 22 de marzo, 48 horas posteriores a la explosión, detectó atrazina en todos los puntos muestreados, en un radio que va desde los 150 a 350 metros de la planta.
Se trata de un compuesto tóxico prohibido en la Unión Europea desde 2004 y restringido en Estados Unidos. Es uno de los herbicidas más utilizados en el país. Se estima que esta sustancia puede permanecer en el ambiente hasta cien días.
Precisamente, las muestras fueron recolectadas de las paredes de las viviendas y de las veredas. También, se realizó un muestreo de suelo frente a la fábrica.

 Liberación de agrotóxicos tras la explosión en Atanor
Activistas de la organización habían visitado las inmediaciones de la planta de Atanor en la localidad bonaerense de San Nicolás luego de la explosión con liberación de agrotóxicos, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2024, para recolectar información y testimonios sobre lo ocurrido.
Estos resultados confirmaron, una vez más, los impactos de la fabricación de atrazina en la comunidad, como vienen denunciando los vecinos desde hace años, y tal como surge de las sentencias judiciales.
 Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta.
“Las historias de la contaminación provocada por Atanor no son recientes. Esta empresa cuenta con reiteradas denuncias de los vecinos desde hace dos décadas, algunas llegaron a la justicia por la contaminación a la que se ven expuestos”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace.
“Atanor continúa con sus actividades pese a una sentencia judicial del año pasado por contaminar y provocar severos daños en la salud de las personas”, amplió.
“Estas nuevas muestras aportan datos concretos de contaminación por atrazina en San Nicolás. Vamos a seguir exponiendo la contaminación y exigiendo que se investiguen las causas y el impacto de la explosión de manera urgente”, agregó Mingo.

Atanor: resultados del análisis de las muestras
Se tomaron muestras en pared y piso de casas vecinas, al exterior de la calle, mediante hisopados.
La primera muestra arrojó 1,555 µg/cm2, mientras que la segunda fue de 1,775 µg/cm2. En tanto, en el segundo lugar se tomaron muestras mediante hisopado en la vereda frente a la planta de Atanor y muestras de suelo también en el mismo punto.
En la tercera muestra, a través de hisopado, los valores arrojaron 11,083 µg/cm2, mientras que en la cuarta el muestreo indicó 481,83 ± 60,27 µg/kg.
Estos resultados indican la mayor concentración en la muestra 3 respecto de las muestras 1 y 2, indicando la cercanía al punto donde se liberó el compuesto y reforzando los resultados de dispersión hacia el barrio donde fueron tomadas las muestras 1 y 2.
Desde Greenpeace señalaron que la muestra de suelo presenta una alta concentración, independientemente de un desvío alto producto de la heterogeneidad de la muestra.

Qué es la atrazina
La atrazina es un herbicida que se comercializa desde la década del 60. Es un compuesto tóxico que se utiliza principalmente para el control de malezas. En Argentina, es uno de los tres plaguicidas más utilizados, pese a que está prohibido en 37 países, incluida la Unión Europea.
El Ministerio de Ambiente nacional analizó en 2021 los impactos del herbicida en el ambiente y la salud y constató "los riesgos inherentes al uso de la atrazina como herbicida".
Cabe aclarar que la exposición humana a este producto químico ocurre por distintas vías y escenarios de exposición y esto puede causar una multiplicidad de efectos dañinos. Este herbicida es moderadamente persistente en suelo y agua (entre 30 y 100 días).
Greenpeace ya había denunciado penalmente a la empresa por contaminación de agua en 1998. En ese momento, Atanor contaba con una planta en Llavallol y se analizaron muestras tomadas del Arroyo Rey (parte de la cuenca Matanza - Riachuelo) mediante las cuales se constató la contaminación con elementos tóxicos.
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Qué alertas despierta sobre el cambio climático en la Argentina un informe internacional

Fecha de Publicación: 30/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Dengue, trastornos neurológicos, diabetes, daño pulmonar, mortalidad por olas de calor, disminución de la mano de obra y pérdida de horas de trabajo, algunas de las incidencias negativas según Lancet Countdown Latinoamérica
Según el informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica, el cambio climático ha demostrado tener en la Argentina consecuencias cuantificables tanto en la salud como en la economía. La población de bajos recursos suele sufrirlas en mayor medida. Desde 2000, las temperaturas medias de verano han ido aumentando 0.04°C por año y los registros de 2022 demuestran que son 1.2°C más elevados que los que la institución utiliza como referencia (1986-2005). Las olas de calor llegaron a generar pérdidas de 300 millones de horas laborales y de US$1.300 millones. Las precipitaciones, cada vez más frecuentes, elevaron el potencial transmisor del dengue un 18% respecto del que tenían en la década ´50.
A pesar de los datos negativos, el estudio rescata a nivel local algunas mejoras: la reducción de emisiones de gases del transporte y de la industria disminuyeron la mortalidad en un 36.9% entre 2005 y 2020. Tanto la Argentina como los demás países de América Latina deberán implementar políticas multidisciplinarias si quieren reducir los efectos que el deterioro medioambiental tiene sobre la población.
Lancet Countdown Latinoamérica es un centro de colaboración independiente y multidisciplinario que realiza desde 2022 el seguimiento de los vínculos entre la salud y el cambio climático en América Latina, una de las regiones con mayores desigualdades sociales. Depende del compromiso de 23 instituciones académicas regionales, de agencias de las Naciones Unidas y de 34 investigadores de todo el mundo. Tres especialistas argentinos participan de la iniciativa; entre ellos Marina Romanell, directora ejecutiva del Lancet Countdown Global, su predecesora a escala mundial desde 2015.
El informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica resalta la importancia de las políticas climáticas intersectoriales y del fortalecimiento de los sistemas de salud. La adaptabilidad al cambio climático y la necesidad inminente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son otros de los puntos destacados este año. En su segunda edición, contempla además un apartado especial con datos de la Argentina.
“Los informes de Lancet son importantes porque permiten hacer un seguimiento de como los diferentes países avanzan para enfrentar los impactos del cambio climático en la salud”, dijo a LA NACION Stella Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
“El estudio destaca el desafío de abordar la planificación de la salud en relación al cambio climático en el nivel subnacional”, dijo Francisco Chesini, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y coautor del informe. “La Argentina ha realizado avances en ese sentido en Neuquén, Misiones y Tucumán, gracias a un financiamiento otorgado por el Fondo Verde para el Clima. Fue la primera vez que financió un proyecto del sector salud a nivel mundial”, indicó.

La olas de calor en la economía
Según Lancet Countdown Latinoamérica, en la Argentina las altas temperaturas son uno de los mayores problemas para la salud. Las desigualdades latentes agravan aún más su impacto.
“Cuando las temperaturas son altas, el cuerpo no puede regular bien la pérdida de calor”, dijo a LA NACION Yasna Palmeiro Silva, investigadora y coautora del informe. “Esto deriva en diversos síntomas: dolor de cabeza, desmayos, palpitaciones y calambres. Puede causar daños en los riñones y de otros órganos e incluso la muerte”, sostuvo.
Según el informe, entre 2000 y 2022, las temperaturas medias de verano aumentaron en 0.04°C cada año en la Argentina. Los registros de 2022 superaron en 1.2°C al período de referencia de la institución (1986-2005).
Los adultos mayores de 65 años experimentaron, entre 2013-2022, un 220% más de días de olas de calor que en el período de referencia, según una estimación ponderada de Lancet. En el caso de los menores de un año el aumento es de 187%.
“En el caso de la Argentina, como la población está envejeciendo rápidamente, el riesgo es mayor. La implementación de alertas tempranas por parte de los organismos oficiales y la adecuada preparación puede ayudar a reducir los daños”, sostuvo Palmeiro Silva.
La exposición al calor afecta también a la actividad económica, en la medida que perjudica la salud de los trabajadores, sus empleos y la productividad laboral. Tal como expone Lancet, entre 2013 y 2022, se perdieron en la Argentina 300 millones de horas laborales por la acción de las altas temperaturas, lo que significa un aumento del 116% en comparación con el decenio 1991-2000. Equivale a una merma potencial de ingresos de US$1.300 millones al año, concentrados principalmente en los sectores de construcción y servicios.
El potencial transmisor del dengue es también consecuencia del cambio climático. El aumento del calor provoca mayores precipitaciones y favorece la proliferación de esa infección ocasionada por el mosquito vector aún en áreas nuevas. Entre 2013 y 2022, la capacidad de transmisión de Aedes aegypti en la Argentina aumentó un 18% en comparación con el período 1951-1960.

La presión de los combustibles fósiles
Todo subsidio destinado a los combustibles fósiles implica, para Lacent Latinoamérica, utilizar fondos públicos para financiar emisiones que perjudican la salud. Tal como lo expone en su último informe, la Argentina en 2020 destinó a ese tipo de subsidios US$4.600 millones, monto que equivale a un 10.5% del gasto en salud. “Está por debajo del promedio regional (17%) y por encima de países como Ecuador (8.3%) y Chile (5,6%)”, dijo a LA NACION Oscar Melo, académico del Centro de Cambio Global de Chile y coautor del informe.
“Para lograr una transición rápida y efectiva hacia fuentes de energía más limpias, es crucial que los gobiernos cesen la promoción de la quema de combustibles fósiles a través de subsidios y, en su lugar, redirijan recursos para facilitar una transición saludable hacia la neutralidad de emisiones”, sostiene en el estudio Lancet Latinoamérica.
La baja adopción de energías renovables limpias eleva el riesgo de enfermedades y la mortalidad, y sobrecarga el sistema de salud. Afecciones respiratorias y cardiovasculares, cáncer de pulmón, diabetes, trastornos neurológicos, problemas de gestación son, según el informe, algunas de las principales dolencias que recaen luego sobre los sistemas sanitarios.
En América Latina, el uso de combustibles sólidos contaminantes para cocinar y calentar es elevado. Además, millones de personas están expuestas a niveles altos de contaminación por PM2.5 (partículas finas menores a 2.5 micrómetros que pueden penetrar los pulmones y afectar la salud).
“Si bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sectores, baja el material particulado PM2.2″, dijo Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
Como dato positivo, el informe destaca que en la Argentina en 2022 el 99.9% de la población urbana y el 97.8% de la población rural dependía de combustibles limpios para cocinar. Además, la tasa de mortalidad prematura atribuible a PM2.5 derivado de combustibles fósiles disminuyó en un 36.9% entre 2005 y 2020, principalmente por reducción de emisiones del transporte y la industria.
Las políticas públicas desempeñan, según Lancet Latinoamérica, un papel crucial en la construcción de resiliencia frente a las múltiples amenazas climáticas; no solo a nivel nacional, sino también municipal. En ese sentido, el respaldo financiero, es vital para que las ciudades y poblaciones logren una buena adaptación, pero también para que puedan implementar medidas que mitiguen el cambio climático.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Argentina cuenta con planes y estrategias. “El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, publicado en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 146/2023, posee como enfoque transversal la salud”, dijo Camila Mercure responsable del área de política climática de FARN. “También contamos con la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático, aprobada en 2023 bajo la Resolución conjunta Nº 2/2023″. El problema, tal como asegura Mercure, es que si bien varias políticas están definidas, no cuentan todavía con financiamiento.
En América Latina la interrelación de políticas públicas ambientales y sanitarias son fundamentales para lograr progresos interdisciplinarios más contundentes. Dependerán, sin embargo, de que los fondos destinados sean acordes a las necesidades.
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Tras el análisis de las muestras tomadas en el Paraná, multarán a la empresa Papel Misionero

Fecha de Publicación: 10/04/2024
Fuente: El Terrritorio
Provincia/Región: Misiones


La empresa, explicó que la mancha blanca en el río, fue debido a un hecho aislado por la rotura del caño de descarga de efluentes a una altura por encima del pelo de agua, provocando que el vuelco de efluente ya tratado libre sobre el Paraná generara espuma
En los últimos días se conoció el resultado del análisis hecho a las muestras tomadas en el río Paraná, el pasado mes de marzo, al detectarse en el agua una mancha de espuma frente a Puerto Mineral, municipio de Puerto Leoni, correspondiente a una fuga del caño de descarga de efluentes de la empresa Papel Misionero.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables tomó conocimiento del hecho a raíz de una denuncia pública y llevó adelante una inspección y se tomaron muestras en el lugar, con la presencia del Subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, del Director de Recursos Vitales, Ing. Juan Antonio Statkiewicz, y del Director de Impacto Ambiental, Geólogo Franco García Sosa.
La empresa, explicó que la mancha blanca en el río, fue debido a un hecho aislado por la rotura del caño de descarga de efluentes a una altura por encima del pelo de agua, provocando que el vuelco de efluente ya tratado libre sobre el Paraná generara espuma.
El análisis de las muestras recolectadas se realizó en el Laboratorio Central de la Provincia de Misiones, que funciona en el Parque Industrial, y concluyó que en los efluentes detectados en el río había valores que se encontraban fuera de los estándares permitidos por la normativa vigente, por lo que se configura una infracción ambiental.
Si bien estos valores arrojados no significan un peligro para la salud humana, igualmente configuran una infracción ambiental por superar los límites permitidos por la norma, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por el incidente en la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde se determinará la multa que se aplicará a Papel Misionero.
Además, desde el Ministerio de Ecología se procederá a llevar adelante un seguimiento estricto y un monitoreo con nuevas tomas de muestras periódicas a los fines de corroborar el cumplimiento de la normativa vigente, asegurando así el cuidado de los recursos naturales de nuestra provincia.
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Energía limpia: Córdoba sigue siendo líder en generación distribuida y ahora busca incursionar en el mercado de créditos de carbono en EEUU

Fecha de Publicación: 27/03/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba


La provincia tiene 786 generadores individuales y comunitarios por casi 15 MW. Además, hay otros 116 proyectos en análisis. La estrategia apunta a que los gases de efecto invernadero que dejan de emitir puedan monetizarse mediante su comercialización en subastas de créditos de carbono con empresas que necesitan reducir su huella. Mientras el Gobierno prepara una nueva licitación, planea que proyectos de captura de metano operen en el mercado de California
La Provincia de Córdoba lideró una vez más el ranking nacional de generación distribuida de energías renovables, tanto individual como comunitaria, al totalizar 786 proyectos activos de 14.542 kilovatios (KW) mientras esperan 116 en estudio por 3.465 KW.
Lejos, en segundo lugar, se ubica la Provincia de Buenos Aires, con 478 activos y 260 en estudio.
En total, Argentina tiene 1.679 proyectos activos por 35.241 KW y otros 591 en carpeta por 15.624 KW.
La foto muestra así que Córdoba tiene el 42% de toda la potencia instalada y operativa en proyectos de energía distribuida individual y comunitaria.
Los datos fueron informados a Comercio y Justicia por Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética, área que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Fabián López.
Se trata de uno de los pilares para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, claves para mitigar el cambio climático y cuyos objetivos globales están lejos de alcanzarse.
Otro de los ejes es la sustitución a mayor escala, siempre en referencia a la generación eléctrica, de las plantas de producción con combustibles fósiles por proyectos de energía renovable, es decir, parques solares, eólicos, de producción de biogás o pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, entre otros.

Generación distribuida
Según la información oficial difundida por la Provincia, además de los generadores individuales, o sea quienes tienen equipamiento para un domicilio o comercio, por ejemplo, ya hay seis usuarios generadores comunitarios conectados a la red.
El Parque solar Oncativo con 76,44 KW de potencia; el de Arroyo Cabral, con 70,07 KWP; el de Jovita, con 101,92 KWP; el de Vicuña Mackenna, con 127,4 KWP; el de La Laguna, con 131,04 KWP, y el Maipú, con 828 KWP.
A éstos hay que sumarles dos parques en proceso de conexión: el de La Cumbrecita, con 315 KWP y el de Morteros, con 330 KWP.
“El liderazgo de Córdoba en la materia tiene que ver con la implementación de políticas públicas que tuvo siempre cinco grandes ejes o cinco grandes estrategias o marcos normativos claros y creados por consenso de todas las organizaciones. Una decisión política institucional muy fuerte para acompañar el proceso, una comunicación pública muy activa en muy diversos medios, una plataforma donde uno puede encontrar toda la guía para ser un usuario generador o una plataforma tecnológica en la web que puede servir para encontrar desde instaladores habilitados hasta tramitar las exenciones impositivas y por último un régimen financiamiento a través del Banco Provincia de Córdoba”, enumeró Mansur a este medio.
La inversión total estimada en esos parques comunitarios más los proyectos individuales ronda 30 millones de dólares, según estimó.
Mansur destacó el marco legal vigente -pionero en el país-, que dio sustento a la proliferación de los diferentes proyectos.
En paralelo, destacó el proyecto para generar energía a partir del biogás de residuos cloacales en la planta de saneamiento de Bajo Grande y el proyecto de Biofarma, primer usuario generador distribuidor del país a partir de residuos de feedlot.
Por lo demás, señaló que, en el predio de Arroyo Cabral -propiedad de EPEC- se buscará alojar proyectos importantes tanto de la propia empresa como de inversores privados que quieran generar desde ese lugar para diversos mercados de energía, aprovechando la infraestructura disponible para una potencia superior a los 50 MW.

Planes
En cuanto a los objetivos por delante, Mansur dijo que hay varios ejes para desarrollar, algunos ya avanzados.
“Vamos a mejorar el programa de beneficios para incentivar las inversiones y vamos a introducir la digitalización, la aplicación de blockchain para generar tres tokens: uno  asociado a la potencia instalada, otro que va a representar la monetización de la energía generada mediante una billetera virtual para pagar las facturas de energía y, por último, un token asociado a la reducción de emisiones por esa energía que podrá comercializarse en una plataforma vinculada al carbono”, señaló.
Al mismo tiempo y siempre respecto a los planes futuros, Mansur dijo que el objetivo es triplicar la potencia instalada en un plazo de aquí hasta junio de 2025 para llegar a los 40 o 45 MW de energía distribuida.
“A la par, vamos a avanzar fuerte en políticas de desarrollo de las bioenergías. También en un plan de eficiencia energética, para promover la acción climática y como paliativo para la realidad tarifaria que enfrentamos, y pensar el mediano y largo plazo con muchas herramientas de inteligencia territorial”, concluyó.

El camino a la monetización
“La generación distribuida es la plataforma para que uno pueda establecer subastas, es decir no hay subastas (de créditos de carbono) si no se pueden certificar reducciones de emisiones y compensaciones”, resumió Mansur para introducir el círculo virtuoso que, más allá de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen aquellos que invierten en este tipo de tecnología para generar energía limpia.
En ese sentido, Córdoba es pionera en las subastas de créditos de carbono.
Ya a fines de 2022, se concretó la primera subasta de certificados de carbono desplazado.
Por medio del Ministerio de Servicios Públicos, se lanzó la prueba piloto, por la cual empresas pudieron compensar sus emisiones de carbono.
Se trató de una acción que otorga valor a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para que luego sean compensadas por distintos actores en la órbita del Ministerio de Servicios Públicos.
“Córdoba vuelve a mostrar esa vocación por avanzar en el cuidado del ambiente, en reducir la emisión de carbono con esta subasta inversa que tiene una característica para destacar: no sólo es la primera que se hace en Argentina sino que expresa la participación de la sociedad cordobesa”, expresó entonces el gobernador Juan Schiaretti, quien agregó que hubo 68 oferentes que tomaron medidas para mitigar su huella de carbono y más de 120 interesados en entrar en la subasta y adquirir esa reducción.
La iniciativa tuvo por objetivo generar una plataforma para la puesta en valor de reducciones de emisiones a pequeña y mediana escalas, toda vez que a esa fecha no eran posibles de validar a través de estándares internacionales, en especial por los costos.
A su turno, el ministro López aseguró: “A través del mercado, voluntaria u obligatoriamente, buscaremos que personas jurídicas y físicas disminuyan su huella de carbono por medio de mecanismos de compensación y transitar así a una economía de bajas emisiones”.
En la primera subasta, el precio promedio por cada tonelada de CO2 equivalente fue cotizada en 550 pesos, unos cuatro dólares de entonces.
En tanto, ya desde comienzos del año pasado, las licitaciones que realizó el Ministerio de Servicios Públicos incluyeron en los pliegos un puntaje extra para las empresas que demuestren una reducción en sus emisiones contaminantes, o bien que compensen esas emisiones con la adquisición de bonos de aquellos que sí lograron reducirlas.
Mientras, a fines del año pasado se concretó una nueva subasta con características similares a la primera.

Los objetivos se mantienen
Un punto clave respecto al tema es la continuidad de las políticas públicas. Es que al igual que en la gestión de Juan Schiaretti, con el ministro Fabián López a la cabeza, también Martín Llaryora sostuvo la impronta, confirmando a López en el cargo y también a parte del equipo que impulsó esas políticas, entre ellos a Mansur y también a Pablo Gabutti, quien -si bien anteriormente se desempeñaba en la gerencia de energía del Ersep- hoy es el secretario de Transición Energética. Además, creó el Ministerio de Ambiente y Economía Circular a cargo de María Victoria Flores.
“A fines del año pasado se hizo la segunda subasta de créditos de carbono, que llamamos “unidades de carbono verificadas” y en coincidencia con la fecha de la Cumbre de la Economía Circular”, recordó Gabutti.

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Clausuran la planta de Atanor tras la contaminación causada por las explosiones

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia hizo lugar a una cautelar para que cesen las operaciones en la planta de San Nicolás. El Ministerio de Ambiente de Buenos Aires cerró el sector donde ocurrió el incidente
Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. En caso de no atenerse a la medida, la firma deberá pagar 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento.
La jueza de la provincia de Buenos Aires con jurisdicción en San Nicolás, Luciana Díaz Bancalari, resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado ambientalista Fabián Maggi, de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, en representación de los vecinos. La medida implica también librar oficio a la fiscalía y al ministerio de Medio Ambiente, que encabeza Daniela Vilar.
La Unidad de Respuestas Rápidas de la cartera bonaerense estuvo en San Nicolás e informó que "si bien los aparatos sometidos a presión están en regla, nos encontramos a la espera del informe de los peritos sobre los motivos exactos de lo sucedido".
"Entendiendo que la situación no admite demoras en la adopción de medidas, la empresa se encuentra sin actividad por seguridad y clausuramos el sector de la planta donde ocurrió la explosión hasta tanto estén dadas las condiciones normales de funcionamiento de la planta y se haya realizado y completado todas las tareas de reparación que garanticen la seguridad integral tanto del personal como de los vecinos", agregaron desde el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, que evaluará posibles sanciones contra Atanor además de solicitar un plan de remediación.

Otra clausura
La planta productora de agroquímicos que Atanor tiene en San Nicolás ya fue clausurada hace ocho años, en el marco de un allanamiento por el incumplimiento de medidas judiciales.
En septiembre de 2016, el juez Facundo Puente, por entonces titular del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, ordenó la clausura de la planta tras un allanamiento de Prefectura y Gendarmería en el que confirmó que la empresa no cumplía con ciertas restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná, además del uso de grandes cantidades de agua subterránea.
La medida fue el desenlace de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron, por más de 12 años, el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.

Condena por contaminar el río Paraná
El año pasado, Atanor fue condenada por vertir desechos tóxicos ilegalmente en el río Paraná. La Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva contra la empresa, considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, y dictó sentencia definitiva contra la firma ubicada en las inmediaciones del barrio Química de la ciudad nicoleña, donde se estima que murieron cerca de 200 personas en el transcurso de años producto de la contaminación ambiental que ocasionaba la empresa al verter sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin tratamientos, además de enterrar de manera ilegal residuos peligrosos.
La causa fue presentada en 2015 y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por reiteradas “demoras injustificadas” del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como bonaerense, situación que se encuentra en trámite pese al fallo definitivo a la acción de amparo.

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Una explosión en una planta química en San Nicolás hace temer contaminación en la zona

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa de agroquímicos Atanor sufrió una serie de detonaciones alrededor de las 3:30. Un operario resultó herido de gravedad y los vecinos temen contaminación.
Una explosión en la planta industrial de Atanor, ubicada en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, dejó un trabajador herido de gravedad y preocupación entre los vecinos de la zona ante una posible contaminación.
El accidente tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles. Según un comunicado de la empresa, en horas de la madrugada, se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso.
“Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta, que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”, señalaron. El operario Julio César Corbalán que trabajaba en el lugar debió ser atendido de urgencia, producto de las heridas recibidas por el derrame de ácidos en el lugar. “Se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos de San Felipe”, informaron fuentes oficiales.
Desde Atanor comunicaron que ahora se encuentran realizando tareas de limpieza de la planta e inmediaciones junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en la atención de emergencias tecnológicas.
La preocupación de los vecinos, que publicaron reportes sobre un fuerte olor a químicos en redes sociales, se debe a la liberación de una nube tóxica. “Debido a la liberación brusca de presión, se generó una emanación de gases propios del proceso productivo y luego, como consecuencia del incendio, se generaron gases de combustión”, indicaron desde la empresa y añadieron que las consecuencias esperables son irritación ocular y de vías aéreas superiores.
“La empresa dio intervención inmediata al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y en conjunto con las autoridades de contralor municipales correspondientes está trabajando para determinar las causas del incidente y evaluando las consecuencias del mismo”, afirmaron.
Las autoridades locales recomendaron evitar circular por las inmediaciones de la planta y permanecer dentro de los hogares para evitar complicaciones en la salud, ya que los productos expulsados son altamente tóxicos.
Según informó La Vaca, hace un año el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás había probado la existencia de contaminación que los propios vecinos denunciaron hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentaron un censo con 200 muertes por diversas enfermedades en seis cuadras del barrio, y la jueza Luciana Bancalari consideró probado “el marco de ilegalidad manifiesta” en el que funcionaba la empresa.
Luego, la Cámara Primera de Apelación del distrito le fijó a la empresa, en un fallo histórico, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos.
Según el informe de una consultora que publica la página del Ministerio de Ambiente bonaerense, la planta de Atanor es la única productora y formuladora de atrazina del Mercosur. Además, sintetiza humectantes y formula herbicidas a base de Ácido 2,4-D, Ácido 2,4-DB, Éster Etilhexílico del Ácido 2,4-D, Ésteres Butílicos de 2,4-DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir, SMetolacloro, Fomesafen, Cletodim e insecticidas.
La atrazina se descompone cuando se calienta intensamente, produciendo humos tóxicos entre los cuales figuran el cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.
En la investigación del caso interviene en principio la Unidad Fiscal 14 de San Nicolás. A la vez, fue informado el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y las autoridades de contralor municipales.
No es la primera vez que Atanor es noticia por un siniestro en su planta de San Nicolás. En noviembre de 2016 hubo otra explosión que generó una densa columna de humo negro y obligó a los Bomberos a un trabajo de varias horas para controlar el fuego desatado en un depósito de bidones plásticos.

Qué es la atrazina
La atrazina, 2-cloro-4-(etilamina)-6-(isopropilamina)-1,3,5-triazina, es un compuesto químico utilizado como herbicida artificial para controlar malezas en la agricultura interfiriendo en el transporte de electrones durante el proceso de la fotosíntesis.
Las triazinas son el segundo grupo de herbicidas más usado en Estados Unidos, pero su uso es materia de controversia ya que produce efectos nocivos en especies a las que no va dirigida, como los anfibios, a causa de la contaminación de las aguas, o en el ser humano.
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Contaminación en el río Salado: Tres miembros del directorio de un frigorífico a juicio

Fecha de Publicación: 15/03/2024
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Se trata de los responsables de un frigorífico en General Belgrano. Los acusan de poner en riesgo la salud por la contaminación del río Salado.
Tres directivos de un frigorífico de General Belgrano irán a juicio oral, acusados por haber puesto en riesgo la salud de la población en un presunto caso de contaminación del río Salado. La elevación de la causa fue validada por el juez subrogante del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, a pedido del fiscal Juan Pablo Curi.
La investigación tiene como acusados a tres hombres, integrantes del directorio del Frigorífico General Belgrano S.A., a quienes se acusa del vertido de residuos peligrosos al cauce de un afluente del río Salado durante el periodo comprendido, cuanto menos, entre julio de 2019 y agosto de 2022, precisa el sitio Fiscales.org.

Los fundamentos y las pruebas de contaminación en el río Salado
La acusación fiscal sostuvo que la contaminación ocurrió como consecuencia de no haber desarrollado las medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generó el frigorífico -como está establecido en el artículo 17 de la ley 24.051- y haberlos volcado sobre el canal pluvial ubicado en las inmediaciones del establecimiento situado en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, que tiene como receptora a la cuenca hídrica del río Salado.
En la investigación constan diversos estudios realizados que dan cuerpo a la acusación. La fiscalía ponderó, por un lado, la información brindada por la Autoridad del Agua, que el 10 de julio de 2019 labró un acta de inspección que dio como resultado que los niveles de DQO (Demanda Química de Oxígeno) excedían, mínimamente, el límite permitido.
En esa oportunidad, el inspector advirtió que “el efluente no estaba siendo clorado” y que desde la firma no se había exhibido ningún certificado de aptitud ambiental.
En noviembre de 2020, a través de tareas ordenadas por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) presentó un análisis que arrojó resultados de valores de DQO por sobre los límites admisibles, incluso superiores a los constatados anteriormente.
Luego fue el OPDS el que realizó una inspección, también a pedido del UFIMA, el 5 de enero de 2021: en ese momento se exhibió un Certificado de Aptitud Ambiental, que estaba vencido.
Ante ello, se requirió a la Autoridad del Agua una nueva inspección, que se realizó el 4 de febrero de 2022. “En dicha inspección se dejó asentado que los efluentes eran evacuados a zanja pluvial, cuenca río Salado, y que se observó que las instalaciones para el tratamiento de los mentados efluentes se encontraban en mal estado de conservación, ya que los separadores de estiércol, el decantador interceptor y el pozo de bombeo, estaban colmados de barros”, destacó el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio.
En esa ocasión se extrajo otra muestra, “cuyos resultados demostraron que, no solo había aumentado el nivel de la sustancia que anteriormente se encontraba ya fuera de los límites permitidos -DQO- sino que también fueron objetables los resultados de otros (cuatro) ítems”, entre ellos, DBO (Demanda Biológica de Oxígeno).

Contaminación del río Salado ¿Qué responsabilidad se les adjudica a los directivos del frigorífico?
En cuanto a la atribución de la responsabilidad, la fiscalía indicó que los acusados “no orientaron su gestión empresarial a eludir el resultado lesivo de contaminación del medio ambiente y entonces pusieron en peligro la salud pública, cuando se encontraba en cabeza de aquellos la dirección y orientación productiva de la empresa”.
De acuerdo al requerimiento fiscal, los acusados “conocían que los residuos generados por el frigorífico eran vertidos al cauce de un río, sin el debido tratamiento, por lo que se infringían los requerimientos ambientales determinados mediante normativa específica, establecidos con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de la población”.
El fiscal Curi reparó en que “debe tenerse presente que la firma fue notificada de la realización de las extracciones de muestras efluentes efectuadas tanto por personal policial en el marco de la investigación preliminar de la UFIMA, como aquella realizada por la Autoridad del Agua. Entonces los imputados no podían desconocer que actuaban en contra de la norma legal en juego y generaban, así, un riesgo jurídicamente desaprobado” concluye el informe.
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Espuma blanca invadió el río Paraná y es investigada por Ecología tras denuncia

Fecha de Publicación: 12/03/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La comisión del Ministerio tomó muestras del fluido en frascos y bidones para un análisis que se realizará en el laboratorio del Parque Industrial
Una espuma blanca se pudo visualizar sobre la superficie del río Paraná por vertidos de la empresa Papel Misionero y tras una denuncia pública por presunta contaminación, se tomaron muestras del curso de agua, según informó el Ministerio de Ecología de la provincia, que conformó una comisión para investigar la situación. La captura de las muestras se realizó a la altura de Puerto Mineral en el municipio de Puerto Leoni.
Desde la empresa explicaron que la mancha blanquecina se debió a una rotura del caño de descarga de efluentes a una altura por encima del pelo de agua, provocando que el vuelco de efluente ya tratado libre sobre el río generara espuma.
La comisión del Ministerio tomó muestras del fluido en frascos y bidones para un análisis que se realizará en el laboratorio del Parque Industrial y cuyo resultado será informado a la comunidad en los próximos días, consignaron a través de un comunicado. Además, expresaron que hasta en tanto no se obtengan los resultados aún no se puede llevar una advertencia a la población, ya que no se confirmó si existe contaminación o no.
Este medio consultó a Elvio Rivas, intendente de Puerto Leoni, quién mencionó que la calidad del agua potable que se provee a los vecinos no se ve afectada en este caso, "porque la cooperativa de la ciudad extrae el suministro de tres perforaciones para la potabilización y provisión; y no toma del propio río".
Además, aclaró que si bien no hay espacios de acceso al agua para bañistas en la zona de Puerto Mineral, sí hay clubes de pesca que realizan actividades recreativas entorno al río.
La empresa indicó que el vertido se dio el día viernes, que este sábado la situación había mejorado y que la planta está fuera de servicio de manera temporaria. Anticipó además la reparación del caño averiado se completaría en las próximas semanas.
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Según The Guardian, desarrolladores inmobiliarios planean un "nuevo Miami" en los humedales del Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 11/03/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires - Litoral Argentino


El medio británico recogió distintos testimonios que muestran un cambio en la fisonomía del lugar, donde en los últimos años se registraron construcciones de comunidades privadas y casas de lujo. Los isleños denuncian que buscan desplazarlos.
Una nota del medio británico The Guardian advirtió que la flora y la fauna del Delta del Paraná están dejando paso a los desarrolladores inmobiliarios, que desde hace un tiempo se encuentran construyendo playas privadas, helipuertos y spas.
“Las islas están siendo tomadas por la fuerza y ​​nuestra gente está siendo desechada”, afirmó Pedro Andino, un hombre de 80 años que vivió toda su vida allí. "Mientras que los isleños ven el delta como el cuarto pulmón de la Tierra, los promotores inmobiliarios lo ven como una oportunidad, y Andino dice que la población y los animales locales están siendo expulsados", expresó en su nota Harriet Barber sobre el fenómeno de avance.
Luego agrega que los desarrolladores describen las parcelas del Paraná como el "Miami del Sur", conformando un espacio de comunidades cerradas y casas de lujo. "El terreno, uno de los deltas fluviales más grandes del mundo, con una extensión de más de 17.500 kilómetros cuadrados, ha sido dividido para crear playas privadas, spas y helipuertos", dice el texto.
Luego recoge nuevamente el testimonio de Andino, quien aseguró que la casa de su padre se incendió, al igual que la de muchos de sus vecinos.
"El cuarto pulmón de la Tierra", como se caracteriza a esta zona repleta de animales y plantas de todo tipo, es un humedal que regula el clima, actúa como sumidero de carbono y también almacena agua.
"Los desechos industriales y los vertidos agrícolas han contaminado el agua, y la deforestación desenfrenada ha alterado la humedad , reduciendo el agua que fluye por sus arroyos. Los incendios provocados casi en su totalidad por humanos se salen de control cada año y han quemado 1.235.000 hectáreas (3.051.751 acres) desde 2020 según Greenpeace", explica Barber.
Además, aseguran que su fisonomía natural ha cambiado por la forestación, la sustitución de pasto para ganado y el uso de pesticidas que contaminan el agua, además de matar a las abejas.
“Somos el cuarto pulmón del mundo. Nuestro delta le da oxígeno al planeta, pero hoy lo están dañando terriblemente”, dijo entrevistado por el medio británico Juan Carlos García, un isleño de 70 años.

Nuevas construcciones y repoblación en el Delta
"A medida que los ricos se mudaron, se instalaron servicios públicos como electricidad, pero algunos isleños dicen que se les ha bloqueado el acceso a ellos", remarca The Guardian. Luego refiere que los dragados que requieren las construcciones de comunidades pueden aumentar la posibilidad de inundaciones.
Sofía Astelarra, profesora de la Universidad de Buenos Aires, le dijo al medio que a partir de los 2000 comenzó una intensa repoblación de las islas. “Querían pagarme por mi casa, pero yo no quería venderla”, relató otro habitante del lugar, Miguel Galloro. Esa vivienda finalmente quedó destruida. El hombre afirmó que fue pescador toda su vida pero le quitaron su bote y sus redes, impidiéndole el paso.
"En toda América Latina, los humedales han disminuido aproximadamente un 35% en 50 años y, a nivel mundial, están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques", explica la periodista en su nota. También agregó que los desarrolladores inmobiliarios no quisieron responder preguntas al respecto,

Los humedales y el gobierno de Milei
Barber también recogió el testimonio de la abogada y directora de biodiversidad de la Fundación Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ana Di Pangracio, quien afirmó que en el país no hay deseo de proteger los humedales.
"Este gobierno será difícil: corremos el riesgo de sufrir una regresión en la protección del medio ambiente, como la ley sobre los bosques y los glaciares", dijo Di Pangracio a  The Guardian.“Y la ley de humedales tiene fuertes grupos de presión en contra: bienes raíces, agricultura, minería”, agregó.
Por otro lado, el texto afirma que los poderes económicos en el país son más fuertes, incluso, que la propia ley. “Se aprovechan de nosotros porque somos vulnerables. Es nuestro deber proteger esta tierra. El delta debe ser la tierra del pueblo”, cerró uno de los isleños.
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La empresa responsable del derrame solo limpió el 25% del ecosistema afectado

Fecha de Publicación: 27/02/2024
Fuente: InfoGEI
Provincia/Región: Buenos Aires


Un mes después del último incidente hubo un tercer episodio la semana pasada que aún se investiga. Una empresa fue clausurada y multada, pero advierten por daños persistentes por los hidrocarburos tanto en la flora como en la fauna Los dos derrames de petróleo en la zona costera de Bahía Blanca, ocurridos entre finales de diciembre y mediados de enero, dejaron alrededor de 40 hectáreas afectadas que, aún hoy, se siguen limpiando.
Los perjuicios sobre el ecosistema son incalculables por el momento, ya que organizaciones del lugar aseguran que tras las tareas para remover los fluidos quedan sustancias contaminantes invisibles que perduran en el tiempo.
Por ahora, los derrames dañaron una reserva natural que es vital para miles de aves migratorias que pasan por la zona cada año.
Además, el 14 de febrero se originó otro incidente en cercanías a la Base Naval Puerto Belgrano, en la zona de Coronel Rosales, aunque todavía se investiga qué sustancia se vertió al agua y en qué circunstancias.
Uno de los principales problemas es que estos derrames afectan al estuario, que forma parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, un corredor continental de importancia internacional que se extiende desde Argentina hasta Canadá y por el que pasan cientos de miles de ejemplares migradores.
Los derrames de petróleo afectan a la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde (cuenta con 2600 kilómetros cuadrados), un enclave vital para miles de aves migratorias que realizan miles de kilómetros cada año, siendo algunas de ellas especies amenazadas. A su vez, esta contaminación representa un problema mayor porque el entramado de canales e islas no permite que el agua recircule, por lo que la limpieza del agua es aún más compleja.

Derrames en Bahía Blanca
Entre finales de diciembre y mediados de enero, dos monoboyas que utiliza la firma alemana Oiltanking sufrieron desperfectos y liberaron petróleo a la ría de Bahía Blanca. Estas estructuras funcionan para que los barcos puedan conectarse y almacenar el petróleo crudo que irá hacia los depósitos.
Las monoboyas se encuentran frente al partido de Coronel Rosales y según señaló el director de la Estación de Rescate de Fauna Marina de Bahía Blanca (Erfam), “la empresa activó tardíamente los protocolos necesarios” que se enmarcan en el Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (Planacon).

Limpieza de lo afectado
La limpieza la realiza una empresa privada, la cual es fiscalizada por el Ministerio de Ambiente provincial. Son varias personas en lanchas con motoguadañas que cortan la vegetación afectada. Hasta el momento se limpiaron 10 de las 40 hectáreas afectadas.
Sobre el procedimiento, Petracci explicó: “La idea no es sacar de raíz porque el impacto es mayor. Esa vegetación acuática jugó a favor y evitó que el petróleo ingrese más adentro”. Los restos de esa poda se envían a tratamiento y a disposición final como sustancias peligrosas.

El daño continúa
Sin embargo, el petróleo continuará perjudicando el territorio: “El problema son los elementos contaminantes que quedan en el ambiente, que son invisibles y están asociados a la presencia de crudo aunque esté diluido”.
Es por ello que tuvieron que implementar un método para que sobre el área en la que remueven la vegetación no bajen aves a comer en el barro que quedó, ya que pueden alimentarse sobre una superficie contaminada.
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Argentina elaboró el primer proyecto del mundo para resolver la contaminación del agua por la industria textil

Fecha de Publicación: 26/02/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


En el marco del primer concurso “Proyectos Emprendedores de Innovación Tecnológica” del IUDPT, se propone revolucionar el sector textil. Conocé más sobre el emprendimiento biotecnológico .
El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT) realizó el viernes 16 de febrero el lanzamiento del primer concurso “Proyectos Emprendedores de Innovación Tecnológica”. Junto con Elal Venture, otorgará $1.500.000 a la iniciativa del campo de la biotecnología o la bioingeniería cuyos creadores cuenten con las competencias necesarias para el desarrollo de un nuevo negocio innovador y una empresa de base tecnológica.
En ese marco y como ejemplo de las iniciativas que se llevan a cabo en nuestro país, disertó el biólogo Esteban Silva, fundador y COO de Protiva Bioinks, un emprendimiento biotecnológico cuya meta es brindar soluciones sostenibles a la industria del color. En concreto, se propone revolucionar el sector textil mediante la producción y aplicación de colorantes naturales fabricados en base a bacterias. Se trata de la primera iniciativa en el mundo de esta naturaleza, según destacó el emprendedor.
“La industria textil es responsable del 20% de la contaminación mundial del agua, a raíz del desecho de 200.000.000 de kilos de colorantes sintéticos derivados del petróleo y tóxicos por año”, ilustró el emprendedor graduado en la Universidad Nacional del Sur.
“Como alternativa, sólo existen colorantes vegetales que no son escalables y cuya aplicación es específica, debido a que son muy costosos. Lo que desarrollamos, entonces, es una bio-dye tech. Es decir, usamos bacterias para la fabricación de pigmentos y seleccionamos los que tienen aplicación textil. Ya tenemos cuatro prototipos en escala de laboratorio: rojo, amarillo, azul y negro”, continuó.
“Pero también diseñamos una fórmula de aplicación que sea capaz de cumplir con los estándares textiles para las prendas de lana, algodón y poliéster, es decir la resistencia al lavado y al sol. Nuestro modelo es B2B y está dirigido a empresas tintoreras en los tres primeros eslabones de la cadena de valor, es decir la hilandería, la tejeduría y la confección”, aseguró.
El fundador de Protiva Bioinks sostuvo que se trata de un mercado de u$s11.000 millones anuales. Como consecuencia, se encuentra en la búsqueda de una ronda de inversión de al menos u$s250.000, con el propósito de completar el producto mínimo viable y sumar capacidad de investigación y desarrollo, ya que al momento emplea el laboratorio de tinción de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
De la jornada también participó el químico Julián Rengifo, investigador independiente del CONICET y cofundador de Environtek. El modelo de negocio del emprendimiento, aún en etapa más temprana, consiste en el asesoramiento tecnológico para el desarrollo de un superbiocarbón activado por luz y capaz de adsorber la contaminación del agua, tanto de origen natural por arsénico como producto del uso de fertilizantes en el agro. Se trata de un mercado de u$s1.700 millones anuales.
Al lanzamiento asistieron el presidente de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y fundador del IUDPT, Guillermo Gómez Galizia; el rector del IUDPT, Mariano Álvarez; la secretaria de Ciencia y Tecnología del instituto universitario, Cintia Hernández, y el director de Operaciones de Elal Venture, Federico Peruzzatto, junto con investigadores y docentes.
La convocatoria al concurso “Proyectos Emprendedores de Innovación Tecnológica”, del IUDPT y Elal Venture, estará abierta hasta el próximo 1° de marzo. Para participar, es necesario completar el Formulario de Postulación y el Plan de Trabajo, y enviarlos a: secretariacienciaytecnologia@iudpt.edu.ar.
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Buscan controlar las emisiones gaseosas industriales y mineras

Fecha de Publicación: 23/02/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera.
El Gobierno Provincial elevará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a que empresas entreguen un informe obligatorio -en carácter de declaración jurada- sobre las emisiones gaseosas que promueven a la atmósfera local los diferentes establecimientos que conforman cada compañía. En este sentido aseguraron que el proyecto está dirigido especialmente las empresas que se encuentran en etapa de exploración avanzada y etapa de aprovechamiento general.
En Catamarca se encuentran radicados diversos establecimientos industriales y empresas mineras en etapa de exploración avanzada y de explotación que generan el vertido de este tipo de efluentes gaseosos a la atmósfera, por lo que se considera sumamente necesario medir e informar sobre los niveles de estas emisiones dentro del marco del compromiso con el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en la provincia.
La información proporcionada es considerada necesaria a los efectos de implementar una adecuada política de protección de la calidad del aire.
El gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, se reunieron con autoridades del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, quienes explicaron el tenor de la iniciativa que establece que las emisiones gaseosas necesitan ser controladas, debido a las consecuencias que representan tanto para la salud humana como también para el medio ambiente.
Gustavo Báez, secretario de Energía y Medio Ambiente, explicó que “el proyecto de ley tiene por objetivo el informe obligatorio por parte de empresas industriales y mineras, en condición de declaración jurada, sobre emisiones gaseosas y que apunta a definir cuál es nivel de carbono que tienen las actividades productivas en nuestra provincia y como generar una compatibilidad con el interés general y reducir los efectos negativos del cambio climático”.
Se espera que el proyecto sea tratado en las sesiones extraordinarias convocadas para marzo.
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