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Glaciares. Lo que Filmus encubre
18:53 | 
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Glaciares. Lo que Filmus encubre
Fecha de Publicación: 10/09/2009
Fuente: Eco Portal - Por Enrique Matías Viale
Provincia/Región: Nacional
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria.
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria y subordinada a los intereses económicos concentrados. Acertadamente, se lo ha tildado como el “veto de la Barrick Gold ”, evidenciando las relaciones peligrosas que existen con esta poderosa empresa que ha llegado a financiar eventos electorales de la fórmula presidencial Cristina-Cobos.
Muchas cosas han sucedido desde el veto. La Cámara de Diputados no pudo insistir con la ley original, atento la feroz coraza impuesta por la mayoría oficialista en la cámara baja, que se comporta como verdadera custodia pretoriana del modelo minero impuesto en la década de los 90 y profundizado en los últimos años. También existe un nuevo proyecto de ley, idéntico a la ley vetada y firmado por todos los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados con excepción del Frente por la Victoria y sus aliados. Este proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y duerme en los cajones de la inefable Comisión de Minería donde el oficialismo cosecha amplia y decisiva mayoría. Duerme al igual que los numerosos proyectos de la oposición que pretenden modificar el actual modelo legal-minero de saqueo y contaminación.
Pero también hay un proyecto de ley del Senador Nacional, Daniel Filmus, en parte distinto del original y que, bajo la perversa apariencia de realizar mejoras a la ley vetada, nos pretende camuflar sus verdaderas intenciones.
Y aquí me detengo porque creo central se conozca que se esconde detrás de este proyecto que quiere ser prontamente sancionado por la Cámara de Senadores de la Nación.
En primer lugar, existen argumentos concretos o técnicos que nos llevan a concluir, sin hesitación alguna, que debe rechazarse el proyecto del senador Filmus. Específicamente, trascendentales modificaciones que se pretenden realizar en los artículos 2°, 6° y 15°.
Este proyecto elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras. Como consecuencia de ello, el proyecto del senador por la Ciudad de Buenos Aires también elimina la prohibición, que la ley vetada establecía en su artículo 6° inciso c), de la actividad minera e hidrocarburífera “en el ambiente periglacial saturado en hielo”. Estas modificaciones son exactamente las pretendidas por las multinacionales mineras porque muchos de sus actuales y futuros proyectos se desarrollan en este ambiente. Así lo admiten documentos de las propias empresas, realizados con anterioridad a la existencia de la ley vetada.
Pero hay una modificación existente en el proyecto del ex–ministro de educación de la Nación que hay que prestarle especial atención porque parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la Barrick Gold. La redacción del artículo 15° es la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera actualmente en ejecución, incluso sobre lo que la propia ley prohíbe. La norma vetada establecía expresamente, para las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley, “que en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”. El proyecto de Filmus solo establece que “las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades se adecuen a la presente ley” en caso que generen un “impacto significativo” sobre los “glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros”. Como vemos, otra vez desaparece el “ambiente periglacial” como área tutelada y, además, la solución de este proyecto es la adecuación, a diferencia de la ley vetada que establecía expresamente la posibilidad de hacer cesar la actividad ante impactos significativos. “Adecuar” puede significar trasladar con palas mecánicas glaciares como insólitamente pretendió realizar la Barrick Gold cuando Pascual Lama era un proyecto.
Pero además de ello, el proyecto del senador oficialista establece, también en el artículo 15°, que la Auditoria Ambiental se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción …" La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. De aprobarse la ley que propone Filmus, la realización de la Auditoria Ambiental se somete perversamente a la decisión de cada jurisdicción de realizar el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciales, justo a la medida de Pascua-Lama.Pero más allá de estas importantes modificaciones técnicas señaladas que, escondidas bajo la pretendida fachada de realizar una norma superadora de la ley vetada, cumplen aplicadamente con los deseos de las multinacionales mineras, estoy convencido que hay un fundamento ideológico que debe servir como basamento central para rechazar el proyecto que pretende ser sancionado por el Senado Nacional. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales, como la disparatada intención de suplantar el Congreso de la Nación por un “foro interdisciplinario”. Sería legitimar el espurio lobby de las megamineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar definitivamente que la megaminería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
Fecha de Publicación: 10/09/2009
Fuente: Eco Portal - Por Enrique Matías Viale
Provincia/Región: Nacional
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria.
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria y subordinada a los intereses económicos concentrados. Acertadamente, se lo ha tildado como el “veto de la Barrick Gold ”, evidenciando las relaciones peligrosas que existen con esta poderosa empresa que ha llegado a financiar eventos electorales de la fórmula presidencial Cristina-Cobos.
Muchas cosas han sucedido desde el veto. La Cámara de Diputados no pudo insistir con la ley original, atento la feroz coraza impuesta por la mayoría oficialista en la cámara baja, que se comporta como verdadera custodia pretoriana del modelo minero impuesto en la década de los 90 y profundizado en los últimos años. También existe un nuevo proyecto de ley, idéntico a la ley vetada y firmado por todos los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados con excepción del Frente por la Victoria y sus aliados. Este proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y duerme en los cajones de la inefable Comisión de Minería donde el oficialismo cosecha amplia y decisiva mayoría. Duerme al igual que los numerosos proyectos de la oposición que pretenden modificar el actual modelo legal-minero de saqueo y contaminación.
Pero también hay un proyecto de ley del Senador Nacional, Daniel Filmus, en parte distinto del original y que, bajo la perversa apariencia de realizar mejoras a la ley vetada, nos pretende camuflar sus verdaderas intenciones.
Y aquí me detengo porque creo central se conozca que se esconde detrás de este proyecto que quiere ser prontamente sancionado por la Cámara de Senadores de la Nación.
En primer lugar, existen argumentos concretos o técnicos que nos llevan a concluir, sin hesitación alguna, que debe rechazarse el proyecto del senador Filmus. Específicamente, trascendentales modificaciones que se pretenden realizar en los artículos 2°, 6° y 15°.
Este proyecto elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico", como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras. Como consecuencia de ello, el proyecto del senador por la Ciudad de Buenos Aires también elimina la prohibición, que la ley vetada establecía en su artículo 6° inciso c), de la actividad minera e hidrocarburífera “en el ambiente periglacial saturado en hielo”. Estas modificaciones son exactamente las pretendidas por las multinacionales mineras porque muchos de sus actuales y futuros proyectos se desarrollan en este ambiente. Así lo admiten documentos de las propias empresas, realizados con anterioridad a la existencia de la ley vetada.
Pero hay una modificación existente en el proyecto del ex–ministro de educación de la Nación que hay que prestarle especial atención porque parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la Barrick Gold. La redacción del artículo 15° es la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera actualmente en ejecución, incluso sobre lo que la propia ley prohíbe. La norma vetada establecía expresamente, para las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley, “que en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”. El proyecto de Filmus solo establece que “las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades se adecuen a la presente ley” en caso que generen un “impacto significativo” sobre los “glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros”. Como vemos, otra vez desaparece el “ambiente periglacial” como área tutelada y, además, la solución de este proyecto es la adecuación, a diferencia de la ley vetada que establecía expresamente la posibilidad de hacer cesar la actividad ante impactos significativos. “Adecuar” puede significar trasladar con palas mecánicas glaciares como insólitamente pretendió realizar la Barrick Gold cuando Pascual Lama era un proyecto.
Pero además de ello, el proyecto del senador oficialista establece, también en el artículo 15°, que la Auditoria Ambiental se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción …" La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. De aprobarse la ley que propone Filmus, la realización de la Auditoria Ambiental se somete perversamente a la decisión de cada jurisdicción de realizar el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciales, justo a la medida de Pascua-Lama.Pero más allá de estas importantes modificaciones técnicas señaladas que, escondidas bajo la pretendida fachada de realizar una norma superadora de la ley vetada, cumplen aplicadamente con los deseos de las multinacionales mineras, estoy convencido que hay un fundamento ideológico que debe servir como basamento central para rechazar el proyecto que pretende ser sancionado por el Senado Nacional. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales, como la disparatada intención de suplantar el Congreso de la Nación por un “foro interdisciplinario”. Sería legitimar el espurio lobby de las megamineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar definitivamente que la megaminería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
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“Agua, minería y glaciares: Un país de rodillas”
“Agua, minería y glaciares: Un país de rodillas”
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: ADN Río Negro - Por Magdalena Odarda, Legisladora Provincial, ARI
Provincia/Región: Nacional
El agua constituye un bien social y natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La obviedad de esta afirmación es inobjetable.Sin embargo, el sentido común y la conciencia de autopreservación, no siempre caracterizan las decisiones de los gobiernos y de las empresas que, procurando el lucro ilimitado, parecen conducir a la humanidad a un suicidio que no hemos elegido.
El agua, sustancial para la vida, se encuentra hoy escasa en algunos lugares del planeta, por ello La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que para el 2050, 1800 millones de personas podrían vivir en zonas sin acceso al agua potable, y prevé que más de dos tercios de la población mundial sufrirá problemas hídricos.
El agua dulce, corresponde solo a 3% del total de agua en el planeta, el resto se encuentra congelado en los polos y en los glaciares.
La contaminación y su uso abusivo, provocan la escasez en algunos países, y esto se relaciona con la pobreza y el deterioro ambiental. La situación de vulnerabilidad, conflictos sociales, económicos, ecológicos y geopolíticos que emergen de esta condición, preocupa a organismos internacionales y a algunos gobiernos del planeta.
Esta situación es impensada para los países que, generosamente, han disfrutado de este bien natural permitiendo su uso sin observación, lo cual hace que las restricciones sean inexistentes o insignificantes, aun cuando se trata de impresionantes consumos por parte de emprendimientos industriales y agrícolas a gran escala.
Por otro lado, algunos países no parecen ser concientes de la importancia del agua por su valor estratégico en las actuales circunstancias de recalentamiento global y retraimiento de glaciares y casquetes polares, pues se ofrece este recurso escaso con gratuidad a algunas empresas extractivas que la utilizan en forma exorbitante y descontrolada. Es el caso de nuestro país, donde en los últimos años, los sucesivos gobiernos parecen facilitar y promover la continuidad de la maquinaria de succión de recursos naturales a mansalva, es decir, propiciar que el saqueo continué.
Agua y minería
Recientemente Chile anunció que buscaría importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras ya que, la minería es una actividad industrial que demanda gran cantidad de agua para todos los procesos.
Debemos recordar que durante 1997 ambos países firmaron el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, ratificado en el 2000 por ambos parlamentos, constituyendo este un conjunto normas para implementar y concretar un Acuerdo de Complementación Económica firmado por ambos países en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo sin duda el agua, y protegiendo jurídica las inversiones. En el marco de un aparente fortalecimiento de las relaciones y las inversiones privadas en la frontera de ambos países, este tratado ha beneficiado casi exclusivamente a capitales trasnacionales.
A la luz de estos privilegios, la industria minera de Chile tendría el derecho de usar este recurso y de hecho ya lo ha usado, como otras empresas del lado argentino, en detrimento de las poblaciones precordilleranas.
Esta legislación, que crea una zona franca minera de más de 200.000 km2, entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó la empresa minera Barrick Gold SA, situada en la provincia de San Juan.
Es sabido que la actividad minera es contaminante y que el uso del agua en cantidades exorbitantes provoca daños irreversibles debido a la contaminación por filtraciones, lixiviación, drenajes, la reducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, lo que provoco múltiples y gravísimos daños a la salud de las poblaciones, desaparición de flora y fauna, pérdida de cultivos y una sucesión de perjuicios resultantes. Si solo pensamos que a lo largo de nuestra cordillera central, las empresas utilizan 800 a 1000 litros del agua por segundo, podemos deducir que esta dimensión gigantesca afecta, y de forma determinante, la vida económica, social y cultural de los pueblos de esas regiones cordilleranas.
Solo algunas muestras son suficientes para comprobar lo que vengo diciendo. En Catamarca, el río Vis-Vis esta contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado "dique de colas".
La cuenca del Río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de Santiago de Estero fueron impactados por minerales pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora. Estas son solo algunas muestras de los desastres ocasionados.
Glaciares y el veto presidencial
Los 63 glaciares monitoreados en la región patagónica están en retroceso de forma más acelerada que la prevista por los estudios científicos. Nueve de estos están en Argentina.
Los glaciares aumentan su masa con grandes nevadas y temperaturas frescas en verano, mientras que se achican cuando los años son secos y muy cálidos. Los cambios climáticos, entonces, han acelerado su derretimiento. Es importante destacar que en la región central de los andes cordilleranos, cuando los años vienen secos, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos. Es el caso de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este cálculo demuestra el papel fundamental en la regulación del recurso hídrico que se le otorga a las masas de hielo en los Andes Centrales.
Esto nos permite concluir que cuando el calentamiento global y el derretimiento acelerado de los glaciares son una realidad y preocupación de científicos de Argentina y otros lugares, es deber adoptar una actitud responsable para evitar catástrofes irreversibles.
Pero, paradójicamente, esto no es así en nuestro país, y pese a las sugerencias y declaraciones internacionales, los recursos hidrológicos son entregados a intereses privados sin más recaudos.
Uno de los proyecto más representativos de la minería a gran escala es Pascua Lama de Barrick Gold SA, compartido con Chile y Argentina que, pese a sus nefastos antecedentes y violaciones a los derechos humanos en varios lugares del planeta, se empeña – no sin apoyo de los gobiernos - en la remoción de glaciares para realizar la explotación de minerales que se encuentran debajo, situación que los científicos del mundo califican como una atrocidad.
Parte de la historia oscura de los negociados de la empresa en nuestro país, expondrìa la connivencia del senador Gioja – proveedor de la minera- y su hermano, gobernador de San Juan, quien se sabrìa que ha sido el promotor junto a la empresa, del veto de la Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fue aprobada por el Congreso Nacional, y vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina F. de Kichner porque impedía la afectación de los glaciares y el ambiente periglacial de las cumbres cordilleranas con el fin de preservar el agua de esta importante fuente y garantizar, con fines estratégicos y geopolíticos, la provisión a futuro –en calidad y cantidad- de este recurso, evitando el progresivo avance de las industrias extractivas contaminantes sobre estos reservorios de agua dulce.
El veto presidencial dejó en evidencia tanto el poder de los lobbies de la transnacional minera, como la complicidad de algunos funcionarios.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la formación de una comisión para su modificación - desairando las atribuciones del parlamento nacional- en la que se plantearon cambios que eliminan la protección al “ambiente periglacial”, el cual comprende las zonas donde se encuentran los hielos impermanentes, los suelos congelados de alta montaña que son fundamentales para la alimentación de los ríos, porque se congelan y descongelan, regulando el régimen hídrico.
Esas zonas, que podemos llamar fábricas de agua, son vitales para las comunidades aguas abajo y sus economías, sobre todo en periodos de sequía.
Peor aún, en la nueva ley propuesta, se establece que con una simple declaración de “interés público”, sería suficiente para que cualquier proyecto pueda instalarse y manipular los glaciares.
Una estrategia para evitar el nuevo tratamiento de la ley original, ha sido la presentación de cuatro proyectos sobre glaciares, lo que ha dificultado la discusión en el seno de la comisión legislativa.
Conclusión.
La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país a favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología – semillas y agroquímicos asociados- para la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.
Los gobiernos han mentido flagrantemente cada vez que justificaron la entrega en una mayor generación de empleo, desarrollo y riqueza para las regiones, pues no se consideraron –o no se quisieron considerar- las gravísimas externalidades –contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento de nuestra economía nacional, el empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la afectación social, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos, que un ambiente saludable brinda.
El agua constituye para las industrias enumeradas un mero recurso, un insumo necesario desde una mirada mercantilizada. Para los pueblos, el agua es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra.
Nuestro país ha sido puesto de rodillas para priorizar intereses de capitales trasnacionales, concediendo todo, hasta el agua. Las limosnas que en forma habitual las empresas aportan a escuelas, hospitales y universidades – con el fin de que los pueblos olviden los enormes privilegios otorgados, son una humillación que no debemos permitir.
A través de la des – protección de los glaciares, nuestro país sigue regalando los bienes naturales que son de todos, a costa de la dependencia, la contaminación, la exclusión y el hambre de miles de argentinos.
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: ADN Río Negro - Por Magdalena Odarda, Legisladora Provincial, ARI
Provincia/Región: Nacional
El agua constituye un bien social y natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La obviedad de esta afirmación es inobjetable.Sin embargo, el sentido común y la conciencia de autopreservación, no siempre caracterizan las decisiones de los gobiernos y de las empresas que, procurando el lucro ilimitado, parecen conducir a la humanidad a un suicidio que no hemos elegido.
El agua, sustancial para la vida, se encuentra hoy escasa en algunos lugares del planeta, por ello La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que para el 2050, 1800 millones de personas podrían vivir en zonas sin acceso al agua potable, y prevé que más de dos tercios de la población mundial sufrirá problemas hídricos.
El agua dulce, corresponde solo a 3% del total de agua en el planeta, el resto se encuentra congelado en los polos y en los glaciares.
La contaminación y su uso abusivo, provocan la escasez en algunos países, y esto se relaciona con la pobreza y el deterioro ambiental. La situación de vulnerabilidad, conflictos sociales, económicos, ecológicos y geopolíticos que emergen de esta condición, preocupa a organismos internacionales y a algunos gobiernos del planeta.
Esta situación es impensada para los países que, generosamente, han disfrutado de este bien natural permitiendo su uso sin observación, lo cual hace que las restricciones sean inexistentes o insignificantes, aun cuando se trata de impresionantes consumos por parte de emprendimientos industriales y agrícolas a gran escala.
Por otro lado, algunos países no parecen ser concientes de la importancia del agua por su valor estratégico en las actuales circunstancias de recalentamiento global y retraimiento de glaciares y casquetes polares, pues se ofrece este recurso escaso con gratuidad a algunas empresas extractivas que la utilizan en forma exorbitante y descontrolada. Es el caso de nuestro país, donde en los últimos años, los sucesivos gobiernos parecen facilitar y promover la continuidad de la maquinaria de succión de recursos naturales a mansalva, es decir, propiciar que el saqueo continué.
Agua y minería
Recientemente Chile anunció que buscaría importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras ya que, la minería es una actividad industrial que demanda gran cantidad de agua para todos los procesos.
Debemos recordar que durante 1997 ambos países firmaron el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, ratificado en el 2000 por ambos parlamentos, constituyendo este un conjunto normas para implementar y concretar un Acuerdo de Complementación Económica firmado por ambos países en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo sin duda el agua, y protegiendo jurídica las inversiones. En el marco de un aparente fortalecimiento de las relaciones y las inversiones privadas en la frontera de ambos países, este tratado ha beneficiado casi exclusivamente a capitales trasnacionales.
A la luz de estos privilegios, la industria minera de Chile tendría el derecho de usar este recurso y de hecho ya lo ha usado, como otras empresas del lado argentino, en detrimento de las poblaciones precordilleranas.
Esta legislación, que crea una zona franca minera de más de 200.000 km2, entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó la empresa minera Barrick Gold SA, situada en la provincia de San Juan.
Es sabido que la actividad minera es contaminante y que el uso del agua en cantidades exorbitantes provoca daños irreversibles debido a la contaminación por filtraciones, lixiviación, drenajes, la reducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, lo que provoco múltiples y gravísimos daños a la salud de las poblaciones, desaparición de flora y fauna, pérdida de cultivos y una sucesión de perjuicios resultantes. Si solo pensamos que a lo largo de nuestra cordillera central, las empresas utilizan 800 a 1000 litros del agua por segundo, podemos deducir que esta dimensión gigantesca afecta, y de forma determinante, la vida económica, social y cultural de los pueblos de esas regiones cordilleranas.
Solo algunas muestras son suficientes para comprobar lo que vengo diciendo. En Catamarca, el río Vis-Vis esta contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado "dique de colas".
La cuenca del Río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de Santiago de Estero fueron impactados por minerales pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora. Estas son solo algunas muestras de los desastres ocasionados.
Glaciares y el veto presidencial
Los 63 glaciares monitoreados en la región patagónica están en retroceso de forma más acelerada que la prevista por los estudios científicos. Nueve de estos están en Argentina.
Los glaciares aumentan su masa con grandes nevadas y temperaturas frescas en verano, mientras que se achican cuando los años son secos y muy cálidos. Los cambios climáticos, entonces, han acelerado su derretimiento. Es importante destacar que en la región central de los andes cordilleranos, cuando los años vienen secos, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos. Es el caso de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este cálculo demuestra el papel fundamental en la regulación del recurso hídrico que se le otorga a las masas de hielo en los Andes Centrales.
Esto nos permite concluir que cuando el calentamiento global y el derretimiento acelerado de los glaciares son una realidad y preocupación de científicos de Argentina y otros lugares, es deber adoptar una actitud responsable para evitar catástrofes irreversibles.
Pero, paradójicamente, esto no es así en nuestro país, y pese a las sugerencias y declaraciones internacionales, los recursos hidrológicos son entregados a intereses privados sin más recaudos.
Uno de los proyecto más representativos de la minería a gran escala es Pascua Lama de Barrick Gold SA, compartido con Chile y Argentina que, pese a sus nefastos antecedentes y violaciones a los derechos humanos en varios lugares del planeta, se empeña – no sin apoyo de los gobiernos - en la remoción de glaciares para realizar la explotación de minerales que se encuentran debajo, situación que los científicos del mundo califican como una atrocidad.
Parte de la historia oscura de los negociados de la empresa en nuestro país, expondrìa la connivencia del senador Gioja – proveedor de la minera- y su hermano, gobernador de San Juan, quien se sabrìa que ha sido el promotor junto a la empresa, del veto de la Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fue aprobada por el Congreso Nacional, y vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina F. de Kichner porque impedía la afectación de los glaciares y el ambiente periglacial de las cumbres cordilleranas con el fin de preservar el agua de esta importante fuente y garantizar, con fines estratégicos y geopolíticos, la provisión a futuro –en calidad y cantidad- de este recurso, evitando el progresivo avance de las industrias extractivas contaminantes sobre estos reservorios de agua dulce.
El veto presidencial dejó en evidencia tanto el poder de los lobbies de la transnacional minera, como la complicidad de algunos funcionarios.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la formación de una comisión para su modificación - desairando las atribuciones del parlamento nacional- en la que se plantearon cambios que eliminan la protección al “ambiente periglacial”, el cual comprende las zonas donde se encuentran los hielos impermanentes, los suelos congelados de alta montaña que son fundamentales para la alimentación de los ríos, porque se congelan y descongelan, regulando el régimen hídrico.
Esas zonas, que podemos llamar fábricas de agua, son vitales para las comunidades aguas abajo y sus economías, sobre todo en periodos de sequía.
Peor aún, en la nueva ley propuesta, se establece que con una simple declaración de “interés público”, sería suficiente para que cualquier proyecto pueda instalarse y manipular los glaciares.
Una estrategia para evitar el nuevo tratamiento de la ley original, ha sido la presentación de cuatro proyectos sobre glaciares, lo que ha dificultado la discusión en el seno de la comisión legislativa.
Conclusión.
La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país a favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología – semillas y agroquímicos asociados- para la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.
Los gobiernos han mentido flagrantemente cada vez que justificaron la entrega en una mayor generación de empleo, desarrollo y riqueza para las regiones, pues no se consideraron –o no se quisieron considerar- las gravísimas externalidades –contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento de nuestra economía nacional, el empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la afectación social, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos, que un ambiente saludable brinda.
El agua constituye para las industrias enumeradas un mero recurso, un insumo necesario desde una mirada mercantilizada. Para los pueblos, el agua es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra.
Nuestro país ha sido puesto de rodillas para priorizar intereses de capitales trasnacionales, concediendo todo, hasta el agua. Las limosnas que en forma habitual las empresas aportan a escuelas, hospitales y universidades – con el fin de que los pueblos olviden los enormes privilegios otorgados, son una humillación que no debemos permitir.
A través de la des – protección de los glaciares, nuestro país sigue regalando los bienes naturales que son de todos, a costa de la dependencia, la contaminación, la exclusión y el hambre de miles de argentinos.
Nueva ley de Glaciares tras el veto
Nueva ley de Glaciares tras el veto
Fecha de Publicación: 02/09/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Dos artículos agregados, un detalle con especificaciones sobre la clasificación de glaciares y una decena de correcciones delinearon el proyecto que será discutido hoy en el Senado, para reemplazar la norma que fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner a fines del año pasado. El nuevo texto recoge parte de las observaciones que hizo la Presidenta al fundamentar el veto e incorpora el Tratado Antártico en el artículo 16 y la competencia de organismos provinciales. Además, establece una prohibición taxativa para desarrollar tareas de “exploración y explotación minera o hidrocarburífera”.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que llegará al recinto surgió de un debate coordinado por el kirchnerista Daniel Filmus, que consiguió un acompañamiento plural: la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro; el radical Alfredo “Freddy” Martínez; Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, y Delia Pinchetti, entre la quincena de firmas.
“La posición nuestra era insistir sobre la ley que fue vetada. Entendemos que no es posible y estamos conformes con esta ley, si no se introducen modificaciones al texto que ya está firmado”, le dijo Martínez a Crítica de la Argentina.
Uno de los aspectos que se modificó sobre la iniciativa vetada es la clasificación de glaciares, más detallada, en el artículo 2; la interacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) con el Poder Ejecutivo Nacional; y en el 8 se especifica la inclusión de la Administración de Parques Nacionales y la Dirección Nacional del Antártico.
Filmus defendió el proyecto porque protege las “reservas de agua, un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida humana”.
Fecha de Publicación: 02/09/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Dos artículos agregados, un detalle con especificaciones sobre la clasificación de glaciares y una decena de correcciones delinearon el proyecto que será discutido hoy en el Senado, para reemplazar la norma que fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner a fines del año pasado. El nuevo texto recoge parte de las observaciones que hizo la Presidenta al fundamentar el veto e incorpora el Tratado Antártico en el artículo 16 y la competencia de organismos provinciales. Además, establece una prohibición taxativa para desarrollar tareas de “exploración y explotación minera o hidrocarburífera”.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que llegará al recinto surgió de un debate coordinado por el kirchnerista Daniel Filmus, que consiguió un acompañamiento plural: la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro; el radical Alfredo “Freddy” Martínez; Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, y Delia Pinchetti, entre la quincena de firmas.
“La posición nuestra era insistir sobre la ley que fue vetada. Entendemos que no es posible y estamos conformes con esta ley, si no se introducen modificaciones al texto que ya está firmado”, le dijo Martínez a Crítica de la Argentina.
Uno de los aspectos que se modificó sobre la iniciativa vetada es la clasificación de glaciares, más detallada, en el artículo 2; la interacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) con el Poder Ejecutivo Nacional; y en el 8 se especifica la inclusión de la Administración de Parques Nacionales y la Dirección Nacional del Antártico.
Filmus defendió el proyecto porque protege las “reservas de agua, un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida humana”.
Analizan el calentamiento en los glaciares
Analizan el impacto del cambio climático global sobre los glaciares de Patagonia
Fecha de Publicación: 31/08/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Patagonia
En el marco de las actividades previstas para el Año Darwin, se desarrolló en el Centro Nacional Patagónico, una conferencia dictada por el doctor Jorge Rabassa, bajo el título “Impacto del cambio climático global sobre los glaciares de Patagonia y Tierra del Fuego”.
Jorge Rabassa es uno de los principales investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y se desempeña en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), de Ushuaia.
El doctor Rabassa se encuentra en Puerto Madryn dictando un curso de postgrado, denominado “Glaciaciones y geomorfología glacial en Patagonia”, al que asisten investigadores, docentes y doctorandos de Puerto Madryn, Trelew y Mar del Plata.
Amplio abordaje
Al inicio de la charla, el científico fue presentado por el vice director del CENPAT, doctor Rolando González-José, ante un auditorio al que concurrieron investigadores, becarios y técnicos del CENPAT, profesores y alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Puerto Madryn, y alumnos del nivel medio.
Jorge Rabassa, que también se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia, brindó una interesante disertación, apoyado en gráficos e imágenes audiovisuales.
En el transcurso de la conferencia, dio a conocer algunas de las consecuencias más importantes del cambio climático global (CCG), entre las que se cuentan la elevación de la temperatura media anual o estacional, la elevación o disminución de las precipitaciones a nivel regional, la elevación global del nivel del mar, y un incremento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos.
Impacto en los glaciares
El impacto de estos cambios fue observado sobre los glaciares y otras características de Patagonia, Tierra del Fuego y la Península Antártica a partir de 1978 y, particularmente, en la última década del siglo veinte.
El investigador explicó que los impactos más notables están dados en la recesión rápida de los márgenes de los glaciares, el adelgazamiento de la cubierta glacial, la elevación de la línea de nieve regional y la reducción de las áreas andinas bajo condiciones de permafrost – capa de hielo que se encuentra permanentemente congelada, en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías-.
Asimismo, el investigador sostuvo que los pequeños glaciares de montaña, se estarían desvaneciendo a lo largo de la Cordillera de los Andes, “a la tasa presente de reducción, la mayoría, si no todos los glaciares de circo de Patagonia y Tierra del Fuego, desaparecerán durante las próximas dos décadas”.
Como consecuencia de elevación de la línea de nieve y desaparición de glaciares, se espera que tengan lugar daños significativos en los recursos ambientales, hidrológicos, geomorfológicos, patrimoniales y turísticos, viéndose afectadas estas regiones y sus comunidades.
El investigador se refirió a las condiciones de glaciares ubicados en la península antártica, varios de Patagonia, y en especial, algunos ubicados en cercanías de Ushuaia, entre ellos, el Martial, y explicó que, de continuar dándose la condiciones que se vienen observando, las mismas podrían afectar la provisión de agua de Ushuaia, para dentro de unos veinte años.
Fecha de Publicación: 31/08/2009
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Patagonia
En el marco de las actividades previstas para el Año Darwin, se desarrolló en el Centro Nacional Patagónico, una conferencia dictada por el doctor Jorge Rabassa, bajo el título “Impacto del cambio climático global sobre los glaciares de Patagonia y Tierra del Fuego”.
Jorge Rabassa es uno de los principales investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y se desempeña en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), de Ushuaia.
El doctor Rabassa se encuentra en Puerto Madryn dictando un curso de postgrado, denominado “Glaciaciones y geomorfología glacial en Patagonia”, al que asisten investigadores, docentes y doctorandos de Puerto Madryn, Trelew y Mar del Plata.
Amplio abordaje
Al inicio de la charla, el científico fue presentado por el vice director del CENPAT, doctor Rolando González-José, ante un auditorio al que concurrieron investigadores, becarios y técnicos del CENPAT, profesores y alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Puerto Madryn, y alumnos del nivel medio.
Jorge Rabassa, que también se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia, brindó una interesante disertación, apoyado en gráficos e imágenes audiovisuales.
En el transcurso de la conferencia, dio a conocer algunas de las consecuencias más importantes del cambio climático global (CCG), entre las que se cuentan la elevación de la temperatura media anual o estacional, la elevación o disminución de las precipitaciones a nivel regional, la elevación global del nivel del mar, y un incremento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos.
Impacto en los glaciares
El impacto de estos cambios fue observado sobre los glaciares y otras características de Patagonia, Tierra del Fuego y la Península Antártica a partir de 1978 y, particularmente, en la última década del siglo veinte.
El investigador explicó que los impactos más notables están dados en la recesión rápida de los márgenes de los glaciares, el adelgazamiento de la cubierta glacial, la elevación de la línea de nieve regional y la reducción de las áreas andinas bajo condiciones de permafrost – capa de hielo que se encuentra permanentemente congelada, en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías-.
Asimismo, el investigador sostuvo que los pequeños glaciares de montaña, se estarían desvaneciendo a lo largo de la Cordillera de los Andes, “a la tasa presente de reducción, la mayoría, si no todos los glaciares de circo de Patagonia y Tierra del Fuego, desaparecerán durante las próximas dos décadas”.
Como consecuencia de elevación de la línea de nieve y desaparición de glaciares, se espera que tengan lugar daños significativos en los recursos ambientales, hidrológicos, geomorfológicos, patrimoniales y turísticos, viéndose afectadas estas regiones y sus comunidades.
El investigador se refirió a las condiciones de glaciares ubicados en la península antártica, varios de Patagonia, y en especial, algunos ubicados en cercanías de Ushuaia, entre ellos, el Martial, y explicó que, de continuar dándose la condiciones que se vienen observando, las mismas podrían afectar la provisión de agua de Ushuaia, para dentro de unos veinte años.
Piden que Filmus declare por la Ley de Glaciares
Piden que Filmus declare en la causa sobre el veto a la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 03/08/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
El fiscal a cargo del expediente donde se investiga si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold pidió que el senador kirchnerista preste declaración. Es una de las tantas voces del oficialismo que criticaron el veto de Cristina.
La controversia sobre el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares llegó a la Justicia. Allí se investiga, desde el año pasado, si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold, tal como denunció el diputado nacional alejado del kirchnerismo, Miguel Bonasso.
Bonasso había señalado que el veto, había sido impulsado por los intereses cercanos a la industria minera del gobernador de San Juan, José Luis Gioja y de su hermano el senador César Ambrosio Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado. El caso llegó a Tribunales cuando el fiscal federal Federico Delgado hizo la denuncia.
El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello. En diciembre del año pasado De Lello impulsó la investigación judicial para determinar si hubo negociaciones incompatibles con al función pública de alguno de los funcionarios que intervinieron para que fuera vetada la ley de Glaciares. El veto realizado por Cristina Fernández de Kirchner a la Ley que había sido aprobada por el Parlamento, abrió fisuras en el oficialismo. Una de las tantas voces en contra del veto fue la del senador nacional kirchnerista por la Capital, Daniel Filmus.
Después de meses de investigación, el fiscal pidió la semana pasada algunas medidas de prueba para seguir acumulando datos en el expediente. Di Lello quiere que el senador oficialista Filmus, declare en los Tribunales para incorporar sus apreciaciones a la investigación, según informa el blog periodístico Política&Pelotas.
También pidió que declare la ex diputada nacional Marta Maffei, autora del proyecto que se transformó en Ley y luego fue vetado por CFK. Y además quiere escuchar la voz de Ricardo Villalba, director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras y del periodista Juan Carlos Aguirre de la revista sanjuanina “La Séptima” que reveló la relación entre los Gioja y los intereses de la industria minera.
El fiscal quiere que declare el dueño de la publicación, Carlos Castro Espinosa y el escribano Rodolfo Mó. Fue Mó quien, a pedido de Castro Espinosa, certificó la existencia de una página de Internet de la firma minera Bentonitas Santa Gema en la que César Gioja figuraba como dueño de la empresa que, a su vez, era proveedora de Barrick Gold. Eso sería una incompatibilidad. La página web desapareció luego de la publicación de la revista.
No es la primera vez que De Lello pide medidas en la investigación que, paso a paso, avanza en Tribunales. Diez días antes de las elecciones, pidió que tanto la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuanto la Oficina Anticorrupción fueran informadas de la existencia de la investigación judicial.
También solicitó documentación al Ministerio de Planificación, a la secretaría Legal y Técnica, al Senado de la Nación, a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Gobierno de la Provincia de San Juan y la Unidad de gestión Ambiental Minera de la Provincia de San Juan, informes sobre los proyecto mineros Pascua Lama y Veladero.
Fecha de Publicación: 03/08/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional
El fiscal a cargo del expediente donde se investiga si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold pidió que el senador kirchnerista preste declaración. Es una de las tantas voces del oficialismo que criticaron el veto de Cristina.
La controversia sobre el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares llegó a la Justicia. Allí se investiga, desde el año pasado, si hubo funcionarios que hicieron lobby a favor de la minera Barrick Gold, tal como denunció el diputado nacional alejado del kirchnerismo, Miguel Bonasso.
Bonasso había señalado que el veto, había sido impulsado por los intereses cercanos a la industria minera del gobernador de San Juan, José Luis Gioja y de su hermano el senador César Ambrosio Gioja, presidente de la Comisión de Minería del Senado. El caso llegó a Tribunales cuando el fiscal federal Federico Delgado hizo la denuncia.
El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello. En diciembre del año pasado De Lello impulsó la investigación judicial para determinar si hubo negociaciones incompatibles con al función pública de alguno de los funcionarios que intervinieron para que fuera vetada la ley de Glaciares. El veto realizado por Cristina Fernández de Kirchner a la Ley que había sido aprobada por el Parlamento, abrió fisuras en el oficialismo. Una de las tantas voces en contra del veto fue la del senador nacional kirchnerista por la Capital, Daniel Filmus.
Después de meses de investigación, el fiscal pidió la semana pasada algunas medidas de prueba para seguir acumulando datos en el expediente. Di Lello quiere que el senador oficialista Filmus, declare en los Tribunales para incorporar sus apreciaciones a la investigación, según informa el blog periodístico Política&Pelotas.
También pidió que declare la ex diputada nacional Marta Maffei, autora del proyecto que se transformó en Ley y luego fue vetado por CFK. Y además quiere escuchar la voz de Ricardo Villalba, director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, del ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de Raúl Montero, vocal del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras y del periodista Juan Carlos Aguirre de la revista sanjuanina “La Séptima” que reveló la relación entre los Gioja y los intereses de la industria minera.
El fiscal quiere que declare el dueño de la publicación, Carlos Castro Espinosa y el escribano Rodolfo Mó. Fue Mó quien, a pedido de Castro Espinosa, certificó la existencia de una página de Internet de la firma minera Bentonitas Santa Gema en la que César Gioja figuraba como dueño de la empresa que, a su vez, era proveedora de Barrick Gold. Eso sería una incompatibilidad. La página web desapareció luego de la publicación de la revista.
No es la primera vez que De Lello pide medidas en la investigación que, paso a paso, avanza en Tribunales. Diez días antes de las elecciones, pidió que tanto la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuanto la Oficina Anticorrupción fueran informadas de la existencia de la investigación judicial.
También solicitó documentación al Ministerio de Planificación, a la secretaría Legal y Técnica, al Senado de la Nación, a la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera del Gobierno de la Provincia de San Juan y la Unidad de gestión Ambiental Minera de la Provincia de San Juan, informes sobre los proyecto mineros Pascua Lama y Veladero.
Urge proteger los glaciares
Urge proteger los glaciares
Fecha de Publicación: 07/07/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El veto presidencial a la ley que preservaba los hielos, además de prestarse a sospechas, dejó sin protección esas reservas de agua
La vetada ley de protección de glaciares vuelve a la agenda: se está intentando juntar un millón de firmas para exigir al Congreso que vuelva a la carga con esa norma.
La ley aprobada en octubre de 2008 por unanimidad en ambas cámaras establecía la protección de los glaciares y sus zonas aledañas, llamadas periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos, como las mineras, petroleras y obras de infraestructura inadecuadas. Determinaba, además, que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y se establecían fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La Presidenta vetó la ley sin mayor fundamento mediante un decreto que establecía que si bien el gobierno nacional se encontraba comprometido con la protección del medio ambiente, existía legislación en la materia, como la ley de general del ambiente, que "establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable".
El por lo menos curioso veto agregaba que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, conllevando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente". Se destacaba que "la ley no contempla que las provincias involucradas cuentan con los controles suficientes para evaluar y autorizar las actividades de infraestructura, industriales, mineras, hidrocarburíferas, etc."
Sorpresivamente, después de haberse reunido con el presidente mundial de la empresa minera más grande del mundo, la Barrick Gold Corporation, la Presidenta autorizó el proyecto minero de Pascua Lama, que lleva a cabo esa firma en San Juan y parte de Chile, precisamente en una zona donde hay tres glaciares.
Mencionamos anteriormente en esta columna que, sin desconocer que la minería goza de apoyo oficial debido a las inversiones y los puestos de trabajo que genera, no es un hecho menor que los glaciares cordilleranos significan el 70 por ciento de la reserva hídrica de la Argentina, lo que por lo menos amerita que cualquier actividad que allí se desarrolle requiera un profundo estudio sobre sus verdaderas consecuencias sobre el ambiente.
Por supuesto, no hay que desmerecer la capacidad de las provincias para analizar las actividades que se desarrollan en sus respectivas jurisdicciones. Ocurre que a menudo los efectos de la explotación de los recursos naturales exceden el marco de una provincia y se hace necesario consensuar una mirada estratégica para la Argentina no sólo sobre su uso, sino acerca de su protección actual y futura porque en ellos reside nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.
Por esa razón resultó alarmante que una de las preocupaciones expresadas en el veto fuera que la ley disponía que "todas las actividades proyectadas en los glaciares o el ambiente periglacial que no se encontraban expresamente prohibidas estarían sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental". Esto significa que, dada la fragilidad de los recursos protegidos, se exigiría una mayor atención en el momento de aprobar nuevas actividades.
Este tipo de observaciones no hicieron sino despertar más dudas sobre su razonabilidad. Incluso se concluía invitando a los gobernadores, senadores y diputados nacionales de las provincias cordilleranas a constituir un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas por adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial (foro que no se constituyó), como si ese foro tuviera un rango de mayor conocimiento o reflexión que pudiera reemplazar una decisión que habían tomado las cámaras de Diputados y Senadores en pleno y por unanimidad.
Hoy, cuando el Parlamento despierta una nueva esperanza contra las decisiones unilaterales, es oportuno resaltar el esfuerzo de la ciudadanía para proteger algo que la sociedad percibe como esencial. En la página www.proteccionglaciares.com.ar se busca la firma de quienes quieran apoyar la necesidad de contar con una ley consensuada democráticamente y con fundamentos para proteger adecuadamente nuestros glaciares.
Fecha de Publicación: 07/07/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El veto presidencial a la ley que preservaba los hielos, además de prestarse a sospechas, dejó sin protección esas reservas de agua
La vetada ley de protección de glaciares vuelve a la agenda: se está intentando juntar un millón de firmas para exigir al Congreso que vuelva a la carga con esa norma.
La ley aprobada en octubre de 2008 por unanimidad en ambas cámaras establecía la protección de los glaciares y sus zonas aledañas, llamadas periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos, como las mineras, petroleras y obras de infraestructura inadecuadas. Determinaba, además, que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y se establecían fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La Presidenta vetó la ley sin mayor fundamento mediante un decreto que establecía que si bien el gobierno nacional se encontraba comprometido con la protección del medio ambiente, existía legislación en la materia, como la ley de general del ambiente, que "establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable".
El por lo menos curioso veto agregaba que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, conllevando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente". Se destacaba que "la ley no contempla que las provincias involucradas cuentan con los controles suficientes para evaluar y autorizar las actividades de infraestructura, industriales, mineras, hidrocarburíferas, etc."
Sorpresivamente, después de haberse reunido con el presidente mundial de la empresa minera más grande del mundo, la Barrick Gold Corporation, la Presidenta autorizó el proyecto minero de Pascua Lama, que lleva a cabo esa firma en San Juan y parte de Chile, precisamente en una zona donde hay tres glaciares.
Mencionamos anteriormente en esta columna que, sin desconocer que la minería goza de apoyo oficial debido a las inversiones y los puestos de trabajo que genera, no es un hecho menor que los glaciares cordilleranos significan el 70 por ciento de la reserva hídrica de la Argentina, lo que por lo menos amerita que cualquier actividad que allí se desarrolle requiera un profundo estudio sobre sus verdaderas consecuencias sobre el ambiente.
Por supuesto, no hay que desmerecer la capacidad de las provincias para analizar las actividades que se desarrollan en sus respectivas jurisdicciones. Ocurre que a menudo los efectos de la explotación de los recursos naturales exceden el marco de una provincia y se hace necesario consensuar una mirada estratégica para la Argentina no sólo sobre su uso, sino acerca de su protección actual y futura porque en ellos reside nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.
Por esa razón resultó alarmante que una de las preocupaciones expresadas en el veto fuera que la ley disponía que "todas las actividades proyectadas en los glaciares o el ambiente periglacial que no se encontraban expresamente prohibidas estarían sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental". Esto significa que, dada la fragilidad de los recursos protegidos, se exigiría una mayor atención en el momento de aprobar nuevas actividades.
Este tipo de observaciones no hicieron sino despertar más dudas sobre su razonabilidad. Incluso se concluía invitando a los gobernadores, senadores y diputados nacionales de las provincias cordilleranas a constituir un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas por adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial (foro que no se constituyó), como si ese foro tuviera un rango de mayor conocimiento o reflexión que pudiera reemplazar una decisión que habían tomado las cámaras de Diputados y Senadores en pleno y por unanimidad.
Hoy, cuando el Parlamento despierta una nueva esperanza contra las decisiones unilaterales, es oportuno resaltar el esfuerzo de la ciudadanía para proteger algo que la sociedad percibe como esencial. En la página www.proteccionglaciares.com.ar se busca la firma de quienes quieran apoyar la necesidad de contar con una ley consensuada democráticamente y con fundamentos para proteger adecuadamente nuestros glaciares.
Marcha al Congreso por los glaciares
Movilización en el Congreso contra Pascua Lama y por la ley de protección de glaciares
Fecha de Publicación: 12/06/2009
Fuente: Compacto de Noticias
Provincia/Región: Nacional
La Unión de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) se movilizara desde las 15.30 frente al Congreso de la Nación a favor de la protección de los glaciares y contra el proyecto minero Pascua Lama, que está llevando a cabo la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan.
La Unión de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), se movilizarán este viernes 12/06 desde las 15.30 horas, frente al Congreso de la Nación para protestar por el avance del proyecto minero que está llevando a cabo la empresa canadiense Barrick Gold en la provincia de San Juan.
El Gobierno anunció el pasado jueves 07/05, el inicio de la construcción del proyecto binacional minero Pascua Lama, primero de su tipo en el mundo que demandará una inversión superior a los 3.000 millones de dólares y que estará ubicado en la provincia de San Juan, cerca de la frontera con Chile.
El emprendimiento minero fue cuestionado por los legisladores de la oposición luego que la presidente decidiera vetar la ley de glaciares aprobada por la unanimidad del congreso. "No hay interés superiores a la preservación de una fuente de un recurso natural tan preciado como el agua", aseveró Bonasso, quien junto a la Organización No Gubernamental "Diálogo por el Ambiente", presidida por Emiliano Loases, interpuso a fines de Mayo pasado, un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en defensa de los ambientes glaciares y periglaciares, que desde noviembre de 2008 quedaron en absoluta desprotección tras dejarse sin efecto la ley 26.418 por veto de la Presidente.
Al mismo tiempo, La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó el martes 26/05 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar y/o promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
"Es necesario que los legisladores oficialistas permitan que el Congreso insista con el texto original de la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, vetada en noviembre pasado por la presidenta Cristina Kirchner. El veto permitió la habilitación, el mes pasado, del proyecto argentino – chileno Pascua Lama, que, sólo en su etapa de exploración, destruyó tres glaciares", denunció la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, quien al ser consultada por Urgente 24, afirmó que participará de la movilización.
"La complicidad de la gestión Kirchner, con el gobernador sanjuanino José Luis Gioja y las empresas mineras multinacionales, como la Barrick Gold, están perpetuando el saqueo de los bienes naturales del país y la degradación del ambiente. La movilización intenta darle visibilidad pública y revertir este proceso generalizado de saqueo y contaminación", sostuvo la diputada de la Coalición Cívica de la ciudad de Buenos Aires.
¿Que es Pascua Lama?
Es un proyecto que consiste en la explotación a cielo abierto de un depósito del oro, plata y cobre. La multinacional Barrick Gold es la propietaria del yacimiento.El depósito está situado sobre la cordillera de los Andes en la frontera Chileno-Argentina. En la Argentina, el proyecto está situado en la provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia.
El proyecto tiene una vida productiva de 20 años y producirá: 180 mil toneladas de cobre en concentrados por un total de 317 millones de dólares, 14 millones de onzas de oro, que representan 5.227 millones de dólares y 630 millones de onzas de plata por 4.353 millones de dólares.
La Facturación bruta será de 9.897 millones de dólares. O sea casi 30.000 millones de pesos, lo que representa casi $ 1.000 para cada habitante de Argentina.
También este viernes 12/06, simultáneamente a la movilización en el Congreso, se realizará el corte del Puente Tunuyán, en la provincia de Mendoza, y una charla – debate en Teatro Diagonal de la ciudad de Mar del Plata. En Chile, este sábado 13 de junio, se realizará la 6ª Marcha por la Vida, en el Valle Huasco, contra el avance de la minería.
Fecha de Publicación: 12/06/2009
Fuente: Compacto de Noticias
Provincia/Región: Nacional
La Unión de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) se movilizara desde las 15.30 frente al Congreso de la Nación a favor de la protección de los glaciares y contra el proyecto minero Pascua Lama, que está llevando a cabo la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan.
La Unión de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), se movilizarán este viernes 12/06 desde las 15.30 horas, frente al Congreso de la Nación para protestar por el avance del proyecto minero que está llevando a cabo la empresa canadiense Barrick Gold en la provincia de San Juan.
El Gobierno anunció el pasado jueves 07/05, el inicio de la construcción del proyecto binacional minero Pascua Lama, primero de su tipo en el mundo que demandará una inversión superior a los 3.000 millones de dólares y que estará ubicado en la provincia de San Juan, cerca de la frontera con Chile.
El emprendimiento minero fue cuestionado por los legisladores de la oposición luego que la presidente decidiera vetar la ley de glaciares aprobada por la unanimidad del congreso. "No hay interés superiores a la preservación de una fuente de un recurso natural tan preciado como el agua", aseveró Bonasso, quien junto a la Organización No Gubernamental "Diálogo por el Ambiente", presidida por Emiliano Loases, interpuso a fines de Mayo pasado, un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en defensa de los ambientes glaciares y periglaciares, que desde noviembre de 2008 quedaron en absoluta desprotección tras dejarse sin efecto la ley 26.418 por veto de la Presidente.
Al mismo tiempo, La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó el martes 26/05 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar y/o promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
"Es necesario que los legisladores oficialistas permitan que el Congreso insista con el texto original de la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, vetada en noviembre pasado por la presidenta Cristina Kirchner. El veto permitió la habilitación, el mes pasado, del proyecto argentino – chileno Pascua Lama, que, sólo en su etapa de exploración, destruyó tres glaciares", denunció la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, quien al ser consultada por Urgente 24, afirmó que participará de la movilización.
"La complicidad de la gestión Kirchner, con el gobernador sanjuanino José Luis Gioja y las empresas mineras multinacionales, como la Barrick Gold, están perpetuando el saqueo de los bienes naturales del país y la degradación del ambiente. La movilización intenta darle visibilidad pública y revertir este proceso generalizado de saqueo y contaminación", sostuvo la diputada de la Coalición Cívica de la ciudad de Buenos Aires.
¿Que es Pascua Lama?
Es un proyecto que consiste en la explotación a cielo abierto de un depósito del oro, plata y cobre. La multinacional Barrick Gold es la propietaria del yacimiento.El depósito está situado sobre la cordillera de los Andes en la frontera Chileno-Argentina. En la Argentina, el proyecto está situado en la provincia de San Juan, en el departamento de Iglesia.
El proyecto tiene una vida productiva de 20 años y producirá: 180 mil toneladas de cobre en concentrados por un total de 317 millones de dólares, 14 millones de onzas de oro, que representan 5.227 millones de dólares y 630 millones de onzas de plata por 4.353 millones de dólares.
La Facturación bruta será de 9.897 millones de dólares. O sea casi 30.000 millones de pesos, lo que representa casi $ 1.000 para cada habitante de Argentina.
También este viernes 12/06, simultáneamente a la movilización en el Congreso, se realizará el corte del Puente Tunuyán, en la provincia de Mendoza, y una charla – debate en Teatro Diagonal de la ciudad de Mar del Plata. En Chile, este sábado 13 de junio, se realizará la 6ª Marcha por la Vida, en el Valle Huasco, contra el avance de la minería.
Otra polémica ambiental a la Corte
Otra polémica ambiental a la Corte
Fecha de Publicación: 27/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental.
Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.
“Solicitamos que se ordene al Estado que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o que interfiera en su avance. Como así también, que posibilite la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”, señala el recurso de amparo que, en sus 56 carillas, argumenta con fundamentos técnicos, judiciales y políticos para exigir la medida que, de prosperar, detendrá la actividad minera y petrolera. “Solicitamos la prohibición hasta que se sancione una ley de protección integral de glaciares”, explicó Paulina Martínez, abogada patrocinante junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Impulsado por la ONG Multisectorial del Sur, de la localidad mendocina de San Rafael, la presentación también solicita el freno para “la construcción de obras de arquitectura o infraestructura que pudieran afectar las zonas glaciares” y aclara que, ante la ausencia de leyes, se ve perjudicada casi la totalidad de las provincias. “No sólo son afectadas las provincias cordilleranas, donde hay glaciares y/o periglaciar saturado en hielo (glaciar de escombros que existe incluso en Tucumán), sino todas las que están aguas abajo en las cuencas hídricas”, explica el amparo, presentado el 22 de mayo último. “Además de ser importantes reservas hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los glaciares brindan importantes servicios ambientales y productivas, por cuanto han permitido en todo el oeste del país la agricultura, la vitivinicultura, el turismo y la generación de energía eléctrica; todas ellas susceptibles de una valoración económica, que también debe ser tutelada por la ley”, explicó la abogada.
La acción judicial hace eje en la “inconstitucionalidad por omisión” en la que estaría incurriendo el Estado. “Se trata de la falta de sanción de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo”, explica la Multisectorial, y recuerda que el derecho al ambiente y al nivel de vida adecuado fue incorporado por la reforma constitucional de 1994. “Han pasado quince años sin que se dictara una normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y periglaciares”, denuncia la presentación.
Aunque también rescata la Ley de Glaciares. “Intentó subsanar la inconstitucionalidad por omisión en la que el Estado había incurrido”, afirma la ONG. La norma establecía los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, los entendía como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, definía claramente qué se entendía por glaciares y periglaciares, creaba un inventario nacional de glaciares, prohibía actividades riesgosas, establecía como obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y determinaba infracciones y sanciones.
La ley había contado con una elaboración participativa de organizaciones sociales, ambientalistas y ámbitos de la ciencia, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, del Conicet). “En años pobres en precipitaciones de nieve en alta montaña, los glaciares aportan más del 60 por ciento del agua de los ríos de Mendoza y San Juan, son nuestra reserva de agua, la caja de ahorro para los años críticos. En el desierto cuyano, cuando escaseen las nevadas, si no tenemos enteros nuestros glaciares no habrá vida posible río abajo, ni urbana ni rural”, explicaba el director del Ianigla, Ricardo Villalba.
El amparo ante la Corte Suprema también hace hincapié en el accionar del Estado en la desprotección de los reservorios de agua. “El decreto de veto utiliza un argumento falaz. Señala la preocupación de los gobernadores de la zona cordillerana respecto de la repercusión negativa de la norma en el desarrollo económico y también apunta a la falta de un mayor debate. Hay que recordar que la ley 26.148 fue sancionada con el voto unánime de la Cámara de Diputados y el voto unánime (en general) de la Cámara de Senadores. El veto se configura como una norma regresiva, que atenta contra un derecho económico, social y cultural”, denuncia la presentación.
Fecha de Publicación: 27/05/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Cuarenta organizaciones mendocinas recurrieron a la Corte Suprema nacional para preservar los reservorios de agua. Piden que se prohíba la exploración y explotación minera y petrolífera hasta que no se sancione una ley ambiental.
Prohibir la exploración y explotación minera y petrolífera en el ambiente glacial y periglacial de todo el país. Es uno de los pedidos centrales del amparo ambiental presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Multisectorial del Sur –conformada por cuarenta instituciones mendocinas–. La acción judicial destaca que los glaciares son reserva estratégica de agua dulce y, al no protegerlos, denuncia al Estado por incurrir en una violación constitucional que pone en riesgo a la población. El amparo también reflota la urgente necesidad de una Ley de Glaciares, norma aprobada en octubre último, pero luego vetada por la presidenta Cristina Fernández. “Los fundamentos del Decreto 1837 (veto del Ejecutivo) son irrazonables y profundizan la inconstitucionalidad por omisión. Viola el artículo 41 de la Constitución y el principio de prevención”, afirma la presentación judicial. La marcha atrás con la Ley de Glaciares posibilitó el avance del cuestionado proyecto minero Pascua-Lama, de la empresa Barrick Gold, lanzado oficialmente hace veinte días en la misma Casa de Gobierno.
“Solicitamos que se ordene al Estado que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o que interfiera en su avance. Como así también, que posibilite la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen”, señala el recurso de amparo que, en sus 56 carillas, argumenta con fundamentos técnicos, judiciales y políticos para exigir la medida que, de prosperar, detendrá la actividad minera y petrolera. “Solicitamos la prohibición hasta que se sancione una ley de protección integral de glaciares”, explicó Paulina Martínez, abogada patrocinante junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Impulsado por la ONG Multisectorial del Sur, de la localidad mendocina de San Rafael, la presentación también solicita el freno para “la construcción de obras de arquitectura o infraestructura que pudieran afectar las zonas glaciares” y aclara que, ante la ausencia de leyes, se ve perjudicada casi la totalidad de las provincias. “No sólo son afectadas las provincias cordilleranas, donde hay glaciares y/o periglaciar saturado en hielo (glaciar de escombros que existe incluso en Tucumán), sino todas las que están aguas abajo en las cuencas hídricas”, explica el amparo, presentado el 22 de mayo último. “Además de ser importantes reservas hídricas, y que permiten la vida misma de las poblaciones circundantes, los glaciares brindan importantes servicios ambientales y productivas, por cuanto han permitido en todo el oeste del país la agricultura, la vitivinicultura, el turismo y la generación de energía eléctrica; todas ellas susceptibles de una valoración económica, que también debe ser tutelada por la ley”, explicó la abogada.
La acción judicial hace eje en la “inconstitucionalidad por omisión” en la que estaría incurriendo el Estado. “Se trata de la falta de sanción de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo”, explica la Multisectorial, y recuerda que el derecho al ambiente y al nivel de vida adecuado fue incorporado por la reforma constitucional de 1994. “Han pasado quince años sin que se dictara una normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y periglaciares”, denuncia la presentación.
Aunque también rescata la Ley de Glaciares. “Intentó subsanar la inconstitucionalidad por omisión en la que el Estado había incurrido”, afirma la ONG. La norma establecía los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, los entendía como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas, definía claramente qué se entendía por glaciares y periglaciares, creaba un inventario nacional de glaciares, prohibía actividades riesgosas, establecía como obligatorio el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y determinaba infracciones y sanciones.
La ley había contado con una elaboración participativa de organizaciones sociales, ambientalistas y ámbitos de la ciencia, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, del Conicet). “En años pobres en precipitaciones de nieve en alta montaña, los glaciares aportan más del 60 por ciento del agua de los ríos de Mendoza y San Juan, son nuestra reserva de agua, la caja de ahorro para los años críticos. En el desierto cuyano, cuando escaseen las nevadas, si no tenemos enteros nuestros glaciares no habrá vida posible río abajo, ni urbana ni rural”, explicaba el director del Ianigla, Ricardo Villalba.
El amparo ante la Corte Suprema también hace hincapié en el accionar del Estado en la desprotección de los reservorios de agua. “El decreto de veto utiliza un argumento falaz. Señala la preocupación de los gobernadores de la zona cordillerana respecto de la repercusión negativa de la norma en el desarrollo económico y también apunta a la falta de un mayor debate. Hay que recordar que la ley 26.148 fue sancionada con el voto unánime de la Cámara de Diputados y el voto unánime (en general) de la Cámara de Senadores. El veto se configura como una norma regresiva, que atenta contra un derecho económico, social y cultural”, denuncia la presentación.
La Ley de Glaciares llega a la Corte
La Ley de Glaciares llega a la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Una ONG presentó una "acción de amparo ambiental" por la demora del Gobierno en sancionar una norma que proteja los hielos continentales.
La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó ante la Corte Suprema una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Así, se limitaría sustancialmente la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales", sostiene la presentación.
Fecha de Publicación: 26/05/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Una ONG presentó una "acción de amparo ambiental" por la demora del Gobierno en sancionar una norma que proteja los hielos continentales.
La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó ante la Corte Suprema una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Así, se limitaría sustancialmente la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales", sostiene la presentación.
Glaciares: Una denuncia a la Corte
Glaciares: Una denuncia a la Corte
Fecha de Publicación: 07/04/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Pidieron a la Justicia que brinde la certeza de que no están siendo impactados en forma irreversible.
La entidad ambientalista Fundación Ciudadanos Independientes (FUCI) presentó una denuncia a la Corte Suprema de la Nación pidiendo que ordene a peritos de afuera de la provincia constatar que los glaciares vecinos a la mina Veladero no están recibiendo un impacto directo e irreversible, a raíz de la explotación minera que se realiza en la zona.
"Le pedimos que dicte una resolución exigiendo con certeza que los cuerpos de hielo no se están impactando en forma directa ni están recibiendo impacto irreversible, como indica el artículo 356 de la ley minera 24.585 que protege el equilibrio ecológico en la cordillera", dijo ayer Guillermo Toranzo, vicepresidente de FUCI. "Es que no tenemos certeza de que el gobierno y las mineras estén trabajando conforme a la ley ambiental minera y de medioambiente cordillerano, fundamentalmente en la protección de cuerpos de hielo de agua dulce en estado sólido, que es como entendemos a los glaciares", agregó.
La entidad ya había presentado otra denuncia en defensa de glaciares, pero a la Corte de la provincia, en 2004 (ver aparte).
La presentación -que se realizó el viernes pasado, pero recién se anunció ayer- consistió en 102 fojas y 10 sobres probatorios conteniendo fotos y documentos fílmicos donde se observan diferentes actividades supuestamente contra los glaciares, tales como el derretimiento del hielo por medio de sopletes o diferentes tipos de explosiones que se realizan en la zona de Veladero como parte de la actividad de la explotación minera.
Toranzo explicó que la demanda se entabló contra el Estado Nacional, la provincia de San Juan, la empresa Barrick, el secretario de Minería, Felipe Saavedra; y que se extendió también a las otras empresas que realizan o realizarán actividad minera en la provincia, tales como Gualcamayo y Casposo, "porque allí también hay glaciares", dijo.
El abogado agregó que se ha recurrido a la Corte Suprema por medio de una acción declaratoria que se denomina legalmente "Acción de Competencia Originaria", la cual permite evitar las presentaciones previas en la justicia provincial, y además se resuelve en forma rápida, se expide en alrededor de 30 días.
El argumento para realizar este tipo de denuncia directa a la Corte es que se están afectando glaciares de frontera, ya que la ubicación de Veladero está cerca del límite con Chile. Y cuando hay en juego derechos de países la única que puede intervenir es la Corte Suprema. Pero además, los denunciantes entienden que hay derechos jurisdiccionales afectados, provincias que también reciben el agua de los glaciares cordilleranos, como La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. "El agua de los glaciares en definitiva desemboca en el Mar Argentino, a través de los ríos que las atraviesan y ninguna de las provincias mencionadas pudo opinar respecto a si están de acuerdo en cómo se hacen los trabajos", dijo Toranzo. "Cuando hay conflictos de vecinos entre provincias, también interviene la Corte", agregó.
En definitiva, los miembros de la FUCI quieren que la Corte de Justicia designe peritos que inspeccionen y levanten informes respecto a si las explosiones y demás trabajos mineros en cordillera "no están disminuyendo la calidad y cantidad de agua". "No somos anti-mineros, pero queremos que se sinceren las cosas y si se está afectando el agua, que la paguen", dijo Silvia Villalonga, presidenta de la entidad.
La denuncia de la FUCI se produce en momentos donde se discute en el Parlamento una ley de protección de glaciares, tras el veto presidencial a una norma que había sido aprobada por unanimidad. Justamente la semana pasada en Diputados se realizó una audiencia pública en defensa de la anterior norma, convocada por el diputado Bonasso y en la que participó el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Éste dijo allí que podría llegar a presentar una denuncia a la Corte por la protección de los glaciares.
Fecha de Publicación: 07/04/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Pidieron a la Justicia que brinde la certeza de que no están siendo impactados en forma irreversible.
La entidad ambientalista Fundación Ciudadanos Independientes (FUCI) presentó una denuncia a la Corte Suprema de la Nación pidiendo que ordene a peritos de afuera de la provincia constatar que los glaciares vecinos a la mina Veladero no están recibiendo un impacto directo e irreversible, a raíz de la explotación minera que se realiza en la zona.
"Le pedimos que dicte una resolución exigiendo con certeza que los cuerpos de hielo no se están impactando en forma directa ni están recibiendo impacto irreversible, como indica el artículo 356 de la ley minera 24.585 que protege el equilibrio ecológico en la cordillera", dijo ayer Guillermo Toranzo, vicepresidente de FUCI. "Es que no tenemos certeza de que el gobierno y las mineras estén trabajando conforme a la ley ambiental minera y de medioambiente cordillerano, fundamentalmente en la protección de cuerpos de hielo de agua dulce en estado sólido, que es como entendemos a los glaciares", agregó.
La entidad ya había presentado otra denuncia en defensa de glaciares, pero a la Corte de la provincia, en 2004 (ver aparte).
La presentación -que se realizó el viernes pasado, pero recién se anunció ayer- consistió en 102 fojas y 10 sobres probatorios conteniendo fotos y documentos fílmicos donde se observan diferentes actividades supuestamente contra los glaciares, tales como el derretimiento del hielo por medio de sopletes o diferentes tipos de explosiones que se realizan en la zona de Veladero como parte de la actividad de la explotación minera.
Toranzo explicó que la demanda se entabló contra el Estado Nacional, la provincia de San Juan, la empresa Barrick, el secretario de Minería, Felipe Saavedra; y que se extendió también a las otras empresas que realizan o realizarán actividad minera en la provincia, tales como Gualcamayo y Casposo, "porque allí también hay glaciares", dijo.
El abogado agregó que se ha recurrido a la Corte Suprema por medio de una acción declaratoria que se denomina legalmente "Acción de Competencia Originaria", la cual permite evitar las presentaciones previas en la justicia provincial, y además se resuelve en forma rápida, se expide en alrededor de 30 días.
El argumento para realizar este tipo de denuncia directa a la Corte es que se están afectando glaciares de frontera, ya que la ubicación de Veladero está cerca del límite con Chile. Y cuando hay en juego derechos de países la única que puede intervenir es la Corte Suprema. Pero además, los denunciantes entienden que hay derechos jurisdiccionales afectados, provincias que también reciben el agua de los glaciares cordilleranos, como La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. "El agua de los glaciares en definitiva desemboca en el Mar Argentino, a través de los ríos que las atraviesan y ninguna de las provincias mencionadas pudo opinar respecto a si están de acuerdo en cómo se hacen los trabajos", dijo Toranzo. "Cuando hay conflictos de vecinos entre provincias, también interviene la Corte", agregó.
En definitiva, los miembros de la FUCI quieren que la Corte de Justicia designe peritos que inspeccionen y levanten informes respecto a si las explosiones y demás trabajos mineros en cordillera "no están disminuyendo la calidad y cantidad de agua". "No somos anti-mineros, pero queremos que se sinceren las cosas y si se está afectando el agua, que la paguen", dijo Silvia Villalonga, presidenta de la entidad.
La denuncia de la FUCI se produce en momentos donde se discute en el Parlamento una ley de protección de glaciares, tras el veto presidencial a una norma que había sido aprobada por unanimidad. Justamente la semana pasada en Diputados se realizó una audiencia pública en defensa de la anterior norma, convocada por el diputado Bonasso y en la que participó el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Éste dijo allí que podría llegar a presentar una denuncia a la Corte por la protección de los glaciares.
Hay que proteger los glaciares por el agua
Para preservar el agua, hay que proteger los glaciares
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: Agencia DYN - La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Buenos Aires. Con los nuevos proyectos de ley sobre glaciares, Argentina sólo protegerá 15 por ciento de los ambientes glaciares, según afirmó el geólogo cordobés Carlos Seara, de larga experiencia en este tema.
“Todo lo demás se va a perder por la contaminación y evaporación debido al cambio climático”, aseguró. Seara fue uno de los expertos convocados por el Congreso de la Nación para exponer sobre el tema esta semana y expondrá de nuevo en el Senado dentro de 10 días.
Cabe recordar que en noviembre pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó una ley aprobada en el Congreso. Esa norma protegía el 85 por ciento de los glaciares, mientras que en los proyectos que ahora hay en danza esa cifra baja a 15 por ciento, estimó Seara.
“Los proyectos perjudican a todos los glaciares y zonas periglaciares y favorece a las actividades de las grandes mineras. Se prioriza la actividad minera en detrimento de la postura de los pueblos cordilleranos y de las fuentes de agua superficiales”, aseguró.
En las nuevas iniciativas, impulsadas por el diputado Juan Gioja y el senador Daniel Filmus “sólo se protege a los hielos permanentes y no la zona periglaciar que son las fábricas de agua de los Andes, además de actuar como escudo de los glaciares”, dijo el geólogo.
Y agregó: “El ambiente periglaciar es un seguro que tiene la naturaleza para proteger los glaciares. Es la puerta del freezer de los glaciares. Si yo abro la puerta, el freezer se descongela más rápido, porque la temperatura sube”.
En tanto, el científico Osvaldo Canziani, copresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, advirtió que el país debe defender los glaciares para evitar la destrucción del recurso hídrico, porque “el mundo va a pelear por el agua en poco tiempo”.
Canziani aseveró que las leyes que intenten proteger a los glaciares deben considerarlos como “un sistema único” de provisión de agua y opinó que cualquier actividad que se realice sobre ellos o en zonas adyacentes provocará alteraciones en la calidad del líquido.
“Tocar el glaciar es destruir el recurso hídrico”, destacó el científico.
Definiciones
La principal diferencia entre la ley vetada sobre glaciares y los proyectos actuales es la definición de lo que se entiende por ambiente periglaciar.
Veto. Para la ley vetada es “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”.
Proyecto. El nuevo proyecto lo define como el suelo congelado permanentemente, con un porcentaje de hielo superior a 50 por ciento”.
Diferencias. Esta diferencia permitiría el asentamiento de mineras en zonas periglaciares.
Fecha de Publicación: 03/04/2009
Fuente: Agencia DYN - La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Buenos Aires. Con los nuevos proyectos de ley sobre glaciares, Argentina sólo protegerá 15 por ciento de los ambientes glaciares, según afirmó el geólogo cordobés Carlos Seara, de larga experiencia en este tema.
“Todo lo demás se va a perder por la contaminación y evaporación debido al cambio climático”, aseguró. Seara fue uno de los expertos convocados por el Congreso de la Nación para exponer sobre el tema esta semana y expondrá de nuevo en el Senado dentro de 10 días.
Cabe recordar que en noviembre pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó una ley aprobada en el Congreso. Esa norma protegía el 85 por ciento de los glaciares, mientras que en los proyectos que ahora hay en danza esa cifra baja a 15 por ciento, estimó Seara.
“Los proyectos perjudican a todos los glaciares y zonas periglaciares y favorece a las actividades de las grandes mineras. Se prioriza la actividad minera en detrimento de la postura de los pueblos cordilleranos y de las fuentes de agua superficiales”, aseguró.
En las nuevas iniciativas, impulsadas por el diputado Juan Gioja y el senador Daniel Filmus “sólo se protege a los hielos permanentes y no la zona periglaciar que son las fábricas de agua de los Andes, además de actuar como escudo de los glaciares”, dijo el geólogo.
Y agregó: “El ambiente periglaciar es un seguro que tiene la naturaleza para proteger los glaciares. Es la puerta del freezer de los glaciares. Si yo abro la puerta, el freezer se descongela más rápido, porque la temperatura sube”.
En tanto, el científico Osvaldo Canziani, copresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, advirtió que el país debe defender los glaciares para evitar la destrucción del recurso hídrico, porque “el mundo va a pelear por el agua en poco tiempo”.
Canziani aseveró que las leyes que intenten proteger a los glaciares deben considerarlos como “un sistema único” de provisión de agua y opinó que cualquier actividad que se realice sobre ellos o en zonas adyacentes provocará alteraciones en la calidad del líquido.
“Tocar el glaciar es destruir el recurso hídrico”, destacó el científico.
Definiciones
La principal diferencia entre la ley vetada sobre glaciares y los proyectos actuales es la definición de lo que se entiende por ambiente periglaciar.
Veto. Para la ley vetada es “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”.
Proyecto. El nuevo proyecto lo define como el suelo congelado permanentemente, con un porcentaje de hielo superior a 50 por ciento”.
Diferencias. Esta diferencia permitiría el asentamiento de mineras en zonas periglaciares.
Buscan un amparo para proteger a los glaciares
Buscan un amparo para proteger a los glaciares
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
Audiencia pública por la ley de glaciares
Audiencia pública por la ley de protección a los glaciares que vetó Cristina Kirchner
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Prensa de Frente
Provincia/Región: Nacional
Será convocada por organizaciones ambientales, investigadores, legisladores y el defensor del pueblo de la Nación. Intentan que la Ley de Protección a los Glaciares vetada por la presidente sea reaprobada por el parlamento. El oficialismo busca modificar artículos claves.
En dialogo con Prensa De Frente Javier Rodriguez Pardo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, (UAC) explicó algunos puntos que la cámara de senadores busco cambiar: “La modificación al artículo 6 excluye de la protección a aquellas obras de arquitectura o infraestructura que se realicen en los glaciares y sean declaradas de interés público. Es decir – aclaró Rodríguez Pardo – que cualquier actividad al respecto que el gobierno de turno declare de interés público, no tendría impedimento alguno”. Otro artículo de la ley modificada rechazado por las asambleas es el segundo. Allí se excluye de la protección al espacio o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, que contenga un porcentaje del mismo inferior al 50% de su volumen. El diputado kirchnerista Daniel Filmus fue quien impulsó estas modificaciones buscando, el “consenso” de los gobernadores cordilleranos Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja); Brizuela del Moral (Catamarca); Peralta (Santa Cruz); Das Neves (Chubut); Barrionuevo de Jujuy; Jaque (Mendoza); Sapag (Neuquén); Saiz (Río Negro); Urtubey (Salta); y Ríos (Tierra del Fuego), siguiendo las directivas de Cristina Kirchner tras el veto.
“Nosotros creemos que la ley debe proteger el ecosistema, es decir todas las reservas, así contengan un 50% inferior a su volumen” enfatizó Rodríguez Pardo. El militante ambientalista explicó que “la ley que deseamos debe definir claramente la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, lo que llamamos periglaciares. El objeto de impedir su destrucción, intervención o cualquier actividad. Dada la infraestructura necesaria para la explotación, con caminos de entre 30 y 35 metros de ancho trazados como panales de abeja sobre los glaciares que abren la brecha sobre la que avanza la erosión, provocando la desertificación de la montaña. La actividad minera de alta montaña es lo más dañino que hay para el ecosistema”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) el diputado Miguel Bonasso; la autora de la ley vetada Marta Maffei y el defensor del pueblo Guillermo Mondino, entre otros, son los convocantes a la audiencia del próximo lunes, que tendrá una primera instancia informativa y una segunda de debate. En un comunicado emitido por la defensoría del pueblo, Mondino destacó que "estamos ante una cuestión que hace al interés nacional. La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes". La audencia pública tendrá lugar en el auditorio del edificio anexo del Congreso de la Nación en Riobamba 25 y además de los convocantes contará con la presencia de glaciólogos de San Juan y Mendoza. Los organizadores hiciero saber que para presenciar la audencia debe llevarse el DNI.
La ley vetada, la 26.418, había sido redactada por la entonces diputada Marta Maffei y llamativamente aprobada en el parlamento por ambas cámaras en octubre de 2008. Las corporaciones mineras encabezada por la norteamericana Barrick Gold y sus voceros y lobbystas principales no hicieron nada para frenarla, apelando a evitar la repercusión mediática, ya que contaban con el veto seguro del ejecutivo. Luego el Senado modificó la ley vetada cambiando articulados claves. Ahora, Miguel Bonasso, en su calidad de titular de la comisión de Recursos Naturales en diputados, intentará volver al texto originalmente aprobado. Requerirá para su aprobación de dos tercios de la cámara y el ejecutivo no puede vetarla.
La corporación minera, encabezada por la norteamericana Barrick Gold, y compuesta por conglomerados nacionales y transnacionales que ya explotan y saquean miles de yacimientos a tajo abierto en las provincias cordilleranas, utilizando compuestos químicos letales para atrapar minerales de baja ley, fue la principal operadora en contra de la protección de los glaciares. La minería utiliza enormes cantidades de agua y para ello necesita de los glaciares. En tanto, y como hace una década ocurriera con las transnacionales del petróleo en la Patagonia, hoy los principales lobbystas del saqueo minero son los propios gobernadores cordilleranos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja.
La ofensiva de las transnacionales sobre los riquezas de la cordillera encontró una visagra en 2001. Ese año se firmó entre Argentina y Chile un tratado de integración minera, redactada por las propias consultoras de las corporaciones mineras. El documento propone entre otras cosas, que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados creando una especie de “nuevo país” que no paga impuestos a las regalías en ninguno de los dos países y fija jurisdicción ante cualquier litigio.
“La influencia de la corporación minera sobre el poder político arranca el mismo día en que se le arrancó a los gobiernos de Chile y Argentina un acuerdo binacional de estabilidad fiscal por treinta años y un tratado que entrega la cordillera a las mineras. Una vez firmado eso, ahora no van a permitir que se ponga trabas a la explotación del 80 por ciento de las riquezas cordilleranas” remató Rodriguez Pardo.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Prensa de Frente
Provincia/Región: Nacional
Será convocada por organizaciones ambientales, investigadores, legisladores y el defensor del pueblo de la Nación. Intentan que la Ley de Protección a los Glaciares vetada por la presidente sea reaprobada por el parlamento. El oficialismo busca modificar artículos claves.
En dialogo con Prensa De Frente Javier Rodriguez Pardo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, (UAC) explicó algunos puntos que la cámara de senadores busco cambiar: “La modificación al artículo 6 excluye de la protección a aquellas obras de arquitectura o infraestructura que se realicen en los glaciares y sean declaradas de interés público. Es decir – aclaró Rodríguez Pardo – que cualquier actividad al respecto que el gobierno de turno declare de interés público, no tendría impedimento alguno”. Otro artículo de la ley modificada rechazado por las asambleas es el segundo. Allí se excluye de la protección al espacio o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, que contenga un porcentaje del mismo inferior al 50% de su volumen. El diputado kirchnerista Daniel Filmus fue quien impulsó estas modificaciones buscando, el “consenso” de los gobernadores cordilleranos Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja); Brizuela del Moral (Catamarca); Peralta (Santa Cruz); Das Neves (Chubut); Barrionuevo de Jujuy; Jaque (Mendoza); Sapag (Neuquén); Saiz (Río Negro); Urtubey (Salta); y Ríos (Tierra del Fuego), siguiendo las directivas de Cristina Kirchner tras el veto.
“Nosotros creemos que la ley debe proteger el ecosistema, es decir todas las reservas, así contengan un 50% inferior a su volumen” enfatizó Rodríguez Pardo. El militante ambientalista explicó que “la ley que deseamos debe definir claramente la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, lo que llamamos periglaciares. El objeto de impedir su destrucción, intervención o cualquier actividad. Dada la infraestructura necesaria para la explotación, con caminos de entre 30 y 35 metros de ancho trazados como panales de abeja sobre los glaciares que abren la brecha sobre la que avanza la erosión, provocando la desertificación de la montaña. La actividad minera de alta montaña es lo más dañino que hay para el ecosistema”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) el diputado Miguel Bonasso; la autora de la ley vetada Marta Maffei y el defensor del pueblo Guillermo Mondino, entre otros, son los convocantes a la audiencia del próximo lunes, que tendrá una primera instancia informativa y una segunda de debate. En un comunicado emitido por la defensoría del pueblo, Mondino destacó que "estamos ante una cuestión que hace al interés nacional. La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes". La audencia pública tendrá lugar en el auditorio del edificio anexo del Congreso de la Nación en Riobamba 25 y además de los convocantes contará con la presencia de glaciólogos de San Juan y Mendoza. Los organizadores hiciero saber que para presenciar la audencia debe llevarse el DNI.
La ley vetada, la 26.418, había sido redactada por la entonces diputada Marta Maffei y llamativamente aprobada en el parlamento por ambas cámaras en octubre de 2008. Las corporaciones mineras encabezada por la norteamericana Barrick Gold y sus voceros y lobbystas principales no hicieron nada para frenarla, apelando a evitar la repercusión mediática, ya que contaban con el veto seguro del ejecutivo. Luego el Senado modificó la ley vetada cambiando articulados claves. Ahora, Miguel Bonasso, en su calidad de titular de la comisión de Recursos Naturales en diputados, intentará volver al texto originalmente aprobado. Requerirá para su aprobación de dos tercios de la cámara y el ejecutivo no puede vetarla.
La corporación minera, encabezada por la norteamericana Barrick Gold, y compuesta por conglomerados nacionales y transnacionales que ya explotan y saquean miles de yacimientos a tajo abierto en las provincias cordilleranas, utilizando compuestos químicos letales para atrapar minerales de baja ley, fue la principal operadora en contra de la protección de los glaciares. La minería utiliza enormes cantidades de agua y para ello necesita de los glaciares. En tanto, y como hace una década ocurriera con las transnacionales del petróleo en la Patagonia, hoy los principales lobbystas del saqueo minero son los propios gobernadores cordilleranos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja.
La ofensiva de las transnacionales sobre los riquezas de la cordillera encontró una visagra en 2001. Ese año se firmó entre Argentina y Chile un tratado de integración minera, redactada por las propias consultoras de las corporaciones mineras. El documento propone entre otras cosas, que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados creando una especie de “nuevo país” que no paga impuestos a las regalías en ninguno de los dos países y fija jurisdicción ante cualquier litigio.
“La influencia de la corporación minera sobre el poder político arranca el mismo día en que se le arrancó a los gobiernos de Chile y Argentina un acuerdo binacional de estabilidad fiscal por treinta años y un tratado que entrega la cordillera a las mineras. Una vez firmado eso, ahora no van a permitir que se ponga trabas a la explotación del 80 por ciento de las riquezas cordilleranas” remató Rodriguez Pardo.
Proyecto de ley de glaciares: es para las mineras
Denuncian que el nuevo proyecto de ley de glaciares fue hecho para las mineras
Fecha de Publicación: 11/03/2009
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Una ONG dice que la normativa “es una burla”, porque no protege la zona periglacial. Afirma que la principal beneficiada es una minera multinacional que opera en San Juan. Y acusa a los gobernadores que la apoyan, entre ellos Gioja.
El nuevo proyecto de ley de defensa de los glaciares "deja sin protección" el área periglacial, clave para la alimentación de los ríos, y avala la actividad de empresas mineras y petroleras que los contaminarían, aseguró hoy una fundación ambiental.
La iniciativa es "tramposa" y permitirá, si es aprobada por el Congreso, la "destrucción" del recurso hídrico de agua dulce surgido de la zona andina, afirmó el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
Las modificaciones realizadas a la norma que en noviembre pasado vetó por decreto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner significan "una burla" para la sociedad y "le da piedra libre a las compañías mineras y petroleras", comentó.
La cuestionada iniciativa fue impulsada días atrás en la Cámara de Senadores por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, y el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Daniel Filmus, aunque en su primera presentación no lograron consenso para que fuese tratado en poco tiempo en el recinto.
Para Montenegro, el proyecto es "tramposo y perverso" porque "deja sin protección el ambiente periglacial para que las empresas mineras y petroleras puedan explotar sin trabas la cordillera de los Andes".
El biólogo destacó que el artículo 2 de la propuesta sólo protege "los suelos helados que no se derriten", una situación que "cambia dramáticamente el objetivo de ley original aprobada por unanimidad en Diputados y con apenas tres votos en contra en el Senado".
En un informe, Montenegro, quien en 2004 recibió el Premio Nóbel Alternativo, explicó que los ambientes periglaciales "son fundamentales para la alimentación de los ríos", debido a que "se congelan y descongelan". "El nuevo proyecto impulsado por el gobierno permite su destrucción, y hace peligrar las fábricas andinas de agua", reiteró Montenegro.
El documento elaborado por FUNAM reclamó a los senadores que "todas las restricciones a las actividades que degradan las masas de hielo queden tal cual se estableció en la ley original", es decir prohibidas.
El proyecto busca "mantener la cáscara" de la norma vetada "pero favoreciendo ahora la actividad de las empresas mineras y petroleras", tal como en su momento denunciaron ambientalistas y legisladores que se opusieron al rechazo presidencial.
Según Montenegro, el oficialismo está "enrareciendo el debate con definiciones técnicas dudosas y manteniendo el nombre de la ley quieren hacer creer que el ambiente periglacial será protegido, lo que no es cierto", poniendo en riesgo "la regularidad hídrica de ríos".
El veto decidido por la presidenta Fernández de Kirchner fue "un papelón internacional" porque demostró "hasta qué punto las empresas mineras y petroleras, y los gobernadores que las apoyan, entre ellos (el sanjuanino) José Luis Gioja, valen más para el gobierno que la salud de las personas", agregó.
Para el biólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), "la principal minera beneficiada con el nuevo proyecto de ley es (la empresa) Barrick Gold", que tiene a su cargo los emprendimientos de Veladero y Pascua Lama, ambos en San Juan.
"Todo parece indicar que las empresas mineras y petroleras están protegidas por el gobierno. Primero se vetó una buena ley, la de glaciares, y luego se elaboró otro proyecto con artículos tramposos para que puedan seguir con sus planes", culminó.
Fecha de Publicación: 11/03/2009
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Una ONG dice que la normativa “es una burla”, porque no protege la zona periglacial. Afirma que la principal beneficiada es una minera multinacional que opera en San Juan. Y acusa a los gobernadores que la apoyan, entre ellos Gioja.
El nuevo proyecto de ley de defensa de los glaciares "deja sin protección" el área periglacial, clave para la alimentación de los ríos, y avala la actividad de empresas mineras y petroleras que los contaminarían, aseguró hoy una fundación ambiental.
La iniciativa es "tramposa" y permitirá, si es aprobada por el Congreso, la "destrucción" del recurso hídrico de agua dulce surgido de la zona andina, afirmó el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
Las modificaciones realizadas a la norma que en noviembre pasado vetó por decreto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner significan "una burla" para la sociedad y "le da piedra libre a las compañías mineras y petroleras", comentó.
La cuestionada iniciativa fue impulsada días atrás en la Cámara de Senadores por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, y el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Daniel Filmus, aunque en su primera presentación no lograron consenso para que fuese tratado en poco tiempo en el recinto.
Para Montenegro, el proyecto es "tramposo y perverso" porque "deja sin protección el ambiente periglacial para que las empresas mineras y petroleras puedan explotar sin trabas la cordillera de los Andes".
El biólogo destacó que el artículo 2 de la propuesta sólo protege "los suelos helados que no se derriten", una situación que "cambia dramáticamente el objetivo de ley original aprobada por unanimidad en Diputados y con apenas tres votos en contra en el Senado".
En un informe, Montenegro, quien en 2004 recibió el Premio Nóbel Alternativo, explicó que los ambientes periglaciales "son fundamentales para la alimentación de los ríos", debido a que "se congelan y descongelan". "El nuevo proyecto impulsado por el gobierno permite su destrucción, y hace peligrar las fábricas andinas de agua", reiteró Montenegro.
El documento elaborado por FUNAM reclamó a los senadores que "todas las restricciones a las actividades que degradan las masas de hielo queden tal cual se estableció en la ley original", es decir prohibidas.
El proyecto busca "mantener la cáscara" de la norma vetada "pero favoreciendo ahora la actividad de las empresas mineras y petroleras", tal como en su momento denunciaron ambientalistas y legisladores que se opusieron al rechazo presidencial.
Según Montenegro, el oficialismo está "enrareciendo el debate con definiciones técnicas dudosas y manteniendo el nombre de la ley quieren hacer creer que el ambiente periglacial será protegido, lo que no es cierto", poniendo en riesgo "la regularidad hídrica de ríos".
El veto decidido por la presidenta Fernández de Kirchner fue "un papelón internacional" porque demostró "hasta qué punto las empresas mineras y petroleras, y los gobernadores que las apoyan, entre ellos (el sanjuanino) José Luis Gioja, valen más para el gobierno que la salud de las personas", agregó.
Para el biólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), "la principal minera beneficiada con el nuevo proyecto de ley es (la empresa) Barrick Gold", que tiene a su cargo los emprendimientos de Veladero y Pascua Lama, ambos en San Juan.
"Todo parece indicar que las empresas mineras y petroleras están protegidas por el gobierno. Primero se vetó una buena ley, la de glaciares, y luego se elaboró otro proyecto con artículos tramposos para que puedan seguir con sus planes", culminó.
Pingüino escondido en la ley de glaciares
Pingüino escondido en la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Para tapar el escándalo que generó en la militancia ecológica el veto de Cristina, se redactó un nuevo texto. Los radicales denunciaron que el texto viene con trampa en beneficio de las empresas mineras.
El kirchnerismo comenzó a avanzar con algunas dificultades en una nueva ley de glaciares. Uno de los principales cuestionamientos fue formulado por el radical santacruceño Alfredo “Fredy” Martínez, quien reprochó que, entre las prohibiciones para realizar obras de infraestructura o de arquitectura en los glaciares que fija el texto, se hayan exceptuado aquellas que fueran consideradas de “interés público”, porque se trata del mismo término con el que se define la actividad minera.
El nuevo proyecto llegó a la Cámara alta tres meses después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara una norma que había sido aprobada por la amplia mayoría de los legisladores, despertando sospechas de que se quería beneficiar a compañías mineras. En el debate que ayer se realizó en la Comisión de Recursos Naturales, Martínez afirmó que la nueva redacción lleva al proyecto a “una zona de riesgo”. El secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, presente en la comisión, le respondió que tal riesgo no existía ya que existe una ley específica sobre impacto ambiental, y subrayó que en el inciso siguiente se plantea que estén excluidas la exploración y explotación minera o petrolífera. El porteño Daniel Filmus, titular de la comisión, recordó que el término “interés público” fue incorporado al proyecto a instancias del gobierno de Mendoza, por las obras en el Cristo Redentor y el Paso del Inca.
La competencia de las provincias fue otra de las objeciones. La salteña Sonia Escudero pidió que fueran más explícitas las facultades de las provincias sobre los recursos. En el veto presidencial se había afirmado que la ley podía afectar el desarrollo económico de los distritos. La minera Barrick Gold lleva adelante un millonario emprendimiento en Pascua Lama, la zona fronteriza que San Juan comparte con Chile, y también en Famatina, La Rioja.
En diálogo con este diario, el diputado Miguel Bonasso, impulsor de la norma vetada por Fernández de Kirchner, calificó de “insensatez reunirse para consensuar algo que ya tuvo el voto unánime del Congreso”. A fines del año pasado, la Cámara baja rechazó el veto presidencial. Como el resultado no llegó a los dos tercios del cuerpo, el veto quedó vigente. Después de eso, Bonasso volvió a presentar el mismo proyecto impugnado por la Presidenta. Eso explica el rechazo del diputado a participar de las deliberaciones en las que se diseñó el texto que ayer comenzó a debatirse en el Senado.
Las objeciones formuladas por el radicalismo, por la peronista disidente Escudero y otros legisladores, le impidieron al oficialismo lograr el apoyo mayoritario para que la nueva iniciativa desembarque hoy en el recinto del Senado. El debate continuará en la próxima reunión de comisión. Después de haber tenido algunas fugas dentro de su bancada, el oficialismo pretende que la futura norma tengo un consenso unánime. Una tarea de equilibrio más que compleja.
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Para tapar el escándalo que generó en la militancia ecológica el veto de Cristina, se redactó un nuevo texto. Los radicales denunciaron que el texto viene con trampa en beneficio de las empresas mineras.
El kirchnerismo comenzó a avanzar con algunas dificultades en una nueva ley de glaciares. Uno de los principales cuestionamientos fue formulado por el radical santacruceño Alfredo “Fredy” Martínez, quien reprochó que, entre las prohibiciones para realizar obras de infraestructura o de arquitectura en los glaciares que fija el texto, se hayan exceptuado aquellas que fueran consideradas de “interés público”, porque se trata del mismo término con el que se define la actividad minera.
El nuevo proyecto llegó a la Cámara alta tres meses después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara una norma que había sido aprobada por la amplia mayoría de los legisladores, despertando sospechas de que se quería beneficiar a compañías mineras. En el debate que ayer se realizó en la Comisión de Recursos Naturales, Martínez afirmó que la nueva redacción lleva al proyecto a “una zona de riesgo”. El secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, presente en la comisión, le respondió que tal riesgo no existía ya que existe una ley específica sobre impacto ambiental, y subrayó que en el inciso siguiente se plantea que estén excluidas la exploración y explotación minera o petrolífera. El porteño Daniel Filmus, titular de la comisión, recordó que el término “interés público” fue incorporado al proyecto a instancias del gobierno de Mendoza, por las obras en el Cristo Redentor y el Paso del Inca.
La competencia de las provincias fue otra de las objeciones. La salteña Sonia Escudero pidió que fueran más explícitas las facultades de las provincias sobre los recursos. En el veto presidencial se había afirmado que la ley podía afectar el desarrollo económico de los distritos. La minera Barrick Gold lleva adelante un millonario emprendimiento en Pascua Lama, la zona fronteriza que San Juan comparte con Chile, y también en Famatina, La Rioja.
En diálogo con este diario, el diputado Miguel Bonasso, impulsor de la norma vetada por Fernández de Kirchner, calificó de “insensatez reunirse para consensuar algo que ya tuvo el voto unánime del Congreso”. A fines del año pasado, la Cámara baja rechazó el veto presidencial. Como el resultado no llegó a los dos tercios del cuerpo, el veto quedó vigente. Después de eso, Bonasso volvió a presentar el mismo proyecto impugnado por la Presidenta. Eso explica el rechazo del diputado a participar de las deliberaciones en las que se diseñó el texto que ayer comenzó a debatirse en el Senado.
Las objeciones formuladas por el radicalismo, por la peronista disidente Escudero y otros legisladores, le impidieron al oficialismo lograr el apoyo mayoritario para que la nueva iniciativa desembarque hoy en el recinto del Senado. El debate continuará en la próxima reunión de comisión. Después de haber tenido algunas fugas dentro de su bancada, el oficialismo pretende que la futura norma tengo un consenso unánime. Una tarea de equilibrio más que compleja.
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