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Minería: Una piedra en el zapato
19:02 | 
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Una piedra en el zapato
Fecha de Publicación: 09/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Tomás Lukin
Economista del Centro Cultural de la Cooperación
La estructura impositiva del sector minero, que resultó privilegiado en la década del ’90, está pasando relativamente inadvertida en la discusión parlamentaria del proyecto que busca preservar los glaciares y sus zonas lindantes.
La imponencia del glaciar Perito Moreno como símbolo icónico de la geografía argentina y de la belleza de la Patagonia sirvió para lograr en la ciudadanía un apoyo a la ley que se discute en el Congreso. En los debates de TV se habla con soltura del permafrost o el ambiente periglacial y nos enteramos, acusaciones mediáticas mediante, que algunos de nuestros representantes son “empleados” de la Barrick Corporation. Lástima que suceda ahora y no cuando las corporaciones tuvieron la absoluta libertad de escribir el borrador del actual Código Minero en la tranquilidad de sus oficinas en Denver y Toronto, Canadá.
Es de celebrar que finalmente se discuta cómo preservar los glaciares de la devastación ambiental que genera la moderna megaminería química a cielo abierto. No solamente los glaciares deben ser preservados, sino también los acuíferos y napas freáticas. Sin embargo, el Parlamento va muy por detrás de los hechos, amén de que la legislación ambiental es dura en el papel e inefectiva en el terreno.
La renuncia a fines de junio del primer ministro de Australia, Kevin Rudd, está estrechamente ligada a su enfrentamiento personal al poderoso lobby minero y su plan de gobierno para la reforma impositiva de las industrias extractivas. El plan intentó reemplazar el cobro de regalías, que es la forma histórica en que se grava la minería desde la época de los pioneros y los buscadores de oro y que se mantiene así desde el siglo XIX, hacia un gravamen sobre las ganancias y las ganancias extraordinarias. David Parker, quien lleva adelante las conversaciones con la industria minera en representación del Estado, remarca que “las naciones ricas en recursos naturales están reemplazando los sistemas de regalías por los de gravamen a la renta minera”.
Según el gabinete del primer ministro, “es una discusión sobre el gravamen a las ganancias extraordinarias de un sector que ya lleva un boom de dos décadas, destinado a financiar la reducción de impuestos a pymes, capitalizar el sistema de jubilación y pensiones y financiar proyectos de infraestructura que extiendan al resto de los australianos los beneficios obtenidos de la riqueza del subsuelo que es propiedad de la nación”. Debate intenso, ya que el gravamen en cuestión impondría a las empresas mineras un impuesto del 40 por ciento.
En una analogía a la reacción que sucedió, a la Resolución 125 en Argentina, un grupo de 20 renombrados intelectuales y economistas australianos respaldó en una carta abierta la decisión del gobierno de Rudd de cobrar impuestos a las mineras en sustitución de las regalías; la base sobre la que parte la discusión es sobre el impuesto a las “super ganancias” y lo que en inglés se denomina (windfall profit tax), que grava a sectores específicos cuando los costos se mantienen pero el precio en el mercado internacional se dispara. En la carta, el grupo aclara que la minería es un sector único, ya que usa recursos naturales que son de todos los ciudadanos, motivo por el cual los beneficios también deben alcanzar a la sociedad toda.
La sucesora del saliente primer ministro, Julia Gillard, en su primera semana como jefa de Estado, dijo: “Tenemos derecho a recibir una porción justa de nuestra herencia; la riqueza mineral que yace bajo nuestros pies”, y agregó que cobrar un impuesto tan elevado “les dará a los australianos una mejor retribución sobre los recursos de los que todos los australianos somos dueños; y que pueden extraerse sólo una vez”. A fines de mayo el CEO de la gigante minera Rio Tinto, Tom Albanese, se mostró preocupado porque algunos países puedan seguir el ejemplo australiano, presionando a través de los medios y a la opinión pública por la derogación del plan. Se recurrió a argumentos tan trillados que seguramente los vamos a ver pronto por estas pampas no bien se intente cambiar algo del abusivo Código Minero actual: que se van a ir las inversiones, que no hay seguridad jurídica o que se perderán puestos de trabajo.
Tanto se ha escrito sobre por qué Argentina no fue Australia o cómo empezamos mejor que Canadá como nación para quedar rezagados lejos de ese “primer mundo”; y hoy tenemos que tanto Australia y Canadá como la Unión Europea nos indican los caminos. En primer lugar, se debe dar el verdadero debate sobre si se quiere o no un desarrollo basado en la megaminería, que es la forma en que se explota hoy en día los recursos minerales de baja ley. El Parlamento europeo dio hace unas semanas una clara indicación, a la Comisión Europea para que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. En tanto, Australia piensa gravar el sector en más de 75.000 millones de dólares en esta década para el financiamiento de la infraestructura del país y Canadá recibe más de 50.000 millones por las operaciones de sus empresas en el extranjero. Mientras, el Estado argentino con suerte salvará los glaciares, cobrará un exiguo 3 por ciento de regalía en boca de mina y de los pasivos ambientales futuros, bien, gracias.
Fecha de Publicación: 09/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Tomás Lukin
Economista del Centro Cultural de la Cooperación
La estructura impositiva del sector minero, que resultó privilegiado en la década del ’90, está pasando relativamente inadvertida en la discusión parlamentaria del proyecto que busca preservar los glaciares y sus zonas lindantes.
La imponencia del glaciar Perito Moreno como símbolo icónico de la geografía argentina y de la belleza de la Patagonia sirvió para lograr en la ciudadanía un apoyo a la ley que se discute en el Congreso. En los debates de TV se habla con soltura del permafrost o el ambiente periglacial y nos enteramos, acusaciones mediáticas mediante, que algunos de nuestros representantes son “empleados” de la Barrick Corporation. Lástima que suceda ahora y no cuando las corporaciones tuvieron la absoluta libertad de escribir el borrador del actual Código Minero en la tranquilidad de sus oficinas en Denver y Toronto, Canadá.
Es de celebrar que finalmente se discuta cómo preservar los glaciares de la devastación ambiental que genera la moderna megaminería química a cielo abierto. No solamente los glaciares deben ser preservados, sino también los acuíferos y napas freáticas. Sin embargo, el Parlamento va muy por detrás de los hechos, amén de que la legislación ambiental es dura en el papel e inefectiva en el terreno.
La renuncia a fines de junio del primer ministro de Australia, Kevin Rudd, está estrechamente ligada a su enfrentamiento personal al poderoso lobby minero y su plan de gobierno para la reforma impositiva de las industrias extractivas. El plan intentó reemplazar el cobro de regalías, que es la forma histórica en que se grava la minería desde la época de los pioneros y los buscadores de oro y que se mantiene así desde el siglo XIX, hacia un gravamen sobre las ganancias y las ganancias extraordinarias. David Parker, quien lleva adelante las conversaciones con la industria minera en representación del Estado, remarca que “las naciones ricas en recursos naturales están reemplazando los sistemas de regalías por los de gravamen a la renta minera”.
Según el gabinete del primer ministro, “es una discusión sobre el gravamen a las ganancias extraordinarias de un sector que ya lleva un boom de dos décadas, destinado a financiar la reducción de impuestos a pymes, capitalizar el sistema de jubilación y pensiones y financiar proyectos de infraestructura que extiendan al resto de los australianos los beneficios obtenidos de la riqueza del subsuelo que es propiedad de la nación”. Debate intenso, ya que el gravamen en cuestión impondría a las empresas mineras un impuesto del 40 por ciento.
En una analogía a la reacción que sucedió, a la Resolución 125 en Argentina, un grupo de 20 renombrados intelectuales y economistas australianos respaldó en una carta abierta la decisión del gobierno de Rudd de cobrar impuestos a las mineras en sustitución de las regalías; la base sobre la que parte la discusión es sobre el impuesto a las “super ganancias” y lo que en inglés se denomina (windfall profit tax), que grava a sectores específicos cuando los costos se mantienen pero el precio en el mercado internacional se dispara. En la carta, el grupo aclara que la minería es un sector único, ya que usa recursos naturales que son de todos los ciudadanos, motivo por el cual los beneficios también deben alcanzar a la sociedad toda.
La sucesora del saliente primer ministro, Julia Gillard, en su primera semana como jefa de Estado, dijo: “Tenemos derecho a recibir una porción justa de nuestra herencia; la riqueza mineral que yace bajo nuestros pies”, y agregó que cobrar un impuesto tan elevado “les dará a los australianos una mejor retribución sobre los recursos de los que todos los australianos somos dueños; y que pueden extraerse sólo una vez”. A fines de mayo el CEO de la gigante minera Rio Tinto, Tom Albanese, se mostró preocupado porque algunos países puedan seguir el ejemplo australiano, presionando a través de los medios y a la opinión pública por la derogación del plan. Se recurrió a argumentos tan trillados que seguramente los vamos a ver pronto por estas pampas no bien se intente cambiar algo del abusivo Código Minero actual: que se van a ir las inversiones, que no hay seguridad jurídica o que se perderán puestos de trabajo.
Tanto se ha escrito sobre por qué Argentina no fue Australia o cómo empezamos mejor que Canadá como nación para quedar rezagados lejos de ese “primer mundo”; y hoy tenemos que tanto Australia y Canadá como la Unión Europea nos indican los caminos. En primer lugar, se debe dar el verdadero debate sobre si se quiere o no un desarrollo basado en la megaminería, que es la forma en que se explota hoy en día los recursos minerales de baja ley. El Parlamento europeo dio hace unas semanas una clara indicación, a la Comisión Europea para que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. En tanto, Australia piensa gravar el sector en más de 75.000 millones de dólares en esta década para el financiamiento de la infraestructura del país y Canadá recibe más de 50.000 millones por las operaciones de sus empresas en el extranjero. Mientras, el Estado argentino con suerte salvará los glaciares, cobrará un exiguo 3 por ciento de regalía en boca de mina y de los pasivos ambientales futuros, bien, gracias.
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Glaciares: el oficialismo no dió cuorum
Los K aprovecharon algunas ausencias para voltear la sesión por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Sin quórum por un pelito y con ribetes de escándalo, fracasó ayer la sesión de la Cámara de Diputados en la que se iba a intentar sancionar la nueva ley de glaciares.
A las 14.35, Agustín Rossi ingresó al recinto, 127 diputados llevaban media hora esperando. Faltaban dos para que se pudiera dar inicio al debate y el jefe de la bancada oficialista pidió entonces que se levantara la sesión.
Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Claudio Lozano (Proyecto Sur), se levantaron indignados y pidieron que se tomara lista.
“No estamos en un ejército”, respondió Rossi.
A las 14.45, Eduardo Fellner levantó la sesión sin que se pudieran votar los 18 artículos pendientes de la nueva ley que reemplazará a la vetada el años pasado por la Presidenta Cristina Kirchner.
Había pegado el faltazo el bloque oficialista en pleno.
Pero también se ausentaron gran parte de los radicales, tres peronistas disidentes y dos diputados del PRO, entre otros.
El más furioso era Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), autor de la iniciativa. Apenas salió del recinto se cruzó con la aliada del kirchnerismo Silvia Vázquez (Concertación), que a esa misma hora estaba dando en pleno salón de los pasos perdidos una conferencia de prensa junto a representantes de los pueblos originarios. Bonasso le endilgó que no hubiese entrado a dar quórum, Vázquez le respondió, y todo casi termina a las trompadas con los acompañantes de la diputada.
“Si no tienen una causa justificada para ausentarse, tengo derecho a pensar que faltaron por el lobby de la Barrick, que recibieron algún ‘banelcazo’ o presiones de las provincias mineras”, le dijo Bonasso a Clarín , después de acusar Rossi por haber tenido actitudes de “guapo de barrio” y de pedir la remoción de Fellner.
Carrió resaltó que los 19 diputados de su bloque estaban en sus bancas. Por eso prefirió cargar las tintas sobre los opositores ausentes.
Habló de “negligencia, desidia e irresponsabilidad”. Y subrayó que “nos pagan para trabajar. No puede ser que haya diputados en Europa y se nos caiga la sesión”.
Fuentes del bloque del Frente para la Victoria apuntaron que la ausencia masiva de la tropa propia fue una “pase de facturas” por los últimos dictámenes contrarios a los deseos del oficialismo, como el de la reforma del INDEC. Y para dejar a la luz las fracturas internas de la oposición que le impiden juntar el quórum propio.
De cualquier modo, en el bloque oficialista asumían que la ley seguramente será aprobada en la sesión de la semana próxima.
Antecedentes
La ley de glaciares, aprobada por unanimidad por diputados y senadores, fue vetada el año pasado por la presidenta Cristina Kirchner.
Daniel Filmus presentó un nuevo proyecto que fue aprobado en el Senado. Pero Miguel Bonasso promovió reformas desde Diputados para proteger mejor los glaciares y su zona adyacente.
Antes del receso invernal, el proyecto de Bonasso fue aprobado en general pero faltan la aprobación en particular de algunas artículos clave. Bonasso acusa al lobby en contra de las mineras.
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Fracasó la sesión por los glaciares
Fecha de Publicación: 05/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con reproches cruzados entre los opositores, fracasó ayer por falta de quórum la sesión que iba a celebrarse en la Cámara de Diputados para dar media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.
La sesión se levantó cuando faltaban sólo dos diputados para alcanzar los 129 necesarios para el quórum. La responsabilidad recae en la oposición porque, pese a tener mayoría en el cuerpo, varios legisladores de esas filas se ausentaron. El kirchnerismo ya había avisado de antemano que no apoyaría la iniciativa.
La líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, y su par Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), uno de los principales fogoneros de la iniciativa, criticaron con dureza a sus pares opositores. Fuentes cercanas a ambos diputados sospechan que hubo un acuerdo tácito entre el oficialismo y sectores de la oposición para que la sesión fracasara.
"La Coalición estaba con todos sus diputados y no puede ser que haya legisladores paseando por Europa y nosotros tratando de sesionar aquí", se quejó Carrió. Bonasso tampoco ahorró críticas: "Los señores de la oposición deben explicar por qué no estuvieron en la sesión. Cada vez que se trata un tema ambiental que implica temas económicos este fenómeno se reitera".
El proyecto de ley de protección de glaciares había comenzado a tratarse el 14 de julio, pero cuando se estaba discutiendo en particular cada artículo se decidió postergar la sesión por falta de quórum. La iniciativa establece presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
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Glaciares: Los diputados de la minera Barrick Gold
Fecha de Publicación: 05/08/2010
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional
Entre acusaciones cruzadas, fracasó este miércoles 04/08 la aprobación del proyecto para la preservación de los glaciares. La oposición no logró reunir los votos necesarios para concretar la votación en particular y el oficialismo se retiró del recinto para que fracasara la sanción de la iniciativa.
La oposición alcanzó a reunir 128 diputados, uno menos de lo que exige el quórum, por lo que el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, pidió que se levantara la sesión por falta de número.
Hubo 129 diputados ausentes. No llamó la antención la ausencia de los diputados del Frente para la Victoria y sus aliados del Moviviento Popular Neuquino, el Frente Cívico de Santiago del Estero y los de la Concertación y los del Nuevo Encuentro popular y Solidario de Carlos Heller, Martín Sabatella y compañía.
La sorpresa se centró en la ausencia de varios diputados de la UCR, sobre todo la de Eduardo Kenny (La Pampa), que se levantó cuando había 128 diputados no posibilitando el incio de la sesión. Tambien la de varios legisladores del peronismo desidente y Federal y los del PRO.
Brillaron por su ausencia, Gerardo Millman ( GEN -Buenos Aires), Ricardo Gil Lavedra (UCR-ciudad Autónoma de Buenos Aires), Autónoma de Buenos Aires), Mauricio Ibarra (Peronismo Federal- San Juan), fue papá por 5ta vez, Beatriz Daher (Peronismo Federal-Salta), acaba de ser abuela, Sergio Pansa (Peronismo Federal- de San Luis), Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), por solo nombrar algunos.
Con justa razón se quejaba la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La ausencia de una veintena de diputados hubiera posibilitado la aprobación de la iniciativa que contempla que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, ley que fuera vetada por la presidenta Cristina de Kirchner en 2008.
A continuación los ausentes:
ABDALA de MATARAZZO, Norma (Frente Cívico -Santiago)
ACOSTA, María Julia Frente para la Victoria (PJ-Catamarca)
AGUIRRE de SORIA, Hilda (Frente para la Victoria - La Rioja)
ALBRIEU, Oscar (Frente para la Victoria - Rio Negro)
ALFARO, German (Frente para la Victoria-Tucumán)
ALIZEGUI, Antonio (Frente para la Victoria - Entre Ríos)
ALONSO, Laura (PRO- Cdad. Aut. Bs. As)
ALVAREZ, Juan José (Peronista-Buenos Aires)
ALVARO, Héctor (De la Concertación- Mendoza)
ARETA, María Josefa (Frente de Todos- Corrientes)
ARGÜELLO, Octavio (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
ASEF, Daniel (Peronista Córdoba Ciudadana- Córdoba)
BARRANDEGUY, Raúl (Frente para la Victoria - Entre Ríos)
BEDANO, Nora (Frente para la Victoria - Córdoba)
BELOUS, Nélida (Proyecto Progresista- Tierra del Fuego)
BENEDETTI, Atilio (Union Cívica Radical- Entre Ríos)
BERNAL, María (Frente para la Victoria - Jujuy)
BERTONE, Rosana (Frente para la Victoria- Tierra del Fuego)
BIDEGAIN, Gloria (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
BLANCO de PERALTA,(Blanca Frente para la Victoria -Santa Cruz)
BRILLO, José (Movimiento Popular Neuquino- Neuquén)
BRUE, Daniel (Frente Cívico- Santiago del Estero)
BULLRICH, Esteban (con Licencia) (PRO- Cdad. Aut. Bs. As)
CALCHAQUI, Mariel (Frente para la Victoria - Tierra del Fuego)
CARLOTTO, Remo (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
CASELLES, Graciela (Partido Bloquista- San Juan)
CEJAS, Jorge (Frente para la Victoria - Rio Negro)
CHIENO, Maria Elena (Frente para la Victoria - Corrientes)
CHIQUICHANO, Rosa (Frente para la Victoria - Chubut)
CIGOGNA, Luis (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
COMELLI, Alicia (Movimiento Popular Neuquino- Neuquén)
CONTI, Diana (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
CORDOBA, Stella (Frente para la Victoria - Tucumán)
DAHER, Zulema (Peronismo Federal-Salta)
DAMILANO GRIVARELLO, Viviana (Frente para la Victoria - Chaco)
DATO, Alfredo (Frente para la Victoria - Tucumán)
de la ROSA, Maria (Frente para la Victoria - Formosa)
di TULLIO, Juliana (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
DIAZ BANCALARI, José (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
DIAZ ROIG, Juan Carlos (Frente para la Victoria - Formosa)
DIAZ, Susana (Frente para la Victoria - Tucumán)
FADEL, Patricia (Frente para la Victoria - Mendoza)
FELIX, Omar (Frente para la Victoria - Mendoza)
FERNANDEZ BASUALDO, Luis (Frente para la Victoria - Formosa)
FERRA de BARTOL, Margarita (Frente para la Victoria - San Juan)
FIOL, Paulina (Frente para la Victoria - Santa Fe)
GALLARDO, Miriam (Frente para la Victoria - Tucumán)
GARCIA, María (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
GARDELLA, Patricia (Corriente de Pensamiento Federal- Buenos Aires)
GIANNETTASIO, Graciela (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
GIL LAVEDRA, Ricardo (Union Cívica Radical- Cdad. Aut. Bs. As)
GIOJA, Juan Carlos (Frente para la Victoria - San Juan)
GODOY, Ruperto (Frente para la Victoria - San Juan)
GONZALEZ, Juan (Frente para la Victoria - Mendoza)
GONZALEZ, Nancy (Frente para la Victoria - Chubut)
GRANADOS, Dulce (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
GRIBAUDO, Christian (PRO- Buenos Aires)
GULLO, Juan Dante (Frente para la Victoria - Cdad. Aut. Bs. As)
GUZMAN, Olga (Movimiento Popular Neuquino-Neuquén)
HELLER, Carlos (Nuevo Encuentro Popular y Solidario -Cdad. Aut. Bs. As)
HERRERA, José (Frente Cívico - Santiago del Estero)
HOTTON, Cynthia (Liliana Valores para mi País- Cdad. Aut. Bs. As)
IBARRA, Mauricio (Peronismo Federal- San Juan)
IRRAZABAL, Juan Manuel (Frente para la Victoria - Misiones)
KENNY, Eduardo (Union Cívica Radical- La Pampa)
KIRCHNER, Néstor (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
KORENFELD, Beatriz (Frente para la Victoria - Santa Cruz)
KUNKEL, Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LANDAU, Jorge (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LEDESMA, Julio (Corriente de Pensamiento Federal- Buenos Aires)
LEGUIZAMON, María Laura (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LEVERBERG, Stella Maris (Frente para la Victoria - Misiones)
LLANOS, Ermindo (Frente para la Victoria - Jujuy)
LLERA, Timoteo (Frente para la Victoria - Misiones)
LOPEZ, Rafael (Frente para la Victoria - Formosa)
LORGES, Juan Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
LUNA de MARCOS, Ana Zulema (Frente Cívico - Santiago del Estero)
MARCONATO, Gustavo Angel (Frente para la Victoria - Santa Fe)
MARTIARENA, Mario (Peronismo Jujeño - Jujuy)
MENDOZA, Sandra (Frente para la Victoria - Chaco)
MERA, Dalmacio (Frente para la Victoria - Catamarca)
MILMAN, Gerardo (GEN- Buenos Aires)
MOLAS, Pedro (Union Cívica Radical- Catamarca)
MONTOYA, Jorge (Peronista- Córdoba)
MORANTE, Antonio (Frente para la Victoria - Chaco)
MOREJON, Manuel (Peronista- Chubut)
MORENO, Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
NEBREDA, Carmen (Frente para la Victoria - Córdoba)
OLIVA, Cristian (Frente Cívico - Santiago del Estero)
PAIS, Juan (Frente para la Victoria - Chubut)
PANSA, Sergio (Peronismo Federal- San Luis)
PAREDES URQUIZA, Alberto (Frente para la Victoria - La Rioja)
PAROLI, Raúl (Frente Cívico y Social - Catamarca)
PASINI, Ariel (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
PASTORIZA, Mirta (Frente Cívico - Santiago del Estero)
PEREYRA, Guillermo (Frente para la Victoria - Mendoza)
PEREZ, Jorge (Frente Cívico - Santiago del Estero)
PERIE, Hugo (Frente para la Victoria - Corrientes)
PERIE, Julia (Frente para la Victoria - Misiones)
PILATTI VERGARA, María (Frente para la Victoria - Chaco)
PINTO, Sergio (Union Cívica Radical- Mendoza)
PLAINI, Francisco (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
PRIETO, Hugo (De la Concertación - Neuquén)
PUIGGROS, Adriana (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
QUINTERO, Marta (Frente para la Victoria - La Rioja)
RECALDE, Héctor (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
REGAZZOLI, María (Partido Justicialista -La Pampa)
RISKO, Silvia (Frente para la Victoria - Misiones)
RIVAS, Jorge (Encuentro Popular y Solidario - Buenos Aires)
ROBLEDO, Roberto (Partido Justicialista - La Pampa)
RODRIGUEZ, Evaristo (Frente para la Victoria - Santa Cruz)
ROSSI, Agustín (Frente para la Victoria - Santa Fe)
ROSSI, Alejandro (Frente para la Victoria - Santa Fe)
RUIZ, Ramón (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
SALIM, Juan (Frente para la Victoria - Tucumán)
SCIUTTO, Rubén (Frente para la Victoria - Tierra del Fuego)
SEGARRA, Adela (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
SLUGA, Juan Carlos (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
TOMAS, Daniel (Frente para la Victoria - San Juan)
TORFE, Mónica (Renovador de Salta -Salta)
VARGAS AIGNASSE, Gerónimo (Frente para la Victoria - Tucumán)
VAZQUEZ, Silvia (Partido de la Concertación / FORJA - Buenos Aires)
VEAUTE, Mariana (Union Cívica Radical- Catamarca)
VILARIÑO, José (Frente para la Victoria - Salta)
WAYAR, Walter (Frente Peronista Federal -Salta)
WEST, Mariano (Frente para la Victoria - Buenos Aires)
YARADE, Fernando (Frente para la Victoria - Salta)
YOMA, Jorge Raul (Frente para la Victoria - La Rioja)
ZIEGLER, Alex (Frente para la Victoria - Misiones)
Diez claves de la ley de glaciares
Diez claves para entender la polémica por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Horas antes del tratamiento en Diputados, el kirchnerismo ratificó que no apoyará el acuerdo entre la oposición y el senador oficialista Daniel Filmus; Pro adelantó a lanacion.com que dará quórum pero que votará en contra; pese a la negativa, la oposición confía en aprobar la iniciativa
Terminó el receso legislativo en Diputados y el debate por los glaciares se volvió a encender. Acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción y una fuerte tensión se vivió en la Cámara baja antes de que la oposición impusiera su mayoría para aprobar en general el proyecto acordado por el diputado Miguel Bonasso y el senador kirchnerista Daniel Filmus. Se espera la misma tensión para la sesión de esta tarde, en el debate artículo por artículo. Las contradicciones del oficialismo, la negativa de Pro y las denuncias de la oposición son algunos de los temas claves para entender la discusión.
1. Diferencias dentro del kirchnerismo. Pese a que el oficialista Filmus, principal defensor de la preservación de los glaciares en el Senado, acordó con la oposición en Diputados un proyecto en común, el kirchnerismo no acompañó su decisión. Tras pedir 15 días de prórroga para estudiar el tema, el oficialismo votó en contra del acuerdo que selló un legislador de su misma fuerza en la última sesión. En diálogo con lanacion.com, el diputado Daniel Tomas ratificó la negativa del Frente para la Victoria en la votación de esta tarde. "No vamos a apoyar lo acordado porque el concepto de área periglaciar no es válido. Se va al extremo de prohibir toda la actividad industrial en nuestra zona", afirmó. El oficialismo intentará introducir modificaciones en la iniciativa.
2. Pro, en contra. Si bien el bloque macrista apoyó el acuerdo en la votación en general, su postura es negativa con respecto a los artículos polémicos que prohíben la actividad industrial en la zona periglaciar. "Vamos a votar en contra", aseguró a lanacion.com el jefe de esa fuerza en Diputados, Federico Pinedo. "Esos lugares de agua congelada que menciona el proyecto como zona periglaciar es la totalidad de la cordillera. Si van a prohibir cualquier industria, obviamente no lo vamos a apoyar", explicó.
3. Cuentas. "No les dan los números", dijeron fuentes oficialistas a este medio, entusiasmados por la negativa de Pro a los artículos más polémicos. Del otro lado, aseguran que juntan los votos para aprobar la iniciativa: el Acuerdo Cívico, el Peronismo Federal y los bloques de centroizquierda la apoyan.
4. La minería, eje del debate. La discusión por la preservación de los glaciares pone en agenda la discusión sobre la minería a cielo abierto. La negativa del kirchnerismo en la Cámara baja está vinculada, entre otras disidencias, a ese tema. "La sanción de este acuerdo perjudica el desarrollo de proyectos mineros, porque la mayoría de las minas funcionan con suelo congelado en invierno", dijo Tomas. La oposición, en cambio, se manifestó en contra de cualquier tipo de actividad industrial en la zona periglaciar. "Sostenemos la prohibición de las actividades que generen impacto sobre los glaciares", dijo la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) a lanacion.com.
5. Artículos polémicos. Existen diversos temas que despiertan polémica en torno a la protección de los glaciares. El artículo 2, ya aprobado en particular por la oposición (sin el apoyo del kirchnerismo ni de Pro), es determinante para los intereses de ambas partes. En ese apartado se define el concepto de glaciar y de área periglaciar. Como el oficialismo ya no puede modificarlo, apuntará al artículo 6, que prohíbe la exploración y explotación minera en el área periglaciar definida en el artículo 2. El kirchnerismo considera excesiva la zona delimitada por el proyecto conjunto y planteará que los apartados polémicos sean reemplazados por los del proyecto aprobado en el Senado, iniciativa que rechaza la oposición. El debate continuará con el artículo 15, en el que se discuten las disposiciones transitorias para las minas en funcionamiento. La oposición propone que la auditoría ambiental que determina si una mina contamina sea realizada 180 días después de la sanción de la ley. El kirchnerismo, en cambio, pedirá que el estudio sea ejecutado en el mismo plazo, pero luego de la culminación del inventario que desarrolle cada jurisdicción, en plazos que no son determinados dentro del proyecto.
6. El veto. Tras obtener un apoyo unánime en el Congreso, la ley de glaciares fue vetada en 2008 por Cristina Kirchner. En los fundamentos expuestos por el Ejecutivo, se cuestiona que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades" y se considera "excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las áreas que bordean los glaciares". Además, el Gobierno admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
7. El acuerdo. Luego del veto, la Presidenta impulsó la presentación de un nuevo proyecto en el Senado, a través de Filmus. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta. Pero en Diputados no contó con el mismo apoyo. La oposición introdujo considerables cambios en el proyecto original, lo que motivó un fuerte debate entre el diputado Bonasso y Filmus. Finalmente, los legisladores limaron las diferencias y acordaron un proyecto conjunto que, curiosamente, no fue votado por el FPV.
8. La foto. El encuentro que mantuvo en Canadá Cristina Kirchner con el CEO de Barrick Gold, Peter Munk, despertó la ira opositora. Durante el almuerzo de negocios organizado para promover las inversiones mineras en el país, la mandataria recibió los elogios del empresario por "mantener las reglas de juego" para los capitales del sector. "Las reglas no cambiarán y eso es muy importante para una inversión de largo plazo", asintió ella.
9. Las acusaciones. Desde el veto de la Presidenta, la oposición vinculó la decisión presidencial con los intereses de las empresas mineras. Los diputados Bonasso y Reyes presentaron una denuncia ante la Justicia en la que se acusa a funcionarios kirchneristas por incompatibilidades entre la función pública y el vínculo que supuestamente mantienen como empresarios con empresas mineras. La relación del Gobierno con Barrick Gold es el principal argumento que esboza la oposición para explicar el rechazo oficial de aprobar al proyecto que había sido aprobado por unanimidad. Los apuntados fueron el senador kirchnerista César Gioja y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Mayoral, que tienen vínculos con Barrick", acusó Bonasso ante lanacion.com.
10. La última sesión. Cuando el acuerdo parecía sellado, el oficialismo sorprendió en el recinto con un pedido de prórroga por 15 días para estudiar el tema. El arco opositor se negó y le torció el brazo: el kirchnerismo votó en contra, pero el proyecto fue aprobado en general. En plena discusión artículo por artículo, la oposición se quedó sin quórum y postergó su aprobación hasta que se reanude la actividad legislativa, la semana próxima.
Fecha de Publicación: 04/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Horas antes del tratamiento en Diputados, el kirchnerismo ratificó que no apoyará el acuerdo entre la oposición y el senador oficialista Daniel Filmus; Pro adelantó a lanacion.com que dará quórum pero que votará en contra; pese a la negativa, la oposición confía en aprobar la iniciativa
Terminó el receso legislativo en Diputados y el debate por los glaciares se volvió a encender. Acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción y una fuerte tensión se vivió en la Cámara baja antes de que la oposición impusiera su mayoría para aprobar en general el proyecto acordado por el diputado Miguel Bonasso y el senador kirchnerista Daniel Filmus. Se espera la misma tensión para la sesión de esta tarde, en el debate artículo por artículo. Las contradicciones del oficialismo, la negativa de Pro y las denuncias de la oposición son algunos de los temas claves para entender la discusión.
1. Diferencias dentro del kirchnerismo. Pese a que el oficialista Filmus, principal defensor de la preservación de los glaciares en el Senado, acordó con la oposición en Diputados un proyecto en común, el kirchnerismo no acompañó su decisión. Tras pedir 15 días de prórroga para estudiar el tema, el oficialismo votó en contra del acuerdo que selló un legislador de su misma fuerza en la última sesión. En diálogo con lanacion.com, el diputado Daniel Tomas ratificó la negativa del Frente para la Victoria en la votación de esta tarde. "No vamos a apoyar lo acordado porque el concepto de área periglaciar no es válido. Se va al extremo de prohibir toda la actividad industrial en nuestra zona", afirmó. El oficialismo intentará introducir modificaciones en la iniciativa.
2. Pro, en contra. Si bien el bloque macrista apoyó el acuerdo en la votación en general, su postura es negativa con respecto a los artículos polémicos que prohíben la actividad industrial en la zona periglaciar. "Vamos a votar en contra", aseguró a lanacion.com el jefe de esa fuerza en Diputados, Federico Pinedo. "Esos lugares de agua congelada que menciona el proyecto como zona periglaciar es la totalidad de la cordillera. Si van a prohibir cualquier industria, obviamente no lo vamos a apoyar", explicó.
3. Cuentas. "No les dan los números", dijeron fuentes oficialistas a este medio, entusiasmados por la negativa de Pro a los artículos más polémicos. Del otro lado, aseguran que juntan los votos para aprobar la iniciativa: el Acuerdo Cívico, el Peronismo Federal y los bloques de centroizquierda la apoyan.
4. La minería, eje del debate. La discusión por la preservación de los glaciares pone en agenda la discusión sobre la minería a cielo abierto. La negativa del kirchnerismo en la Cámara baja está vinculada, entre otras disidencias, a ese tema. "La sanción de este acuerdo perjudica el desarrollo de proyectos mineros, porque la mayoría de las minas funcionan con suelo congelado en invierno", dijo Tomas. La oposición, en cambio, se manifestó en contra de cualquier tipo de actividad industrial en la zona periglaciar. "Sostenemos la prohibición de las actividades que generen impacto sobre los glaciares", dijo la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) a lanacion.com.
5. Artículos polémicos. Existen diversos temas que despiertan polémica en torno a la protección de los glaciares. El artículo 2, ya aprobado en particular por la oposición (sin el apoyo del kirchnerismo ni de Pro), es determinante para los intereses de ambas partes. En ese apartado se define el concepto de glaciar y de área periglaciar. Como el oficialismo ya no puede modificarlo, apuntará al artículo 6, que prohíbe la exploración y explotación minera en el área periglaciar definida en el artículo 2. El kirchnerismo considera excesiva la zona delimitada por el proyecto conjunto y planteará que los apartados polémicos sean reemplazados por los del proyecto aprobado en el Senado, iniciativa que rechaza la oposición. El debate continuará con el artículo 15, en el que se discuten las disposiciones transitorias para las minas en funcionamiento. La oposición propone que la auditoría ambiental que determina si una mina contamina sea realizada 180 días después de la sanción de la ley. El kirchnerismo, en cambio, pedirá que el estudio sea ejecutado en el mismo plazo, pero luego de la culminación del inventario que desarrolle cada jurisdicción, en plazos que no son determinados dentro del proyecto.
6. El veto. Tras obtener un apoyo unánime en el Congreso, la ley de glaciares fue vetada en 2008 por Cristina Kirchner. En los fundamentos expuestos por el Ejecutivo, se cuestiona que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades" y se considera "excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las áreas que bordean los glaciares". Además, el Gobierno admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
7. El acuerdo. Luego del veto, la Presidenta impulsó la presentación de un nuevo proyecto en el Senado, a través de Filmus. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta. Pero en Diputados no contó con el mismo apoyo. La oposición introdujo considerables cambios en el proyecto original, lo que motivó un fuerte debate entre el diputado Bonasso y Filmus. Finalmente, los legisladores limaron las diferencias y acordaron un proyecto conjunto que, curiosamente, no fue votado por el FPV.
8. La foto. El encuentro que mantuvo en Canadá Cristina Kirchner con el CEO de Barrick Gold, Peter Munk, despertó la ira opositora. Durante el almuerzo de negocios organizado para promover las inversiones mineras en el país, la mandataria recibió los elogios del empresario por "mantener las reglas de juego" para los capitales del sector. "Las reglas no cambiarán y eso es muy importante para una inversión de largo plazo", asintió ella.
9. Las acusaciones. Desde el veto de la Presidenta, la oposición vinculó la decisión presidencial con los intereses de las empresas mineras. Los diputados Bonasso y Reyes presentaron una denuncia ante la Justicia en la que se acusa a funcionarios kirchneristas por incompatibilidades entre la función pública y el vínculo que supuestamente mantienen como empresarios con empresas mineras. La relación del Gobierno con Barrick Gold es el principal argumento que esboza la oposición para explicar el rechazo oficial de aprobar al proyecto que había sido aprobado por unanimidad. Los apuntados fueron el senador kirchnerista César Gioja y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. "Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Mayoral, que tienen vínculos con Barrick", acusó Bonasso ante lanacion.com.
10. La última sesión. Cuando el acuerdo parecía sellado, el oficialismo sorprendió en el recinto con un pedido de prórroga por 15 días para estudiar el tema. El arco opositor se negó y le torció el brazo: el kirchnerismo votó en contra, pero el proyecto fue aprobado en general. En plena discusión artículo por artículo, la oposición se quedó sin quórum y postergó su aprobación hasta que se reanude la actividad legislativa, la semana próxima.
Glaciares: provincias mineras apuran sus leyes
Provincias mineras apuran sus leyes de protección ambiental
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El gobierno envió ayer a la legislatura el proyecto local de protección de glaciares.
Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción a la Ley de Protección de Glaciares, que de ser confirmada por el Senado implicará fuertes restricciones a la minería, las provincias en las que esta actividad es una parte importante de su desarrollo productivo, están apurando normativas propias sobre el tema, para reafirmar su potestad en materia ambiental.
Recientemente, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, consiguió el respaldo de los legisladores provinciales, que aprobaron una normativa propia, como habían hecho La Rioja y Jujuy.
En este marco, el Ejecutivo catamarqueño remitió ayer el proyecto de protección de glaciares a la Legislatura, con el objetivo de que tenga un rápido tratamiento.
La acción, que se está replicando en las provincias cordilleranas, responde a un acuerdo rubricado por los mandatarios días atrás, ante la preocupación que existe por los posibles efectos de la normativa que se está analizando en el Congreso.
En la votación de la Cámara baja nacional, los cinco diputados catamarqueños del FCS y el kirchnerismo votaron en contra de la propuesta que impulsó el arco opositor, y que prevé la prohibición de actividad minera en la zona de los glaciares y periglaciares.
Según graficó la diputada Mariana Veaute, la normativa con media sanción "perjudica mucho a Catamarca", en referencia a las restricciones que prevé.
También Dalmacio Mera (FV), cuestionó la ley, a la que calificó como un "ataque al federalismo".
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El gobierno envió ayer a la legislatura el proyecto local de protección de glaciares.
Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción a la Ley de Protección de Glaciares, que de ser confirmada por el Senado implicará fuertes restricciones a la minería, las provincias en las que esta actividad es una parte importante de su desarrollo productivo, están apurando normativas propias sobre el tema, para reafirmar su potestad en materia ambiental.
Recientemente, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, consiguió el respaldo de los legisladores provinciales, que aprobaron una normativa propia, como habían hecho La Rioja y Jujuy.
En este marco, el Ejecutivo catamarqueño remitió ayer el proyecto de protección de glaciares a la Legislatura, con el objetivo de que tenga un rápido tratamiento.
La acción, que se está replicando en las provincias cordilleranas, responde a un acuerdo rubricado por los mandatarios días atrás, ante la preocupación que existe por los posibles efectos de la normativa que se está analizando en el Congreso.
En la votación de la Cámara baja nacional, los cinco diputados catamarqueños del FCS y el kirchnerismo votaron en contra de la propuesta que impulsó el arco opositor, y que prevé la prohibición de actividad minera en la zona de los glaciares y periglaciares.
Según graficó la diputada Mariana Veaute, la normativa con media sanción "perjudica mucho a Catamarca", en referencia a las restricciones que prevé.
También Dalmacio Mera (FV), cuestionó la ley, a la que calificó como un "ataque al federalismo".
Califican de discriminatoria a la ley de glaciares
Califican de discriminatoria a la ley de glaciares aprobada
Fecha de Publicación: 19/07/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Para las mineras, el proyecto sancionado en Diputados tiene términos confusos y prohíbe la actividad en amplias zonas del país.
Empresas mineras agrupadas en Gemera cuestionaron el proyecto de ley de glaciares aprobado en general en la Cámara de Diputados, al calificarlo de "discriminatorio" y dijeron que busca "prohibir la minería en amplias zonas del territorio argentino, incluso, avanzando sobre áreas con fuerte actividad petrolera".
"La ley sobre protección de los glaciares que tiene media sanción legislativa presenta una serie de términos confusos donde no se define bien el término glaciar ni siquiera el término periglaciar", apuntó Gemera.
A través de un comunicado firmado el presidente, vice y secretario de la entidad, Julio Ríos Gómez, Mario Hernández y Facundo Huidobro, Gemera expresó en que "se debe insistir en aclarar que la reserva de agua dulce más importante está constituida por los acuíferos subterráneos coincidentes con áreas planas, donde en general no se realiza actividad minera".
"Entendemos que el marco legal vigente protege los recursos naturales, en especial el agua y que las provincias dueñas de tales recursos los administran de manera responsable y sustentable", señalaron las empresas.
Además, indicaron que "un ejemplo de ello son las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto minero con el suficiente detalle y rigurosidad científica dando participación a entidades provinciales y nacionales como el Instituto Nacional del Agua (INA)".
Este sector empresarial aclaró que "en los ciclos climáticos de humedad-aridez y calidez-glaciación que ha sufrido el planeta desde el inicio de su existencia hace variar el tamaño y espesor de los glaciares".
También, recalcaron que "los emprendimientos mineros ubicados en áreas cercanas o lejanas a glaciares poseen sus políticas de reducción de consumo de agua fresca (agua obtenida de ríos o acuíferos) y que el caudal procesado en su metalurgia corresponde a caudales recirculados en su mayoría (70% a 95%), y el resto es agua fresca".
"Esto ha llevado a la confusión del uso del agua por lo que se considera que el 100% del agua usada diariamente en los procesos metalúrgicos sea fresca, nada más alejado de la realidad por la recirculación de la misma", añadieron.
Y, remarcaron que "sólo se agrega agua fresca para compensar las pérdidas por evaporación y el resto es usada para campamentos en consumos de hotelería o uso humano".
El grupo de empresas Gemera manifestó que en "la ley con media sanción figuran como actividades prohibidas de realizar la exploración y explotación petrolera y minera en el ámbito que pretende proteger esa norma, lo cual es claramente discriminatorio ya que excluye dichas actividades "per sé", sin considerar la posibilidad de que las mismas pueden ser realizadas, como de hecho ocurre, de manera sustentable".
Por otra parte, señalaron que "técnicamente en la actualidad no existe explotación petrolera posible en zonas de glaciares en Argentina" por lo que consideraron que "la norma aprobada está claramente destinada a prohibir la minería en zonas donde la naturaleza ha concentrado los metales en forma económicamente explotable".
Al respecto, sostuvo que "el uso del término periglaciar (usado en forma ambigua) puede afectar seriamente a la actividad petrolera, ya que en muchos casos los yacimientos actualmente en producción en el sur del país y zonas a explorar, cumplen con la condición que se pueden encuadrar como áreas congeladas en algún momento del año".
El jueves, el proyecto de ley de protección de glaciares sólo fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y hasta el artículo 5 de los 17 que cuenta la propuesta.
La iniciativa -que resultó de una negociación entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus (aunque luego el oficialismo pidió un tiempo para analizar el referido consenso)- fue aprobada en general por 129 votos afirmativos contra 86 del oficialismo.
Fecha de Publicación: 19/07/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Para las mineras, el proyecto sancionado en Diputados tiene términos confusos y prohíbe la actividad en amplias zonas del país.
Empresas mineras agrupadas en Gemera cuestionaron el proyecto de ley de glaciares aprobado en general en la Cámara de Diputados, al calificarlo de "discriminatorio" y dijeron que busca "prohibir la minería en amplias zonas del territorio argentino, incluso, avanzando sobre áreas con fuerte actividad petrolera".
"La ley sobre protección de los glaciares que tiene media sanción legislativa presenta una serie de términos confusos donde no se define bien el término glaciar ni siquiera el término periglaciar", apuntó Gemera.
A través de un comunicado firmado el presidente, vice y secretario de la entidad, Julio Ríos Gómez, Mario Hernández y Facundo Huidobro, Gemera expresó en que "se debe insistir en aclarar que la reserva de agua dulce más importante está constituida por los acuíferos subterráneos coincidentes con áreas planas, donde en general no se realiza actividad minera".
"Entendemos que el marco legal vigente protege los recursos naturales, en especial el agua y que las provincias dueñas de tales recursos los administran de manera responsable y sustentable", señalaron las empresas.
Además, indicaron que "un ejemplo de ello son las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto minero con el suficiente detalle y rigurosidad científica dando participación a entidades provinciales y nacionales como el Instituto Nacional del Agua (INA)".
Este sector empresarial aclaró que "en los ciclos climáticos de humedad-aridez y calidez-glaciación que ha sufrido el planeta desde el inicio de su existencia hace variar el tamaño y espesor de los glaciares".
También, recalcaron que "los emprendimientos mineros ubicados en áreas cercanas o lejanas a glaciares poseen sus políticas de reducción de consumo de agua fresca (agua obtenida de ríos o acuíferos) y que el caudal procesado en su metalurgia corresponde a caudales recirculados en su mayoría (70% a 95%), y el resto es agua fresca".
"Esto ha llevado a la confusión del uso del agua por lo que se considera que el 100% del agua usada diariamente en los procesos metalúrgicos sea fresca, nada más alejado de la realidad por la recirculación de la misma", añadieron.
Y, remarcaron que "sólo se agrega agua fresca para compensar las pérdidas por evaporación y el resto es usada para campamentos en consumos de hotelería o uso humano".
El grupo de empresas Gemera manifestó que en "la ley con media sanción figuran como actividades prohibidas de realizar la exploración y explotación petrolera y minera en el ámbito que pretende proteger esa norma, lo cual es claramente discriminatorio ya que excluye dichas actividades "per sé", sin considerar la posibilidad de que las mismas pueden ser realizadas, como de hecho ocurre, de manera sustentable".
Por otra parte, señalaron que "técnicamente en la actualidad no existe explotación petrolera posible en zonas de glaciares en Argentina" por lo que consideraron que "la norma aprobada está claramente destinada a prohibir la minería en zonas donde la naturaleza ha concentrado los metales en forma económicamente explotable".
Al respecto, sostuvo que "el uso del término periglaciar (usado en forma ambigua) puede afectar seriamente a la actividad petrolera, ya que en muchos casos los yacimientos actualmente en producción en el sur del país y zonas a explorar, cumplen con la condición que se pueden encuadrar como áreas congeladas en algún momento del año".
El jueves, el proyecto de ley de protección de glaciares sólo fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y hasta el artículo 5 de los 17 que cuenta la propuesta.
La iniciativa -que resultó de una negociación entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus (aunque luego el oficialismo pidió un tiempo para analizar el referido consenso)- fue aprobada en general por 129 votos afirmativos contra 86 del oficialismo.
Los diez desafíos ambientales de Argentina
Los diez desafíos medioambientales de Argentina
Fecha de Publicación: 17/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas y las organizaciones sociales señalan la necesidad de actuar cuanto antes en temas como minería, depredación ictícola, deforestación, energías renovables, residuos domiciliarios y la contaminación del Riachuelo, entre otros
Uso racional de los recursos naturales, planeamiento territorial, protección de especies nativas, saneamiento de cursos de agua y aprovechamiento y reutilización de los desechos son algunos de los desafíos ambientales que afronta la Argentina. LA NACION halló diez temas en pleno debate en el seno de la sociedad argentina. Cada uno plantea un conflicto, pero también una posible solución.
Sociólogos, científicos, abogados, vecinos, autoridades gubernamentales, fueron consultados para poder tener un abanico de opiniones y sensaciones respecto de la relación del hombre y la naturaleza en el país.
Estos son los 10 desafíos ambientales que se plantearon:
Biodiversidad
Según las metas planteadas en la Convención de Diversidad Biológica, firmadas en 1992 por el gobierno argentino y ratificadas en 1994 por el Congreso Nacional mediante la ley 24.375, nuestro país debía alcanzar a proteger al menos un 10% de cada región natural terrestre para 2010 y marina para 2012, y asegurar que la mayor parte de esas áreas protegidas se encuentren bien implementadas (con guardaparques, presupuesto, plan de manejo, por ejemplo) para que cumplan efectivamente con su función.
Sin embargo, actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegido. A la vez, sólo un 20% de estas áreas protegidas tiene un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos.
Entre las especies en riesgo en el país se encuentran, entre otros, el cóndor andino, el oso hormiguero, el ocelote, el yaguareté, el ciervo de los pantanos, mientras que respecto de la flora podemos mencionar el alerce y la araucaria.
Precisamente este año fue declarado por la ONU como el de la Biodiversidad. Incluso, el último informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sostiene que la preservación de los ecosistemas es tanto o más importante que la lucha contra el cambio climático. "La conservación de la diversidad biológica supone una contribución decisiva a la moderación de la escala del cambio climático y a la reducción de sus impactos negativos, haciendo que los ecosistemas, y por lo tanto las sociedades humanas, tengan una mayor capacidad de recuperación. Es esencial que los retos relacionados con la diversidad biológica y el cambio climático sean abordados de manera coordinada y se les dé igual prioridad", dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.
Minería
La minería es una actividad que genera resistencia en algunas zonas de la Argentina. Catamarca es una región ancestral a la que la megaminería llegó para quedarse. Es una provincia minera que alberga, desde hace más de 10 años, a Bajo de La Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. Desde fines de 2009, diversos grupos de ambientalistas de la ciudad de Andalgalá han pasado a la militancia abierta para resistir la presentación de nuevos proyectos extractivos, como el de la Minera Agua Rica, aprobados o en vías de aprobación por parte de las autoridades. El denominador común en casi todos estos enfrentamientos es la falta de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. Estas iniciativas nacieron por la movilización de habitantes de las localidades afectadas, pero luego se sumaron militantes de otras provincias y de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional.
"Este ciclo de movilización social, cuyo blanco principal son las transnacionales mineras, se enmarca en las propias lógicas estatales. Estas abarcan la promoción de la industria extractiva minero-exportadora como política de Estado, el aprovechamiento de sus exiguas regalías y escasos puestos de trabajo temporarios por parte de los gobiernos provinciales, y la debilidad de la institucionalidad ambiental que de manera notoria caracteriza a la Argentina. Aunque el marco jurídico que regula la protección del ambiente es tan exhaustivo como robusto, no opera como guía de las políticas públicas, pero habilita a los afectados en sus reclamos", sostiene Gabriela Delamata, investigadora del Conicet y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales, opinó: "El régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres como ocurre en Catamarca, donde la actividad de la mina La Alumbrera, a pesar de estar en funcionamiento desde mediados de la década pasada y con exportaciones que superan el presupuesto provincial, no ha mejorado ni un ápice".
Según el abogado, "la megaminería es inherentemente contaminante e insostenible. Estamos ante una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar, diferente de la minería tradicional. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de explosivos y sustancias extremadamente tóxicas como el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otras".
En la industria aseguran que cumplen con todas las reglamentaciones que exige el Estado para cada uno de los proyectos y que, antes de iniciar cualquier acción, deben presentar un estudio de impacto ambiental que asegure la sustentabilidad del emprendimiento.
Residuos
La basura domiciliaria es un problema en todo el país. Sin embargo, en las conglomerados urbanos es donde más se padece. Para tener una idea, sólo en la Capital y el conurbano bonaerense se generan diariamente 12.000 toneladas de residuos. Todo ese material luego se transporta a rellenos sanitarios que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. La recuperación y reutilización de gran porcentaje del material que se tira es una de las posibles soluciones. En muchas jurisdicciones existen leyes para disminuir paulatinamente la cantidad de residuos; sin embargo, por ahora no hay resultados visibles. Los cartoneros, que surgieron tras la crisis económica y social de 2001, reciclan apenas un 11% de los residuos que se generan en la ciudad.
Uno de los planes que está funcionando es la recolección de aceite vegetal usado. Un buen ejemplo de prácticas sostenibles -en un emprendimiento público-privado- es el que realizan la empresa Gas Meridional y la ONG Reciduca. "Desarrollamos un circuito de recolección de aceite vegetal usado en el nivel gastronómico en el municipio de San Isidro. La idea era evitar que ese aceite fuera vertido al cauce público, obstruyendo drenajes y contaminando el río; que fuera reingresado al circuito gastronómico por los recolectores informales, y además que con el mismo se lograra la sustentabilidad a corto plazo. Hace más de un año iniciamos la implementación del programa, realizando la recolección, con un vehículo y personal propio, tímidamente en 20 comercios. Hoy, hay 90 comercios adheridos, un promedio mensual de 3300 litros y un total de 30.000 litros de aceite recolectados en el primer año", explicó Matías Meszaros, responsable de RSE de Gas Meridional.
Este aporte se sumó al plan bonaerense denominado Plan Bio, que persigue el cuidado del ambiente y el desarrollo de energías alternativas. Según cifras oficiales, se han recolectado más de 240.000 litros de aceite vegetal usado para ser convertido en biocombustible. El programa funciona en alrededor de 60 municipios de la provincia y con él se beneficia a más de 200 instituciones sociales. Hay más de 300 restaurantes, clubes y corredores gastronómicos adheridos al plan. La producción de biodiésel a partir del aceite de cocina usado tiene un rendimiento establecido que permite generar por cada 1,25 litros de aceite que recolectamos, cerca de 1 litro del biocombustible.
Para más información sobre el plan o consultas para participar o adherir al mismo se pueden visitar la Web www.opds.gba.gov.ar
Agroquímicos
El avance de la frontera agropecuaria generó un debate que sigue abierto: el uso de agroquímicos en las plantaciones cuyo uso podría ser nocivo para la salud de las personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un estudio en el que determinó que más de 2 millones de chicos están expuestos al uso de agroquímicos.
El informe, según Cristina Maiztegui, responsable del Area de Medio Ambiente de la Defensoría, unos 6,5 millones de niños, niñas y adolescentes (el 53% de la población infantil) "viven en departamentos con alta vulnerabilidad social. Al respecto, la peor situación referida a la falta de infraestructura de servicios sanitarios se encuentra principalmente en 193 departamentos ubicados en el norte del país y en otras áreas urbanas". La Defensoría destacó que en el caso de la utilización de agroquímicos, los departamentos mendocinos de Guaymallén y Maipú se encuentran entre los que más efectos nocivos provocan a su población infantil, seguidos por la localidad bonaerense de Florencio Varela y las sanjuaninas Pocito y Rawson.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco opinó al respecto: "Estas tecnologías (que mejoran la productividad de las plantaciones, especialmente de la soja) no son neutrales y son traccionadas por los modelos de producción traídos de afuera con el consentimiento del Estado. Los agroquímicos son venenos y siempre serán venenos contaminantes en tanto y en cuanto se apliquen de este modo. Las empresas tercerizan para saber cuánto de tóxico tienen los productos. El Senasa no puede delegar ese control antes de poner un paquete toxicológico en el mercado".
Entre las regiones no figuran Santa Fe o las regiones bonaerenses con explotaciones sojeras. "A partir del mapa estamos trabajando en la recategorización de los agroquímicos. No pudieron evaluarse ya algunos que son considerados como benévolos (el glifosato es uno de ellos) y no se puede medir el impacto ambiental real que tienen. Hay que poner en tema en la agenda pública", agregó Maiztegui.
Uno de los agroquímicos que más polémica generan es el glifosato, principio activo de herbicida que actúa bloqueando la actividad de una enzima sin la cual los vegetales mueren. Se trata de un producto que lleva más de 30 años de vigencia y se lo utiliza en unos 140 países. "Se lo comenzó a utilizar en 1974, o sea que en el mundo hay una experiencia de más de 35 años de uso", señaló Pablo Grosso en una nota publicada por LA NACION, director de Gestión Tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa a firmas proveedoras de agroquímicos. Según él es el producto fitosanitario (es decir, de protección de los cultivos) más utilizado en el mundo. "Se usan aproximadamente 2000 millones de litros y la Argentina representa el 8,5% de ese total, con 170 millones de litros", añadió.
Energías renovables
La incorporación de las energías renovables a la matriz energética nacional es uno de los desafíos más importantes que tiene la Argentina. La escasez de combustibles fósiles y el bajo nivel de contaminación que generan alientan este desarrollo. La energía solar, la eólica, la geotermia y la biomasa tienen un gran potencial en el territorio. Aunque las energías renovables cuentan con sólo 30 MW instalados principalmente por cooperativas eléctricas entre 1994 y 2002, el futuro es alentador. Hace un par de semanas se adjudicaron 895 megavatios en proyectos de distintos tipos de renovables.
"En esta industria naciente de energías renovables en el país estamos más que contentos. Estos proyectos, en el marco del programa de Energías Renovables del Ministerio de Planificación Federal (Genren) van a dar la diversidad y la descentralización necesarias para que en todo el país haya algún proyecto con generación de energía limpia", explicó Carlo St. James, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Según St. James, la generación de energía de estos proyectos representará el 3 por ciento de la matriz energética. "Para 2016 debería haber instalado un 8 por ciento. Si seguimos en este camino estamos cerca de cumplirlo", sostuvo.
Aunque este valor ha crecido en los últimos años, está muy por debajo de los valores que se manejan en otros países: Estados Unidos con 35.159 MW, Alemania con 25.777 MW, China con 25.104 MW. Actualmente se calcula que a nivel mundial hay instalados 159.213 MW. En Argentina hay 15 parques eólicos operando. Y para tener una idea de la dimensión, Atucha genera unos 250 megavatios de energía, capaz de abastecer a una población de 600.000 habitantes.
Riachuelo
El Riachuelo es el espejo de los problemas ambientales de la Argentina. Intereses económicos, superposición de jurisdicciones, industrias poco sustentables y falta de saneamiento son algunos de los impedimentos para que este río se vea como un río, huela como un río y contenga la calidad de vida y agua de un río desde hace 200 años. A dos años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara a los estados nacional y bonaerense el saneamiento del curso de agua, los avances son escasos y los plazos impuestos por el máximo tribunal para realizar inspecciones, estudios y relocalización de poblaciones, están en su mayoría vencidos. Sin embargo, el protagonismo de la Corte y del juez de ejecución del fallo, Luis Armella, generan una esperanza en los vecinos daminificados.
"Necesitamos enriquecer este endeble Estado de Derecho, con observaciones constructivas hacia el mejor y real cumplimiento de la causa. Una posibilidad es la de entablar debates académicos sobre cómo profundizar o no la judicialización de las cuestiones ambientales y administrativas en la causa Riachuelo. Se tiene que castigar al contaminador, y meterlo preso si no resuelve la contaminación que generó. La impunidad nos juega en contra, y mientras no ataquemos a la corrupción, madre de nuestras mayores desgracias, todo nos resultará imposible", opinó Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, una de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado que debe monitorear el cumplimiento del fallo.
Para Alberti también es fundamental el involucramiento por parte de la comunidad en el plan de saneamiento. "Estamos ante una oportunidad históricamente única, con instituciones y organizaciones de principalísimo nivel ocupándose. No debemos permitirnos como sociedad vivir el tema como una nueva experiencia infructuosa", agregó el vecino.
Pesca
En los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y un 80% de los especímenes adultos. Esto significa que de diez ejemplares hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil. Según un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)basado en los últimos datos públicos disponibles, en 2008, el 61% de los ejemplares de merluza desembarcados en puertos correspondió a juveniles. Eso significa que de los 1,2 millones de toneladas de adultos, pasamos a sólo 200.000, en 20 años. "Los juveniles están sosteniendo los que podrían ser los últimos años del negocio de la merluza", explicó Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de la FVSA. Una de las iniciativas que Vida Silvestre es pedir a la ciudadanía que no consuma merluza que mida menos de 25 cm.
"El sistema pesquero, como todo sistema, tiene una lógica. Dejar crecer los peces, hasta su primera reproducción, antes de retirarlos del agua, debería ser la premisa de cualquier política pesquera sustentable y rentable", agregó Cañete.Para la ONG, pescar juveniles representa un "mal negocio", es un riesgo para la pesca en el corto plazo y una "pérdida de millones de dólares en el presente". Según datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un ejemplar juvenil de merluza puede pesar, en promedio, 145 gramos, mientras que el peso de un adulto comienza en los 315 gramos. Si se pesca merluza sin utilizar dispositivos de selectividad, sólo sobrevive el 48 % al cabo de un año. Pero si se implementan estos recursos para evitar su captura, sobreviviría el 74%, que podrían duplicar su peso en ese mismo plazo.
Aunque el propio Subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, reconoció que "ni la sustentabilidad, ni la seguridad alimentaria serán posibles mientras exista pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", la política adoptada por el gobierno, por ahora, no logra solucionar las amenazas ni garantizar la estabilidad del sector.
"Los indicadores ambientales revelan que la situación empeora cada año, y el cierre de empresas y los despidos de miles de trabajadores lo confirman. Sin embargo, ni las medidas adoptadas para la pesca de merluza en 2010, ni los discursos de la Subsecretaría de Pesca reconocieron, hasta ahora, la gravedad de la situación. Celebramos este cambio de actitud, pero es solo un parte de la transformación necesaria en materia de gestión pesquera", opinó Diego Moreno, director general de la ONG.
Bosques
La Argentina se encuentra en emergencia forestal. Hace tres años el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos que obliga a las provincias a realizar un ordenamiento territorial en el que debe establecer el nivel de protección de sus bosques. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
En ese período se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Sin embargo, la nueva norma frenó a las topadoras.
"Es importante que ya haya provincias que estén avanzando en el ordenamiento del territorio. Algunas han tenido algún ruido por falta de participación ciudadana. Sin embargo, sigue sin instrumentarse el fondo que se creó para la protección. Eso sin mencionar que el monto establecido por ley representaba para este año unos 800 millones de pesos y sólo fueron asignados 300", indicó María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Según Di Paola esta dilación en la implementación ha actuado en detrimento de la moratoria de desmonte en varias provincias. Al tiempo que destacó: "Lo que hay que combatir es el desmonte ilegal, que todavía existe. Es necesario que las autoridades, en conjunto con la ciudadanía trabajen en el monitoreo".
Cuencas hídricas
La contaminación de las cuencas hídricas también son un problema ambiental profundo. Casi con el mismo nivel de polución que la del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires está la del Reconquista. Su cuenca cubre unos 1670 kilómetros cuadrados y su recorrido atraviesa 18 partidos de la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el río Luján.
Según estudios científicos, el Reconquista aporta el 33% de la contaminación industrial y cloacal al estuario del Río de la Plata. De las 12.000 industrias radicadas en su cuenca, se ha estima que unas 700 vierten en sus aguas, de modo clandestino, efluentes con residuos. En esa misma cuenca, altamente contaminada, viven cerca de cuatro millones de personas y una población igualmente numerosa se relaciona o depende económicamente de las actividades que allí se desarrollan.
Al igual que en el Riachuelo, en la cuenca del Reconquista se conformó, en 2001, un comité para planificar las tareas de saneamiento. A casi diez años los resultados brillan por su ausencia.
"La ley sigue estando incumplida. Esta gestión ha divido la cuenca en tres partes pero no ha convocado a nadie a una reunión. Supuestamente se armarían 18 consejos consultivos y, hasta el momento, sólo hay dos", contó Adriana Córdoba, vecina de la zona y representante del Centro Oeste de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales (Coepsa).
"No sabemos qué se va a hacer. No nos convocan para comunicarnos nada", agregó la vecina. Córdoba se refiere al plan oficial que se anunció en la provincia de Buenos Aires para realizar el saneamiento que requeriría unas inversión de unos 200 millones de dólares. Según fuentes oficiales, ese dinero provendría de un préstamo BID que estaría pre aprobado, y el plan comenzaría el año próximo.
Sin embargo, en Coepsa advierten: "En términos de saneamiento el proyecto no menciona una palabra. No explica cómo se va a hacer el control industrial ni si va a haber reconversión de las empresas que existen. Y sólo se destina un 3% a remediación".
Glaciares
El agua es un recurso estratégico para la Argentina. Una de las reservas más importantes con las que cuenta el país son los glaciares. Sin embargo, a dos años de que se vetara la norma que establecía no sólo su protección sino también la realización de un inventario de los gigantes de hielo, no se sancionó una nueva ley. Un prometeder avance es que el jueves pasado la Cámara de Diputados haya dado media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.
Los glaciares en claro retroceso en Argentina son: el Upsala, el Ameghino, el Viedma, en Santa Cruz y el Tronador, en Río Negro, entre otros.
"Las imágenes satelitales muestran claramente la tendencia de retroceso que tienen nuestros glaciares. La causa fundamental es el aumento de las temperaturas, aunque pueden existir otros factores como la reducción de la precipitación entre las causas", explicó Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nieve y Glaciares del Conicet.
En Cuyo los glaciares son fundamentales como reguladores de los recursos hídricos, en la zona norte de la Patagonia son reguladores de caudales de ríos y fuentes de energía y en el Sur, en El Calafate toda la actividad regional gira en torno al recurso. "La función reguladora los convierte en una reserva hidrológica fundamental. Me encantaría responder cuántos glaciares hay en la Argentina, pero lamentablemente los inventarios que existen no están actualizados. Un ejemplo: sólo una cuenca en Mendoza cuenta con 900 glaciares", indicó Villalba.
"Dada la importancia que tienen los glaciares cuesta creer que no dispongamos de una ley de protección de glaciares que permitirá, que además de la protección per se se pueda realizar el inventario", agregó. El científico cree que el error es pensar en una norma de protección como una ley para limitar un tipo de producción. "No se trata de una ley antiminera", dijo.
El cambio climático es un fenómeno global que altera las temperaturas promedios del planeta generando no sólo menos diferencias entre las estaciones del año sino también fenómenos extremos más frecuentes. Según algunos expertos, el fenómeno es consecuencia de la actividad humana, que provoca gases de efecto invernadero que no dejan salir el calor del planeta. El compromiso mundial que se firmó en el Protocolo de Kyoto que establecía la reducción de, al menos, un 5 por ciento de esos gases para 2012, meta que no será alcanzada.
Fecha de Publicación: 17/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas y las organizaciones sociales señalan la necesidad de actuar cuanto antes en temas como minería, depredación ictícola, deforestación, energías renovables, residuos domiciliarios y la contaminación del Riachuelo, entre otros
Uso racional de los recursos naturales, planeamiento territorial, protección de especies nativas, saneamiento de cursos de agua y aprovechamiento y reutilización de los desechos son algunos de los desafíos ambientales que afronta la Argentina. LA NACION halló diez temas en pleno debate en el seno de la sociedad argentina. Cada uno plantea un conflicto, pero también una posible solución.
Sociólogos, científicos, abogados, vecinos, autoridades gubernamentales, fueron consultados para poder tener un abanico de opiniones y sensaciones respecto de la relación del hombre y la naturaleza en el país.
Estos son los 10 desafíos ambientales que se plantearon:
Biodiversidad
Según las metas planteadas en la Convención de Diversidad Biológica, firmadas en 1992 por el gobierno argentino y ratificadas en 1994 por el Congreso Nacional mediante la ley 24.375, nuestro país debía alcanzar a proteger al menos un 10% de cada región natural terrestre para 2010 y marina para 2012, y asegurar que la mayor parte de esas áreas protegidas se encuentren bien implementadas (con guardaparques, presupuesto, plan de manejo, por ejemplo) para que cumplan efectivamente con su función.
Sin embargo, actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegido. A la vez, sólo un 20% de estas áreas protegidas tiene un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos.
Entre las especies en riesgo en el país se encuentran, entre otros, el cóndor andino, el oso hormiguero, el ocelote, el yaguareté, el ciervo de los pantanos, mientras que respecto de la flora podemos mencionar el alerce y la araucaria.
Precisamente este año fue declarado por la ONU como el de la Biodiversidad. Incluso, el último informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sostiene que la preservación de los ecosistemas es tanto o más importante que la lucha contra el cambio climático. "La conservación de la diversidad biológica supone una contribución decisiva a la moderación de la escala del cambio climático y a la reducción de sus impactos negativos, haciendo que los ecosistemas, y por lo tanto las sociedades humanas, tengan una mayor capacidad de recuperación. Es esencial que los retos relacionados con la diversidad biológica y el cambio climático sean abordados de manera coordinada y se les dé igual prioridad", dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.
Minería
La minería es una actividad que genera resistencia en algunas zonas de la Argentina. Catamarca es una región ancestral a la que la megaminería llegó para quedarse. Es una provincia minera que alberga, desde hace más de 10 años, a Bajo de La Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. Desde fines de 2009, diversos grupos de ambientalistas de la ciudad de Andalgalá han pasado a la militancia abierta para resistir la presentación de nuevos proyectos extractivos, como el de la Minera Agua Rica, aprobados o en vías de aprobación por parte de las autoridades. El denominador común en casi todos estos enfrentamientos es la falta de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. Estas iniciativas nacieron por la movilización de habitantes de las localidades afectadas, pero luego se sumaron militantes de otras provincias y de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional.
"Este ciclo de movilización social, cuyo blanco principal son las transnacionales mineras, se enmarca en las propias lógicas estatales. Estas abarcan la promoción de la industria extractiva minero-exportadora como política de Estado, el aprovechamiento de sus exiguas regalías y escasos puestos de trabajo temporarios por parte de los gobiernos provinciales, y la debilidad de la institucionalidad ambiental que de manera notoria caracteriza a la Argentina. Aunque el marco jurídico que regula la protección del ambiente es tan exhaustivo como robusto, no opera como guía de las políticas públicas, pero habilita a los afectados en sus reclamos", sostiene Gabriela Delamata, investigadora del Conicet y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales, opinó: "El régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres como ocurre en Catamarca, donde la actividad de la mina La Alumbrera, a pesar de estar en funcionamiento desde mediados de la década pasada y con exportaciones que superan el presupuesto provincial, no ha mejorado ni un ápice".
Según el abogado, "la megaminería es inherentemente contaminante e insostenible. Estamos ante una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar, diferente de la minería tradicional. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de explosivos y sustancias extremadamente tóxicas como el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otras".
En la industria aseguran que cumplen con todas las reglamentaciones que exige el Estado para cada uno de los proyectos y que, antes de iniciar cualquier acción, deben presentar un estudio de impacto ambiental que asegure la sustentabilidad del emprendimiento.
Residuos
La basura domiciliaria es un problema en todo el país. Sin embargo, en las conglomerados urbanos es donde más se padece. Para tener una idea, sólo en la Capital y el conurbano bonaerense se generan diariamente 12.000 toneladas de residuos. Todo ese material luego se transporta a rellenos sanitarios que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. La recuperación y reutilización de gran porcentaje del material que se tira es una de las posibles soluciones. En muchas jurisdicciones existen leyes para disminuir paulatinamente la cantidad de residuos; sin embargo, por ahora no hay resultados visibles. Los cartoneros, que surgieron tras la crisis económica y social de 2001, reciclan apenas un 11% de los residuos que se generan en la ciudad.
Uno de los planes que está funcionando es la recolección de aceite vegetal usado. Un buen ejemplo de prácticas sostenibles -en un emprendimiento público-privado- es el que realizan la empresa Gas Meridional y la ONG Reciduca. "Desarrollamos un circuito de recolección de aceite vegetal usado en el nivel gastronómico en el municipio de San Isidro. La idea era evitar que ese aceite fuera vertido al cauce público, obstruyendo drenajes y contaminando el río; que fuera reingresado al circuito gastronómico por los recolectores informales, y además que con el mismo se lograra la sustentabilidad a corto plazo. Hace más de un año iniciamos la implementación del programa, realizando la recolección, con un vehículo y personal propio, tímidamente en 20 comercios. Hoy, hay 90 comercios adheridos, un promedio mensual de 3300 litros y un total de 30.000 litros de aceite recolectados en el primer año", explicó Matías Meszaros, responsable de RSE de Gas Meridional.
Este aporte se sumó al plan bonaerense denominado Plan Bio, que persigue el cuidado del ambiente y el desarrollo de energías alternativas. Según cifras oficiales, se han recolectado más de 240.000 litros de aceite vegetal usado para ser convertido en biocombustible. El programa funciona en alrededor de 60 municipios de la provincia y con él se beneficia a más de 200 instituciones sociales. Hay más de 300 restaurantes, clubes y corredores gastronómicos adheridos al plan. La producción de biodiésel a partir del aceite de cocina usado tiene un rendimiento establecido que permite generar por cada 1,25 litros de aceite que recolectamos, cerca de 1 litro del biocombustible.
Para más información sobre el plan o consultas para participar o adherir al mismo se pueden visitar la Web www.opds.gba.gov.ar
Agroquímicos
El avance de la frontera agropecuaria generó un debate que sigue abierto: el uso de agroquímicos en las plantaciones cuyo uso podría ser nocivo para la salud de las personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un estudio en el que determinó que más de 2 millones de chicos están expuestos al uso de agroquímicos.
El informe, según Cristina Maiztegui, responsable del Area de Medio Ambiente de la Defensoría, unos 6,5 millones de niños, niñas y adolescentes (el 53% de la población infantil) "viven en departamentos con alta vulnerabilidad social. Al respecto, la peor situación referida a la falta de infraestructura de servicios sanitarios se encuentra principalmente en 193 departamentos ubicados en el norte del país y en otras áreas urbanas". La Defensoría destacó que en el caso de la utilización de agroquímicos, los departamentos mendocinos de Guaymallén y Maipú se encuentran entre los que más efectos nocivos provocan a su población infantil, seguidos por la localidad bonaerense de Florencio Varela y las sanjuaninas Pocito y Rawson.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco opinó al respecto: "Estas tecnologías (que mejoran la productividad de las plantaciones, especialmente de la soja) no son neutrales y son traccionadas por los modelos de producción traídos de afuera con el consentimiento del Estado. Los agroquímicos son venenos y siempre serán venenos contaminantes en tanto y en cuanto se apliquen de este modo. Las empresas tercerizan para saber cuánto de tóxico tienen los productos. El Senasa no puede delegar ese control antes de poner un paquete toxicológico en el mercado".
Entre las regiones no figuran Santa Fe o las regiones bonaerenses con explotaciones sojeras. "A partir del mapa estamos trabajando en la recategorización de los agroquímicos. No pudieron evaluarse ya algunos que son considerados como benévolos (el glifosato es uno de ellos) y no se puede medir el impacto ambiental real que tienen. Hay que poner en tema en la agenda pública", agregó Maiztegui.
Uno de los agroquímicos que más polémica generan es el glifosato, principio activo de herbicida que actúa bloqueando la actividad de una enzima sin la cual los vegetales mueren. Se trata de un producto que lleva más de 30 años de vigencia y se lo utiliza en unos 140 países. "Se lo comenzó a utilizar en 1974, o sea que en el mundo hay una experiencia de más de 35 años de uso", señaló Pablo Grosso en una nota publicada por LA NACION, director de Gestión Tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa a firmas proveedoras de agroquímicos. Según él es el producto fitosanitario (es decir, de protección de los cultivos) más utilizado en el mundo. "Se usan aproximadamente 2000 millones de litros y la Argentina representa el 8,5% de ese total, con 170 millones de litros", añadió.
Energías renovables
La incorporación de las energías renovables a la matriz energética nacional es uno de los desafíos más importantes que tiene la Argentina. La escasez de combustibles fósiles y el bajo nivel de contaminación que generan alientan este desarrollo. La energía solar, la eólica, la geotermia y la biomasa tienen un gran potencial en el territorio. Aunque las energías renovables cuentan con sólo 30 MW instalados principalmente por cooperativas eléctricas entre 1994 y 2002, el futuro es alentador. Hace un par de semanas se adjudicaron 895 megavatios en proyectos de distintos tipos de renovables.
"En esta industria naciente de energías renovables en el país estamos más que contentos. Estos proyectos, en el marco del programa de Energías Renovables del Ministerio de Planificación Federal (Genren) van a dar la diversidad y la descentralización necesarias para que en todo el país haya algún proyecto con generación de energía limpia", explicó Carlo St. James, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Según St. James, la generación de energía de estos proyectos representará el 3 por ciento de la matriz energética. "Para 2016 debería haber instalado un 8 por ciento. Si seguimos en este camino estamos cerca de cumplirlo", sostuvo.
Aunque este valor ha crecido en los últimos años, está muy por debajo de los valores que se manejan en otros países: Estados Unidos con 35.159 MW, Alemania con 25.777 MW, China con 25.104 MW. Actualmente se calcula que a nivel mundial hay instalados 159.213 MW. En Argentina hay 15 parques eólicos operando. Y para tener una idea de la dimensión, Atucha genera unos 250 megavatios de energía, capaz de abastecer a una población de 600.000 habitantes.
Riachuelo
El Riachuelo es el espejo de los problemas ambientales de la Argentina. Intereses económicos, superposición de jurisdicciones, industrias poco sustentables y falta de saneamiento son algunos de los impedimentos para que este río se vea como un río, huela como un río y contenga la calidad de vida y agua de un río desde hace 200 años. A dos años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara a los estados nacional y bonaerense el saneamiento del curso de agua, los avances son escasos y los plazos impuestos por el máximo tribunal para realizar inspecciones, estudios y relocalización de poblaciones, están en su mayoría vencidos. Sin embargo, el protagonismo de la Corte y del juez de ejecución del fallo, Luis Armella, generan una esperanza en los vecinos daminificados.
"Necesitamos enriquecer este endeble Estado de Derecho, con observaciones constructivas hacia el mejor y real cumplimiento de la causa. Una posibilidad es la de entablar debates académicos sobre cómo profundizar o no la judicialización de las cuestiones ambientales y administrativas en la causa Riachuelo. Se tiene que castigar al contaminador, y meterlo preso si no resuelve la contaminación que generó. La impunidad nos juega en contra, y mientras no ataquemos a la corrupción, madre de nuestras mayores desgracias, todo nos resultará imposible", opinó Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, una de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado que debe monitorear el cumplimiento del fallo.
Para Alberti también es fundamental el involucramiento por parte de la comunidad en el plan de saneamiento. "Estamos ante una oportunidad históricamente única, con instituciones y organizaciones de principalísimo nivel ocupándose. No debemos permitirnos como sociedad vivir el tema como una nueva experiencia infructuosa", agregó el vecino.
Pesca
En los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y un 80% de los especímenes adultos. Esto significa que de diez ejemplares hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil. Según un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)basado en los últimos datos públicos disponibles, en 2008, el 61% de los ejemplares de merluza desembarcados en puertos correspondió a juveniles. Eso significa que de los 1,2 millones de toneladas de adultos, pasamos a sólo 200.000, en 20 años. "Los juveniles están sosteniendo los que podrían ser los últimos años del negocio de la merluza", explicó Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de la FVSA. Una de las iniciativas que Vida Silvestre es pedir a la ciudadanía que no consuma merluza que mida menos de 25 cm.
"El sistema pesquero, como todo sistema, tiene una lógica. Dejar crecer los peces, hasta su primera reproducción, antes de retirarlos del agua, debería ser la premisa de cualquier política pesquera sustentable y rentable", agregó Cañete.Para la ONG, pescar juveniles representa un "mal negocio", es un riesgo para la pesca en el corto plazo y una "pérdida de millones de dólares en el presente". Según datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un ejemplar juvenil de merluza puede pesar, en promedio, 145 gramos, mientras que el peso de un adulto comienza en los 315 gramos. Si se pesca merluza sin utilizar dispositivos de selectividad, sólo sobrevive el 48 % al cabo de un año. Pero si se implementan estos recursos para evitar su captura, sobreviviría el 74%, que podrían duplicar su peso en ese mismo plazo.
Aunque el propio Subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, reconoció que "ni la sustentabilidad, ni la seguridad alimentaria serán posibles mientras exista pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", la política adoptada por el gobierno, por ahora, no logra solucionar las amenazas ni garantizar la estabilidad del sector.
"Los indicadores ambientales revelan que la situación empeora cada año, y el cierre de empresas y los despidos de miles de trabajadores lo confirman. Sin embargo, ni las medidas adoptadas para la pesca de merluza en 2010, ni los discursos de la Subsecretaría de Pesca reconocieron, hasta ahora, la gravedad de la situación. Celebramos este cambio de actitud, pero es solo un parte de la transformación necesaria en materia de gestión pesquera", opinó Diego Moreno, director general de la ONG.
Bosques
La Argentina se encuentra en emergencia forestal. Hace tres años el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos que obliga a las provincias a realizar un ordenamiento territorial en el que debe establecer el nivel de protección de sus bosques. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
En ese período se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Sin embargo, la nueva norma frenó a las topadoras.
"Es importante que ya haya provincias que estén avanzando en el ordenamiento del territorio. Algunas han tenido algún ruido por falta de participación ciudadana. Sin embargo, sigue sin instrumentarse el fondo que se creó para la protección. Eso sin mencionar que el monto establecido por ley representaba para este año unos 800 millones de pesos y sólo fueron asignados 300", indicó María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Según Di Paola esta dilación en la implementación ha actuado en detrimento de la moratoria de desmonte en varias provincias. Al tiempo que destacó: "Lo que hay que combatir es el desmonte ilegal, que todavía existe. Es necesario que las autoridades, en conjunto con la ciudadanía trabajen en el monitoreo".
Cuencas hídricas
La contaminación de las cuencas hídricas también son un problema ambiental profundo. Casi con el mismo nivel de polución que la del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires está la del Reconquista. Su cuenca cubre unos 1670 kilómetros cuadrados y su recorrido atraviesa 18 partidos de la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el río Luján.
Según estudios científicos, el Reconquista aporta el 33% de la contaminación industrial y cloacal al estuario del Río de la Plata. De las 12.000 industrias radicadas en su cuenca, se ha estima que unas 700 vierten en sus aguas, de modo clandestino, efluentes con residuos. En esa misma cuenca, altamente contaminada, viven cerca de cuatro millones de personas y una población igualmente numerosa se relaciona o depende económicamente de las actividades que allí se desarrollan.
Al igual que en el Riachuelo, en la cuenca del Reconquista se conformó, en 2001, un comité para planificar las tareas de saneamiento. A casi diez años los resultados brillan por su ausencia.
"La ley sigue estando incumplida. Esta gestión ha divido la cuenca en tres partes pero no ha convocado a nadie a una reunión. Supuestamente se armarían 18 consejos consultivos y, hasta el momento, sólo hay dos", contó Adriana Córdoba, vecina de la zona y representante del Centro Oeste de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales (Coepsa).
"No sabemos qué se va a hacer. No nos convocan para comunicarnos nada", agregó la vecina. Córdoba se refiere al plan oficial que se anunció en la provincia de Buenos Aires para realizar el saneamiento que requeriría unas inversión de unos 200 millones de dólares. Según fuentes oficiales, ese dinero provendría de un préstamo BID que estaría pre aprobado, y el plan comenzaría el año próximo.
Sin embargo, en Coepsa advierten: "En términos de saneamiento el proyecto no menciona una palabra. No explica cómo se va a hacer el control industrial ni si va a haber reconversión de las empresas que existen. Y sólo se destina un 3% a remediación".
Glaciares
El agua es un recurso estratégico para la Argentina. Una de las reservas más importantes con las que cuenta el país son los glaciares. Sin embargo, a dos años de que se vetara la norma que establecía no sólo su protección sino también la realización de un inventario de los gigantes de hielo, no se sancionó una nueva ley. Un prometeder avance es que el jueves pasado la Cámara de Diputados haya dado media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.
Los glaciares en claro retroceso en Argentina son: el Upsala, el Ameghino, el Viedma, en Santa Cruz y el Tronador, en Río Negro, entre otros.
"Las imágenes satelitales muestran claramente la tendencia de retroceso que tienen nuestros glaciares. La causa fundamental es el aumento de las temperaturas, aunque pueden existir otros factores como la reducción de la precipitación entre las causas", explicó Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nieve y Glaciares del Conicet.
En Cuyo los glaciares son fundamentales como reguladores de los recursos hídricos, en la zona norte de la Patagonia son reguladores de caudales de ríos y fuentes de energía y en el Sur, en El Calafate toda la actividad regional gira en torno al recurso. "La función reguladora los convierte en una reserva hidrológica fundamental. Me encantaría responder cuántos glaciares hay en la Argentina, pero lamentablemente los inventarios que existen no están actualizados. Un ejemplo: sólo una cuenca en Mendoza cuenta con 900 glaciares", indicó Villalba.
"Dada la importancia que tienen los glaciares cuesta creer que no dispongamos de una ley de protección de glaciares que permitirá, que además de la protección per se se pueda realizar el inventario", agregó. El científico cree que el error es pensar en una norma de protección como una ley para limitar un tipo de producción. "No se trata de una ley antiminera", dijo.
El cambio climático es un fenómeno global que altera las temperaturas promedios del planeta generando no sólo menos diferencias entre las estaciones del año sino también fenómenos extremos más frecuentes. Según algunos expertos, el fenómeno es consecuencia de la actividad humana, que provoca gases de efecto invernadero que no dejan salir el calor del planeta. El compromiso mundial que se firmó en el Protocolo de Kyoto que establecía la reducción de, al menos, un 5 por ciento de esos gases para 2012, meta que no será alcanzada.
Cristina no va a vetar la ley de glaciares
Afirman que esta vez Cristina no va a vetar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 16/07/2010
Fuente: IEco
Provincia/Región: Nacional
Rossi dijo que se lo había transmitido la Presidenta. El tema se define en el Senado.
Agustín Rossi, evitó conjeturas. El jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados aseguró que "cualquiera sea la decisión que tome el Congreso, la Presienta de la Nación me transmitió que no va a vetar la sanción que dicte el Parlamento ". Y así descartó la posibilidad de que el proyecto de ley de protección de glaciares aprobado en la madrugada de ayer en general (la sesión quedó sin quórum antes de completarse la votación en particular) corra la misma suerte que otro texto similar aprobado en 2008, vetado por Cristina tras su aprobación en ambas cámaras. El proyecto debe volver al Senado.
El debate en el recinto duró más de ocho horas y nunca bajó su temperatura. Tras un encadenamientos de cruces y denuncias, terminó a pura tensión. Rossi, que había intentado postergar el debate, sin éxito, tras desconocer el acuerdo al que se había llegado para conciliar los proyectos del senador oficialista Daniel Filmus (con media sanción en la Cámara alta) y el de la oposición, fogoneado por Miguel Bonasso, embistió contra el diputado cercano a Fernando Solanas.
"Debo reconocerle algo al senador Filmus: sentarse a negociar con Bonasso después de los insultos que Bonasso le dijo en ese programa de televisión, habla realmente de la hombría de bien del senador Filmus", aseguró el santafesino, pese a que acababa de desautorizar la negociación llevada adelante por el senador K. Bonasso pidió la palabra para replicar, pero sólo obtuvo como respuesta una cadena de insultos de la bancada kirchnerista. Como acostumbra, Carlos Kunkel se hizo notar por el volumen de sus groserías: "Mentiroso y mercenario", le gritó a Bonasso, ex aliado oficialista.
Al exponer, Bonasso había acusado a la Presidenta y al secretario de Minería, Jorge Mayoral, de defender los intereses de la minera Barrick Gold, que construye un yacimiento en la frontera sanjuanina con Chile. En su proyecto, un calco del que vetó la Presidenta, Bonasso incorporó a la preservación de las zonas periglaciares la definición utilizada en el proyecto de Filmus para los de baja montaña. Pero al votarse en particular rechazó las modificaciones que pidió el macrismo en ese artículo y complicó el resto del debate.
Tras un amplio triunfo -129 a 86- para imponer la ley en general, la mayoría opositora aprobó el estratégico artículo segundo -que prohíbe la explotación minera en zonas aledañas a los glaciares que pongan en riesgo los recursos hídricos- por 114 a 96, por las disidencia del PRO. Varios macristas se retiraron y el kirchnerismo aprovechó para irse en masa, tras la votación del artículo 5°. Igual, la mayoría cree que no tendrá problemas en completar la votación tras el receso invernal y que no sucederá lo mismo con la ley de bosques nativos que tardó más de un año en votarse en particular.
El PRO aseguró en un comunciado que "dio los votos para que la ley de protección de glaciares fuera aprobada en general con mayoría absoluta", pero afirmaron que mantienen "diferencias con algunas redacciones en particular".
Y agregó: "es importante analizar un aspecto del acuerdo de Bonasso y Filmus, que prohíbe la actividad industrial en zonas de Cordillera con suelos congelados.
Fecha de Publicación: 16/07/2010
Fuente: IEco
Provincia/Región: Nacional
Rossi dijo que se lo había transmitido la Presidenta. El tema se define en el Senado.
Agustín Rossi, evitó conjeturas. El jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados aseguró que "cualquiera sea la decisión que tome el Congreso, la Presienta de la Nación me transmitió que no va a vetar la sanción que dicte el Parlamento ". Y así descartó la posibilidad de que el proyecto de ley de protección de glaciares aprobado en la madrugada de ayer en general (la sesión quedó sin quórum antes de completarse la votación en particular) corra la misma suerte que otro texto similar aprobado en 2008, vetado por Cristina tras su aprobación en ambas cámaras. El proyecto debe volver al Senado.
El debate en el recinto duró más de ocho horas y nunca bajó su temperatura. Tras un encadenamientos de cruces y denuncias, terminó a pura tensión. Rossi, que había intentado postergar el debate, sin éxito, tras desconocer el acuerdo al que se había llegado para conciliar los proyectos del senador oficialista Daniel Filmus (con media sanción en la Cámara alta) y el de la oposición, fogoneado por Miguel Bonasso, embistió contra el diputado cercano a Fernando Solanas.
"Debo reconocerle algo al senador Filmus: sentarse a negociar con Bonasso después de los insultos que Bonasso le dijo en ese programa de televisión, habla realmente de la hombría de bien del senador Filmus", aseguró el santafesino, pese a que acababa de desautorizar la negociación llevada adelante por el senador K. Bonasso pidió la palabra para replicar, pero sólo obtuvo como respuesta una cadena de insultos de la bancada kirchnerista. Como acostumbra, Carlos Kunkel se hizo notar por el volumen de sus groserías: "Mentiroso y mercenario", le gritó a Bonasso, ex aliado oficialista.
Al exponer, Bonasso había acusado a la Presidenta y al secretario de Minería, Jorge Mayoral, de defender los intereses de la minera Barrick Gold, que construye un yacimiento en la frontera sanjuanina con Chile. En su proyecto, un calco del que vetó la Presidenta, Bonasso incorporó a la preservación de las zonas periglaciares la definición utilizada en el proyecto de Filmus para los de baja montaña. Pero al votarse en particular rechazó las modificaciones que pidió el macrismo en ese artículo y complicó el resto del debate.
Tras un amplio triunfo -129 a 86- para imponer la ley en general, la mayoría opositora aprobó el estratégico artículo segundo -que prohíbe la explotación minera en zonas aledañas a los glaciares que pongan en riesgo los recursos hídricos- por 114 a 96, por las disidencia del PRO. Varios macristas se retiraron y el kirchnerismo aprovechó para irse en masa, tras la votación del artículo 5°. Igual, la mayoría cree que no tendrá problemas en completar la votación tras el receso invernal y que no sucederá lo mismo con la ley de bosques nativos que tardó más de un año en votarse en particular.
El PRO aseguró en un comunciado que "dio los votos para que la ley de protección de glaciares fuera aprobada en general con mayoría absoluta", pero afirmaron que mantienen "diferencias con algunas redacciones en particular".
Y agregó: "es importante analizar un aspecto del acuerdo de Bonasso y Filmus, que prohíbe la actividad industrial en zonas de Cordillera con suelos congelados.
Media sanción a la ley de glaciares
La oposición impuso el proyecto de ley de glaciares que vetó Cristina
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Fue por 129 votos a 86. No hubo acuerdo con el oficialismo y ahora pasa al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de hoy, un proyecto de protección de glaciares sobre la base del texto vetado por la Presidenta en 2008, pero con algunos cambios técnicos. Pasadas las 3, tras más de 8 horas de debate, la votación tuvo 129 votos afirmativos y 86 negativos. Fue aprobado entre fuertes cruces y acusaciones de diputados opositores por el presunto “lobby” de la minera Barrick Gold para obtener beneficios de Cristina Kirchner y del gobierno sanjuanino. Ahora el proyecto pasará al Senado.
“Queremos que haya agua para todos los argentinos. No queremos ser la Bolivia de Simón Patiño, un país que apostó a la riqueza minera y se convirtió en el más pobre de América Latina”, fundamentó Miguel Bonasso el proyecto que originalmente había presentado la ex diputada Marta Maffei, y remarcó que el emprendimiento de Pascua Lama -a cargo de la Barrick- insumiría 240 millones de litros de agua por día.
A último momento, Bonasso había llegado a un acuerdo para incluir algunos puntos del proyecto del senador kirchnerista Daniel Filmus que obtuvo media sanción en la Cámara Alta, para reunir un mayor consenso en la votación. Pero ante la resistencia de integrantes oficialistas de provincias mineras, Agustín Rossi -jefe del bloque K- pidió postergar el debate 15 días. La propuesta fue rechazada con duros discursos de Bonasso y Elisa Carrió, que encabezaron una presentación judicial para investigar el presunto “tráfico de influencias” para la construcción de Pascua Lama en San Juan, en la frontera con Chile.
“Una primicia de periodista: me acaba de llamar Filmus diciendo que me apoya si yo no quiero la postergación”, arrancó Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales. “Es evidente el lobby de la Barrick, esta es una movida de los diputados del PJ de San Juan”, aseguró Carrió, lo que generó una encendida respuesta de Juan Carlos Gioja, que llamó “mesiánicos y lengua suelta” a la líder de la CC, a Bonasso y a Solanas por rechazar el proyecto.
Más allá de la resistencia del oficialismo, algunos del PJ disidente y radicales de Catamarca, más las observaciones del PRO para la discusión en particular, el arco opositor avanzó con el proyecto que establece “presupuestos mínimos para la protección de los glaciares” y prohibe en esas zonas las actividades que “puedan afectar su condición natural”. Diputados cercanos al oficialismo, como Martín Sabbatella y Silvia Vázquez, adelantaron su apoyo a la iniciativa.
“Buscamos proteger la fábrica de agua del país”, insistió Fernanda Reyes, de la CC, y cuestionó los beneficios tributarios a las mineras. “El oficialismo no puede ocultar el lobby de las empresas sobre el Gobierno”, cuestionó Roy Cortina.
Sorprendió la forma en que el sanjuanino K, Héctor Tomas rechazó la ley: “Los recursos naturales son de las provincias. Somos los dueños de los glaciares. Yo no me meto en el Riachuelo”.
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La oposición le dio media sanción a la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se aprobó a las 3.05. El kirchnerismo votó en contra, pese al consenso entre Filmus y Bonasso.
Otra la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares logró ayer media sanción en la Cámara de Diputados tras un largo y duro debate que comenzó a las 15 y terminó por votarse en general a las 3.05 de hoy. En tanto, seguía esta madrugada la discusión para la votación en particular.
El texto aprobado esta madrugada es similar al que vetó hace un año y medio la presidenta Cristina Fernández. Fue reflotado por el diputado opositor Miguel Bonasso, quien el martes acordó con el senador oficialista Daniel Filmus algunas modificaciones. Filmus había presentado y logró media sanción en la Cámara Alta de otra ley de glaciares diferente.
El proyecto fue aprobado con los votos de la oposición (129 a 86), pero diputados opositores de provincias cordilleranas se ausentaron de la Cámara (Mendoza) y otros (Salta y Catamarca) votaron en contra.
El Frente para la Victoria (FPV) votó en contra, a pesar del acuerdo Filmus-Bonasso. Justamente el bloque oficialista, encabezado por Agustín Rossi, había pedido una prórroga para tratarlo en agosto. En la votación, la oposición le denegó esa moción. En el medio hubo varios cruces verbales.
"Los diputados de San Juan necesitan tiempo para sacar leyes provinciales que estén en conflicto con la ley nacional. Por eso no les vamos a dar tiempo", argumentó Bonasso.
La diputada de Córdoba Cecilia Merchán criticó la actitud del oficialismo: "No debería haber habido más dilaciones. Sin embargo, el oficialismo salió a pedir que se prorrogue la votación. Hoy el FPV demostró su vínculo con la Barrick Gold".
No sólo San Juan sino todas las provincias andino-mineras han apurado la aprobación en sus legislaturas de leyes de protección de glaciares. Ya lo hicieron Jujuy y La Rioja. Esta situación podría generar un cortocircuito jurídico y perjudicar la implementación efectiva de una norma protectora.
A su turno, Fernando "Pino" Solanas acusó a los Gioja (dos hermanos legisladores y otro gobernador de San Juan) de "personeros de la Barrick Gold" y recordó el encuentro que tuvo hace unas semanas con el presidente de esta empresa, Peter Munk, del que también participó la Presidenta.
En tanto, el diputado oficialista Juan Gioja acusó a la oposición de actuar con "virulencia, tanta violencia, tanta grosería, tanta liviandad, irrespetuosidad y tanta soberbia" y de "hablar estupideces", a la vez que defendió la actividad minera en su provincia.
Bonasso reveló que el propio Filmus le había anticipado minutos antes que acordaba con la prórroga, pero que si se rechazaba, "mantiene los términos del acuerdo" (lo votará) cuando el proyecto tenga que debatirse en el Senado. Nadie atinaba a explicarse en el oficialismo por qué Filmus avanzó en el consenso con Bonasso, pese a la resistencia de legisladores andinos.
Uno de éstos arriesgó ante este diario una interpretación: "Filmus quiso revertir el costo electoral ante los porteños. Pero no podemos digerir que dos legisladores de la Capital decidan una ley que afecta la explotación de los recursos naturales, que son de las provincias".
Ahora la norma deberá pasar a la Cámara Alta. En octubre de 2009 los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto de Filmus, por lo que no se sabe como recibirán el texto aprobado en Diputados.
Tres claves para evitar el naufragio de la norma
Una ley vetada y dos proyectos con media sanción. Ése es el resultado de un debate que ya lleva más de tres años.
La protección de los glaciares y zona periglaciar mete el dedo en la llaga en la megaminería acusada de contaminar y de absorber los recursos hídricos en territorios donde lo que menos abunda es el agua.
Ya el Parlamento de la Unión Europea pidió que los países miembro prohíban el uso de cianuro en la minería y destacó que esta industria no es generadora de trabajo genuino y es insegura.
Ahora, además de la media sanción del Senado, tres interrogantes definirán cuál será el destino de nuestra principal reserva hídrica:
Inventario. Por ahora no se sabe cuánto territorio se protegerá, porque se desconoce la cantidad de glaciares que hay en Argentina. El texto promueve la creación de un inventario a un instituto del Conicet (Ianigla) que deberá fijar criterios para delimitar el área protegida.
Interpretación de la autoridad. La falta de precisión que tiene la ley en su definición de área periglaciar y otros puntos puede prestarse a interpretaciones antojadizas por parte de la autoridad de aplicación, las provincias cordilleranas y las mineras. Este detalle, alertado por las organizaciones ambientalistas, puede ser el sustento para que la megaminería siga en el territorio argentino.
Leyes provinciales. Jujuy, La Rioja y San Juan ya cuentan con leyes provinciales para "proteger" sus glaciares, aprobadas a contrarreloj. Se plantearía la inconstitucionalidad de estas normas más permisivas y que no se adecuan a los presupuestos mínimos del texto nacional, como prevé la Constitución Nacional. En este revuelto legislativo, las ganancias irían a las provincias mineras y a la industria.
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