Por qué hay que temerle a las megagranjas porcinas

Fecha de Publicación: 22/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El acuerdo retomó vida tras una visita de funcionarios argentinos a un frigorífico estatal en Beijing. Pero también reflotó el debate sobre cuál es el tamaño ideal de los establecimientos que criarán los cerdos.
La expectativa de un acuerdo con China para producir carne porcina de exportación con ese destino volvió a tomar fuerza en la última semana. Pero también se reavivó el debate con respecto a cuál debería ser el modelo productivo que acompañe tal posibilidad. Mientras el Representante Especial para la promoción del comercio y las inversiones de Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, señaló que el gobierno argentino propone "no la instalación de megagranjas, de 100 mil madres reproductoras cada una, sino de granjas inteligentes que sólo tienen 10 mil madres", el dirigente agrario Pedro Peretti lo refutó. "Diez mil madres es una dimensión para Argentina que representa granjas muy, pero muy grandes. La única granja inteligente, para nuestro campo, es la de 200 madres". Y no es sólo una cuestión de escala, o de concentración de ingresos, sino de abastecimiento y precios internos, además, sugieren algunos estudios.
Tras una visita al frigorífico estatal China Animal Husbandry Group en Beijing, Vaca Narvaja contó detalles de la charla con Xue Tingwu, presidente de la firma, y su mesa directiva, acerca de los proyectos de inversión en producción porcina. El funcionario local describió los problemas que tuvo su país con la peste porcina africana que impactó en la producción local desde que se desató en 2018. Sólo en el último año, generó un déficit de 8 a 12 milones de toneladas de carne de cerdo, producto que representa el 70% de la proteína animal de la dieta del pueblo chino. Además, los dos principales proveedores europeos, España y Alemania, se encuentran afectados por la misma enfermedad en origen.
El representante argentino, en palabras reproducidas por la revista Dang Dai editada en Buenos Aires, señaló que en ese marco ambos países encuentran intereses compartidos en el incremento de la producción de carne de cerdo en suelo argentino para ser exportada a China.
Sabino Vaca Narvaja sostuvo, tras el encuentro con Xue Tingwu, que se analizaron diversos proyectos de inversión en producción porcina, que contemplan el cuidado del medio ambiente y que se enmarcan dentro de una estrategia integral, que requiere de la superación de falsas dicotomías, incluyendo a los pequeños y grandes productores.
"La Embajada argentina propone la instalación de Granjas Inteligentes, que son granjas seguras, sostenibles y sustentables y no la instalación de Megagranjas. Mientras que las Megafactorías instaladas en Estados Unidos son unidades productivas de alrededor de 100 mil madres, las granjas inteligentes sólo tienen alrededor de 10 mil madres”, afirmó el funcionario argentino.
Y esta es, puntualmente, una de las cuestiones en debate del proyecto. Una granja de diez mil madres es, para Argentina, una escala alcanzable para muy pocos, megaempresas que producirían a una escala que dejaría fuera de competencia a pequeños y medianos productores, tanto de la exportación como del abastecimiento al mercado interno.
La entrada en producción de diez o doce megagranjas de ese tamaño supondría multiplicar al doble o más la actual producción de cerdo, "con la posibilidad no sólo de exportar a China sino de ofrecer la producción al mercado interno. No hay lugar para productores chicos y grandes en esas condiciones, o se toma la decisión de buscar una escala para cientos de productores locales, o se deja el negocio en grandes de megacorporaciones", advirtió Peretti, al ser consultado por Página/12.
"Se quedarían con el negocio de exportación pero también con el mercado interno. El acuerdo puede ser que le asegure la soberanía y la seguridad alimentaria a China, pero así concebido pone en peligro la nuestra, porque deja la oferta de carne porcina en manos de un oligopolio. Se pone en riesgo el acceso a la producción, pero también el precio interno. La integración vertical en el rubro de alimentos hay que entenderlo de una vez por todas, es un atentado a la democracia", sostuvo el ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria (hasta que rompió por desacuerdos con las políticas golpistas de la Mesa de Enlace).
Peretti, impulsor de un modelo de producción agraria de chacra mixta ("la pyme agraria", la denomina), sostiene que la oportunidad de abrir la exportación de carne de cerdo debe ser aprovechada a través del fomento de la extensión de explotaciones medianas en todo el país "en las que el productor, con un plantel de 200 madres, pueda cumplir con todas las normas sanitarias y ambientales, y tenga un campo anexado en el que produzca su propio maíz para alimentar los cerdos". Esa escala es la que ofrece las mejores condiciones ambientales y socioeconómicas, subraya, porque genera además arraigo del productor a su propia zona.
Un problema adicional, pero no desatendible, es que China está recuperando aceleradamente su producción porcina. Por la peste africana, que hizo su aparición en agosto de 2018, China debió sacrificar casi la mitad de su rodeo porcino. Recientes informes oficiales indican que, actualmente, dicho rodeo se recuperó alcanzando un nivel equivalente al 88% del existente antes de la peste. Y seguirá creciendo.
Es un indicador para que Argentina no quede atada, en su estrategia, a los negocios que se presentan circunstancialmente, sino aprovechar la oportunidad para generar una alternativa de producción, pero que también sea útil cuando las circunstancias internacionales se modofiquen. En el mientras tanto, convendría no dejar de mirar las condiciones del mercado interno y de la propia soberanía alimentaria.
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El acuerdo con China para producir carne de cerdo "sigue en pie"

Fecha de Publicación: 17/12/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El titular de la cartera de Desarrollo Productivo dio detalles de la reunión que tuvo el presidente Alberto Fernández con la Unión Vegana Argentina para escuchar su posición.
Tras el encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada junto a la Unión Vegana Argentina, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró este martes que avanza el desarrollo de granjas porcinas, que la Argentina lleva adelante como parte del objetivo de consolidarse como proveedor a China.
"El proyecto sigue en pie", afirmó el ministro y aclaró que lo que se está buscando "es desarrollar inversiones en el sector frigorífico" que permitan complementar la cadena de valor. A su vez, enfatizó que la iniciativa se debe desarrollar en "óptimas condiciones ambientales".
En relación a la foto que Fernández se tomó con activistas veganos Liz Solari y Manuel Alfredo Martí, críticos del acuerdo con la República Popular China, Kulfas explicó que "el Presidente tuvo la deferencia de recibir a este sector, que representa menos del 1 por ciento de la población de todo el país. Fue un gesto de diálogo, de apertura como los que tiene el presidente, con lo cual no quiere decir que esté de acuerdo".
En esa linea, resaltó que Alberto Fernández expresó "en más de una ocasión el interés de que se desarrolle la producción de carne porque significa agregarle más valor a la producción primaria" y recordó que hace pocos días se anunciaron inversiones por 190 millones de dólares en el sector frigorífico vacuno. No obstante, remarcó que en el caso del cerdo, "hay que trabajarlo con absoluta conciencia de la mirada ambiental, hay que trabajarlo en condiciones óptimas ambientales".
El objetivo del Gobierno, señaló Kulfas, es que todo el proceso se desarrolle "en buenas condiciones ambientales", y destacó que "Argentina tiene tradición de un servicio de sanidad animal como el Senasa que es altamente eficiente, con lo cual hay que estar totalmente tranquilos en producir más carne, generando más empleo, sin tener ningún efecto disruptivo en el medio ambiente".
En esa línea, rechazó "algunas observaciones muy cuestionables referidas a que esto puede ser una fuente de pandemia, cuando en realidad no hay ninguna relación entre el coronavirus con cuestiones vinculadas a la sanidad animal".
"El veganismo es una tendencia relativamente nueva. Respetamos que la gente decida no alimentarse con carne animal pero es una visión. Es respetable pero no puede condicionar el desarrollo del país"; afirmó y remarcó que "China es uno de los mayores demandantes del mercado mundial, y Argentina ha logrado exitosamente insertarse como proveedor".
El acuerdo que la Argentina puede cerrar en los próximos días con China para impulsar el crecimiento del sector porcino y exportar al país asiático prevé inversiones por casi US$ 3.800 millones durante los próximos cuatro años, y apunta a incrementar en 882.000 toneladas la producción de carne y a generar exportaciones por US$ 2.500.
A partir del interés chino en invertir en el sector porcino argentino para abastecerse de carne tras el fuerte recorte en sus existencias por la Fiebre Porcina Africana, se prevén inversiones conjuntas, entre capitales chinos y argentinos, de US$ 3.796 millones.
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Chaco: instalarán 3 megagranjas porcinas

Fecha de Publicación: 07/11/2020
Fuente: Super Campo
Provincia/Región: Chaco

El gobernador Capitanich firmó un convenio con una empresa que implicará una inversión de 129 millones de dólares.
El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, suscribió un convenio de cooperación con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food para la instalación de 3 megagranjas de producción de cerdos para exportar a China. El proyecto implicará una inversión de USD129 millones y se crearían más de mil empleos en los tres complejos.
Capitanich destacó que cada uno de los complejos demandará al año 32.300 toneladas de soja y 87.400 de maíz para la alimentación de los cerdos. “Es un volumen que se podrá abastecer locamente sin inconvenientes ya que la provincia produce aproximadamente un millón de toneladas de maíz por año y 1,6 millones de soja”, indicó.
El ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton, participó de la reunión encabezada por el gobernador y los empresarios de FTF tras lo cual destacó el impacto económico positivo que tendrá el desarrollo porcino en la provincia. “Cada complejo estará integrado por cinco granjas de 2.400 madres cada una; un frigorífico exportador; una planta de biodiesel; un biodigestor con generación de energía; y una planta de alimentos balanceados”, detalló el funcionario.

Oposición de Greenpeace
Tras conocerse esta información, la organización ambientalista Greenpeace emitió un comunicado donde denuncian que los emprendimientos productivos generarán más desmonte en la provincia. “Chaco es la provincia donde más se deforestó en los últimos 3 años, por el avance descontrolado de la producción agropecuaria. La instalación de estas 3 megagranjas porcinas implica mayor presión sobre sus bosques y los de la región, ya que aumentará significativamente la demanda de maíz y soja para alimentarlos. Es fundamental prohibir y penalizar los desmontes”.
“Frente a la crisis climática, Greenpeace viene reclamando a nivel global la necesidad de reducir el consumo de carne y que su producción se realice en forma agroecológica. Este acuerdo va a contramano de dichos principios, en tanto implicará un aumento exponencial del actual stock porcino, realizado bajo métodos no sustentables, y generará más presión sobre ecosistemas frágiles”, sotiene el comunicado de la organización ambientalistas.
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Nación afirmó que el actual modelo agropecuario es insostenible

Fecha de Publicación: 15/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Sequías e inundaciones, tensiones y desarraigo de los territorios por la falta de regularización de tenencia de tierras fueron algunos de los aspectos señalados en un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente de Nación.
En 20 años se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en el país, y desaparecieron 2,8 millones entre 2008 y 2018, pese a la existencia de la Ley de Protección de Bosques Nativos n° 26.331. De ese total, el 87% ocurrió en el Parque Chaqueño, que incluye a Salta, entre otras provincias. Así surge del informe que dio el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, ante el Senado de la Nación el miércoles pasado.
Salta representó el 21% del total de hectáreas desmontadas entre 2007 y 2018. La provincia fue la segunda que más bosque nativo deforestó, detrás de Santiago del Estero, en donde desapareció el 28%, mientras que en Chaco fue el 14% y en Formosa el 13%.
La Ley 26.331 (iniciativa que nació a raíz de la situación los ex lotes fiscales salteños 32 y 33), habría sido uno de los factores que colaboró para que en que el país disminuyera la pérdida de bosques. Según el informe, del 0,94% de deforestación de bosques nativos que se registró en 2007 (año en el que se sancionó la ley), se pasó a un 0,34% en 2015. La tasa subió un poco durante el macrismo, cuando pasó al 0,42%. De todas maneras, la tasa de deforestación sigue siendo una de las más altas de Sudamérica, ubicada detrás del Amazonas.
Si bien la Ley de Bosques indica que en zonas rojas y amarillas (o categorías I y II) no se debe desmontar, tanto en Salta como en Chaco se autorizaron las llamadas "recategorizaciones”. Es así que áreas rojas y amarillas fueron habilitadas para el paso de las topadoras, lo cual implicó que entre las dos provincias se permitiera el desmonte de 88.990 hectáreas asignadas la categoría I y 33.675 hectáreas de la categoría II.
Hubo quejas y marchas atrás, pero al menos en Salta los desmontes en zonas recategorizadas continuaron porque, antes de irse, el gobernador Juan Manuel Urtubey lo permitió, y su sucesor, Gustavo Sáenz, no lo cuestionó.

Un modelo insostenible
El informe del Ministerio de Ambiente de la Nación afirma que entre 2010 y 2017 en el país se incorporaron a la actividad agropecuaria 4,5 millones de hectáreas, lo cual implica una tasa de crecimiento agropecuario de 640.000 hectáreas anuales. Pero en esos 7 años se abandonaron 2,8 millones de hectáreas para uso agropecuario.
“Este indicador brinda una dimensión de la superficie de desmontes donde no se puede sostener una actividad agrícola en el tiempo”, asegura el informe, y estima que ese período se perdieron 400 mil hectáreas de uso agropecuario por año. Esto es una señal “de la aplicación de prácticas agropecuarias no sostenibles, que por avanzar en áreas con limitantes naturales para ese uso (con mayores riesgos ante contexto de cambio climático), no logran sostener el uso agropecuario, teniendo que abandonar tierras y buscar nuevas”, completa el documento.
El informe de la cartera ambiental nacional también hace referencia al problema del agua: “Se calcula que un bosque puede contener más de 60 millones de litros de agua por hectárea. Por el contrario, si se reemplaza un bosque del Chaco seco por un cultivo de soja, la cantidad de agua retenida en la biomasa vegetal viva es de unos 3 millones de litros de agua por hectárea”.
“El consumo de agua (evapotranspiración) del bosque regula la percolación profunda, con el consecuente efecto de evitar el ascenso de napas, lo que provoca inundaciones y salinización de suelos, que en casos extremos ha llevado a la pérdida de miles de hectáreas de tierras productivas, como en el caso de Australia (…) este tipo de procesos están generándose por ejemplo en el Chaco Salteño a partir del reemplazo de bosque por agricultura de secano”, concluye.

La tierra, para vivir o para negociar
En más de una oportunidad, Salta/12 dio cuenta de la cantidad de conflictos que se generan en la región chaqueña por la falta de regularización de la tierra, ya sea de comunidades indígenas o criollas, con los llamados “titulares registrales”. Esos conflictos tienen que ver con la idiosincrasia de cada comunidad, su visión sobre la tierra y el uso que hace de ella.
“Buena parte de los beneficios que percibe o son apropiados por el uso de un bien o del suelo que realiza una persona o empresa pueden ir en detrimento de un beneficio social”, sostiene el informe de Ambiente, y añade que la Ley de Bosques “tiende en definitiva a compensar, reparar y equilibrar estos desequilibrios que se dan en el plano social, ambiental y económico”. Se trata de un aspecto que, al menos hasta ahora, no se logró visibilizar en las zonas más conflictivas del chaco salteño.
Una posible explicación, según el informe, es que la expansión de la agricultura en la región chaqueña del país se vio facilitada “por la liquidez de capital generado principalmente por los altos precios agrícolas y la rentabilidad de la soja”. La tierra que antes se usaba como “respaldo financiero”, pasó a ser objeto de “inversión productiva”. “Se formaron así empresas que compraban tierras con bosques, las ‘desarrollaban’ (o sea, hacían desmonte y habilitación para agricultura y ganadería), y luego las vendían a precios sustancialmente mayores”, indica el documento.
Y agrega que, con estas intervenciones, el valor de la tierra implica una negociación favorable. “Por ejemplo, en Santiago del Estero, una hectárea ocupada por bosque puede costar aproximadamente 800 dólares, mientras que su precio sin bosque alcanza 3.200 dólares, siendo el costo de desmonte de 1.200 dólares”. No por nada hay avisos que promocionan la venta de tierras desmontadas.
“Gran parte de estas tierras se encuentran bajo tenencia precaria, ya sea bajo posesión veinteañal por parte de comunidades criollas o por ser parte de territorios indígenas. Si bien en algunas provincias existen instituciones específicas que disponen de registros de las ocupaciones de tierras y de la identidad de sus ocupantes, en otras jurisdicciones las ocupaciones –tanto de criollos como de pueblos indígenas– no han sido documentadas”, afirma el documento.
Pese a la existencia de la Ley n° 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias, el porceso de regularización “no ha sido completado aún y por lo tanto existen todavía numerosas comunidades a las que no se ha asignado todavía la propiedad”, advierte el Ministerio de Ambiente.
Esto desencadenó “fuertes conflictos entre los ocupantes y quienes disponen de los títulos de propiedad. Los conflictos por la tierra se profundizan ya que los procesos de regularización de los títulos son trámites complejos y no contemplan las condiciones de aislamiento y pobreza que caracteriza a las familias que habitan en esas tierras con bosques”.

El Banco Mundial mira pero no ve
Del informe más amplio del Ministerio de Ambiente de la Nación surge que, según un artículo publicado por el Banco Mundial (BM) en 2014, Argentina es uno de los quince países más afectado por las inundaciones, que en el año 2012 le costaron 3.400 millones de dólares en daños materiales, lo que equivale al 0,7 % del PBI.
“Si a esto se suma que casi ocho de cada diez argentinos viven en la cuenca del Paraná (4 millones de kilómetros cuadrados de superficie), podemos concluir que las inundaciones representan el desastre natural que afecta al mayor porcentaje de población del país (BM, 2014)”.
En 2016, en un nuevo informe el BM consideró que “una comparación visual entre la distribución espacial de la deforestación y los eventos de inundaciones sugiere que las mayores inundaciones ribereñas ocurren en regiones deforestadas e indicó que los escurrimientos de agua provocados por la deforestación provocan una acumulación de mayor volumen y ritmo más acelerado aguas abajo”.
Pese a las evidencias estudiadas, “tanto el BM como el discurso predominante en la política y las empresas relacionadas a la producción agropecuaria apuntan a que, para solucionar el problema recurrente de inundaciones, hay que mejorar la información hidrometeorológica, aumentar la inversión en obras de drenaje y expandir los seguros de riesgo climático (BM 2014).
Esto no tiene en cuenta una de las principales causas del problema que es el sistema productivo dominante, que ha llevado a un irresponsable cambio de uso del suelo a través de la deforestación y el reemplazo de sistemas productivos más eficientes en la regulación hídrica por el de la monocultura agrícola”, indicó el informe de la cartera a cargo de Juan Cabandié.
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Proponen un techo del 15% para la protección de humedales en la provincia

Fecha de Publicación: 23/09/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


El Senado provincial creó una comisión para definir con criterio científico qué parte del territorio provincial corresponde a los humedales y trabajar en una normativa propia para su protección.
La Cámara de Senadores aprobó la creación de una comisión que busca disponer lineamientos que regulen el manejo sustentable de los humedales de Corrientes.
La finalidad es crear una ley que proteja los intereses socio-productivos de la provincia, frente a las iniciativas que se debaten en el Congreso nacional.
Para esto buscan trabajar con la iniciativa presentada por el diputado nacional Jorge Vara, que propone hasta un 15% de máximo de protección en pos de garantizar la preservación ambiental, pero generando un equilibrio con la estructura socio-productiva y evitar conflictos con las facultades interjurisdiccionales, garantizando el derecho de la provincia a disponer del uso de sus suelos.
Noel Breard, senador provincial, explicó en diálogo con El Litoral que la idea es “consultar con científicos y técnicos especializados para sancionar la mejor ley posible”, pero bajo una clara definición de qué son los humedales y cuánta porción del territorio del suelo correntino se corresponde con dicho criterio.
“Un 70% del territorio correntino está conformado de alguna forma semipermanente o permanente de agua”, precisó Breard y  reconoció que “la necesidad de trabajar de forma local estas cuestiones vino del disparador del debate nacional, los distintos proyectos presentados atentan contra el sistema competitivo de la provincia”.
Tanto oficialismo como oposición coincidieron en la necesidad de “contar con opiniones técnicas para sancionar la mejor ley de humedales para todos los correntinos”.
 Desde el Senado provincial remarcan la importancia de partir por definir qué son los humedales para generar una normativa local que ponga un techo a los presupuestos mínimos de conservación, para que “no se avasalle el federalismo y la autonomía de las provincias”.
Actualmente en el Congreso hay un total de 10 proyectos, 3 en Senadores y 7 en Diputados. Desde el inicio del debate en el país, Corrientes sostuvo una postura de firme rechazo por la posible injerencia negativa que tendría en la autonomía provincial. El Senado provincial  apela al contenido del artículo 124 de la Constitución Nacional que indica que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de sus territorios y al 41 le da potestad a la Nación de dictar normas para cuotas mínimas de protección de ambiente.
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Incendios en el Delta: una guía para entender el fuego

Fecha de Publicación: 15/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


No es posible todavía saber con certeza quién prendió el fósforo, pero vale la pena adentrarse en los factores que posibilitaron el desmadre. La falta de gestión territorial, la producción ganadera, el boom de la soja y las carencias en el cuidado del medio ambiente.
No se termina de entender el fuego en el Delta desde la Ciudad. ¿Quién podría querer causar en sus propias tierras semejante incendio? ¿Qué pieza falta para interpretar el uso de ese fuego? ¿Y qué puede tener que ver con la forma en la que la sociedad produce, regula, controla, se alimenta y se piensa a los bienes de la naturaleza?
Quemar pajonales para producir rebrote (y que ese rebrote pueda alimentar al ganado) no es una práctica excéntrica: el manejo del fuego forma parte de los sistemas productivos desde tiempos pasados.
“El fuego es un elemento de la dinámica normal de los pastizales del mundo, más allá de la intervención humana”, dice un documento de la Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales Naturales, que no obstante aclara que estos fuegos no son masivos, sino “por parches”; que pueden tener frecuencias de tres, cinco o diez años y que suelen cortarse ante una lluvia o un curso de agua.
“En general todas las especies de pastizales han evolucionado bajo esos pulsos de fuego. Los animales escapan, los microorganismos del suelo casi no se ven afectados y al poco tiempo la comunidad vegetal, animal y de microorganismos se regenera”, afirma. El texto señala que fue hace 400 mil años que la humanidad empezó a manipular el fuego “imitando a la naturaleza”: la idea era quemar pastizales para que rebroten, y atraer con eso animales para cazarlos.
“El fuego ha sido históricamente asociado a la evolución humana en el manejo de los recursos naturales”, explicó Bibiana Bilbao, doctora en Ecología del fuego de la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela, en una charla organizada por la Universidad de Rafaela. Sin embargo precisó que no todos los ecosistemas responden igual al fuego. Y que los riesgos son, desde luego, grandes: daños en las cosechas, en la salud y megaincendios.
Según la experta la respuesta suele pasar por la exclusión y el combate del fuego, lo que supone una inversión enorme (solo Estados Unidos gasta en ese ítem 5 billones de dólares anuales) y no siempre conducente.
“A medida que se dejan áreas sin quemar puede aumentar la carga combustible, porque hay un material que queda seco y termina produciendo incendios de alta intensidad”, afirmó, subrayando que un nuevo enfoque con el fuego como parte del ecosistema “podría ser una alternativa viable para las áreas de conservación”.

Comprender
Ernesto Massa es ingeniero agrónomo, trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Estación Experimental Paraná y se dedica a estudiar la vegetación del Delta y cómo este ambiente se comporta frente a la ganadería.
“El Delta no es todo lo mismo”, explica Massa, para quien la ganadería del Paraná medio, que es extensiva, se caracteriza por la poca inversión. “Se compran vacas y se las suelta en la isla. Pero más allá de las vacunaciones no hay manejo tecnológico ni se hace pastoreo rotativo, y la cantidad de hacienda también es muy variable”, dice.
El especialista aclara que no está a favor ni en contra del uso del fuego, pero que en general no es una buena práctica porque se maneja mal. “Es cierto que hay especies vegetales que luego de un fuego rebrotan con mejor calidad, pero otras no. Y si no se consideran todas las variables productivas quemar no sirve de nada. Hay lugares en los que se quema porque no se hace un manejo del pastoreo que ayudaría a aprovechar mejor la vegetación natural, más allá de que la cantidad de vacas que se puede poner en cada campo tampoco es infinita”, indica.
“Lo primero que hay que hacer con el fuego es entenderlo; pero no solo al fuego. La del fuego es una problemática emergente; no la única. Acá hay una falta de gestión territorial histórica que también se manifiesta cuando hay inundaciones, de pronto la tierra firme no alcanza y no se sabe qué hacer con el ganado”.
Hay quemas controladas, quemas prescritas, quemas que se usan para la conversión de bosques -no sería el caso del Delta- e incendios.
La “quema controlada” es en realidad bastante rudimentaria: los mismos parches de agua funcionan como cortafuego. En cambio en una quema prescrita no solo se tiene que pedir autorización, sino que hace falta contar con mediciones de viento, temperatura y humedad relativa y estar además controlando el fuego en campo con personal capacitado y equipos de ataque.
Massa sostiene que en el Delta medio no se hacen quemas prescritas. Y por eso, en parte, los incendios.

Descuidar
La ganadería está lejos de ser nueva en el Delta; de hecho constituye una de sus actividades tradicionales desde la época colonial. Con una diferencia: es una ganadería de baja carga que aprovecha el verano para el engorde. Pero luego llegó el boom de la soja, y así un acelerado proceso de agriculturización de la región pampeana que terminó por empujar la ganadería a zonas marginales. Entre ellas, el Delta.
El Delta tiene agua y pastizales de alta productividad, queda cerca de los centros urbanos e industriales y hasta hay megaobras, que como el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo y el viaducto Rosario-Victoria disminuyen el costo de trasladar la hacienda. Todo esto hizo que la ganadería bovina pasara de un sistema estacional y de baja carga a uno permanente y de alta carga. No obstante en los últimos años el stock de ganado disminuyó.
¿Quiénes son esos productores? El informe “Lineamientos para una ganadería ambientalmente sustentable en el Delta del Paraná”, publicado en 2014 por Rubén Quintana, Roberto Bó, Elizabeth Astrada y Cecilia Reeves, hace hincapié en la heterogeneidad geográfica y cultural. “El Delta no es la Pampa”, señalan, para caracterizar la ganadería en la zona:
* El crecimiento de la actividad fue anárquico y se dio sin ningún criterio de sustentabilidad.
* En los últimos años arribaron a las islas nuevos propietarios (en muchos casos sociedades anónimas) que tienen poco o nulo conocimiento no solo de la dinámica de esos humedales, sino de la ganadería en sí.
* Esos productores nuevos como algunos “históricos” casi no cuentan con asesoramiento profesional.
* Desde el punto de vista ambiental es positivo que en la región se realice ganadería extensiva, aunque no resultan favorables ni los pequeños productores que tienen un manejo muy básico, ni los grandes que proponen una alta intervención aplicando una “modalidad pampeana”.
Así y todo el informe destaca como positivo que en ciertas zonas predominen productores pequeños y medianos, porque son ellos los que pueden tener más interés, conocimiento y experiencia para garantizar la conservación de los humedales. “Esto último no puede asegurarse de una sociedad anónima cuyos responsables no residen en el área y ven a la ganadería como una alternativa más de inversión”, concluye.
“El Delta entrerriano sigue siendo tierra y agua de nadie”, dijo Analía Esperón, cuarta generación de productores ganaderos de la región, dedicada hoy al transporte fluvial de hacienda, en una de las reuniones que la Comisión de Recursos Naturales de Diputados organizó para discutir la Ley de Humedales. “Si bien en su momento hubo muchos productores y la zona se llenó de vacas porque la soja valía muchísimo, nunca se hizo un planteo de emergencia”, remató.
Pero para explicar el porqué del incendio hay que añadir el factor climático: una bajante histórica del río Paraná, la más importante en los últimos 50 años. “Los humedales como el Delta tienen ciclos húmedos y secos. En islas hay un 20 por ciento de zonas altas y otro 80 de bajas. En condiciones normales esas zonas bajas tienen agua en superficie, que hacen de cortafuegos naturales”, señala Darío Ceballos, director de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Delta del Paraná.
El problema ahora es que la bajante del río anuló esos cortafuegos, y que además la sequía generó una suerte de “bombas” de materia seca: una continuidad de colchones de restos de hojas, tallos y juncos acumulados, muy expuestos y altamente combustibles. Esa ganadería de isla sin un manejo adecuado tampoco fue capaz de tener en cuenta ese pulso hídrico.
“El potencial de las islas es producir ganadería en pastizales naturales, pero para eso falta gestión. Tenemos que pensar si en las guías de preservación vamos a dejar esas bombas de materia seca que favorecen que en un período de bajante se incendie todo. La alternativa tecnológica a las quemas no está tan clara, además de que se suma una impronta cultural”, observa Ceballos.
“Hoy se incendia un cuarto del Delta y somos noticia porque el humo llega a Rosario, pero esto pasa todos los años y como hay condiciones húmedas, las quemas no se conectan. Por más que nosotros como INTA hablemos de pastoreo, ese manejo no está. Se tiran las vacas y como es un ecosistema muy productivo el pastito crece, el ganado engorda y la carne va a exportación”, agrega el experto.

Repensar
Esto pasó antes: en 2008, también en medio de una bajante, los incendios en el Delta afectaron miles de hectáreas con daños sobre el patrimonio ambiental y la calidad del aire.
Esa situación llevó a que, a instancias de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires firmaran una carta de intención para impulsar un Plan Integral Estratégico para la Conservación y el aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná, que más conocido como “Piecas” intentó ordenar el territorio.
A eso se suma el Plan “Delta Sustentable” de Entre Ríos, con lo cual son dos los planes enteros creados para solucionar esta problemática que se suman a una extensa legislación nacional y provincial.
La zona incendiada del Delta es además un “sitio Ramsar”, nombre que reciben los humedales considerados de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar, que entró en vigor en 1975 y a la que la Argentina suscribió por ley en 1991. Por algo en el fallo del 11 de agosto sobre los incendios la Corte Suprema se limitó a solicitar que se cumplan las leyes.
¿Se puede producir en los humedales? ¿Qué papel debería tener el Estado como controlador y proveedor de información? En su intervención en otra de las reuniones en Diputados en torno a la Ley de Humedales, el ambientólogo Julián Monkes habló de pensar la norma como instrumento, pero más que nada como proceso que pueda abrir un diálogo intersectorial y federal.
“Quiero pensar que el objetivo no es que se preserven los humedales para construir ‘desiertos productivos’, como plantean sectores del agro concentrado. Lo que debería buscar es conservar algunas áreas sensibles, pero sobre todo planificar la producción de acuerdo con criterios ecosistémicos y a pautas culturales de cada región, porque de nada serviría tener una ley perfecta sin el apoyo de los actores en el territorio." Cuestión clave si las hay en un tema tan sensible, importante y urgente como el cuidado del medio ambiente.
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Ecología. Desarrollo sustentable, un reclamo que crece en la Argentina

Fecha de Publicación: 14/09/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Para el movimiento ecológico, la crisis sanitaria mundial que el nuevo coronavirus hizo estallar es una confirmación -en un único, brutal golpe- de algo que venía sucediendo en cuentagotas y que la ciencia anuncia desde hace al menos 20 o 30 años: hay dos colapsos ambientales que se dan al unísono y se retroalimentan: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (que no es sino una manera de llamar a la extinción de especies y ecosistemas planetarios). Y, aunque no parezca evidente a simple vista, están detrás de enfermedades de origen animal -zoonóticas- que saltan al humano justamente por la forma problemática, difícil hasta lo inviable, en que se producen bienes y se extraen recursos de la naturaleza para alimentar a casi 8000 millones de industriosos seres humanos. El salto lo dio el virus luego bautizado Sars-CoV2, pero pudo haberse dado antes. Lo que es peor, puede volver a darse.
En ese contexto, una vez más la Argentina está en condiciones de pensar qué tipo de desarrollo quiere, en virtud de una cada vez más onerosa cuenta ambiental local, resumida en quemas que destrozan islas y sofocan poblaciones, en un aumento de enfermedades prevenibles por agroquímicos, zonas enteras perdidas por la explotación minera intensiva y, sobre todo, la cada vez menos abstracta oposición de las poblaciones, hoy más amplia que una mera vanguardia verde. El último ejemplo de una larga cadena es la resistencia que ha generado un proyecto para instalar decenas de granjas porcinas para exportar a China (país donde estos animales sufrieron la peste porcina africana, que obligó a sacrificar más de un millón de cerdos), comunicado de forma equívoca por el Gobierno. El modo en que se maneja la información acerca de cuánto será producido (¿9 millones o 900.000 toneladas de carne?), quién hará la inversión inicial (¿2800 millones de dólares?) y en qué lugares (¿25 ciudades?) no hace sino aumentar las suspicacias de ecologistas y movimientos ciudadanos, que ven aquí a los mismos protagonistas que introdujeron la soja transgénica en la década de 1990. Pero se trata de un ejemplo, el más reciente y candente, de algo que trasciende.
"Hay que pensar un modelo de desarrollo donde siempre esté incluido el ambiente. Desarrollo sin ambiente no es desarrollo", dice Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales por la UBA y miembro del colectivo La vuelta al mundo (lavueltaalmundo.com.ar), que busca discutir lo ambiental desde lo social y político (o viceversa). "Se vuelve a dar una gran improvisación. Eso es lo que más discuto del tema de los cerdos, la falta de planificación", afirma.
"¿China necesita cerdos? Hacemos un memorándum. Pero hace falta mucho más: un plan de desarrollo con todos los sectores involucrados, zonificación, evaluación de impacto ambiental; si no, pasará lo mismo que con la soja transgénica", advierte Monkes. Y señala otro punto sensible: Vaca Muerta. "Allí también falta ordenamiento de la frontera extractivista para que no se lleve puesto a la gente que ya vive ahí y a todo el valle que produce peras y manzanas".
Todo en un escenario nacional que los ambientalistas conocen e incorporan en sus análisis; es decir, en medio de lo que los economistas llaman restricción externa y que podría resumirse en la expresión "faltan dólares", tanto para generar desarrollo como para pagar deuda.
Además de obtener licencia social (que la gente acepte localmente los emprendimientos), Monkes cree que se debe poner a trabajar a los técnicos y científicos que tiene el país para ordenar y fiscalizar.
Algún movimiento en ese sentido parece haber. Al menos, así lo explicó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, en una entrevista con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico. "En litio, en la extracción de petróleo y en las actividades agropecuarias estamos estableciendo una mirada transversal. La idea es que la producción tiene que ir de la mano del cuidado del ambiente", dijo.

El acuerdo con China
Respecto del acuerdo con China, agregó: "Participamos de reuniones en Casa Rosada. Vamos a armar una comisión que dé los protocolos y la información necesaria para la bioseguridad y el manejo de los residuos. La Argentina va a tener un proyecto en porcinos que siga las normas y estándares internacionales de manejo de residuos y bioseguridad en escala". Salvarezza dijo que hay un trabajo conjunto de su cartera con los ministerios de Ambiente, Agricultura, Cancillería y Producción.
La pregunta es si se alcanzarán los estándares internacionales más altos. Dada la cantidad de cerdos contemplada en el proyecto, el riesgo es el hacinamiento, que puede generar enfermedades y heces en tamaños inmanejables, potencialmente dañinos para los cursos de agua. Como en los asuntos farmacéuticos, la cuestión es la dosis que el medio ambiente no puede tolerar y que genera daños no incluidos dentro de la ecuación meramente económica.
Carolina Vera, jefa de gabinete en el ministerio de Ciencia y climatóloga de renombre mundial, afirma: "En la producción porcina hay que ver la escala, el uso del agua y los desechos; es mejor cuanto más pequeña es la escala y se puede hacer en regiones del país con animales a campo y cerca de zonas donde se producen granos. Y con tratamiento de efluentes, que pueden convertirse en biogás, en un proceso económica circular". Durante un encuentro online de la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras la semana pasada, afirmó: "Toda producción puede hacerse de manera sustentable".
Otro funcionario involucrado en las conversaciones señaló que la inquietud nace de Jefatura de Gabinete. "El pedido es que se trabaje lo productivo y lo ambiental en mesas amplias con miradas divergentes. Ni todo lo que propone el inversor, como en minería, pero tampoco no hacer nada, como quizás algunos sectores plantean. Son mesas que no abundan en la Argentina y no tenemos entrenamiento", se lamentó. Sin embargo, por ahora no se ha invitado a las ONG.
Cada país encuentra su manera propia de desarrollarse. Europa y los Estados Unidos, y también la relativamente efímera Unión Soviética, lo hicieron a expensas de exprimir sus recursos naturales para industrializarse, con un costo que aún tiene consecuencias globales. La quema de combustibles fósiles, sobre todo carbón, para alimentar la revolución de las máquinas afectó a sus poblaciones entonces y todavía genera el efecto invernadero que deriva en el cambio climático. El tardío Japón y los casos de Corea del Sur y China, entre otros, resultan difícilmente extrapolables al contexto sudamericano. El hecho de que el crecimiento se ha pagado y se paga con aire literalmente irrespirable en muchas de sus ciudades no es un dato menor: el gobierno chino en ocasiones pide que su población no salga de sus casas porque estar al aire libre significa incorporar aire venenoso.
"Compramos un GPS nuevo pero le pusimos la misma dirección de siempre", dice María Marta Di Paola, directora del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que generó un documento con la información acerca del acuerdo porcino y sus riesgos e incertidumbres.

Efecto invernadero
"Lograr esas 900.000 toneladas de carne porcina implicaría incrementar el stock de animales en casi 10 millones, sumar más de 2.200.000 toneladas de maíz y unas 750.000 toneladas de soja para la alimentación del ganado, lo que implica sumar casi 290.000 y cerca de 250.000 hectáreas cosechadas de uno y otro grano; eso duplicaría las emisiones de gases de efecto invernadero del sector porcino y demandaría unos 12.000 millones de litros de agua potable a lo largo de toda la producción, sin contabilizar el agua para la limpieza", reseña el documento.
"Estos últimos anuncios, de reactivación de Vaca Muerta, de búsqueda de atraer inversiones para gas también a través de plataformas offshore, el acuerdo con China sobre megafactorías de cerdo, los incendios, el no tratamiento de la ley de humedales. es todo lo mismo, pero peor", grafica el escrito.
Para Di Paola, hay un debate que el país se debe: pensar un modelo agropecuario que tienda hacia "una agroecología que ponga en valor saberes ancestrales, que permita internalizar los beneficios ambientales y sociales de este tipo de actividades; la generación de energía accesible para la población, que no esté centralizada en el petróleo y el gas, que va en contra de compromisos ambientales generales. Ir hacia lo local, más hacia adentro", propone.
Como Monkes, ella cree que la planificación es una de las claves. "China planifica mínimo a diez años, acá cuatro años es largo plazo y en ambiente cuatro años no es nada. Es apenas un mandato de gobierno, por eso las políticas resultan débiles". Di Paola niega que el movimiento ambientalista en sentido amplio "ponga trabas" al desarrollo.
"Todo depende de cómo el paquete genera beneficios económicos, sociales y ambientales de manera armónica. No que lo económico se lleve puesto todo", dice. Y presenta como esencial la idea de licencia social: los pobladores de donde se extraiga el agua y el maíz que necesitarán los cerdos deben dar su consentimiento informado, para usar otra expresión de la industria farmacéutica y los ensayos clínicos.
Ese punto, justamente, el de la licencia social, es el que esgrime el colectivo Jóvenes por el clima, organización nacida como una de las versiones argentinas del movimiento mundial que encabeza la militante sueca Greta Thunberg, de rutilante estrellato. La aparición de los jóvenes como un actor político deja claro que, aún con presentes espinosos, las previsiones marcan que el peligro mayor está en el futuro; ya no en el siglo XXII, sino en un tiempo que es el que van a vivir las y los Gretas del mundo, con fenómenos climáticos extremos frecuentes, con provisión de alimentos más difícil, con regímenes hidrológicos modificados, entre otras amenazas.

Otra perspectiva
"A nadie le gusta que el mundo esté camino a un colapso, y tendemos a matizar y ver qué parche o qué se puede hacer para solucionarlo, pero lo que muestra la tendencia en relación a emisión de gases es que no podemos enfrentar la crisis en la magnitud en que es necesaria. Es un fracaso de todos los países", dice Ana Julia Aneise, licenciada en economía y miembro de Jóvenes por el clima. "La Argentina necesita una perspectiva ambiental para todas sus decisiones de política económica y pública. Lo ambiental no es algo secundario, una evaluación previa. El mundo está atravesado por una crisis que cambia los patrones de comercio y producción, y moldea el futuro. La Argentina está en situación complicada por la deuda, la pobreza y la crisis del coronavirus, que profundiza todo. Es necesario planificar, no solo en relación con este acuerdo porcino sino también en todo lo productivo con una visión sistemática, porque los problemas afectan primeros a los de menores ingresos. El objetivo ambiental debe ser menos pobreza y desigualdad", dice Aneise, de 24 años, que tiene claro que, si las generaciones hoy a cargo no encaran la transición, van a sufrir las nuevas generaciones.
En un contexto internacional que demanda productos primarios, la transición hacia una producción con respeto al ambiente puede no ser opcional sino obligatoria, incluso en el marco de una globalización ralentizada o de pactos internacionales como el Acuerdo de París, en vías de cumplirse. Hay muchos mercados que comenzarán a cerrarse si los productos no vienen con una huella ecológica y hasta el FMI o el Banco Mundial consultarán por acciones ambientales antes de ir a lo financiero. Así de potente es la agenda.
La clave es la transición hacia lo más limpio, lo más amigable y menos fósil posible. "Entiendo que hay actividades productivas en curso y no se puede de un día para el otro hacer una modificación brusca. Pero es necesario pensar ya la transición. Y planificar, no tomar medidas en virtud de las urgencias", dice Aneise. Señala que desde el ambientalismo no se plantean dejar Vaca Muerta y la soja la semana que viene, sino que analizan que ese sistema es insustentable y que hay que modificarlo con cierta urgencia, y que esa proyección no se discute. "Lo piensan como secundario", se lamenta.
En ese contexto, con los sectores de agricultura y deforestación como los más emisores del país, sumar miles de cabeza de ganado solo podría añadir más puntos al incumplimiento de los compromisos climáticos. "La Argentina tiene capacidad para producir tecnología. Un ejemplo ilustrativo es el litio, un recurso estratégico para las baterías eléctricas. En sí misma, la exportación de litio no trae ingresos, no compite con la minería tradicional. Si el país tuviera un proyecto para construir las baterías, un objetivo que Bolivia tenía, un plan para valorar algo más que materia prima, sería mejor como modelo de desarrollo", dice Aneise.

Intereses en pugna
Son discusiones, las ambientales, que suelen tener como principal foro el Congreso. Allí se suceden, desde hace más de una década, luchas y disputas por distintas leyes que regulan y restringen la explotación indiscriminada. Lo insólito es que una vez sancionadas solo se cumplen de manera parcial, como la ley de bosques, que ordenó territorios pero nunca obtuvo, en más de una década, el presupuesto que la propia norma establecía.
Hoy la disputa es por la ley de humedales, ecosistemas imprescindibles para mantener la salud de personas y ambientes, cuya sanción podría afectar intereses inmobiliarios y agropecuarios particulares en función del interés general. "Es difícil y hace falta energía y tensión social para sancionarla, pero diversos ámbitos se empiezan a hacer eco de estas demandas. Hay terreno para profundizar", sostiene Aneise.
Su grupo se anotó una participación clave en la ley de cambio climático, sancionada hace casi un año; "una ley que jerarquiza e institucionaliza" a actores que buscan limitarlo, según explicó Mariano Villares, de Sustentabilidad sin Fronteras, en el evento citado. Allí afirmó: "Lo que favoreció su aprobación es el hecho de que es una ley que no afecta intereses de sectores económicos, a diferencia de la ley de humedales, que se trabajó en paralelo, pero no fue sancionada aún porque establece un inventario nacional de humedales que restringe actividades productivas y afecta intereses. La ley de cambio climático no fija plazos ni establece obligaciones a sectores económicos", reconoció.
Como se ve, todavía conspiran la imposibilidad de las autoridades de considerar el largo plazo así como egoísmos y posiciones insostenibles e insustentables. Si nada cambia, la próxima pandemia podría estar a la vuelta de la esquina.
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Producción porcina con reaseguros

Fecha de Publicación: 02/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El gobierno informó que será postergada hasta noviembre la firma del acuerdo con China para la exportación de carne porcina. “Hemos incorporado especialmente al Memorándum de Entendimiento con China un artículo donde se asegura el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad. Por eso, su firma se atrasará hasta noviembre”, informó Cancillería, que pretende rubricar el acuerdo en la próxima Feria de Negocios de Shanghai.
Si bien la incorporación del tema ambiental de forma explícita en el acuerdo es una señal ante las críticas del ambientalismo, en sí misma no representa una exigencia adicional a las que ya existen en el ámbito de la producción agropecuaria.
El gobierno informó que "el Memorandum de Entendimiento propuesto por la Cancillería Argentina a China para el desarrollo de inversiones en la industria porcina incorpora un marco de respeto al medioambiente, las leyes de protección ambiental y los compromisos internacionales en la materia". "También promueve las buenas prácticas ambientales para que las actividades no sólo sean respetuosas de las leyes ambientales sino que además contribuyan a promover la salud de los ecosistemas y la protección de los recursos naturales en las regiones directamente involucradas", agregó.
La producción global de carne porcina registra un volumen cercano a las 122 millones de toneladas. El principal productor es China, con el 45 por ciento de la producción total. Lo siguen en orden de importancia, con una participación relativa mucho menor, los Estados Unidos (10 por ciento), Alemania (4,5), España (3,7), Brasil (3,1), Canadá (1,8) y Dinamarca (1,3).
La producción porcina de Argentina representa el 0,5 por ciento del total mundial. El acuerdo con China, dicen en el gobierno, permitiría extender esa participación al 1 por ciento.
Según el texto del acuerdo con el país asiático, "el esquema de incremento de la producción se ha planteado sobre la base del desarrollo de 25 unidades integradas de 12 mil madres cada una. Se trata de unidades cerradas que comprenden plantas de elaboración de alimento balanceado, biodigestores (generación de energía y bio fertilizantes), criadero ciclo completo, frigorífico exportador, proceso sin laguna de efluentes, oficina de Senasa y Aduana".
Se calcula una inversión total de 3,7 mil millones de dólares, la generación de 9500 puestos de trabajo y exportaciones por 2500 millones de dólares anuales.
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Quiénes son los dirigentes y los sectores que buscan frenar la ley de humedales

Fecha de Publicación: 01/09/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.
Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanción de una ley de presupuestos mínimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad. La ley fue frustrada dos veces en los últimos años por la acción de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservación de los ecosistemas humedos no dudan en señalar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate, son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.
Los incendios de los últimos meses en el Delta del Paraná volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por daños ambientales tienen vínculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga limites al ecocidio. En ese marco, las cámaras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder político provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.
En Argentina el área de humedales alcanza cerca de 21,5 por ciento del territorio nacional, según la organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracción de litio, la ganadería --que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja-- y también se construyen countries, motivo por el cuál también existe lobby, aunque en una proporción menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.
Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad, que son capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones, se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este año se presentaron seis proyectos, de los cuáles el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que más avanzó. Sin embargo, más rápido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.
Dentro del Congreso, el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la lógica territorial que impera en el debate. En ese marco, como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la desición política del Poder Ejecutivo resulta determinante. Ante ese escenario, Grosso se mostró optimista y afirmó ante Página/12 que "hay un compromiso de todo el arco político a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley", y agregó: "Estamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisión política de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo está destruyendo".
En las distintas provincias las presiones para que no avance proyecto, son variadas. Corrientes es uno de los ejemplos más significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia --de la que forman parte, entre otras, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA)-- lanzaron una declaración en contra del proyecto, ya que consideran “preocupantes los efectos que tendría sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la Provincia, y de una gran extensión de la Argentina”. En el mismo escrito, estas entidades señalaron que los proyectos que se debaten en el Congreso “poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podrían limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulación y desagüe”.
Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechazó la normativa que pretende regular la actividad y sus representantes afirmaron que tendrá "implicancias negativas hacia el sistema productivo" del nordeste del país.
Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y ,en menor medida, a la ganadería.  Jetter afirmó: “en nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes”. A su vez, el gerente de Copra consideró que los proyectos de ley podrían “restringir actividades o poner exagerados controles” sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Martín Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hectáreas.
Por su parte, José Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores más grandes de arroz del país. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consistía en represar el arroyo Ayuí, destruyendo así las selvas ribereñas y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo público para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logró ser frenado, el empresario continuó expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acuíferas, y hoy Copra es una fuerte detractora de la ley.
Según explicó en diálogo con Página/12 Adriana Arzolin, licenciada en química con un posgrado en impactos ambientales y miembro de la Fundación Humedales, “el proceso de sojización y de la expansión de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ahí siempre hubo cría de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido". "Lo que hacen, entonces, es prender fuego los terrenos en los que ahora están los animales para renovar los pastos que son su alimento”, aseguró la especialista.
Otro empresario poderoso que está imputado por la justicia federal de Paraná por estar detrás de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hectáreas en el Delta y miles más en la provincia de Entre Ríos. Por otra parte, en la provincia mesopotámica también fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N°4 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imputó a seis personas acusadas de “provocación dolosa de incendios, con peligro para los bienes”.
Según Arzolin “es importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ningún tipo de regulación. El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producción. Ahora se está haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables”. “Lo que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qué actividad y con qué intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habrá algunos muy frágiles en los que no se podrá hacer nada y otros que podrán seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas”, explicó.
Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indicó que “hay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien común. Las reservas naturales son de todos, no de un puñado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos". Luego Arzolin agregó que "por supuesto que luego habrá que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dará una solución absoluta, pero será una herramienta más que es sumamente necesaria".
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Argentina: el peligro de la reactivación económica para los bosques del Gran Chaco

Fecha de Publicación: 31/08/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional


Aunque la pandemia se ve como una oportunidad para apostar por un desarrollo más amigable con el medio ambiente y la biodiversidad, los planes de algunas provincias Argentinas de expandir la agricultura y la ganadería para generar ingresos puede traer consecuencias a corto plazo.
La pandemia sorprendió a la Argentina en el momento más agudo de una caída económica que comenzó en 2012 y se acentuó en los últimos dos años. El gobierno que asumió sus funciones en diciembre de 2019 recibió un país que había dejado de pagar algunas de sus deudas, con índices de desempleo y pobreza en ascenso, y una inflación anual que superaba el 50 por ciento. Los expertos señalan que el coronavirus llegó simplemente para dar el golpe de gracia.
Por ello las palabras que más se repiten por estos días en Argentina son dos: reactivación económica. Aunque los científicos, organizaciones ambientales y colectivos quisieran que se sumen dos más: cuidado ambiental. En medio de este debate, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, dijo en una columna de opinión publicada en el diario Clarín que “aumentar la competitividad del complejo agroindustrial es clave para posicionar al país como proveedor mundial de alimentos”. En su declaración, el mandatario chaqueño sostiene que quienes estén dispuestos a invertir en su tierra serán beneficiados con apoyos económicos que van desde subsidios hasta reintegros de capital. No menciona lo ambiental, ni el valor del bosque, ni el desarrollo de las poblaciones rurales. Al mismo tiempo, en otra columna publicada en julio en el diario La Nación, resalta el potencial que tiene la provincia para estirar la cifra actual de 1,8 millones de hectáreas cultivadas hasta los 3 millones en 2030.  «Chaco —sostiene Capitanich—  está llamado a ser el símbolo de nuestra agroindustria y el ícono de nuestra recuperación económica».
“Me plantean que es utópico pensar ahora en la cuestión ambiental, dada las urgentes necesidades económicas”, opina Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina: “Yo digo que es mucho más utópico tratar de superar este momento haciendo lo mismo de siempre. Justamente es en las urgencias cuando hay que hacer las cosas de un modo diferente”.
Se trata de una línea de pensamiento en la que coinciden varios ambientalistas. “El único modelo que conocen los gobiernos latinoamericanos para salir cuanto antes de una crisis de pobreza es el extractivismo que nos trajo hasta aquí”, subraya Hernán Giardini de Greenpeace Argentina. A su vez, Nicolás F. Avellaneda, de Sed Cero, una amplia red de organizaciones y empresas que trabaja por mejorar el acceso al agua en las poblaciones del Gran Chaco, sostiene que “la necesidad de generar divisas llevará a fortalecer un tipo de industrias que se contrapone con la lógica, el trabajo y la forma de vivir de las comunidades campesinas. Las amenazas para ellas irán en aumento”. Ricardo Tiddi abunda en la idea: “Argentina responderá como en la crisis anterior: desmontando [deforestando] y sembrando soja”.

Tala e incendios en cuarentena
Desde hace un cuarto de siglo, el Gran Chaco lidera el ránking argentino de ecorregiones deforestadas. Sus tierras, su biodiversidad y su gente han visto y padecido en este tiempo el avance imparable de la frontera agroganadera. Los suelos, el paisaje, la vida cotidiana y hasta el clima se han visto modificados de algún modo. Solo un aspecto no ha sufrido cambios: las cuatro provincias que conforman la mayor parte del área —Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco—se mantienen entre las cinco de menor desarrollo socioeconómico del país, cualquiera sea el índice que se mire.
En semejante contexto, la irrupción del coronavirus SARS-Cov2 no es más que una nueva muesca en el revólver. Para luchar contra la epidemia, el gobierno argentino decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el día 20 marzo, y todavía permanece vigente, con todas sus variantes de aperturas y cierres según fuera evolucionando la situación en cada rincón del país. Aunque desde el primer día hubo actividades declaradas “esenciales” que no se vieron interrumpidas. Por ejemplo, la agroganadera.
“La producción siempre va a ser constante y creciente porque la demanda de alimentos no se interrumpe”, razona Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal del Chaco como explicación a dicha medida. La explotación forestal se sumó a la lista un mes después.
Según los datos que recaba periódicamente Greenpeace a través de información satelital, en este tiempo de cuarentena, la deforestación en la región fue incluso mayor que la ocurrida en el mismo período de 2019. Alrededor de 30 000 hectáreas de bosque nativo fueron taladas entre el 15 de marzo y el 31 de julio, indica Giardini, coordinador de la campaña de bosques en Greenpeace Argentina.
“Salvo en Chaco, donde hubo mayores controles, denuncias y multas. En el resto del área, en cambio, el control fue menor al habitual”, precisa Giardini. “El último informe oficial —del 16 de mayo— dice que el 86% del área deforestada en la provincia fue ilegal, es decir, sin permisos”, agrega Ricardo Tiddi, técnico en Sistemas de Información Geográfica e integrante de Somos Monte, una asamblea de organizaciones ambientalistas.
Un trabajo realizado por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD), sistema nacional de evaluación y monitoreo de tierras integrado por científicos de distintas instituciones estatales, confirma estas impresiones: “Los desmontes (deforestación) son una problemática presente en la zona que durante la cuarentena no se ha detenido…y también han continuado las tareas de habilitación de cambios en el uso del suelo en zona amarilla”, señala el estudio. La ley 26331, o Ley de Bosques, establece que en zona amarilla está prohibido alterar el paisaje natural, salvo autorización expresa y respetando una serie de limitaciones.
La pandemia, por otra parte, coincide con un período especialmente seco en el Chaco semiárido, lo cual ha originado un factor de riesgo añadido para el monte: los incendios. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales pudo detectar hasta 78 focos de calor entre marzo y mayo, solo en el Departamento Almirante Brown, distrito chaqueño limítrofe con las provincias de Santiago del Estero y Salta. “Algunos incendios ocurridos en la zona fueron producto de quemas intencionales de cordones boscosos de desmontes ilegales [tala ilegal]”, precisa la investigación del ONDTyD.
Del otro lado del mostrador también existen reclamos por promesas insatisfechas que limitan cualquier intento de control y vigilancia eficaz. Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal de Chaco, lo resume en un pedido: “Que se actualicen e incrementen los recursos del Fondo de Bosques en función de la inflación y de los problemas que se presentan”.
El actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, avala de algún modo su reclamo: “Hay una parte del fondo creado por la Ley de Bosques que corresponde al presupuesto nacional y otra que se deriva de las exportaciones. Pero ese presupuesto estaba frenado. En mayo pudimos transferir una porción correspondiente al período 2018/2019”.
La norma ordena que las provincias reciban aportes financieros del Estado en función de la cantidad de hectáreas de bosque nativo que conservan. Dichos recursos deberían usarse para tareas de control y cuidado, pero también para compensar a los dueños de tierras ubicadas en zonas rojas (prohibición total de deforestación) o amarillas. Cabandié, desde que asumió el cargo en diciembre pasado, sostiene que la ley debería ser modificada ya que “permite hacer cualquier cosa en las zonas verdes y eso es una locura. Estoy trabajando en eso, provincia por provincia”, asegura.
“El financiamiento de la Ley de Bosques nunca alcanzó el mínimo del 0,3% del presupuesto nacional…En 2019, el presupuesto de la ley fue de tan solo el 5 por ciento de lo que debería ser”, sostenía hace unos meses Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Santiago del Estero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “En otras partes del mundo, el ecoservicio tiene una retribución, hay que buscar la manera de que aquí también sea así”, subraya Alejandro Aldazábal. Para el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, “sin ese paso, un dueño siempre estará pensando en cómo cambiarle el uso a su finca para que le sirva mejor. Hay que buscarle alternativas, como el turismo, y ayudarlo a desarrollarlas. No se puede esperar 15 años”.

Montes nativos
En el Departamento Almirante Brown, no muy lejos del Parque Nacional Copo, desarrolla su actividad Luis Dellamea, productor agroganadero pero al mismo tiempo propietario de Tantanakuy, uno de los escasos emprendimientos ecoturísticos de la región. “Tengo mis vacas y mis tierras, pero también supe ver la potencialidad turística y la posibilidad de equilibrio entre las dos actividades”. Su experiencia con el Fondo de Bosques tampoco ha sido la mejor: “Tantanakuy está en zona amarilla. La ley establece apoyos crediticios del Estado para fomento y desarrollo de infraestructuras, pero en más de una década eso nunca se concretó”.
Dellamea, por otro lado, se manifiesta contrario a algunas prácticas que incluso sufre en carne propia: “Antes de la pandemia, alrededor nuestro se habían deforestado unas 5 000 hectáreas de zona amarilla. No dejaron ni cortinas boscosas, es tierra arrasada”, se lamenta, en tanto que relata que muy cerca de su finca se produjo otro desmonte a principios de agosto: “Unas 400 hectáreas, con topadoras y cadenas. Cuando llegó la policía el monte estaba destruido”.
La consecuencia de ese nivel de destrucción ha sido que buena parte de la fauna silvestre del lugar encontró refugio en las 2 500 hectáreas de monte intacto de Tantanakuy, pero su dueño no lo ve como un elemento positivo a largo plazo: “El aumento de fauna termina siendo desastroso. Cada tatú carreta (Priodontes maximus) necesita unas 400 hectáreas para su movilidad; si se acumulan muchos ejemplares en 2 500 hectáreas, el animal acabará saliendo y lo atropellará un camión o lo cazarán para comérselo. El paisaje aquí es virgen, pero corre el peligro de quedarse solo con árboles y pájaros”. Alejandro Aldazábal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta comulga con esta idea: “Cada ambiente tiene una determinada capacidad de carga de individuos de una especie, si es superada empiezan a morirse por ausencia de comida, oxígeno o la razón que sea hasta alcanzar el número adecuado”.
¿Es posible que la pandemia promueva un cambio radical en la gestión de los bosques del Gran Chaco? “Tener un bosque y conservarlo debe ser algo positivo, debemos ponerlos en valor”, sostiene Aldazábal, y aporta: “En Salta, la tasa que se paga actualmente por metro cúbico de madera extraída es la misma que en 1992: 6 pesos. La diferencia es que entonces eso equivalía a 6 dólares y hoy no llega a diez centavos. Evidentemente, a nadie le importó el bosque durante todo este tiempo”.
El físico Ricardo Tiddi maneja sus propias cifras: “En Chaco se puede comprar tierra para desmontarla a 500 dólares la hectárea, pero esa misma hectárea almacena más de 300 toneladas de carbono. Si una tonelada de carbono se cotiza a 25 dólares en el mercado internacional, el valor de ese suelo debería ser de 7 500 dólares. Sin embargo, un árbol de varios siglos de edad que se corta de ese bosque se vende por unos 13 dólares”. El integrante de Somos Monte hace hincapié en lo que califica como “profundas incoherencias entres los flujos de fondos” para explicar algunas de las rutas que llevan a la pérdida de bosque.
“La pandemia debe servirnos para entender que tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos volver a usar los recursos naturales como los estábamos usando”, remarca Manuel Jaramillo, y agrega: “No se trata solo de dejar de deforestar. Hay que recuperar el valor productivo del bosque nativo, y esto será imposible mientras no se controle y fiscalice el uso de la madera y haya posibilidad de ingresarla ilegalmente en el comercio”.
El director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina apunta al postergado desarrollo de la ecorregión como eje del futuro a mediano plazo. “Hasta ahora, ni la deforestación, ni las divisas que producen la soja o la ganadería vinieron acompañadas de desarrollo”, dice, y propone “un nuevo ordenamiento ambiental que defina cuáles son las mejores prácticas productivas para promover desarrollos sociales genuinos en cada región”. En ese sentido, Marcelo Navall cree que en el Gran Chaco “la ganadería sustentable, el aprovechamiento forestal controlado, la apicultura y muchas actividades productivas más podrían ser compatibles con el cumplimiento de la ley y el sostenimiento de los servicios ecosistémicos de los bosques nativos”.

Alimentar al mundo es la meta
Los pasos que se atisban en el horizonte, sin embargo, no parecen ir por ese camino. El nuevo Consejo Agroindustrial Argentino, que reúne a 42 entidades relacionadas al campo y la producción alimentaria, si bien en su carta de presentación menciona la necesidad de trazar “una estrategia de descarbonización de nuestra agricultura” y de “mostrar que protegemos el Gran Chaco”, tiene como objetivo principal a corto plazo “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal”, tal como afirma el gobernador chaqueño.
Por otro lado, en noviembre el país se apresta a firmar un acuerdo con China para la producción de un número todavía indefinido de toneladas de carne porcina destinadas exclusivamente a ese mercado. Esto implicaría la creación de grandes granjas de cría de cerdos. Existe el temor de que el Chaco, por su extensión y por encontrarse lejos de las grandes ciudades, sea uno de los sitios candidatos a acoger algunos de esos emprendimientos.
En ambos casos, la creación de empleos directos y la generación rápida de divisas es la principal motivación, siempre acompañada por la promesa de cuidados de las normas ambientales que en anteriores ocasiones se han demostrado muy difíciles de fiscalizar y de cumplir.
“Algunos sectores empiezan a entender las consecuencias que tiene el manejo de lo ambiental. Me cuesta ser optimista, aunque eso nos da una oportunidad”, se ilusiona Hernán Giardini. Por su parte, Manuel Jaramillo apuesta a que el Consejo Económico y Social que el gobierno nacional pondrá en marcha para liderar el proceso de recuperación en la pospandemia “sea también, necesariamente, Ambiental”.
Lo que vaya a ocurrir en el Gran Chaco argentino tras el paso del Covid-19 es un enorme interrogante. De los movimientos sociales y la conciencia general dependerá en buena medida que no sea otra vuelta de tuerca rumbo al desastre.
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Ocho provincias complicadas por el fuego

Fecha de Publicación: 27/08/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Según funcionarios nacionales, algunos incendios se explican por la expansión de la frontera agrícola.
En un cuadro de situación que desde el Gobierno nacional definen como “cambiante”, ayer ocho provincias presentaban focos de incendios, algunos calificados como “activos” y otros, como “contenidos”. De acuerdo con las imágenes satelitales obtenidas por el Siname (Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, se registraban incendios en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca, La Rioja, Corrientes y Córdoba.
El Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) fue creado en 2013. El Ministerio de Seguridad tiene a cargo lo que se llama “respuesta operativa del combate del fuego”, mientras que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible monitorea las condiciones de peligro y aplica las políticas de prevención.
Gabriel Fuks, segundo de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad, es el funcionario responsable del SFMF. Cuando las provincias se ven desbordadas en el combate contra los incendios, recurren a Protección Civil, área a cargo de Fuks.
Ayer, esta dependencia tenía desplegados tres aviones hidrantes y uno de observación en Villa Albertina, Córdoba. El parte vespertino indicó “20 casas quemadas y otras parcialmente afectadas”. En Cosquín-Pan de Azúcar, con 100 evacuados, Nación aportó otro avión hidrante.
Entre Ríos, otra provincia que solicitó ayuda federal, recibió dos aviones hidrantes para combatir el fuego. Catamarca también recibió la colaboración de dos aeronaves enviadas desde Nación.
En diálogo con este medio, Fuks atribuyó algunos incendios “al corrimiento de la frontera agropecuaria”. En este punto señaló la emergencia que se vive por la quema de pastizales en Santa Fe y en Entre Ríos. “Esto que digo no es algo que se me ocurre a mí. Desde febrero la Justicia federal está investigando la situación que se vive frente a la ciudad de Rosario”, dijo el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Justicia.
Algo parecido expresó el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, entrevistado por CNN Radio. “Hay incendios que tienen que ver con los métodos productivos”, dijo, al hablar sobre los incendios en Córdoba. “Hemos extendido mucho las fronteras agropecuarias en lugares donde no era propicio, y para hacer eso se deforestó”, señaló.
Fuks mencionó que en Córdoba, además, “hace 100 días que no llueve”, y dijo que en Santa Fe y en Entre Ríos “el Paraná está en una bajante histórica, con los arroyos interiores secos”, pero insistió que en que, más allá de “la situación climatológica”, algunos incendios “tienen que ver con la acción del hombre, inclusive la misma bajante del Paraná”.
“La gran falencia que se arrastra es que, en los últimos años, todos los recursos se pusieron en la respuesta al combate del fuego y no en el trabajo de prevención. Este es un modelo que debe cambiar. Los recursos fueron volcados a un mercado muy complicado, cartelizado, y la respuesta es carísima e ineficiente por más que uno tenga mil aviones”, explicó Fuks a La Voz.
El funcionario confirmó el envío a Córdoba de “un helicóptero de la Policía Federal con un hidrobalde” para atacar focos puntuales.
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Humedales. Especialistas del INTA criticaron el proyecto oficial

Fecha de Publicación: 27/08/2020
Fuente: Página Política
Provincia/Región: Nacional


“Es de una estrechez de criterio que sorprende”, se dijo en relación a que se pretenda implementar un régimen para el uso de “bienes inmuebles” y que su regulación dependa exclusivamente de Producción. Piden definición respecto de a quién y para qué entregarán tierras.
Sigue el debate del Régimen para el Uso Sustentable de Bienes del Estado de dominio público o privado, en humedales e islas de la provincia de Entre Ríos.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, con el articulado y sin la explicitación de fundamentos, en el contexto de la emergencia planteada por los incendios que no cesan y provocan una profunda crisis ambiental y sanitaria.
La iniciativa ya tuvo modificaciones importantes en un borrador que analizan los senadores de las comisiones de Legislación General, que preside la legisladora de Creer Entre Ríos, Claudia Gieco; y de Producción que conduce el dirigente del PRO, jefe del interbloque de Cambiemos, Francisco Morchio. Los cambios fueron en coincidencia con planteos de la Mesa de Enlace: eliminar el Estudio de Impacto Ambiental que preveía el artículo 3; y listar los departamentos contemplados en la norma, listado que dejó afuera a la costa del Uruguay y a Islas del Ibicuy de la costa del Paraná.
Otra voz escuchada por los senadores en comisión fue la de especialistas del INTA. Presentó sus observaciones el ingeniero agrónomo Ernesto Massa que acercó también los comentarios del licenciado Roberto Bó, del Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigación del Conicet.
Fue en general una mirada muy crítica de la iniciativa que tiene en debate el Senado. A grandes rasgos se cuestiona que la autoridad de aplicación sea exclusivamente la mirada de la Producción; además se aconseja la definición respecto de a qué tipo de productores y con qué fin se cede el uso de tierras. Se aconseja la expresa prohibición, por ley, del uso de agroquímicos aun cuando el borrador especifica que la agricultura autorizada debe ser “ecológica”. Además, se sugiere definir con claridad qué se entiende por “sustentable” cuando se habla de un régimen para un uso con esas características de humedales e islas.
“La sustentabilidad no es sólo económico-productiva sino también sociocultural y ecológica”, apuntó Bó que instó a tenerlo en cuenta ya que “si se mantiene en buen estado, permite que ocurran y se conserve nuestro patrimonio sociocultural y económico-productivo”. “A esto habría que tenerlo muy en cuenta, salvo que se piense en hacer negocios a corto plazo”, planteó.
Consideró “de una estrechez de criterio que sorprende” que el régimen aluda al uso de “bienes inmuebles”. Especificó que al hablar de las tierras en cuestión no se alude “sólo a espacios físicos sino a bienes naturales comunes que brindan servicios ecosistémicos como el agua y que deben usarse en forma efectivamente sustentable porque afectan la calidad de vida humana y, en general, y pertenecen a todos y no sólo al propietario o arrendatario”.

Producción y qué más
Se subrayó la necesidad de ampliar la autoridad de aplicación del régimen a sancionar. “Lamentablemente, el peso de los organismos encargados de la Producción (o, eventualmente de otros aspectos relacionados con el desarrollo de infraestructuras de comunicación, energéticas, emprendimientos inmobiliarios, etcétera), siempre fue mayor que el de lo organismos encargados no sólo de la parte ambiental sino, incluso de la sociocultural que, al menos, deberían tener el mismo peso. Esto obviamente ocurre porque se priorizan los ingresos económicos a cualquier otra cosa”, se observó desde el INTA que señala que en el proyecto “lamentablemente, no se dice nada de todo esto y esta visión estrecha se ve magnificada porque lo único que queda claro es que ingresen divisas a la provincia”.
Con respecto a los requisitos que contemple la Secretaría de Ambiente, para autorizar un proyecto en humedales o islas, se instó a contemplar “las realidades diferenciales que tienen los humedales” y si la evaluación de ese proyecto está a cargo “efectivamente de un organismo independiente y con probada capacidad científico-técnica (o que, al menos tenga la posibilidad de supervisar y dar la última palabra)”. En este marco, además, se apuntó que una ley como la que se debate debiera garantizar el control, la eventual aplicación de sanciones y explicitar características mínimas respecto del recurso humano capacitado y suficiente para monitorear y controlar el cumplimiento por parte de adjudicatarios.

A quiénes y para qué
Para Massa, “los productores que quieran acceder” debieran cumplir con el requisito de “ser preferentemente pequeños o medianos ganaderos, con tradición de producción ganadera islera y además que no posean tierras para producir”. “Deberían presentar planes de producción que sean revisados por la Autoridad de Aplicación Ampliada que para el integrante de INTA debiera ser “una Comisión Interministerial donde existan representantes de organismos públicos como universidades, INTA, Secretaria de Ambiente, Ganadería, Tierras Fiscales, Agricultura Familiar, Senasa, Fucofa, etc”.
Apunta también que no está clara la gestión del “uso gratuito” de tierras para residentes históricos prevista en el proyecto, “única parte referida al bienestar general”, no se obvió recalcar.
Para Bó, esa población “no sólo se lo merece sino que, seguramente, por su experiencia de vida y su conocimiento del funcionamiento ecológico de los humedales, probablemente serían los únicos que puedan hacer un uso efectivamente sustentable”. Se concluye, al respecto, que la norma no consigna “cuál, dónde, cómo y de qué tamaño” son las unidades productivas a las que se alude.

Letra muerta
Tras apuntar algunas propuestas respecto de qué fines debieran tener los recursos reunidos por el Estado ante el “uso oneroso” de los humedales, el integrante del GIEH insta a fijar políticas sobre las que se ha escrito, hecho y dicho mucho.
“No se dice nada sobre la necesidad de que parte de esos fondos deben ir a las necesarias tareas de promoción, monitoreo y control para asegurar la conservación de la diversidad ecológica, la integridad ecológica y a la salud ecológica de los humedales. Tampoco se dice nada de cómo esto va a favorecer la conservación de la diversidad sociocultural, entendida como los particulares modos de vida, actividades tradicionales, aspectos arqueológicos, antropológicos, religiosos, de los pobladores locales”, se cuestiona en la presentación hecha ante los senadores.
“En definitiva, esta ley no toma conceptos abordados por el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) ni del Plan Provincial para el Desarrollo sustentable del Delta entrerriano, lamentablemente procesos abonados con fondos públicos que se encuentran cajoneados e ignorados al menos en los últimos cuatro años”, concluyeron los especialistas.
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