Expertos en ecología de rutas trabajan en el proyecto de asfaltado del camino al Lago del Desierto

Fecha de Publicación: 13/12/2022
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


Convocados por el Gobierno de Santa Cruz, especialistas en el diseño de pasos de fauna se encuentran trabajando en la localidad de El Chaltén para optimizar el proyecto de la ruta escénica Nº 41.
El reconocido biólogo de Conicet, Diego Varela, consultor especialista en ecología de rutas y pasos de fauna, y el técnico Gustavo Aprile, con amplia experiencia de campo con huemules en la zona de Chaltén y Lago del Desierto, llevan adelante una campaña de relevamientos en el terreno para determinar sitios estratégicos para la construcción de pasos de fauna, pasos secos, alcantarillas, cercados, cartelería, “ecoductos” y reductores de velocidad que faciliten el movimiento de huemules en el marco del proyecto de asfaltado de la Ruta Nº41.
Las tareas forman parte de la evaluación de impacto ambiental que la Secretaría de Ambiente de la Provincia lleva adelante en coordinación con la Administración de Parques Nacionales, el Consejo Agrario Provincial y la Municipalidad de El Chaltén, sobre el proyecto promovido por la Administración General de Vialidad Provincial.
Durante los días de campaña, personal técnico de las distintas instituciones junto a los especialistas Varela y Aprile, recorrieron la traza proyectada, identificando los distintos sectores en los cuales el proyecto debe contar con infraestructura específica, para la conservación de esta especie protegida y emblema de la fauna nativa del Parque Nacional Los Glaciares y de la Reserva Provincial Lago del Desierto.
Estos relevamientos, forman parte de las medidas que el Gobierno Provincial implementa como resultado de los procesos de participación ciudadana, en los cuáles se detectó la necesidad de incluir mejoras en infraestructuras que promuevan la conservación de la biodiversidad en el valle del Río de las Vueltas.
El Secretario de Ambiente, Mariano Bertinat participó de las jornadas de trabajo y destacó el acompañamiento permanente de Vialidad Provincial y Parques Nacionales, para lograr un proyecto sostenible y en línea con los objetivos de conservación del área protegida. De igual modo, agradeció el apoyo logístico de la Municipalidad de El Chaltén para concretar las acciones en la localidad.
.

15 años de la Ley de Bosques: ¿cuál es el balance desde su sanción?

Fecha de Publicación: 29/11/2022
Fuente: Fundación Vida Silvestre
Provincia/Región: Nacional


La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007 y Fundación Vida Silvestre hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007, luego de un largo proceso legislativo y un fuerte consenso social, con el objetivo de frenar la deforestación creciente, promover la conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos de nuestro país.
Hoy, 15 años después, Fundación Vida Silvestre Argentina hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
El 28 de noviembre de 2007, en un contexto de emergencia forestal, en Argentina se sancionaba la ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Con tasas de deforestación que rondaban las 0,94% anual (aproximadamente 700.000 hectáreas por año) diferentes sectores de la sociedad civil se unieron para trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar y fomentar la aprobación del proyecto de ley.
La Ley de Bosques marcó un hito en el país en materia de regulación ambiental. Su sanción modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos, fortaleció técnica y económicamente a todas las jurisdicciones, visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas, y se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar su uso, brindando alternativas para equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Pero durante los 15 años desde su sanción, su implementación fue parcial y adoleció de la falta de voluntad política necesaria para su plena implementación en la mayoría de las jurisdicciones.
Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los dos últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.
Por otra parte, desde su implementación, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo y recibió mucho menos de lo que le correspondería, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración. En relación al estímulo financiero para el año próximo, el Presupuesto 2023 aprobado recientemente en el Congreso le asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones, lo que representa sólo el 10,36% de lo establecido por la Ley 26.331. Si bien el porcentaje se triplicó en comparación a los años 2021 y 2022, sigue siendo mucho menor del que debería asignarse.
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales” afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. A principios del año 2022, luego de los incendios de la provincia de Corrientes, se anunció la asignación extra de 10.000 millones de pesos, de los cuales finalmente solo se derivaron a las provincias 5.000 millones de pesos. Para el 2023, el monto asignado llegará a un 10,36%, lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.

¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?
La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso –y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad, y los servicios ambientales.
El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operarios forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionares públicos será central para avanzar en los desafíos que demanda la correcta implementación de la Ley.
La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la genuina participación en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.
"Quienes trabajamos desde hace años vinculados a la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, sabemos que ha habido un salto de calidad en la gestión de los mismos desde la sanción de la Ley de bosques. Eso ha ocurrido a pesar que solo se le ha asignado aproximadamente el 8% del financiamiento establecido, que en algunas Jurisdicciones se ha carecido de la voluntad política apropiada para su plena implementación y que diversos sectores productivos han operado política y económicamente para evitar su plena implementación. Si en los próximos años logramos revertir estos factores que han atentado contra nuestros bosques y contra las comunidades que dependen de ellos, estaremos más cerca de lograr su verdadera conservación y manejo sustentable”, concluyó Manuel Jaramillo.
Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño, hasta su implementación, así como también evaluando su funcionamiento y propiciando propuestas de mejora. Es por eso que, a partir de pedidos de información pública ambiental a la autoridad nacional de aplicación, más  un exhaustivo análisis y recopilación de información, se desarrollaron fichas infográficas descargables para exponer las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su situación actual, tanto a nivel nacional como provincial, con toda la información (perfil territorial de cada provincia, hectáreas deforestadas, especies en peligro, hectáreas bajo planes de manejo o conservación, el presupuesto correspondiente y el asignado y más). Las fichas buscan graficar la información y ser material de consulta y comparativo para diferentes actores clave y la presente actualización incluye la proyección de asignación de fondos para el año 2023, provincia por provincia.

Ver Infografías-fichas por provincias
.

Patagonia: investigan con imágenes satelitales el derretimiento acelerado de mantos de nieve

Fecha de Publicación: 28/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Patagonia


La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) del Conicet y de Parques Nacionales buscan generar información sobre el derretimiento acelerado de nieve, por carbono negro.
Investigadores de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), del Conicet y de Parques Nacionales buscan generar información mediante el procesamiento de imágenes satelitales sobre el derretimiento acelerado de campos de nieve, en especial por carbono negro.
Para ello los científicos combinan muestreos en la Patagonia, análisis de laboratorio, información de los satélites Saocom y Sentinel, y un radiómetro.
El tránsito vehicular y la actividad industrial, provoca un derretimiento acelerado de la nieve y puede impactar sobre los cursos de agua a partir de la primavera, cuando comienza a aumentar la temperatura.
Giuliana Beltramone, becaria doctoral del Conicet en el Instituto Gulich de la Conae dijo a Télam que "elegimos concentrarnos en la nieve de no menos de dos meses y no más de un año porque es la que puede tener incidencias en avalanchas o en los deshielos que entre otras cosas condicionan el suministro de agua”.
La investigadora indicó que “el carbono negro y otras impurezas cuando se posan en la superficie de la nieve, le quita capacidad de reflejar la luz acelerando su derretimiento; por lo que detectar estas partículas es una señal certera de que esa nieve va a tardar menos tiempo en convertirse en agua”.
La científica detalló que, además del carbono negro, existen otros contaminantes que afectan a la nieve como las quemas de bosque nativo, las cenizas de erupciones volcánicas, el polvo, o incluso algas que pueden llegar en patas de animales o botas de visitantes.
Beltramone destacó que si bien se pueden identificar estas partículas "es más difícil evaluar la magnitud de su presencia porque para eso habría que diseñar una misión satelital específica".
Precisó que en el caso de las algas, el polvo o las cenizas volcánicas "son impurezas que siempre estuvieron ahí, pero el carbono negro o el carbono marrón tienen mucho que ver con la acción del hombre, por eso elegimos tomar muestras por un lado en mantos de nieve cercanos a Bariloche y en el Parque Nacional ‘Los Alerces’.
Este tipo de contaminación puede afectar la provisión de agua en las poblaciones y desestabilizar las laderas de las montañas, provocando avalanchas o inundaciones; además, tiene severas implicancias en el cambio climático y en el calentamiento global, lo cual repercute en los servicios ecosistémicos relacionados a la criósfera (áreas terrestres y marinas donde existe nieve o hielo) y sobre aspectos socio-económicos.
“El objetivo final es desarrollar un instrumento satelital para monitorear el oscurecimiento de las nieves a nivel global, capaz de detectar la presencia de contaminantes que absorben la luz y de discriminar las partículas del carbono negro de otras como el carbono marrón (generado por la quema de biomasa), cenizas volcánicas, polvo y algas, que pueden provocar un efecto similar”, sostuvo Beltramone.
La campaña actual sumó el desafío de subir a los cerros con el radiómetro, que pesa unos 15 kilos e incluye una computadora y baterías adicionales, en medio de grandes nevadas y tormentas de viento, que causaron el cierre de los caminos vehiculares.
Además de la información de los satélites Saocom, incorporaron al estudio imágenes ópticas de las misiones Sentinel 1, 2 y 3, de la Agencia Espacial Europea (ESA).
.

Denuncian avance del monocultivo de pino, desmonte y erosión hídrica

Fecha de Publicación: 26/11/2022
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


El corredor verde “no existe más como tal” advierten y reclaman más inversión del gobierno. El Movimiento Agrario de Misiones (MAM) adhirió al pedido que hicieron organizaciones sociales, ambientales, gremios y de Derechos Humanos. Esperan más acción y menos relato. También exigen que se cumplan leyes ambientales y la expropiación de las 600 ha a Arauco  que está pendiente desde el año 2013.
La política de cuidado del medio ambiente que pregona el gobierno del Frente Renovador no genera convencimiento en algunas organizaciones con trayectoria en el tema. Es así que son cada vez más las que reclaman que se intensifiquen las políticas al respecto: más acción y menos relato.
En este sentido, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) adhirió a un documento en el que un conjunto de organizaciones agrarias, sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales alertó al Gobierno provincial por la dramática destrucción del Corredor Verde, área establecida por la Ley XVI-N°60 (antes 3631) para conservar lo que es considerado como el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo.
Valiéndose de imágenes satelitales como evidencia contundente, se advirtió que el Corredor Verde “no existe más como tal” ya que se encuentra “severamente fracturado” debido al desmonte, la erosión hídrica y el avance descontrolado del monocultivo del pino.
La postura de estas organizaciones choca de frente con el discurso oficial del Gobierno donde habla de una provincia verde con pocos fundamentos más que la creación de un Ministerio de Cambio Climático, que en tres años de funcionamiento no ha generado resultados visibles, como tampoco la anunciada venta de bonos verdes.
Por ello, se solicitó al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que implemente con urgencia medidas que apunten a recuperar el monte y el agua y avanzar hacia un nuevo modelo productivo en la provincia, que priorice la inclusión social con la multiplicación de la producción de alimentos saludables en el territorio.
En la nota, presentada en Casa de Gobierno, se plantea que tales acciones deberían, además, fortalecer a la agricultura familiar, limitar la expansión del monocultivo de especies exóticas y el uso de agrotóxicos y resolver de manera definitiva la situación territorial de los pueblos originarios a través de la mensura de las tierras y reconociendo su preexistencia en la Constitución provincial.
Los diputados de Misiones sancionaron este año una ley en este sentido, que prohíbe progresivamente el uso de agroquímicos, sin embargo, las entidades productoras e industriales advirtieron que no hay ningún insumo que reemplace la función de los agroquímicos y aplicando esta ley se produciría un encarecimiento de los costos de producción. Pidieron que, antes de sancionar leyes, se consulte a los sectores que están día a día en el tema.
 Salvador Torres, secretario general del MAM, manifestó que se planteó que es impostergable una política estratégica en lo referido a cuestiones ambientales y productivas: “No podemos admitir que Misiones siga siendo considerada como ‘forestal’ y ‘energética’. Eso lo sufrimos durante demasiado tiempo y las consecuencias están a la vista. Y todavía se sigue vendiendo a Misiones como una ‘provincia verde’”.
“Hay que advertir que ese discurso es engañoso y peligroso, porque una cosa es el verde de la Selva Paranaense, donde existen miles de especies de flora y fauna autóctona; y otra el verde del pino, donde prácticamente no existe vida más allá de estas plantaciones exóticas”, dijo.
“Cuidar el Corredor Verde debe implicar acciones de control social, ciudadano, de este territorio importantísimo”, destacó Torres, quien valoró en ese sentido la iniciativa de trabajo articulado por parte de un amplio conjunto de organizaciones populares de la provincia que coinciden en esta preocupación.
Las organizaciones no sólo se quedaron en el reclamo sino que también elevaron propuestas.
La problemática del Corredor Verde ya había sido planteada al mandatario misionero a principios de agosto. En esta oportunidad, los referentes acercaron un nuevo documento que contiene un diagnóstico del Corredor Verde y propone medidas concretas, como la reglamentación y cumplimiento efectivo de las leyes y de organismos, el Instituto del Suelo; la restauración del monte y del agua; programas provinciales de cisternas y de sistematización de caminos para almacenar y retener agua de lluvia en las chacras, e iniciativas de prevención de incendios.
Las organizaciones también solicitan al Gobernador que priorice a las organizaciones sociales, agrarias y ambientales en la asistencia por parte del Estado en la asignación de tierras para la producción y multiplicación de alimentos sanos y nutritivos y reforestación con nativas; y el cumplimiento efectivo de la Ley XXIV- Nº11, que establece la expropiación de 600 hectáreas de la empresa Arauco para ser destinadas a Productores Independientes de Puerto Piray para la producción de alimentos.
La norma fue sancionada en el año 2013 y hasta la fecha, sólo 160 de las 600 hectáreas fueron transferidas a los trabajadores.
También, piden establecer mecanismos para facilitar la formalización de emprendimientos rurales y el trabajo rural (compatibilidad entre planes sociales y trabajo), el incentivo para la permanencia de jóvenes y adultos en la zona rural mediante la regularización de la tenencia de la tierra, la asignación de tierras fiscales y la creación de “comunidades eco agrarias”, donde el Estado provea viviendas, servicios de agua, luz, conectividad, transporte, insumos y herramientas para la agroecología.

Pueblos originarios
Específicamente sobre pueblos originarios, los referentes plantean la necesidad de un referéndum para que la sociedad de Misiones se expida sobre el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios con la enmienda de la Ley Provincial 4.000/03 y que ésta sea incorporada a la Constitución Provincial.
De la misma manera, que la designación del titular de la Dirección de Asuntos Guaraníes sea consensuada con todos los caciques de las comunidades originarias en Misiones, y que el Gobierno, a través de la dependencia que correspondiere, concrete los planos de mensura de territorios de comunidades originarias.
.

Córdoba: ambientalistas inician acciones judiciales por el desmonte

Fecha de Publicación: 26/11/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Córdoba


Aseguran que se trata de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos.
En la provincia de Córdoba, las topadoras trabajan desde hace meses en la construcción de una obra vial de ensanchamiento y mejoramiento en el camino de Achiras Arriba, que llega hasta el departamento de San Javier. Pobladores del lugar denuncian que están destrozando el poco monte que queda, que usurpan partes de terrenos y que destruyen alambrados de los vecinos.
Por todo ello, la organización autoconvocada Guardianes del Monte inició acciones sumariales judiciales para proteger los recursos naturales. Denuncian también que varias personas que intentaron proteger los árboles molles fueron brutalmente golpeadas por varios hombres que «se movían en camionetas 4×4 blancas». Aseguran que la respuesta que recibieron de Vialidad Provincial fue incompleta y sin el plano de la obra.
«Los daños ambientales se producen mayoritariamente en el marco de la incompetencia, negligencia, falta de consideración de la problemática ambiental por parte de los funcionarios públicos que deberían proteger y cuidar el ambiente en el que vivimos», sostuvo Luis Jiménez, miembro de la organización Guardianes del Monte Traslasierra, a Tiempo. Continuó ahondando en la necesidad de que «la sociedad, o al menos parte de ella, reflexione sobre que hay que poner un límite a quienes cometen delitos contra la naturaleza».
A partir de estas consideraciones, decidieron informar a la comunidad «que la semana pasada nuestra organización ha iniciado actuaciones sumariales judiciales», aseveró Jiménez y continuó: «Lo hacemos por las diferentes irregularidades que producen severos e irreversibles daños ambientales en la ejecución de las obras viales».
En Córdoba, desde el pasado 1° de agosto Vialidad Provincial está realizando una obra y desmonte en el camino vecinal T281-17, que corre desde el paraje Los Molles, Las Rosas, hasta el paraje San Onofre, pedanía de San Javier y Yacanto. El mismo pasa por los parajes Rodeo de Piedra y Achiras Arriba.
Estas actuaciones sumariales judiciales que iniciaron las personas que protegen a los árboles están a cargo de la Fiscalía de Segunda Nominación de Villa Dolores, de la doctora Eugenia Ferreyra. Por su lado, la organización Guardianes del Monte es patrocinada por la abogada Eugenia Scarpinello.
«Queremos comunicar a la sociedad que en ningún momento nos hemos opuesto a la realización de las obras viales», sostuvo Jiménez y apuntó: «Solo exigimos que se realicen con la debida supervisión ambiental y que informen a los vecinos en el marco de los procedimientos administrativos para la obra pública como corresponde».
«Por el momento, no podemos revelar la tipificación de los delitos denunciados, tampoco la identificación de los actores denunciados ni la naturaleza de la documentación probatoria», explicó. Las acciones judiciales iniciadas se basan en la información recibida «por parte de la dirección de Vialidad Provincial en respuesta a la resolución legislativa 36147/R/22, que fue gestionada por la legisladora Noelia Agüero de la Izquierda Socialista–FIT Unidad».
«Habiéndonos constituido como querellantes, convocamos a los y las vecinas de Traslasiera a sumarse en calidad de testigos», contó Jiménez. También aseguró que «quienes lo hagan tendrán identidad reservada para que no sufran represalias de ningún tipo».
Cabe destacar que la organización Guardianes del Monte presentó ante la Justicia cordobesa declaraciones testimoniales de testigos oculares del desmonte, fotografías y vídeos. Muchos vecinos fueron afectados por las expropiaciones compulsivas de partes de sus terrenos y destrucción de sus alambrados perimetrales con las topadoras.

Foro Ambiental contra el desmonte
El Foro Ambiental Traslasierra -línea fundadora- con la activa colaboración de la organización Guardianes del Monte, hizo un llamado público a las demás organizaciones ambientales de Traslasierra. Porque se trata -aseguran- de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos. Además, advierten que en Córdoba queda menos del 3% de los bosques nativos en alto valor de conservación.
«Debemos pensar entre todos nuevas estrategias y protocolos para la defensa de los bienes comunes, acciones necesarias y urgentes, como indica la reciente modificación de la Ley 10.208», explicó Jiménez. También dijo que esta norma alerta a «militantes y la opinión pública sobre la necesidad de generar decretos y disposiciones que protejan a la naturaleza».
«En Traslasierra se vive un momento histórico en cuanto al cuestionamiento del poder político regional, ahora más que nunca por lo que está pasando con la obra vial», aseguró Jiménez. Continuó explicando que los vecinos cuestionan «el modo en que se realiza el proyecto de asfaltado y la violencia sobre los pobladores».
«Utilizan una metodología mafiosa que es protagonizada por personajes locales que al amparo del poder político actúan en el territorio», denunció el guardián del monte. Agregó que estas personas que menciona tienen «causas penales en su contra por agresiones, pero no tienen investigación visible, no sabemos nada, ni una resolución recibimos por parte de la justicia, de este modo permite que continúen cometiendo delitos contra las personas y la naturaleza».
«Nosotros adherimos al pedido de expulsión del titular de la legislatura departamental de San Javier, para que sea sometido como cualquier otro ciudadano a los procedimientos legales correspondientes», reclamó Jiménez. Finalmente, expresó: «Basta de encubrimientos, privilegios y manejos oscuros para quienes tienen el poder político».

Denuncias por violencia
Este diario -cuando empezó la obra vial- tuvo acceso a videos que muestran a los maquinistas junto a varios hombres que se movían en camionetas 4×4 blancas, agrediendo verbal y físicamente a los y las vecinas que intentaban impedir que destruyan árboles molles.
Por todo ello, realizaron varias denuncias ante la Fiscalía N°1 de Villa Dolores a cargo de la doctora Lucrecia Zambrana. Las víctimas ya declararon, pero aún no tuvieron una respuesta por el ataque y los golpes que sufrieron.
.

Proyecto multi-institucional intenta restaurar los bosques nativos

Fecha de Publicación: 22/11/2022
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires


Numerosos ecosistemas boscosos en el planeta se encuentran degradados por los incendios, los desmontes, el crecimiento de las ciudades y las invasiones de árboles exóticos, entre otras causas.
Varias instituciones, entre ellas la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), llevan adelante el proyecto Restaura, que busca recuperar bosques nativos en general, y los talares costeros de Buenos Aires en particular.
Numerosos ecosistemas boscosos en el planeta se encuentran degradados por los incendios, los desmontes, el crecimiento de las ciudades y las invasiones de árboles exóticos, entre otras causas, consignó Sobre La Tierra, Área de Divulgación Científica y Tecnológica de la Fauba.
"A esta altura no alcanza con conservarlos, hay que empezar a trabajar activamente en su recuperación", dijo Mariela Lacoretz, docente de la Facultad Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEN).
En este sentido, Lacoretz señaló que la Argentina tiene varios compromisos nacionales e internacionales que cumplir en términos de conservación y restauración de ecosistemas degradados.
"Para eso es fundamental integrar a la sociedad en general, nos valemos de la ciencia ciudadana", afirmó Lacoretz, quien también es becaria del Conicet con sede en el instituto FCEN.
Por ello, agregó, "nuestra primera acción fue arrancar con el tala, un árbol típico de la Región Pampeana, fuente de alimento y refugio para gran cantidad de fauna, cuyos bosques poseen un alto nivel de degradación".
En el país, los bosques de tala -o Celtis tala, árbol nativo emblemático de la Región Pampeana- se extendían por zonas costeras desde Mar del Plata hasta casi el límite con Santa Fe.
"En la provincia de Buenos Aires, el tala formaba bosques llamados 'talares', hoy amenazados por la ganadería, la extracción de madera, la invasión de especies exóticas y los avances de la urbanización", explicó Natalia Rodríguez, docente de Química Inorgánica y Analítica (Fauna).
La convocatoria "Tu Tala Amigo" busca "determinar la fecha óptima de recolección de frutos" de esta especie.
Para ello, piden a la gente que encuentre su tala más cercano y lo cargue en una app.
Según Rodríguez, detectar la fecha de comienzo de la fructificación será fundamental para la restauración porque permitirá recolectar semillas en el momento correcto.
Lacoretz resaltó: "La información que generemos será útil para viveristas de plantas nativas como los que integran la red Revina, quienes entonces podrán producir una cantidad de plantines suficientemente grande como para restaurar muchos talares donde sea necesario".
Además, advirtió que los talares suelen estar tan degradados que es difícil encontrar árboles semilleros. Incluso, en ocasiones se hallan tan invadidos por otras especies que ni siquiera quedan talas.
Rodríguez indicó que la convocatoria "Tu Tala Amigo" está abierta y la gente puede sumarse a través de la página web o del Instagram del proyecto.
.

Sin control: Foto satelital muestra cómo avanza el desmonte en el Corredor Verde

Fecha de Publicación: 21/11/2022
Fuente: Misiones Cuatro
Provincia/Región: Misiones


Pese a las leyes de conservación vigente, ya se perdieron más de 300 mil hectáreas de selva paranaense en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen. Fuerte advertencia en bloque de dirigentes agrarios, sociales y ambientalistas al Gobernador Oscar Herrera Ahuad.
Una imagen satelital de agosto de 2022 muestra con “claridad” la fractura –o desmonte- del Corredor Verde, considerado el último remanente continuo de Selva Paranaense en el mundo, situado en la zona del Alto Uruguay de Misiones.
En 1999, su conservación fue establecida por la Ley 3631 (Ley XVI – Nº60) con el principal propósito de garantizar la permanencia del agua, la biodiversidad de especies de plantas y animales, oxígeno, suelo productivo, el territorio Mbya guaraní, el equilibrio ambiental y la identidad de la selva misionera.
Pero el Corredor Verde como tal, no existe más. Lo advierten, en bloque, los referentes de organizaciones agrarias, sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales al cotejar imágenes satelitales que muestran una severa fragmentación en el Noreste misionero, imágenes que monitorea el propio Ministerio de Ecología de la Provincia.
La imagen demuestra que está “severamente fracturado” en el centro y en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen, con “notables desmontes” en toda el área, sobre todo en el norte, y el aislamiento del Parque Provincial Urugua-í y de la Reserva de Biósfera Yabotí.
“Nos estamos quedando sin monte, sin agua y sin suelo productivo”, dijo Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM). “Los primeros perjudicados con esta situación son los agricultores y las personas de menos recursos”, agregó por su parte Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM).

Números que duelen
La advertencia que proclama el bloque de dirigentes de reconocida militancia agraria y ecologista se sostiene, también, con una investigación del CONICET, divulgada en octubre de 2022, que indica que entre 1985 y 2021 fueron deforestadas en Misiones 305 mil hectáreas de Selva Paranaense.
Dicho de otro modo, sostiene el informe, elevado casi como una plegaria al gobernador Oscar Herrera Ahuad, que se ha eliminado un 20% de la superficie con monte en ese período, o su equivalente a un promedio de 8.260 hectáreas por año. El mismo estudio señala que el monte fue reemplazado por plantaciones forestales, mayoritariamente, entre otras actividades.
“El mayor aumento se registró en el área ocupada por las plantaciones forestales pasando de130 mil hectáreas en 1985 a 330 mil hectáreas en el 2021, lo que representa un aumento del 151por ciento”, se puede leer en la web del CONICET.
.

Ley de bosques: a quince años de su sanción, la deforestación ilegal persiste

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Su aprobación fue uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental. Sin embargo, años más tarde, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde.
Un 28 de noviembre de 2007 en la Argentina se producía uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental: se sancionaba la N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El país se encontraba en emergencia forestal, con tasas de deforestación que rondaban el 0,94% anual (lo que significaba una pérdida aproximada de 700 mil hectáreas por año), lo que impulsó a diferentes sectores de la sociedad civil a trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  
A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar la aprobación del proyecto de ley. Durante ese proceso, la Fundación Vida Silvestre Argentina aportó elementos técnicos para la discusión que luego se vieron reflejados en la Ley,
Hoy, a 15 años de su sanción, la Ley de Bosques se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos y visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Además, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, estabilizándose hasta el año 2019, momento en el cual volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.
A pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. El avance de la deforestación y conversión de estos ambientes naturales para dichas actividades provoca graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles y que atentan contra nuestra salud y nuestro bienestar, así como el de otras especies que habitan los bosques.
A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas, como claramente indica la ley 26.331. Complementariamente, la ausencia de un registro nacional de infractores a la ley limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Además, los bosques sanos funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano.
A partir del informe “Diagnóstico actualizado del estado de implementación - Ley N° 26.331” -elaborado en conjunto entre Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)- se pueden destacar los siguientes puntos:
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Durante el año 2021 se asignaron 5.000.000 de pesos adicionales que fueron derivados a las provincias y para el 2023, según el proyecto de ley de Presupuesto, el monto asignado tendría un leve aumento y llegaría a un 10,4%., lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras, desde su creación y puesta en marcha continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.
Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las jurisdicciones y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales.

Por Manuel Jaramillo es director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y Daniela Gomel, especialista en políticas públicas y gobernanza de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

.

En 20 años, Argentina perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo

Fecha de Publicación: 14/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Entre 2001 y 2021, del total de la masa forestal talada en el país, el 80% fue consecuencia directa de la industria de materias primas, incendios forestales, agricultura itineraria y urbanización, según un informe. Cómo afecta el desmonte a las comunidades del norte argentino, la zona más desprotegida.   
Las zonas deforestadas en la Argentina se incrementaron sustancialmente en los últimos 20 años y la desaparición de gran parte del área boscosa, sin intención de nuevas plantaciones, engrosa la lista de factores que profundizan la crisis climática: desde 2001 hasta 2021, el 80% de la masa forestal local eliminada estuvo directamente vinculada con los sectores dominantes que responden a la deforestación, según relevó la plataforma de monitoreo de bosques Global Forest Watch.
Durante ese período, el país perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 7% de la pérdida total de cobertura arbórea y una disminución de esa flora nativa del 9,9%.

Un castigo a nuestra tierra
Entre las actividades que generaron mayor índice de pérdida forestal en el país, la deforestación asociada a la obtención de materias primas -postes de luz, tanino, durmientes o carbón- encabezó la lista, con 151 mil hectáreas menos en 2021 que en 2001. Le siguieron la agricultura itinerante, que dejó en ese mismo año un saldo de 25 mil hectáreas taladas de las 200 mil que hubo en total, según informó el organismo.
"Muchas zonas desmontadas después terminan siendo suelos inútiles al cabo de los años, por la salinización y la contaminación con agrotóxicos. Los wichí les llaman 'campos vencidos', son suelos que hacen más frecuentes las inundaciones porque ya no absorben las lluvias y, en verano, el efecto espejo contribuye al calentamiento", lamentó en diálogo con Télam Noemí Cruz, responsable del área de bosques de Greenpeace.
"Cuando la materia prima es sólo para carbón, tanino, postes de luz o durmientes para la utilización en las vías férreas, se hace sobrexplotación. Eso se denomina 'erosión de bosques'; se extrae madera y se empobrece y degrada todo le suelo de la zona boscosa", advirtió Cruz, y denunció: "El 85% de un ecosistema único como el quebrachal del Bosque de Tres Quebrachos -al sur de Chaco- fue destruido".
Fuentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalaron en diálogo con Télam que "la deforestación registrada se debe a desmontes ilegales o prácticas de transformación excesivas por parte de productores ganaderos en sistemas silvopastoriles, además de los incendios", que suceden con frecuencia en los bosques de categoría I y II, los más preservados.
Para dar respuesta a esta problemática, entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Gandería y Pesca, se creó en 2022 el Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que busca transformar esas prácticas silvopastoriles en modelos foresto-ganaderos para "asegurar la continuidad de la estructura y función de los bosques nativos", explicaron desde la entidad.
"El MBGI busca abordar el problema de la pérdida de bosques regulando las intervenciones en bosques nativos para poder arribar a modelos de producción libres de deforestación, forma parte de los lineamientos técnicos estratégicos de la Ley Bosques", reforzaron las fuentes oficiales.
El estudio evidenció además que Argentina perdió 6,32 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa un 16% menos de su totalidad, y generó como consecuencia la emisión de 1,4 gigatoneladas de carbono a la atmósfera.
En 2008, por ejemplo, se midió una deforestación récord: hubo un total de 588 mil hectáreas podadas, de las cuales 491 mil fueron utilizadas para materias primas. ¿Qué consecuencias generó este desmonte? Cruz advirtió que los pueblos que habitan en la cercanía de las zonas deforestadas "pasan a ser desalojados, son parias en zonas urbanas, sin posibilidades de subsistencia conforme su cultura”.
Además, la masiva deforestación provoca la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, también en la productividad de los suelos, cambios en los llamados "ciclos hidrológicos" -que facilita las inundaciones-, y pérdida en la capacidad de fijar carbono, que termina expulsado a la capa de ozono y contribuye al avance del calentamiento global.
Sobre el dosel arbóreo en Argentina -el ecosistema que se forma por debajo y entre las copas de los árboles-, en ese mismo período las cinco provincias que registraron mayor pérdida fueron Santiago del Estero, con 1,90 millones de hectáreas; seguida por Salta, con 1,39 Mha; Chaco, con 878 Mha; Formosa, con 693 Mha; y Misiones, con 533 Mha.
El 52% del total de la pérdida de la cobertura arbórea en del país corresponde solo a la suma de las dos primeras provincias que encabezan esa lista.
Además, el 87% de la pérdida de bosques nativos corresponde a esa región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14%) y Formosa (13%). El total del área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica, después del Amazonas.
Actualmente, la plataforma registró que sólo en seis días -el período que va del 6 al 13 de octubre de 2022- se registraron 163.693 alertas de deforestación local, lo que abarca un área de 1,81 mil hectáreas que se encuentran en proceso de ser taladas para diferentes actividades, entre ellas, la industria agropecuaria (mayormente), la agricultura y ganadería intensivas.
De modo que, si bien toda actividad forestal que se ejecuta dentro del territorio argentino debería estar estrictamente controlada bajo el marco regulatorio de la Ley de Bosques -la 23.331-, Cruz aseguró que “en el norte, lamentablemente, no hay recomposición de los bosques destruidos ilegalmente”.
Incluso, refuerza, “hemos presenciado desmontes en lugares de Salta, como El Arenal, y en Chaco, cerca de Misión Nueva Pompeya, donde el monte había empezado a volver después de ser arrasado y en menos de diez años se le volvió a pasar la topadora”.

La Ley de Bosques
El aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales de los bosques primarios llevó a que en 2007 se discutiera un marco legal que garantizara la protección de los bosques y los clasificara según su valor de conservación. La resolución de la ley, que se implementó en 2009, estableció un presupuesto mínimo para la protección ambiental y el manejo sostenible de esas zonas.
Sobre eso, Cruz alertó que en las zonas donde ella trabaja -Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa- “hay bosques muy amenazados, principalmente habitados por campesino e indígenas que no tienen el reconocimiento de la tierra y, con lo cual, no son destinatarios de esos fondos y no perciben las mejoras económicas locales”.
En ese sentido, desde el Ministerio respondieron que junto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) elaboraron un Proyecto de Pagos Basados en Resultados (PBR) por el cual Argentina recibió un financiamiento de USD82 millones en concepto de pago por reducción de emisiones forestales por la disminución de la deforestación.
Este financiamiento tiene una duración de seis años a partir del 2022 y está destinado a la implementación de modelos de gestión forestal libres de deforestación que contemplen, a su vez, la participación social en la planificación y el uso sostenible de los bosques como factor de desarrollo de las economías regionales.
Este programa incluye, además, "actividades que prevén la inclusión social con especial atención a comunidades indígenas y campesinas para promover el arraigo, la perspectiva de género; la producción de conocimiento y trasferencia y la mejora permanente de instrumentos de monitoreo y control como el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación", aseguraron desde la cartera ambiental.
En total, existen en Argentina 34,3 millones de hectáreas de superficie forestal, de las cuales 33,1 millones pertenecen a monte nativo, mientras que solo 1,2 millones están compuestos por monte implantado.
Sobre ese caudal de territorio, la ley jerarquizó los bosques según el valor de conservación y la dificultad para mantenerlo activo:
Categoría 1 - Rojo: Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse ni ser sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación.
Categoría 2 -Amarillo: Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría 3 - Verde: Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
Las mediciones llevadas adelante por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indicaron en un informe titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, que entre el período que va desde 2008 al 2018, el 47,2% de la deforestación correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría 3, mientras que el 52,8% restante se produjo en las categorías 1 y 2, es decir, en áreas que la ley prohíbe.
Por otra parte, están los incendios: en Argentina, la época donde se registran mayores focos ígneos es a principios de agosto. Entonces, los organismos especializados se encargan de difundir información para evitar el inicio de éstos y dar a conocer las multas para quienes los generan adrede.
Estas alarmas rigen con frecuencia y en el período que va del 1 de noviembre de 2021 hasta el 24 de octubre del 2022, se registraron 14.590 alertas si sólo se toman en cuentas aquellas que son de "alta confianza".
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, midió que este fenómeno se dio fundamentalmente en las regiones Espinal y Monte -San Luis, La Pampa y Río Negro-, en donde más del 95% de las pérdidas de bosque nativo fueron causadas por incendios en los años 2017 y 2018.
Asimismo, en la región del Bosque Andino Patagónico, se identificaron 64.340 hectáreas de pérdida de bosque nativo entre 2001 y 2017 por incendios forestales, representando el 84% de las pérdidas registradas.
.

Gran Chaco: Argentina corre el riesgo de perder su mayor bosque nativo

Fecha de Publicación: 11/11/2022
Fuente: Portal dialogochino.net
Provincia/Región: Nacional


Una propuesta de cambio en las normas de uso de la tierra podría dar luz verde a la deforestación en el bioma del Chaco, y poner en duda la promesa del país de frenar la pérdida de bosques para 2030
Aunque atrae menos atención que su vecino amazónico, el Gran Chaco tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo, habiendo perdido más de una cuarta parte de su superficie forestal desde el año 2000.
La destrucción del bioma, que se extiende por el norte de Argentina, Paraguay, el sur de Bolivia y el extremo sur de Brasil, se ha visto impulsada en las últimas décadas, en particular, por la expansión de la producción de soja modificada genéticamente y la ganadería.
Sin embargo, en la provincia de Chaco, en el norte de Argentina, el bosque ha vivido recientemente un período de paz incómoda. A finales de 2020, se introdujeron protecciones legales para suspender la tala de bosques en la provincia, después de que sus autoridades no actualizaran su plan de uso del suelo para los bosques nativos, conocido como "ordenamiento territorial" (OTBN). La ley argentina exige a las provincias que actualicen estos ordenamientos cada cinco años, clasificando sus áreas forestales según su valor de conservación. Sin embargo, el ordenamiento más reciente de Chaco había expirado en 2014.
A pesar de la intervención judicial, Greenpeace informa que el año pasado se talaron más de 18.000 hectáreas de superficie forestal en la provincia, mientras que en lo que va de 2022 se han perdido otras 10.000 hectáreas.
El sistema de ordenación territorial se estableció con la Ley de Bosques Autóctonos de 2007, que entró en vigor en 2009. Establece tres categorías de clasificación para las zonas forestales: Categoría I, (Roja) para áreas de alto valor de conservación que no deben ser transformadas; Categoría II (Amarilla), para áreas de mediano valor de conservación, que pueden ser degradadas pero siempre y cuando se realicen actividades adecuadas de restauración; y Categoría III (Verde), áreas de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas parcial o totalmente.
Según la plataforma de monitoreo de la deforestación a cargo de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), entre 2008 y 2020, la provincia perdió más de 376 mil hectáreas de bosque nativo, en su mayoría en las áreas Verdes, pero también en las Amarillas y Rojas, donde la deforestación no está permitida.
A pesar de estas pérdidas, a finales de septiembre, el gobierno provincial presentó una propuesta de actualización del plan de ordenamiento territorial de los bosques nativos, según la cual se ampliarían las áreas categorizadas como verdes, abriendo la puerta a una mayor deforestación. La propuesta aún debe ser aprobada por la legislatura provincial, pero ha suscitado duras críticas, pues se teme que acelere la destrucción del segundo bosque más grande de Sudamérica.

Indígenas y activistas luchan contra la deforestación
Epifanio Leiva vive en una pequeña casa en el pueblo de Miraflores, el último asentamiento que se pasa antes de tomar el camino de tierra hacia el bosque conocido como El Impenetrable.
Los antepasados de Leiva vivían, y estaban enterrados, en un territorio de más de 10.000 hectáreas que luego fue ocupado por el gobierno provincial para desarrollar este rincón del Chaco, dedicándolo principalmente a la producción maderera y a la agroindustria. Fueron desplazados y trasladados a una parcela más pequeña, donde ahora se ganan la vida produciendo artesanía indígena.
"En 1915, a mi abuelo le dijeron que una parte de la tierra entre Castelli y Miraflores se iba a repartir entre los 24 jefes de la tribu y que cada uno de ellos recibiría 10.000 hectáreas", cuenta Leiva. "Ha pasado más de un siglo y todavía estamos esperando que las autoridades locales cumplan su promesa. Ahora este paisaje ha perdido sus recursos naturales a manos de los criollos, por lo que no podemos seguir con nuestros medios de vida tradicionales con los animales salvajes como antes."
Mempo Giardinelli es un célebre novelista argentino, oriundo del Chaco, que también dirige una fundación que promueve la alfabetización y la educación en la provincia. Explica que el Chaco pasó de ser una provincia "selvática" a una provincia forestal, que se desarrolló sin planificación ni conciencia ambiental.
Impulsada por la extracción de la madera dura Schinopsis balansae, o árboles de quebracho rojo -nombre que significa "rompehachas"-, la deforestación comenzó a ritmo acelerado con las operaciones de la empresa maderera británica La Forestal a finales del siglo XIX.
Aunque La Forestal desapareció en la década de 1960, en la época de la dictadura militar argentina (1976-1983), el gobierno comenzó a penetrar en el bosque profundo de la ecorregión del Chaco.
Hoy, en las áreas de conservación del Rojo ubicadas en el noroeste de la provincia, sólo queda entre el 20 y el 25% del bosque original. "Temo que una economía que se ve obligada a hacer ajustes para cumplir con un préstamo del FMI tenga que vender los recursos naturales de El Impenetrable para pagar su deuda externa", dice Giardinelli, refiriéndose a las presiones económicas relacionadas con la reestructuración de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional.
Rubén Luca es el líder indígena wichí de MOWITOB, una organización que representa a los grupos indígenas moqoit, wichí y toba y que controla la llamada Reserva Grande, un territorio de 300.000 hectáreas en el norte del Chaco. Luca afirma que la organización apoya el uso sostenible de los bosques del Chaco y entiende la necesidad de utilizar los recursos.
El problema es que los árboles, especialmente el quebracho colorado y el algarrobo, son regalados, dijo Luca. "Cada vez quedan menos algarrobos, las empresas madereras deciden el precio, y lo que pagan es miserable".
Ricardo Tiddi, de la ONG Somos Monte Chaco, dijo que, según los datos oficiales, se extrae un millón de toneladas de madera al año en el Chaco, una cifra que probablemente no da la imagen completa, dada la gran cantidad de madera que se extrae ilegalmente; la escala real puede alcanzar niveles de hasta dos o tres millones de toneladas al año.
"Para el sector agroforestal es más barato comprar tierras en zonas boscosas que por ley no pueden ser desmontadas, y luego presionar para obtener permisos especiales de desmonte, o simplemente pagar las ridículas [pequeñas] multas", dice Tiddi. "Lo que estamos presenciando en el Chaco ya no es un daño a los bosques nativos, sino simplemente su extinción".

Fábricas de tanino en el Chaco
A finales de 2020, Chaco celebró la entrada en funcionamiento de dos plantas de biomasa que utilizan los residuos de la industria del tanino y que se presentan como una fuente de energía "sostenible".
Según las estadísticas oficiales revisadas por Diálogo Chino, en 2021 se produjo un total de 423.000 toneladas de troncos en el Chaco, gran parte de ellos extraídos del bosque nativo por la industria forestal provincial. De esta producción, el 38%, es decir, 163.000 toneladas, se destinó a la industria del tanino, y el resto de la madera y subproductos fueron utilizados por aserraderos, carpinterías y fabricantes de muebles.
La planta de tanino de Indunor, en la localidad de La Escondida, requiere una media de 30 toneladas de troncos al día, o más de 160.000 toneladas al año. Junto con la otra instalación de Indunor en La Verde, también en la provincia del Chaco, la planta contribuye a la producción anual de la empresa de 25.000 toneladas de tanino, que se utilizarán en la producción de cuero, el procesamiento de petróleo y minerales, cemento y asfalto, cerámica y productos sanitarios.
Michelle Battaglia, presidenta de Indunor, afirmó que en los últimos 10 años la empresa ha utilizado madera procedente de tierras deforestadas, ya que "no tiene sentido dejar que se queme". En los últimos años se han producido repetidas oleadas de incendios forestales en el Gran Chaco, y en los cuatro países se han producido algunos de los peores incendios en décadas.
Para el ingeniero zootécnico Mauricio Tinari, de la Fundación Gran Chaco, las especies de interés forestal -algarrobos y quebrachos, principalmente- deben ser aprovechadas de manera ordenada y aplicando los criterios técnicos adecuados. "Si se sigue cosechando indiscriminadamente, estos árboles desaparecerían todos en unos 15-20 años", dice.
Los activistas de Somos Monte Chaco llevan mucho tiempo denunciando el uso por parte de las empresas de tanino de madera procedente de desmontes o de cambios de uso del suelo, muchos de ellos sin permisos oficiales. Tiddi también se queja de algunos de los entresijos, y de la indulgencia de los castigos.
"Cuando se descubren plantas de tanino [que han utilizado madera procedente de talas ilegales] y son sancionadas por las autoridades, las empresas o los propietarios de los campos de los que proceden las talas ilegales son sancionados con multas que pueden pagarse en cuotas, y que pueden descontarse si se realizan como pagos al contado", dijo Tiddi.

El desarrollo del Chaco en el contexto mundial
El nuevo plan de ordenamiento territorial de los bosques nativos propuesto ha sido presentado por el gobierno provincial como "sostenible", a pesar de su apertura a la tala en zonas donde actualmente está prohibida. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, dijo que el plan permite que el sector agrícola se expanda de forma sostenible, y prometió mejorar los sistemas de vigilancia y hacer frente a la deforestación ilegal con multas más fuertes.
Capitanich también dijo que recaudará fondos para la protección y vigilancia de los bosques mediante la emisión de bonos verdes a través de "Eco-Tokens" que cubran 100.000 hectáreas de bosques de la provincia.
El gobernador señaló recientemente que "como país, debemos fortalecer nuestra estrategia de acreedores ambientales", refiriéndose al hecho de que Argentina está proporcionando servicios ecosistémicos al resto del mundo debido al dióxido de carbono capturado por sus bosques nativos, un argumento que también utiliza el gobierno nacional de Argentina. Los créditos de carbono, comercializados en los mercados internacionales, son objeto de un creciente entusiasmo en el país.
A principios de noviembre, el presidente argentino Alberto Fernández presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de cara a la próxima cumbre del clima COP27 en Egipto. Tras la victoria electoral de Lula da Silva en el país vecino, declaró a la prensa durante la presentación del plan que "junto con Brasil y los países latinoamericanos, somos el pulmón del mundo".
Pero los nuevos planes en el Chaco ponen en duda la administración del país sobre estos pulmones. Matías Mastrangelo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET), escribió recientemente en El Diario que el nuevo ordenamiento territorial de los bosques nativos en el Chaco viola de hecho la Ley de Bosques Nativos de Argentina, ya que degrada el valor de conservación de Verde a Amarillo de más de 376.350 hectáreas de bosques nativos.
En Chaco, el ministerio provincial de Medio Ambiente tiene poder de policía en casi todo lo relacionado con el control de los recursos naturales, excepto en la protección de los bosques, que es manejada por el ministerio de Producción. "Aquí, las empresas tanineras preceden a la provincia y al Estado, por lo que siguen creyendo que pueden gobernar por encima de la ley", dijo Paula Soneira, bióloga y ex subsecretaria de Medio Ambiente y Biodiversidad de Chaco.
Para Soneira, ya no se trata sólo de conservar lo que estipula la ley de bosques, sino de preparar a la provincia para los efectos del cambio climático: "Este año en El Impenetrable y en la capital chaqueña hemos sufrido picos de calor que no se habían producido antes. No es posible producir productos básicos de la misma manera que hace 100 años. En esta década hay que adaptarse y reducir los graves impactos del cambio climático".
En una reciente entrevista, el diputado chaqueño Nicolás Slimel dijo que quiere votar una nueva propuesta que pueda representar los intereses sociales y ecológicos de la provincia, de acuerdo con las leyes forestales nacionales. El grupo de trabajo del que forma parte quiere ampliar las áreas productivas de la provincia sin reducir las áreas de conservación.
Fernando Miñarro, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre, una ONG argentina, dijo que todavía tienen la esperanza de que el nuevo plan de uso de la tierra del Chaco para los bosques nativos no avance. "Aunque la legislatura del Chaco apruebe este plan, es poco probable que el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno nacional apoye un plan que ignora la protección de los bosques", dijo a Diálogo Chino.
Para Tiddi, de Somos Monte Chaco, el actual proceso en torno al plan de uso de la tierra es una exposición más de la violencia colonial que ha marcado la historia de la región. Este patrón de intrusión, dice, perdura hasta hoy, ya que el gobierno sigue imponiéndose a los pueblos indígenas, pueblos que han estado presentes en el Chaco mucho antes de que se fundaran los estados nacional y provincial. En su petición más reciente, la ONG dejó claras sus exigencias: "No más desmontes con topadoras, no se pueden perder más bosques".
.

Amparo para frenar dragado en la Hidrovía Paraguay-Paraná llegó a la Corte Suprema

Fecha de Publicación: 26/10/2022
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Litoral Argentino


El máximo tribunal deberá dirimir la causa concerniente al Amparo Ambiental Federal por gravedad de la crisis hídrica-climática y la consecuente oposición a mayores tareas de profundizaciones del río.
La Corte Suprema tiene que resolver una medida cautelar solicitada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que reclama considerar el estado del Paraná frente a la crisis hídrica y el avance de las obras para profundizar su dragado.
La organización pretende que la Corte dicte la medida cautelar y se frenen y prohiban las tareas de dragado iniciadas en uno de los pasos críticos que tiene el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná, frente a la ciudad de Ramallo (Santa Fe), en un contexto de pronunciada bajante del curso durante el seco verano de 2021-2022, que afectó seriamente a importantes ciudades misioneras y que se podría repetir, pero “con una mayor gravedad”, estimó el abogado ambientalista Lucas Micheloud en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
“La situación es dramática, el fenómeno de La Niña afecta la región por tercer año consecutivo. Todas las proyecciones indican que va a seguir hasta marzo o abril del 2023, por lo tanto se va a sostener la bajante del río y esto genera profundos impactos en todos los ecosistemas”, alertó el activista ambiental.
Y añadió: “En este contexto, que el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay pretenda ampliar y ensanchar el canal del lecho del río con obras de dragados, es decir remover y perforar su lecho, lo único que va a hacer es quitarle agua no sólo al humedal sino a todo lo que está cerca para aumentar el caudal del Paraná, secándolo todo alrededor”, explicó sobre tan sólo uno de los impactos esperables si se prosiguen las tareas sin el debido estudio de impacto ambiental.
“La fauna ictícola está muy estresada sin la capacidad de resiliencia que tiene para enfrentar lo que ocurre, porque es muy prolongada la crisis hídrica y lo mismo está sucediendo con los humedales del Delta, que están por un lado este presionados por los incendios forestales, por la expansión de la frontera agrícola ganaderas y agravado la situación hídrica”, amplió el abogado integrante de la AAdeAA.
Dijo Micheloud: “Esto no puede seguir hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental en la totalidad de las intervenciones que se vienen haciendo sin ningún tipo de evaluación previa en todos los tramos de la cuenca del Paraná”.
“Desde que nosotros interpusimos el amparo, hace algunos días, el Ministerio de Transporte habilitó para que se realicen obras de dragado en otros diez pasos críticos. Es decir, autorizó que se avancen en obras de dragado sin ningún tipo de estudio previo y lo paradójico es que el director de impacto ambiental del Ministerio de Transporte señaló que ellos no tienen competencias ambientales y tampoco se le da ningún tipo de intervención al Ministerio de Ambiente”, cuestionó.
Para el ambientalista y abogado, estas mega obras a lo largo del Paraná “no son inocuas” sino que por el contrario tienen “graves impactos en los ecosistemas y también en la sociedad”.
“Las obras de dragado están provocando profundos impactos en los humedales, en la flora en general del humedal y en la fauna ictícola no porque esto le quita oxigenación al agua, la suspensión de los sedimentos y el riesgo obviamente para el consumo humano donde se hacen estos pasos, es enorme. Se trata de una región donde hay muchas tomas de agua para consumo. Eso no se puede dejar librado al azar”, urgió.
“Estos pasos que no son obras inocuas, lo decíamos desde mucho antes y se están haciendo sin una evaluación de impacto ambiental, sin cumplir con las mínimas reglas de la democracia participativa. No hubo ninguna convocatoria de audiencias públicas, por lo tanto digo la situación es muy compleja y es muy preocupante”, finalizó.

“La cuenca es una sola y hay que cuidarla en su totalidad”
A decir del integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Lucas Micheloud, “la cuenca es una sola. Nosotros tenemos una unidad de cuenca, una perspectiva de unidad de cuenca. Es decir, el río puede tener distintas regiones, distintos tramos, pero es una sola, por lo tanto la preservación y cuidado de sus ecosistemas asociados no tienen ningún límite fronterizo jurisdiccional”, remarcó durante la larga charla en la cual explicó la complejidad de la situación.
“Al no haber evaluaciones ambientales estratégicas y previas, estas obras se están realizando hoy sin control alguno. En el paso Las Hermanas, por ejemplo, es zona de un bosque petrificado donde hay restos paleontológicos de valor histórico que no está valuado por las autoridades, eso no está ni siquiera en la discusión. Es uno de los bosques petrificados más importantes que tiene esta región. Las obras de dragado, entre otras cuestiones, lo que hacen es profundizar los cambios físicos del fondo acuático, porque van hacia la remoción de los sedimentos que tienen que ser categorizados para ver qué contaminantes tienen”, pidió el experto.
Micheloud exigió ver qué contaminantes tienen esos sedimentos que se van a remover a causa de las obras, categorizar sus agentes y definir qué tratamiento hay que darles en su disposición final. si se hace en agua o en tierra y en qué lugar.
“Hoy esto está en una absoluta nebulosa. Las tareas de dragado van afectando el tiempo de permanencia del agua en los distintos ecosistemas y sobre todo la dinámica que tiene el canal del río y el terreno aluvional. El Delta del Paraná y el Delta argentino es un área inundada, pero si estas obras se sostienen en el tiempo sin los análisis hidrológicos correspondientes van a provocar un proceso de desertificación”, aseguró.
“Por otro lado se van modificando los patrones en la circulación del agua y eso va erosionando las costas. Todos los estudios que estamos realizando con gente especializada nos dicen que la isla se puede partir”, dijo.
.

"Encontramos un humedal convertido en desierto", advirtió una bióloga que recorrió el área quemada

Fecha de Publicación: 21/10/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


La Dra. en Ciencias Naturales Paola Peltzer junto a investigadores del Conicet monitorearon la zona que fue arrasada por los incendios en la isla Santa Cándida. "Encontramos solo un sapo muerto, quiere decir que ni los sapos pueden llegar a estos lugares, no hay reproducción y evidentemente se están extinguiendo localmente", lamentó la investigadora.
Tierras agrietadas, sin humedad y mucha ceniza, sin la vegetación que caracteriza a los humedales y los pocos árboles que quedaban en pie estaban quemados. Ese fue a primera vista el paisaje que se encontraron los investigadores del Conicet al recorrer Santa Cándida, la isla santafesina ubicada en cercanías al Túnel Subfluvial, que fue devorada por las llamas días atrás. El hecho generó indignación en la sociedad paranaense y santafesina, que debieron soportar el intenso humo que llegó hasta ambas capitales provinciales.
Con las llamas extintas, los biólogos Paola Peltzer y Rafael Lajmanovich, junto con la becaria Ana Paula Cuzziol recorrieron esta isla para conocer in situ las consecuencias de los incendios. "Nos encontramos un humedal convertido en desierto", sentenció Peltzer, doctora en Ciencias Naturales e investigadora del Conicet y profesora de Ecología de la Restauración en la UNL, en una entrevista con El Litoral.
"Recorrimos 3 horas y media. El panorama es desolador, nunca en mi vida pensé encontrar un humedal con las características que vimos. Encontramos solo un sapo muerto, para alguno puede resultar positivo que no haya animales muertos pero para nosotros es negativo, quiere decir que ni los sapos pueden llegar a estos lugares, no hay reproducción y evidentemente se están extinguiendo localmente".
En la vasta superficie hecha cenizas quedaron algunos árboles Curupies, Alisos de Río y algún que otro Timbó Blanco. "No hay lagunas internas que son las que fertilizan los humedales, la única que encontramos tenía menos de 3 centímetros de profundidad, es decir que estaba totalmente eutrofizada, contaminada de nutrientes", lamentó la investigadora.

Relevamiento

-¿Cuándo comenzaron con estos relevamientos?
-En el 2020 cuando iniciaron estos incendios empezamos con nuestro grupo de trabajo a monitorear las islas que estaban siendo quemadas de forma intencional, donde en muchas de ellas se practican las quemas controladas para el rebrote y que el ganado pueda forrajear. El problema es que estos incendios se han dado desde el 2020 de una forma repetitiva en las distintas islas del Paraná Medio, que se extiende desde Resistencia (Chaco) hasta Diamante (Entre Ríos).

-¿Qué sucede con los humedales de esta región?
-Tanto la flora como la fauna no están ajustadas ecológicamente para soportar esta presión de fuego. En el 2020 recorrimos 18 islas y nunca paramos de monitorear la flora y la fauna.

-¿Qué es lo más preocupante?
-Lo que sucede con los anfibios anuros. Desde el año 1994 los estamos estudiando y están en declinación poblacional en todo el mundo. Justamente los humedales son su sitio reproductivo y si no hay humedales no hay reproducción.
Estos invertebrados son los indicadores por excelencia de calidad ambiental, y si no están en los humedales se va a producir un desastre ecológico que se va a ver reflejado en los eslabones tróficos.

Un futuro incierto

-¿Las quemas que siempre se produjeron, ahora están teniendo una mayor incidencia?
-Las quemas para rebrote siempre existieron pero no con la carga y la recurrencia de ahora. Esto hace que el rebrote fisiológico, normal de las plantas, no sea el adecuado y se da el agotamiento del rebrote. Por otro lado, los animales no pueden encontrar ni refugio, ni alimentación, ni medios para reproducirse.

-¿Qué panorama a mediano y largo plazo esperan?
-Si no se revierte el exceso de las quemas y más aún si persiste la bajante histórica del río Paraná y la ausencia de precipitaciones, vamos a tener extinciones locales, no solamente de anfibios, sino también de especies de flora y fauna que caracterizan a los humedales.

-¿Cuáles son los pasos a seguir en su investigación?
-Vamos a seguir monitoreando. A lo largo de estos tres años hemos visto cada vez menos animales muertos y eso para nosotros es un resultado alarmante. Lo que estaría indicando que estos animales no están encontrando en los humedales un lugar para reproducirse y alimentarse.
Queremos seguir estudiando la diversidad biológica que es resistente, resiliente y que se extingue, sino también hacer modelos de previsión sobre qué pasaría si hay una inundación en estos humedales, donde la fertilidad del suelo se perdió totalmente y donde está lleno de cenizas.
.

En 10 años, la Argentina perdió más de 2,4 millones de hectáreas de árboles

Fecha de Publicación: 18/10/2022
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El dato surge de un análisis de imágenes satelitales que hizo TN. El 55% del desmonte de 2021 se produjo en sectores donde estaba prohibido deforestar.
“No puedo hablar de largo plazo porque yo no veo largo plazo. Esta ya no es una problemática para nuestros hijos y nuestros nietos, hoy estamos viendo las consecuencias gravísimas de la deforestación. Hace tres años que tenemos sequías e incendios. ¿Qué va a pasar cuando empiece a llover, con todo el suelo desnudo como está?”.
La pregunta -retórica, porque ya sabe la respuesta- se la hizo Micaela Camino, científica del Conicet y fundadora del proyecto de conservación Quimilero, destinado a proteger el pecarí del Impenetrable chaqueño.
Desde hace más de 10 años trabaja en medio del bosque de Chaco, con comunidades aborígenes y fauna autóctona. A diario es testigo del desmonte y la deforestación, de la muerte de la naturaleza en un pulmón vital para la provincia, para la Argentina y para la región.
En los últimos 10 años (2012-2021), en el país se perdieron 2.460.469 de hectáreas de bosque y pastizales a causa de la deforestación. Es el equivalente a 123 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos surgen de un cálculo propio que hizo TN sobre el modelo e imágenes satelitales de Hansen y Global Forest Change.
El 85% de esta pérdida se concentró en cinco provincias: Santiago del Estero (619.183 hectáreas), Salta (448.082), Chaco (420.675), Formosa (371.047) y Misiones (248.790). Esta zona reúne más de la mitad del bosque del país.
La principal causa del desmonte es el avance agropecuario y ganadero empujado por la suba del precio de las commodities en el mundo, sobre todo, durante la década pasada. Los incendios, cada vez más desbocados producto del cambio climático, también contribuyen a la desaparición de la cobertura natural del suelo.
En 2007 se sancionó la Ley de Bosques para proteger estos ambientes y la situación mejoró. Sin embargo, la normativa nunca recibió el presupuesto pautado (el máximo fue 36%) y la deforestación, desmontes e incendios siguen ocurriendo en áreas protegidas.
Con la desaparición de estos ecosistemas no solo se destruye flora y fauna autóctona y se desplazan comunidades, sino que se erosiona el suelo, que pierde su utilidad comercial en pocos años. Los daños quedan para siempre.

El desmonte, una dinámica que se repite
“Las grandes empresas agropecuarias avanzan sobre el bosque con cadenas y topadoras. Desplazan a las comunidades que viven ahí. A veces tienen permiso del gobierno provincial, otras veces avanzan sin permiso”, relató a TN la investigadora Camino, testigo del desmonte en Chaco desde hace 10 años.
Según datos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%.
“Cuando se quita esta masa de árboles, de biodiversidad, se liberan al ambiente partículas de carbono que retenía el bosque, lo que contribuye al calentamiento global. También el suelo se va erosionando, se va desertificando, el bosque de alrededor se empobrece y los animales ya no pueden vivir ahí. Si esto sigue así, las especies con las que trabajo van a desaparecer en 20 años”, advirtió la investigadora.
El cambio del uso del suelo es la principal causa de la desaparición de la biodiversidad en el mundo. Esta semana el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) publicó su informe bianual “Planeta Vivo” con un dato estremecedor: en América Latina en los últimos 50 años cayó 94% la población de especies salvajes monitoreadas. En la Argentina, por caso, tan solo queda el 1% de la población de yaguaretés originaria.
Pero el impacto de la deforestación, por desmonte o por los cada vez más recurrentes incendios, no solo afecta a los animales sino a la tierra que se empobrece y se vuelve estéril en pocos años. Y las comunidades que vivían de manera sostenible allí pierden su sustento económico y medicinal y son forzadas a migrar.
“El bosque funciona como una esponja natural que retiene y regula el agua. Su destrucción nos vuelve más vulnerables a los efectos del cambio climático: hay más sequías y a la vez, cuando llueve, todo se inunda. Después del desmonte el suelo queda desnudo y al poco tiempo se ven procesos de desertificación. Hay cada vez más campos abandonados porque los suelos no son aptos para poner pastura o cultivos”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques en Greenpeace.

La ley de Bosques, una iniciativa útil pero con mínimo presupuesto
El avance del agro sobre los bosques del Norte se debió al boom del precio de las materias primas, sobre todo, en la primera década del 2000 y a la necesidad de expandir el negocio más allá de las fértiles tierras pampeanas. La deforestación fue récord en 2008 con la pérdida de 593.000 hectáreas (casi el triple que en 2021).
A raíz de este fenómeno, se sancionó la Ley de Bosques Nativos (26.331) que contempla una partida de dinero destinada a la conservación que debe ser el 0,3% del Presupuesto Nacional cada año. Por el momento, esa meta nunca se cumplió: en los últimos 5 años apenas alcanzó el 6,4% del total que debería tener, de acuerdo al monitoreo que lleva adelante Vida Silvestre.
A través de esta normativa, también se ordenaron las tierras de todo el país y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
De acuerdo con el monitoreo de la superficie de bosque nativo que lleva adelante el Gobierno, durante 2021 el 55% de los desmontes se produjeron en zonas rojas y amarillas. Es decir, que fueron ilegales.
“Lo que pasa es que las zonas que son aptas para ese tipo de producción se están acabando, entonces las empresas que desmontan y cultivan se están aventurando en zonas más frágiles”, explicó Matías Mastrangelo, doctor en Biología de la Conservación e investigador del Conicet en Santiago del Estero.
El especialista señaló que esta dinámica ocurre gracias a la connivencia de los gobiernos provinciales que ven una oportunidad de mayores desembolsos económicos. “Los gobiernos provinciales hacen la vista gorda. Un desmonte ilegal hoy es una contravención. No hay un desincentivo para estas empresas dejen de desmontar. Lo absorben como un costo de producción”.
Hace un mes, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, envió un decreto provincial (2157/2022) a la legislatura para actualizar el ordenamiento territorial de bosques y poder transformar en “verde” una zona amarilla. Estos cambios estaban prohibidos por la Justicia por una disposición ambiental desde 2021. Ambientalistas e investigadores argumentaron en contra de este cambio.
El decreto de Capitanich surgió luego de una carta que enviaron miembros de empresas agrícolas ganaderas (Los Frentones, Pampa del Infierno) en donde pidieron “actualizar el ordenamiento territorial de un área de vital importancia por su potencial productivo para la actividad agrícola”.
Al respecto, en el gobierno provincial dijeron a TN: “Algunas personas, desde el sector productivo y desde la organización civil organizada, plantearon discusiones. Son tensiones que sucederán. Estamos a la espera de la decisión de la Cámara de Diputados, con las recomendaciones que surjan y poder aplicar esta herramienta de la mejor manera”.

¿Hay tiempo de cambiar las cosas?
La recuperación de la cobertura arbórea perdida y de la biodiversidad es una delicada tarea que llevará décadas. Hay que volver a construir un ecosistema absolutamente depredado. Pero los expertos coinciden en que el primer paso es dejar de deforestar. El segundo, comprender la importancia del capital natural y valorar el peso específico de disminuir las emisiones en un contexto de crisis climática global.
Hoy, la deforestación genera entre el 10 y el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
En este sentido, Martín Mónaco, Director Nacional de Bosques, dijo a TN que la posibilidad de llevar a cabo políticas de protección “dependen de la conciencia ciudadana y de los tenedores de bosques para comprender el valor de estos ecosistemas y sus servicios, el financiamiento y las decisiones políticas respecto de un desarrollo rural diferente que comprenda la integralidad de los desmontes y sus consecuencias en las inundaciones, la migración rural hacia las grandes ciudades, la perdida de capacidad productiva del país a través de la perdida de suelos y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El año pasado, el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció un Plan Nacional de Forestación a través del cual se plantarían 100 millones de árboles en 2022. Según constató TN, hasta el momento no se sembró ni uno.
Para Lucía Lázari, coordinadora de Paisajes Terrestres de Vida Silvestre la restauración no se trata solo de “plantar árboles” sino de tener un compromiso integral con el ambiente y conciencia de la crisis climática cada vez más profunda. “Necesitamos un esfuerzo de muchas partes (instituciones públicas de gobierno, privados, academia, organizaciones de la sociedad civil, comunidades del territorio) que deben reunirse para el diálogo y acción. Solo si todos los actores somos parte y nos involucramos, vamos a poder afrontar este desafío tan complejo”.
Sobre el tiempo de recuperación de los bosques en la Argentina, Giardini aseguró que se tardará “al menos 50 años”. “En algunos lugares puede suceder naturalmente, si están cerca de otro bosque. Pero en zonas totalmente desmontadas no. Y aún si se quisiera ayudar, hoy no tenemos la cantidad de viveros capaces de proveer plantines suficientes. ¿Se puede recuperar? Sí. Pero esto es como una guerra en donde cada vez se te mueren más soldados”, ejemplificó Giardini.

Ver la nota completa con infografía
.