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TdF comienza a remediar el desastre de los castores
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Trabajan en la reforestación del bosque afectado por los castores
Fecha de Publicación: 25/12/2017
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se realiza en el marco del Acuerdo Binacional firmado entre Argentina y Chile para la Restauración de los Ecosistemas Australes afectados por el castor. Funcionarios de ambos países participaron de un taller para intercambiar las experiencias alcanzadas entre los grupos técnicos.
Argentina y Chile trabajan en conjunto para restaurar los ambientes afectados por el castor, principalmente en la zona de Tierra del Fuego, donde la plaga ha derivado en incontables colonias de dichos roedores.
Las acciones forman parte del componente Castor del Proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) - (GCP/ARG/023/GEF), que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto al Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (SADSyCC). En Chile el proceso es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente de ese país. Ambos proyectos cuentan con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.
De este encuentro participaron la representante de la FAO para el proyecto, Oficial Técnico Líder, Hivy Ortiz; en representación de la Argentina estuvieron presentes el Director Nacional de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, el Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego, Mauro Pérez Toscani. Por parte de Chile, asistieron representando al Ministerio de Ambiente, el Director Nacional del Proyecto, Charif Tala y el Secretario Regional Ministerial de Magallanes, Juan Marcos Henríquez.
En el Taller que se realizó en Ushuaia, los días 14 y 15 de diciembre, además del intercambio de experiencias se acordaron y coordinaron acciones conjuntas para enriquecer los trabajos financiados parcialmente por el Fondo para el Medio Ambiente (GEF) de las contrapartes como nacionales, regionales, provinciales y municipales de cada país.
El Componente Castor del proyecto argentino para la elaboración de la ENEEI se encuentra avanzado en la fase de ejecución, mientras que proyecto Castor chileno, está transitando su etapa inicial. En ese sentido, durante el taller los asistentes conocieron la experiencia lograda por el proyecto argentino a través del intercambio de las prácticas adquiridas por técnicos especializados en instrumentos para el manejo, prevención y control del castor, con el propósito es demostrar la viabilidad de la erradicación del castor en las áreas pilotos, que tiene como fin último la restauración del ecosistema fueguino. También realizaron un recorrido por las áreas piloto donde se trabajó, ubicadas en el Valle de Tierra Mayor y en el Parque Nacional Tierra del Fuego.
Los representantes de ambos países manifestaron que este trabajo cooperativo es fundamental para lograr los objetivos planteados.
El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Pérez Toscani destacó que “es importante resaltar que todas estas acciones que se están llevando adelante de forma satisfactoria, son el resultado de un trabajo en equipo e interdisciplinario entre la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Dirección General de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente en, por ejemplo, el análisis de la definición de indicadores de la calidad del agua de los diferentes ambientes, y en todo el despliegue técnico y operativo, que todos los días se realiza para lograr los objetivos planteados”. También subrayó que “este proyecto nos está permitiendo desarrollar nuevas capacidades y mejorar fortalezas dentro de la Secretaría, adquiriendo todo un equipamiento especial que nos permite continuar trabajando más eficientemente en esta importante tarea de restaurar los ecosistemas dañados por el castor”.
En relación al encuentro remarcó que “iniciamos una nueva etapa de cooperación sobre esta problemática con Chile, algo que nunca se había realizado, donde todos los aprendizajes y lecciones sobre las actividades de control del castor adquiridas por nosotros en el terreno, las compartiremos con los técnicos chilenos, para luego establecer líneas estratégicas de acción conjuntas, que nos permitirán ser más efectivos en las tareas de erradicación y restauración”.
Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) son animales, plantas o microorganismos transportados voluntaria o accidentalmente por las personas fuera de su área de distribución natural, cuya introducción y propagación causan severos impactos sobre los recursos naturales, la diversidad biológica, la economía, la salud pública y la cultura.
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Fecha de Publicación: 25/12/2017
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Se realiza en el marco del Acuerdo Binacional firmado entre Argentina y Chile para la Restauración de los Ecosistemas Australes afectados por el castor. Funcionarios de ambos países participaron de un taller para intercambiar las experiencias alcanzadas entre los grupos técnicos.
Argentina y Chile trabajan en conjunto para restaurar los ambientes afectados por el castor, principalmente en la zona de Tierra del Fuego, donde la plaga ha derivado en incontables colonias de dichos roedores.
Las acciones forman parte del componente Castor del Proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) - (GCP/ARG/023/GEF), que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto al Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (SADSyCC). En Chile el proceso es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente de ese país. Ambos proyectos cuentan con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación.
De este encuentro participaron la representante de la FAO para el proyecto, Oficial Técnico Líder, Hivy Ortiz; en representación de la Argentina estuvieron presentes el Director Nacional de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, el Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego, Mauro Pérez Toscani. Por parte de Chile, asistieron representando al Ministerio de Ambiente, el Director Nacional del Proyecto, Charif Tala y el Secretario Regional Ministerial de Magallanes, Juan Marcos Henríquez.
En el Taller que se realizó en Ushuaia, los días 14 y 15 de diciembre, además del intercambio de experiencias se acordaron y coordinaron acciones conjuntas para enriquecer los trabajos financiados parcialmente por el Fondo para el Medio Ambiente (GEF) de las contrapartes como nacionales, regionales, provinciales y municipales de cada país.
El Componente Castor del proyecto argentino para la elaboración de la ENEEI se encuentra avanzado en la fase de ejecución, mientras que proyecto Castor chileno, está transitando su etapa inicial. En ese sentido, durante el taller los asistentes conocieron la experiencia lograda por el proyecto argentino a través del intercambio de las prácticas adquiridas por técnicos especializados en instrumentos para el manejo, prevención y control del castor, con el propósito es demostrar la viabilidad de la erradicación del castor en las áreas pilotos, que tiene como fin último la restauración del ecosistema fueguino. También realizaron un recorrido por las áreas piloto donde se trabajó, ubicadas en el Valle de Tierra Mayor y en el Parque Nacional Tierra del Fuego.
Los representantes de ambos países manifestaron que este trabajo cooperativo es fundamental para lograr los objetivos planteados.
El secretario de Ambiente de Tierra del Fuego, Pérez Toscani destacó que “es importante resaltar que todas estas acciones que se están llevando adelante de forma satisfactoria, son el resultado de un trabajo en equipo e interdisciplinario entre la Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Dirección General de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente en, por ejemplo, el análisis de la definición de indicadores de la calidad del agua de los diferentes ambientes, y en todo el despliegue técnico y operativo, que todos los días se realiza para lograr los objetivos planteados”. También subrayó que “este proyecto nos está permitiendo desarrollar nuevas capacidades y mejorar fortalezas dentro de la Secretaría, adquiriendo todo un equipamiento especial que nos permite continuar trabajando más eficientemente en esta importante tarea de restaurar los ecosistemas dañados por el castor”.
En relación al encuentro remarcó que “iniciamos una nueva etapa de cooperación sobre esta problemática con Chile, algo que nunca se había realizado, donde todos los aprendizajes y lecciones sobre las actividades de control del castor adquiridas por nosotros en el terreno, las compartiremos con los técnicos chilenos, para luego establecer líneas estratégicas de acción conjuntas, que nos permitirán ser más efectivos en las tareas de erradicación y restauración”.
Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) son animales, plantas o microorganismos transportados voluntaria o accidentalmente por las personas fuera de su área de distribución natural, cuya introducción y propagación causan severos impactos sobre los recursos naturales, la diversidad biológica, la economía, la salud pública y la cultura.
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Buenos Aires quiere poner un freno a la ardilla de vientre rojo
Buscan frenar la expansión de la especie exótica ardilla de vientre rojo
Fecha de Publicación: 25/12/2017
Fuente: lujanenlinea.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
La Dirección de Prensa Municipal difundió un informe que busca frenar la expansión de la ardilla de vientre rojo
Todos somos parte de la solución. Frenemos su expansión
La ardilla de vientre rojo (Callosciurus erythraeus) es una especie originaria del sudeste de Asia que fue introducida con fines ornamentales en el partido de Luján, Provincia de Buenos Aires hace 50 años, logrando establecerse e invadir, amenazando la biodiversidad, la salud, la producción y los servicios.
Este roedor silvestre se expande de manera exponencial de la mano de las personas que la trasladan a nuevos sitios por considerarla atractiva. Así se crean nuevos focos de invasión y se acelera su expansión en ambientes urbanos y rurales de la Argentina.
Según estudios del Grupo de Ecología de Mamíferos Introducidos (EMI) de la Universidad Nacional de Luján, la población de esta ardilla supera los 100 mil individuos e “invaden” más de 2.200 kilómetros cuadrados, un área que equivale a diez veces la Ciudad de Buenos Aires. Ya está presente en al menos 15 partidos de la provincia de Buenos Aires, en parques de la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Daños causados por la ardilla de vientre rojo
Al encontrar condiciones adecuadas para sobrevivir y reproducirse, su abundancia aumenta y generan daños como:
- Efectos sobre la salud: al igual que otros roedores silvestres pueden transmitir a las personas parásitos y enfermedades tan graves como la leptospirosis. La estrecha cercanía de esta ardilla con el hombre y sus animales domésticos resalta la necesidad de generar conciencia acerca de las zoonosis que puede transmitir.
- Impactos sobre las especies nativas: la presencia de las ardillas exóticas causa impactos negativos sobre la biodiversidad nativa, afectando especies vegetales y actuando como predador o competidor de la fauna silvestre. Entre las amenazas potenciales se encuentra el hecho de que pueden afectar a la diversidad de aves y podrían afectar a las ardillas nativas de Argentina, si llegaran a la Selva Paranaense y las Yungas.
- Efectos en la producción: el consumo de una gran variedad de frutos y semillas (por ejemplo, cítricos, nueces, duraznos, higos, kiwis, manzanas y peras) afecta plantaciones comerciales y familiares. Además, esta especie descorteza árboles favoreciendo que el tronco o las ramas se sequen, se infecten de hongos, y disminuya la calidad de la madera destinada a la producción forestal. La rotura de sistemas de riego por el roído de mangueras también afecta varios cultivos y la producción avícola.
- Impactos en servicios: rotura de cableado. Roen cables de electricidad, TV y telefonía y transformadores eléctricos.
La clave: prevenir su expansión
Todos los años se detectan nuevos sitios donde la ardilla de vientre rojo se ha establecido.
Es clave generar conciencia y trabajar fuertemente en PREVENCIÓN para limitar la captura, tenencia, traslado y liberación de ardillas. Esto no sólo será beneficioso para prevenir la creación de nuevos focos de invasión de esta especie sino que también permitirá enfrentar la problemática de otras especies carismáticas (exóticas y nativas) capturadas y comerciadas ilegalmente.
La tenencia responsable de mascotas incluye saber qué tipo de animales de compañía se pueden tener. En este caso, vale considerar que la ardilla no es una mascota ni un adorno y que todos podemos ayudar a frenar su expansión para proteger la biodiversidad de nuestros ecosistemas, la salud y la producción.
Proyecto Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)
Las especies exóticas invasoras son plantas, animales o microorganismos que fueron trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, y lograron establecerse y expandirse en los nuevos ambientes donde fueron introducidas. Muchas de ellas causan impactos severos sobre la producción, servicios, biodiversidad, cultura y salud.
Desde 2015 se trabaja en un Proyecto Nacional para armar una Estrategia Nacional sobre
Especies Exóticas Invasoras (Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la Biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)”). El mismo está coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Se encuentra bajo la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como agencia de implementación.
El Proyecto ENEEI refleja la decisión de abordar la problemática de especies exóticas invasoras a partir de trabajar de manera interinstitucional e interjurisdiccional, participativa y federal, con el apoyo de organismos internacionales, como un desafío para valorar lo nuestro.
Una de las líneas de trabajo del Proyecto ENEEI se refiere a la problemática que plantea la invasión de la ardilla de vientre rojo, que tiene una fuerte componente social ya que se trata de una especie carismática.
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Fecha de Publicación: 25/12/2017
Fuente: lujanenlinea.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
La Dirección de Prensa Municipal difundió un informe que busca frenar la expansión de la ardilla de vientre rojo
Todos somos parte de la solución. Frenemos su expansión
La ardilla de vientre rojo (Callosciurus erythraeus) es una especie originaria del sudeste de Asia que fue introducida con fines ornamentales en el partido de Luján, Provincia de Buenos Aires hace 50 años, logrando establecerse e invadir, amenazando la biodiversidad, la salud, la producción y los servicios.
Este roedor silvestre se expande de manera exponencial de la mano de las personas que la trasladan a nuevos sitios por considerarla atractiva. Así se crean nuevos focos de invasión y se acelera su expansión en ambientes urbanos y rurales de la Argentina.
Según estudios del Grupo de Ecología de Mamíferos Introducidos (EMI) de la Universidad Nacional de Luján, la población de esta ardilla supera los 100 mil individuos e “invaden” más de 2.200 kilómetros cuadrados, un área que equivale a diez veces la Ciudad de Buenos Aires. Ya está presente en al menos 15 partidos de la provincia de Buenos Aires, en parques de la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Daños causados por la ardilla de vientre rojo
Al encontrar condiciones adecuadas para sobrevivir y reproducirse, su abundancia aumenta y generan daños como:
- Efectos sobre la salud: al igual que otros roedores silvestres pueden transmitir a las personas parásitos y enfermedades tan graves como la leptospirosis. La estrecha cercanía de esta ardilla con el hombre y sus animales domésticos resalta la necesidad de generar conciencia acerca de las zoonosis que puede transmitir.
- Impactos sobre las especies nativas: la presencia de las ardillas exóticas causa impactos negativos sobre la biodiversidad nativa, afectando especies vegetales y actuando como predador o competidor de la fauna silvestre. Entre las amenazas potenciales se encuentra el hecho de que pueden afectar a la diversidad de aves y podrían afectar a las ardillas nativas de Argentina, si llegaran a la Selva Paranaense y las Yungas.
- Efectos en la producción: el consumo de una gran variedad de frutos y semillas (por ejemplo, cítricos, nueces, duraznos, higos, kiwis, manzanas y peras) afecta plantaciones comerciales y familiares. Además, esta especie descorteza árboles favoreciendo que el tronco o las ramas se sequen, se infecten de hongos, y disminuya la calidad de la madera destinada a la producción forestal. La rotura de sistemas de riego por el roído de mangueras también afecta varios cultivos y la producción avícola.
- Impactos en servicios: rotura de cableado. Roen cables de electricidad, TV y telefonía y transformadores eléctricos.
La clave: prevenir su expansión
Todos los años se detectan nuevos sitios donde la ardilla de vientre rojo se ha establecido.
Es clave generar conciencia y trabajar fuertemente en PREVENCIÓN para limitar la captura, tenencia, traslado y liberación de ardillas. Esto no sólo será beneficioso para prevenir la creación de nuevos focos de invasión de esta especie sino que también permitirá enfrentar la problemática de otras especies carismáticas (exóticas y nativas) capturadas y comerciadas ilegalmente.
La tenencia responsable de mascotas incluye saber qué tipo de animales de compañía se pueden tener. En este caso, vale considerar que la ardilla no es una mascota ni un adorno y que todos podemos ayudar a frenar su expansión para proteger la biodiversidad de nuestros ecosistemas, la salud y la producción.
Proyecto Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI)
Las especies exóticas invasoras son plantas, animales o microorganismos que fueron trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, y lograron establecerse y expandirse en los nuevos ambientes donde fueron introducidas. Muchas de ellas causan impactos severos sobre la producción, servicios, biodiversidad, cultura y salud.
Desde 2015 se trabaja en un Proyecto Nacional para armar una Estrategia Nacional sobre
Especies Exóticas Invasoras (Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la Biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)”). El mismo está coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Se encuentra bajo la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como agencia de implementación.
El Proyecto ENEEI refleja la decisión de abordar la problemática de especies exóticas invasoras a partir de trabajar de manera interinstitucional e interjurisdiccional, participativa y federal, con el apoyo de organismos internacionales, como un desafío para valorar lo nuestro.
Una de las líneas de trabajo del Proyecto ENEEI se refiere a la problemática que plantea la invasión de la ardilla de vientre rojo, que tiene una fuerte componente social ya que se trata de una especie carismática.
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Midieron el impacto de la Megaminería en los glaciares
Impacto de la Megaminería en los glaciares andinos
Fecha de Publicación: 24/12/2017
Fuente: Agencia CTyS-UNLaM
Provincia/Región: Nacional
Tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas para conocer los cambios producidos en el ambiente de los Andes desérticos en los últimos 17 años.
El principal objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto de las minas Veladero y Pascua Lama, ubicadas al noroeste de la provincia de San Juan, sobre los glaciares y diversas geoformas del ambiente glacial y periglacial de esas latitudes. La glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo, dialogó con Agencia CTyS-UNLaM sobre los resultados.
“El impacto –señaló Forte- es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras que el ambiente periglacial, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones.”
Según la investigadora, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glacial y periglacial, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.
A través de imágenes satelitales, los investigadores observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0°c por dos años consecutivos.
Por otro lado, constataron que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión, y que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciales y periglaciales.
Los integrantes del equipo y becarios de CONICET, Cristian Villarroel, Flavia Tejada y Ana Paula Forte, realizaron el estudio de forma independiente y en diálogo con la Asamblea Jáchal No Se Toca, que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glacial y periglacial, y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante para las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.
Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el investigador de CONICET y ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), Ricardo Villalba.
El investigador fue procesado por no haber cumplido en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas “prioritarias”, pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en septiembre de 2015, todavía no se había terminado.
La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el Doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes.
Al respecto, Forte menciona: “El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar un trabajo así acá también”.
La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados periodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.
Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.
En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. “En lugares como la Patagonia y los Alpes –ejemplifica Forte- se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea, allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglacial”.
Si bien Forte indica que el trabajo que realizó IANIGLA es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciales que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glacial y periglacial deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.
En ese sentido, reflexiona: “Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiese concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ese era el espíritu de la ley”.
El fallo del juez Casanello sostiene que, de haberse cumplido la Ley, los sucesivos derrames de cianuro podrían haberse evitado, al igual que la actividad extractiva en esa región. En esta línea, Forte considera que el mayor limitante radica en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.
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Fecha de Publicación: 24/12/2017
Fuente: Agencia CTyS-UNLaM
Provincia/Región: Nacional
Tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas para conocer los cambios producidos en el ambiente de los Andes desérticos en los últimos 17 años.
El principal objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto de las minas Veladero y Pascua Lama, ubicadas al noroeste de la provincia de San Juan, sobre los glaciares y diversas geoformas del ambiente glacial y periglacial de esas latitudes. La glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo, dialogó con Agencia CTyS-UNLaM sobre los resultados.
“El impacto –señaló Forte- es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras que el ambiente periglacial, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones.”
Según la investigadora, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glacial y periglacial, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.
A través de imágenes satelitales, los investigadores observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0°c por dos años consecutivos.
Por otro lado, constataron que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión, y que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciales y periglaciales.
Los integrantes del equipo y becarios de CONICET, Cristian Villarroel, Flavia Tejada y Ana Paula Forte, realizaron el estudio de forma independiente y en diálogo con la Asamblea Jáchal No Se Toca, que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glacial y periglacial, y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante para las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.
Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el investigador de CONICET y ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), Ricardo Villalba.
El investigador fue procesado por no haber cumplido en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas “prioritarias”, pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en septiembre de 2015, todavía no se había terminado.
La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el Doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes.
Al respecto, Forte menciona: “El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar un trabajo así acá también”.
La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados periodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.
Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.
En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. “En lugares como la Patagonia y los Alpes –ejemplifica Forte- se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea, allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglacial”.
Si bien Forte indica que el trabajo que realizó IANIGLA es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciales que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glacial y periglacial deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.
En ese sentido, reflexiona: “Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiese concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ese era el espíritu de la ley”.
El fallo del juez Casanello sostiene que, de haberse cumplido la Ley, los sucesivos derrames de cianuro podrían haberse evitado, al igual que la actividad extractiva en esa región. En esta línea, Forte considera que el mayor limitante radica en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.
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Etiquetas:
ecosistemas,
glaciares,
legislación y derecho ambiental,
minería,
Nacional,
recursos hídricos
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El "Cordobés del Año" vinculador a la defensa de los bosques
José Luis Serrano recibió el premio Cordobés del Año 2017
Fecha de Publicación: 20/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue otorgado en el acto de fin de año de la escuela que dirige otra de las candidatas al premio, Alicia Ceballos. Franco Piccato, secretario de Redacción de La Voz del Interior le entregó la estatuilla luego de la actuación de Doña Jovita.
José Luis Serrano recibió este jueves la distinción Cordobés del Año 2017 que surge luego del voto de la gente y del jurado conformado por los ganadores de las ediciones anteriores.
Serrano recibió la estatuilla de manos del secretario de Redacción de La Voz del Interior, Franco Piccato, en el acto de fin de año de la escuela donde trabaja Alicia Ceballos –otra de las candidatas- en el barrio-ciudad Sol Naciente de Córdoba.
Los niños se sentaron alrededor del escenario y escucharon atentos a “Doña Jovita” que empezó a cantar canciones e interactuar con los chicos. Después de hacer reír a todos, “Jovita” pidió a uno de ellos que le quitara la peluca para recibir el premio.
En el acto también estuvieron presentes los otros dos finalistas, Germán Laborda Soler y Liliana González que junto a Alicia Ceballos recibieron un certificado de reconocimiento a sus trabajo por los que fueron distinguidos.
Algunos miembros del jurado también se llegaron a la escuela Jorge Raúl Recalde para participar de la entrega del premio y los diplomas: Marta Pons (ganadora 2003), Silvia Vélez Funes (ganadora 2011) e Ignacio Aguirre (ganador 2012).
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Fecha de Publicación: 20/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue otorgado en el acto de fin de año de la escuela que dirige otra de las candidatas al premio, Alicia Ceballos. Franco Piccato, secretario de Redacción de La Voz del Interior le entregó la estatuilla luego de la actuación de Doña Jovita.
José Luis Serrano recibió este jueves la distinción Cordobés del Año 2017 que surge luego del voto de la gente y del jurado conformado por los ganadores de las ediciones anteriores.
Serrano recibió la estatuilla de manos del secretario de Redacción de La Voz del Interior, Franco Piccato, en el acto de fin de año de la escuela donde trabaja Alicia Ceballos –otra de las candidatas- en el barrio-ciudad Sol Naciente de Córdoba.
Los niños se sentaron alrededor del escenario y escucharon atentos a “Doña Jovita” que empezó a cantar canciones e interactuar con los chicos. Después de hacer reír a todos, “Jovita” pidió a uno de ellos que le quitara la peluca para recibir el premio.
En el acto también estuvieron presentes los otros dos finalistas, Germán Laborda Soler y Liliana González que junto a Alicia Ceballos recibieron un certificado de reconocimiento a sus trabajo por los que fueron distinguidos.
Algunos miembros del jurado también se llegaron a la escuela Jorge Raúl Recalde para participar de la entrega del premio y los diplomas: Marta Pons (ganadora 2003), Silvia Vélez Funes (ganadora 2011) e Ignacio Aguirre (ganador 2012).
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Ley de Bosques: a 10 años, algunos lo ven positivo
Cayó a una sexta parte la superficie anual deforestada a 10 años de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%. Esto sucede a diez años de la sanción de la Ley de Bosques. No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
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Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%. Esto sucede a diez años de la sanción de la Ley de Bosques. No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
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Córdoba: sociedad pudo frenar una ley del desmonte
Ley de Bosques: el proyecto fue archivado y en 2018 evaluarán insistir en la Unicameral
Fecha de Publicación: 14/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El controvertido proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que estaba en pausa desde junio cuando el oficialismo decidió postergar su tratamiento hasta después de las elecciones, finalmente quedó en el olvido del trámite legislativo.
Resistido por organizaciones ambientalistas, la propuesta impulsada por legisladores de Unión Por Córdoba (UPC) y de la Unión Cívica Radical (UCR) buscaba la aprobación de un mapa que está fuera de regla desde agosto de 2015. El proyecto tomó estado parlamentario en 2016 y el jueves pasado lo perdió. Esto es, según el reglamento interno de la Unicameral, caducó por no haber obtenido sanción en el término de 12 meses corridos.
Desde la secretaría Legislativa del parlamento provincial confirmaron que automáticamente el proyecto pasó a archivo. Esto no significa que no pueda ser rehabilitado por alguno de los legisladores firmantes, por lo que habrá que esperar una definición sobre lo que pueda llegar a pasar. Para esto "no hay plazo", mediante una nota con el pedido de rehabilitación el proyecto 20.811 puede seguir siendo tratado en comisiones.
Fuentes del bloque oficialista adelantaron que por estos días se evalúa qué hacer con el proyecto que durante todo 2017 tuvo puntos calientes de resistencia en las calles. En tal caso, aseguran, cualquier decisión no se tomará sino hasta el año que viene.
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Fecha de Publicación: 14/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El controvertido proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos que estaba en pausa desde junio cuando el oficialismo decidió postergar su tratamiento hasta después de las elecciones, finalmente quedó en el olvido del trámite legislativo.
Resistido por organizaciones ambientalistas, la propuesta impulsada por legisladores de Unión Por Córdoba (UPC) y de la Unión Cívica Radical (UCR) buscaba la aprobación de un mapa que está fuera de regla desde agosto de 2015. El proyecto tomó estado parlamentario en 2016 y el jueves pasado lo perdió. Esto es, según el reglamento interno de la Unicameral, caducó por no haber obtenido sanción en el término de 12 meses corridos.
Desde la secretaría Legislativa del parlamento provincial confirmaron que automáticamente el proyecto pasó a archivo. Esto no significa que no pueda ser rehabilitado por alguno de los legisladores firmantes, por lo que habrá que esperar una definición sobre lo que pueda llegar a pasar. Para esto "no hay plazo", mediante una nota con el pedido de rehabilitación el proyecto 20.811 puede seguir siendo tratado en comisiones.
Fuentes del bloque oficialista adelantaron que por estos días se evalúa qué hacer con el proyecto que durante todo 2017 tuvo puntos calientes de resistencia en las calles. En tal caso, aseguran, cualquier decisión no se tomará sino hasta el año que viene.
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Quieren un bosque en Vaca Muerta
En Vaca Muerta crece un bosque de 130 hectáreas
Fecha de Publicación: 14/12/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Es mediodía y el sol lanza aguijonazos al semidesierto ubicado sobre Vaca Muerta. Hay, en el ambiente, sobre todo tres colores: el turquesa de ensueño del cielo, el rojo marciano de la arcilla y el verde de las líneas de una alameda incipiente que es puro desafío. Son centenares de metros a la redonda que arrojan preguntas acerca de lo que es posible: hay miles de álamos y pinos que crecen en el mismo lugar donde comenzó la fiebre shale, ese nuevo paradigma energético del país. De a ratos parece una ilusión (el desierto es casi la ilusión por definición), pero lo cierto es que en Loma Campana está naciendo un bosque.
El proyecto se llama Pulmón Verde y es una derivación de la construcción de la Central Térmica Loma Campana. Había dos posibilidades: que el agua usada en la refrigeración durante el proceso de generación eléctrica vuelva al río Neuquén, o derivarla a través de un entramado de cañerías primarias y secundarias a unas 130 hectáreas para generar esta inédita arboleda. Y lo bueno es que la opción haya sido la segunda. “Es el último eslabón del proceso de generación de energía eléctrica. Está concebido así. Una solución para miles de litros de agua que impacta en una alternativa para Añelo”, dice Aníbal Lazarte, el gerente de operaciones Oeste de Generación Eléctrica de YPF, clave en los proyectos eléctricos de la compañía, rebosante de orgullo y calidez en sus tucumanos modos.
En rigor, el área útil de forestación es de 72 hectáreas. Se llega a 132 sumando la tierra reservada para cortafuegos y, aunque parezca muy loco, las áreas de seguridad de pozos perforados. Sí, hay árboles al lado de donde hubo torres de perforación, encima del principal desarrollo shale del país y el más importante del mundo fuera de Estados Unidos y Canadá.
Lazarte cuenta que hay un acuerdo con el Municipio de Añelo, que se hicieron los estudios de impacto ambiental, y que las autoridades de Medio Ambiente provincial dieron el OK para este desarrollo ubicado frente al pueblo y que marcará una suerte de división entre lo estrictamente urbano y el área productiva de no convencionales.
La siembra de este gran bosque (no es fácil ver sus límites desde dentro de su perímetro) implicó infraestructura nueva. Hay una pileta de almacenamiento para el riego por goteo, que está automatizado. Se utilizan 60 mil litros por hora que se bombean 24 horas al día, todo el año, para los álamos de Vaca Muerta.
Al costado, en el ingreso a la plantación, hay un pequeño invernadero donde en una primera instancia los plantines se acostumbran al rigor de la estepa patagónica. Luego son plantados, dos mil de ellos por día. Ese fue el ritmo que imprimió un puñado de operarios a la iniciativa.
“Yo estoy en proyectos de generación. Pero este también es un proyecto prioritario para mí y para la empresa. Tengo esta responsabilidad. Estamos tratando de dejar algo más en la comunidad, entendiendo que parte del proceso de generación puede incluir aportes de este tipo. Es el salto que ahora da la empresa”, explica Lazarte, ante la pregunta-sospecha de por qué alguien se tomaría este trabajo en una meseta desértica.
De fondo, hacia todos los puntos cardinales, desafiando la hosquedad de la geografía, miles de arbolitos se consolidan, sus ramas bailoteando por el rigor del viento. En un puñado de años, los futuros habitantes de Añelo también se darán una vuelta por el pulmón verde de Loma Campana.
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Fecha de Publicación: 14/12/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Es mediodía y el sol lanza aguijonazos al semidesierto ubicado sobre Vaca Muerta. Hay, en el ambiente, sobre todo tres colores: el turquesa de ensueño del cielo, el rojo marciano de la arcilla y el verde de las líneas de una alameda incipiente que es puro desafío. Son centenares de metros a la redonda que arrojan preguntas acerca de lo que es posible: hay miles de álamos y pinos que crecen en el mismo lugar donde comenzó la fiebre shale, ese nuevo paradigma energético del país. De a ratos parece una ilusión (el desierto es casi la ilusión por definición), pero lo cierto es que en Loma Campana está naciendo un bosque.
El proyecto se llama Pulmón Verde y es una derivación de la construcción de la Central Térmica Loma Campana. Había dos posibilidades: que el agua usada en la refrigeración durante el proceso de generación eléctrica vuelva al río Neuquén, o derivarla a través de un entramado de cañerías primarias y secundarias a unas 130 hectáreas para generar esta inédita arboleda. Y lo bueno es que la opción haya sido la segunda. “Es el último eslabón del proceso de generación de energía eléctrica. Está concebido así. Una solución para miles de litros de agua que impacta en una alternativa para Añelo”, dice Aníbal Lazarte, el gerente de operaciones Oeste de Generación Eléctrica de YPF, clave en los proyectos eléctricos de la compañía, rebosante de orgullo y calidez en sus tucumanos modos.
En rigor, el área útil de forestación es de 72 hectáreas. Se llega a 132 sumando la tierra reservada para cortafuegos y, aunque parezca muy loco, las áreas de seguridad de pozos perforados. Sí, hay árboles al lado de donde hubo torres de perforación, encima del principal desarrollo shale del país y el más importante del mundo fuera de Estados Unidos y Canadá.
Lazarte cuenta que hay un acuerdo con el Municipio de Añelo, que se hicieron los estudios de impacto ambiental, y que las autoridades de Medio Ambiente provincial dieron el OK para este desarrollo ubicado frente al pueblo y que marcará una suerte de división entre lo estrictamente urbano y el área productiva de no convencionales.
La siembra de este gran bosque (no es fácil ver sus límites desde dentro de su perímetro) implicó infraestructura nueva. Hay una pileta de almacenamiento para el riego por goteo, que está automatizado. Se utilizan 60 mil litros por hora que se bombean 24 horas al día, todo el año, para los álamos de Vaca Muerta.
Al costado, en el ingreso a la plantación, hay un pequeño invernadero donde en una primera instancia los plantines se acostumbran al rigor de la estepa patagónica. Luego son plantados, dos mil de ellos por día. Ese fue el ritmo que imprimió un puñado de operarios a la iniciativa.
“Yo estoy en proyectos de generación. Pero este también es un proyecto prioritario para mí y para la empresa. Tengo esta responsabilidad. Estamos tratando de dejar algo más en la comunidad, entendiendo que parte del proceso de generación puede incluir aportes de este tipo. Es el salto que ahora da la empresa”, explica Lazarte, ante la pregunta-sospecha de por qué alguien se tomaría este trabajo en una meseta desértica.
De fondo, hacia todos los puntos cardinales, desafiando la hosquedad de la geografía, miles de arbolitos se consolidan, sus ramas bailoteando por el rigor del viento. En un puñado de años, los futuros habitantes de Añelo también se darán una vuelta por el pulmón verde de Loma Campana.
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Famatina podria ser PN luego de la amenaza minera
Famatina: del rechazo a la megaminería a un proyecto de parque nacional
Fecha de Publicación: 13/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: La Rioja
Junto a Chilecito, los dos pueblos riojanos que durante años resistieron el desarrollo de esa actividad en la zona ahora trabajan para lograr la protección de su biodiversidad
Pasaron de la resistencia a un proyecto en pos de la ecología. Hace dos años los pobladores de Famatina y Chilecito expulsaron a la cuarta minera que pretendía explotar el oro de la zona. Y ahora, estos dos pueblos riojanos lanzan su campaña para que la zona se convierta en un parque nacional, lo que permitiría no sólo preservar a perpetuidad los recursos naturales sino que abriría una alternativa para vivir del turismo sustentable.
Desde la Administración de Parques Nacionales dijeron a LA NACION que la zona reúne las características para alcanzar el mayor nivel de protección. Los límites potenciales, diseñados con el asesoramiento de ONGs, universidades, biólogos y arqueólogos, cubren unas 90.000 hectáreas Estos son: al oeste los departamentos Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina; al este, la curva de nivel próxima a los 2000 metros de altura; al norte, el río El Durazno y al sur, el río Miranda. Allí se eleva el Famatina, la sierra extra andina más alta de América latina, con 6180 metros.
Once años atrás los pobladores de las 30 localidades que reciben el agua que baja desde el Famatina empezaron a movilizarse preocupados por la cantidad que demandaría la minera Barrick Gold para explotar el oro en las alturas. Allí mismo, a principios de 1900, los ingleses abrieron La Mejicana, una mina cuyas instalaciones hoy subsisten como atractivo turístico.
Los vecinos lograron frenarlo, pero hubo otros intentos que desencadenaron nuevas marchas, campañas de difusión, acampes y cortes de caminos para impedir el paso de las mineras hacia el oro. La movilización hizo que las empresas Osisko Mining Corporation, la Shandong Gold y la salteña Midais, y hasta el propio gobierno provincial, abandonaran sus planes.
Ahora todo el esfuerzo está dirigido a que prospere el proyecto de parque nacional, figura que se complementaría con la de reserva (menos restrictiva, permite por ejemplo la ganadería de baja carga, como la de los puesteros que están en la zona).
"No podemos dejarle el palo y el corte de ruta a nuestros hijos y nietos, sino el disfrute de recursos naturales maravillosos", dice Laura Mierez, integrante de la asamblea de Chilecito. "Un parque revaloriza las economías regionales, la producción local, y permitirá el desarrollo de las comunidades", completa Carolina Sufich, de la Asamblea de Famatina que, desde hace un tiempo, se concentra en "trabajar con la gente y crear conciencia de lo que implica esta posibilidad".
Los pobladores admiten que, cuando hace varios años, algunos plantearon esta idea -con la gente todavía concentrada en la lucha antiminera- se generó desconfianza. "No conocíamos los detalles de la figura, si podía ser otra oportunidad para que algunos sacaran ventaja. Ya vimos que no es así, que nos vamos a beneficiar todos", comenta Celia Smith, miembro de la Cámara de Turismo de Famatina.
Sofía Heinonen, directora de The Conservation Land Trust (fundación del fallecido Douglas Tompkins) recorrió el lugar y está en contacto con su gente. Ella entiende que avanzar con esta protección es la solución "a largo plazo" para generar un salto pro positivo para la región. "Una propuesta superadora que cuida la naturaleza y promueve el desarrollo local con una comunidad integrada, la define.
Para que el proyecto prospere, el gobierno provincial debería ceder el cuidado ambiental de los territorios a la Nación. Hay una ley riojana (la 7292 de 2002) que declaró "parques naturales provinciales" a las "serranías del Famatina", pero fue vetada por el Ejecutivo a los 15 días de su sanción.
Sin embargo, el gobernador Sergio Casas dijo días atrás que la idea es importante: "Hay que debatirla. Nosotros queremos la protección, el cuidado de las bellezas naturales y arqueológicas. Si hay consenso, se avanzará. Eso es lo primordial".
Biodiversidad
Los expertos de la ONG Pacific Biodiversity Institute empezaron a estudiar la biodiversidad de la región en 2013, después de definirla como una de las áreas silvestres sudamericanas prioritaria, y determinaron que requería una "estrategia de conservación a largo plazo" que la protegiera y potenciara.
Una ventaja en términos de burocracia que tiene la zona es que los puesteros que hay no son más de 50, entre los de Famatina y Chilecito. Crían cabras, cerdos, gallinas y algunas vacas, todas actividades que, adaptándose a algunos criterios, podrían continuar en el esquema de "reserva nacional", que sería el que se aplicaría en las tierras que están entre los 2300 y los 4000 metros de altura. Más arriba, para cuidar glaciares y periglaciares, sería "parque".
Mario Villalba vive con sus padres en el puesto que lleva casi medio siglo en Vallecito (Chilecito). "Si hay más gente que viene, vamos a estar mejor. Nosotros a los jóvenes que hacen bici o moto por acá les preparamos algún chivito asado y comen acá", dice. Ese tipo de servicios es el que podrían, los que quisieran, prestar. No se requiere expropiarles las tierras, sino que se las delimita en la reserva.
Paulo D'Alessandro, uno de los activistas más reconocidos en la lucha contra las mineras -una estrategia que unió a gente de las más diversas corrientes ideológicas y partidarias- insiste en que la explotación turística debe ser "sustentable, controlada, y con parámetros a respetar".
En la región, conviven el monte, la prepuna y la puna altoandina. La diversidad de alturas genera una fauna y una flora muy rica y variada. Entre los mamíferos, vive la taruca (el ciervo de altura que es la imagen de los billetes de $100), que es "monumento natural nacional" y está "en peligro" de extinción.
Además, en el área a conservar está el "Camino del Inca" (Qhapaq Ñan), declarado por la Unesco "patrimonio de la humanidad" en 2014. Comienza en el paraje Los Corrales, pasa por la Tambería de Chilitanca, los caminos dobles en la Pampa del Ajencal, la cuesta del Tocino y la del Inca. Abarca también la Tambería de Pampa Real, a 4200 metros de altura y dos "santuarios" ubicados en los cerros General Belgrano (6180 metros) y el Negro Overo.
"Estos pueblos tienen un espíritu ambientalista como lo demostraron en la lucha para cuidar el Famatina. Que el área se proteja hará que no vivamos siempre con el Jesús en la boca", dice Francisco Peralta, presidente de la Cámara de Turismo de Famatina. Para él, aumentar el nivel de protección será también una defensa contra los incendios que se repiten en la zona.
Protecciones
El proyecto del Parque Nacional Famatina tiene como pilares, aseguran sus impulsores, la protección biológica y el desarrollo de las comunidades locales. En el primer caso, entre los mamíferos de importancia, además de la taruca, hay guanacos, zorros, zorrinos, gatos monteses, pumas y chanchos del monte. Entre los roedores, chinchillas, tucu-tucu, cuises y ratones pericotes.
Los reptiles también representan un grupo muy importante ya que se identificaron algunos endémicos, explica Lucila Castro, bióloga de la ONG Pacific Biodiversity. Entre las serpientes hay coral, yarará chica, ñata y falsa yarará. Además, pueden encontrarse anfibios hasta los 3500 metros: entre las especies más llamativas están el escuercito común y el riojano, la ranita fantasma y la trepadora riojana.
Hay unas 290 especies de aves, de todos los tamaños y colores. El cóndor andino y el águila mora son las más importantes. Es común ver también jotes, aguiluchos y halconcitos. Entre las más chicas, están la remolinera común, el piquito de oro, el comecebo puneño, zorzales, calandrias, palomas, bandurritas , dormilonas y catas. Los picaflores también vuelan entre las flores que crecen en las quebradas,
El área de Famatina, en lo que hace a la vegetación, es atravesada por el dominio chaqueño (monte y prepuna), y el andino patagónico. Hay unas 906 especies, subespecies, variedades y formas, con 35 especies endémicas. Las plantas medicinales son muy usadas por la población.
Cuenta Castro que han trabajado con cámaras trampas y redes de niebla durante varios meses para poder identificar la riqueza de la biodiversidad de la zona que hoy busca su protección a largo plazo.
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Fecha de Publicación: 13/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: La Rioja
Junto a Chilecito, los dos pueblos riojanos que durante años resistieron el desarrollo de esa actividad en la zona ahora trabajan para lograr la protección de su biodiversidad
Pasaron de la resistencia a un proyecto en pos de la ecología. Hace dos años los pobladores de Famatina y Chilecito expulsaron a la cuarta minera que pretendía explotar el oro de la zona. Y ahora, estos dos pueblos riojanos lanzan su campaña para que la zona se convierta en un parque nacional, lo que permitiría no sólo preservar a perpetuidad los recursos naturales sino que abriría una alternativa para vivir del turismo sustentable.
Desde la Administración de Parques Nacionales dijeron a LA NACION que la zona reúne las características para alcanzar el mayor nivel de protección. Los límites potenciales, diseñados con el asesoramiento de ONGs, universidades, biólogos y arqueólogos, cubren unas 90.000 hectáreas Estos son: al oeste los departamentos Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina; al este, la curva de nivel próxima a los 2000 metros de altura; al norte, el río El Durazno y al sur, el río Miranda. Allí se eleva el Famatina, la sierra extra andina más alta de América latina, con 6180 metros.
Once años atrás los pobladores de las 30 localidades que reciben el agua que baja desde el Famatina empezaron a movilizarse preocupados por la cantidad que demandaría la minera Barrick Gold para explotar el oro en las alturas. Allí mismo, a principios de 1900, los ingleses abrieron La Mejicana, una mina cuyas instalaciones hoy subsisten como atractivo turístico.
Los vecinos lograron frenarlo, pero hubo otros intentos que desencadenaron nuevas marchas, campañas de difusión, acampes y cortes de caminos para impedir el paso de las mineras hacia el oro. La movilización hizo que las empresas Osisko Mining Corporation, la Shandong Gold y la salteña Midais, y hasta el propio gobierno provincial, abandonaran sus planes.
Ahora todo el esfuerzo está dirigido a que prospere el proyecto de parque nacional, figura que se complementaría con la de reserva (menos restrictiva, permite por ejemplo la ganadería de baja carga, como la de los puesteros que están en la zona).
"No podemos dejarle el palo y el corte de ruta a nuestros hijos y nietos, sino el disfrute de recursos naturales maravillosos", dice Laura Mierez, integrante de la asamblea de Chilecito. "Un parque revaloriza las economías regionales, la producción local, y permitirá el desarrollo de las comunidades", completa Carolina Sufich, de la Asamblea de Famatina que, desde hace un tiempo, se concentra en "trabajar con la gente y crear conciencia de lo que implica esta posibilidad".
Los pobladores admiten que, cuando hace varios años, algunos plantearon esta idea -con la gente todavía concentrada en la lucha antiminera- se generó desconfianza. "No conocíamos los detalles de la figura, si podía ser otra oportunidad para que algunos sacaran ventaja. Ya vimos que no es así, que nos vamos a beneficiar todos", comenta Celia Smith, miembro de la Cámara de Turismo de Famatina.
Sofía Heinonen, directora de The Conservation Land Trust (fundación del fallecido Douglas Tompkins) recorrió el lugar y está en contacto con su gente. Ella entiende que avanzar con esta protección es la solución "a largo plazo" para generar un salto pro positivo para la región. "Una propuesta superadora que cuida la naturaleza y promueve el desarrollo local con una comunidad integrada, la define.
Para que el proyecto prospere, el gobierno provincial debería ceder el cuidado ambiental de los territorios a la Nación. Hay una ley riojana (la 7292 de 2002) que declaró "parques naturales provinciales" a las "serranías del Famatina", pero fue vetada por el Ejecutivo a los 15 días de su sanción.
Sin embargo, el gobernador Sergio Casas dijo días atrás que la idea es importante: "Hay que debatirla. Nosotros queremos la protección, el cuidado de las bellezas naturales y arqueológicas. Si hay consenso, se avanzará. Eso es lo primordial".
Biodiversidad
Los expertos de la ONG Pacific Biodiversity Institute empezaron a estudiar la biodiversidad de la región en 2013, después de definirla como una de las áreas silvestres sudamericanas prioritaria, y determinaron que requería una "estrategia de conservación a largo plazo" que la protegiera y potenciara.
Una ventaja en términos de burocracia que tiene la zona es que los puesteros que hay no son más de 50, entre los de Famatina y Chilecito. Crían cabras, cerdos, gallinas y algunas vacas, todas actividades que, adaptándose a algunos criterios, podrían continuar en el esquema de "reserva nacional", que sería el que se aplicaría en las tierras que están entre los 2300 y los 4000 metros de altura. Más arriba, para cuidar glaciares y periglaciares, sería "parque".
Mario Villalba vive con sus padres en el puesto que lleva casi medio siglo en Vallecito (Chilecito). "Si hay más gente que viene, vamos a estar mejor. Nosotros a los jóvenes que hacen bici o moto por acá les preparamos algún chivito asado y comen acá", dice. Ese tipo de servicios es el que podrían, los que quisieran, prestar. No se requiere expropiarles las tierras, sino que se las delimita en la reserva.
Paulo D'Alessandro, uno de los activistas más reconocidos en la lucha contra las mineras -una estrategia que unió a gente de las más diversas corrientes ideológicas y partidarias- insiste en que la explotación turística debe ser "sustentable, controlada, y con parámetros a respetar".
En la región, conviven el monte, la prepuna y la puna altoandina. La diversidad de alturas genera una fauna y una flora muy rica y variada. Entre los mamíferos, vive la taruca (el ciervo de altura que es la imagen de los billetes de $100), que es "monumento natural nacional" y está "en peligro" de extinción.
Además, en el área a conservar está el "Camino del Inca" (Qhapaq Ñan), declarado por la Unesco "patrimonio de la humanidad" en 2014. Comienza en el paraje Los Corrales, pasa por la Tambería de Chilitanca, los caminos dobles en la Pampa del Ajencal, la cuesta del Tocino y la del Inca. Abarca también la Tambería de Pampa Real, a 4200 metros de altura y dos "santuarios" ubicados en los cerros General Belgrano (6180 metros) y el Negro Overo.
"Estos pueblos tienen un espíritu ambientalista como lo demostraron en la lucha para cuidar el Famatina. Que el área se proteja hará que no vivamos siempre con el Jesús en la boca", dice Francisco Peralta, presidente de la Cámara de Turismo de Famatina. Para él, aumentar el nivel de protección será también una defensa contra los incendios que se repiten en la zona.
Protecciones
El proyecto del Parque Nacional Famatina tiene como pilares, aseguran sus impulsores, la protección biológica y el desarrollo de las comunidades locales. En el primer caso, entre los mamíferos de importancia, además de la taruca, hay guanacos, zorros, zorrinos, gatos monteses, pumas y chanchos del monte. Entre los roedores, chinchillas, tucu-tucu, cuises y ratones pericotes.
Los reptiles también representan un grupo muy importante ya que se identificaron algunos endémicos, explica Lucila Castro, bióloga de la ONG Pacific Biodiversity. Entre las serpientes hay coral, yarará chica, ñata y falsa yarará. Además, pueden encontrarse anfibios hasta los 3500 metros: entre las especies más llamativas están el escuercito común y el riojano, la ranita fantasma y la trepadora riojana.
Hay unas 290 especies de aves, de todos los tamaños y colores. El cóndor andino y el águila mora son las más importantes. Es común ver también jotes, aguiluchos y halconcitos. Entre las más chicas, están la remolinera común, el piquito de oro, el comecebo puneño, zorzales, calandrias, palomas, bandurritas , dormilonas y catas. Los picaflores también vuelan entre las flores que crecen en las quebradas,
El área de Famatina, en lo que hace a la vegetación, es atravesada por el dominio chaqueño (monte y prepuna), y el andino patagónico. Hay unas 906 especies, subespecies, variedades y formas, con 35 especies endémicas. Las plantas medicinales son muy usadas por la población.
Cuenta Castro que han trabajado con cámaras trampas y redes de niebla durante varios meses para poder identificar la riqueza de la biodiversidad de la zona que hoy busca su protección a largo plazo.
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Localidades cordilleranas movilizados por los glaciares
En defensa de los glaciares
Fecha de Publicación: 12/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.
El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.
El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.
El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.
La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.
El 4 de diciembre se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace quince años.
“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.
En Catamarca conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).
Las asambleas catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.
Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.
Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.
Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.
La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.
Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”.
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Fecha de Publicación: 12/12/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.
El Gobierno impulsa la modificación de la ley de glaciares para avanzar con megaminería en zonas prohibidas. Las asambleas socioambientales a lo largo de la Cordillera advierten que resistirán la modificación de la norma y movilizarán para su cumplimiento efectivo. Duras críticas al ministro de Ambiente, Sergio Bergman, anuncios de mayor conflictividad y aumento de la criminalización.
El gobierno nacional tomó medidas en favor de la minería desde el primer mes de gestión, cuando anunció el quite de retenciones a la actividad. A inicios de 2017 dejó trascender que pretendía modificar la Ley 26.639 de “Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” (más conocida como “ley de glaciares”) y derogar las leyes provinciales que limitan la actividad.
El 14 de noviembre, el presidente Mauricio Macri se reunió con Eduardo Elsztain (Grupo IRSA y accionista de la minera Austral Gold) y a Carlos Miguens (titular de M.B. Holdings, Agropecuaria Cantomi y director de Patagonia Gold). También participaron los ejecutivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los sindicatos Uocra (Unión Obrera de la Construcción) y AOMA (Asociación Obrera Minera), funcionarios provinciales y de los ministerios de Ambiente y Minería. Macri confirmó la modificación de la ley de glaciares.
La misma semana, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, sostuvo que las leyes de glaciares y de bosques son “grandes ideas irreales” y que su sanción respondió a una “épica legislativa”. Justificó su posible modificación.
El 4 de diciembre se cumplieron quince años de la primera gran movilización que se produjo en Esquel contra la megaminería y que tuvo un hito en marzo de 2003, cuando el 82 por ciento de la población votó contra la instalación de un proyecto minero. Los día 4 de cada mes se marcha en la ciudad, desde hace quince años.
“El gobierno está trabajando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales y como ha venido pasando hace décadas sigue la línea de promover el extractivismo con argumentos de supuestas oportunidades económicas para la población. Las muestras de falsedad del beneficio económico y el riesgo socioambiental para las comunidades hace tiempo que es evidente, solo es preciso analizar la situación de los pueblos que vienen sufriendo la explotación megaminera”, alertó Corina Milán, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. “La mina Pascua Lama está sobre suelo periglaciar. Por lo cual, en San Juan no se cumple la ley”, denunció Nina D’Horacio, asambleísta de Esquel.
En Catamarca conocen de megaminería desde hace veinte años, cuando se instaló Minera Alumbrera (hoy en manos del consorcio Suizo-Canadiense Glencore, Goldcorp y Yamana Gold). En la misma zona, oeste provincial, el gobierno de Lucía Corpacci impulsa la instalación de Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). “Manifestamos nuestro enérgico repudio a las declaraciones del ministro Sergio Bergman. Exigimos que no se modifique la ley de glaciares. Que se haga efectivo la realización del inventario tal como lo dispone la ley, es decir que se releven los glaciares de cualquier tamaño y el ambiente periglaciar”, destacó el comunicado de una decena de asambleas socioambientales nucleadas en la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación).
Las asambleas catamarqueñas recordaron que en sus territorios está la mayor prueba “del engaño minero”, que no significó progreso. “Ya aprendimos que la megaminería no trae bienestar para los pueblos. Al contrario, nos sacan el agua, la contaminan y nos degradan social, cultural, económica y ambientalmente”, afirmaron.
Mendoza es una de las provincias que tienen leyes que limitan la megaminería. Y resisten desde hace años al lobby minero. Marcelo Giraud, de las asambleas mendocinas, precisó que el área de glaciares donde se prohíbe la minería es menor al uno por ciento del territorio nacional (exceptuando la Antártida). Destacó que todas las asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia “repudian terminantemente cualquier intento de modificar la ley de glaciares que tienda a reducir el área donde rigen las prohibiciones”.
Entre las medidas planificadas señaló que se avanzará en un plan de “re-concientización de los impactos mineros”. Recordó que la Ley de Bosques también corre el mismo riesgo y alertó sobre el intento de una ley de semillas en favor de las empresas transgénicas. “Todo se enmarca en la profundización del extractivismo, pero también esto suscitará crecientes resistencia en los territorios”, afirmó Giraud.
Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares aún no está concluido a pesar de que la Ley preveía su terminación en un plazo de cinco años.
La Rioja echó a cuatro empresas mineras en los últimos diez años, entre ellas a la poderosa Barrick Gold. Jenny Luján, de la Asamblea de Chilecito, consideró que la norma es “una herramienta muy importante a la hora de fundamentar desde lo legal el no rotundo a la minería” en el Cordón del Famatina. “El agua es el mayor tesoro que tenemos, aún más en estas regiones, y la vamos a defender”, aseguró.
Desde la Asamblea de Chilecito alertaron que el avance extractivo también implica modificaciones en el sistema judicial para “legalizar la criminalización y judicialización de las protestas”. Luján también llamó la atención en el rol de los grandes medios de comunicación: “Transmiten una realidad ficcionada que demoniza a los movimientos campesinos, indígenas, socioambientales y agudiza la lucha de pobres contra pobres”.
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El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Córdoba tendrá un nuevo gran parque nacional
La estancia más grande de la región será parque nacional
Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Pinas, en Córdoba, perteneció a Lisandro de la Torre y a Manubens Calvet; tuvo 50 kilómetros de ferrocarril propio y una producción ganadera de 23.000 animales
Las 105.000 hectáreas que hace 37 años son parte de la discusión de la herencia del político y empresario cordobés Feliciano Manubens Calvet (el reparto de bienes pendiente más importante de la Argentina) se convertirán en el parque nacional Traslasierra. Las tierras son parte de la ecorregión del Chaco seco y conservan varias especies en vía de extinción.
Las hectáreas, donde hay unas 7000 cabezas de ganado, el casco de la estancia, las ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela, fueron compradas por Manubens Calvet -intendente en dos oportunidades de Villa Dolores, diputado provincial y terrateniente- en un remate del Banco Español en 1941, con dinero que pusieron sus socios de entonces.
La estancia Pinas, como se llama el lugar en el límite entre Córdoba y La Rioja, perteneció antes a Lisandro de la Torre, que vivió allí entre 1926 y 1930. Cuando Manubens Calvet -que no tuvo hijos ni se casó- la explotaba contaba con 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América latina.
Este año la Legislatura cordobesa aprobó la expropiación de las tierras y la cesión de los terrenos a la Nación; el proyecto de creación del parque nacional ya está en el Congreso y lo analizan distintas comisiones. Los herederos no consensuaron la venta con el Estado, pero tienen voluntad de terminar la sucesión, por lo que buscarán acordar. "No queremos pleitear", dijo uno de ellos a LA NACION, aunque esperan que el precio que les reconozcan sea "adecuado".
Los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio; se espera la definición. El dinero lo pondrán la fundación Aves Argentinas (organización nacional, miembro de BirdLife International, que lleva un siglo de trabajo para proteger las aves silvestres y la naturaleza) y la Nación; el valor debe ser aceptado por la comisión de administración de la herencia.
En Córdoba, los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio.
Francisco González Taboas, integrante de Aves Argentinas, explicó a LA NACION que las tierras son de "significativa" importancia biológica; son refugio natural para unas 160 especies de aves, 34 de mamíferos y 30 de reptiles. "Muchas de las especies están en alguna categoría de riesgo a nivel nacional", señaló.
La fundación, que figura como "entidad asesora" en el acuerdo firmado entre el gobierno cordobés y el Ministerio de Ambiente nacional, desarrolla un trabajo con las comunidades locales "de difusión y divulgación, para que empiecen a asimilar el concepto de parque".
Capacidad de regeneración
Pinas integra las áreas consideradas de "conservación prioritaria" por el Proyecto de Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, que llevan adelante las fundaciones The Nature Conservancy (Estados Unidos), Vida Silvestre (Argentina) y Wildlife Conservation Society (Bolivia). Se trata de la zona considerada la ecorregión boscosa más grande del continente luego del Amazonas y la más grande de América del Sur en lo referido a bosques secos.
Entre los quebrachos, los molles y los algarrobos andan pumas, corzuelas, hurones, maras, gatos monteses y de los pajonales. Decenas de aves surcan el aire -en dos días Aves Argentinas identificó 100- y en las caminatas los paseantes se tropiezan con máquinas y durmientes de la época en que De la Torre y Manubens Calvet explotaban el lugar.
El secretario de Ambiente cordobés, Javier Britch, admitió que es una "felicidad enorme" convertir la zona en parque nacional "en el marco de las buenas relaciones con la Nación". "Hay legisladores que hicieron un trabajo muy interesante, igual que las ONG. Todas las partes entendieron que es importante y bueno que se concrete", agregó.
Lucila Castro, becaria doctoral del Conicet y presidenta para la Argentina de la Pacific Biodiversity Institute (ONG que trabaja en la protección de grandes áreas silvestres sudamericanas), investiga la fauna de la zona con muestreo de cámaras trampa en tierras aledañas a la estancia.
"Es muy importante que se convierta en parque nacional -sostuvo-. Por la preservación del bosque (en Córdoba queda menos de 3% del bosque nativo), por la conservación de las especies y porque es un camino para ayudar a los habitantes de las zonas más pobres".
La bióloga se entusiasmó por la "riqueza" de la fauna chaqueña que se registra. Por ejemplo, hay guanacos chaqueños, una población aislada en el bosque seco: "No se ven fácilmente; estamos tratando de estudiarlos y de determinar su cantidad". Después de 18 meses de trabajo, su equipo divisó en un campo un chancho quimilero o pecarí chaqueño, animal también en peligro de extinción. Entre las aves, en esa condición está el tucu-tucu cordobés.
"Esta zona es el límite sur de su distribución; si desaparece aquí, su expansión se achicará hacia el norte. Por eso el esfuerzo de avanzar en el muestreo; lo mismo que con el quirquincho blanco y las águilas coronadas".
Castro entiende que hay una nueva era en la práctica de la conservación: "Buscamos el desarrollo sustentable de las zonas, darle salida laboral a la gente, ayudar a las comunidades locales, mostrar sus economías regionales sin que destruyan su medio ambiente".
Britch planteó que las tierras están "muy bien conservadas": desde décadas la ganadería es de baja carga, lo que favorece la conservación de especies. "Hay un desarrollo exuberante, lo que ejemplifica la capacidad de recuperación del bosque y de reconstitución de la fauna".
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Fecha de Publicación: 08/12/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Pinas, en Córdoba, perteneció a Lisandro de la Torre y a Manubens Calvet; tuvo 50 kilómetros de ferrocarril propio y una producción ganadera de 23.000 animales
Las 105.000 hectáreas que hace 37 años son parte de la discusión de la herencia del político y empresario cordobés Feliciano Manubens Calvet (el reparto de bienes pendiente más importante de la Argentina) se convertirán en el parque nacional Traslasierra. Las tierras son parte de la ecorregión del Chaco seco y conservan varias especies en vía de extinción.
Las hectáreas, donde hay unas 7000 cabezas de ganado, el casco de la estancia, las ruinas de un oratorio jesuítico y una escuela, fueron compradas por Manubens Calvet -intendente en dos oportunidades de Villa Dolores, diputado provincial y terrateniente- en un remate del Banco Español en 1941, con dinero que pusieron sus socios de entonces.
La estancia Pinas, como se llama el lugar en el límite entre Córdoba y La Rioja, perteneció antes a Lisandro de la Torre, que vivió allí entre 1926 y 1930. Cuando Manubens Calvet -que no tuvo hijos ni se casó- la explotaba contaba con 23.000 animales y 50 kilómetros de vías de ferrocarril propias; era el latifundio más grande de América latina.
Este año la Legislatura cordobesa aprobó la expropiación de las tierras y la cesión de los terrenos a la Nación; el proyecto de creación del parque nacional ya está en el Congreso y lo analizan distintas comisiones. Los herederos no consensuaron la venta con el Estado, pero tienen voluntad de terminar la sucesión, por lo que buscarán acordar. "No queremos pleitear", dijo uno de ellos a LA NACION, aunque esperan que el precio que les reconozcan sea "adecuado".
Los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio; se espera la definición. El dinero lo pondrán la fundación Aves Argentinas (organización nacional, miembro de BirdLife International, que lleva un siglo de trabajo para proteger las aves silvestres y la naturaleza) y la Nación; el valor debe ser aceptado por la comisión de administración de la herencia.
En Córdoba, los integrantes del Tribunal de Tasación recorrieron la estancia y recabaron datos sobre su producción y mejoras para ponerle un precio.
Francisco González Taboas, integrante de Aves Argentinas, explicó a LA NACION que las tierras son de "significativa" importancia biológica; son refugio natural para unas 160 especies de aves, 34 de mamíferos y 30 de reptiles. "Muchas de las especies están en alguna categoría de riesgo a nivel nacional", señaló.
La fundación, que figura como "entidad asesora" en el acuerdo firmado entre el gobierno cordobés y el Ministerio de Ambiente nacional, desarrolla un trabajo con las comunidades locales "de difusión y divulgación, para que empiecen a asimilar el concepto de parque".
Capacidad de regeneración
Pinas integra las áreas consideradas de "conservación prioritaria" por el Proyecto de Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, que llevan adelante las fundaciones The Nature Conservancy (Estados Unidos), Vida Silvestre (Argentina) y Wildlife Conservation Society (Bolivia). Se trata de la zona considerada la ecorregión boscosa más grande del continente luego del Amazonas y la más grande de América del Sur en lo referido a bosques secos.
Entre los quebrachos, los molles y los algarrobos andan pumas, corzuelas, hurones, maras, gatos monteses y de los pajonales. Decenas de aves surcan el aire -en dos días Aves Argentinas identificó 100- y en las caminatas los paseantes se tropiezan con máquinas y durmientes de la época en que De la Torre y Manubens Calvet explotaban el lugar.
El secretario de Ambiente cordobés, Javier Britch, admitió que es una "felicidad enorme" convertir la zona en parque nacional "en el marco de las buenas relaciones con la Nación". "Hay legisladores que hicieron un trabajo muy interesante, igual que las ONG. Todas las partes entendieron que es importante y bueno que se concrete", agregó.
Lucila Castro, becaria doctoral del Conicet y presidenta para la Argentina de la Pacific Biodiversity Institute (ONG que trabaja en la protección de grandes áreas silvestres sudamericanas), investiga la fauna de la zona con muestreo de cámaras trampa en tierras aledañas a la estancia.
"Es muy importante que se convierta en parque nacional -sostuvo-. Por la preservación del bosque (en Córdoba queda menos de 3% del bosque nativo), por la conservación de las especies y porque es un camino para ayudar a los habitantes de las zonas más pobres".
La bióloga se entusiasmó por la "riqueza" de la fauna chaqueña que se registra. Por ejemplo, hay guanacos chaqueños, una población aislada en el bosque seco: "No se ven fácilmente; estamos tratando de estudiarlos y de determinar su cantidad". Después de 18 meses de trabajo, su equipo divisó en un campo un chancho quimilero o pecarí chaqueño, animal también en peligro de extinción. Entre las aves, en esa condición está el tucu-tucu cordobés.
"Esta zona es el límite sur de su distribución; si desaparece aquí, su expansión se achicará hacia el norte. Por eso el esfuerzo de avanzar en el muestreo; lo mismo que con el quirquincho blanco y las águilas coronadas".
Castro entiende que hay una nueva era en la práctica de la conservación: "Buscamos el desarrollo sustentable de las zonas, darle salida laboral a la gente, ayudar a las comunidades locales, mostrar sus economías regionales sin que destruyan su medio ambiente".
Britch planteó que las tierras están "muy bien conservadas": desde décadas la ganadería es de baja carga, lo que favorece la conservación de especies. "Hay un desarrollo exuberante, lo que ejemplifica la capacidad de recuperación del bosque y de reconstitución de la fauna".
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Las multas son insuficientes para frenar los desmontes
Desmontes en el Chaco: cuando las multas son insuficientes
Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Chaco
La sanción en 2007 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la ley de bosques, fue el acontecimiento más relevante en material ambiental en el país.
Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones sumado a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y lograron que el Congreso la sancionara. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente en la protección de nuestros bosques.
“En Argentina, la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar la deforestación significativamente. Sin embargo, en la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante los últimos tres años, la deforestación disminuyó notoriamente comparado a la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300.000 hectàreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas).
“Ya son insuficientes las multas por desmontar ilegalmente o por generar incendios de manera intencional. En la mayoría de los casos, no se reforestan las hectáreas destruidas. Esto lo posibilita, en gran parte, la complicidad de funcionarios públicos que cambian arbitrariamente los ordenamientos territoriales y otorgan licencias de desmonte en áreas que deberían estar protegidas. Por eso, necesitamos la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice esta situación”, finalizó Giardini.
Greenpeace informa que entre enero y octubre de 2017 en el Chaco se deforestaron 32.061 hectáreas. En ese contexto, precisa que del total de hectáreas deforestadas 21.882 fueron ilegales.
En el documento se describe que en el período que va del 2007 al 2013 se perdieron más de 290 mil hectáreas de tierras forestales; el número descendió a 19 mil en 2014 y comenzó a subir nuevamente en 2015 hasta alcanzar más de 28 mil hectáreas en 2016.
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Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Chaco
La sanción en 2007 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la ley de bosques, fue el acontecimiento más relevante en material ambiental en el país.
Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones sumado a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y lograron que el Congreso la sancionara. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente en la protección de nuestros bosques.
“En Argentina, la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar la deforestación significativamente. Sin embargo, en la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante los últimos tres años, la deforestación disminuyó notoriamente comparado a la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300.000 hectàreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas).
“Ya son insuficientes las multas por desmontar ilegalmente o por generar incendios de manera intencional. En la mayoría de los casos, no se reforestan las hectáreas destruidas. Esto lo posibilita, en gran parte, la complicidad de funcionarios públicos que cambian arbitrariamente los ordenamientos territoriales y otorgan licencias de desmonte en áreas que deberían estar protegidas. Por eso, necesitamos la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice esta situación”, finalizó Giardini.
Greenpeace informa que entre enero y octubre de 2017 en el Chaco se deforestaron 32.061 hectáreas. En ese contexto, precisa que del total de hectáreas deforestadas 21.882 fueron ilegales.
En el documento se describe que en el período que va del 2007 al 2013 se perdieron más de 290 mil hectáreas de tierras forestales; el número descendió a 19 mil en 2014 y comenzó a subir nuevamente en 2015 hasta alcanzar más de 28 mil hectáreas en 2016.
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Glaciares: Villalba apoyado por científicos
Apoyo de científicos al responsable del inventario de glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El investigador fue procesado por el juez federal Casanello que le fijó un embargo de 5 millones de pesos.
Docentes, investigadores y becarios han organizado un abrazo al Conicet para hoy a las 12 en defensa de Ricardo Villalba y la ciencia pública. Esto, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dictara el procesamiento del investigador y ex director del Ianigla, le fijara un embargo por 5 millones de pesos y le prohibiera salir del país.
En agosto, el magistrado lo había citado a declarar, acusado de “abuso de autoridad”, junto con Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi, ex secretarios de Medio Ambiente.
La causa nació a partir de una denuncia de la asamblea “Jachal no se toca”, quienes entendieron que los derrames de agua cianurada del emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold ocurrieron porque los hoy procesados incumplieron con su deber.
Concretamente, a Villalba, quien fue director del Inventario Nacional de Glaciares, se le acusa de no haber incluido en su relevamiento a los cuerpos de hielo de un tamaño menor a una hectárea, y de no haber realizado el trabajo en el plazo en que correspondía terminarlo.
En un comunicado, becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla, plantean que el área mínima de mapeo (una hectárea) se fijó siguiendo estándares internacionales.
Además, con esa extensión se aseguraba que prácticamente la totalidad de las reservas de agua en estado sólido del país estarían incluidas.
Facundo Rojas, investigador asistente del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), planteó que nadie está seguro de que en Veladero hubiera glaciares más pequeños, como tampoco que Barrick Gold los haya dañado.
Pero sobre todo, resaltó que la minera empezó a trabajar en la zona en 2005 y la ley de glaciares, que estipula que debe realizarse un inventario, se aprobó en 2010, y el relevamiento no tiene carácter retroactivo.
En cuanto a los plazos, Rojas indicó que tres provincias apelaron por considerar inconstitucional la ley, lo que provocó una demora, y que luego la Secretaría de Ambiente de la Nación se tomó un tiempo para subir el inventario a la web.
Apoyo de la comunidad
La noticia del procesamiento de Ricardo Villalba generó diversos pronunciamientos de la comunidad científica. El Colectivo Ciencia y Universidad, junto con Docentes e Investigadores de Izquierda, expresó su “solidaridad y preocupación ante la embestida del Poder Judicial sobre el sistema científico nacional”.
También advierten que se trata de una muestra del poder de las empresas mineras para intentar avasallar la Ley Nacional de Glaciares, que el Gobierno nacional ya ha anunciado quiere revisar.
Los becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla plantean que se pone en tela de juicio la actuación del científico pero “ningún directivo de la empresa Barrick, responsable directo del derrame de agua cianurada, ha sido procesado en la causa judicial”.
“Esta injusta acusación ha tenido además el efecto inmediato de desacreditar ante la sociedad el trabajo realizado por el Ianigla, institución del Conicet abocada desde hace más de 40 años al estudio y conservación de los recursos naturales de nuestra cordillera”, agregan y señalan que Ricardo Villalba fue uno de los principales promotores de la Ley Nacional de Glaciares.
La Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico (CCT-Conicet) también manifestaron su apoyo al científico. “Los cuestionamientos emitidos por el señor juez están basados en un dictamen con argumentos falaces, incongruentes y absolutamente cuestionables, y no sólo representan un agravio hacia Ricardo Villalba, sino también al sistema científico argentino en su conjunto”, indicaron en un comunicado.
Investigadores, becarios y profesionales del grupo Ciudad y Territorio del Incihusa en tanto plantearon que les “llama poderosamente la atención que en un fallo paralelo de la Justicia de San Juan, la empresa Barrick Gold sea sobreseída de los delitos ambientales que se le imputaban (contaminación con solución cianurada del río “Jáchal en tres oportunidades)".
Además, advierten que el Gobierno nacional y el sector minero “vienen cuestionando la Ley de Glaciares con los argumentos de que es 'confusa', 'inaplicable' y 'obstáculo al desarrollo'”. Y concluyen que “si el juez y los denunciantes buscaban mayor protección, al destruirse la legitimidad y capacidad institucional, lo que vendrá es menos control, menos protección”.
“Es un paso más"
"A los procesamientos los hemos tomado como un paso más. Sabíamos de una maniobra que se hizo para dejar afuera del censo a 700 glaciares de la cordillera sanjuanina", destacó Domingo Jofré, uno de los integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca”, quienes impulsaron la denuncia contra Villalba (entre otros).
"Todo se inició en 2015, luego de un gran derrame en el río. Después hubo 2 derrames más; y para nosotros estuvo vinculado a un incumplimiento en la Ley de glaciares", explicó uno de los abogados de la asamblea, Diego Seguí.
"La ley ordenaba al Ianigla y a la Secretaría de Ambiente hacer una auditoría, que nunca hicieron. De haberse hecho esa auditoría, hoy Veladero estaría suspendido o clausurado", cerró el abogado.
Mensajes que se viralizaron en las redes
Ni bien se conoció el procesamiento de Ricardo Villalba se fueron sucediendo los mensajes de apoyo público.
Uno de las más llamativos fue la de su hija Ayelén, quien en su cuenta de Facebook -aclaraba que sólo se registró para hacer esta defensa pública- compartió unas líneas contando quién es su papá.
Luego de rememorar algunos momentos de su infancia (haciendo hincapié en los valores con que la criaron), la joven detallaba además la permanente preocupación de Villalba por el medio ambiente y el amor por enseñar.
"Gracias papá por ser quien sos y por haberme criado como lo hiciste. Sólo deseo que nuestro país nos trate con verdadera justicia, a vos y a todos", cerraba la carta, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
No obstante, durante los últimos días la publicación original y el perfil personal de la joven desaparecieron.
“Por lo que ella me contó, como recién se había registrado y eso fue compartido muchas veces, la cuenta fue inhabilitada por temor a que se trate de un robot. Pero ya está en trámite de recuperarla”, explicó Villalba a Los Andes.
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El investigador fue procesado por el juez federal Casanello que le fijó un embargo de 5 millones de pesos.
Docentes, investigadores y becarios han organizado un abrazo al Conicet para hoy a las 12 en defensa de Ricardo Villalba y la ciencia pública. Esto, luego de que el juez federal Sebastián Casanello dictara el procesamiento del investigador y ex director del Ianigla, le fijara un embargo por 5 millones de pesos y le prohibiera salir del país.
En agosto, el magistrado lo había citado a declarar, acusado de “abuso de autoridad”, junto con Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi, ex secretarios de Medio Ambiente.
La causa nació a partir de una denuncia de la asamblea “Jachal no se toca”, quienes entendieron que los derrames de agua cianurada del emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold ocurrieron porque los hoy procesados incumplieron con su deber.
Concretamente, a Villalba, quien fue director del Inventario Nacional de Glaciares, se le acusa de no haber incluido en su relevamiento a los cuerpos de hielo de un tamaño menor a una hectárea, y de no haber realizado el trabajo en el plazo en que correspondía terminarlo.
En un comunicado, becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla, plantean que el área mínima de mapeo (una hectárea) se fijó siguiendo estándares internacionales.
Además, con esa extensión se aseguraba que prácticamente la totalidad de las reservas de agua en estado sólido del país estarían incluidas.
Facundo Rojas, investigador asistente del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), planteó que nadie está seguro de que en Veladero hubiera glaciares más pequeños, como tampoco que Barrick Gold los haya dañado.
Pero sobre todo, resaltó que la minera empezó a trabajar en la zona en 2005 y la ley de glaciares, que estipula que debe realizarse un inventario, se aprobó en 2010, y el relevamiento no tiene carácter retroactivo.
En cuanto a los plazos, Rojas indicó que tres provincias apelaron por considerar inconstitucional la ley, lo que provocó una demora, y que luego la Secretaría de Ambiente de la Nación se tomó un tiempo para subir el inventario a la web.
Apoyo de la comunidad
La noticia del procesamiento de Ricardo Villalba generó diversos pronunciamientos de la comunidad científica. El Colectivo Ciencia y Universidad, junto con Docentes e Investigadores de Izquierda, expresó su “solidaridad y preocupación ante la embestida del Poder Judicial sobre el sistema científico nacional”.
También advierten que se trata de una muestra del poder de las empresas mineras para intentar avasallar la Ley Nacional de Glaciares, que el Gobierno nacional ya ha anunciado quiere revisar.
Los becarios e investigadores del Laboratorio de Dendocrinología e Historia Ambiental del Ianigla plantean que se pone en tela de juicio la actuación del científico pero “ningún directivo de la empresa Barrick, responsable directo del derrame de agua cianurada, ha sido procesado en la causa judicial”.
“Esta injusta acusación ha tenido además el efecto inmediato de desacreditar ante la sociedad el trabajo realizado por el Ianigla, institución del Conicet abocada desde hace más de 40 años al estudio y conservación de los recursos naturales de nuestra cordillera”, agregan y señalan que Ricardo Villalba fue uno de los principales promotores de la Ley Nacional de Glaciares.
La Dirección y el Consejo Directivo del Centro Científico Tecnológico (CCT-Conicet) también manifestaron su apoyo al científico. “Los cuestionamientos emitidos por el señor juez están basados en un dictamen con argumentos falaces, incongruentes y absolutamente cuestionables, y no sólo representan un agravio hacia Ricardo Villalba, sino también al sistema científico argentino en su conjunto”, indicaron en un comunicado.
Investigadores, becarios y profesionales del grupo Ciudad y Territorio del Incihusa en tanto plantearon que les “llama poderosamente la atención que en un fallo paralelo de la Justicia de San Juan, la empresa Barrick Gold sea sobreseída de los delitos ambientales que se le imputaban (contaminación con solución cianurada del río “Jáchal en tres oportunidades)".
Además, advierten que el Gobierno nacional y el sector minero “vienen cuestionando la Ley de Glaciares con los argumentos de que es 'confusa', 'inaplicable' y 'obstáculo al desarrollo'”. Y concluyen que “si el juez y los denunciantes buscaban mayor protección, al destruirse la legitimidad y capacidad institucional, lo que vendrá es menos control, menos protección”.
“Es un paso más"
"A los procesamientos los hemos tomado como un paso más. Sabíamos de una maniobra que se hizo para dejar afuera del censo a 700 glaciares de la cordillera sanjuanina", destacó Domingo Jofré, uno de los integrantes de la asamblea “Jáchal no se toca”, quienes impulsaron la denuncia contra Villalba (entre otros).
"Todo se inició en 2015, luego de un gran derrame en el río. Después hubo 2 derrames más; y para nosotros estuvo vinculado a un incumplimiento en la Ley de glaciares", explicó uno de los abogados de la asamblea, Diego Seguí.
"La ley ordenaba al Ianigla y a la Secretaría de Ambiente hacer una auditoría, que nunca hicieron. De haberse hecho esa auditoría, hoy Veladero estaría suspendido o clausurado", cerró el abogado.
Mensajes que se viralizaron en las redes
Ni bien se conoció el procesamiento de Ricardo Villalba se fueron sucediendo los mensajes de apoyo público.
Uno de las más llamativos fue la de su hija Ayelén, quien en su cuenta de Facebook -aclaraba que sólo se registró para hacer esta defensa pública- compartió unas líneas contando quién es su papá.
Luego de rememorar algunos momentos de su infancia (haciendo hincapié en los valores con que la criaron), la joven detallaba además la permanente preocupación de Villalba por el medio ambiente y el amor por enseñar.
"Gracias papá por ser quien sos y por haberme criado como lo hiciste. Sólo deseo que nuestro país nos trate con verdadera justicia, a vos y a todos", cerraba la carta, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
No obstante, durante los últimos días la publicación original y el perfil personal de la joven desaparecieron.
“Por lo que ella me contó, como recién se había registrado y eso fue compartido muchas veces, la cuenta fue inhabilitada por temor a que se trate de un robot. Pero ya está en trámite de recuperarla”, explicó Villalba a Los Andes.
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La minería o el medio ambiente y glaciares
La minería o el medio ambiente: la discusión de fondo en las reformas a la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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Fecha de Publicación: 04/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los recursos naturales?
El kircherismo vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con la protección ambiental. Párrafos después describió que "la prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se había convertido en una especie de escollo para la explotación de los recursos naturales.
El objetivo de la ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas
Una reciente información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo permanentes.
El argumento es idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide: dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso por el medio ambiente.
Pero decaer en el estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el planeta.
Una ex ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere dejar glaciares o minería a cielo abierto?
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Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Chubut quiere recomponer los bosques nativos junto a Nación
Nación trabaja con Chubut para recomponer los bosques nativos
Fecha de Publicación: 21/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut - Nacional
En el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados altos funcionarios de la cartera ambiental viajaron a la Patagonia .
La jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Patricia Holzman, junto al secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, visitaron Chubut en el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados que busca recomponer los bosques nativos.
En Esquel, Holzman y Moreno firmaron un acuerdo con el gobernador chubutense Mariano Arcioni, por aportes de la Ley N.º 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y participaron en la presentación referida a las áreas naturales protegidas, que busca elevar el estatus de protección de las mismas por la ley provincial. En ese marco, Moreno explicó: “Estamos fortaleciendo el mensaje de empezar a trabajar con la inversión de los fondos de la ley de bosques nativos,en inversiones más estratégicas. Una de ellas es la recuperación de áreas degradadas, y otra tiene que ver con la promoción del uso de los recursos en forma sustentable, la conservación de áreas protegidas y la prevención de incendios forestales”.
Los funcionarios también recorrieron el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) donde se realizan proyectos para la construcción de muebles de forma sustentable que trabaja con madera, sin recurrir a la deforestación.
El Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados tiene como objetivo recomponer los bosques degradados del país, restablecer y crear bosques degradados, restaurar suelos, prevenir inundaciones y fortalecer manejo del agua mediante forestación, ampliar la superficie del bosque nativo y ampliar la captura de emisiones de efecto invernadero para aportar a los compromisos de disminución de emisiones de la estrategia nacional de cambio climático.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente giró fondos por $9.000.000 para la implementación (restauración, prevención de incendios y equipos contra incendios) del “Programa Integral de manejo y restauración de las grandes áreas afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015” de la provincia del Chubut, y trabajó con los técnicos de la Subsecretaría de Bosques e Incendios de la provincia del Chubut (SSBel) así como también de otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y la Fundación Bosques de la Patagonia. Se estima que en total se realizaron 72, 5 ha de plantaciones.
Los incendios producidos en la temporada 2014- 2015 en la provincia del Chubut abarcaron 3 grandes zonas. La zona de Cholila, con 28.960,3 ha afectadas; la zona de El Turbio, en donde se quemaron 7.758,6 ha; y la zona de Lago Puelo – Epuyén, con 5.457,6 ha quemadas de bosques nativos.
Para completar su agenda, Holzman y Moreno realizaron la plantación de árboles en las cercanías de Cholila donde los incendios arrasaron con la vegetación del lugar.
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Fecha de Publicación: 21/11/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut - Nacional
En el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados altos funcionarios de la cartera ambiental viajaron a la Patagonia .
La jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Patricia Holzman, junto al secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno, visitaron Chubut en el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados que busca recomponer los bosques nativos.
En Esquel, Holzman y Moreno firmaron un acuerdo con el gobernador chubutense Mariano Arcioni, por aportes de la Ley N.º 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y participaron en la presentación referida a las áreas naturales protegidas, que busca elevar el estatus de protección de las mismas por la ley provincial. En ese marco, Moreno explicó: “Estamos fortaleciendo el mensaje de empezar a trabajar con la inversión de los fondos de la ley de bosques nativos,en inversiones más estratégicas. Una de ellas es la recuperación de áreas degradadas, y otra tiene que ver con la promoción del uso de los recursos en forma sustentable, la conservación de áreas protegidas y la prevención de incendios forestales”.
Los funcionarios también recorrieron el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) donde se realizan proyectos para la construcción de muebles de forma sustentable que trabaja con madera, sin recurrir a la deforestación.
El Plan Nacional de Restauración de Bosques Degradados tiene como objetivo recomponer los bosques degradados del país, restablecer y crear bosques degradados, restaurar suelos, prevenir inundaciones y fortalecer manejo del agua mediante forestación, ampliar la superficie del bosque nativo y ampliar la captura de emisiones de efecto invernadero para aportar a los compromisos de disminución de emisiones de la estrategia nacional de cambio climático.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente giró fondos por $9.000.000 para la implementación (restauración, prevención de incendios y equipos contra incendios) del “Programa Integral de manejo y restauración de las grandes áreas afectadas por los incendios forestales de la temporada 2014-2015” de la provincia del Chubut, y trabajó con los técnicos de la Subsecretaría de Bosques e Incendios de la provincia del Chubut (SSBel) así como también de otras instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y la Fundación Bosques de la Patagonia. Se estima que en total se realizaron 72, 5 ha de plantaciones.
Los incendios producidos en la temporada 2014- 2015 en la provincia del Chubut abarcaron 3 grandes zonas. La zona de Cholila, con 28.960,3 ha afectadas; la zona de El Turbio, en donde se quemaron 7.758,6 ha; y la zona de Lago Puelo – Epuyén, con 5.457,6 ha quemadas de bosques nativos.
Para completar su agenda, Holzman y Moreno realizaron la plantación de árboles en las cercanías de Cholila donde los incendios arrasaron con la vegetación del lugar.
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El plan de Ambiente para proteger los bosques
Cinco planes oficiales para proteger los bosques
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Córdoba pierde 16 mil hectáreas por los incendios este año
Más de 16 mil hectáreas quemadas en lo que va de 2017
Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace varios años, la época de riesgos de incendios parece estirarse en Córdoba. En pleno octubre, cuando antes parecían desaparecer las condiciones que facilitaban los fuegos, se siguen sumando ahora. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego anticipan, además, que este año el riesgo se mantendrá alto casi hasta diciembre, sobre todo en el oeste y el noroeste provincial, con una sequía que los complica.
Las lluvias de los últimos días trajeron algún alivio, pero en ciertas zonas harían falta varias precipitaciones sucesivas más para alejar riesgos. Es más: entre viernes y sábado se combatió un foco complicado en Las Palmas (Traslasierra), entre otros varios en el norte.
En la primera quincena de octubre se sumaron varios incendios complejos y expandidos. Uno inquietó por su avance durante dos días, sobre montes y pastizales entre Cruz del Eje y Deán Funes. Allí, unas 2.500 hectáreas ardieron, según los primeros cálculos preliminares.
Días antes, un foco en el Valle de Traslasierra demandó un esforzado trabajo, también de dos días, pero dejó unas 1.200 hectáreas de montes hechas humo. El foco se expandió entre cerros y quebradas casi deshabitadas y de difícil acceso, al norte de Panaholma y al este de Ambul.
El ya acotado bosque nativo cordobés tiene, sólo por lo quemado en una semana de octubre, unas 2.500 hectáreas menos de superficie. No es poco, ante el escaso bosque remanente en Córdoba.
En la semana que pasó, los cordobeses pudieron además comprobar cómo los incendios serranos los afectaban en forma directa y en su vida cotidiana: las cenizas que dejaron como herencia las llamas de dos de esos grandes incendios cercanos al cauce del río Suquía fueron las que provocaron que la Capital y otras localidades se quedaran durante dos días sin agua potable.
La suma del año
De enero a agosto, el año 2017 había tenido muy pocos incendios rurales en Córdoba: apenas unas 1.500 hectáreas en ocho meses, sumando áreas llanas y serranas.
En agosto, las condiciones variaron y se sumaron cientos de focos. Pero siete fueron los más expandidos y complejos.
Llamativamente, en apenas dos semanas, tres grandes incendios complicaron la zona donde limitan el Valle de Punilla y las Sierras Chicas. Allí se sumaron 2.500 hectáreas en la reserva militar La Calera, 3.700 en un foco iniciado en Santa María de Punilla y otras 3.750 entre Cosquín y el Camino del Cuadrado. Entre los tres sumaron 10 mil hectáreas casi encadenadas, en una misma región. Fueron los dos primeros de esos focos.
Por esos mismos días, hubo incendios complejos en Luyaba (Traslasierra) y en Avellaneda (Totoral). Luego, entre cientos de pequeños focos controlados antes de su expansión, se agregaron los de Ambul (Traslasierra) y de Chuña (Cruz del Eje).
La suma estimada para lo que va del año se ubica ahora sobre las 16 mil hectáreas. La precisión oficial se tendrá luego de los relevamientos satelitales actualizados. Es más que lo quemado en los tres años anteriores.
En 2014 y 2016, la superficie anual quemada fue de entre 10 mil y 11 mil hectáreas, de las más bajas de las dos últimas décadas. En 2015 fueron 17 mil. En cambio, 2013 había sido de los peores, con 151 mil hectáreas bajo fuego.
Foco extinguido: las Palmas
Hicieron falta bomberos de 23 cuarteles cordobeses.
Bomberos voluntarios de 23 cuarteles de la provincia pudieron extinguir un incendio de campos en la zona del paraje Las Palmas, en jurisdicción de Salsacate.
Alrededor de 80 bomberos y tres aviones hidrantes, dos pertenecientes a la provincia y uno a la Nación, trabajaron para las tareas de extinción del siniestro en esa zona del Valle de Traslasierra, 205 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba. Anoche sólo quedaba una guardia de cenizas.
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Fecha de Publicación: 03/11/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace varios años, la época de riesgos de incendios parece estirarse en Córdoba. En pleno octubre, cuando antes parecían desaparecer las condiciones que facilitaban los fuegos, se siguen sumando ahora. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego anticipan, además, que este año el riesgo se mantendrá alto casi hasta diciembre, sobre todo en el oeste y el noroeste provincial, con una sequía que los complica.
Las lluvias de los últimos días trajeron algún alivio, pero en ciertas zonas harían falta varias precipitaciones sucesivas más para alejar riesgos. Es más: entre viernes y sábado se combatió un foco complicado en Las Palmas (Traslasierra), entre otros varios en el norte.
En la primera quincena de octubre se sumaron varios incendios complejos y expandidos. Uno inquietó por su avance durante dos días, sobre montes y pastizales entre Cruz del Eje y Deán Funes. Allí, unas 2.500 hectáreas ardieron, según los primeros cálculos preliminares.
Días antes, un foco en el Valle de Traslasierra demandó un esforzado trabajo, también de dos días, pero dejó unas 1.200 hectáreas de montes hechas humo. El foco se expandió entre cerros y quebradas casi deshabitadas y de difícil acceso, al norte de Panaholma y al este de Ambul.
El ya acotado bosque nativo cordobés tiene, sólo por lo quemado en una semana de octubre, unas 2.500 hectáreas menos de superficie. No es poco, ante el escaso bosque remanente en Córdoba.
En la semana que pasó, los cordobeses pudieron además comprobar cómo los incendios serranos los afectaban en forma directa y en su vida cotidiana: las cenizas que dejaron como herencia las llamas de dos de esos grandes incendios cercanos al cauce del río Suquía fueron las que provocaron que la Capital y otras localidades se quedaran durante dos días sin agua potable.
La suma del año
De enero a agosto, el año 2017 había tenido muy pocos incendios rurales en Córdoba: apenas unas 1.500 hectáreas en ocho meses, sumando áreas llanas y serranas.
En agosto, las condiciones variaron y se sumaron cientos de focos. Pero siete fueron los más expandidos y complejos.
Llamativamente, en apenas dos semanas, tres grandes incendios complicaron la zona donde limitan el Valle de Punilla y las Sierras Chicas. Allí se sumaron 2.500 hectáreas en la reserva militar La Calera, 3.700 en un foco iniciado en Santa María de Punilla y otras 3.750 entre Cosquín y el Camino del Cuadrado. Entre los tres sumaron 10 mil hectáreas casi encadenadas, en una misma región. Fueron los dos primeros de esos focos.
Por esos mismos días, hubo incendios complejos en Luyaba (Traslasierra) y en Avellaneda (Totoral). Luego, entre cientos de pequeños focos controlados antes de su expansión, se agregaron los de Ambul (Traslasierra) y de Chuña (Cruz del Eje).
La suma estimada para lo que va del año se ubica ahora sobre las 16 mil hectáreas. La precisión oficial se tendrá luego de los relevamientos satelitales actualizados. Es más que lo quemado en los tres años anteriores.
En 2014 y 2016, la superficie anual quemada fue de entre 10 mil y 11 mil hectáreas, de las más bajas de las dos últimas décadas. En 2015 fueron 17 mil. En cambio, 2013 había sido de los peores, con 151 mil hectáreas bajo fuego.
Foco extinguido: las Palmas
Hicieron falta bomberos de 23 cuarteles cordobeses.
Bomberos voluntarios de 23 cuarteles de la provincia pudieron extinguir un incendio de campos en la zona del paraje Las Palmas, en jurisdicción de Salsacate.
Alrededor de 80 bomberos y tres aviones hidrantes, dos pertenecientes a la provincia y uno a la Nación, trabajaron para las tareas de extinción del siniestro en esa zona del Valle de Traslasierra, 205 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba. Anoche sólo quedaba una guardia de cenizas.
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