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Mas de 59 mil hectáreas deforestadas ilegalmente
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Las 128.000 hectáreas de bosque argentino que dejaron de existir
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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En Chaco aseguran que cumplen con la Ley de Bosques
El Chaco frenó la deforestación y cumple con las reglas de juego de la Ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Chaco figura entre los distritos del país en los que más se destruyen los montes, según una estadística difundida a nivel nacional, pero las autoridades locales señalaron que se trata de cifras “históricas” que no representan lo que sucede actualmente, ya que hoy hay más controles y un mayor cuidado de los bosques.
Ese fue el planteo ayer del subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, quien marcó que en la gestión actual se autorizan no más de 22.000 hectáreas de deforestación por año, muy por debajo de lo que sucedía en épocas como 2005 o 2006.
“Que la gente quede tranquila”
En la información publicada por La Nación, basada en datos del Ministerio de Ambiente, el Chaco es la tercera provincia del país en la que más bosques se perdieron desde 2008, con 292.573 hectáreas de montes que quedaron barridas para ser destinadas a cultivos o ganadería. En primer lugar aparece Santiago del Estero, con 733.701 hectáreas, y segunda Salta con 567.621.
Olivares reconoció ayer que no estaba enterado de la publicación del diario porteño, efectuada el lunes. “Creo que esas cifras pueden ser reales si son desde fines de los ’90 a la fecha”, dijo.
Luego recordó que la Ley de Bosques se sancionó en 2007, promovida por el diputado, escritor y periodista Miguel Bonasso, con apoyo de numerosas organizaciones, “porque había un índice muy acelerado de explotación, sobre todo en las provincias del norte, como el Chaco, un poco por la falta de una normativa seria al respecto y la desactualización de la normativa existente”.
Olivares, en ese sentido, dijo que la Ley Bonasso “trajo seguridad para mantener los bosques en pie”, al plantear una clasificación de los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las verdes la deforestación está permitida, en las amarillas depende de ciertas condiciones y en las rojas la tala de árboles está terminantemente prohibida.
Pero varias organizaciones comenzaron a denunciar que los gobiernos locales modificaban las categorizaciones sin argumentos válidas para convertir áreas amarillas o rojas en verdes, con lo cual los desmontes continuaron, aunque a menor ritmo que antes.
Eso es lo que viene planteando el Centro de Estudios Nelson Mandela (mencionado en el editorial de La Nación) para el caso del Chaco, diciendo que se desvirtúa la Ley de Bosques para favorecer a quienes hacen negocio con la deforestación.
Olivares, en cambio, sostuvo ayer que la situación no es ésa. “No se autorizan desmontes en zonas protegidas. Para que la gente esté tranquila, nosotros los permisos de desmontes o cambios de usos de suelo son solicitudes de los particulares que hacen los particulares al Estado, y están previstos por la Ley de Bosques mientras se preserven y evalúen todos los requerimientos técnicos y legales que marca la norma. Desde que ingresa el pedido hasta la correspondiente audiencia pública, e incluso después, publicamos todo en nuestra web oficial, con todos los datos del expediente”, marcó.
De ayer a hoy
“En lo que queremos avanzar ahora es en dar también información estadística, porque detrás de cada proyecto de cambio de uso de suelo hay dos cuestiones. La ley provincial exige la conservación de un determinado porcentaje de bosque y por otro lado exige que la madera tenga un valor agregado, para no perder esa materia prima”, agregó.
El funcionario por eso insistió en que los datos publicados en la prensa nacional “son cifras históricas”, y afirmó que “hoy estamos en un 70 a 80% menos que los años 2005 o 2006, que fueron los años en que más se desmontaba por año en la provincia”.
“En 2006 y 2007 se desmontaron 65.000 hectáreas y nosotros van a hacer ya tres períodos que no superamos las 22.000 o 24.000 hectáreas anuales. Esto es producto de muchísimo trabajo”, afirmó.
En cuanto a la forma en que se distribuyen los fondos previstos por la Ley Bonasso para compensar a las provincias por el cuidado de sus bosques, Olivares destacó el trabajo de la ministra de Ambiente, María Elina Serrano, “que en todas las instancias nacionales nos ayuda a reclamar que nos depositen todos los fondos que correspondan por la ley, para que podamos tener más capacidad para mejorar. Hoy estamos un poco limitados presupuestariamente”.
También brindó su reconocimiento al ministro de Producción, Marcelo Repetto, “porque gracias a él se pudo fortalecer esta área y su asunción nos dio perspectivas de seguir mejorando”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Chaco figura entre los distritos del país en los que más se destruyen los montes, según una estadística difundida a nivel nacional, pero las autoridades locales señalaron que se trata de cifras “históricas” que no representan lo que sucede actualmente, ya que hoy hay más controles y un mayor cuidado de los bosques.
Ese fue el planteo ayer del subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, quien marcó que en la gestión actual se autorizan no más de 22.000 hectáreas de deforestación por año, muy por debajo de lo que sucedía en épocas como 2005 o 2006.
“Que la gente quede tranquila”
En la información publicada por La Nación, basada en datos del Ministerio de Ambiente, el Chaco es la tercera provincia del país en la que más bosques se perdieron desde 2008, con 292.573 hectáreas de montes que quedaron barridas para ser destinadas a cultivos o ganadería. En primer lugar aparece Santiago del Estero, con 733.701 hectáreas, y segunda Salta con 567.621.
Olivares reconoció ayer que no estaba enterado de la publicación del diario porteño, efectuada el lunes. “Creo que esas cifras pueden ser reales si son desde fines de los ’90 a la fecha”, dijo.
Luego recordó que la Ley de Bosques se sancionó en 2007, promovida por el diputado, escritor y periodista Miguel Bonasso, con apoyo de numerosas organizaciones, “porque había un índice muy acelerado de explotación, sobre todo en las provincias del norte, como el Chaco, un poco por la falta de una normativa seria al respecto y la desactualización de la normativa existente”.
Olivares, en ese sentido, dijo que la Ley Bonasso “trajo seguridad para mantener los bosques en pie”, al plantear una clasificación de los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las verdes la deforestación está permitida, en las amarillas depende de ciertas condiciones y en las rojas la tala de árboles está terminantemente prohibida.
Pero varias organizaciones comenzaron a denunciar que los gobiernos locales modificaban las categorizaciones sin argumentos válidas para convertir áreas amarillas o rojas en verdes, con lo cual los desmontes continuaron, aunque a menor ritmo que antes.
Eso es lo que viene planteando el Centro de Estudios Nelson Mandela (mencionado en el editorial de La Nación) para el caso del Chaco, diciendo que se desvirtúa la Ley de Bosques para favorecer a quienes hacen negocio con la deforestación.
Olivares, en cambio, sostuvo ayer que la situación no es ésa. “No se autorizan desmontes en zonas protegidas. Para que la gente esté tranquila, nosotros los permisos de desmontes o cambios de usos de suelo son solicitudes de los particulares que hacen los particulares al Estado, y están previstos por la Ley de Bosques mientras se preserven y evalúen todos los requerimientos técnicos y legales que marca la norma. Desde que ingresa el pedido hasta la correspondiente audiencia pública, e incluso después, publicamos todo en nuestra web oficial, con todos los datos del expediente”, marcó.
De ayer a hoy
“En lo que queremos avanzar ahora es en dar también información estadística, porque detrás de cada proyecto de cambio de uso de suelo hay dos cuestiones. La ley provincial exige la conservación de un determinado porcentaje de bosque y por otro lado exige que la madera tenga un valor agregado, para no perder esa materia prima”, agregó.
El funcionario por eso insistió en que los datos publicados en la prensa nacional “son cifras históricas”, y afirmó que “hoy estamos en un 70 a 80% menos que los años 2005 o 2006, que fueron los años en que más se desmontaba por año en la provincia”.
“En 2006 y 2007 se desmontaron 65.000 hectáreas y nosotros van a hacer ya tres períodos que no superamos las 22.000 o 24.000 hectáreas anuales. Esto es producto de muchísimo trabajo”, afirmó.
En cuanto a la forma en que se distribuyen los fondos previstos por la Ley Bonasso para compensar a las provincias por el cuidado de sus bosques, Olivares destacó el trabajo de la ministra de Ambiente, María Elina Serrano, “que en todas las instancias nacionales nos ayuda a reclamar que nos depositen todos los fondos que correspondan por la ley, para que podamos tener más capacidad para mejorar. Hoy estamos un poco limitados presupuestariamente”.
También brindó su reconocimiento al ministro de Producción, Marcelo Repetto, “porque gracias a él se pudo fortalecer esta área y su asunción nos dio perspectivas de seguir mejorando”.
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La pérdida de bosques no puede soportarse más
Pérdida de bosques
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Neuquén: esperan remediación de desmontes
Esperan por la remediación de un sector de la barda afectado por un loteo
Fecha de Publicación: 03/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La justicia ordenó al municipio y a una empresa privada, hace cuatro meses, frenar las obras de socavado que se estaban realizando en un sector de la barda declarada área protegida. Hasta el momento los trabajos siguen en pausa y la jueza fijó próxima audiencia para el 7 de febrero.
El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén. En una semana, la firma ASPA y el municipio deberán presentar los proyectos con el detalle de la metodología de construcción de los azudes que intentaban terminar en septiembre, cuando los vecinos los detuvieron.
“En su momento se logró que se retiraran las máquinas y se frenó el desmonte. Todo quedó sujeto a lo que decía la jueza. La municipalidad y la empresa supuestamente quieren continuar con la obra, así que deben presentar los proyectos”, contó Martín Islas, integrante del Colegio Ambientalista.
Además nada se sabe de la remediación del sector dañado, que según se estableció es de 3.473 metros cuadrados de la barda, en los que se sacó la vegetación autóctona. Ese daño pude tardar, en el mejor de los casos, entre 15 y 20 años en recuperarse, según se estimó.
“Logramos que se frenen los trabajos iniciales, pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Necesitamos que se remedie el sector y pedimos compensación doble, o sea, que se saneé lo que se dañó en el lugar señalado y también en otro punto de desmonte”, dijo Islas.
La justicia determinó que se suspendan los trabajos para el desarrollo. El próximo 7 de febrero las partes volverán a reunirse en una nueva audiencia.
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Fecha de Publicación: 03/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La justicia ordenó al municipio y a una empresa privada, hace cuatro meses, frenar las obras de socavado que se estaban realizando en un sector de la barda declarada área protegida. Hasta el momento los trabajos siguen en pausa y la jueza fijó próxima audiencia para el 7 de febrero.
El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén. En una semana, la firma ASPA y el municipio deberán presentar los proyectos con el detalle de la metodología de construcción de los azudes que intentaban terminar en septiembre, cuando los vecinos los detuvieron.
“En su momento se logró que se retiraran las máquinas y se frenó el desmonte. Todo quedó sujeto a lo que decía la jueza. La municipalidad y la empresa supuestamente quieren continuar con la obra, así que deben presentar los proyectos”, contó Martín Islas, integrante del Colegio Ambientalista.
Además nada se sabe de la remediación del sector dañado, que según se estableció es de 3.473 metros cuadrados de la barda, en los que se sacó la vegetación autóctona. Ese daño pude tardar, en el mejor de los casos, entre 15 y 20 años en recuperarse, según se estimó.
“Logramos que se frenen los trabajos iniciales, pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Necesitamos que se remedie el sector y pedimos compensación doble, o sea, que se saneé lo que se dañó en el lugar señalado y también en otro punto de desmonte”, dijo Islas.
La justicia determinó que se suspendan los trabajos para el desarrollo. El próximo 7 de febrero las partes volverán a reunirse en una nueva audiencia.
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Los incendios se llevaron 45.800 hectáreas en Córdoba
En 2017 se quemaron 45.800 hectáreas en Córdoba
Fecha de Publicación: 02/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es mucho más que en los tres años anteriores, que fueron más lluviosos. Está lejos de los peores registros de las últimas décadas, aunque el impacto acumulativo cuenta.
Durante el año 2017 se hicieron humo en Córdoba al menos 45.800 hectáreas por incendios forestales o rurales. La cifra suma tanto las áreas afectadas en la zona serrana de mayor riesgo y con más forestación como las de regiones del llano, dominadas por el uso agropecuario.
El número representa un salto notorio respecto de los tres años anteriores: es cuatro veces más que la superficie quemada en 2014 y en 2016, y más del doble de la registrada en 2015. A la vez, implica un tercio del área bajo fuego del año 2013, uno de los peores de las últimas décadas en esta provincia.
Las casi 46 mil hectáreas fueron las relevadas por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, en base a sus propios registros y relevamientos con imágenes satelitales, más el aporte de la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales).
El relevamiento oficial marca que a esa superficie quemada contribuyeron 288 incendios (un promedio de 24 por mes).
Ese número implica que sólo registra los focos de mayor incidencia y deja afuera del relevamiento a los muchos que son controlados por un solo cuartel de bomberos local antes de su expansión, sin necesidad de movilizar al Plan Provincial del Fuego. En los meses críticos, suelen generarse decenas de esos focos por día.
De ese modo, si se suman esas pequeñas fracciones de menor impacto la superficie total quemada será en realidad algo superior a la informada.
En 2017 hubo escasos focos hasta agosto. Pintaba como un año tranquilo, pero los pronósticos que advertían sobre un alto riesgo, sobre todo por razones climáticas, se cumplieron desde ese mes, cuando se sucedieron llamativamente tres grandes incendios, casi consecutivos, en una misma región serrana. Desde La Calera hasta Cosquín, entre Punilla y Sierras Chicas, se quemaron unas 10 mil hectáreas serranas.
El mayor foco del año, que estuvo una semana activo y quemó más de 11 mil hectáreas, fue el que en noviembre afectó a una amplia zona de montes en Guasapampa (departamento Minas).
Comparaciones
“Esperábamos un año complicado. Veníamos de tres con buenas lluvias y excesos hídricos en Córdoba, en los que los incendios fueron más bajos, pero todo indicaba que 2017 sería más seco. Así fue y, en ese contexto, creemos que la superficie final no fue tan elevada”, marcó Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes de la Provincia, a cargo del plan del fuego. “Hubo menos superficie quemada que en otros años de alta sequía”, consideró.
A la vez, comparó que, por similares condiciones, el segundo semestre del año fue mucho más complejo en otras provincias. En La Pampa se quemaron un millón de hectáreas, en San Luis unas 150 mil y en Mendoza más de 200 mil.
Y siguen
Un dato que deja 2017 es que la temporada de riesgo, habitualmente marcada entre mayo y noviembre de cada año, va variando. Sobre todo, se prolonga en años de sequía. En 2017 se percibió con contundencia ante la incidencia de focos de fuego durante todo diciembre en áreas del norte y oeste provincial, donde las lluvias fueron muy escasas en los últimos seis meses.
Es más: en pleno enero de 2018 se registraron ya varios incendios. Hubo focos este mes en diferentes puntos del noroeste, en Calamuchita y hasta uno cercano a la Capital (en Malagueño).
El Servicio Meteorológico Nacional además advirtió que los riesgos para el oeste y el norte cordobés seguirán siendo altos durante todo el verano, ante la escasez de lluvias pronosticadas.
Desde 2003, los peores años para Córdoba en materia de incendios fueron 2003 (con 145 mil), 2009 (con 226 mil hectáreas incendiadas) y 2013 (con 151 mil).
En contraste, los más benévolos resultaron 2012, 2014 y 2016, con entre 10 mil y 11 mil hectáreas bajo fuego cada uno.
Los incendios, sobre todo en el área serrana y en el noroeste provincial –las regiones que sostienen aun mayores forestaciones–, generan un fuerte impacto en lo ambiental, en lo paisajístico y en lo económico. Incluso, como en 2009, provocan pérdidas de vidas humanas.
La reducción del ya escaso bosque nativo, la erosión de los suelos y el impacto sobre las cuencas hídricas que abastecen de agua a la provincia son las principales consecuencias en la zona serrana.
Un incendio en 360°
Qué pasa en las Sierras cuando se combate un incendio. Estas imágenes fueron registradas en agosto de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=2LhBR156N3E
Un millón de hectáreas en los últimos 15 años
Es la superficie acumulada por los incendios en Córdoba.
En los últimos 15 años, desde que el Plan Provincial de Manejo del Fuego sistematiza con similar criterio los datos de los incendios rurales y forestales en esta provincia, se acumulan 1.054.600 hectáreas quemadas.
Para comparar y tener dimensión: todo el territorio de la provincia de Córdoba suma algo más de 16 millones de hectáreas.
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Fecha de Publicación: 02/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es mucho más que en los tres años anteriores, que fueron más lluviosos. Está lejos de los peores registros de las últimas décadas, aunque el impacto acumulativo cuenta.
Durante el año 2017 se hicieron humo en Córdoba al menos 45.800 hectáreas por incendios forestales o rurales. La cifra suma tanto las áreas afectadas en la zona serrana de mayor riesgo y con más forestación como las de regiones del llano, dominadas por el uso agropecuario.
El número representa un salto notorio respecto de los tres años anteriores: es cuatro veces más que la superficie quemada en 2014 y en 2016, y más del doble de la registrada en 2015. A la vez, implica un tercio del área bajo fuego del año 2013, uno de los peores de las últimas décadas en esta provincia.
Las casi 46 mil hectáreas fueron las relevadas por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, en base a sus propios registros y relevamientos con imágenes satelitales, más el aporte de la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales).
El relevamiento oficial marca que a esa superficie quemada contribuyeron 288 incendios (un promedio de 24 por mes).
Ese número implica que sólo registra los focos de mayor incidencia y deja afuera del relevamiento a los muchos que son controlados por un solo cuartel de bomberos local antes de su expansión, sin necesidad de movilizar al Plan Provincial del Fuego. En los meses críticos, suelen generarse decenas de esos focos por día.
De ese modo, si se suman esas pequeñas fracciones de menor impacto la superficie total quemada será en realidad algo superior a la informada.
En 2017 hubo escasos focos hasta agosto. Pintaba como un año tranquilo, pero los pronósticos que advertían sobre un alto riesgo, sobre todo por razones climáticas, se cumplieron desde ese mes, cuando se sucedieron llamativamente tres grandes incendios, casi consecutivos, en una misma región serrana. Desde La Calera hasta Cosquín, entre Punilla y Sierras Chicas, se quemaron unas 10 mil hectáreas serranas.
El mayor foco del año, que estuvo una semana activo y quemó más de 11 mil hectáreas, fue el que en noviembre afectó a una amplia zona de montes en Guasapampa (departamento Minas).
Comparaciones
“Esperábamos un año complicado. Veníamos de tres con buenas lluvias y excesos hídricos en Córdoba, en los que los incendios fueron más bajos, pero todo indicaba que 2017 sería más seco. Así fue y, en ese contexto, creemos que la superficie final no fue tan elevada”, marcó Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes de la Provincia, a cargo del plan del fuego. “Hubo menos superficie quemada que en otros años de alta sequía”, consideró.
A la vez, comparó que, por similares condiciones, el segundo semestre del año fue mucho más complejo en otras provincias. En La Pampa se quemaron un millón de hectáreas, en San Luis unas 150 mil y en Mendoza más de 200 mil.
Y siguen
Un dato que deja 2017 es que la temporada de riesgo, habitualmente marcada entre mayo y noviembre de cada año, va variando. Sobre todo, se prolonga en años de sequía. En 2017 se percibió con contundencia ante la incidencia de focos de fuego durante todo diciembre en áreas del norte y oeste provincial, donde las lluvias fueron muy escasas en los últimos seis meses.
Es más: en pleno enero de 2018 se registraron ya varios incendios. Hubo focos este mes en diferentes puntos del noroeste, en Calamuchita y hasta uno cercano a la Capital (en Malagueño).
El Servicio Meteorológico Nacional además advirtió que los riesgos para el oeste y el norte cordobés seguirán siendo altos durante todo el verano, ante la escasez de lluvias pronosticadas.
Desde 2003, los peores años para Córdoba en materia de incendios fueron 2003 (con 145 mil), 2009 (con 226 mil hectáreas incendiadas) y 2013 (con 151 mil).
En contraste, los más benévolos resultaron 2012, 2014 y 2016, con entre 10 mil y 11 mil hectáreas bajo fuego cada uno.
Los incendios, sobre todo en el área serrana y en el noroeste provincial –las regiones que sostienen aun mayores forestaciones–, generan un fuerte impacto en lo ambiental, en lo paisajístico y en lo económico. Incluso, como en 2009, provocan pérdidas de vidas humanas.
La reducción del ya escaso bosque nativo, la erosión de los suelos y el impacto sobre las cuencas hídricas que abastecen de agua a la provincia son las principales consecuencias en la zona serrana.
Un incendio en 360°
Qué pasa en las Sierras cuando se combate un incendio. Estas imágenes fueron registradas en agosto de 2017. https://www.youtube.com/watch?v=2LhBR156N3E
Un millón de hectáreas en los últimos 15 años
Es la superficie acumulada por los incendios en Córdoba.
En los últimos 15 años, desde que el Plan Provincial de Manejo del Fuego sistematiza con similar criterio los datos de los incendios rurales y forestales en esta provincia, se acumulan 1.054.600 hectáreas quemadas.
Para comparar y tener dimensión: todo el territorio de la provincia de Córdoba suma algo más de 16 millones de hectáreas.
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San Luis impulsa herramientas para proteger sus bosques
San Luis toma medidas para proteger sus bosques nativos
Fecha de Publicación: 31/01/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
La degradación de los bosques nativos puede tener dos razones: las acciones humanas en busca de maximizar ganancias, con un ejemplo típico en el monocultivo de soja; o bien los incendios forestales que afectan directamente al corazón de la flora local, episodios que son muy comunes en la primavera, cuando San Luis sale de la temporada seca y todavía no desembarca el régimen monzónico de lluvias de la región, que abarca de octubre a marzo.
Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en el desarrollo de un banco de germoplasma, que es un espacio que servirá para la conservación de la diversidad genética de las especies nativas. Una especie de reserva autóctona que podrá reponer con más facilidad las plantas que se pierdan por los distintos fenómenos.
“Estamos recolectando semillas en distintos sectores de la provincia. Posteriormente seguiremos con la construcción de un edificio para la conservación y germinación de esas semillas de la flora autóctona. Este trabajo nos permitirá reconstruir el bosque nativo degradado”, explicó la jefa del Programa Medio Ambiente, Lucrecia Pedernera Bartolucci.
La funcionaria aseguró que esta tarea será de suma importancia para el desarrollo de la flora autóctona y el estudio de las propiedades de los cultivos que habitan las tierras puntanas de hace siglos. “Este espacio permitirá conservar el material silvestre y conocer el origen de las semillas, pero no las alterará genéticamente”, precisó.
El proceso del banco de germoplasma es el siguiente: primero armaron un calendario de fechas de cosecha según la especie, luego harán un estudio del modo de dispersión que tienen los frutos y semillas, estudiarán los indicadores de madurez, el comportamiento de las semillas frente a diversos agentes climáticos, los requerimientos para germinación, conservación y capacidad germinativa, entre otros factores.
Aumento en los subsidios
Mientras San Luis apunta a cuidar su bosque nativo, el Ministerio de Agroindustria actualizó los montos de los subsidios destinados a bosques cultivados cuyos planes –según lo dispone la Ley 25.080– se hayan ejecutado en 2016. Hasta 2015 los subsidios oficiales se abonaban en dos tramos: proyectos forestales de hasta 300 hectáreas y de 301 a 500 hectáreas. La resolución 10-E/18, publicada en el Boletín Oficial, modificó ese rango para ampliarlo hasta un máximo de 700 hectáreas, sostuvo un informe del sitio Valor Soja, especializado en agricultura.
En algunos casos eso implica, en términos interanuales nominales, aumentos superiores al 400 por ciento. Es el caso del subsidio para bosques implantados en un rango de 301 a 500 hectáreas pero el ajuste no supera el 40% para plantaciones con menos de 300 hectáreas. Por ejemplo, en 2015 en el sector sur de Corrientes el subsidio para plantaciones de pino con una densidad de 700 a 949 plantas por hectárea era de 11.692 pesos para áreas de hasta 300 hectáreas y de 2.923 pesos para superficies de hasta 500. Para los planes realizados en 2016, el monto del beneficio para áreas de hasta 500 hectáreas pasó a 15.970 pesos, de manera tal que, si se considera la franja de 301 a 500 hectáreas, el aumento asignado es de 446%, mientras que para plantaciones con menos de 300 hectáreas el ajuste es del 36%.
"Si bien se trata de una noticia favorable para los que hayan realizado inversiones forestales en una superficie de 301 a 500 hectáreas, el dato clave del régimen de promoción no es el monto sino la fecha de cobro del beneficio, dado que los retrasos en los pagos son significativos", manifestó el reporte. Los últimos datos oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, a agosto de 2017, indican que en los primeros ocho meses 66.171 hectáreas implantadas recibieron en promedio un subsidio de 2.997 pesos por hectárea (equivalente a 187 dólares con el tipo de cambio promedio del período).
En 2016 se habían abonado subsidios a un total de 121.816 hectáreas implantadas por un promedio de 2.192 pesos la tonelada (149 U$S/tonelada), mientras que en 2015 apenas se lograron compensar 48.341 hectáreas a un valor medio de $2.080 la hectárea (225 U$S/ha).
La Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados cumplirá dos décadas y 17 de aplicación efectiva. Comenzó en 2000, pero en 2002, debido a la crisis económica, no se efectuaron pagos, y en todo el período se subsidiaron un total de 1,10 millones de hectáreas.
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Fecha de Publicación: 31/01/2018
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
La degradación de los bosques nativos puede tener dos razones: las acciones humanas en busca de maximizar ganancias, con un ejemplo típico en el monocultivo de soja; o bien los incendios forestales que afectan directamente al corazón de la flora local, episodios que son muy comunes en la primavera, cuando San Luis sale de la temporada seca y todavía no desembarca el régimen monzónico de lluvias de la región, que abarca de octubre a marzo.
Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción trabaja en el desarrollo de un banco de germoplasma, que es un espacio que servirá para la conservación de la diversidad genética de las especies nativas. Una especie de reserva autóctona que podrá reponer con más facilidad las plantas que se pierdan por los distintos fenómenos.
“Estamos recolectando semillas en distintos sectores de la provincia. Posteriormente seguiremos con la construcción de un edificio para la conservación y germinación de esas semillas de la flora autóctona. Este trabajo nos permitirá reconstruir el bosque nativo degradado”, explicó la jefa del Programa Medio Ambiente, Lucrecia Pedernera Bartolucci.
La funcionaria aseguró que esta tarea será de suma importancia para el desarrollo de la flora autóctona y el estudio de las propiedades de los cultivos que habitan las tierras puntanas de hace siglos. “Este espacio permitirá conservar el material silvestre y conocer el origen de las semillas, pero no las alterará genéticamente”, precisó.
El proceso del banco de germoplasma es el siguiente: primero armaron un calendario de fechas de cosecha según la especie, luego harán un estudio del modo de dispersión que tienen los frutos y semillas, estudiarán los indicadores de madurez, el comportamiento de las semillas frente a diversos agentes climáticos, los requerimientos para germinación, conservación y capacidad germinativa, entre otros factores.
Aumento en los subsidios
Mientras San Luis apunta a cuidar su bosque nativo, el Ministerio de Agroindustria actualizó los montos de los subsidios destinados a bosques cultivados cuyos planes –según lo dispone la Ley 25.080– se hayan ejecutado en 2016. Hasta 2015 los subsidios oficiales se abonaban en dos tramos: proyectos forestales de hasta 300 hectáreas y de 301 a 500 hectáreas. La resolución 10-E/18, publicada en el Boletín Oficial, modificó ese rango para ampliarlo hasta un máximo de 700 hectáreas, sostuvo un informe del sitio Valor Soja, especializado en agricultura.
En algunos casos eso implica, en términos interanuales nominales, aumentos superiores al 400 por ciento. Es el caso del subsidio para bosques implantados en un rango de 301 a 500 hectáreas pero el ajuste no supera el 40% para plantaciones con menos de 300 hectáreas. Por ejemplo, en 2015 en el sector sur de Corrientes el subsidio para plantaciones de pino con una densidad de 700 a 949 plantas por hectárea era de 11.692 pesos para áreas de hasta 300 hectáreas y de 2.923 pesos para superficies de hasta 500. Para los planes realizados en 2016, el monto del beneficio para áreas de hasta 500 hectáreas pasó a 15.970 pesos, de manera tal que, si se considera la franja de 301 a 500 hectáreas, el aumento asignado es de 446%, mientras que para plantaciones con menos de 300 hectáreas el ajuste es del 36%.
"Si bien se trata de una noticia favorable para los que hayan realizado inversiones forestales en una superficie de 301 a 500 hectáreas, el dato clave del régimen de promoción no es el monto sino la fecha de cobro del beneficio, dado que los retrasos en los pagos son significativos", manifestó el reporte. Los últimos datos oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación, a agosto de 2017, indican que en los primeros ocho meses 66.171 hectáreas implantadas recibieron en promedio un subsidio de 2.997 pesos por hectárea (equivalente a 187 dólares con el tipo de cambio promedio del período).
En 2016 se habían abonado subsidios a un total de 121.816 hectáreas implantadas por un promedio de 2.192 pesos la tonelada (149 U$S/tonelada), mientras que en 2015 apenas se lograron compensar 48.341 hectáreas a un valor medio de $2.080 la hectárea (225 U$S/ha).
La Ley 25.080 de Promoción de Bosques Cultivados cumplirá dos décadas y 17 de aplicación efectiva. Comenzó en 2000, pero en 2002, debido a la crisis económica, no se efectuaron pagos, y en todo el período se subsidiaron un total de 1,10 millones de hectáreas.
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Córdoba: desmontes sin control real oficial
En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Una ley sin derecho ni revés ni controles
La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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Urtubey se hecha atrás: ordena parar desmonte de Braun Peña
El gobierno de Urtubey intimó a Braun Peña para que frene el desmonte
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Etiquetas:
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
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Río Negro: YPF "bajó" medio cerro de área protegida
Freno a la explotación de YPF en Lamarque
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
“Bajaron medio cerro del área protegida”, aseguró el intendente Sergio Hernández, luego de recorrer el Bajo Santa Rosa. Medio Ambiente de Provincia dictó el cese por 30 días.
El intendente de Lamarque, Sergio Hernández, visitó el Bajo Santa Rosa y sostuvo “la empresa que explota la cantera bajó medio cerro y se produjeron daños irreparables en el área protegida”. Tras esto, desde la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se decidió “el cese inmediato de los trabajos en ejecución por razones precautorias y la suspensión de la resolución ambiental hasta tanto la empresa responsable de la explotación realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes”.
La controversia se desató la semana pasada, luego que vecinos denunciaran ante el Municipio el crecimiento de las tareas de la empresa YPF en el área protegida. Si bien los trabajos de extracción de arena en el lugar se encuentran suspendidas, desde el Municipio también se cuestionó la legitimidad del estudio de impacto ambiental que se presentó en provincia en el año 2016 y que ha permitido a YPF trabajar en el área.
Hernández relató que dos años atrás, Daniel Marin compró a la familia Berthe 8.000 hectáreas, donde esta la cantera. Para su explotación presentó un estudio de impacto ambiental. El año pasado Marín vendió la cantera que comenzó a identificarse como “Cimsa RN” (Compañía de Inversiones Mineras) empresa de servicios que trabaja para YPF. Pero para su explotación se utilizó el mismo estudio de impacto ambiental. El permiso le habilitaba a la empresa poder explotar la cantera hasta el 15 de marzo del 2018.
Hernández, remarcó que en ningún momento desde el área se realizaron inspecciones para poder frenar lo que finalmente terminó sucediendo. Ahora, desde tres las tres partes se planean realizar relevamientos. Desde el Municipio de Lamarque se convocará al reconocido paleontólogo, Leonardo Salgado, para evaluar el alcance del daño. Desde YPF se hará un relevamiento paleontológico. Mientras que desde provincia, a partir de la nota fechada en Viedma el pasado martes, se pide que la empresa “realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes por intermedio de profesional idóneo, que permitan identificar los posibles impactos sobre el patrimonio cultural, elaborar un plan de actividades tendientes a su rescate y preservación de acuerdo a los términos de la ley Nº 3041”. La suspensión dictada por la provincia tendría un período mínimo de 30 días.
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
“Bajaron medio cerro del área protegida”, aseguró el intendente Sergio Hernández, luego de recorrer el Bajo Santa Rosa. Medio Ambiente de Provincia dictó el cese por 30 días.
El intendente de Lamarque, Sergio Hernández, visitó el Bajo Santa Rosa y sostuvo “la empresa que explota la cantera bajó medio cerro y se produjeron daños irreparables en el área protegida”. Tras esto, desde la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se decidió “el cese inmediato de los trabajos en ejecución por razones precautorias y la suspensión de la resolución ambiental hasta tanto la empresa responsable de la explotación realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes”.
La controversia se desató la semana pasada, luego que vecinos denunciaran ante el Municipio el crecimiento de las tareas de la empresa YPF en el área protegida. Si bien los trabajos de extracción de arena en el lugar se encuentran suspendidas, desde el Municipio también se cuestionó la legitimidad del estudio de impacto ambiental que se presentó en provincia en el año 2016 y que ha permitido a YPF trabajar en el área.
Hernández relató que dos años atrás, Daniel Marin compró a la familia Berthe 8.000 hectáreas, donde esta la cantera. Para su explotación presentó un estudio de impacto ambiental. El año pasado Marín vendió la cantera que comenzó a identificarse como “Cimsa RN” (Compañía de Inversiones Mineras) empresa de servicios que trabaja para YPF. Pero para su explotación se utilizó el mismo estudio de impacto ambiental. El permiso le habilitaba a la empresa poder explotar la cantera hasta el 15 de marzo del 2018.
Hernández, remarcó que en ningún momento desde el área se realizaron inspecciones para poder frenar lo que finalmente terminó sucediendo. Ahora, desde tres las tres partes se planean realizar relevamientos. Desde el Municipio de Lamarque se convocará al reconocido paleontólogo, Leonardo Salgado, para evaluar el alcance del daño. Desde YPF se hará un relevamiento paleontológico. Mientras que desde provincia, a partir de la nota fechada en Viedma el pasado martes, se pide que la empresa “realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes por intermedio de profesional idóneo, que permitan identificar los posibles impactos sobre el patrimonio cultural, elaborar un plan de actividades tendientes a su rescate y preservación de acuerdo a los términos de la ley Nº 3041”. La suspensión dictada por la provincia tendría un período mínimo de 30 días.
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Río Negro
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Represas: advertencia de glaciólogos internacionales
Glaciólogos internacionales alertan sobre el impacto de las Represas
Fecha de Publicación: 25/01/2018
Fuente: Ahora Calafate
Provincia/Región: Santa Cruz
Desde Suecia, Austria, Japón y España se expidieron expertos sobre el impacto que las represas ocasionarían a la cuenca del río santa Cruz, que incluye a varios glaciares. Remarcan que se necesitan estudios más profundos que permitan despejar esa duda. Una ONG pide que sus posturas enviadas por escrito sean incluidas en la demanda judicial que presentaron meses atrás.
Reconocidos glaciólogos a nivel mundial se pronunciaron alertando sobre la alteración irreversible del sistema hidrológico de la cuenca fluvial del río Santa Cruz, ante la construcción de las represas en dicho curso de agua.
Cuatro expertos en glaciares plasmaron su postura en escritos que la Fundación Banco de Bosques pide incluir en el expediente que se tramita en la Justicia Federal, y en la que apelan la decisión de la Jueza Marra Giménez, quien levantó la cautelar que frenaba las obras hidroeléctricas, ahora reiniciadas.
La novedad la brindó el representante legal de la ONG, Dr. Cristian Fernández, en declaraciones a FM Dimensión. “Justo antes del inicio de la feria judicial acompañamos una serie de documentos nuevos. Son pronunciamientos de glaciólogos internacionales muy respetados y con mucho conocimiento en el Hielo Patagónico Sur”.
El científico japonés Dr. Shin Sugiyama (Profesor en el Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University) es autor de importantes publicaciones y actualmente trabajando en un proyecto en ejecución en los glaciares del Hielo Patagónico Sur.
El Dr. Helmut Rott, es profesor de Sensores Remotos de la Universidad de Innsbruck, Austria; conocedor del Hielo Patagónico Sur y sus glaciares a través de numerosas campañas de campo y publicaciones, en particular sobre Glaciar Perito Moreno;
El Dr. Hernán De Ángelis es geólogo argentino a cargo del Departamento de Geografía Física de la Universidad de Estocolmo, ha participado en varias campañas a los glaciares Moreno y Upsala y posee publicaciones sobre el Hielo Patagónico Sur;
El Dr. Francisco Navarro es Presidente de la Sociedad Glaciológica Internacional, y Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid (España). Se especializa en balance de masa y dinámica glaciar.
En sus escritos a los que accedió AHORA CALAFATE, los expertos coinciden en “la necesidad de contar con estudios de riesgos más profundos sobre la totalidad de los glaciares sobre los que podrían impactar las represas.
También han señalado que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur.
“Considero que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner (Cóndor Cliff) es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur”, sostiene desde Suecia el Dr. Hernán De Angelis, quien entre 1998 y2014 se desempeñó en el Instituto Antártico Argentino.
El científico recomendó que debe realizarse “estudios de riesgo más profundos para llegar a una estimación de la cota de la represa que resguarde a los glaciares de eventualidades improbables, pero de posibles consecuencias catastróficas”.
En tanto, el Dr. Navarro citó que en la Audiencia Pública sobre las represas, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Fidel A. Roig “pone claramente de manifiesto que el estudio de impacto ambiental efectuado, en lo referente al impacto sobre el conjunto de glaciares de la cuenca del Río Santa Cruz, incluyendo el Campo de Hielo Patagónico Sur, resulta incompleto y presenta presuntas inconsistencias, por lo que requiere posteriores estudios más detallados antes de poder efectuar un informe concluyente”.
A su vez, el especialista Shin Sugiyama (citado por el propio IANIGLA en su dictamen técnico) recuerda que el caso de represas en los Alpes Suizos que ocasionó el retroceso y derretimiento de glaciares.
En su escrito presentado a la Jueza Marra Giménez, se expresa que “la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) comparte la misma preocupación sobre el potencial impacto de la construcción de represas sobre el Río Santa Cruz en los glaciares de nuestro país”.
Invocando el art. 335 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la introducción de documentos de fecha posterior a la demanda bajo juramento de que no se ha tenido conocimiento de ellos con anterioridad, la fundación banco de Bosques solicita que estas opiniones de los expertos se incorporen al expediente”.
“La Jueza (Marra Giménez) va a tener que decidir si admite o no esta prueba”, dijo el abogado Fernández en el programa Radio Activa. En caso de admitirla, la magistrada deberá “correr traslado a las empresas y al Estado Nacional, quienes deben responder para la evaluación previa a una sentencia definitiva, agregó.
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Fecha de Publicación: 25/01/2018
Fuente: Ahora Calafate
Provincia/Región: Santa Cruz
Desde Suecia, Austria, Japón y España se expidieron expertos sobre el impacto que las represas ocasionarían a la cuenca del río santa Cruz, que incluye a varios glaciares. Remarcan que se necesitan estudios más profundos que permitan despejar esa duda. Una ONG pide que sus posturas enviadas por escrito sean incluidas en la demanda judicial que presentaron meses atrás.
Reconocidos glaciólogos a nivel mundial se pronunciaron alertando sobre la alteración irreversible del sistema hidrológico de la cuenca fluvial del río Santa Cruz, ante la construcción de las represas en dicho curso de agua.
Cuatro expertos en glaciares plasmaron su postura en escritos que la Fundación Banco de Bosques pide incluir en el expediente que se tramita en la Justicia Federal, y en la que apelan la decisión de la Jueza Marra Giménez, quien levantó la cautelar que frenaba las obras hidroeléctricas, ahora reiniciadas.
La novedad la brindó el representante legal de la ONG, Dr. Cristian Fernández, en declaraciones a FM Dimensión. “Justo antes del inicio de la feria judicial acompañamos una serie de documentos nuevos. Son pronunciamientos de glaciólogos internacionales muy respetados y con mucho conocimiento en el Hielo Patagónico Sur”.
El científico japonés Dr. Shin Sugiyama (Profesor en el Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University) es autor de importantes publicaciones y actualmente trabajando en un proyecto en ejecución en los glaciares del Hielo Patagónico Sur.
El Dr. Helmut Rott, es profesor de Sensores Remotos de la Universidad de Innsbruck, Austria; conocedor del Hielo Patagónico Sur y sus glaciares a través de numerosas campañas de campo y publicaciones, en particular sobre Glaciar Perito Moreno;
El Dr. Hernán De Ángelis es geólogo argentino a cargo del Departamento de Geografía Física de la Universidad de Estocolmo, ha participado en varias campañas a los glaciares Moreno y Upsala y posee publicaciones sobre el Hielo Patagónico Sur;
El Dr. Francisco Navarro es Presidente de la Sociedad Glaciológica Internacional, y Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid (España). Se especializa en balance de masa y dinámica glaciar.
En sus escritos a los que accedió AHORA CALAFATE, los expertos coinciden en “la necesidad de contar con estudios de riesgos más profundos sobre la totalidad de los glaciares sobre los que podrían impactar las represas.
También han señalado que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur.
“Considero que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner (Cóndor Cliff) es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur”, sostiene desde Suecia el Dr. Hernán De Angelis, quien entre 1998 y2014 se desempeñó en el Instituto Antártico Argentino.
El científico recomendó que debe realizarse “estudios de riesgo más profundos para llegar a una estimación de la cota de la represa que resguarde a los glaciares de eventualidades improbables, pero de posibles consecuencias catastróficas”.
En tanto, el Dr. Navarro citó que en la Audiencia Pública sobre las represas, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Fidel A. Roig “pone claramente de manifiesto que el estudio de impacto ambiental efectuado, en lo referente al impacto sobre el conjunto de glaciares de la cuenca del Río Santa Cruz, incluyendo el Campo de Hielo Patagónico Sur, resulta incompleto y presenta presuntas inconsistencias, por lo que requiere posteriores estudios más detallados antes de poder efectuar un informe concluyente”.
A su vez, el especialista Shin Sugiyama (citado por el propio IANIGLA en su dictamen técnico) recuerda que el caso de represas en los Alpes Suizos que ocasionó el retroceso y derretimiento de glaciares.
En su escrito presentado a la Jueza Marra Giménez, se expresa que “la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) comparte la misma preocupación sobre el potencial impacto de la construcción de represas sobre el Río Santa Cruz en los glaciares de nuestro país”.
Invocando el art. 335 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la introducción de documentos de fecha posterior a la demanda bajo juramento de que no se ha tenido conocimiento de ellos con anterioridad, la fundación banco de Bosques solicita que estas opiniones de los expertos se incorporen al expediente”.
“La Jueza (Marra Giménez) va a tener que decidir si admite o no esta prueba”, dijo el abogado Fernández en el programa Radio Activa. En caso de admitirla, la magistrada deberá “correr traslado a las empresas y al Estado Nacional, quienes deben responder para la evaluación previa a una sentencia definitiva, agregó.
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A 10 años de la Ley de Bosques: sabor agridulce
Argentina mira a sus bosques, pero aún no los cuida bien
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Cambiar la la ley de glaciares para más minería
Para impulsar la minería, buscan cambiar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".
Informe
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Consecuencias
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
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Fecha de Publicación: 20/01/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Pasaron siete años desde la aprobación de la ley de glaciares, pero el debate sobre qué superficies son las que deben ser preservadas volvió a ponerse en discusión. Empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsan una reforma de la norma para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
Varias ONG advierten que la iniciativa pone en riesgo reservas vitales de agua dulce en zonas de lluvias escasas y aridez extrema. Y denuncian que el inventario de áreas a preservar que se hizo sobre la base de la ley que ahora se pretende flexibilizar incumple la propia norma al no incluir todas las superficies que contienen agua sólida. Se basan en un reciente fallo judicial que expone que el inventario incorporó solo extensiones de más de una hectárea, una limitación no establecida en la ley.
Las pretensiones de las mineras pasaron de ser cautelosas a abiertas. "Hay que hacer una ley técnicamente aceptable, que preserve los glaciares importantes y los vinculados al paisaje. Pero hay que dejar que la actividad se desarrolle en los que no tienen ninguna trascendencia", afirmó Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y señaló la necesidad de modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley, justamente los que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la minería en esa extensión.
Los empresarios consideran que no todo el ambiente periglaciar hace un aporte significativo de agua a los ríos que nacen en la cordillera. Por eso la expectativa es reformular la ley para invertir la carga de la prueba y que ante la presentación de un proyecto minero se estudie si el ambiente periglaciar donde se quiere radicar la explotación opera como una reserva de agua y, de comprobarse que es así, que solo en esa instancia se lo desestime.
Para entender la dimensión de lo que está en discusión basta detallar que actualmente hay 21 proyectos mineros de grandes dimensiones en actividad, por lo que una hipotética reforma -según los empresarios- ayudaría a despejar el camino para incrementar considerablemente las exploraciones.
La herramienta que tienen los empresarios para volver a poner en debate el tema son las inversiones. Bergé detalló que en San Juan hay entre cuatro y cinco proyectos parados: "Nadie quiere poner US$2000 millones, la inversión inicial promedio, con esta ley". Raúl Rodríguez, titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, indicó que en esa provincia hay 20 proyectos parados, con una inversión estimada en US$16.000 millones, y reconoció que los 10 proyectos que él representa como abogado "podrían (según la interpretación que se hiciese de la ley) estar en zona considerada periglaciar".
Informe
Un informe hecho en julio de 2016 por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación detalla que existen 44 proyectos mineros "cercanos" a glaciares o ambientes periglaciares inventariados. De esos, solo uno está en actividad, Veladero.
Las pretensiones de las mineras ya habían surgido en 2008, en la previa a la aprobación de la primera ley de glaciares, vetada por Cristina Kirchner, y en 2010, cuando se sancionó la actual. Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, afirmó que "la ley no define con claridad cuándo se considera que se está frente a un recurso hídrico estratégico" y reconoció que los proyectos mineros de Los Azules, Altar y Pachón se planificaron en zonas periglaciares.
Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca y presidente del Consejo Federal de Minería, coincidió en que es necesario modificar la ley porque "se hace referencia a un cuidado preventivo", y destacó que esa prevención "ya viene dada por la ley nacional de prevención para la actividad minera". El subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, opinó que "la ley puede ser mejorada" y señaló que tiene definiciones que "permiten interpretaciones para quien se oponga ideológicamente al desarrollo".
Desde CAEM aseguran que la idea de modificar la ley tiene el visto bueno del presidente Mauricio Macri y afirman que se lo hizo saber el 14 de noviembre en la Casa Rosada. Además insisten en que la intención es poner el tema en la agenda legislativa de marzo. Voceros de la Secretaría de Minería, que encabeza Daniel Meilán, sostuvieron que no es la secretaría la que impulsa la reforma y señalaron a las provincias como promotoras: "Hemos sido consultados sobre aspectos técnicos de la ley y hemos prestado colaboración".
Consecuencias
Ocurre que una reforma como la propuesta no pasaría inadvertida y tendría múltiples costos: políticos, con el antecedente de la carta que la diputada Elisa Carrió le envió a Meilán en noviembre, en la que le adelantó que modificar la ley de glaciares "implica ruptura de acuerdos básicos de Cambiemos", y también traería repudio social por la regresividad en la protección ambiental.
"En la región andina central, La Rioja, San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, los ríos solo se abastecen de precipitaciones níveas y cuando estas son escasas el flujo hídrico lo regulan los glaciares y ambientes periglaciares", advirtió Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), lo ejemplifica: "Los glaciares de escombro [tienen agua sólida en los poros de rocas] de San Juan tienen casi tres veces más agua que los embalses de Cuesta del Viento, Ullum y Caracoles juntos".
Con la ley actual, en el país están protegidos 5742 kilómetros cuadrados de glaciares y ambiente periglaciar. Esa superficie de hielos y glaciares de escombros es la que suman las 15.703 áreas que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) incluyó en el inventario que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación planea publicar en su totalidad en marzo.
El ministro Sergio Bergman negó que Ambiente esté trabajando en un proyecto alternativo a la ley actual. Y respecto de la exclusión en el inventario de las áreas inferiores a una hectárea, consideró que se encuadra dentro del estándar científico internacional.
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Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña
Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Humedales de la región bonaerense en serio riesgo
Alertan sobre extinción de humedales en la Región
Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
Cien investigadores compartieron en La Plata estudios sobre esos ecosistemas y pusieron como un ejemplo de la gravedad de su deterioro la cuenca del arroyo del Gato. Consecuencias en las inundaciones y sequías
La definición según el Convenio de Ramsar (Irán, 2 de febrero de 1971) está siendo pisoteada día a día, con el efecto que ello provoca sobre la calidad de vida. Cien científicos lo advirtieron hace unos días, durante un encuentro realizado en La Plata. Y tres ejemplos que pusieron sobre el “creciente deterioro y destrucción” de estos “ecosistemas acuáticos y sus consecuencias ambientales” fueron “la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato”.
“Los bañados de desborde de ríos y arroyos son terrenos bajos e inundables asociados al curso de agua principal, capaces de acumular y retener agua durante eventos de excesos hídricos (inundaciones). Constituyen uno de los distintos tipos de humedales, junto con los pantanos, ciénagas, marismas y otros ecosistemas, que ofrecen invalorables beneficios a las sociedades. Realizan una contribución fundamental a la salud y el bienestar humano”, explicaron a este diario la directora del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (Conicet-UNLP), Nora Gómez, y el investigador principal de ese centro, Alberto Rodrígues Capítulo, al presentar tiempo atrás los resultados de un estudio que demostró que el bañado de la cuenca alta del arroyo del Gato, en Abasto, está “al límite” a raíz de la creciente y cercana presencia de invernáculos. La cuenca media ya está complicada y la baja, en terapia intensiva (ver infografía).
Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
Cien investigadores compartieron en La Plata estudios sobre esos ecosistemas y pusieron como un ejemplo de la gravedad de su deterioro la cuenca del arroyo del Gato. Consecuencias en las inundaciones y sequías
La definición según el Convenio de Ramsar (Irán, 2 de febrero de 1971) está siendo pisoteada día a día, con el efecto que ello provoca sobre la calidad de vida. Cien científicos lo advirtieron hace unos días, durante un encuentro realizado en La Plata. Y tres ejemplos que pusieron sobre el “creciente deterioro y destrucción” de estos “ecosistemas acuáticos y sus consecuencias ambientales” fueron “la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato”.
“Los bañados de desborde de ríos y arroyos son terrenos bajos e inundables asociados al curso de agua principal, capaces de acumular y retener agua durante eventos de excesos hídricos (inundaciones). Constituyen uno de los distintos tipos de humedales, junto con los pantanos, ciénagas, marismas y otros ecosistemas, que ofrecen invalorables beneficios a las sociedades. Realizan una contribución fundamental a la salud y el bienestar humano”, explicaron a este diario la directora del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (Conicet-UNLP), Nora Gómez, y el investigador principal de ese centro, Alberto Rodrígues Capítulo, al presentar tiempo atrás los resultados de un estudio que demostró que el bañado de la cuenca alta del arroyo del Gato, en Abasto, está “al límite” a raíz de la creciente y cercana presencia de invernáculos. La cuenca media ya está complicada y la baja, en terapia intensiva (ver infografía).
Alerta roja
Fue precisamente en el Instituto “Ringuelet” donde un centenar de científicos mostraron su profunda preocupación por la creciente “reducción y destrucción de los humedales en la llanura pampeana y sus consecuencias en las inundaciones y sequías”, en base a las conclusiones de diferentes trabajos.
En el reciente “Congreso de ecología y manejo de ecosistemas acuáticos pampeanos”, especialistas en el manejo de humedales presentaron los resultados de diferentes estudios que demuestran que “el inapropiado manejo de los suelos y de los cuerpos de agua ha conducido a secar humedales y aumentar la contaminación”. Entre las principales causas se señaló “el avance de las urbanizaciones sobre los humedales y el incremento en el uso de fertilizantes y pesticidas”.
La fuerte alteración de los cursos de agua acentuará los riesgos ambientales en el corto plazo
En tal sentido, como se indicó, se señalaron los casos de la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato como algunos ejemplos de una “creciente alteración de los cursos agua a través de canalizaciones, rectificaciones, desvinculación con el valle aluvial (valle de inundación de un curso de agua) y con el agua subterránea, e incluso la disposición de sedimentos sin un claro criterio que respete el funcionamiento de dichos cursos de agua. Estas situaciones conducen a soluciones a corto plazo pero, en realidad, acentuarán los problemas en un tiempo no muy lejano”, enfatizaron.
Fertilizantes
A lo largo del encuentro también se alertó acerca de “las consecuencias que está teniendo el manejo inadecuado de fertilizantes, que ha llevado a que aumentaran significativamente las concentraciones de fósforo en los últimos 10 años”.
Describieron: “Ese elemento, al llegar a ríos, arroyos, lagunas, e inclusive al sector costero del río de La Plata, aumenta la producción excesiva de plantas acuáticas o algas, promoviendo consecuencias negativas en los recursos bióticos (los que brinda la naturaleza y se regeneran por la ley natural)”. Asimismo se expusieron resultados sobre los efectos del “intenso y poco regulado uso de pesticidas, debido al notable crecimiento de la actividad hortícola y el sostenido aumento de superficies cultivadas en valles aluviales”.
Especies en extinción
Los científicos expusieron, en otro tramo del encuentro, los resultados de estudios que evidenciaron claras consecuencias sobre la biodiversidad. “Un llamado de atención, ya que la desaparición de especies altera el funcionamiento equilibrado de los cursos de agua, disminuyendo los procesos de autodepuración y favoreciendo los de acumulación en la cadena trófica (cadena alimentaria) de compuestos contaminantes” (ver nota aparte).
Se enfatizó también sobre las consecuencias de la “sobreexplotación del agua subterránea y la destrucción de sitios de recarga por el avance de la urbanización, como es el caso de los barrios privados instalados en los valles aluviales o en bañados, a los cuales se los rellena para tal fin, aumentando la impermeabilización del suelo y contribuyendo así a la desconexión del agua superficial con el agua subterránea que naturalmente los alimenta”.
Se resaltó el rol de los reservorios naturales durante los eventos de inundación y, a la vez, se comentó sobre sus consecuencias durante los períodos de sequía, aumentando las condiciones de “estrés ambiental” y la “desaparición de especies vitales para mantener la biodiversidad y el funcionamiento” de ríos, canales y arroyos.
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Fue precisamente en el Instituto “Ringuelet” donde un centenar de científicos mostraron su profunda preocupación por la creciente “reducción y destrucción de los humedales en la llanura pampeana y sus consecuencias en las inundaciones y sequías”, en base a las conclusiones de diferentes trabajos.
En el reciente “Congreso de ecología y manejo de ecosistemas acuáticos pampeanos”, especialistas en el manejo de humedales presentaron los resultados de diferentes estudios que demuestran que “el inapropiado manejo de los suelos y de los cuerpos de agua ha conducido a secar humedales y aumentar la contaminación”. Entre las principales causas se señaló “el avance de las urbanizaciones sobre los humedales y el incremento en el uso de fertilizantes y pesticidas”.
La fuerte alteración de los cursos de agua acentuará los riesgos ambientales en el corto plazo
En tal sentido, como se indicó, se señalaron los casos de la cuenca del Río Luján, del Río Salado y del arroyo del Gato como algunos ejemplos de una “creciente alteración de los cursos agua a través de canalizaciones, rectificaciones, desvinculación con el valle aluvial (valle de inundación de un curso de agua) y con el agua subterránea, e incluso la disposición de sedimentos sin un claro criterio que respete el funcionamiento de dichos cursos de agua. Estas situaciones conducen a soluciones a corto plazo pero, en realidad, acentuarán los problemas en un tiempo no muy lejano”, enfatizaron.
Fertilizantes
A lo largo del encuentro también se alertó acerca de “las consecuencias que está teniendo el manejo inadecuado de fertilizantes, que ha llevado a que aumentaran significativamente las concentraciones de fósforo en los últimos 10 años”.
Describieron: “Ese elemento, al llegar a ríos, arroyos, lagunas, e inclusive al sector costero del río de La Plata, aumenta la producción excesiva de plantas acuáticas o algas, promoviendo consecuencias negativas en los recursos bióticos (los que brinda la naturaleza y se regeneran por la ley natural)”. Asimismo se expusieron resultados sobre los efectos del “intenso y poco regulado uso de pesticidas, debido al notable crecimiento de la actividad hortícola y el sostenido aumento de superficies cultivadas en valles aluviales”.
Especies en extinción
Los científicos expusieron, en otro tramo del encuentro, los resultados de estudios que evidenciaron claras consecuencias sobre la biodiversidad. “Un llamado de atención, ya que la desaparición de especies altera el funcionamiento equilibrado de los cursos de agua, disminuyendo los procesos de autodepuración y favoreciendo los de acumulación en la cadena trófica (cadena alimentaria) de compuestos contaminantes” (ver nota aparte).
Se enfatizó también sobre las consecuencias de la “sobreexplotación del agua subterránea y la destrucción de sitios de recarga por el avance de la urbanización, como es el caso de los barrios privados instalados en los valles aluviales o en bañados, a los cuales se los rellena para tal fin, aumentando la impermeabilización del suelo y contribuyendo así a la desconexión del agua superficial con el agua subterránea que naturalmente los alimenta”.
Se resaltó el rol de los reservorios naturales durante los eventos de inundación y, a la vez, se comentó sobre sus consecuencias durante los períodos de sequía, aumentando las condiciones de “estrés ambiental” y la “desaparición de especies vitales para mantener la biodiversidad y el funcionamiento” de ríos, canales y arroyos.
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Bosques: crean Fondo Fiduciario, pero siguen sin cumplir la ley
Se creó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, anuncia que incorporará en su órbita al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que acaba de ser creado mediante el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018. Su implementación, que se realizará próximamente, lo convertirá en una herramienta eficaz para la preservación de dichos ecosistemas y para el fortalecimiento de la Ley de Bosques Nativos, a 10 años de su sanción.
“Es un gran logro contar con un fideicomiso para la gestión del fondo de la Ley de Bosques como parte de la estrategia integral que implementamos para mejorar y agilizar su administración”, aseguró el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos de la cartera de Ambiente, Juan Pedro Cano. “Esto acortará los tiempos administrativos a nivel nacional y permitirá que los fondos asignados cumplan su objeto y lleguen al bosque y a quienes viven de él de manera sustentable”, agregó.
El instrumento servirá para administrar y financiar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, instaurado por la Ley N.° 26331, de presupuestos mínimos para protección de estos espacios. De acuerdo con la norma, los saldos remanentes de un ejercicio anterior integrarán el fondo del ejercicio siguiente. En la actualidad, los fondos de la ley mencionada están integrados con partidas presupuestarias anuales; a futuro el fideicomiso asegurará la ejecución plurianual y estratégica de los recursos y evitará que los remanentes sean reasignados a otras actividades.
El fideicomiso se integrará con capitales públicos y privados y estará sometido a los controles establecidos en la normativa aplicable, como también a cualquier otro mecanismo de supervisión que se considere pertinente para garantizar la protección del interés público y la transparencia de su gestión.
Cabe señalar que ambos fondos quedarán eximidos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias —de conformidad con las disposiciones de la Ley N.° 25413 de competitividad y la normativa complementaria—, así como también de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Es por esto que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos.
Todo esto facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, el fideicomiso administrará además los fondos climáticos canalizados para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del Acuerdo de París, al que suscribió nuestro país.
La iniciativa evidencia el compromiso del Gobierno nacional con el logro de una política ambiental eficaz y sostenida de protección de los bosques nativos de nuestro país.
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Fecha de Publicación: 10/01/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, anuncia que incorporará en su órbita al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que acaba de ser creado mediante el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018. Su implementación, que se realizará próximamente, lo convertirá en una herramienta eficaz para la preservación de dichos ecosistemas y para el fortalecimiento de la Ley de Bosques Nativos, a 10 años de su sanción.
“Es un gran logro contar con un fideicomiso para la gestión del fondo de la Ley de Bosques como parte de la estrategia integral que implementamos para mejorar y agilizar su administración”, aseguró el director nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos de la cartera de Ambiente, Juan Pedro Cano. “Esto acortará los tiempos administrativos a nivel nacional y permitirá que los fondos asignados cumplan su objeto y lleguen al bosque y a quienes viven de él de manera sustentable”, agregó.
El instrumento servirá para administrar y financiar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, instaurado por la Ley N.° 26331, de presupuestos mínimos para protección de estos espacios. De acuerdo con la norma, los saldos remanentes de un ejercicio anterior integrarán el fondo del ejercicio siguiente. En la actualidad, los fondos de la ley mencionada están integrados con partidas presupuestarias anuales; a futuro el fideicomiso asegurará la ejecución plurianual y estratégica de los recursos y evitará que los remanentes sean reasignados a otras actividades.
El fideicomiso se integrará con capitales públicos y privados y estará sometido a los controles establecidos en la normativa aplicable, como también a cualquier otro mecanismo de supervisión que se considere pertinente para garantizar la protección del interés público y la transparencia de su gestión.
Cabe señalar que ambos fondos quedarán eximidos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias —de conformidad con las disposiciones de la Ley N.° 25413 de competitividad y la normativa complementaria—, así como también de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Es por esto que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos.
Todo esto facilitará el cumplimiento de la política ambiental nacional de conservación y manejo sostenible de bosques que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, el fideicomiso administrará además los fondos climáticos canalizados para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del Acuerdo de París, al que suscribió nuestro país.
La iniciativa evidencia el compromiso del Gobierno nacional con el logro de una política ambiental eficaz y sostenida de protección de los bosques nativos de nuestro país.
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Lavando la cara al Dakar
La seguridad y el impacto ambiental del Dakar
Fecha de Publicación: 29/12/2017
Fuente: MundoD
Provincia/Región: Nacional
La llegada de la 10ª edición de la carrera-aventura por tierras sudamericanas vuelve a poner en debate los dos temas que afectan a esta dura travesía.
Para festejar sus 10 años en Sudamérica, el Dakar preparó para 2018 lo que ellos llaman una edición con “un recorrido denso, con todos los ingredientes del Dakar, pero muy concentrados”.
Y como si la frase no fuera menor para elevar el calor de los fanáticos locales de los motores, la competencia termina en Córdoba, una especie de premio para el único país que se mantuvo fiel durante todas las ediciones y para la provincia del rally.
Sin embargo, existen variables del Dakar que los fanáticos dejan de lado, pero los detractores toman fuertemente para repudiar la llegada de la carrera: seguridad y medio ambiente.
Jean-Marc Aublanc-Piolot, coordinador del Dakar con los comités de los países anfitriones habló al respecto, sosteniendo el compromiso de la organización con ambos temas y quitándole responsabilidad.
La muerte, presente
“En el Dakar se producen de promedio tres muertes por competencia. No quiero ser morboso, pero ojalá que algunos de los accidentes fatales se produzcan acá (en La Pampa)”, expresó antes de la primera edición en Sudamérica Oscar Folmer, funcionario de Turismo de dicha provincia y coordinador de etapa.
El objetivo era que el lugar tomara notoriedad a nivel mundial. Folmer aclaró luego que la frase había sido sacada de contexto, aunque sus explicaciones no fueron aclaratorias. “Lo que yo dije textualmente fue: si uno quisiera hacer un chiste morboso, diría que uno de esos accidentes esperaría que sucedan en La Pampa”, sintetizó según La Nación.
Tanto la frase supuestamente sacada de contexto, como la vaga justificación, llevan en su raíz una realidad dolorosa.
Durante el Dakar el espectador tiene la parcial certeza de que en algún momento los medios van a informar una muerte, incluso parece parte del deporte, del “juego”. No sería de extrañar que las casas de apuestas empiecen –si es que aún no lo hicieron– a poner la categoría dentro de su gran abanico de posibilidades.
“Tenemos una preocupación máxima en el tema seguridad. La edición 2017 no tuvo muertes, lo que va en contra de la idea de que el Dakar va a tener fallecidos. Pero los pilotos se obsesionan por competir y llegar a la meta, y eso hace que como evento extremo tengamos dramas, pese a que intentemos reducir esos riesgos al mínimo”, explicó Jean-Marc.
No sólo personas que son parte activa de la competencia han fallecido –75 por ciento de los deportistas muertos son motociclistas–, sino también personas que fueron arrolladas por un vehículo que era parte de la carrera.
“Una vez definido el trazado se buscan zonas de espectadores y lugares donde se está muy expuesto. Se sensibiliza sobre los riesgos para que el espectador sea consiente. El público debería ver la carrera en los lugares donde está permitido”, agregó.
Pilotos y navegantes circulan a cientos de kilómetros por hora en caminos rodeados por los espectadores, elevando a niveles sin precedentes la adrenalina de esas personas que apuestan sus cuerpos a la destreza de los conductores.
“En 9 mil kilómetros es muy difícil impedir que las personas no se acerquen a ciertas curvas peligrosas. Trabajamos con gente propia y personas de las fuerzas de los gobiernos –22 mil policías, gendarmes y militares– prohibiendo los accesos a las zonas de peligro para que el riesgo sea mínimo, pero el riesgo cero no puede existir”, sintetizó Aublanc-Piolot.
Cuando se habla de seguridad, la misma organización se encarga de remarcar que el público argentino es “más apasionado”, suponiendo esto que se lo debe cuidar de manera más puntual que en el resto de los países.
La huella medioambiental
Cientos de pilotos recorriendo miles de kilómetros, sus equipos de asistencia, organización y público que se desplaza para ver el paso de los vehículos conforman una gran preocupación para las organizaciones de protección del medio ambiente y el patrimonio arqueológico.
“Nosotros tenemos vínculo sólo con las organizaciones gubernamentales porque una vez que tenemos el visto bueno para el recorrido y la carrera, no estamos expuestos a tener la relación con las organizaciones no gubernamentales que puedan manifestarse en contra”, indicó el miembro de la organización.
El francés no habla de manera agresiva ni soberbia, es puramente protocolar lo suyo. Las críticas sobre el trazado de la carrera no los afectan, ya que la carrera no pasa por ningún punto que no esté validado.
“Las instituciones de medio ambiente y cultura están detrás de nosotros, trabajamos en conjunto y ven que respetemos todas las medidas de mitigaciones que ellos imponen. Hay un trabajo muy meticuloso para no afectar a los parques nacionales, cambiar hojas de ruta para evitar las evidencias arqueológicas, no pasar por ningún lugar que tenga restricciones especiales por fauna”, apreció.
Además, la organización del Dakar sostiene que realizan estudios de impacto ambiental en cada una de las provincias por las que pasan y estas se encargan de validarlo.
“El impacto de una carrera de autos no lo podemos negar. Sin embargo, el Dakar toma medidas de compensación sobre este, desde la adecuación del trazado a lo que deciden las instituciones a la compensación de la huella carbono generada por la competencia y eso es para nosotros muy importante”, añadió.
La compensación de emisiones de dióxido de carbono (CO2) consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica, proporcional a las toneladas de CO2 generadas aquí, para un proyecto ambiental.
En el caso del Dakar, su aporte va a la protección de la Selva Amazonas realizada por Greenoxx que permite salvar cerca de 120 mil hectáreas de bosque que si no estarían destruidos en los próximos 10 años.
Sin embargo, distintas organizaciones a lo largo de los países que el rally atravesó en los últimos años han denunciado que la compensación no es total como se sostiene, además de garantizar que se destruyeron sitios arqueológicos y paleontológicos, como también de flora y fauna.
La postura es clara. El Dakar realiza el trazado con la aprobación de los gobiernos, basados en los estudios de impacto ambiental que se presentan y lo que se realiza para compensar el daño causado es voluntario, por lo que consideran que si hay críticas, no deberían ser para ellos.
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Piden contrucción ambiental para una nueva ruta en Misiones
Solicitan que la construcción de la Autovía Norte de la Ruta 12 sea Ecológica
Fecha de Publicación: 28/12/2017
Fuente: Iguazú Noticias
Provincia/Región: Misiones
Por iniciativa del Bloque de diputados provinciales de Cambiemos, se solicitaron obras para preservar la fauna y selva paranaense en los pliegos de construcción de la Autovía sobre la Ruta 12, entre ellos los pasafaunas.
El diputado Gustavo González, uno de los promotores de la iniciativa, manifestó que “Se trata de una región protegida que integra la Reserva Privada San Jorge, el Parque Provincial Península y el Parque Nacional Iguazú que son atravesados por 34 Kilómetros de Ruta Nacional, por eso solicitamos que en la construcción de la futura autovía se realicen las obras necesarias para preservar el ambiente evitando el atropellamiento de animales y mejorando de esta manera el tránsito por la zona".
La solicitud fue elevada a la Dirección Nacional de Vialidad, luego del anuncio realizado por el Gobierno Nacional del primer tramo de licitaciones que se van a realizar en la Argentina a través del Sistema de Participación Pública Privada (PPP) entre los que se encuentra la concreción de la Autovía sobre la Ruta Nacional Nº 12, del denominado Corredor “G” que va desde Roque Sanz Peña en la Provincia del Chacho hasta la ciudad de Puerto Iguazú.
“La construcción de pasafaunas y demás obras necesarias que solicitamos, contribuirá de manera notoria para proteger la biodiversidad de nuestra selva y de esta manera preservarla para el futuro” agregó Gonzalez.
En los fundamentos de la solicitud, los legisladores manifiestan que “Nuestro objetivo es generar conciencia sobre la necesidad de realizar obras de infraestructura para evitar los atropellamientos de animales en nuestra Provincia, específicamente en el área indicada que constituye un sistema de áreas protegidas que se conectan entre sí con corredores biológicos. Esta región de nuestra Provincia, debería contar con una Autovía Ecológica que reduciría los tiempos de viaje, disminuyendo la contaminación, reduciendo los accidentes viales y permitiendo el paso de la fauna de un lado al otro de la misma sin riesgo de ser atropellados"
Los pasafaunas son estructuras que evitan el efecto “isla” que se produce entre los distintos bloques en que queda dividida un área natural al estar atravesada por rutas.
Existen distintos tipos de pasafaunas, entre los que se pueden mencionar a los denominados de pastoreo, en zonas de riveras con diversas medidas, con vallados, con rampas de escape, de roturación de franja a cada lado del vallado, de unión de caminos que se comunican entre sí de forma paralela a la ruta, por el exterior y junto a la valla, los denominados pasos canadienses, puentes, pasos elevados para fauna, pasos subterráneos para la fauna, encausamiento por vaguada y canales de cunetas.
Según las estadísticas tomadas de la Red Yaguareté, solamente el 5 % de los automovilistas respetan los límites de velocidad. "El desafío que tenemos por delante, es el desarrollo de una red de transporte más segura y con el mínimo impacto sobre el medio ambiente".
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Fecha de Publicación: 28/12/2017
Fuente: Iguazú Noticias
Provincia/Región: Misiones
Por iniciativa del Bloque de diputados provinciales de Cambiemos, se solicitaron obras para preservar la fauna y selva paranaense en los pliegos de construcción de la Autovía sobre la Ruta 12, entre ellos los pasafaunas.
El diputado Gustavo González, uno de los promotores de la iniciativa, manifestó que “Se trata de una región protegida que integra la Reserva Privada San Jorge, el Parque Provincial Península y el Parque Nacional Iguazú que son atravesados por 34 Kilómetros de Ruta Nacional, por eso solicitamos que en la construcción de la futura autovía se realicen las obras necesarias para preservar el ambiente evitando el atropellamiento de animales y mejorando de esta manera el tránsito por la zona".
La solicitud fue elevada a la Dirección Nacional de Vialidad, luego del anuncio realizado por el Gobierno Nacional del primer tramo de licitaciones que se van a realizar en la Argentina a través del Sistema de Participación Pública Privada (PPP) entre los que se encuentra la concreción de la Autovía sobre la Ruta Nacional Nº 12, del denominado Corredor “G” que va desde Roque Sanz Peña en la Provincia del Chacho hasta la ciudad de Puerto Iguazú.
“La construcción de pasafaunas y demás obras necesarias que solicitamos, contribuirá de manera notoria para proteger la biodiversidad de nuestra selva y de esta manera preservarla para el futuro” agregó Gonzalez.
En los fundamentos de la solicitud, los legisladores manifiestan que “Nuestro objetivo es generar conciencia sobre la necesidad de realizar obras de infraestructura para evitar los atropellamientos de animales en nuestra Provincia, específicamente en el área indicada que constituye un sistema de áreas protegidas que se conectan entre sí con corredores biológicos. Esta región de nuestra Provincia, debería contar con una Autovía Ecológica que reduciría los tiempos de viaje, disminuyendo la contaminación, reduciendo los accidentes viales y permitiendo el paso de la fauna de un lado al otro de la misma sin riesgo de ser atropellados"
Los pasafaunas son estructuras que evitan el efecto “isla” que se produce entre los distintos bloques en que queda dividida un área natural al estar atravesada por rutas.
Existen distintos tipos de pasafaunas, entre los que se pueden mencionar a los denominados de pastoreo, en zonas de riveras con diversas medidas, con vallados, con rampas de escape, de roturación de franja a cada lado del vallado, de unión de caminos que se comunican entre sí de forma paralela a la ruta, por el exterior y junto a la valla, los denominados pasos canadienses, puentes, pasos elevados para fauna, pasos subterráneos para la fauna, encausamiento por vaguada y canales de cunetas.
Según las estadísticas tomadas de la Red Yaguareté, solamente el 5 % de los automovilistas respetan los límites de velocidad. "El desafío que tenemos por delante, es el desarrollo de una red de transporte más segura y con el mínimo impacto sobre el medio ambiente".
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