Balance de gestión en un nuevo aniversario de la creación de ACUMAR

Fecha de Publicación: 08/12/2023
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


Se cumple un nuevo aniversario de la ley de creación de ACUMAR y es una oportunidad para repensar y evaluar lo hecho en estos últimos años para cumplir los objetivos de saneamiento.
La Ley 26.168 fue sancionada, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el 15 de noviembre de 2006, promulgada el 4 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial al día siguiente. Mediante esta letra legal, se creó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho público interjurisdiccional, para ejercer su competencia en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo y atender a su deterioro ambiental.
La ley responde a la demanda, conocida como “Causa Mendoza”, que un grupo de vecinos y vecinas de Villa Inflamable, Avellaneda, había presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí reclamaban al Estado la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios.
En la gestión que culmina el 10 de diciembre, presidida por Martín Sabbatella, bajo el lema de “Prevenir, recomponer y mejorar es la tarea”, han sido muchos y muy significativos los avances en pos del saneamiento. Grandes obras de infraestructura, fiscalización y control de las industrias, promoción del empleo verde y acciones de limpieza fueron algunas de las acciones que se llevaron adelante, pensando siempre en lo esencial de construir e invitar a una relación más cercana y sustentable con el entorno.
En este sentido, Sabbatella destacó: “Sin dudas, el balance en este fin de gestión es altamente positivo. Hoy la Cuenca Matanza Riachuelo cuenta con un organismo eficiente, transparente, profundamente presente en el territorio, que cuenta con equipos capacitados e impulsa políticas innovadoras y estratégicas de modo interdisciplinario. Logramos avanzar hacia una nueva etapa en el saneamiento y eso nos llena de orgullo”.
En primer lugar, la contaminación orgánica fue abordada a través de dos grandes hitos: el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas y, junto a AySA, la puesta en marcha del Sistema Riachuelo, una megaobra de ampliación cloacal que ataca a la mayor fuente de contaminación del río, los efluentes cloacales sin tratamiento.
Además, la obra del Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús, ya está concluida y se espera comenzar con la mudanza y radicación de pequeñas y medianas curtiembres de la Cuenca. La Planta de Tratamiento de Efluentes del PIC, que tiene un gran estado de avance, será una solución y un puente hacia los estándares de una producción amigable con el ambiente.
Unido a esto último, durante 2023, establecimientos industriales de la Cuenca, responsables del mayor porcentaje de contaminación, realizaron obras de adecuación a la normativa ambiental vigente. Y se crearon las Guardias Ambientales: equipos móviles de supervisión y prevención que recorren la Cuenca los siete días de la semana detectando situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad ambiental.
Se puso en marcha el Centro Integrado de Monitoreo y Control Ambiental (CIMCA), un lugar de recepción, registro, análisis y visualización online de los datos ambientales de la Cuenca, que permite optimizar la vigilancia integral. A su vez, se está terminando de construir el primer Laboratorio Ambiental de ACUMAR.
Una vez iniciada la gestión de Sabbatella, se verificó que los arroyos que desembocaban en el río estaban llenos de basura, por lo que en 2021 se incorporó el servicio de perfilado y desobstrucción que consiste en el raspaje del talud en lugares impactados por residuos y obstrucciones para acomodar los cauces con la finalidad de que el agua circule correctamente, fundamentalmente en los días de lluvia y así reducir la posibilidad de inundaciones.
También se ejecutaron obras de mejoras en el espacio público de la ribera del Riachuelo. Así es como se acondicionaron zonas para actividades recreativas y el Camino de Sirga alcanzó una mejora de cerca del 90%.
Se creó el Circuito Turístico Ambiental “El puente y sus dos orillas”. Se trata de un recorrido histórico y patrimonial gratuito por la Cuenca Baja para el que se instalaron dos Estaciones de Promoción e Interpretación Ambiental.
La agroecología y la producción de flora nativa cobró relevancia gracias al fortalecimiento de la Red de Viveros. Estas acciones ayudan a la mejora y conservación del suelo, con la reserva y depuración del agua, y la regulación climática. Además, se impulsó el proyecto para la preservación ambiental de parcelas de la reserva natural “Bosques de Ciudad Evita”, en conjunto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el Municipio de La Matanza.
Con los gobiernos locales y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación se articuló para garantizar soluciones habitacionales para familias en situación de riesgo ambiental.
En materia de Educación, el Programa Escuelas por la Cuenca llegó a más de 1000 instituciones educativas, promoviendo el compromiso con las problemáticas ambientales vinculadas al territorio.
Y en Salud, se pusieron nuevamente en funcionamiento las 16 Unidades Sanitarias Ambientales y las Unidades Móviles volvieron al territorio. Para el período 2024-2027 se rediseñó el Plan Sanitario de Emergencia de la Cuenca. Y, finalmente, ACUMAR cumplió la manda de la Justicia en cuanto a las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR).
Estas son algunas de las obras que se llevaron a cabo en esta gestión y que marcaron un antes y un después en el saneamiento del Matanza Riachuelo. Pero, además, diariamente, se realiza la limpieza sistemática del espejo de agua del cauce principal de la Cuenca. En simultáneo y complementariamente, más de 1.600 cooperativistas limpian las márgenes del Riachuelo. Y se realizan de forma trimestral monitoreos de la calidad del agua, suelo y aire.
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Detectan contaminación radiactiva en peces del lago Embalse

Fecha de Publicación: 07/12/2023
Fuente: El Resaltador
Provincia/Región: Córdoba


Con el objetivo de investigar el impacto de las descargas radiactivas de la Central Nuclear Embalse en la fauna ictícola de la cuenca del río Ctalamochita, se enviaron muestras de tarariras a laboratorios de Francia y del Reino Unido que detectaron tritio (una forma radiactiva del hidrógeno) en valores 70 veces superior al nivel natural típico.
Laboratorios de Francia y del Reino Unido detectaron contaminación radiactiva en peces del lago Embalse.
Los periodistas Cristian Basualdo y Silvana Buján enviaron una muestra de pescado del espejo de agua al laboratorio de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité). Se trata de una asociación sin fines de lucro con sede en Francia, que tiene su propio laboratorio de análisis, independiente del Estado francés, de los operadores nucleares y de cualquier partido político.
El ejemplar enviado fue una tararira que ocupa el sitio más alto de la cadena alimenticia del ecosistema del lago. Cabe aclarar que la Central Nuclear Embalse descarga rutinariamente cantidades considerables de tritio, una forma radiactiva del hidrógeno que supone un peligro para la salud humana si ingresa al organismo.
La actividad de tritio ligado orgánicamente fue de 154 bequerelios por litro (Bq/L) de agua de combustión, un valor más de 70 veces superior al nivel natural típico, que suele ser inferior a 2 Bq/L.
También se detectó actividad de carbono-14 (un isótopo radiactivo del carbono que, de manera similar al tritio, se incorpora a moléculas orgánicas en plantas y animales) fue de 323 Bq de carbono-14 por kilogramo de carbono estable, es decir, un valor casi un 50% superior al nivel natural actual, que suele ser de unos 200 a 220 Bq/kg de carbono estable.
El agua tritiada (HTO), que es, por supuesto, radiactiva, tiene las mismas propiedades que el agua común, es incolora e inodora, y se comporta de la misma manera en el ambiente. El tritio puede llegar a las personas por diversas vías, por ejemplo, en la localidad de Embalse el agua tritiada sale de las canillas.
 “El tritio es único en esto: hace que el agua, la materia de la vida, la mayor parte de la masa de los seres vivos, sea radiactiva. Y, por lo tanto, hace que los alimentos sean radiactivos”.
Nucleoeléctrica, la empresa estatal que opera las centrales nucleares argentinas, efectúa monitoreos radiológicos que incluyen el tritio en las aguas ambientales. Comparando los registros oficiales con la información de otros países, los periodistas que enviaron la muestra a los laboratorios, llegaron a la conclusión que el río Ctalamochita presenta las concentraciones de tritio más altas del mundo.
La empresa estatal reconoce que “la incorporación de niveles significativos de tritio en el organismo por contaminación es un problema grave”.
El problema está en lo que considera Nucleoeléctrica como "niveles significativos" puesto que, al igual que la Organización Mundial de la Salud, considera que 10.000 Bq/L es el nivel de calidad del agua potable exigible.
Por su parte, el Foro Ambiental Córdoba presentó a la Comisión Nacional de Alimentos una solicitud para que actualice a 100 Bq/L (valor) la normativa sobre el tritio en el Código Alimentario Argentino. “Debería existir normativa que sea más restrictiva y que de alguna manera implique que la propia Nucleoeléctrica tenga que ser mucho más autoexigente con respecto a las emisiones”, dijo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
Respecto a la problemática de contaminación radiactiva en peces del lago Embalse, la empresa estatal se limitó a anunciar el inicio de “un estudio de factibilidad de una planta de separación de tritio del agua pesada”, el proyecto se enfoca fundamentalmente “en la reducción de dosis ocupacionales y ambientales ligadas a la gestión de tritio generado como parte del proceso operativo de la central”.
"La Central Nuclear Embalse debe reducir sus emisiones de tritio al ambiente. Las autoridades deben medir el tritio ligado biológicamente en las muestras ambientales, realizar estudios adicionales, y desarrollar políticas que monitoreen de modo responsable y regular los ambientes acuáticos de la principal reserva de agua dulce de la provincia de Córdoba. Entendemos que es un rol ineludible del Estado la protección de la salud de la población, pero quien no mide, no conoce. Y quienes no conocemos, no podemos protegernos".
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Agroquímicos: El caso que puso límites a las fumigaciones en un municipio bonaerense

Fecha de Publicación: 07/12/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia limitó las fumigaciones por tierra en Pehuajó tras un caso en el que resultó afectada una familia. El HCD deberá sancionar una ordenanza en 90 días.
La Justicia Federal estableció una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos en la ciudad de Pehuajó- la aérea se encuentra prohibida- y fijó un plazo de 90 días al Concejo Deliberante para que dicte una ordenanza regulatoria. Fue en marco de una medida cautelar solicitada por una fiscal local a raíz de un caso de intoxicación de una familia en la localidad rural de Francismo Madero.
La medida estará vigente durante ese lapso e implica que habrá dos áreas de 300 metros cada una: la más próxima a las zonas pobladas, con una prohibición total de aplicación; la segunda, con productos de baja toxicidad y de baja volatilidad, explicó el sitio judicial Fiscales.org.
Se trata de una disposición tomada por el juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, quien hizo lugar a una medida cautelar requerida por la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh.
La decisión judicial fue adoptada el 27 de noviembre pasado, luego de una audiencia pública donde el juez recibió diferentes planteos y aportes. Allí participaron las víctimas, las personas que explotan el predio fumigado, los representantes de los ministerios públicos, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Municipalidad de Pehuajó, del Concejo Deliberante, del área de salud, activistas ambientales, propietarios rurales y otros miembros de la comunidad.

Agroquímicos: el caso de una familia intoxicada y la respuesta judicial
En la investigación penal, la fiscal Mc Intosh había solicitado la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres o aéreas, respecto de un campo de aproximadamente 25 hectáreas, situado en la localidad de Francisco Madero.
El caso se había iniciado como consecuencia de la denuncia formulada por el padre de una niña que vive frente al predio fumigado. En el caso se constató que la fumigación repercutió en forma directa en la salud de al menos cuatro personas (entre ellas, dos niños), que, a las pocas horas de ser alcanzadas por las sustancias, se sintieron afectadas a nivel respiratorio y necesitaron la intervención de personal de salud de la Unidad Sanitaria local y del Hospital de Pehuajó.
El pedido de la fiscalía para la suspensión de las fumigaciones se fundó en la defensa del derecho a la salud y al medio ambiente sano, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el derecho a la vida, previsto en los artículos 33, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y en los principios de precaución y prevención, establecidos en el artículo 4 de la Ley 25.675, general del Ambiente.
La fiscalía luego amplió los fundamentos expuestos en la petición cautelar y aportó los antecedentes de un caso similar que tramita ante el Juzgado Federal de San Nicolás, con intervención del fiscal federal Matías Di Lello.
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Once empresas ya producen de modo amigable con el ambiente en la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 01/12/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Riachuelo


Alimenticias, automotrices, metalúrgicas, curtiembres, textiles y constructoras dejaron de ser contaminantes al adaptar sus procesos productivos a los parámetros establecidos para el cuidado del medio ambiente.  
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informó que once empresas lograron adaptar sus procesos a los parámetros establecidos para trabajar de manera amigable con el ambiente.
Los 11 establecimientos adecuados son: Mercedes Benz Argentina S.A, Beton Baires S.A, Clorox Argentina S.A, Espiper SRL, Eternit Argentina S.A, Industrias Alimenticias Song S.A, New Center Wash, Oeste Aluminio S.R.L, Sercolor S.A, Skins S.A y Teyupa S.A, que pertenecen a rubros como alimenticias, automotrices, metalúrgicas, curtiembres, textiles y construcción entre otros.
Las empresas realizaron las mejoras que Acumar exige para que sus procesos productivos se ajusten a la normativa vigente
El presidente de la Acumar, Martín Sabbatella, indicó que "a lo largo de toda nuestra gestión pusimos el foco en el trabajo con los gobiernos locales, el provincial y el nacional, para el control industrial y la adecuación ambiental de empresas, porque entendemos que buscar soluciones conjuntas para una de las principales fuentes de contaminación es la única manera de avanzar en la tarea del saneamiento integral de la Cuenca. Los resultados están a la vista: hoy celebramos que once nuevos establecimientos dejaron de ser contaminantes".
Estas empresas se excluyeron de la nómina de contaminantes durante los últimos meses, tras cumplir con sus planes de adecuación ambiental, lo que implica que, en un plazo establecido de tiempo realizaron las mejoras que Acumar exige para que sus procesos productivos se ajusten a la normativa vigente. En este sentido, el organismo constató que sus valores estaban dentro de los parámetros y, finalmente, se declararon adecuadas. Esto fue posible por la participación de estas industrias en los distintos mecanismos de asistencia, como las mesas de trabajo.
Una de las herramientas que facilita el camino las empresas de la Cuenca a su adecuación son los espacios de trabajo que Acumar impulsa y sostiene desde 2020, junto a los municipios, con el objetivo de coordinar acciones para el control industrial y fomento de una producción más limpia, a través de distintas iniciativas técnicas o financieras.
La entrega contó con la participación del director General Ambiental de la Autoridad de Cuenca, Bruno De Alto, la coordinadora de Vinculación, Lucía Reynoso, la secretaria de Industria de La Matanza, Débora Giorgi, y el subsecretario, Javier Rando, se informó en un comunicado.
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Gendarmería allanó a 10 ingenios tucumanos por la mortandad de peces

Fecha de Publicación: 30/11/2023
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán


La medida fue ordenada por el juez federal Molinari, a pedido del fiscal Pedro Simón que lleva adelante la investigación.
La Justicia Federal de Santiago del Estero concretó una importante medida en la investigación por la mortandad de peces, registrada hace dos semanas en el río Salí, en Tucumán, cerca de la desembocadura en el Embalse Río Hondo.
Gendarmería allanó 10 ingenios azucareros tucumanos, ante la sospecha de la probable contaminación del curso de agua con efluentes industriales. Con ese propósito se realizó este procedimiento que fue ordenado por el juez federal Nº 1 de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ante un planteo del fiscal federal Nº 1, Pedro Simón, quien lleva adelante la investigación de esta causa.
Como se recordará, en el expediente penal que se inició por una denuncia de la Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo de la provincia -se constituyeron en querellantes- se investiga la comisión de delitos previstos en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
El fiscal Simón solicitó el allanamiento de los ingenios “Bella Vista”, “Famaillá (ex Fronterita)”, “Santa Bárbara”, “Marapa”, “La Corona”, “Santa Rosa”, “Concepción”, “Florida”, “Leales”, “San Juan”, “Trinidad”. También, que se librase exhorto al juez federal de turno de la provincia de Tucumán.
Es así como la medida estuvo a cargo de dos unidades especiales de Gendarmería. Los efectivos extrajeron muestras de las plantas (en los procesos finales de producción - vertientes). También secuestraron documentación relativa al uso de agroquímicos y cualquier tipo de sustancia contaminante. Además, registraron los medios de transporte de estas empresas para detectar cuál de ellas posee camiones o rodados que carguen líquidos contaminantes (teniendo en cuenta los antecedentes de vuelcos de contaminantes en los cursos de agua de la cuenca Salí-Dulce, en la década pasada).
El pedido de la fiscalía, se argumentó en que efectivos de Gendarmería que realizaron tomas de muestras (de agua y de los peces muertos) a los pocos días del descubrimiento del desastre ecológico, hallaron indicios de que los “seres vivos que habitan en la misma habrían sido altamente contaminados”.
Ahora, la Justicia Federal espera por los informes de Gendarmería sobre los allanamientos en las plantas industriales. También, por los resultados de las tomas de muestras de peces y de agua en la zona del desastre ecológico, y que se analizan en laboratorios.
Para la querella -Fiscalía de Estado y Defensoría del Pueblo provincial- hay fuertes sospechas de que un pulso contaminante fue el causante de la mortandad. Los resultados de las medidas probatorias serán importantes para determinar el origen o responsabilidad si las hubiera de este hecho. Esto se contrapone con lo manifestado por las autoridades de Tucumán, quienes rápidamente salieron a despegar a los ingenios y plantear que la mortandad de peces se debió al “cambio climático”.
El pasado 14 de noviembre, la Fiscalía de Estado (Raúl Abate) y el Defensor del Pueblo (Lionel Suárez), radicaron denuncia penal en contra de autores a determinar, a fin de que se investigue la mortandad de peces detectada los días 12, 13 y 14 de noviembre en la desembocadura río Salí, que se extiende hasta el Embalse de Río Hondo. Este episodio, que se conoció a través de la denuncia de un grupo de pescadores que compartió un video que rápidamente se viralizó, fue constatado por el equipo de monitoreo de la Cuenca Salí-Dulce.

“Existen evidencias que demuestran que la contaminación proviene de Tucumán”
Para el Ministerio Público Fiscal “existen evidencias suficientes que demuestran que la contaminación proviene de Tucumán y se extiende a Santiago del Estero”.
Así lo remarca en la solicitud del allanamiento de 10 ingenios azucareros tucumanos. Para ello, se basó en un informe que le hizo Gendarmería sobre lo que halló en la zona del desastre ecológico (en el río Salí), donde fue acompañado por personal del monitoreo de la Cuenca Salí-Dulce.
El fiscal Simón indicó que “de acuerdo con lo informado telefónicamente por personal de Gendarmería Nacional, tanto la zona constatada como los ejemplares de pescados extraídos emanan un fuerte olor a descomposición y putrefacción y el agua del río se encuentra teñida por un color verde luminoso”.
También señala que los gendarmes describieron que “observaron una vasta cantidad de peces muertos flotando en el agua”.
“Frente a lo expuesto, se presume que las aguas del río como los seres vivos que habitan en la misma habrían sido altamente contaminados”, señala el fiscal, que refiere que esa extracción de muestras fue en la provincia de Tucumán. Y recalca que ante lo informado por Gendarmería, “existen evidencias suficientes que demuestran que la contaminación proviene de Tucumán y se extiende a Santiago del Estero”.
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Lanzaron un micrositio web para monitorear el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 23/11/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) lanzó un micrositio web para monitorear el plan de saneamiento sobre ese curso de agua, informó hoy el organismo público tripartito.
Se trata de "Monitor PISA", que tiene por objetivo centralizar los avances más importantes en torno al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y permite que cada ciudadano pueda acceder a información sobre las principales obras y acciones que ACUMAR lleva adelante, así como los resultados de los indicadores y la inversión presupuestaria necesaria para su cumplimiento.
"Con esta web estamos dando un paso más hacia la transparencia en la gestión del Estado. Estamos dando respuesta a una demanda de muchos años que reclamaba una plataforma en la que se pudiera seguir el avance en tiempo real de las distintas líneas de acción del organismo", recalcó el presidente del organismo, Martín Sabbatella.
El funcionario destacó que "desde este sitio podemos conocer cuáles son los avances, donde están las dificultades y sobre todo reconocer los desafíos e identificar las prioridades para la gestión en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo".
Esta nueva herramienta se presenta como un micrositio de la web principal del organismo y puede accederse a ella a través de la dirección monitorpisa.acumar.gob.ar
El Monitor PISA, además, incorpora distintas capas georreferenciadas de la información presentada, a través de las cuales se podrá visualizar de manera simple su implementación en el territorio de la Cuenca.
Entre las principales obras que contempla este micrositio se encuentra la construcción del "Sistema Riachuelo", la obra de saneamiento más importante de los últimos 70 años en el país.
En relación al control y adecuación industrial, el Monitor PISA brinda información sobre dos obras clave para disminuir la carga contaminante en la Cuenca: el Parque Industrial Curtidor en Lanús, con su respectiva Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales, y el Mercado Agroganadero en Cañuelas, con su nueva y moderna planta de tratamiento.
El micrositio ofrece informacin sobre acciones asociadas a Salud y Educaci y Calidad Ambiental
El micrositio ofrece además información referente al avance del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, así como acciones e indicadores asociados a Salud y Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Manejo Hídrico, entre otras líneas que lleva adelante el organismo.
El Monitor PISA se presenta como una forma de dar seguimiento al Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que es el documento que guía el trabajo de ACUMAR, permitiendo la labor coordinada entre los distintos actores que trabajan para resolver las problemáticas de la Cuenca.
Está organizado por diferentes ejes con proyectos específicos, a fin de garantizar la mejora en la calidad de vida, la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Esta herramienta es un complemento y una de las formas de visualizar el Sistema de Indicadores con el que cuenta ACUMAR y que recientemente se actualizó a través de la resolución 209/2023, que, como fruto de un proceso de revisión que se inició de forma participativa en 2021, presenta un nuevo marco conceptual, una redefinición de los objetivos y metas para el cumplimiento del Fallo de la Corte Suprema, y una reorganización en 10 ejes de los 31 indicadores ahora definidos.
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"Este hecho pone en seria duda la continuidad del acuerdo"

Fecha de Publicación: 21/11/2023
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán  - Santiago del Estero


"Este hecho puntual tiene que ver seguramente con un pulso contaminante en el que secuestraron el oxígeno y tomó por sorpresa a ese cardumen de peces que a esta altura del año iba a desovar", fue la causal que señaló el defensor del Pueblo, Lionel Suárez, sobre la mortandad de peces.
En diálogo con Radio Panorama, señaló que esta situación tomó por sorpresa el trabajo "que esta Defensoría del Pueblo realiza conjuntamente con la Secretaría del Agua, con el monitoreo de todos los afluentes y del embalse, en el contexto de un acta acuerdo que suscribieron los gobernadores y que la Nación es garante".
Agregó que este hecho "pone en seria duda la continuidad de ese acuerdo, por lo menos para esta Defensoría del Pueblo, porque más allá de este hecho puntual que tiene que ver seguramente con un pulso contaminante en el que secuestraron el oxígeno y tomó por sorpresa a ese cardumen de peces que a esta altura del año iba a desovar, por lo cual cuantificar el daño para el embalse va a ser por lo menos difícil, no solo por la cantidad de peces efectivamente muerta, sino la población que ha perdido de recuperar el embalse", lamentó.
"Llama la atención también que este episodio haya sucedido en el cambio de autoridades de la vecina provincia, llama también la atención a esta Defensoría del Pueblo, que la primera declaración que hace el funcionario del área (Montalván), hace referencia a que ha sido un episodio relacionado con una cuestión climática", cuestionó Lionel Suárez.
Y advirtió: "Pareciera reeditar viejas astucias o artimañas, tratando de justificar lo injustificable: que algún industrial haya optado evacuar sus efluentes industriales a nuestros afluentes al embalse y que estén de alguna manera desde las nuevas autoridades, justificando esta situación, porque los peces no mueren en razón del cambio climático, los peces murieron por una situación de anoxia provocada no por las altas temperaturas".
Recordó que dentro del acta acuerdo entre Santiago y Tucumán, están previstas duras sanciones en el caso de que se violen los términos de la misma. "El punto es que tenemos desde Santiago del Estero, acreditar el hecho cierto de que pueda haber sido en el marco de esta acta acuerdo y vinculado con los ingenios azucareros con destilería", aclaró.
"Pero aquí se abre un abanico de posibilidades porque hay un sinnúmero de empresas que tienen sus efluentes industriales que también llegan a nuestro embalse y que hasta el momento, no han sido objeto de esta acta acuerdo, que podrá ser en todo caso, objeto de revisión para ampliar sus alcances a las citrícolas, a las papeleras, a los frigoríficos. Incluso al tratamiento de efluentes cloacales que tiene Tucumán, que también ha sido objeto de una denuncia y de una actuación judicial de parte de esta Defensoría, por motivo de una presentación que hiciera un particular".

"El agua que ingresa al embalse es óptima para la vida acuática"
La Defensoría junto Fiscalía de Estado se han constituido como querellantes en la causa por la mortandad de peces, "para que dentro del expediente, de la denuncia que formuláramos, realizar todas las medidas probatorias", indicó Lionel Suárez.
"Ya se ha ejecutado conjuntamente con la Justicia Federal que ha solicitado la colaboración del programa de monitoreo para avanzar en la toma de muestras de agua y de peces en las orillas del río Salí, en la desembocadura al embalse, en donde lamentablemente en jurisdicción de Santiago del Estero tenemos que volver a ver estas imágenes".
"Pero queremos llevarles la tranquilidad a los ciudadanos de Las Termas y de Santiago del Estero, que el agua está ingresando a la altura de la desembocadura del embalse, es óptima para el desarrollo de la vida acuática", subrayó el funcionario.

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Una federación ambiental puso en duda el informe del Gobierno sobre la mortandad de peces

Fecha de Publicación: 21/11/2023
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán  - Santiago del Estero


Tucumán Sostenible, formada por 13 organizaciones ambientales tucumanas, desestimó las causas naturales y pidió que se tomen nuevas pruebas en otros puntos del río Salí.
La Federación de Organizaciones Ambientales para un Tucumán Sostenible puso en duda el informe del Gobierno sobre la mortandad de peces en la Bahía de Los Brito, en la cuenca Salí-Dulce, que contempla causas naturales.
En un comunicado, Tucumán Sostenible, que representa a 13 organizaciones ambientales de la provincia, solicitó que “se revise la causa alegada a cuestiones naturales, como profundidad o temperatura del agua”.
“La opinión de pescadores locales, conocedores de la zona y que se encontraron en el lugar en esos días, nos informan que tanto la profundidad como la temperatura no pueden haber sido causales de la muerte masiva de los peces. Adicionalmente, afirman que el desove que se alega en el informe oficial se da en la estación húmeda desde diciembre-enero en adelante”, expresó.
El secretario de Producción, Eduardo Castro, y el subsecretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, señalaron este jueves era “claro que la mortandad de esos peces no se debe a contaminación, sino a un fenómeno climático”. “Hasta el momento se cree que es la falta de oxígeno por la escasa cantidad de agua que tiene el río y por la gran cantidad de peces que suben a desovar”, comentó Castro.
Montalván detalló que “Tucumán trabaja junto a la Fundación Lillo para dilucidar la causa de la mortandad de peces y se programó para la semana que viene una reunión con los equipos técnicos santiagueños. “Hemos trabajado con Santiago durante los últimos 12 años de un modo intachable, con honestidad intelectual en la temática”, añadió.
Ante esa información, la Federación de Organizaciones Ambientales señaló que el proceso de eutrofización mencionado "no es aplicable a ríos, sino es propio de embalses, lagos o lagunas, o sea aguas lentas”.
“Es obligatorio estudiar y no descartar posibles causas, como el lavado de maquinarias con herbicidas u otros restos químicos de actividades antropogénicas”, acotó.
Tucumán Sustentable requirió que “se tomen nuevamente muestras río arriba, ya que se están analizando actualmente muestras tomadas demasiado lejanas al presunto pulso de contaminación”.
“Nos genera dudas el comunicado difundido informalmente que lleva la identidad de la Dirección de Flora, Fauna y Suelos. La misma se encuentra sin Director de Flora y Fauna, desde hace 12 meses y se encuentra acéfala. Situación que denunciaron numerosas organizaciones y a la fecha no obtuvieron respuesta. A su vez, esta dirección debería tomar las medidas para remediar este desastre ambiental”, señaló en el texto firmado por el presidente de la Federación (en formación), Mauricio Villanueva.
Al final, la organización reclamó que “el Comité Interjurisdiccional de Cuenca Santiago del Estero y Tucumán realice la confrontación de pruebas de manera pública” y que se informe a la población los resultados.
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Santiago radicará una denuncia penal por el desastre ecológico en el Salí-Dulce

Fecha de Publicación: 16/11/2023
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán


"Pensábamos que había escarmentado la gente que produce estos hechos, o que con las iniciativas dadas por la Corte se iban a terminar estas visiones tan aterradoras".
Fiscalía de Estado de Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo de la provincia iniciarán acciones penales para dar con los responsables de la masiva mortandad de peces que se depositan a lo largo de kilómetros de las costas del Embalse de Río Hondo.
Así lo afirmó el fiscal Raúl Abate, luego de participar ayer de un operativo de verificación por agua y por aire en distintos puntos de la desembocadura del río Salí, que nace en Tucumán.
La comitiva también estuvo integrada por el defensor del Pueblo, Lionel Suárez; el director de Asuntos Penales, Marcelo Acuña; la asesora de Fiscalía de Estado, Andrea Achari, e integrantes del Sistema de Monitoreo de la Defensoría del Pueblo, Martín Ibarra y Oscar Ibarra.
"En este operativo verificamos la mortandad de peces, nos encontramos con este desastre ecológico que tiene su comienzo en la vecina provincia de Tucumán", aseguró Abate.
"Hemos ido remontando con el helicóptero de la provincia río arriba y observamos que son kilómetros de peces muertos y también moribundos. Pensábamos que había escarmentado la gente que produce estos hechos con las órdenes, o que con las iniciativas dadas por la Corte Suprema de Justicia se iban a terminar estas visiones tan aterradoras, pero aparentemente la codicia y la ambición les pesa y prima sobre estas cuestiones. A partir de este momento vamos a iniciar las acciones penales por instrucción de la Dirección de Asuntos Penales de la Fiscalía de Estado", dijo.
Por su parte, Lionel Suárez, explicó: "Vinimos a verificar esta situación dolorosa para Santiago del Estero porque afecta todo el esfuerzo que viene haciendo la provincia con la puesta en marcha desde el 2012 con el Programa de Monitoreo Permanente, incluso con las inspecciones en los ingenios con destilerías de la provincia de Tucumán y que estábamos próximo a hacerlo, y nos encontramos con esta sorpresa con un sinnúmero de peces muertos de distintas variedades a lo largo de lo que es el río Salí y principalmente en la desembocadura de nuestro embalse, que a su altura goza de óptimo oxígeno, lo cual no implica que esta mortandad que ha sufrido río arriba en jurisdicción de Tucumán no impacte negativamente en nuestra provincia".
Agregó: "A pesar de los monitores y que se hayan extraído las muestras de los cursos de agua y de peces, estamos a menos de 48 hs de un supuesto pulso contaminante que se ha llevado la vida de todos estos ejemplares. Nos vamos con la peor de las imágenes, pero con las herramientas suficientes como para iniciar las acciones judiciales para determinación de los responsables de esta mortandad".
Por su parte, la Fiscal Federal General, Indiana Garzón, que subroga la Fiscalía de Instrucción Nº 2, comenzó con las averiguaciones pertinentes para abrir la causa judicial, informaron a EL LIBERAL fuentes calificadas.

Más Información:

- El Tucumano  - "Kilómetros y kilómetros de peces muertos": denuncian contaminación en ríos tucumanos
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Vivir con agroquímicos en el cuerpo: "Representamos lo que la población argentina consume todos los días"

Fecha de Publicación: 16/11/2023
Fuente: Unidiversidad
Provincia/Región: Nacional


Nair de los Ángeles Pereira es una de las 73 personas voluntarias del proyecto internacional Sprint, que busca medir el impacto de los agroquímicos en la vida cotidiana de la ciudadanía en diferentes países. Contó a Unidiversidad cómo es vivir con plaguicidas en el cuerpo.
“Es hora de acabar con el mito de que los plaguicidas son necesarios para alimentar al mundo. Yo y otras 72 personas somos el ejemplo del peligro que causan”, dijo Nair de los Ángeles Pereira. La bióloga e investigadora del Conicet vive con más de diez sustancias tóxicas en su cuerpo. Esta certeza la tiene luego de conocer los resultados alarmantes de un estudio internacional en el que participó junto a ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. El informe reveló que Argentina tiene los niveles de concentración más altos de agroquímicos en los alimentos, lo que se traduce en sustancias peligrosas para el cuerpo y el ambiente. Todo un dato que a nivel local derivó en un cerco informativo.
En 2017, Nair y toda su familia se mudaron a una casa ubicada en Sierra de los Padres, a menos de mil metros de campos fumigados, en una de las zonas rurales de General Pueyrredón (Buenos Aires), históricamente expuesta a los agroquímicos por ser parte del cinturón frutihortícola.
En noviembre de 2021, mientras cursaba el embarazo de su hija, esta bióloga e investigadora del Conicet, se presentó como voluntaria junto a otras 72 personas para que se tomaran las muestras necesarias en el marco de un estudio a escala internacional llamado "Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global 2020/2025)” (Sprint, por sus siglas en inglés), que inició en 2020 y se desarrollará durante un total de cinco años. Se trata de una iniciativa que evalúa el impacto de los agroquímicos en la vida cotidiana de la gente en diferentes países.
El estudio se encuentra financiado por el Banco Mundial, participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, elegida por la Unión Europea por ser uno de los principales países exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
En nuestro país, el muestreo en sangre, orina y materia fecal se llevó a cabo a fines del 2021 en distintos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de evaluar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y los ecosistemas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el organismo nacional a cargo del desarrollo y seguimiento del estudio a nivel local, liderado por la doctora Virginia Aparicio.
Entre los resultados que se dieron a conocer se confirmó que las 73 personas analizadas en el país tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la materia fecal y hasta 86 plaguicidas diferentes en el polvo de sus casas.  Entre los venenos detectados está el glifosato. Si bien, estas conclusiones son una muestra de diferentes poblaciones de Buenos Aires, Nair afirmó que son reflejo de lo que pasa en el todo el país.
Muchas de las personas analizadas viven lejos de las fumigaciones, por lo que se considera a estos plaguicidas de carácter “omnipresente”: se encontraron venenos en los alimentos, en el polvo del hogar, en los granos de cultivos, en animales, en alimentos para animales, en suelos y hasta en el agua.
“El día que me entregaron los resultados del estudio me resultó muy alarmante. Si bien sospechaba que algo me estaba sucediendo, en especial por los repetidos tratamientos de fertilidad que tuve que hacer para tener a mi hija, pude corroborar que los plaguicidas que están en mi cuerpo causan justamente impacto directo en el sistema reproductivo”, detalló la bióloga. En junio recibieron los resultados de manera particular, ya que la publicación de los resultados de manera pública fue suspendida por decisión del INTA.
Su preocupación creció aún más por la falta de respuesta por parte del Estado y del INTA, que de hecho intentó tapar las conclusiones obtenidas. “El 6 de junio, el INTA y la doctora Aparicio iban a dar una charla para detallar los resultados, pero fue suspendida. De hecho, (el organismo) prohíbe hasta el día de la fecha que ella hable del proyecto Sprint”, remarcó.
“Por privado se nos ofreció acceder a nuestros análisis personales, pero nadie nos dijo cómo seguir. El gran problema es que además de la cantidad de agroquímicos que nos causan daño de manera individual, no se sabe qué puede causar la mezcla de tantos agrotóxicos, la interacción entre los mismos plaguicidas y sus metabolitos. Por eso, exigimos una explicación: es realmente alarmante que absolutamente todos los que participamos del estudio Sprint tengamos al menos 10 plaguicidas en sangre, manifestó.
Nair recalcó que los 73 voluntarios y voluntarias son una muestra de lo que pasa en el país. "Representamos todo lo que el resto de la población argentina consume todos los días”, dijo y advirtió que: “Para aquellos que podrían pensar que esto me sucede a mí porque estoy en Sierra de los Padres a menos de 1000 metros de campos fumigados, hay que resaltar que la misma cantidad de plaguicidas fueron encontrados en personas que viven en la ciudad de Mar del Plata y en otros sitios de la provincia. La gran preocupación que mantenemos — y por la que exigimos respuesta por parte del Estado— es que esta mezcla de plaguicidas que corroboramos tener en nuestros cuerpos llega a los platos de todos los ciudadanos. Por eso es vital que el INTA continúe siendo parte de este estudio y, además, que nos dé una respuesta certera”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la utilización masiva e inadecuada de algunos insecticidas y herbicidas puede provocar múltiples enfermedades e incluso la muerte. De hecho, el organismo internacional afirma que por intoxicación de pesticidas unas 200.000 personas mueren al año.

Qué dijeron desde el INTA
En los primeros días de octubre, el presidente del INTA Mariano Garmendia reconoció un error inicial por parte de la institución en torno al abordaje del proyecto y planteó que ahora buscará subsanar e involucrar a los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires por su peso en materia de salud pública. Según la bióloga, esta fue la primera vez que el organismo se pronunció de manera pública en el marco del Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y la Economía Social que se desarrolló días atrás en Paraná, Entre Ríos.
Nair también contactó en varias oportunidades a representantes del INTA para conocer en qué situación actual se encuentra el organismo y para que pudieran brindar explicaciones, pero desde allí se disculparon por no contar con una respuesta oficial.
El reclamo de los voluntarios y las voluntarias del estudio junto a otras organizaciones socioambientales de la provincia de Buenos Aires inició en junio, cuando de manera paralela a los resultados obtenidos, el organismo estatal “pospuso” la publicación del estudio que tenía previsto para el 21 de ese mes. En este sentido, Nair —como vocera del resto de las personas voluntarias— consideró que el cambio de dirección radical se debe al “peso” que contienen esos indicadores de interés público y a las posibles consecuencias para la industria agropecuaria.

Carta para exigir respuesta
El 23 de septiembre de este año, el conjunto de voluntarios y voluntarias examinadas elevó una carta al Consejo Directivo del INTA. En el documento pidieron que se continúe con su participación en este proyecto de investigación de vital importancia y cuestionaron que “alegar como motivo de suspensión que los estudios realizados exceden la incumbencia del INTA por involucrar a la salud humana (NO-2023-69067079- APN-DN#INTA y RESOL-2023-399-APN-CD#INTA) es un fundamento insuficiente”.
“Por un lado, el proyecto Sprint está formado por un equipo multidisciplinario que incluye a profesionales de la salud de alto reconocimiento nacional e internacional. Por otro lado, el Consejo Directivo como máxima autoridad de INTA puede, de considerarlo necesario, generar estrategias y movilizar recursos humanos del Estado que gestionen las acciones necesarias en el área de la salud para dar continuidad a un proyecto de alto impacto productivo, ambiental y social como Sprint. Además, el acuerdo firmado entre el INTA y el proyecto Sprint (RESOL-2020-477-APN-CD#INTA) especificaba claramente ser aceptado y avalado por el INTA”, expusieron.
Nair resaltó que el pedido de respuesta oficial es para que toda la sociedad se entere de lo que se está consumiendo con los alimentos, lo que se bebe al tomar agua y lo que se respira, ya que los niveles de plaguicidas encontrados en las muestras argentinas fueron muy superiores a los obtenidos en las muestras de la Unión Europea.
En ese contexto, tiene peso el Acuerdo de Escazú que Argentina firmó en 2020. Este establece para América Latina y el Caribe el derecho al acceso a la información ambiental, además de la participación pública en la toma de decisiones.

Los resultados del estudio Sprint en Argentina y Europa
El miércoles 27 de septiembre, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78), que se realizó en Nueva York, se conocieron por primera vez los resultados del proyecto Sprint de forma pública y masiva.
De los resultados compartidos, se supo que en Argentina uno de los agrotóxicos más usados para fumigaciones es herbicida glifosato.
En este sentido, investigadores presentes en la conferencia virtual señalaron —en relación a las muestras de fluidos humanos— que hay presencia de glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) en orina en el 86,1% de los argentinos y las argentinas muestreadas y en el 35,2% de los europeos y las europeas. Al analizar las heces humanas, en tanto, se detectó ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los y las bonaerenses.
Por otro lado, se supo que el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos. Asimismo, que el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo; un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial; rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar, entre otros datos de relevancia.
Más allá de las concentraciones de cada agrotóxico, especialistas señalaron que el principal problema es que tanto en Europa como en Argentina se encontraron varios químicos a la vez, y no hay todavía estudios que muestren qué pasa con esas mixturas. En este sentido, una de las investigaciones que está llevando adelante Sprint es ver qué pasa con las mixturas de agroquímicos en lombrices.
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Podrían acusar a los responsables de Comarsa por contaminación y afectar la salud pública

Fecha de Publicación: 15/11/2023
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La fiscalía pidió a Héctor Basilotta y Juan Manuel Luis que designen a sus abogados defensores. En el predio todavía hay montañas de tierra contaminada. El cerco perimetral se deterioró y la basura quedó completamente accesible.
La Fiscalía de Delitos Ambientales notificó a los responsables de la empresa Comarsa para que designen a sus abogados defensores. Se trata de un procedimiento previo a efectuarse alguna posible acusación. El fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid, confirmó a Minuto Neuquén que la fiscalía pretende avanzar hacia una posible formulación de cargos contra el gerente de Comarsa, Héctor Basilotta, y Juan Manuel Luis, el fundador de la empresa que administra el basural petrolero por contaminación de residuos peligrosos y poner en riesgo la salud pública.
La fiscalía inició una investigación tras la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en el año 2020. La organización fundamentó que los responsables permitieron escalar “a niveles monumentales” el acopio de barros con hidrocarburos, aguas residuales y químicos. Breide Obeid explicó que Comarsa no tenía capacidad física para tratar la cantidad de basura contaminada que recibieron.
El representante del Ministerio Público Fiscal detalló que ante la imposibilidad de quemar los restos en los hornos, se planificó un proceso de biorremediación que consiste en la formación de hileras de tierra contaminada en forma piramidal, con químicos para llevar a cabo el proceso.

Basura contaminada con contención
La basura de Vaca Muerta es más accesible que nunca en la meseta de Neuquén. El cerco de hormigón prefabricado que delimita el predio de Comarsa no ha podido contener las enormes montañas de tierra contaminada con restos de elementos descartados de la extracción petrolera.
Las placas grises cedieron ante la presión de la tierra y cayeron al suelo. Allí, quedaron una serie de huecos que muestran la espectacular degradación ambiental, sin ningún tipo de condicionamiento. La situación se repite metro a metro, a lo largo y ancho de todo el perímetro donde se encuentran las montañas más altas de material contaminado.
Donde se produjeron los extensos orificios en la pared, no hay impedimentos que puedan separar el material acumulado y la estepa natural que rodea el predio situado en el Parque Industrial. A pocos metros del paredón degradado, se encuentra la Toma 7 de Mayo y, a unas pocas cuadras del lugar, unas máquinas preparan el terreno para una futura urbanización sobre la calle Casimiro Gómez.
Minuto Neuquén recorrió el lugar que aparenta estar en una situación de abandono, pese a que en el ingreso del predio hay personal presente. Sin embargo, en el patio trasero es muy fácil poder ingresar a las montañas que superan los dos metros de largo.
El olor que emana de la tierra mezclada con restos de polietileno es insoportable. Rápidamente penetra por las fosas nasales, como cuando utilizamos algún tipo de solvente. También es instantáneo el ardor en los ojos, pese a permanecer allí por unos pocos minutos.
Además del cerco perimetral, hay una ordenanza municipal (12912) que estableció la obligación de forestar una franja envolvente de 300 metros de ancho alrededor del predio, con riego por goteo, para amortiguar las emisiones.  

Un historial de irregularidades
El Observatorio Petrolero Sur, junto a otras organizaciones, elaboraron un informe denominado: “Comarsa: contaminación, impunidad y connivencia estatal en el basurero petrolero más grande de la Patagonia”. Allí se detalló una serie de irregularidades que se cometieron, desde que  el predio comenzó a funcionar.   
El informe de Opsur mencionó el decreto que firmó el Ejecutivo provincial, en noviembre de 2015, en donde se establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas y a cinco kilómetros de asentamientos poblacionales.  
También dispuso un plazo de dos años para que las plantas regularicen su situación: cierre, remediación y traslado. Además, determinó que el residuo no debe estar más de 90 días en las plantas tratadoras.
En Agosto de 2016, Comarsa presentó un plan de cierre de la planta. Se desarmaron las piletas y trasladaron los hornos a la planta de Añelo. Sin embargo, la empresa informó que en el predio todavía se alojan 220 mil metros cúbicos de residuos peligrosos y anunció que solicitará una extensión del plazo de cierre que vence en diciembre de 2022.  
Opsur argumentó que el plan de reducción de volumen de materia por bioremediación “es muy poco efectiva” para la zona porque el tratamiento con compuestos orgánicos está limitado a las condiciones climáticas de la región.   
En abril de 2021, la empresa reconoció ante la Comisión de Ecología del Concejo Deliberante de Neuquén que no podrá concluir sus tareas en diciembre de 2022 como estaba establecido, ni tampoco durante el año 2023.
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Polémica ambiental: un buque prepara cañones de aire comprimido para "bombardear" el océano en busca de petróleo

Fecha de Publicación: 14/11/2023
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La semana pasada la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a la exploración de petróleo off shore en el Mar Argentino. Es un proceso de alto impacto ecológico que tendrá lugar en medio de la biodiversidad del océano a 300 kilómetros en línea recta de la costa de Mar del Plata.
Se supone que si la petrolera Noruega Equinor, en sociedad con Shell e YPF (35% cada uno), halla combustible en el subsuelo marino, entonces eso representará un negocio fenomenal para la Argentina. Aún en tiempos en que el mundo sugiere apostar por las energías renovables y no por las fósiles, el procedimiento avanza. Pero habrá un costo para la naturaleza. Para los expertos se trata de un impacto ambiental "manejable y contenido". Pero ambientalistas de todas las ideologías y vecinos de la ciudad turística denuncian que allí se cometerá un "ecocidio”.
Ese contrapunto, la confrontación de época por excelencia, desarrollo industrial versus ecología, lleva las cosas a un punto crucial. A pesar de las protestas contra “El Atlanticazo”, como lo llaman los ambientalistas, un buque dotado de alta tecnología, con bandera de Bahamas, el BGP Prospector, se encuentra en el área desde principios de octubre y prepara sus cañones de aire comprimido para llegar hasta el fondo de mar y más allá en un bloque conocido como CAN 100/ Pozo Argerich.
Le faltaba la luz verde operativa judicial y eso se logró la semana pasada. El activismo ambiental presentó amparos y medidas de todo tipo pero detener el procedimiento en la Justicia, pero la Corte entendió que al no ver “ni hechos ni sentencias consumadas” no es pertinente ningún artilugio jurídico contra el proceso.
El barco está equipado con cañones de aire comprimido, que crean ruidos a través de explosiones (entre 240 y 260 decibeles) que provocan impactos en más de 300 mil kilómetros cuadrados. El ruido que genera la explosión de un solo cañón es comparable al generado por el lanzamiento de un cohete o una explosión de dinamita submarina. Para los conservacionistas, todo lo que vive en el mar se verá afectado por estas detonaciones.
El procedimiento se ajusta al marco jurídico normativo, reconocen desde el Gobierno, interesados en que se concrete la explotación por las posibilidades económicas que implican para el país. Los estudios ambientales tienen el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, y de la Secretaría de Lucha Contra el Cambio Climático, cuya titular es Cecilia Nicolini. Los funcionarios no objetaron el desarrollo. Se limitaron a confirmar que fueron presentados y cumplimentados en tiempo y forma los estudios exigidos de impacto ambiental.
Pero la ciudadanía está en “pie de guerra”. Vecinos de Mar del Plata y ambientalistas prometen seguir dando pelea contra “El Atlanticazo”.
¿De qué se trata, concretamente? Dicen desde Greenpeace, organización que se puso a la cabeza de las protestas: “A pesar del rechazo de la población, el estado argentino y las empresas petroleras pretenden avanzar con el desarrollo de la industria offshore de hidrocarburos en el Mar Argentino. El Mar Argentino es un sector del Océano Atlántico Sudoccidental que tiene una extensión de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados. Allí ballenas, delfines, pingüinos y muchos otros animales que lo habitan están en peligro por la amenaza de una inminente actividad petrolera que incluye bombardeos sísmicos constantes que se utilizan para localizar petróleo en el fondo marino”.
Los ambientalistas creen que si la industria petrolera avanza sería una verdadera condena para las comunidades costeras y sus medios de vida. Sostienen que sería inevitable que derrames de petróleo lleguen a las playas afectando a los ecosistemas marinos, los paisajes y las economías de las ciudades. Afirman que “este proyecto no beneficia a nadie más que a las corporaciones involucradas y sólo trae destrucción”. La industria y el gobierno rechazan esta posición.
El viernes 20 de octubre, la Prefectura debió obturar el paso de un velero de Greenpeace que pretendía ingresar en el área de exploración del buque de Equinor.
“El velero Witness navegó dentro de la zona económica exclusiva argentina rumbo a aguas internacionales con el fin de documentar la biodiversidad del Mar Argentino. Durante el crucero, el 20 de octubre Prefectura le recordó a la tripulación que debía mantener distancia con el buque de prospección sísmica BGP Prospector”, dijeron desde la Organización. “La tripulación del barco se mantuvo a la distancia permitida y en ningún momento transgredió la zona de exclusión delimitada para la operación del buque sísmico”, aseguraron.
Todo indica que durante el próximo verano, así como se darán protestas ambientales mar adentro, del mismo modo sucederán movilizaciones sociales en la ciudad de balnearia. La llegada del turismo masivo y popular es leída como una oportunidad crucial para dar a conocer el tema por los activistas del ecologismo. Los veranos de 2021 y 2022 ya dieron muestras de marchas de este tipo.

La mirada de un experto de la industria
El 30% de la producción global de hidrocarburos -que su vez representa el 80% de la matriz energética primaria mundial- es off-shore. En la Argentina, el primer pozo exploratorio off-shore se realizó en 1969, mientras que la producción mar adentro comenzó en 1989 en la cuenca Austral.
Actualmente, la producción off-shore del país representa el 15% de la oferta total de gas natural local. La actual explotación en la cuenca Austral se realiza a 70 metros de profundidad y a entre 15 y 60 km de la costa de la provincia de Tierra del Fuego.
El ex ministro de energía Juan José Aranguren dice que tanto en el resto del mundo como en la Argentina la explotación off-shore “se realiza aplicando adecuadas prácticas operativas que permiten contener los riesgos de seguridad y ambientales que esta actividad productiva acarrea”.
“La inminente exploración de la cuenca Atlántica Norte (pozo Argerich-1) se realizará a 1.500 metros de profundidad y a 315 km de la costa de la provincia de Buenos Aires”, señala. Aranguren insiste en que la experiencia internacional de las compañías involucradas dan garantías suficientes de que su realización se puede concretar en "forma operacional y ambientalmente segura".
Un objetivo climático para fines de este siglo surgido del Acuerdo de París de 2015 propone “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.”
Se llama transición energética a los cambios estructurales que experimentan los sistemas energéticos a lo largo del tiempo. Para asegurar el equilibrio entre sustentabilidad, modernidad, seguridad y asequibilidad, el consenso actual indica que la transición a nuevas modos de obtener y consumir energía ocupará como mínimo entre dos y tres décadas. Al final de ese período, se supone que las energías con baja huella de carbono superarán a las de recursos fósiles y los precios de estos últimos empezarán a caer por ausencia de demanda. "Ya no se necesitarán plataformas off shore", explica Aranguren.
Pero mientras tanto, la demanda energética continuará en aumento. La población global subirá 20% de aquí a 2050. Y el producto bruto global se duplicará en el mismo período, como parte de un proceso en el que los países en vías de desarrollo (China, India, Latinoamérica, África) alcancen a los más desarrollados (USA, Canadá, Europa, Japón, Oceanía).
“Si le agregamos a este contexto, la situación particular que atraviesa nuestro país, deberíamos tratar de monetizar nuestros recursos fósiles (y así contribuir a transformar una economía en bancarrota), antes de que estos empiecen a dejar de ser demandados a nivel global”, opina Aranguren. Y cierra: “Si la exploración de la cuenca en aguas profundas resultara exitosa (existen indicios geológicos que así lo auguran), se iniciará otro proceso, el de planificar -en función del tamaño y costo del hallazgo- su potencial explotación dentro de una ventana de oportunidad que cada año que pase, irá reduciendo su tamaño”.
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Presentan un proyecto para detectar y eliminar el asbesto en todo el país

Fecha de Publicación: 13/11/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Con el sindicato de trabajadores y trabajadoras del subte porteño a la cabeza, representantes de organizaciones gremiales y diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron un proyecto de ley para crear un "Sistema federal de gestión del asbesto". La iniciativa prevé la elaboración de un "Plan marco de gestión del asbesto" para detectar y eliminar el material cancerígeno de los lugares de trabajo de todo el país. A su vez, incorpora herramientas de seguridad laboral y de asistencia a las personas que están expuestas al asbesto o que ya enfermaron por el contacto con el material.
El proyecto fue presentado oficialmente este jueves a las 10 de la mañana en el Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de una reunión organizada por el diputado y ex ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan. Fuera del edificio del anexo, sobre Avenida Rivadavia, una pantalla mostraba la reunión a los y las trabajadoras que se acercaron al lugar. Junto a la pantalla, una bandera colgada en la boca de subte de la estación Congreso exhibía las fotos de los tres trabajadores fallecidos por exposición al asbesto: Jorge Bisquert, Jorge Pacci y Juan Palmisciano. "En el subte hay asbesto. El asbesto mata", decía la bandera.
"Este es un problema que claramente debe tenerse en cuenta porque es un problema de salud de magnitud", comenzó su exposición el diputado Gollan, encargado de ingresar el proyecto de manera oficial. "Es una sustancia que en el Siglo XX se usó durante décadas porque parecía un material maravilloso para una infinidad de usos, pero no se contempló que, con la degradación del material, se producen pequeñas partículas que vuelan por el aire y aspiramos", precisó el diputado, quien agregó que "según la OMS, hoy el material está produciendo más de 107 mil muertes anuales y afecta a millones de personas en el mundo".
Gollan remarcó que el proyecto presentado nace de la experiencia y el trabajo realizado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), que vienen llevando adelante un largo conflicto con el Gobierno porteño y la concesionaria Emova para que retiren el material cancerígeno de sus lugares de trabajo. "Nosotros todo esto lo aprendimos en el cuerpo. Los que trabajamos y nos metimos en esto vivimos mirando como con rayos X qué tiene asbesto y qué no, porque el glifosato de la ciudad es el asbesto: convivimos con él y no nos damos cuenta", sostuvo Roberto Pianelli, secretario general del AGTSyP, que cerró la presentación.
"El tema acá es entender de qué se trata esto y tener una política para sacarlo, por eso el proyecto apunta a que entendamos con qué estamos conviviendo", continuó Pianelli, que aseguró que en la AGTSyP ya registran más de 80 trabajadores afectados por el material y nueve personas con cáncer. Además de Gollan y Pianelli, de la presentación participaron el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, la secretaria de Asuntos Jurídicos de Uocra, Marta Pujadas, la subsecretaria de Medioambiente de Trabajo y Salud Laboral de la CTA, Lilian Capone, y el ingeniero experto en asbesto, Armando Chamorro.
El objetivo principal del proyecto de ley es la creación de un "Sistema federal de gestión del asbesto instalado", que estipule, primero, la elaboración de un mapeo federal de los lugares en los que se encuentra el material. Con esa información, precisa el proyecto, se conformaría un registro nacional "de orden público, único y compartido, que permita conocer la ubicación, cantidad y estado del asbesto instalado, y elaborar políticas en la materia", garantizando la confidencialidad de los datos recabados. Todo esto daría paso a la puesta en marcha de un plan de gestión de asbesto, con "diagnóstico de la situación, estrategia general y alternativas de solución propuestas para su eliminación en el territorio nacional".
La iniciativa también prevé bajar el valor máximo permitido, actualmente fijado en 0,1 fibras de asbesto por centímetro cúbico de aire. "No es un nivel seguro y la exposición a las actividades laborales que impliquen contacto con asbesto debe reducirse lo más cercano a la única dosis segura: cero fibras", advierte el proyecto, que agrega que "la evidencia científica ha demostrado que el asbesto no tiene un nivel de exposición seguro". Sin embargo, como paso previo a la eliminación total del material, la iniciativa prevé establecer un primer valor máximo de referencia que pase de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico.
Por otro lado, el proyecto busca crear un "Registro de Personas Expuestas al Asbesto", con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Registro de Agentes de Riesgo y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El registro permitiría consolidar así una vigilancia médica adecuada para las personas en riesgo, descubrir los daños a la salud del material y evaluar metodologías de prevención, de tratamiento o de rehabilitación para los ya enfermos.
La iniciativa precisa que esas disposiciones alcanzarán a trabajadores y trabajadoras de rubros que "estén expuestos a fibras de asbesto o de materiales que lo contengan": trabajos de demolición de construcciones, de desguace o desmantelamiento de elementos, de mantenimiento y reparación, de transporte, tratamiento y disposición final de residuos que contengan amianto, y de plantas de rellenos autorizados para residuos de amianto.
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Detectan contaminación con microplásticos en aguas de dos cuencas bonaerenses

Fecha de Publicación: 09/11/2023
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El trabajo analizó además la efectividad de las plantas de tratamiento de aguas para removerlos y detectó que las instalaciones de saneamiento removieron hasta un 70% de la contaminación.
Un grupo de estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) detectó la contaminación por microplásticos en todas las muestras que tomó de arroyos y plantas de tratamiento de efluentes en aguas de las cuencas del Río Matanza-Riachuelo y del Reconquista en la provincia de Buenos Aires.
El trabajo analizó además la efectividad de las plantas de tratamiento de aguas para removerlos y detectó que las instalaciones de saneamiento removieron hasta un 70% de la contaminación, informó el sitio Sobre La Tierra (SLT-Fauba).
“Los microplásticos son plásticos de menos de 5 milímetros de diámetro. A veces se elaboran en esos tamaños, y otras, surgen cuando se degradan plásticos más grandes”, dijo Santiago Goin, egresado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Fauba.
Explicó que “desde hace más de 50 años, el plástico se produce y se usa cada vez más, y por eso, aumentó su presencia en diferentes ambientes y comenzó a provocar efectos tóxicos en los organismos que los ingieren”, y agregó que “además, se asocian con otros contaminantes, como metales pesados, y los transportan. Sin embargo, en la Argentina hay pocos estudios sobre esta problemática”.
“En la cuenca del río Matanza-Riachuelo evaluamos el estado de contaminación de muestras de agua de zonas rurales e industriales. En las 12 muestras tomadas encontramos microplásticos, y la concentración promedio fue 241 micropartículas por litro de agua”, precisó.
Las dos plantas de tratamiento de agua de las cuencas de los ríos Matanza-Riachuelo y Reconquista reciben millones de litros de efluentes domiliciarios, reducen su contaminación y luego los liberan a otros cuerpos de agua.
“En ambas los detectamos en la entrada, en los procesos intermedios y en la salida, y encontramos que los removieron entre un 50 y un 70%. Las concentraciones de microplásticos que salen de estas plantas se encuentran dentro de los valores que liberan otras plantas del mundo”, remarcó Goin.
También que en el microscopio observó una gran variedad de texturas y colores de plásticos como PVC, PET y poliéster.
“Las partículas que más vimos en todas las muestras fueron fibras plásticas textiles que provienen principalmente de la ropa. Entran en el agua cuando la lavamos y van hacia la planta de tratamiento”, subrayó.
Martha Bargiela, docente de la cátedra de Química de Inorgánica y Analítica de la Fauba y directora de la tesis de Goin, indicó que los microplásticos “se detectan en sedimentos, aguas y suelos de cuencas urbanas” y sostuvo que también se encuentran “en áreas rurales”.
“En zonas hortícolas se trabaja mucho con invernáculos, cuyos plásticos se degradan y alcanzan suelos y aguas”, ejemplificó.
La especialista destacó que “los microplásticos, al igual que otros contaminantes emergentes, no se consideran en la legislación del país”, y manifestó que “cuando llegue el momento de plantear las normativas tenemos que contar con la mayor información posible, conocer los tipos y niveles de contaminación, sus efectos tóxicos y las posibles remediaciones”.
Comentó que en cuanto a la gestión de los microplásticos, además de restringir su uso o reemplazarlos por otros materiales, a nivel global se trabaja para remediarlos.
“En particular, se plantea usar árboles para llevar adelante una fitorremediación. Algunos son capaces de retener estos contaminantes en las raíces o de absorberlos en otros tejidos”, concluyó.
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La restauración ecológica de la Cuenca Matanza Riachuelo: el próximo objetivo de la ACUMAR

Fecha de Publicación: 06/11/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Riachuelo


La ACUMAR convocó a una audiencia pública para comenzar a pensar en la restauración ecológica de la Cuenca Matanza Riachuelo. ¿De qué se trata este proyecto?
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) convocó a una audiencia pública para promover la participación ciudadana de su próximo objetivo: la restauración ecológica de todo el ecosistema. El proyecto tiene argumentos ambientales, pero también productivos y sociales. ¿En qué consiste?
Según el documento sobre la consulta pública al que accedió a INFOCIELO, el objetivo es "incrementar la biodiversidad en toda la Cuenca". Es que a 10 años de la presentación del Plan de Saneamiento Ambiental, las autoridades de la ACUMAR reconocen que hay un "déficit sustancial en su biodiversidad" que "incide en la calidad de vida de las personas que la habitan". "Las acciones concretas y orientadas en restauración ecológica son una necesidad urgente", aseguraron.
En concreto, esto implicaría implantar vegetación autóctona para favorecer la presencia de fauna silvestre y también de funga asociada. La propuesta de la ACUMAR, que será presentada en la audiencia pública del 29 de noviembre, contempla crear viveros en los que se produzcan esas plantas nativas del espinal, la pampa y el delta del Paraná. Es decir, en paralelo a la restauración ecológica se estaría incentivando la producción agroecológica y la generación de los llamados empleos verdes.
Desde la ACUMAR estiman que el 2024 servirá para "ampliar y ajustar" el proyecto de restauración ecológico con el resultado de la audiencia pública. Posteriormente, hacia fines de ese año quedarán establecidos los objetivos y, ya en 2025, comenzarán las tareas para restaurar la ecología de toda la Cuenca Matanza Riachuelo.

Un caso testigo en Marcos Paz
Esta no es la primera vez que la ACUMAR se embarca en un proyecto de restauración ecológica. Un antecedente que destacan como exitoso es el del predio Batalla de Villamayor, ubicado en Marcos Paz, que comenzaron en diciembre de 2018.
Se trata de unas 7 hectáreas ubicadas sobre un borde del arroyo Morales, un afluente del río Matanza Riachuelo. Ahí había un basural a cielo abierto que se terminó de sanear en junio de 2018. Ese mismo año plantaron 371 especies nativas y ya hacia 2021 llegaron los primeros resultados.
Los especialistas observaron "una mejora en todas las zonas, con gran presencia en cantidad y variedad de flora y fauna". El informe realizado por dos doctoras de la Universidad Nacional de San Martín en abril de 2022, concluyó que el exbasural ya tenía 25 especies vegetales de 13 familias distintas desarrollándose. Desde el municipio, además, estiman que alcanzaron cubrir el 95 por ciento de la superficie con vegetación.
Actualmente, el predio Batalla de Villamayor es un paseo que tiene, entre otras cosas, un sendero para ciclistas de 3,5 kilómetros. De eso se tratan los proyectos de restauración ecológica: convertir un basural en un paseo natural.
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Juzgarán nuevamente a Rocchia Ferro por delitos ambientales

Fecha de Publicación: 02/11/2023
Fuente: Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán


El TOF de Tucumán fijó para el 18 de marzo de 2024 el inicio del debate contra el empresario, en una causa por el vuelco de efluentes del ingenio Aguilares.
El industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro, condenado en Santiago del Estero por contaminar un pueblo de Jiménez con vinaza del ingenio La Florida, será juzgado nuevamente en una causa por contaminación.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán fijó para el 18 de marzo de 2024 el inicio del debate oral y público contra el empresario, acusado por delitos ambientales producto del vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento del ingenio azucarero Aguilares, el cual administraba. La decisión del tribunal se da luego de que el fiscal general Antonio Gustavo Gómez presentara una queja por retardo de justicia.
La causa, que tramitó ante la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán -entonces a cargo de Carlos Alfredo Brito-, se originó por una investigación preliminar iniciada en agosto de 2008 por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que encabeza el propio Gómez.
La pesquisa giró en torno a la presunta contaminación ambiental del ingenio Aguilares con el vuelco de efluentes líquidos al cauce del río Medina, que desemboca en el río Salí, que forma parte de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce. El ingenio es explotado por la firma "Fericar SA", en la cual Rocchia Ferro se desempeñaba como director.
La causa había sido archivada por el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, decisión ratificada por la Cámara Federal de Tucumán, lo que motivó un planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La Sala III del máximo tribunal penal anuló el sobreseimiento y ordenó al juzgado profundizar la investigación. El 5 de septiembre de 2018 el juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva del empresario en orden al delito de contaminación ambiental. Luego, la fiscalía consideró completa la instrucción y el juzgado elevó a juicio las actuaciones.
Tras una serie de reprogramaciones sobre la fecha de juicio, lo que originó planteos de la defensa y del fiscal Gómez, el TOF de Tucumán dispuso que el debate se inicie el 18 de marzo de 2024 a las 9.30.
El empresario ya fue condenado por delitos ambientales. El 23 de mayo pasado, el TOF de Santiago del Estero lo condenó a Rocchia Ferro -en su calidad del presidente del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes- a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y multa de $100 mil por el delito de contaminación ambiental, y le impuso una serie de medidas de reparación integral para la comunidad de El Palomar (Jiménez). La sentencia fue recurrida por la defensa del industrial.
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Tucumán: confirmaron el procesamiento de la representante de un frigorífico por verter afluentes en la cuenca Salí-Dulce

Fecha de Publicación: 30/10/2023
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


Los peritos establecieron que los valores de concentración para los metales plomo y cobre excedían diez veces los niveles guía admitidos para la calidad de agua.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de la presidenta de una cooperativa de trabajadores que opera un frigorífico sobre la banda del río Salí-Dulce, en esa provincia.
De este modo, las y los camaristas Marina Cossio, Marcela Moltini, Ricardo Sanjuan y Mario Rodolfo Leal -quien votó en disidencia- confirmaron el procesamiento sin prisión y el embargo de 2 millones de pesos sobre sus bienes, por considerarla autora del delito de contaminación de aguas de un modo peligroso para la salud, previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, que había sido dispuesto por el Juzgado Federal N°2 de esa ciudad. En la instancia intervino el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, quien postuló el rechazo de la presentación de la defensa de la mujer.
La investigación se originó en febrero de 2017 por la denuncia anónima presentada por una vecina de la zona ante la delegación local de la Policía Federal Argentina. En ella daba cuenta que sobre la costanera de la ciudad de La Banda del Río Salí funcionaba un matadero cuyos residuos contaminantes eran vertidos sin tratamiento al curso de agua.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, que delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Carlos Alfredo Brito. El fiscal encomendó al personal policial una serie de medidas, que incluyeron la entrevista con las y los residentes del lugar. En la pesquisa se observó la existencia de un tubo de desagüe que recorría la calle, de forma subterránea, desde el matadero hasta el río Salí, por el cual se vertían efluentes líquidos de color rojo, con olor a carne en proceso de descomposición y desperdicios de animales.
Los peritos establecieron que los valores de concentración para los metales plomo y cobre, presentes en la cámara, aguas arriba y aguas abajo, excedían diez veces los niveles guía admitidos para la calidad de agua para protección de vida acuática, de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos.
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