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San Luis: feedlot en la mira de la justicia
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Un fallo judicial obliga a feedlot a cumplir normas ambientales
Fecha de Publicación: 25/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Luis
La Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia revocó una sentencia que había otorgado una excepción al feedlot Nicanor con respecto a las exigencias ambientales para la producción. Dicho establecimiento de engorde de ganado había sido clausurado en 2018 por los residuos sin tratar de más de 10 mil bovinos que escurrían hacia el dique La Estrechura. La revocación del fallo fue destacada por investigadores de la Universidad de San Luis.
Un fallo de la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, que revocó una sentencia que había otorgado una excepción al feedlot Nicanor con respecto a las exigencias ambientales para la producción y le permitía funcionar, fue destacado por un investigador de la Universidad de San Luis (UNSL).
"Es reconfortante que la justicia haya revocado el amparo otorgado a la empresa gracias a una investigación científica que probó que en ciertas épocas del año su uso productivo hizo que se encontrara un 25% de sedimentos" en el recorrido de una cuenca "tan frágil" como la del río de la zona de Estancia Grande, dijo a Télam Hugo Velazco, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la casa de estudios.
La cuenta está ubicada a 21 kilómetros al oeste de la ciudad de San Luis.
El establecimiento de engorde de ganado fue clausurado por el Gobierno provincial el 26 de junio de 2018 por los residuos sin tratar de más de 10 mil bovinos que escurrían en dirección al dique La Estrechura.
Lo ocurrido fue denunciado por los habitantes de lugar en febrero de 2017 al grupo de estudios ambientales GEA-IMASL del Conicet, que alertaron sobre la presencia de residuos orgánicos, excremento, pelo y hueso en el arroyo, lo que había generado contaminación en la zona.
El GEA, que forma parte del Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), inició la investigación que arrojó resultados poco "amigables" para el medioambiente, a través de análisis realizados en "Austria y Estados Unidos", según indicaron.
La investigación se plasmó en un video de la UNSL que relataba las consecuencias de la contaminación para los vecinos con perjuicio para su patrimonio y salud.
El nuevo fallo demuestra que "no hay coronita para nadie en materia de medio ambiente y que la autoridad reguladora actúo rápidamente" para frenar actividades productivas de ese tipo, destacó Velazco.
El fallo de primera instancia ordenaba al Gobierno de San Luis, la municipalidad de Estancia Grande y el SENASA no exigir a la empresa ganadera la normativa que rige la actividad a través de una ley provincial, que es complementaria de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos.
El feedlot Nicanor había presentado en 2011 una categorización para encuadrarse en la Ley de Impacto Ambiental. Esa legislación fue aprobada recién en 2013, cuando se solicitó a la firma que presentara el estudio de impacto ambiental, pero el feedlot se negó por considerar que sus actividades antecedían a esa legislación.
Fue entonces que el Gobierno provincial dispuso el cese de actividades, que fue cuestionado con un recurso de amparo que resultó favorable a la empresa en primera instancia, pero denegado por la cámara civil.
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Fecha de Publicación: 25/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Luis
La Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia revocó una sentencia que había otorgado una excepción al feedlot Nicanor con respecto a las exigencias ambientales para la producción. Dicho establecimiento de engorde de ganado había sido clausurado en 2018 por los residuos sin tratar de más de 10 mil bovinos que escurrían hacia el dique La Estrechura. La revocación del fallo fue destacada por investigadores de la Universidad de San Luis.
Un fallo de la Cámara Civil de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, que revocó una sentencia que había otorgado una excepción al feedlot Nicanor con respecto a las exigencias ambientales para la producción y le permitía funcionar, fue destacado por un investigador de la Universidad de San Luis (UNSL).
"Es reconfortante que la justicia haya revocado el amparo otorgado a la empresa gracias a una investigación científica que probó que en ciertas épocas del año su uso productivo hizo que se encontrara un 25% de sedimentos" en el recorrido de una cuenca "tan frágil" como la del río de la zona de Estancia Grande, dijo a Télam Hugo Velazco, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la casa de estudios.
La cuenta está ubicada a 21 kilómetros al oeste de la ciudad de San Luis.
El establecimiento de engorde de ganado fue clausurado por el Gobierno provincial el 26 de junio de 2018 por los residuos sin tratar de más de 10 mil bovinos que escurrían en dirección al dique La Estrechura.
Lo ocurrido fue denunciado por los habitantes de lugar en febrero de 2017 al grupo de estudios ambientales GEA-IMASL del Conicet, que alertaron sobre la presencia de residuos orgánicos, excremento, pelo y hueso en el arroyo, lo que había generado contaminación en la zona.
El GEA, que forma parte del Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), inició la investigación que arrojó resultados poco "amigables" para el medioambiente, a través de análisis realizados en "Austria y Estados Unidos", según indicaron.
La investigación se plasmó en un video de la UNSL que relataba las consecuencias de la contaminación para los vecinos con perjuicio para su patrimonio y salud.
El nuevo fallo demuestra que "no hay coronita para nadie en materia de medio ambiente y que la autoridad reguladora actúo rápidamente" para frenar actividades productivas de ese tipo, destacó Velazco.
El fallo de primera instancia ordenaba al Gobierno de San Luis, la municipalidad de Estancia Grande y el SENASA no exigir a la empresa ganadera la normativa que rige la actividad a través de una ley provincial, que es complementaria de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos.
El feedlot Nicanor había presentado en 2011 una categorización para encuadrarse en la Ley de Impacto Ambiental. Esa legislación fue aprobada recién en 2013, cuando se solicitó a la firma que presentara el estudio de impacto ambiental, pero el feedlot se negó por considerar que sus actividades antecedían a esa legislación.
Fue entonces que el Gobierno provincial dispuso el cese de actividades, que fue cuestionado con un recurso de amparo que resultó favorable a la empresa en primera instancia, pero denegado por la cámara civil.
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Riachuelo: planifican que la mega obra estará lista en 2022
Avellaneda: el Sistema Riachuelo estará terminado en 2022
Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Se considera a la obra como las más importante en cuanto a sanear la cuenca y dotar de servicios cloacales a más de 4 millones de personas. Situación actual de los servicios en barrios de Avellaneda y Lanús.
La llamada obra de saneamiento más grande de Latinoamérica, la Planta de Pretratamiento de la obra Sistema Riachuelo con finalización prevista para dentro de tres años en Dock Sud, tiene a la ingeniera Marcela Alvarez, desde 2014, en el cargo de directora del Sistema Riachuelo, y del gerenciamiento de los contratos de construcción y supervisión de la obra.
Se trata del primer sistema troncal cloacal que se hace en el país en más de 70 años que beneficiará a 4,5 millones de habitantes del área metropolitana.
Como primera gran ampliación de dicho sistema, esa megaobra de infraestructura busca dar una solución integral a las limitaciones de prestación del servicio de desagües cloacales de gran parte de Buenos Aires. Tiene como objetivos mejorar la capacidad de transporte de los desagües tanto como la calidad del servicio, evitando la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales y contribuyendo al saneamiento de la cuenca.
Lo que piden los vecinos
En Avellaneda la red cloacal aún no llegó a sectores de Sarandí y Dock Sud y en gran parte de Gerli, de acuerdo a los reclamos vecinales. En Lanús, la cobertura pasó de un 40 por ciento hace cuatro años al 75 por ciento en la actualidad, pero faltan muchas conexiones domiciliarias, cámaras de inspección y todas las reparaciones de veredas.
Según la ingeniera Alvarez, "el Sistema Riachuelo viene a resolver un problema estructural. Los conductos llevan cada vez más caudal porque el área de concesión creció y también aumentó la cantidad de población".
Luego agregó un segundo aspecto: "Desde el punto de vista del saneamiento tiene una entidad muy importante, no solamente por la envergadura de las obras, por los montos en juego, sino fundamentalmente por los objetivos que perseguimos con la construcción de ese sistema".
"En ese sentido -precisó la funcionaria- podemos resumir que el proyecto surge frente a dos grandes problemáticas: la demográfica y la ambiental". Habla de la cantidad de población y los residuos arrojados a las aguas.
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Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Se considera a la obra como las más importante en cuanto a sanear la cuenca y dotar de servicios cloacales a más de 4 millones de personas. Situación actual de los servicios en barrios de Avellaneda y Lanús.
La llamada obra de saneamiento más grande de Latinoamérica, la Planta de Pretratamiento de la obra Sistema Riachuelo con finalización prevista para dentro de tres años en Dock Sud, tiene a la ingeniera Marcela Alvarez, desde 2014, en el cargo de directora del Sistema Riachuelo, y del gerenciamiento de los contratos de construcción y supervisión de la obra.
Se trata del primer sistema troncal cloacal que se hace en el país en más de 70 años que beneficiará a 4,5 millones de habitantes del área metropolitana.
Como primera gran ampliación de dicho sistema, esa megaobra de infraestructura busca dar una solución integral a las limitaciones de prestación del servicio de desagües cloacales de gran parte de Buenos Aires. Tiene como objetivos mejorar la capacidad de transporte de los desagües tanto como la calidad del servicio, evitando la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales y contribuyendo al saneamiento de la cuenca.
Lo que piden los vecinos
En Avellaneda la red cloacal aún no llegó a sectores de Sarandí y Dock Sud y en gran parte de Gerli, de acuerdo a los reclamos vecinales. En Lanús, la cobertura pasó de un 40 por ciento hace cuatro años al 75 por ciento en la actualidad, pero faltan muchas conexiones domiciliarias, cámaras de inspección y todas las reparaciones de veredas.
Según la ingeniera Alvarez, "el Sistema Riachuelo viene a resolver un problema estructural. Los conductos llevan cada vez más caudal porque el área de concesión creció y también aumentó la cantidad de población".
Luego agregó un segundo aspecto: "Desde el punto de vista del saneamiento tiene una entidad muy importante, no solamente por la envergadura de las obras, por los montos en juego, sino fundamentalmente por los objetivos que perseguimos con la construcción de ese sistema".
"En ese sentido -precisó la funcionaria- podemos resumir que el proyecto surge frente a dos grandes problemáticas: la demográfica y la ambiental". Habla de la cantidad de población y los residuos arrojados a las aguas.
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Juicio por derrame en Veladero sin acusados de la empresa
A cuatro años del derrame de la mina Veladero, cinco ex funcionarios nacionales irán a juicio oral
Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio.
Cinco ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Medio Ambiente, irán a juicio oral mientras ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio a cuatro años del derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada de la mina Veladero (San Juan) de la empresa Barrick Gold, recordaron hoy asambleístas ambientales que mantienen una protesta en el municipio de Jáchal.
"Cuando nos enteramos del derrame varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses a raíz del peligro de la instalación de una mina de Uranio", recordó a Télam Domingo Jofré, integrante de la Asamblea Jachal no se Toca, una ciudad situada a 300 kilómetros río abajo de Veladero, ubicado en el Departamento de Iglesia.
Y, continuó: "Fuimos nosotros quienes dijimos al resto: cerremos el agua, hagamos análisis, veamos cómo está la planta potabilizadora, etc.".
Domingo Jofré es uno de los manifestantes que acampa desde hace 1.400 días frente a la Municipalidad para exigir, entre otros temas, "que Veladero cierre y mitigue de alguna manera el daño ambiental que hizo".
Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015 "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación) lo que ocasionó el derrame un millón setenta y dos millitros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal".
Tras idas y vueltas, en mayo de 2016 la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.
En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral (causa 10049/15) a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame.
"La justicia federal realizó una gran investigación, aceptó a la Asamblea de Jachal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños y está llevando a juicio oral a las máximas autoridades ambientales, será un juicio histórico", señaló Enrique Viale, abogado de la Asamblea, e informó que si bien ya está asignado el tribunal, no hay fecha fijada para el inicio del juicio.
Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con "negligencia o impericia", además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero no imputó a ningún funcionario provincial.
A dos años y medio del derrame, tras la renuncia de Oritja al cargo de juez de la Segunda Circunscripción, la causa quedó en manos del Juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, mientras que Sohar Alfredo Aballay asumió como fiscal.
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Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio.
Cinco ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Medio Ambiente, irán a juicio oral mientras ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio a cuatro años del derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada de la mina Veladero (San Juan) de la empresa Barrick Gold, recordaron hoy asambleístas ambientales que mantienen una protesta en el municipio de Jáchal.
"Cuando nos enteramos del derrame varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses a raíz del peligro de la instalación de una mina de Uranio", recordó a Télam Domingo Jofré, integrante de la Asamblea Jachal no se Toca, una ciudad situada a 300 kilómetros río abajo de Veladero, ubicado en el Departamento de Iglesia.
Y, continuó: "Fuimos nosotros quienes dijimos al resto: cerremos el agua, hagamos análisis, veamos cómo está la planta potabilizadora, etc.".
Domingo Jofré es uno de los manifestantes que acampa desde hace 1.400 días frente a la Municipalidad para exigir, entre otros temas, "que Veladero cierre y mitigue de alguna manera el daño ambiental que hizo".
Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015 "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación) lo que ocasionó el derrame un millón setenta y dos millitros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal".
Tras idas y vueltas, en mayo de 2016 la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.
En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral (causa 10049/15) a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame.
"La justicia federal realizó una gran investigación, aceptó a la Asamblea de Jachal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños y está llevando a juicio oral a las máximas autoridades ambientales, será un juicio histórico", señaló Enrique Viale, abogado de la Asamblea, e informó que si bien ya está asignado el tribunal, no hay fecha fijada para el inicio del juicio.
Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con "negligencia o impericia", además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero no imputó a ningún funcionario provincial.
A dos años y medio del derrame, tras la renuncia de Oritja al cargo de juez de la Segunda Circunscripción, la causa quedó en manos del Juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, mientras que Sohar Alfredo Aballay asumió como fiscal.
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Santa Fe busca identificar patologías asociadas a pesticidas
Agroquímicos: proponen crear un registro provincial de patologías asociadas a la contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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El agua de Mar del Plata muy contaminada
Petróleo, bacterias fecales y pescado podrido en el agua de Mar del Plata: la contaminación que investiga la Justicia
Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso
En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la "playa del puerto" –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la "descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido. "Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites
admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata", advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como "pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. "Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados "decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación "con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: "No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas".
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Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso
En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la "playa del puerto" –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la "descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido. "Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites
admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata", advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como "pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. "Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados "decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación "con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: "No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas".
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Rojas también en problemas con la contaminación del agua
La justicia confirmó que el agua de Rojas “no es potable” y ordenó un plan de saneamiento
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Después del fallo en Pergamino, la justicia bonaerense resolvió ponerle límites a la distancia para fumigar en Exaltación de la Cruz y ahora, confirmó que el agua de Rojas “no es potable” por los altos índices de arsénico. En esa localidad funciona una de las plantas de Monsanto más grande del país.
A partir del fallo histórico que se dio en Pergamino, en donde el Juzgado Federal de San Nicolás prohibió fumigar a menos de tres mil metros de forma aérea tras confirmarse que el agua local estaba contaminada con al menos 18 tipos de agroquímicos, la justicia bonaerense se adhirió a la norma y ya generó dos resoluciones inmediatas.
Ayer, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Campana dispuso que no se podrá fumigar a menos de mil metros de forma terrestre en Exaltación de la Cruz y ahora, otro juzgado similar reconoció que el agua de consumo en Rojas “no es potable” por los altos niveles de arsénico y obliga al municipio a cargo de Claudio Rossi (Juntos por el Cambio) a realizar un “plan de adecuación” para evitar que su población se enferme.
Las tres localidades se encuentran en una zona por demás codiciada para la siembra de soja transgénica, uno de los productos que más se tratan con diferentes agroquímicos, y cuyo contacto con la población puede provocar serias enfermedades, según han comprobado diversos especialistas.
De hecho, en Rojas, la multinacional Monsanto eligió alzar la planta de semillas transgénicas más importante del país junto con la de Malvinas Argentinas (Córdoba): María Eugenia. Es decir, la decisión de la justicia comienza a rozar con los intereses de sectores por demás poderosos.
El fallo de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de San Nicolas confirmó una resolución previa que ya había advertido de la calidad de agua en Rojas, con “alta presencia de arsénico” en las napas de agua. Si bien esta sustancia contaminante se encuentra de forma natural en muchos de los suelos bonaerenses, los ambientalistas señalan que existen diversos estudios que comprueban que su contacto con los agroquímicos potencia la peligrosidad del consumo del agua.
“Es un gran paso en la defensa del derecho humano al acceso al agua potable ante el desinterés de las autoridades a brindarla”, festejaron por parte de la asamblea ambiental de Rojas.
“Hay que hacer lo que corresponda. Cuando se habla de determinar la presencia de ciertos componentes en el agua potable hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor se puede detectar presencia pero hay que establecer cuáles son los límites permisibles, y estos límites también varían según la jurisdicción o el organismo de que se trate. Lo que para unos está bien, para otros no lo está, o está en el límite”, había dicho en abril de este año, el secretario de Obras Públicas de Rojas, Daniel Boyeras. Fue cuando el informe del equipo de la Corte Suprema de Justicia confirmara la contaminación del agua de Pergamino.
Entre Rojas y esa ciudad hay apenas 30 kilómetros de distancia, por lo que el reciente fallo de la justicia pone más que en alerta a toda la población y sin dudas, alentó a que la justicia ratificara lo que ya se venía advirtiendo.
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Caso Pergamino: Casafe sigue insistiendo con la BPA
Casafe “confía” en que se apele y revierta el fallo sobre agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Justicia protege a vecinos de Pergamino de fumigaciones
Fallo histórico: la Justicia Federal prohibió las fumigaciones a 3 mil metros en Pergamino
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Después de numerosos estudios que mostraron la contaminación del agua y la presencia de grandes dosis de diferentes agroquímicos, el Juzgado Federal de San Nicolás estableció que no se podrá fumigar a menos de mil metros en forma terrestre y a menos de tres mil, de forma aérea, respecto a la planta urbana. El dato clave fue la confirmación de que los fitosanitarios en sangre producen “daños genéticos”.
En Pergamino, el drama por el agua contaminada está llegando a una resolución histórica. El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzzo dictó una resolución que prohíbe las fumigaciones terrestres a más de mil metros y las áreas, a más de tres mil.
El único precedente hasta ahora a nivel nacional había sido en Entre Ríos, luego de que el Supremo Tribunal de Justicia así lo estableciera para esa provincia. En tanto, se convierte en el primer caso emitido en territorio bonaerense.
La medida es extensiva de lo ya ordenado por el juez en abril de este año, cuando había pedido suspender provisoriamente las fumigaciones, mientras se determinaba el impacto que los distintos agroquímicos en las poblaciones cercanas.
En efecto, meses después, dos informes distintos concluyeron en que la cantidad de cáncer y enfermedades respiratorias y de piel tenía que ver con la presencia de 18 tipos distintos de agroquímicos en el agua analizada en los barrios afectados.
El nuevo fallo –que tendrá un impacto a nivel provincial y nacional- le pide además al intendente Javier Martínez (de Juntos por el Cambio) que le informe sobre la cantidad de parajes y pueblos rurales que existen dentro del Partido de Pergamino, para que también se fijen una distancia considerable para las fumigaciones en esas zonas.
Uno de los argumentos que llevaron a convencer al juez para ordenar las fumigaciones a más de mil metro se basa en el último informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto a cargo de la Doctora en Biología, Delia Aiassa. Ese estudio demostró que los agroquímicos en sangre pueden producir “daños genéticos” y así se convalidó a base de las diferentes enfermedades que sufre toda una familia de Pergamino.
De hecho, en el propio informe a cargo de la doctora Aiassa, se sugería que la distancia para las fumigaciones debía ser a más de mil metros, propio de la experiencia ya recogida respecto a casos similares ocurridos en Córdoba.
En la reflexión del propio magistrado, se evidencia que el Estado “no tiene la capacidad de restituir del daño” que ya generó la contaminación del agua y que por eso, las medidas ahora ordenadas apuntan más que nada a prevenir casos futuros. El fallo pone en aprietos al gobierno de la Provincia y también del municipio a cargo del intendente Javier Martínez, quien hasta entonces había negado la contaminación del agua. “El tema del agua es algo complejo, está manoseado políticamente y siempre surge en épocas electorales. (…) Se encontró una partícula de glifosato en miles y miles de litros porque nuestro suelo se aplica esa sustancia hace mucho tiempo, pero lo que tiene no es dañino”, había dicho hace poco.
Por su parte, el fiscal de la causa Matías Di Lello se mostró a favor del fallo y destacó que según los numerosos estudios ya realizados, ya no se discute que el agua de Pergamino esté contaminada. Para el fiscal, los nuevos informes deberían apuntar a esclarecer qué niveles de toxicidad marcan.
Sobre esto, es importante recordar que la propia Autoridad del Agua a cargo de Provincia confirmó que las napas de agua de Pergamino obtienen niveles altos –no permitidos- de arsénico, y que según lo aportado por los profesionales que actuaron en la causa, este material tiene un efecto aún más dañino cuando se mescla con las partículas de agroquímicos que se hallan en el agua.
Resumen de la Causa
El primer estudio que les dio la razón a los vecinos, fue realizado por especialistas del Conicet y del Inta- Balcarce, así como por el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino. Allí se arrojó niveles altos de agroquímicos en el agua. Sin embargo, posteriormente el municipio encomendó un estudio paralelo realizado por la Autoridad del Agua de la provincia (ASA), que contradijo lo anteriormente dicho.
A pesar de lo que había arrojado los análisis previos de dos laboratorios, el municipio ordenó una muestra que llevó a cabo Bromatología y la Autoridad del Agua de la Provincia, quienes posteriormente publicaron sus resultados y descartaron que el agua esté contaminada.
Para destrabar el conflicto, el juez Villafuerte Ruzo dispuso que por ahora se suspenda cualquier tipo de fumigación y ordenó que se realice un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación. El cual, coincidió en que el agua de los pergaminenses estaba contaminada.
La última novedad fue que la propia Autoridad del Agua aseguró que el agua de la ciudad contiene niveles altísimos de arsénico. Pese a que el mismo se trata de un material natural -no producto de una contaminación externa-, potencia la peligrosidad para la salud humana en contacto con los agroquímicos.
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Finalmente le otorgan probation a empresario contaminador
Otorgan probation a Rocchia Ferro en causa por contaminación de un pueblo
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de $18 millones, se pasó a $ 27 millones el año pasado y luego a más de $28,5 millones teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
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Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de $18 millones, se pasó a $ 27 millones el año pasado y luego a más de $28,5 millones teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
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La quema de cañaverales en Tucumán continúa
Práctica dañina: se incrementó la quema de cañaverales en la provincia
Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El subsecretario de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, dijo que se observa con preocupación el incremento del fuego en cañaverales y pastizales en las últimas semanas, “por lo que se intensifican los controles que habitualmente hacemos, esta vez con apoyo aéreo, para localizar flagancias con el fin de realizar intervenciones policiales en directo”.
Señaló que la acción forma parte de las tareas habituales de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que tiene a su cargo el combate del fuego en la caña de azúcar.
En lo que va del año se registraron más de 40 focos ígneos, número sensiblemente menor que el año anterior, ya que para este época del 2018 se habían registrado 200 incendios.
Mientras tanto, el Gobierno afirma que se realizan controles terrestres y aéreos en distintas localidades con el fin de detectar y multar la quema de caña y pastizales en los campos. Para ello, a bordo de un helicóptero Bell de la Dirección de Aeronáutica de la Provincia, técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente realizan labores de geolocalización de incendios con el fin de apercibir esta práctica.
Las zonas más vulnerables son Cruz Alta, al este; Simoca y Bella Vista; y Monteros y Chicligasta, al sur de la provincia, Famaillá y Lúles.
En estas áreas se refuerzan los controles que inician en mayo y culminan en noviembre y diciembre cuando comienzan las lluvias. El clima invernal, con altas temperaturas durante el día, sequía y fuertes vientos contribuye a que se esparza el fuego.
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Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El subsecretario de Protección Ambiental, Marcelo Lizárraga, dijo que se observa con preocupación el incremento del fuego en cañaverales y pastizales en las últimas semanas, “por lo que se intensifican los controles que habitualmente hacemos, esta vez con apoyo aéreo, para localizar flagancias con el fin de realizar intervenciones policiales en directo”.
Señaló que la acción forma parte de las tareas habituales de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente que tiene a su cargo el combate del fuego en la caña de azúcar.
En lo que va del año se registraron más de 40 focos ígneos, número sensiblemente menor que el año anterior, ya que para este época del 2018 se habían registrado 200 incendios.
Mientras tanto, el Gobierno afirma que se realizan controles terrestres y aéreos en distintas localidades con el fin de detectar y multar la quema de caña y pastizales en los campos. Para ello, a bordo de un helicóptero Bell de la Dirección de Aeronáutica de la Provincia, técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente realizan labores de geolocalización de incendios con el fin de apercibir esta práctica.
Las zonas más vulnerables son Cruz Alta, al este; Simoca y Bella Vista; y Monteros y Chicligasta, al sur de la provincia, Famaillá y Lúles.
En estas áreas se refuerzan los controles que inician en mayo y culminan en noviembre y diciembre cuando comienzan las lluvias. El clima invernal, con altas temperaturas durante el día, sequía y fuertes vientos contribuye a que se esparza el fuego.
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Tucumán: sigue la quema de cañaverales
En dos días hubo 45 focos de incendios por quema de cañaverales
Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
“A pesar de las recomendaciones la gente sigue quemando”, explicó, a primerafuente, Eduardo Figueroa, jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción
Durante esta época del año el trabajo de los bomberos en el sur tucumano se intensifica debido a la quema ilegal de cañaverales.
“Este fin de semana tuvimos al menos 45 intervenciones producto de la quema sistemática de caña en diferentes campos. Es lamentable que los dueños de las fincas no tomen conciencia del daño que eso produce a toda la sociedad. El humo y las partículas quedan flotando en el ambiente y luego todo eso respiramos”, señaló Figueroa.
En una parte de la nota, con nuestro portal, el jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción se refirió a los incontrolables incendios que se producen desde hace más de 20 días en el Amazonas, el pulmón del mundo.
“Tenemos que tomar conciencia del daño que se produce cuando se quema. Es terrible lo que ocurre en Brasil, el fuego se tornó incontrolable. Hay mucha gente tratando de socar el fuego pero está difícil por la sequía y los vientos. Sin ser dramático aquí durante el año tenemos varias Amazonas producto de la quema de cañaverales. Es importante cuidar el medio ambiente debemos trabajar para conseguir erradicar esta mala costumbre”, puntualizó.
Aunque el Gobierno de Tucumán informó que incrementó las fiscalizaciones del campo tucumano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente debido a la quema ilegal de cañaverales, esta práctica no ha cesado.
Basta solamente con transitar la ruta nacional 38 en cualquier hora del día y se pueden observar las llamas y densas columnas de humo que brotan de los terrenos plantados con caña.
También en el mundo virtual de las redes sociales a diario se viralizan filmaciones y fotos denunciando los incendios.
“Anoche en Los Córdoba, entre Alberdi y Aguilares, no se podía respirar en la ruta 38 por la quema de maloja. A 4 días de una tragedia terrible que enlutó el sur, otra vez la indiferencia de la gente y el desprecio por la vida de los que transitamos a diario para ir a trabajar. La impunidad nuestra de cada día. ¿Quién controla todo esto?”, escribió en las redes sociales, una vecina de Alberdi.
De acuerdo a publicaciones realizadas por el Gobierno tucumano los controles son llevados a cabo por los inspectores de Fiscalización Ambiental, Defensa Civil, Policía Ecológica y la secretaría de Estado.
Asimismo instan a la comunidad a llamar al 103 para realizar la denuncia sobre los lugares donde se realiza la quema “indicando el lugar, tratando siempre de dar precisiones para agilizar el arribo de las patrullas ambientales para combatir el fuego”.
“Tras identificar a los propietarios de las tierras en las que se produce el fuego, se los multa a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental. Además, los hechos son encuadrados en la tipología delictiva correspondiente por intermedio de la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía, que envía sumarios a la Justicia para impulsar causas penales”, según reza la publicación.
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Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
“A pesar de las recomendaciones la gente sigue quemando”, explicó, a primerafuente, Eduardo Figueroa, jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción
Durante esta época del año el trabajo de los bomberos en el sur tucumano se intensifica debido a la quema ilegal de cañaverales.
“Este fin de semana tuvimos al menos 45 intervenciones producto de la quema sistemática de caña en diferentes campos. Es lamentable que los dueños de las fincas no tomen conciencia del daño que eso produce a toda la sociedad. El humo y las partículas quedan flotando en el ambiente y luego todo eso respiramos”, señaló Figueroa.
En una parte de la nota, con nuestro portal, el jefe de Bomberos Voluntarios de Concepción se refirió a los incontrolables incendios que se producen desde hace más de 20 días en el Amazonas, el pulmón del mundo.
“Tenemos que tomar conciencia del daño que se produce cuando se quema. Es terrible lo que ocurre en Brasil, el fuego se tornó incontrolable. Hay mucha gente tratando de socar el fuego pero está difícil por la sequía y los vientos. Sin ser dramático aquí durante el año tenemos varias Amazonas producto de la quema de cañaverales. Es importante cuidar el medio ambiente debemos trabajar para conseguir erradicar esta mala costumbre”, puntualizó.
Aunque el Gobierno de Tucumán informó que incrementó las fiscalizaciones del campo tucumano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente debido a la quema ilegal de cañaverales, esta práctica no ha cesado.
Basta solamente con transitar la ruta nacional 38 en cualquier hora del día y se pueden observar las llamas y densas columnas de humo que brotan de los terrenos plantados con caña.
También en el mundo virtual de las redes sociales a diario se viralizan filmaciones y fotos denunciando los incendios.
“Anoche en Los Córdoba, entre Alberdi y Aguilares, no se podía respirar en la ruta 38 por la quema de maloja. A 4 días de una tragedia terrible que enlutó el sur, otra vez la indiferencia de la gente y el desprecio por la vida de los que transitamos a diario para ir a trabajar. La impunidad nuestra de cada día. ¿Quién controla todo esto?”, escribió en las redes sociales, una vecina de Alberdi.
De acuerdo a publicaciones realizadas por el Gobierno tucumano los controles son llevados a cabo por los inspectores de Fiscalización Ambiental, Defensa Civil, Policía Ecológica y la secretaría de Estado.
Asimismo instan a la comunidad a llamar al 103 para realizar la denuncia sobre los lugares donde se realiza la quema “indicando el lugar, tratando siempre de dar precisiones para agilizar el arribo de las patrullas ambientales para combatir el fuego”.
“Tras identificar a los propietarios de las tierras en las que se produce el fuego, se los multa a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental. Además, los hechos son encuadrados en la tipología delictiva correspondiente por intermedio de la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía, que envía sumarios a la Justicia para impulsar causas penales”, según reza la publicación.
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Más demanejo de residuos petroleros en Neuquén
Abrieron una investigación por los residuos contaminantes arrojados en Plottier
Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Fueron detectados por un vecino, quien avisó en el mismo momento en el que las bolsas eran descargadas. Aunque fueron retirados del lugar, buscarán a los responsables.
Será la fiscalía de Delitos Ambientales la que determine responsabilidades y penalidades ante el vertido que se interceptó “in fraganti” en la zona urbana de Plottier, dijo el gerente del Ente de Desarrollo (EDEP), Marcos García.
Recordó que todos los residuos detectados en el camión que alcanzó a descargar bolsas en el suelo, deben tener tratamiento especial para su deposición final. El remito del chofer del transporte Crexell decía que su carga venía de Fortín de Piedra y que el generador sería TecPetrol.
Además de la intervención judicial, se involucró en el operativo a la secretaría de Medio Ambiente provincial, que fiscaliza el transporte de residuos contaminantes o peligrosos.
“Afortunadamente el vecino llamó en el momento en que se producía el hecho, se pudo registrar todo, avisar a los funcionarios y las entidades de Medio Ambiente que están encargadas de que esto no suceda y a quienes tienen que investigar lo que pasó”, dijo García.
García tiene a su cargo el área de Medio Ambiente de Plottier. En el momento en que un transporte dejó en un terreno bolsas de arena de las que se usan en los pozos petroleros, con restos de otros recipientes y barros de hidrocarburos, el vecino Víctor Olmedo activó la alarma con un certero llamado a las áreas de Defensa Civil y de Medio Ambiente de la comuna para frenar la situación.
Según explicó el gerente del EDEP, en el lugar constataron unos 9 metros cúbicos de bolsas de arena que adentro tenían otros envases, depositadas en un área residencial en las afueras de la localidad.
Específicamente a unos 1.500 metros a la salida oeste de la ciudad desde la Ruta 22 en dirección a Senillosa, un transporte dejó en el sector una montaña de bolsas.
“Algunos de los envases tenían etiquetas de que eran propiedad de Halliburton y el remito del chofer era de transportes Crexell, que venía de Fortín de Piedra; así es que se llamó a estas firmas el sábado por la tarde”, agregó García.
Explicó que luego la firma Crexell levantó el residuo y dispuso de los servicios de un camión Vactor para hacer el saneamiento del terreno, es decir, absorber la primera capa de tierra que pudo haber estado en contacto con las bolsas vacías que contenían residuos contaminantes.
“Algunos envases decían producto tóxico, cancerígeno e irritante, la mayor parte eran envases vacíos, aunque había restos de lo que podrían ser barros o similar. Lo importante es que reconocieron que eran de ellos, se lo llevaron y realizaron el saneamiento”, dijo García.
Por su parte la empresa Crexell informó que “el manejo de estos residuos ‘no contaminantes’ ha sido realizado por el transportista y por dos empleados de esta empresa sin la autorización de la misma” y que “tal hecho no resulta de responsabilidad de Tecpetrol, ni de Halliburton ni tampoco de Transportes Crexell, siendo el obrar de terceras personas”. Añadió que lo está investigando.
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Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Fueron detectados por un vecino, quien avisó en el mismo momento en el que las bolsas eran descargadas. Aunque fueron retirados del lugar, buscarán a los responsables.
Será la fiscalía de Delitos Ambientales la que determine responsabilidades y penalidades ante el vertido que se interceptó “in fraganti” en la zona urbana de Plottier, dijo el gerente del Ente de Desarrollo (EDEP), Marcos García.
Recordó que todos los residuos detectados en el camión que alcanzó a descargar bolsas en el suelo, deben tener tratamiento especial para su deposición final. El remito del chofer del transporte Crexell decía que su carga venía de Fortín de Piedra y que el generador sería TecPetrol.
Además de la intervención judicial, se involucró en el operativo a la secretaría de Medio Ambiente provincial, que fiscaliza el transporte de residuos contaminantes o peligrosos.
“Afortunadamente el vecino llamó en el momento en que se producía el hecho, se pudo registrar todo, avisar a los funcionarios y las entidades de Medio Ambiente que están encargadas de que esto no suceda y a quienes tienen que investigar lo que pasó”, dijo García.
García tiene a su cargo el área de Medio Ambiente de Plottier. En el momento en que un transporte dejó en un terreno bolsas de arena de las que se usan en los pozos petroleros, con restos de otros recipientes y barros de hidrocarburos, el vecino Víctor Olmedo activó la alarma con un certero llamado a las áreas de Defensa Civil y de Medio Ambiente de la comuna para frenar la situación.
Según explicó el gerente del EDEP, en el lugar constataron unos 9 metros cúbicos de bolsas de arena que adentro tenían otros envases, depositadas en un área residencial en las afueras de la localidad.
Específicamente a unos 1.500 metros a la salida oeste de la ciudad desde la Ruta 22 en dirección a Senillosa, un transporte dejó en el sector una montaña de bolsas.
“Algunos de los envases tenían etiquetas de que eran propiedad de Halliburton y el remito del chofer era de transportes Crexell, que venía de Fortín de Piedra; así es que se llamó a estas firmas el sábado por la tarde”, agregó García.
Explicó que luego la firma Crexell levantó el residuo y dispuso de los servicios de un camión Vactor para hacer el saneamiento del terreno, es decir, absorber la primera capa de tierra que pudo haber estado en contacto con las bolsas vacías que contenían residuos contaminantes.
“Algunos envases decían producto tóxico, cancerígeno e irritante, la mayor parte eran envases vacíos, aunque había restos de lo que podrían ser barros o similar. Lo importante es que reconocieron que eran de ellos, se lo llevaron y realizaron el saneamiento”, dijo García.
Por su parte la empresa Crexell informó que “el manejo de estos residuos ‘no contaminantes’ ha sido realizado por el transportista y por dos empleados de esta empresa sin la autorización de la misma” y que “tal hecho no resulta de responsabilidad de Tecpetrol, ni de Halliburton ni tampoco de Transportes Crexell, siendo el obrar de terceras personas”. Añadió que lo está investigando.
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Asbesto en el Subte: piden citar a funcionarios
Por la contaminación de asbesto en el Subte, piden citar a funcionarios de Sbase y el gobierno
Fecha de Publicación: 31/08/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Según los diputados de la izquierda, "la empresa Metrovías S.A. ha reconocido la presencia de asbesto en el subte" y, además "admitió en un comunicado público que varios trabajadores de la línea B, del taller Rancagua, ya padecen de afecciones en su salud producto del asbesto".
A raíz de la "presencia" del material cancerígeno conocido como asbesto en formaciones del Subte y la detección de "afecciones en la salud" en los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento, los diputados del Frente de Izquierda presentaron cuatro iniciativas en las que solicitan, entre otros puntos, la citación de funcionarios de Sbase y del Gobierno porteño a la Legislatura.
En ese sentido, los representantes de los partidos que integran el FIT afirmaron que "de 100 trabajadores que fueron sometidos a estudios médicos, al menos en 5 se detectó afecciones a su salud producto de la presencia de asbesto en su cuerpo".
La candidata a diputada nacional , Myriam Bregman (PTS-FIT),presentó un proyecto de pedido de informes y declarar, al mismo tiempo, la "Emergencia en Salud Laboral en el ámbito del Subterráneo de Buenos Aires".
Se busca así "garantizar todos los recursos técnicos, a costa de la empresa y el Estado, para que puedan realizarse los estudios médicos necesarios a la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras a fin de determinar si tienen afecciones debido a la presencia de asbesto en las formaciones del conjunto de las líneas de subte y Premetro".
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Fecha de Publicación: 31/08/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: CABA
Según los diputados de la izquierda, "la empresa Metrovías S.A. ha reconocido la presencia de asbesto en el subte" y, además "admitió en un comunicado público que varios trabajadores de la línea B, del taller Rancagua, ya padecen de afecciones en su salud producto del asbesto".
A raíz de la "presencia" del material cancerígeno conocido como asbesto en formaciones del Subte y la detección de "afecciones en la salud" en los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento, los diputados del Frente de Izquierda presentaron cuatro iniciativas en las que solicitan, entre otros puntos, la citación de funcionarios de Sbase y del Gobierno porteño a la Legislatura.
En ese sentido, los representantes de los partidos que integran el FIT afirmaron que "de 100 trabajadores que fueron sometidos a estudios médicos, al menos en 5 se detectó afecciones a su salud producto de la presencia de asbesto en su cuerpo".
La candidata a diputada nacional , Myriam Bregman (PTS-FIT),presentó un proyecto de pedido de informes y declarar, al mismo tiempo, la "Emergencia en Salud Laboral en el ámbito del Subterráneo de Buenos Aires".
Se busca así "garantizar todos los recursos técnicos, a costa de la empresa y el Estado, para que puedan realizarse los estudios médicos necesarios a la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras a fin de determinar si tienen afecciones debido a la presencia de asbesto en las formaciones del conjunto de las líneas de subte y Premetro".
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Se reiteran rescates de lobos marinos enredados en basura
Rescataron a un lobo marino enmallado con una cinta de embalar: “Estaba muy herido y dolorido”
Fecha de Publicación: 30/08/2019
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Fue asistido por Fauna Argentina en la banquina del Puerto de Mar del Plata, que logró extraer el elemento que lo lastimaba.
Un lobo marino sufrió heridas de gravedad al quedar enmallado con una cinta plástica de embalar en el Puerto de Mar del Plata y logró ser rescatado por personal de la Fundación Fauna Argentina.
El hecho ocurrió durante la semana, cuando la aparición de un lobo en la banquina, visiblemente dolorido, llamó la atención y se dio aviso al personal de la Fundación, que rápidamente actuó para ayudar al animal.
Según informaron desde Fauna Argentina, el ejemplar se encontraba enmallado con una cinta plástica de embalar, uno de los tantos elementos portuarios que son indebidamente desechados en el Puerto y que, como ya ha ocurrido, terminan lastimando a los lobos marinos de la reserva.
Gracias a la pericia del técnico de la Fundación Fauna Argentina se logró extraer con éxito dicho elemento. “El ejemplar se encontraba al momento del rescate muy herido y dolorido”, expresaron al informar y lamentar lo ocurrido.
Claramente, no es la primera vez que la imagen se presenta en el Puerto de la ciudad. Sin más, el mes pasado otro lobo marino de la reserva quedó atrapado por un neumático descartado que se atoró en su cuello. Las imágenes de este ejemplar llegaron a las redes sociales de la mano de turistas y vecinos que en el marco del fin de semana largo del 9 de Julio fueron a pasear a este sector de la ciudad e inmediatamente la Fundación Fauna Argentina salió a repudiar, una vez más, a quienes ensucian y contaminan las playas y el mar, poniendo en riesgo a los animales.
Desde la Fundación Fauna Argentina, entidad que durante todo el año realiza una tarea ejemplar en cuanto al mantenimiento de la reserva de lobos y el cuidado de estos y otros animales, se vieron obligados a volver alertar sobre el riesgo que implica arrojar residuos en el mar, que terminan volviéndose trampas mortales.
Los voluntarios de esta entidad acuden en cada oportunidad que se realiza un rescate, ya que lamentablemente es recurrente que los lobos queden atrapados y se lastimen ante el descarte de desechos en lugares indebidos (sunchos, sogas, plásticos, etcétera).
Y en ese sentido, hace años concientizan a la población respecto a la real importancia de mantener limpias las playas y la costa en general y de no arrojar basura que, además de contaminar, provoca daños en la fauna.
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Fecha de Publicación: 30/08/2019
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Fue asistido por Fauna Argentina en la banquina del Puerto de Mar del Plata, que logró extraer el elemento que lo lastimaba.
Un lobo marino sufrió heridas de gravedad al quedar enmallado con una cinta plástica de embalar en el Puerto de Mar del Plata y logró ser rescatado por personal de la Fundación Fauna Argentina.
El hecho ocurrió durante la semana, cuando la aparición de un lobo en la banquina, visiblemente dolorido, llamó la atención y se dio aviso al personal de la Fundación, que rápidamente actuó para ayudar al animal.
Según informaron desde Fauna Argentina, el ejemplar se encontraba enmallado con una cinta plástica de embalar, uno de los tantos elementos portuarios que son indebidamente desechados en el Puerto y que, como ya ha ocurrido, terminan lastimando a los lobos marinos de la reserva.
Gracias a la pericia del técnico de la Fundación Fauna Argentina se logró extraer con éxito dicho elemento. “El ejemplar se encontraba al momento del rescate muy herido y dolorido”, expresaron al informar y lamentar lo ocurrido.
Claramente, no es la primera vez que la imagen se presenta en el Puerto de la ciudad. Sin más, el mes pasado otro lobo marino de la reserva quedó atrapado por un neumático descartado que se atoró en su cuello. Las imágenes de este ejemplar llegaron a las redes sociales de la mano de turistas y vecinos que en el marco del fin de semana largo del 9 de Julio fueron a pasear a este sector de la ciudad e inmediatamente la Fundación Fauna Argentina salió a repudiar, una vez más, a quienes ensucian y contaminan las playas y el mar, poniendo en riesgo a los animales.
Desde la Fundación Fauna Argentina, entidad que durante todo el año realiza una tarea ejemplar en cuanto al mantenimiento de la reserva de lobos y el cuidado de estos y otros animales, se vieron obligados a volver alertar sobre el riesgo que implica arrojar residuos en el mar, que terminan volviéndose trampas mortales.
Los voluntarios de esta entidad acuden en cada oportunidad que se realiza un rescate, ya que lamentablemente es recurrente que los lobos queden atrapados y se lastimen ante el descarte de desechos en lugares indebidos (sunchos, sogas, plásticos, etcétera).
Y en ese sentido, hace años concientizan a la población respecto a la real importancia de mantener limpias las playas y la costa en general y de no arrojar basura que, además de contaminar, provoca daños en la fauna.
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Ríos contaminados con agroquímicos en la pampa húmeda
El río pampeano más contaminado con plaguicidas está en Córdoba
Fecha de Publicación: 28/08/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La presencia de plaguicidas actuales, como la cipermetrina y también otros ya prohibidos por su alta toxicidad, como el endosulfán, hace del río Suquía la cuenca hídrica más contaminada con pesticidas de la pampa argentina.
El dato surge de una revisión realizada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La conclusión es que el río que atraviesa la ciudad de Córdoba representa un riesgo muy alto para la vida acuática.
El trabajo recopiló estudios científicos que analizaron la presencia de insecticidas y de herbicidas en 66 puntos de ríos de las provincias de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Entre Ríos en los últimos 12 años.
Con estos datos se calculó un coeficiente de riesgo; esto es, una relación entre la concentración de plaguicidas medida en los sitios y la concentración que se sabe que es tóxica para la vida acuática.
El cálculo se hizo tanto para plaguicidas de uso actual como para plaguicidas totales, es decir, incluyendo sustancias que ya están prohibidas.
De los 66 puntos, 13 presentaron un muy alto riesgo para la vida acuática si se tienen en cuenta sólo los plaguicidas actuales. La cifra sube a 22, si en la cuenta también se incluyen los productos que ya están prohibidos.
Las mediciones en el río Suquía fueron las más altas si se consideran concentraciones de plaguicidas totales. En tanto, para el río Ctalamochita, el riesgo fue medio.
Fernando Iturburu, investigador del Conicet en Mar del Plata, fue el primer autor del trabajo. Explica que los datos para el Suquía también son muy altos si sólo se tienen en cuenta los plaguicidas actuales, aunque son parecidos a los encontrados en el río Paraná y en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Valeria Ame, investigadora de Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, codirigió el trabajo de Iturburu. Asegura que los niveles detectados en el Suquía pueden ser consecuencia de la historia de uso de plaguicidas en la cuenca y que todavía están presentes compuestos de alta toxicidad ya prohibidos.
“Es esperable que con el tiempo los agroquímicos ya prohibidos vayan decayendo y por lo tanto baje el riesgo. Los nuevos plaguicidas que se incorporen, por lo general, son más amigables con el ambiente porque son más biodegradables y menos tóxicos”, explica.
Iturburu aclara que este estudio no habla de riesgo para las personas. “Si bien los seres humanos estamos en contacto con el agua y la consumimos, no somos organismos acuáticos”, detalla.
De todas formas, asegura que los datos de este estudio son una señal para profundizar las mediciones y eventualmente tomar decisiones de protección de la cuenca.
El estudio fue publicado hace algunas semanas en la revista científica Science of the Total Environment.
Las sustancias
Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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Etiquetas:
agricultura industrial,
agroquímicos,
contaminación,
Nacional,
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Gualeguaychú: monitoreo de agua de lluvia por agroquímicos
Estudian contaminación atmosférica en la lluvia por agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
El equipo técnico de la dirección de Ambiente comenzó con la instalación de recolectores de agua de lluvia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de poder evidenciar la presencia de glifosato y atrazina, plaguicidas que dominan el mercado argentino.
De acuerdo a lo que se informó, se investigará la presencia en la atmósfera de estos agroquímicos a través de la lluvia como principal fenómeno climático.
Los datos obtenidos permitirán conocer el grado de exposición a través de la lluvia de éstos herbicidas en suelos, cuerpos de agua superficiales y diferentes zonas urbanas de la ciudad.
Los primeros muestreadores de agua fueron colocados en el predio de Obras Sanitarias y en la reserva natural municipal Las Piedras.
Se detalló que la semana próxima serán colocados otros recolectores de muestras más.
Cabe destacar que la localidad, que es emblema de la lucha ambiental, pregona la necesidad de aportar a la calidad ambiental mediante buenas prácticas agroecológicas, que no utilicen estos productos.
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Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
El equipo técnico de la dirección de Ambiente comenzó con la instalación de recolectores de agua de lluvia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de poder evidenciar la presencia de glifosato y atrazina, plaguicidas que dominan el mercado argentino.
De acuerdo a lo que se informó, se investigará la presencia en la atmósfera de estos agroquímicos a través de la lluvia como principal fenómeno climático.
Los datos obtenidos permitirán conocer el grado de exposición a través de la lluvia de éstos herbicidas en suelos, cuerpos de agua superficiales y diferentes zonas urbanas de la ciudad.
Los primeros muestreadores de agua fueron colocados en el predio de Obras Sanitarias y en la reserva natural municipal Las Piedras.
Se detalló que la semana próxima serán colocados otros recolectores de muestras más.
Cabe destacar que la localidad, que es emblema de la lucha ambiental, pregona la necesidad de aportar a la calidad ambiental mediante buenas prácticas agroecológicas, que no utilicen estos productos.
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Cinco años más de emergencia para el Riachuelo
Extendieron la emergencia del Riachuelo
Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura porteña aprobó por 36 votos afirmativos y 11 abstenciones una ley por la cual se extendió por cinco años la emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de poder continuar con las tareas de saneamiento y de relocalización de los vecinos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves la Legislatura porteña sancionó una norma que establece la extensión por cinco años de la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria sobre la Cuenca Matanza Riachuelo a fin de “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras”.
Además esta normativa contempla que durante el período de la extensión de la emergencia, representantes del Poder Ejecutivo informen anualmente las acciones implementadas y avances sobre el saneamiento de la Cuenca y la relocalización de personas de zonas aledañas, entre otros puntos.
Es que esta es la segunda vez que se amplía ese plazo, dado que la aprobación inicial en 2011 contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, pero en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más que caducará en septiembre, por lo que se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “el proceso de relocalización de las familias que habitan el Camino de Sirga no ha concluido; en consecuencia, el Paseo Lineal Ribereño muestra un avance del 91%, restando la construcción del 9%, para uso y goce de todos los vecinos de nuestra Ciudad. Además, se mantiene en condiciones de limpieza todo el margen izquierdo del río desde Puente de La Noria a Cuatro Bocas”.
Asimismo remarcaron que “se encuentran en plena ejecución los tres componentes del denominado Sistema Riachuelo, que finalizado significará una enorme diferencia en la calidad del agua de la Cuenca, cuya fecha estimada de culminación está prevista para el año 2023”.
La diputada Laura Marrone (ID) fundamentó la abstención de su bloque, entre otras cosas, porque “no se recibió ningún informe y se pidió la prórroga. Tenemos información preocupante de falta de respuesta a pedidos de relocalización de vecinos. La misma debería haber terminado y según informó ACUMAR en el 2018 faltaban 900 familias todavía”.
Mientras que el diputado Gabriel Solano dijo: “El mundo está conmocionado por lo que está pasando en el Amazonas y se trata este proyecto que no podemos acompañar de ninguna manera. Cuando leemos el articulado se nos está pidiendo un encubrimiento porque se suspende la reunión informativa de octubre. Es decir que no se cumplió lo que se debía hacer y tampoco hay rendición de cuentas”.
La diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) opinó: “Nosotros queremos que se vote aparte la cláusula transitoria porque entendemos que la emergencia continúa pero consideramos que es contradictorio que el Ejecutivo no venga en octubre a dar el informe establecido por ley y se pase para abril de 2020”.
Respondiendo a las críticas la diputada Mercedes de las Casas (VJ) explicó que se decidió incluir la cláusula transitoria para que no se reitere el informe del Ejecutivo dos veces con meses de diferencia.
También chicaneó a los legisladores de la oposición recomendándoles que asistan a los informes que anualmente brinda el Ejecutivo “porque claramente no lo han hecho” y añadió: “Pedimos esta prórroga para terminar las obras y acompañar el reacomodamiento de la Cuenca para terminar de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
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Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura porteña aprobó por 36 votos afirmativos y 11 abstenciones una ley por la cual se extendió por cinco años la emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de poder continuar con las tareas de saneamiento y de relocalización de los vecinos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves la Legislatura porteña sancionó una norma que establece la extensión por cinco años de la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria sobre la Cuenca Matanza Riachuelo a fin de “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras”.
Además esta normativa contempla que durante el período de la extensión de la emergencia, representantes del Poder Ejecutivo informen anualmente las acciones implementadas y avances sobre el saneamiento de la Cuenca y la relocalización de personas de zonas aledañas, entre otros puntos.
Es que esta es la segunda vez que se amplía ese plazo, dado que la aprobación inicial en 2011 contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, pero en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más que caducará en septiembre, por lo que se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “el proceso de relocalización de las familias que habitan el Camino de Sirga no ha concluido; en consecuencia, el Paseo Lineal Ribereño muestra un avance del 91%, restando la construcción del 9%, para uso y goce de todos los vecinos de nuestra Ciudad. Además, se mantiene en condiciones de limpieza todo el margen izquierdo del río desde Puente de La Noria a Cuatro Bocas”.
Asimismo remarcaron que “se encuentran en plena ejecución los tres componentes del denominado Sistema Riachuelo, que finalizado significará una enorme diferencia en la calidad del agua de la Cuenca, cuya fecha estimada de culminación está prevista para el año 2023”.
La diputada Laura Marrone (ID) fundamentó la abstención de su bloque, entre otras cosas, porque “no se recibió ningún informe y se pidió la prórroga. Tenemos información preocupante de falta de respuesta a pedidos de relocalización de vecinos. La misma debería haber terminado y según informó ACUMAR en el 2018 faltaban 900 familias todavía”.
Mientras que el diputado Gabriel Solano dijo: “El mundo está conmocionado por lo que está pasando en el Amazonas y se trata este proyecto que no podemos acompañar de ninguna manera. Cuando leemos el articulado se nos está pidiendo un encubrimiento porque se suspende la reunión informativa de octubre. Es decir que no se cumplió lo que se debía hacer y tampoco hay rendición de cuentas”.
La diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) opinó: “Nosotros queremos que se vote aparte la cláusula transitoria porque entendemos que la emergencia continúa pero consideramos que es contradictorio que el Ejecutivo no venga en octubre a dar el informe establecido por ley y se pase para abril de 2020”.
Respondiendo a las críticas la diputada Mercedes de las Casas (VJ) explicó que se decidió incluir la cláusula transitoria para que no se reitere el informe del Ejecutivo dos veces con meses de diferencia.
También chicaneó a los legisladores de la oposición recomendándoles que asistan a los informes que anualmente brinda el Ejecutivo “porque claramente no lo han hecho” y añadió: “Pedimos esta prórroga para terminar las obras y acompañar el reacomodamiento de la Cuenca para terminar de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
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La capital cordobesa con el ruido por sobre el límite
Los niveles de ruido en la Capital, por sobre el límite
Fecha de Publicación: 22/08/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El aire está lleno de esmog y el agua huele mal. Los problemas de contaminación en la ciudad de Córdoba son palpables para sus habitantes casi a diario. Pero hay una polución que no tenemos en cuenta: el ruido.
Un mapa preliminar elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a pedido de la Municipalidad, revela que la situación en el Centro es grave.
El estudio se realizó en 54 puntos en un sector céntrico delimitado por Costanera, parque Sarmiento, Ciudad Universitaria y La Cañada. También se midió en puntos de los barrios Cofico, San Martín, General Paz, Junior, Observatorio y Alberdi. El trabajo se realizó en días laborales y en horarios diurnos.
En la mitad de los puntos, los niveles alcanzan 70 decibeles o más, principalmente en las avenidas. Los sectores más ruidosos fueron plaza España, las esquinas de Vélez Sársfield y San Martín y de Colón y General Paz, y la zona del Mercado Norte.
En las áreas peatonales se alcanzan los 65 decibeles, por lo que sigue siendo ruidoso. Mientras que en el parque Sarmiento disminuye hasta 46 decibeles. Otro sector “silencioso” es la zona de la plaza de la Intendencia y el Paseo Sobremonte.
Sebastián Coca, del Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (Cial) de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, aclara que se trata de un trabajo parcial. “Es un estudio preliminar porque falta el mapa de ruido de noche”, dice.
Además, explica que se trata de una foto, que lo recomendado sería monitorear puntos estratégicos de la ciudad las 24 horas del día y todo el año. Sin embargo, asegura que la contaminación acústica ya es un problema para la ciudad de Córdoba y que deben tomarse medidas.
Alejandra Toya, directora de Evaluación de Impacto Ambiental de la Municipalidad, remarca que se trata de un trabajo preliminar. “No se puede extender al interior de las viviendas. Y quedaron pendientes las mediciones nocturnas que tienen en cuenta, por ejemplo, el movimiento de bares y de boliches”, explica.
Culpables: los autos
La principal fuente de contaminación sonora son los vehículos. “Depende tanto de la velocidad como del comportamiento de los conductores. Un manejo violento, con más aceleraciones y bocinas, contamina más”, comenta Jorge Pérez Villalobo, del Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (Cintra) de la Facultad regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El especialista también ha realizado mapas de ruido para la ciudad de Córdoba.
“La contaminación es alta. Hay avenidas con más de 70 decibeles que pueden generar algún trastorno o estrés en los peatones y en la gente que vive en esos lugares. Algunos estudios muestran que la contaminación sonora genera un aumento en la presión arterial y es un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares”, dice.
Pero aclara que con los valores detectados aún no hay riesgo de pérdida auditiva. “Para provocar eso, deberíamos tener niveles por encima de los 85 decibeles y con una exposición de ocho horas diarias”, detalla.
Soluciones
Para los especialistas, el primer paso sería que el municipio avanzara en un monitoreo continuo del ruido en puntos clave de la ciudad.
Toya detalla que existe una propuesta para continuar con este trabajo entre el Cial y la Municipalidad a través de un subsidio de la UNC. También está en marcha una capacitación de empleados municipales a cargo del Cintra. La funcionaria espera que la próxima gestión de Martín Llaryora continúe con esta línea de trabajo.
Además, Coca entiende que otra solución sería fomentar el uso del transporte público para que circulen menos vehículos particulares.
“El Sólo Bus fue una medida que sirvió para reducir el ruido, a pesar de que no se pensó con ese objetivo”, ejemplifica.
Pérez Villalobo agrega una medida clave: la planificación urbana. “Hay que zonificar la ciudad, para limitar el tráfico en zonas residenciales y para preservar los lugares donde los ruidos son agradables, como una plaza o un parque”, comenta.
Toya destaca lo que sucede en el Polo Sanitario, una zona con mucho ruido y que debería ser más silenciosa por la presencia de hospitales. “Podría corregirse, por ejemplo, con una mejor coordinación de semáforos”, menciona.
A su vez, el arbolado urbano funciona como barrera natural del ruido de las calles, señala Coca. Y agrega: “También habría que realizar encuestas en la población, para saber qué es lo que percibe como molestias auditivas”.
Otra alternativa es bajar la velocidad de circulación y usar asfalto fonoabsorbente en las calles. “A más de 40 km/h, comienza a influir el ruido del rodamiento de vehículo en la calle. Este material reduce este ruido al igual que un descenso en la velocidad máxima permitida”, comenta Pérez Villalobo.
En la ITV se controla la contaminación sonora, pero es insuficiente
En la Inspección Técnica Vehicular (ITV) se realiza un control de ruido de los vehículos con un sonómetro y se detecta si el sistema de escape está modificado.
“Existen límites máximos, según cada vehículo. Si exceden esos valores, se les dan 60 días para que puedan solucionar el problema. Si pasan la revisión, se les da la oblea”, comenta Nicolás Molina, director técnico de Opus Inspection, concesionario de las ITV.
El problema es que, según el directivo, apenas 35 por ciento de los vehículos radicados en la Capital tienen el ITV al día. “Muchos no lo hacen porque saben que van a rebotar y no tienen dinero para pagar las reparaciones”, comenta Molina.
El directivo detalla que en julio se detectaron 91 vehículos con emisiones de ruido por encima de lo normal, y otros 87 tenían modificaciones en el sistema de escape.
Junto con la Municipalidad, también realizan controles en las calles. Remueven 30 vehículos diarios. Aunque controlan si el caño de escape es modificado, esta falta no figura entre las más frecuentes.
La ordenanza 12.208 (de 2013) indica 78 decibeles como el nivel de ruido máximo para una moto de 50 a 125 centímetros cúbicos de cilindrada; y 78 decibeles para un auto acelerado a 4.000 rpm.
“El transporte público y las motos serían los primeros vehículos por controlar”, dice Coca. Mientras que Pérez Villalobo agrega: “A veces, una moto con el caño de escape modificado y que transporta una sola persona, genera más ruido que un colectivo”.
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Fecha de Publicación: 22/08/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El aire está lleno de esmog y el agua huele mal. Los problemas de contaminación en la ciudad de Córdoba son palpables para sus habitantes casi a diario. Pero hay una polución que no tenemos en cuenta: el ruido.
Un mapa preliminar elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a pedido de la Municipalidad, revela que la situación en el Centro es grave.
El estudio se realizó en 54 puntos en un sector céntrico delimitado por Costanera, parque Sarmiento, Ciudad Universitaria y La Cañada. También se midió en puntos de los barrios Cofico, San Martín, General Paz, Junior, Observatorio y Alberdi. El trabajo se realizó en días laborales y en horarios diurnos.
En la mitad de los puntos, los niveles alcanzan 70 decibeles o más, principalmente en las avenidas. Los sectores más ruidosos fueron plaza España, las esquinas de Vélez Sársfield y San Martín y de Colón y General Paz, y la zona del Mercado Norte.
En las áreas peatonales se alcanzan los 65 decibeles, por lo que sigue siendo ruidoso. Mientras que en el parque Sarmiento disminuye hasta 46 decibeles. Otro sector “silencioso” es la zona de la plaza de la Intendencia y el Paseo Sobremonte.
Sebastián Coca, del Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (Cial) de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, aclara que se trata de un trabajo parcial. “Es un estudio preliminar porque falta el mapa de ruido de noche”, dice.
Además, explica que se trata de una foto, que lo recomendado sería monitorear puntos estratégicos de la ciudad las 24 horas del día y todo el año. Sin embargo, asegura que la contaminación acústica ya es un problema para la ciudad de Córdoba y que deben tomarse medidas.
Alejandra Toya, directora de Evaluación de Impacto Ambiental de la Municipalidad, remarca que se trata de un trabajo preliminar. “No se puede extender al interior de las viviendas. Y quedaron pendientes las mediciones nocturnas que tienen en cuenta, por ejemplo, el movimiento de bares y de boliches”, explica.
Culpables: los autos
La principal fuente de contaminación sonora son los vehículos. “Depende tanto de la velocidad como del comportamiento de los conductores. Un manejo violento, con más aceleraciones y bocinas, contamina más”, comenta Jorge Pérez Villalobo, del Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (Cintra) de la Facultad regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El especialista también ha realizado mapas de ruido para la ciudad de Córdoba.
“La contaminación es alta. Hay avenidas con más de 70 decibeles que pueden generar algún trastorno o estrés en los peatones y en la gente que vive en esos lugares. Algunos estudios muestran que la contaminación sonora genera un aumento en la presión arterial y es un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares”, dice.
Pero aclara que con los valores detectados aún no hay riesgo de pérdida auditiva. “Para provocar eso, deberíamos tener niveles por encima de los 85 decibeles y con una exposición de ocho horas diarias”, detalla.
Soluciones
Para los especialistas, el primer paso sería que el municipio avanzara en un monitoreo continuo del ruido en puntos clave de la ciudad.
Toya detalla que existe una propuesta para continuar con este trabajo entre el Cial y la Municipalidad a través de un subsidio de la UNC. También está en marcha una capacitación de empleados municipales a cargo del Cintra. La funcionaria espera que la próxima gestión de Martín Llaryora continúe con esta línea de trabajo.
Además, Coca entiende que otra solución sería fomentar el uso del transporte público para que circulen menos vehículos particulares.
“El Sólo Bus fue una medida que sirvió para reducir el ruido, a pesar de que no se pensó con ese objetivo”, ejemplifica.
Pérez Villalobo agrega una medida clave: la planificación urbana. “Hay que zonificar la ciudad, para limitar el tráfico en zonas residenciales y para preservar los lugares donde los ruidos son agradables, como una plaza o un parque”, comenta.
Toya destaca lo que sucede en el Polo Sanitario, una zona con mucho ruido y que debería ser más silenciosa por la presencia de hospitales. “Podría corregirse, por ejemplo, con una mejor coordinación de semáforos”, menciona.
A su vez, el arbolado urbano funciona como barrera natural del ruido de las calles, señala Coca. Y agrega: “También habría que realizar encuestas en la población, para saber qué es lo que percibe como molestias auditivas”.
Otra alternativa es bajar la velocidad de circulación y usar asfalto fonoabsorbente en las calles. “A más de 40 km/h, comienza a influir el ruido del rodamiento de vehículo en la calle. Este material reduce este ruido al igual que un descenso en la velocidad máxima permitida”, comenta Pérez Villalobo.
En la ITV se controla la contaminación sonora, pero es insuficiente
En la Inspección Técnica Vehicular (ITV) se realiza un control de ruido de los vehículos con un sonómetro y se detecta si el sistema de escape está modificado.
“Existen límites máximos, según cada vehículo. Si exceden esos valores, se les dan 60 días para que puedan solucionar el problema. Si pasan la revisión, se les da la oblea”, comenta Nicolás Molina, director técnico de Opus Inspection, concesionario de las ITV.
El problema es que, según el directivo, apenas 35 por ciento de los vehículos radicados en la Capital tienen el ITV al día. “Muchos no lo hacen porque saben que van a rebotar y no tienen dinero para pagar las reparaciones”, comenta Molina.
El directivo detalla que en julio se detectaron 91 vehículos con emisiones de ruido por encima de lo normal, y otros 87 tenían modificaciones en el sistema de escape.
Junto con la Municipalidad, también realizan controles en las calles. Remueven 30 vehículos diarios. Aunque controlan si el caño de escape es modificado, esta falta no figura entre las más frecuentes.
La ordenanza 12.208 (de 2013) indica 78 decibeles como el nivel de ruido máximo para una moto de 50 a 125 centímetros cúbicos de cilindrada; y 78 decibeles para un auto acelerado a 4.000 rpm.
“El transporte público y las motos serían los primeros vehículos por controlar”, dice Coca. Mientras que Pérez Villalobo agrega: “A veces, una moto con el caño de escape modificado y que transporta una sola persona, genera más ruido que un colectivo”.
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Arroyo El Gato: megadenuncia sin avances en la justicia
Vuelven a la carga por los niveles de contaminación alarmante en el Arroyo El Gato
Fecha de Publicación: 21/08/2019
Fuente: El Día (Buenos Aires)
Provincia/Región: Buenos Aires
En el Concejo Deliberante local se reiteró un pedido de informes sobre la situación actual y se solicitó un plan integral de saneamiento
Con un índice alto de la proporción de vecinos que viven en el área de influencia del Arroyo del Gato, desde el Concejo Deliberante platense vuelven a alertar por “niveles de contaminación alarmantes” en dicho curso de agua.
Concretamente, el concejal por el partido GEN, Gastón Crespo, reiteró al Ejecutivo municipal un pedido de informes sobre la situación del arroyo y acompañó la solicitud con un proyecto para llevar adelante un plan integral de saneamiento del cauce que atraviesa distintos sectores de la Ciudad.
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo, el edil precisó que “más del 55 por ciento de la población local reside en el área de influencia del Arroyo del Gato, cuyos niveles de contaminación son alarmantes e implican un altísimo riesgo sanitario para las personas y el medio ambiente”.
El Arroyo del Gato, cuyo curso, de 35 kilómetros, atraviesa las localidades de Melchor Romero, Tolosa, Ringuelet y llega hasta la ciudad vecina de Ensenada (desemboca en Río Santiago), es, desde hace tiempo, motivo de preocupación. Por parte de los vecinos, por caso, se llegó al extremo de la inquietud en mayo del año pasado, cuando desde las inmediaciones de 12 y 514 se denunció la presencia de vuelcos que tiñeron el agua de un color violeta profundo. En esa ocasión se atribuyó la procedencia del extraño líquido, que curiosamente no emanaba olores demasiado perceptibles, a una de las industrias de la zona.
Más allá de ese hecho puntual, el arroyo que surca desde el oeste al este de la Región, pasando por parte del norte platense, suele ser blanco de permanentes reclamos vecinales por el estado de sus aguas, que mostraría un grado de contaminación que se advierte a simple vista del que resultaría, asimismo, un olor nauseabundo que suele impregnar la atmósfera de toda la zona de influencia.
Hasta un ex fiscal de la Ciudad, Rubén Sarlo, presentó en 2018 una denuncia en la Justicia Federal por “violación a la ley nacional de residuos peligrosos” de los arroyos de la Región y el del Gato se encuentra incluido entre todos a los que se apuntó como “contaminados”.
Ese expediente -el 10.088-, conocido como la “megadenuncia” porque, en rigor, contiene, además de la presentación de Sarlo, otras demandas por la misma causa, y porque, además, incluye a la casi totalidad de los arroyos de la Región y a los espejos de agua que lindan con las industrias petroquímicas radicadas en Berisso y Ensenada.
Explicó Sarlo que tanto los arroyos Rodríguez, El Gato, San Carlos, Martín, Carnaval, Doña Flora, Pérez y Del Pescado, como así también los espejos de agua alrededor de la planta de YPF (Berisso y Ensenada), ex Petroquímica General Mosconi, Laguna del Aeroclub y Ex Propulsora Siderúrgica, no reciben con regularidad el tratamiento (limpieza y dragado) necesario para no correr riesgos con la calidad de agua que consumen los vecinos. “Está en juego el patrimonio de la salud de la gente”, resaltó el ex fiscal que planteó la denuncia en el juzgado Federal Nº 3, a cargo de Ernesto Kreplak.
En el caso puntual del Arroyo del Gato la situación se agrava porque se trata de un caudal que recibe volumen de otros varios cursos de agua (Rodríguez, San Carlos, Carnaval, Pescado, Martín y Pérez) y, recargado de malezas, con poco fluir de su corriente, un suelo que contiene, según algunos estudios que se han efectuado, elementos químicos y, a veces, contaminado con efluentes industriales y vuelcos cloacales, va directo al sector de Punta Lara donde se sitúa la planta potabilizadora Donato Gerardi.
“Eso es lo único que se ha hecho hasta ahora desde que presenté la denuncia: que se trabaje en la planta potabilizadora y el beneficio es para un millón de personas. Pero lo que estoy pidiendo con urgencia es que se realice un relevamiento serio para determinar qué tipos de desechos contienen los arroyos”, subrayó Sarlo.
Alteración de la cuenca
Ahora, según señaló Crespo en su presentación en el cuerpo legislativo local, una investigación realizada por la Subcomisión Ecología del Club Regatas La Plata demostró que “el principal problema del Arroyo del Gato es la alteración de la calidad de su curso de agua y su influencia sobre la población de la cuenca, que se genera a partir de la presencia de distintas fuentes contaminantes como lo son los vertidos de efluentes cloacales sin tratar o insuficientemente tratados, los vertidos de efluentes líquidos industriales, los desagües pluviales con residuos sólidos, las conexiones clandestinas de cloacas, los vuelcos clandestinos de actividades no industriales (estaciones de servicio, lubricentros, talleres de pintura), los residuos sólidos urbanos que se arrojan directamente al curso del arroyo o son arrastrados desde basurales en las márgenes del mismo y el escurrimiento superficial de agroquímicos utilizados en áreas rurales, provenientes de la cuenca superior”.
Crespo sostuvo en su presentación que “tanto a la empresa prestadora del servicio de cloacas y agua de red, ABSA, como a la recolectora de residuos CEAMSE, les cabe una gran responsabilidad frente al estado del arroyo y tendrán que dar explicaciones por sus severas consecuencias”.
Crespo afirmó que “estas complicaciones son el resultado de la falta de planificación y dejan en evidencia una gestión territorial deficiente por parte de los organismos pertinentes”, y remarcó algunas de las medidas que se podrían poner en marcha para comenzar a dar solución a este problema, tales como el traslado de las personas que viven en sus márgenes, la reubicación de fábricas y empresas, la eliminación de basurales y la aplicación de un sistema de saneamiento.
“Por todo ello, exigimos información actualizada sobre los niveles de contaminación del arroyo El Gato y sus áreas de influencia, las regulaciones y las medidas tendientes a reducir estos daños; un estudio a cargo de la UNLP sobre la potabilidad del agua en la zona abastecida por la planta potabilizadora de Punta Lara; y que ABSA informe el estado actual de la planta de depuración de efluentes cloacales ubicada en las cercanías del Mercado Regional”, explicó el concejal.
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Demuestran presencia de agroquímicos en el aire
Peligro, glifosato: hallan agroquímicos en el aire en áreas urbanas de Entre Ríos
Fecha de Publicación: 19/08/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Un estudio de la FAUBA y del INTA midió la presencia de glifosato en las partículas que desde la atmósfera se depositan en el suelo del Municipio de Oro Verde. Lo detectó en varios momentos del año, tanto en el área rural como en la ciudad. Además, se registró cómo la población percibe esta problemática
En varias localidades de la Argentina, el límite entre el espacio rural y el urbano es cada vez más difuso, ya sea por el crecimiento de las ciudades como por el avance de la actividad agrícola.
Estos procesos originaron debates sobre la producción primaria y sus impactos ambientales; entre éstos, la aplicación de agroquímicos ocupó un lugar preponderante. En este contexto, investigadores del INTA Paraná y de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizaron la presencia del herbicida glifosato en las partículas de la atmósfera que se depositan en la superficie del municipio de Oro Verde, Entre Ríos.
Lo detectaron en el campo y en el casco urbano, incluso en períodos en los que se considera poco probable que se lo aplique en campos agrícolas de la zona.
"Como en muchas localidades del país, hace algunos años, el municipio de Oro Verde comenzó a crecer y la frontera entre el área rural y la urbana se volvió difusa. Esta situación aumentó la preocupación social por los impactos de la producción agrícola. Puntualmente, los habitantes se enfocaron en los posibles efectos negativos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente", explicó Mariela Seehaus, investigadora del INTA Paraná y Magister Scientiae en Desarrollo Rural en la Escuela para Graduados 'Ing. Agrónomo Alberto Soriano' (EPG-FAUBA).
"Entre los años 2012 y 2013, los vecinos de Oro Verde realizaron movilizaciones que salieron en medios locales, provinciales y hasta en documentales. Estos reclamos derivaron en la sanción de una ordenanza municipal en el 2014 para regular el uso de agroquímicos. Se prohibieron las aplicaciones aéreas en el ejido de la localidad y se definieron distancias de restricción para las aplicaciones terrestres", contó Seehaus.
"Si bien la legislación abordó el conflicto, no resolvió los problemas. En mi trabajo de maestría relevé de qué manera la población local percibía el conflicto. También busqué determinar, como una medida indirecta de la calidad del aire, la depositación de glifosato desde la atmósfera hacia la superficie terrestre", sostuvo la investigadora, cuya tesis dirigió María Carolina Sasal, profesional del INTA Paraná, y co-dirigió María Carolina Feito, docente de la EPG-FAUBA e investigadora del Conicet.
Seehaus realizó un monitoreo de glifosato y de AMPA —el principal producto de degradación del herbicida— en 15 puntos de Oro Verde distribuidos en zonas urbanas, en barrios periurbanos y en las cercanías de lotes agrícolas. Las fechas de muestreo fueron tres: dos en las que se usa el agroquímico en la región y una que se consideró libre de aplicación en cultivos de granos. Los resultados revelaron la presencia de uno o ambos compuestos en más del 60% de los puntos, en los tres momentos de medición y en las tres áreas mencionadas.
"Estos resultados nos llevan a indagar qué otros factores influyen sobre la dinámica del glifosato y el AMPA en la atmósfera, además de la cercanía a los campos agrícolas o las fechas de aplicación en cultivos de granos. Nuestro trabajo representó un aporte valioso a los escasos estudios sobre herbicidas en la atmósfera que existen a nivel nacional e internacional y, a su vez, nos permitió vincular las mediciones realizadas con la preocupación de los habitantes sobre la contaminación del aire", afirmó Seehaus.
Escuchar a la gente para pensar soluciones
Seehaus y Sasal se contactaron con los habitantes del municipio entrerriano a fin de conocer cómo percibían los potenciales riesgos de la aplicación de agroquímicos en la zona. "En las encuestas, más del 60% de la población urbana consideró que es un problema que afecta al ambiente y, en particular, a la calidad del aire", dijo Mariela.
Asimismo, agregó que al entrevistar a aquellos vecinos que habían participado de los reclamos rescató opiniones diversas. Muchas personas consideraron que haría falta un mayor control estatal para destrabar el conflicto. Mariela también registró visiones contrapuestas respecto al grado de confianza o desconfianza en las instituciones a cargo de tratar políticamente esta cuestión.
En cuanto a las propuestas de solución, Seehaus destacó que mientras una parte de la sociedad expresó su conformidad con la legislación vigente, otra parte indicó que, además de esta medida, se deberían promover modelos de producción alternativos. De todas maneras, la gran mayoría de los consultados se manifestó a favor de planificar mucho mejor el crecimiento de la ciudad. La investigadora sugirió que para avanzar en la resolución de los problemas se deberían tener en cuenta estas percepciones.
"Esta investigación fue un estudio de caso, pero la situación también se da en muchas otras localidades de la Región Pampeana y de zonas extra-pampeanas. Hay una realidad más amplia, que es la tensión que existe cuando se encuentran próximos los usos residenciales y productivos de la tierra. Integrar la percepción de la gente con mediciones cuantitativas es imprescindible para abordar este tipo de problemáticas socio-ambientales", reflexionó.
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