Podrían acusar a los responsables de Comarsa por contaminación y afectar la salud pública

Fecha de Publicación: 15/11/2023
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La fiscalía pidió a Héctor Basilotta y Juan Manuel Luis que designen a sus abogados defensores. En el predio todavía hay montañas de tierra contaminada. El cerco perimetral se deterioró y la basura quedó completamente accesible.
La Fiscalía de Delitos Ambientales notificó a los responsables de la empresa Comarsa para que designen a sus abogados defensores. Se trata de un procedimiento previo a efectuarse alguna posible acusación. El fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid, confirmó a Minuto Neuquén que la fiscalía pretende avanzar hacia una posible formulación de cargos contra el gerente de Comarsa, Héctor Basilotta, y Juan Manuel Luis, el fundador de la empresa que administra el basural petrolero por contaminación de residuos peligrosos y poner en riesgo la salud pública.
La fiscalía inició una investigación tras la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas en el año 2020. La organización fundamentó que los responsables permitieron escalar “a niveles monumentales” el acopio de barros con hidrocarburos, aguas residuales y químicos. Breide Obeid explicó que Comarsa no tenía capacidad física para tratar la cantidad de basura contaminada que recibieron.
El representante del Ministerio Público Fiscal detalló que ante la imposibilidad de quemar los restos en los hornos, se planificó un proceso de biorremediación que consiste en la formación de hileras de tierra contaminada en forma piramidal, con químicos para llevar a cabo el proceso.

Basura contaminada con contención
La basura de Vaca Muerta es más accesible que nunca en la meseta de Neuquén. El cerco de hormigón prefabricado que delimita el predio de Comarsa no ha podido contener las enormes montañas de tierra contaminada con restos de elementos descartados de la extracción petrolera.
Las placas grises cedieron ante la presión de la tierra y cayeron al suelo. Allí, quedaron una serie de huecos que muestran la espectacular degradación ambiental, sin ningún tipo de condicionamiento. La situación se repite metro a metro, a lo largo y ancho de todo el perímetro donde se encuentran las montañas más altas de material contaminado.
Donde se produjeron los extensos orificios en la pared, no hay impedimentos que puedan separar el material acumulado y la estepa natural que rodea el predio situado en el Parque Industrial. A pocos metros del paredón degradado, se encuentra la Toma 7 de Mayo y, a unas pocas cuadras del lugar, unas máquinas preparan el terreno para una futura urbanización sobre la calle Casimiro Gómez.
Minuto Neuquén recorrió el lugar que aparenta estar en una situación de abandono, pese a que en el ingreso del predio hay personal presente. Sin embargo, en el patio trasero es muy fácil poder ingresar a las montañas que superan los dos metros de largo.
El olor que emana de la tierra mezclada con restos de polietileno es insoportable. Rápidamente penetra por las fosas nasales, como cuando utilizamos algún tipo de solvente. También es instantáneo el ardor en los ojos, pese a permanecer allí por unos pocos minutos.
Además del cerco perimetral, hay una ordenanza municipal (12912) que estableció la obligación de forestar una franja envolvente de 300 metros de ancho alrededor del predio, con riego por goteo, para amortiguar las emisiones.  

Un historial de irregularidades
El Observatorio Petrolero Sur, junto a otras organizaciones, elaboraron un informe denominado: “Comarsa: contaminación, impunidad y connivencia estatal en el basurero petrolero más grande de la Patagonia”. Allí se detalló una serie de irregularidades que se cometieron, desde que  el predio comenzó a funcionar.   
El informe de Opsur mencionó el decreto que firmó el Ejecutivo provincial, en noviembre de 2015, en donde se establece que estas instalaciones deben radicarse a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas y a cinco kilómetros de asentamientos poblacionales.  
También dispuso un plazo de dos años para que las plantas regularicen su situación: cierre, remediación y traslado. Además, determinó que el residuo no debe estar más de 90 días en las plantas tratadoras.
En Agosto de 2016, Comarsa presentó un plan de cierre de la planta. Se desarmaron las piletas y trasladaron los hornos a la planta de Añelo. Sin embargo, la empresa informó que en el predio todavía se alojan 220 mil metros cúbicos de residuos peligrosos y anunció que solicitará una extensión del plazo de cierre que vence en diciembre de 2022.  
Opsur argumentó que el plan de reducción de volumen de materia por bioremediación “es muy poco efectiva” para la zona porque el tratamiento con compuestos orgánicos está limitado a las condiciones climáticas de la región.   
En abril de 2021, la empresa reconoció ante la Comisión de Ecología del Concejo Deliberante de Neuquén que no podrá concluir sus tareas en diciembre de 2022 como estaba establecido, ni tampoco durante el año 2023.
.

Polémica ambiental: un buque prepara cañones de aire comprimido para "bombardear" el océano en busca de petróleo

Fecha de Publicación: 14/11/2023
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La semana pasada la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a la exploración de petróleo off shore en el Mar Argentino. Es un proceso de alto impacto ecológico que tendrá lugar en medio de la biodiversidad del océano a 300 kilómetros en línea recta de la costa de Mar del Plata.
Se supone que si la petrolera Noruega Equinor, en sociedad con Shell e YPF (35% cada uno), halla combustible en el subsuelo marino, entonces eso representará un negocio fenomenal para la Argentina. Aún en tiempos en que el mundo sugiere apostar por las energías renovables y no por las fósiles, el procedimiento avanza. Pero habrá un costo para la naturaleza. Para los expertos se trata de un impacto ambiental "manejable y contenido". Pero ambientalistas de todas las ideologías y vecinos de la ciudad turística denuncian que allí se cometerá un "ecocidio”.
Ese contrapunto, la confrontación de época por excelencia, desarrollo industrial versus ecología, lleva las cosas a un punto crucial. A pesar de las protestas contra “El Atlanticazo”, como lo llaman los ambientalistas, un buque dotado de alta tecnología, con bandera de Bahamas, el BGP Prospector, se encuentra en el área desde principios de octubre y prepara sus cañones de aire comprimido para llegar hasta el fondo de mar y más allá en un bloque conocido como CAN 100/ Pozo Argerich.
Le faltaba la luz verde operativa judicial y eso se logró la semana pasada. El activismo ambiental presentó amparos y medidas de todo tipo pero detener el procedimiento en la Justicia, pero la Corte entendió que al no ver “ni hechos ni sentencias consumadas” no es pertinente ningún artilugio jurídico contra el proceso.
El barco está equipado con cañones de aire comprimido, que crean ruidos a través de explosiones (entre 240 y 260 decibeles) que provocan impactos en más de 300 mil kilómetros cuadrados. El ruido que genera la explosión de un solo cañón es comparable al generado por el lanzamiento de un cohete o una explosión de dinamita submarina. Para los conservacionistas, todo lo que vive en el mar se verá afectado por estas detonaciones.
El procedimiento se ajusta al marco jurídico normativo, reconocen desde el Gobierno, interesados en que se concrete la explotación por las posibilidades económicas que implican para el país. Los estudios ambientales tienen el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, y de la Secretaría de Lucha Contra el Cambio Climático, cuya titular es Cecilia Nicolini. Los funcionarios no objetaron el desarrollo. Se limitaron a confirmar que fueron presentados y cumplimentados en tiempo y forma los estudios exigidos de impacto ambiental.
Pero la ciudadanía está en “pie de guerra”. Vecinos de Mar del Plata y ambientalistas prometen seguir dando pelea contra “El Atlanticazo”.
¿De qué se trata, concretamente? Dicen desde Greenpeace, organización que se puso a la cabeza de las protestas: “A pesar del rechazo de la población, el estado argentino y las empresas petroleras pretenden avanzar con el desarrollo de la industria offshore de hidrocarburos en el Mar Argentino. El Mar Argentino es un sector del Océano Atlántico Sudoccidental que tiene una extensión de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados. Allí ballenas, delfines, pingüinos y muchos otros animales que lo habitan están en peligro por la amenaza de una inminente actividad petrolera que incluye bombardeos sísmicos constantes que se utilizan para localizar petróleo en el fondo marino”.
Los ambientalistas creen que si la industria petrolera avanza sería una verdadera condena para las comunidades costeras y sus medios de vida. Sostienen que sería inevitable que derrames de petróleo lleguen a las playas afectando a los ecosistemas marinos, los paisajes y las economías de las ciudades. Afirman que “este proyecto no beneficia a nadie más que a las corporaciones involucradas y sólo trae destrucción”. La industria y el gobierno rechazan esta posición.
El viernes 20 de octubre, la Prefectura debió obturar el paso de un velero de Greenpeace que pretendía ingresar en el área de exploración del buque de Equinor.
“El velero Witness navegó dentro de la zona económica exclusiva argentina rumbo a aguas internacionales con el fin de documentar la biodiversidad del Mar Argentino. Durante el crucero, el 20 de octubre Prefectura le recordó a la tripulación que debía mantener distancia con el buque de prospección sísmica BGP Prospector”, dijeron desde la Organización. “La tripulación del barco se mantuvo a la distancia permitida y en ningún momento transgredió la zona de exclusión delimitada para la operación del buque sísmico”, aseguraron.
Todo indica que durante el próximo verano, así como se darán protestas ambientales mar adentro, del mismo modo sucederán movilizaciones sociales en la ciudad de balnearia. La llegada del turismo masivo y popular es leída como una oportunidad crucial para dar a conocer el tema por los activistas del ecologismo. Los veranos de 2021 y 2022 ya dieron muestras de marchas de este tipo.

La mirada de un experto de la industria
El 30% de la producción global de hidrocarburos -que su vez representa el 80% de la matriz energética primaria mundial- es off-shore. En la Argentina, el primer pozo exploratorio off-shore se realizó en 1969, mientras que la producción mar adentro comenzó en 1989 en la cuenca Austral.
Actualmente, la producción off-shore del país representa el 15% de la oferta total de gas natural local. La actual explotación en la cuenca Austral se realiza a 70 metros de profundidad y a entre 15 y 60 km de la costa de la provincia de Tierra del Fuego.
El ex ministro de energía Juan José Aranguren dice que tanto en el resto del mundo como en la Argentina la explotación off-shore “se realiza aplicando adecuadas prácticas operativas que permiten contener los riesgos de seguridad y ambientales que esta actividad productiva acarrea”.
“La inminente exploración de la cuenca Atlántica Norte (pozo Argerich-1) se realizará a 1.500 metros de profundidad y a 315 km de la costa de la provincia de Buenos Aires”, señala. Aranguren insiste en que la experiencia internacional de las compañías involucradas dan garantías suficientes de que su realización se puede concretar en "forma operacional y ambientalmente segura".
Un objetivo climático para fines de este siglo surgido del Acuerdo de París de 2015 propone “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.”
Se llama transición energética a los cambios estructurales que experimentan los sistemas energéticos a lo largo del tiempo. Para asegurar el equilibrio entre sustentabilidad, modernidad, seguridad y asequibilidad, el consenso actual indica que la transición a nuevas modos de obtener y consumir energía ocupará como mínimo entre dos y tres décadas. Al final de ese período, se supone que las energías con baja huella de carbono superarán a las de recursos fósiles y los precios de estos últimos empezarán a caer por ausencia de demanda. "Ya no se necesitarán plataformas off shore", explica Aranguren.
Pero mientras tanto, la demanda energética continuará en aumento. La población global subirá 20% de aquí a 2050. Y el producto bruto global se duplicará en el mismo período, como parte de un proceso en el que los países en vías de desarrollo (China, India, Latinoamérica, África) alcancen a los más desarrollados (USA, Canadá, Europa, Japón, Oceanía).
“Si le agregamos a este contexto, la situación particular que atraviesa nuestro país, deberíamos tratar de monetizar nuestros recursos fósiles (y así contribuir a transformar una economía en bancarrota), antes de que estos empiecen a dejar de ser demandados a nivel global”, opina Aranguren. Y cierra: “Si la exploración de la cuenca en aguas profundas resultara exitosa (existen indicios geológicos que así lo auguran), se iniciará otro proceso, el de planificar -en función del tamaño y costo del hallazgo- su potencial explotación dentro de una ventana de oportunidad que cada año que pase, irá reduciendo su tamaño”.
.

Presentan un proyecto para detectar y eliminar el asbesto en todo el país

Fecha de Publicación: 13/11/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Con el sindicato de trabajadores y trabajadoras del subte porteño a la cabeza, representantes de organizaciones gremiales y diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron un proyecto de ley para crear un "Sistema federal de gestión del asbesto". La iniciativa prevé la elaboración de un "Plan marco de gestión del asbesto" para detectar y eliminar el material cancerígeno de los lugares de trabajo de todo el país. A su vez, incorpora herramientas de seguridad laboral y de asistencia a las personas que están expuestas al asbesto o que ya enfermaron por el contacto con el material.
El proyecto fue presentado oficialmente este jueves a las 10 de la mañana en el Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de una reunión organizada por el diputado y ex ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan. Fuera del edificio del anexo, sobre Avenida Rivadavia, una pantalla mostraba la reunión a los y las trabajadoras que se acercaron al lugar. Junto a la pantalla, una bandera colgada en la boca de subte de la estación Congreso exhibía las fotos de los tres trabajadores fallecidos por exposición al asbesto: Jorge Bisquert, Jorge Pacci y Juan Palmisciano. "En el subte hay asbesto. El asbesto mata", decía la bandera.
"Este es un problema que claramente debe tenerse en cuenta porque es un problema de salud de magnitud", comenzó su exposición el diputado Gollan, encargado de ingresar el proyecto de manera oficial. "Es una sustancia que en el Siglo XX se usó durante décadas porque parecía un material maravilloso para una infinidad de usos, pero no se contempló que, con la degradación del material, se producen pequeñas partículas que vuelan por el aire y aspiramos", precisó el diputado, quien agregó que "según la OMS, hoy el material está produciendo más de 107 mil muertes anuales y afecta a millones de personas en el mundo".
Gollan remarcó que el proyecto presentado nace de la experiencia y el trabajo realizado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), que vienen llevando adelante un largo conflicto con el Gobierno porteño y la concesionaria Emova para que retiren el material cancerígeno de sus lugares de trabajo. "Nosotros todo esto lo aprendimos en el cuerpo. Los que trabajamos y nos metimos en esto vivimos mirando como con rayos X qué tiene asbesto y qué no, porque el glifosato de la ciudad es el asbesto: convivimos con él y no nos damos cuenta", sostuvo Roberto Pianelli, secretario general del AGTSyP, que cerró la presentación.
"El tema acá es entender de qué se trata esto y tener una política para sacarlo, por eso el proyecto apunta a que entendamos con qué estamos conviviendo", continuó Pianelli, que aseguró que en la AGTSyP ya registran más de 80 trabajadores afectados por el material y nueve personas con cáncer. Además de Gollan y Pianelli, de la presentación participaron el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, la secretaria de Asuntos Jurídicos de Uocra, Marta Pujadas, la subsecretaria de Medioambiente de Trabajo y Salud Laboral de la CTA, Lilian Capone, y el ingeniero experto en asbesto, Armando Chamorro.
El objetivo principal del proyecto de ley es la creación de un "Sistema federal de gestión del asbesto instalado", que estipule, primero, la elaboración de un mapeo federal de los lugares en los que se encuentra el material. Con esa información, precisa el proyecto, se conformaría un registro nacional "de orden público, único y compartido, que permita conocer la ubicación, cantidad y estado del asbesto instalado, y elaborar políticas en la materia", garantizando la confidencialidad de los datos recabados. Todo esto daría paso a la puesta en marcha de un plan de gestión de asbesto, con "diagnóstico de la situación, estrategia general y alternativas de solución propuestas para su eliminación en el territorio nacional".
La iniciativa también prevé bajar el valor máximo permitido, actualmente fijado en 0,1 fibras de asbesto por centímetro cúbico de aire. "No es un nivel seguro y la exposición a las actividades laborales que impliquen contacto con asbesto debe reducirse lo más cercano a la única dosis segura: cero fibras", advierte el proyecto, que agrega que "la evidencia científica ha demostrado que el asbesto no tiene un nivel de exposición seguro". Sin embargo, como paso previo a la eliminación total del material, la iniciativa prevé establecer un primer valor máximo de referencia que pase de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico.
Por otro lado, el proyecto busca crear un "Registro de Personas Expuestas al Asbesto", con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Registro de Agentes de Riesgo y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El registro permitiría consolidar así una vigilancia médica adecuada para las personas en riesgo, descubrir los daños a la salud del material y evaluar metodologías de prevención, de tratamiento o de rehabilitación para los ya enfermos.
La iniciativa precisa que esas disposiciones alcanzarán a trabajadores y trabajadoras de rubros que "estén expuestos a fibras de asbesto o de materiales que lo contengan": trabajos de demolición de construcciones, de desguace o desmantelamiento de elementos, de mantenimiento y reparación, de transporte, tratamiento y disposición final de residuos que contengan amianto, y de plantas de rellenos autorizados para residuos de amianto.
.

Detectan contaminación con microplásticos en aguas de dos cuencas bonaerenses

Fecha de Publicación: 09/11/2023
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El trabajo analizó además la efectividad de las plantas de tratamiento de aguas para removerlos y detectó que las instalaciones de saneamiento removieron hasta un 70% de la contaminación.
Un grupo de estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) detectó la contaminación por microplásticos en todas las muestras que tomó de arroyos y plantas de tratamiento de efluentes en aguas de las cuencas del Río Matanza-Riachuelo y del Reconquista en la provincia de Buenos Aires.
El trabajo analizó además la efectividad de las plantas de tratamiento de aguas para removerlos y detectó que las instalaciones de saneamiento removieron hasta un 70% de la contaminación, informó el sitio Sobre La Tierra (SLT-Fauba).
“Los microplásticos son plásticos de menos de 5 milímetros de diámetro. A veces se elaboran en esos tamaños, y otras, surgen cuando se degradan plásticos más grandes”, dijo Santiago Goin, egresado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Fauba.
Explicó que “desde hace más de 50 años, el plástico se produce y se usa cada vez más, y por eso, aumentó su presencia en diferentes ambientes y comenzó a provocar efectos tóxicos en los organismos que los ingieren”, y agregó que “además, se asocian con otros contaminantes, como metales pesados, y los transportan. Sin embargo, en la Argentina hay pocos estudios sobre esta problemática”.
“En la cuenca del río Matanza-Riachuelo evaluamos el estado de contaminación de muestras de agua de zonas rurales e industriales. En las 12 muestras tomadas encontramos microplásticos, y la concentración promedio fue 241 micropartículas por litro de agua”, precisó.
Las dos plantas de tratamiento de agua de las cuencas de los ríos Matanza-Riachuelo y Reconquista reciben millones de litros de efluentes domiliciarios, reducen su contaminación y luego los liberan a otros cuerpos de agua.
“En ambas los detectamos en la entrada, en los procesos intermedios y en la salida, y encontramos que los removieron entre un 50 y un 70%. Las concentraciones de microplásticos que salen de estas plantas se encuentran dentro de los valores que liberan otras plantas del mundo”, remarcó Goin.
También que en el microscopio observó una gran variedad de texturas y colores de plásticos como PVC, PET y poliéster.
“Las partículas que más vimos en todas las muestras fueron fibras plásticas textiles que provienen principalmente de la ropa. Entran en el agua cuando la lavamos y van hacia la planta de tratamiento”, subrayó.
Martha Bargiela, docente de la cátedra de Química de Inorgánica y Analítica de la Fauba y directora de la tesis de Goin, indicó que los microplásticos “se detectan en sedimentos, aguas y suelos de cuencas urbanas” y sostuvo que también se encuentran “en áreas rurales”.
“En zonas hortícolas se trabaja mucho con invernáculos, cuyos plásticos se degradan y alcanzan suelos y aguas”, ejemplificó.
La especialista destacó que “los microplásticos, al igual que otros contaminantes emergentes, no se consideran en la legislación del país”, y manifestó que “cuando llegue el momento de plantear las normativas tenemos que contar con la mayor información posible, conocer los tipos y niveles de contaminación, sus efectos tóxicos y las posibles remediaciones”.
Comentó que en cuanto a la gestión de los microplásticos, además de restringir su uso o reemplazarlos por otros materiales, a nivel global se trabaja para remediarlos.
“En particular, se plantea usar árboles para llevar adelante una fitorremediación. Algunos son capaces de retener estos contaminantes en las raíces o de absorberlos en otros tejidos”, concluyó.
.

La restauración ecológica de la Cuenca Matanza Riachuelo: el próximo objetivo de la ACUMAR

Fecha de Publicación: 06/11/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Riachuelo


La ACUMAR convocó a una audiencia pública para comenzar a pensar en la restauración ecológica de la Cuenca Matanza Riachuelo. ¿De qué se trata este proyecto?
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) convocó a una audiencia pública para promover la participación ciudadana de su próximo objetivo: la restauración ecológica de todo el ecosistema. El proyecto tiene argumentos ambientales, pero también productivos y sociales. ¿En qué consiste?
Según el documento sobre la consulta pública al que accedió a INFOCIELO, el objetivo es "incrementar la biodiversidad en toda la Cuenca". Es que a 10 años de la presentación del Plan de Saneamiento Ambiental, las autoridades de la ACUMAR reconocen que hay un "déficit sustancial en su biodiversidad" que "incide en la calidad de vida de las personas que la habitan". "Las acciones concretas y orientadas en restauración ecológica son una necesidad urgente", aseguraron.
En concreto, esto implicaría implantar vegetación autóctona para favorecer la presencia de fauna silvestre y también de funga asociada. La propuesta de la ACUMAR, que será presentada en la audiencia pública del 29 de noviembre, contempla crear viveros en los que se produzcan esas plantas nativas del espinal, la pampa y el delta del Paraná. Es decir, en paralelo a la restauración ecológica se estaría incentivando la producción agroecológica y la generación de los llamados empleos verdes.
Desde la ACUMAR estiman que el 2024 servirá para "ampliar y ajustar" el proyecto de restauración ecológico con el resultado de la audiencia pública. Posteriormente, hacia fines de ese año quedarán establecidos los objetivos y, ya en 2025, comenzarán las tareas para restaurar la ecología de toda la Cuenca Matanza Riachuelo.

Un caso testigo en Marcos Paz
Esta no es la primera vez que la ACUMAR se embarca en un proyecto de restauración ecológica. Un antecedente que destacan como exitoso es el del predio Batalla de Villamayor, ubicado en Marcos Paz, que comenzaron en diciembre de 2018.
Se trata de unas 7 hectáreas ubicadas sobre un borde del arroyo Morales, un afluente del río Matanza Riachuelo. Ahí había un basural a cielo abierto que se terminó de sanear en junio de 2018. Ese mismo año plantaron 371 especies nativas y ya hacia 2021 llegaron los primeros resultados.
Los especialistas observaron "una mejora en todas las zonas, con gran presencia en cantidad y variedad de flora y fauna". El informe realizado por dos doctoras de la Universidad Nacional de San Martín en abril de 2022, concluyó que el exbasural ya tenía 25 especies vegetales de 13 familias distintas desarrollándose. Desde el municipio, además, estiman que alcanzaron cubrir el 95 por ciento de la superficie con vegetación.
Actualmente, el predio Batalla de Villamayor es un paseo que tiene, entre otras cosas, un sendero para ciclistas de 3,5 kilómetros. De eso se tratan los proyectos de restauración ecológica: convertir un basural en un paseo natural.
.

Juzgarán nuevamente a Rocchia Ferro por delitos ambientales

Fecha de Publicación: 02/11/2023
Fuente: Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán


El TOF de Tucumán fijó para el 18 de marzo de 2024 el inicio del debate contra el empresario, en una causa por el vuelco de efluentes del ingenio Aguilares.
El industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro, condenado en Santiago del Estero por contaminar un pueblo de Jiménez con vinaza del ingenio La Florida, será juzgado nuevamente en una causa por contaminación.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán fijó para el 18 de marzo de 2024 el inicio del debate oral y público contra el empresario, acusado por delitos ambientales producto del vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento del ingenio azucarero Aguilares, el cual administraba. La decisión del tribunal se da luego de que el fiscal general Antonio Gustavo Gómez presentara una queja por retardo de justicia.
La causa, que tramitó ante la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán -entonces a cargo de Carlos Alfredo Brito-, se originó por una investigación preliminar iniciada en agosto de 2008 por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que encabeza el propio Gómez.
La pesquisa giró en torno a la presunta contaminación ambiental del ingenio Aguilares con el vuelco de efluentes líquidos al cauce del río Medina, que desemboca en el río Salí, que forma parte de la cuenca interjurisdiccional Salí-Dulce. El ingenio es explotado por la firma "Fericar SA", en la cual Rocchia Ferro se desempeñaba como director.
La causa había sido archivada por el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, decisión ratificada por la Cámara Federal de Tucumán, lo que motivó un planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La Sala III del máximo tribunal penal anuló el sobreseimiento y ordenó al juzgado profundizar la investigación. El 5 de septiembre de 2018 el juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva del empresario en orden al delito de contaminación ambiental. Luego, la fiscalía consideró completa la instrucción y el juzgado elevó a juicio las actuaciones.
Tras una serie de reprogramaciones sobre la fecha de juicio, lo que originó planteos de la defensa y del fiscal Gómez, el TOF de Tucumán dispuso que el debate se inicie el 18 de marzo de 2024 a las 9.30.
El empresario ya fue condenado por delitos ambientales. El 23 de mayo pasado, el TOF de Santiago del Estero lo condenó a Rocchia Ferro -en su calidad del presidente del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes- a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y multa de $100 mil por el delito de contaminación ambiental, y le impuso una serie de medidas de reparación integral para la comunidad de El Palomar (Jiménez). La sentencia fue recurrida por la defensa del industrial.
.

Tucumán: confirmaron el procesamiento de la representante de un frigorífico por verter afluentes en la cuenca Salí-Dulce

Fecha de Publicación: 30/10/2023
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


Los peritos establecieron que los valores de concentración para los metales plomo y cobre excedían diez veces los niveles guía admitidos para la calidad de agua.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de la presidenta de una cooperativa de trabajadores que opera un frigorífico sobre la banda del río Salí-Dulce, en esa provincia.
De este modo, las y los camaristas Marina Cossio, Marcela Moltini, Ricardo Sanjuan y Mario Rodolfo Leal -quien votó en disidencia- confirmaron el procesamiento sin prisión y el embargo de 2 millones de pesos sobre sus bienes, por considerarla autora del delito de contaminación de aguas de un modo peligroso para la salud, previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, que había sido dispuesto por el Juzgado Federal N°2 de esa ciudad. En la instancia intervino el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, quien postuló el rechazo de la presentación de la defensa de la mujer.
La investigación se originó en febrero de 2017 por la denuncia anónima presentada por una vecina de la zona ante la delegación local de la Policía Federal Argentina. En ella daba cuenta que sobre la costanera de la ciudad de La Banda del Río Salí funcionaba un matadero cuyos residuos contaminantes eran vertidos sin tratamiento al curso de agua.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, que delegó la investigación en la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Carlos Alfredo Brito. El fiscal encomendó al personal policial una serie de medidas, que incluyeron la entrevista con las y los residentes del lugar. En la pesquisa se observó la existencia de un tubo de desagüe que recorría la calle, de forma subterránea, desde el matadero hasta el río Salí, por el cual se vertían efluentes líquidos de color rojo, con olor a carne en proceso de descomposición y desperdicios de animales.
Los peritos establecieron que los valores de concentración para los metales plomo y cobre, presentes en la cámara, aguas arriba y aguas abajo, excedían diez veces los niveles guía admitidos para la calidad de agua para protección de vida acuática, de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos.
.

Ambiente lanzó la plataforma nacional de residuos costeros

Fecha de Publicación: 25/10/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


También estará prevista la visualización de la información de otros entornos como ríos, parques, lagos y el ámbito rural. Además, incorporará los resultados del Censo Provincial de Residuos Costeros.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, presentó la plataforma Censos Costeros con alcance a todo el territorio argentino.
De la presentación participó el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky quien expresó: “Esta iniciativa es muy valiosa porque nos permite tener conocimiento y actuar a nivel regional respecto de una problemática común como es la basura marina. Asimismo, demuestra, una vez más, el compromiso asumido por el Estado argentino a partir del desarrollo de una política de residuos desde un abordaje integral y federal en concordancia con la posición que venimos sosteniendo en las negociaciones para el futuro tratado de plásticos”.
En el mismo sentido, la jefa de Gabinete de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental Candela Nassi, consideró: “La creación de la plataforma es el resultado de un trabajo colaborativo con el Ministerio de Ambiente de Brasil y persigue un abordaje de la problemática de la basura marina en todo el Atlántico sur, circunstancia que tendrá lugar a partir de la incorporación de Uruguay a esta iniciativa”. Y sumó: “Contar con esta información será clave para el desarrollo de futuros programas en el marco de los objetivos trazados por nuestro país en materia de gestión de residuos y economía circular”.
Desde la página web de la cartera ambiental se puede ingresar al formulario de basura marina, que está dirigido a todas las personas y organizaciones que realicen campañas, jornadas de limpieza y recolección de residuos en diferentes puntos de la costa argentina.
Tiene el propósito de recopilar y consolidar información sobre las cantidades recolectadas y la composición de los residuos, con la intención de convertirse en una plataforma colaborativa que se enriquezca a partir de la participación activa de la sociedad.
Cabe recordar que, desde el 2016, un grupo de alrededor de 20 organizaciones ambientales realiza cada año en la provincia de Buenos Aires el Censo Provincial de Residuos Costeros, con el objetivo de hacer un seguimiento de la situación en la costa bonaerense, mediante el registro y posterior análisis de los datos obtenidos trabajando con los municipios participantes, para generar una base de información e investigación conjunta. La plataforma nacional incluirá los resultados de ese registro.
En ese marco, el director de conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Fernando Miñarro, que participó del lanzamiento, celebró la medida y expresó: “A través de la realización de los censos de residuos costeros podemos conocer cuál es la composición de la basura que llega a las costas, e identificar de qué manera es posible implementar mejoras y soluciones. Es una alegría y reconocimiento que estén incorporando estos resultados de seis años para dar inicio a esta nueva plataforma nacional, que permitirá recolectar la información de este y otros esfuerzos a lo largo de la costa Argentina”.
En sus primeras seis ediciones, esta iniciativa ha recolectado y censado 291.104 residuos en 30 localidades bonaerenses. Se cubrió una superficie aproximada de casi 4.800.000 metros cuadrados de costa. De ellos, 80 % en promedio resultaron ser plásticos.
Del lanzamiento, también participaron, de forma virtual, más de 20 organizaciones ambientales.
.

Comunidades mapuche bloquean basureros petroleros en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 20/10/2023
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Neuquén


Desde la Confederación Mapuche de Neuquén explicaron que la ocupación de las plantas de tratamientos de residuos peligrosos busca visibilizar el reclamo por el tratamiento de una ley de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas de Neuquén.
Miembros de la comunidad mapuche iniciaron este martes un bloqueo al ingreso a las plantas de tratamiento de residuos peligrosos de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta, para reclamar por el tratamiento de una ley de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas de la provincia de Neuquén.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la Confederación Mapuche exclamó: "Levantamos la voz desde el corazón de nuestro territorio, hoy denominado “Vaca Muerta” ya que la industria del fracking hasta los nombres de nuestros parajes modificó".
"Desde las primeras horas de hoy, hemos procedido a ocupar las instalaciones de las plantas de tratamientos de residuos peligrosos de la industria hidocarburífera: Indarsa, Treater, SAN (Servicios Ambientales Neuquén) y Comarsa interrumpiendo todo tipo de tareas en estos basureros petroleros", añadió.
Según explicaron desde la Confederación, el objetivo de la medida de fuerza es "llamar la atención del poder Legislativo sordo que se ha burlado de nuestra urgencia permitiendo el envenenamiento de ríos, lagos, y territorio de todos, mapuches y productores de la provincia de Neuquén y negándose a incluir en la agenda legislativa la propuesta de convertir en Ley la CONSULTA LIBRE, PREVIA INFORMADA".
La Confederación manifestó, asimismo, que la negativa les llamó la atención, dado que "es el propio gobernador (Omar) Gutiérrez quien lo elevó por nota a principios de año y ha solicitado en actos públicos su urgente tratamiento", y agregó que "las razones esgrimidas es que quien decide la agenda de la Legislatura desde hoy es el gobernador electo Rolando Figueroa".
"A nosotros nos parece un manoseo infame que un derecho que tiene tres décadas de vigencia quede en los toma y daca de los bloques de poder", lamentaron y remarcaron: "No es complejo el tema. Se debe convertir en Ley el Decreto 108 que el gobernador aprobó a principios de este mismo año".
Por último, la Comunidad exigió el "tratamiento de ley de consulta previa, la ejecución de seguros ambientales a las operadoras que incumplen y la ejecución de contratos para que se cumpla con la legislación vigente", y aseguró que mantendrán la medida de fuerza hasta ser escuchados.
.

El silencio del INTA y una nota para que continúe el proyecto sobre agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/10/2023
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Los voluntarios del proyecto Sprint se reunieron con el nuevo director y afirmaron que les respondió “no tener nada que ver con la decisión” del Consejo Directivo.
El ingreso de una nota formal dirigida a distintas autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para reclamar la continuidad de Argentina en el proyecto internacional “Sprint”, que busca estudiar y medir las cantidades de agroquímicos en el cuerpo humano y también en los ecosistemas, fue una de las últimas acciones que encararon las y los voluntarios que participaron en el muestreo tras una reciente reunión con el INTA. En ella, aseguran, el nuevo director del organismo estatal, Ariel Pereda, se comprometió a elevar su pedido aunque les planteó “no tener nada que ver” con la decisión del Consejo Directivo de posponer la difusión pública de los resultados y la participación del país en el estudio.
Ante la falta de respuestas en torno a la continuidad del proyecto “Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global” (Sprint, por sus siglas en inglés), las y los 73 voluntarios de distintos partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires (entre ellos de General Pueyrredon) que participaron del muestreo en noviembre de 2021, decidieron en las últimas semanas a partir de una reunión virtual con el organismo ingresar una nota formal dirigida al Consejo Directivo del INTA.
El estudio Sprint inició en 2020 y está pautado para desarrollarse durante un total de cinco años. Participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, país elegido y financiado por la Unión Europea por ser uno de los principales exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
Sin embargo, en julio, quienes participaron como voluntarios y voluntarias junto a distintas organizaciones en una jornada frente a la delegación local del INTA, denunciaron que el organismo estatal había “pospuesto” sin una justificación razonable la publicación de los resultados que debía realizarse el 21 de junio y que apartó del estudio a la científica Virginia Aparicio, una ingeniera agrónoma experta en la materia, a cargo del proyecto y quien debía presentar esos resultados.
Días después de esas denuncias públicas, que incluyeron la voz del colectivo Paren de Fumigarnos, investigadores y profesionales del propio organismo, el INTA ―a través de una resolución con fecha del 5 de julio― “pospuso” la participación de Argentina en el proyecto Sprint “hasta tanto no se cuente con los informes y antecedentes de los avances de las actividades efectuadas”.
Desde entonces, el reclamo de quienes participaron como voluntarios se centró en obtener algún tipo de respuesta oficial de los resultados que, si bien habían sido presentados individualmente por el organismo a cada participante, no incluyeron una explicación de qué implica tener una “mezcla” de agroquímicos en el cuerpo.
En un informe periodístico que abarca la experiencia de dos voluntarios de General Pueyrredon, Qué digital expuso que de esos resultados se desprende, a grandes rasgos y sin distinción entre zonas periurbanas y urbanas (como el centro de Mar del Plata), que las personas analizadas en Argentina tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la material fecal y hasta 86 agroquímicos diferentes en el polvo de sus hogares.

Una reunión con el nuevo director nacional del INTA
Semanas atrás, quienes participaron del Sprint fueron convocados a una reunión virtual para el 4 de septiembre en la que se presentó el nuevo director nacional del INTA, Ariel Pereda, el veterinario que asumió en reemplazo de Carlos Parera.
Allí, Aparicio presentó los resultados sobre los agroquímicos encontrados en los participantes aunque “todo fue rápido”, según expusieron las personas muestreadas. Según relató Esteban, voluntario de General Pueyrredon, Pereda “pidió disculpas por cómo se había manejado el tema aunque se excusó diciendo que el Consejo Directivo era el que había decidido suspender la participación del INTA en el proyecto Sprint“.
En esa misma línea, sostuvo que, como recién asumía, Pereda dijo que “él no tenía nada que ver con la decisión del Consejo Directivo”, y que ahora, sin un plazo de fecha estimado, esa máxima área del organismo estatal “va a tomar una decisión de si continúa con la suspensión o no“.
Con la sensación de que el nuevo director del INTA “se desentendió” y de que la reunión “fue media ‘secreta’ porque no hubo convocatoria ni a la gente de los departamentos del INTA de Balcarce”, las y los voluntarios resolvieron, en busca de alguna respuesta, ingresar una nota formal.
“En un momento de la reunión nos dijeron que querían preservarnos a nosotros, por la confidencialidad. Pero nosotros justamente lo que queremos es que se difundan los resultados. Fue un poco rara la situación y después de eso, no hubo ninguna respuesta por parte del INTA. El director se comprometió a transmitir nuestro pedido al Consejo pero no hemos tenido ninguna respuesta”, aseguró Esteban.

El ingreso de una nota formal
A raíz de ello, quienes participaron del estudio decidieron ingresar una nota formal dirigida al Consejo Directivo del INTA que es el área de “máximo nivel de decisión”, conformada por un presidente, Mariano Garmendia ―quien días atrás afirmó que los resultados del Sprint “no están prohibidos”―, y vicepresidente, Nacira Belén Muñoz, designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
El Consejo Directivo, a su vez, está integrado por un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco representantes del sector privado para “garantizar una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y estrategias globales de decisión institucional así como el control social de su accionar”.
Más allá del argumento del nuevo director nacional del INTA ante su nueva asunción, los voluntarios reparan en la responsabilidad del organismo al momento de firmar el contrato con un “consorcio de diferentes instituciones” que llevan adelante el proyecto y que “está incumpliendo”.
En ese sentido, el reclamo central apunta ahora a, por un lado, la continuidad del INTA en el proyecto Sprint por su relevancia en materia de salud pública y del desarrollo de políticas y, por el otro, a “que se hagan públicos los resultados porque es información que según el Acuerdo de Escazú, tiene que ser pública“.
“Interpretamos esta falta de respuesta como una estrategia de que va a pasar el tiempo, nadie va a decir más nada, y se va a suspender definitivamente la participación del INTA”, analizó Esteban. Además, lamentaron que las agrupaciones gremiales del campo y diferentes universidades del país que también forman parte del Consejo Directivo, hayan estado de acuerdo con la suspensión del INTA en el Sprint de manera unánime.
“Es una cosa incomprensible e imperdonable. No puede ser que haya representantes de entidades de investigación y conocimiento público que hayan votado la suspensión del proyecto. Es totalmente inaudito”, planteó Esteban.
La nota, firmada por las y los voluntarios y enviada el 23 de septiembre al Consejo Directivo y a los Consejos Regionales del INTA que “son los que aconsejan aunque el que mayor poder de decisión tiene en este caso es el de Buenos Aires Sur”, se trata de una solicitud formal para que el INTA continúe su participación en el proyecto bajo la responsabilidad de Aparicio.

Los argumentos
Al momento de hacer esa solicitud, los voluntarios se refirieron a la relevancia del estudio para generar “datos cruciales” sobre la presencia de plaguicidas, sus mezclas y concentraciones en muestras humanas, animales, vegetales y ambientes en el territorio colectivo: “La construcción colectiva de estos datos nos brinda la oportunidad de contribuir en la toma de decisiones más informadas y comprometidas para una producción agropecuaria sostenible en pos de la salud“.
Además de los equipos de investigación argentinos involucrados, hicieron hincapié en la importancia, más allá de obtener sus resultados de manera individual y privada, de la evidencia científica obtenida en el proceso de monitoreo y resultados experimentales relacionados con las mezclas y concentraciones de agroquímicos que se desarrollan el laboratorios europeos.
En ese sentido, sostienen que el proyecto Sprint forma parte de un plan global “dirigido e integrado por profesionales de gran prestigio internacional pertenecientes a institutos de investigación, universidades europeas y la FAO (por sus siglas en inglés) con laboratorios de estándares de calidad rigurosos para el procesamiento de las muestras”.
Y argumentaron que en la última reunión virtual, Pereda “manifestó su apoyo a la continuidad del Sprint y a Aparicio como investigadora responsable en Argentina” a pesar de que “explicó que no es competencia suya la participación argentina en el proyecto sino del Consejo Directivo, quien dictó la suspensión a través del voto unánime”.
Es por eso que los voluntarios consideran como “fundamento insuficiente” la explicación que el INTA dio oficialmente a la hora de suspender la participación. En ese momento, el organismo estatal aseguró que los estudios realizados excedían la “incumbencia” del INTA por “involucrar a la salud humana”, según relataron en la nota.
“Abandonar este proceso científico comprometería el trabajo que se ha realizado y la credibilidad del INTA frente a la comunidad y a futuros compromisos de financiación y cooperación internacional”, cerraron en la nota, aún sin respuesta.

Los datos presentados en Nueva York
Semanas atrás, en el marco de la novena edición de la Cumbre Científica en torno a la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, se presentaron virtualmente datos comparativos con los resultados obtenidos en Argentina. Allí, comentó Esteban en diálogo con Qué digital, en comparación a los países europeos muestreados se identificó que en Argentina hay cantidades “superiores de agrotóxicos en sangre, orina y demás”.
“La diferencia es abismal. Esos datos se difundieron públicamente días atrás. Es alarmante que el nivel de contaminación en Argentina es varias veces superior. Es una diferencia muy grande lo que están dando con los países europeos”, sostuvo.
En la cumbre científica, la investigadora Violette Geissen, coordinadora a nivel internacional del Sprint, reveló que las muestras de Argentina presentaron menos variedad de agroquímicos que las de Europa aunque mayores concentraciones de plaguicidas en el polvo de las casas de familias rurales y en la materia fecal, según publicó la agencia nacional Télam.
A pesar de que en Argentina se observaron cantidades menores de plaguicidas respecto a Europa, la investigadora reparó en que en el país se relevó una zona con pocos tipos de cultivo mientras que en Europa se contemplaron diez tipos de cultivos, entre ellos de vino, olivas y trigo.
En cuanto a las concentraciones, explicó que en Argentina fueron mayores en el suelo, el aire interior y en el agua mientras que en las plantas fueron “iguales”. Respecto a los valores en las personas, informó que los plaguicidas en la materia fecal en las muestras de Argentina fueron “mucho más altas” que las de Europa.
En concreto, el 100% de las muestras de materia fecal de Argentina arrojaron la presencia de glifosato mientras que el mismo plaguicida estuvo presente, según datos de Télam, en el 70,5% de las muestras de Europa. En Argentina, además, se encontraron altas concentraciones de fipronil sulfone en el 97,1% de las muestras contra 23,8% de las de Europa y el plaguicida lambda-Cyhalothrin en un 87% de las muestras argentinas en comparación al 15,9% en Europa.
Por otro lado, la investigadora aseguró que en las muestras argentinas de orina también se encontraron mayores concentraciones aunque la diferencia “no fue tan marcada“, algo que atribuye a que “no se metaboliza lo mismo a través de la orina” y que las altas concentraciones de agroquímicos en la materia fecal indicarían una alta exposición de los plaguicidas en Argentina.
La experta concluyó, en línea con lo que que plantean las y los voluntarios de Argentina, que más allá de las concentraciones encontradas de cada uno de los plaguicidas, la principal problemática tanto en Europa como en el país es que “se encontraron varios químicos a la vez” y que aún no existen estudios que muestren qué implica para la salud humana esas “mixturas”.
.

Condenan a seis empresas por la contaminación del arroyo Saladillo

Fecha de Publicación: 14/10/2023
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe


La jueza del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13° Nominación, Dra. Verónica Gotlieb, condenó a seis empresas lindantes con el arroyo Saladillo a adecuar sus procesos de gestión de efluentes a la legislación vigente. La resolución condena a las empresas responsables en dos aspectos: la prevención de daños ambientales y la recomposición del ecosistema para que la parte afectada del arroyo vuelva a su estado anterior.
La resolución está vinculada a la demanda civil interpuesta por la Fiscalía Extrapenal de Rosario contra empresas localizadas en el polo industrial de Villa Gobernador Gálvez que descargan sus efluentes sin tratar en un tramo del arroyo Saladillo y el zanjón de la reserva.
Bajo el precepto expreso de “quien contamina, paga”, la resolución recepta las pretensiones de la fiscalía en cuanto a condenar a las empresas en dos aspectos: de prevención de daños ambientales y de su recomposición, es decir que el ecosistema de la reserva natural y de esa parte afectada del arroyo vuelvan al estado anterior a los daños causados.
Para eso dispone un cronograma de acciones con la participación de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y la instancia y control de la ejecución de la sentencia a cargo de la Fiscalía y el Juzgado, a fin de poner en acción un programa de saneamiento costeado por las empresas que la jueza estimó contaminantes, aun cuando el fallo puede ser apelado ante la Cámara civil.
El fallo de la Dra. Gotlieb es receptiva de la progresión de los derechos ambientales en diversos aspectos, entre ellos el protagonismo de la información para los ciudadanos sobre las acciones de prevención y reparación de los daños. Además, reconoce la legitimación activa de los fiscales de la Ley 10.160 para accionar en defensa de los intereses generales en materia ambiental y la gratuidad para el acceso a la justicia como para la tramitación de procesos ambientales. Exhorta a los poderes local y provincial a instar urgente los procedimientos adecuados para el cumplimiento de la sentencia, incluso mediante la aplicación de sanciones.
.

Conflicto con la ex Botnia: Uruguay multará por un derrame tóxico a la papelera

Fecha de Publicación: 05/10/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Ambiente denunció "una infracción al plan de gestión ambiental, considerada grave".
Uruguay sancionará a la papelera finlandesa UPM (ex Botnia) por el derrame de un efluente con soda cáustica en un curso de agua, ocurrido accidentalmente en la planta de celulosa de la empresa en el centro del país, según indicaron autoridades gubernamentales.
El Ministerio de Ambiente uruguayo prevé aplicar a UPM una multa equivalente a unos 42.000 dólares “por una infracción al plan de gestión ambiental, considerada grave visto los efectos producidos sobre la fauna y la flora”.
 Gerardo Amarilla, viceministro de Ambiente de Uruguay, señaló que “se intimó además a corregir la modalidad de operación y los temas estructurales que derivaron en el derrame. También a desarrollar un seguimiento estrecho de la condición de la cañada para verificar su paulatina recuperación”.
El incidente ocurrió el pasado 16 de agosto en la planta UPM II en Paso de los Toros, ubicada a orillas del Río Negro, a unos 260 kilómetros al norte de Montevideo. “Fue en un sector de la zona de descarga de insumos de la planta, donde se registraron elevados valores de pH y se habría identificado la presencia de hidróxido de sodio en un tramo de una cañada dentro del predio industrial y de un campo lindero al sitio”, se precisó, para agregar que “el accidente no tuvo relación con la descarga de efluentes al río Negro”.
Personal del Ministerio de Ambiente inspeccionó posteriormente la zona, en la que encontró una “sensible afectación sobre la biota del arroyo Sauce”, según un informe técnico que da cuenta de efectos en la vegetación y mortandad de peces.
“Se espera que paulatinamente y de forma natural —sin intervenciones adicionales— pueda recomponerse la fauna del curso (macroinvertebrados y peces), sin perjuicio de que resulta necesario desarrollar un adecuado seguimiento para evaluar esas condiciones de recuperación”, indicó el reporte.
UPM inauguró a principios de junio su segunda megaplanta de celulosa en Uruguay, la mayor inversión en la historia del país. La primera de la empresa, que entonces era Botnia, fue instalada en 2007 en Fray Bentos, sobre el río Uruguay, limítrofe con Argentina y generando un largo conflicto.
.

Tomá mate: científicos argentinos aprovechan la yerba usada para almacenar energía y descontaminar el ambiente

Fecha de Publicación: 04/10/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Un equipo de investigadores del Conicet y la Universidad Nacional del Centro utilizan yerba mate usada para desarrollar “carbones activados” que descontaminan el suelo y el agua y “capacitores” para almacenar energía
Cada año los argentinos consumimos unas 250.000 toneladas de yerba (6,4 kg per cápita anuales, según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate). En su mayoría esa materia orgánica va a parar a la basura, o con suerte al compost para abonar plantas. ¿Por qué no darle un destino más relevante a este residuo, tan común y ligado a la idiosincrasia nacional?
Con esta idea, la ingeniera química Florencia Jerez, junto a un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Centro en Olavarría, se pusieron a estudiar cómo transformar la yerba usada en un biomaterial para almacenar energía.
“En el mundo se están desarrollando carbones activados a partir de residuos vegetales abundantes, que sirven para construir “supercapacitores”, pero nadie hasta ahora había investigado el uso de la yerba mate”, comenta Jerez. “Los supercapacitores funcionan de forma similar a una batería, pero tienen la característica de poder almacenar grandes cantidades de energía y liberarlas muy rápido, a diferencia de las pilas y baterías comunes, que almacenan la energía para liberarla en forma más lenta y constante”, explica. De hecho, los supercapacitores complementan a las baterías y alargan su vida útil, ya que permiten balancear flujos de energía intermitentes.
Para transformar la yerba usada en “carbón activado”, se la somete a altas temperaturas y luego se la “activa” con un agente químico. “Así se obtiene un material altamente poroso, capaz de almacenar energía y que además puede usarse en filtros para descontaminar suelos y cursos de agua, ya que absorbe los contaminantes”, detalla Jerez, quien desde 2019 realiza un doctorado en Ingeniería en el Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería (CIFICEN) de Olavarría, gracias a una beca del Conicet.

Una industria limpia con potencial
La demanda de supercapacitores crece en el mundo con el desarrollo de las energías renovables (como la eólica y solar), que son generalmente intermitentes. También para complementar las baterías de computadoras, celulares, autos eléctricos y robots autónomos que precisan de una alta dosis de energía rápida para encenderse, y luego su consumo se estabiliza.
La mayoría de los carbones activados para esos supercapacitores se obtienen de carbonizar madera, pero hay una tendencia a valorizar residuos vegetales para evitar la tala de bosques. En ese sentido, se está investigando también el uso de restos de poda, rastrojos de trigo, bagazo de cerveza y residuos de cáñamo (la planta del cannabis).
La yerba usada tiene la ventaja de ser muy abundante, aunque su obtención para uso industrial se dificulta si no hay una separación de residuos en origen y una recolección diferenciada. “Para hacer las pruebas piloto, nos proveemos de la yerba que se consume y se junta en la Universidad, y estamos en conversaciones con el municipio de Olavarría para hacer una recolección diferenciada”, destaca la investigadora, cuya tesis sobre el uso de yerba mate en la síntesis de carbones activados -bajo la dirección de los investigadores Gerardo Acosta, Marcela Bavio y Pamela Ramos- fue publicada este año en el Journal of Environmental Management.
La idea del equipo, que se completa con los investigadores Federico Ponce, de Olavarría, Arminda Mamaní y Fabiana Sardella de San Juan, es instalar una planta piloto y transferir la tecnología para la producción de carbón activado a alguna empresa que desee invertir en este desarrollo.
“En el país hay dos plantas de carbón activado a partir de madera que cubren solo el 20% de la demanda. El resto se debe importar. Una vez instalada la planta, el equipamiento y los procesos sirven para carbonizar distintos tipos de residuos vegetales, cambiando las temperaturas y dosis químicas”, apunta Jerez.
La investigadora participó este año de una beca de investigación en España, financiada por la Fundación Carolina y el Ministerio de Educación, donde profundizó sus conocimientos en el desarrollo de carbones activados a partir de residuos vegetales, y hoy se ilusiona con la posibilidad de abrir el juego a una industria de exportación, y a la vez tan argentina como la costumbre de tomar mate.
.

Después de 12 años, vuelve la navegación al Riachuelo

Fecha de Publicación: 03/10/2023
Fuente: Primer Plano
Provincia/Región: Riachuelo


El Juzgado Federal de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, publicó una resolución que habilita un tramo para realizar travesías turísticas. Cuáles fueron los trabajos realizados en el curso de agua para la autorización en el tramo de 200 metros comprendidos entre la desembocadura y el puente Transbordador Nicolás Avellaneda.
En un hecho histórico para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, que lleva adelante la Causa Mendoza, resolvió hacer lugar a un pedido los ministerios de turismo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, quienes solicitaron con acompañamiento de ACUMAR habilitar la navegación en un tramo de 200 metros comprendidos entre la desembocadura del Riachuelo y el puente Transbordador Nicolás Avellaneda.
“Con esta decisión entramos definitivamente en una nueva etapa del proceso de saneamiento, entendiendo que habilitar la navegación, incluso en este pequeño tramo, es un paso muy importante para recuperar la relación de la sociedad con el río, visibilizar los avances y generar conciencia para sostener su cuidado”, destacó el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella.
La prohibición de navegar el río data de 2011 cuando el entonces juzgado de instrucción de la Causa, radicado en Quilmes, declaró a la Cuenca y especialmente al cauce del río como “zona crítica de protección especial con servidumbre de paso ambiental”, suspendido provisoriamente y de manera total la navegación comercial en el curso de agua del Matanza Riachuelo, en pos de facilitar los trabajos de remoción de embarcaciones y autos hundidos, así como favorecer el libre escurrimientos de las aguas y el trabajo de limpieza del espejo de agua.
En parte del escrito, el juzgado a cargo del juez Jorge Rodríguez indica que la resolución de prohibición “fue dictada durante la primer etapa de ejecución de la presente y, a la luz del tiempo transcurrido, cabe señalar algunas circunstancias que han variado: se han retirado las embarcaciones abandonadas y hundidas, existe un servicio permanente de limpieza del espejo de agua y de la sirga, con el reciente complemento del reperfilado de arroyos que ACUMAR lleva adelante”.­
Doce años después es la propia justicia, luego de un periodo de análisis en el que ACUMAR tuvo un rol preponderante, realizando incluso en diciembre del año pasado una Audiencia Pública para conocer la opinión de la ciudadanía en relación a esta temática, quien resuelve otorgar esta concesión para llevar adelante las navegaciones comerciales que se proponen en el proyecto turístico “Paseo náutico ­Circuito turístico Quilmes­ Tigre”.
Actualmente ACUMAR retiró más de 80 embarcaciones hundidas y/o abandonadas, y 100 autos y partes de carrocería que se hallaban en el lecho del río, se retiran todos los meses cerca de 300 toneladas de residuos del espejo de agua y unas 1.500 toneladas de las riberas. Desde hace cuatro años se comenzó un trabajo de limpieza, desobstrucción y reperfilado de arroyos, que buscan recuperar el libre escurrimiento del agua tanto en el Riachuelo como en los arroyos internos.
Según se informó, fue liberado casi en su totalidad el Camino de Sirga, se comenzaron a reforestar y recuperar las riberas para el uso recreativo. Hoy del lado de Provincia la liberación del camino ribereño es del 100% y el trabajo que realizan las cooperativas locales pasó de ser de limpieza y recolección de residuos a mantenimiento y parquización. “Ciertamente el escenario ha cambiado y la justicia dio cuenta de ello en su última resolución”, expresaron desde el organismo.
La medida, que se dio a conocer en los últimos días, se propone como una excepción a la prohibición ordenada en marzo de 2011 para llevar adelante el proyecto presentado por las carteras de turismo de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires que plantean un circuito turístico náutico que unirá las costas de Tigre con la de Quilmes, pasando por varios puntos de interés, entre los que se incluyen La Boca, con el puente Transbordador Nicolás Avellaneda como epicentro de la actividad. Para este caso, la excepción comprende el tramo que va desde la desembocadura del Riachuelo, conocido como Cuatro Bocas, hasta el mismo Puente Transbordador.
“ACUMAR acompañó la propuesta de navegabilidad entendiendo su importancia para promover la recuperación territorial, cultural y económica en la Cuenca. La idea es incorporar este proyecto al que ya estamos llevando adelante entre las dos orillas de La Boca – Isla Maciel, para que el Riachuelo no sea un límite, sino un lugar de encuentro”, finalizó Sabbatella.
.

Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Fecha de Publicación: 02/10/2023
Fuente: La Vaca
Provincia/Región: Nacional


El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.
A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).
Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.
Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).
¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.
En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se incluyó a nuestro país?  Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.
Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.
Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.
El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes
Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

En los hogares
Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.
Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la  potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.
A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.
Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza
En la conferencia virtual –toda en inglés– que  duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.
Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.
Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.
El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.
Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.
“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la  investigación.   
En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada
En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.
En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
.

Tucumán: allanaron tres ingenios azucareros por posible contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 30/09/2023
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


El malestar y la denuncia de vecinos habían originado el inicio de las causas. Se tomaron muestras para los análisis.
En el marco de investigaciones realizadas por la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, fueron allanados tres ingenios azucareros por posible contaminación con residuos peligrosos en época de zafra para la refinación de azúcar y destilación de bioetanol.
Los operativos se concretaron el pasado miércoles 20 en las plantas de La Florida, de la Compañía Azucarera Los Balcanes; Leales y en la firma Bioenergía Santa Rosa SA. Habían sido solicitados por el fiscal federal, Carlos Alfredo Brito y dispuestos el juez federal subrogante, José Manuel Diaz Vélez.

Los casos
La investigación de Santa Rosa se inició con la denuncia de un particular, mientras que sobre los otros dos ingenios había en marcha una investigación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (Ufima), a cargo del fiscal federal Ramiro González.
Particularmente, en los casos de Leales y Florida los vecinos manifestaron su malestar porque el agua que circulaba por el canal de la zona, cuyos efluentes salen del ingenio, presentaba un color oscuro, era turbia y tenía olor nauseabundo. También hicieron referencia al esparcimiento de cenizas en el ambiente, manifestando su particular preocupación dado que en cercanías de estas industrias existen escuelas y centros asistenciales a los que concurre toda la comunidad, informó el sitio oficial Fiscales.gob.ar.
La fiscalía puso de relieve que, teniendo en cuenta las características de estos hechos, que pondrían en peligro tanto a la salud pública como al medio ambiente en general, y con la industria azucarera en plena época de zafra, en la que los ingenios realizan actividades de manera cíclica. Por eso, solicitó los allanamientos a fin de tomar muestras para someterlas a análisis para determinar si superaban los parámetros o límites de tolerancia establecidos por la ley 24.051, de Residuos Peligrosos, y si constituyen un peligro para la salud humana y el medio ambiente en general.
Al tratarse de industrias que tienen actividad permanente, pero de manera cíclica en determinados periodos del año, la fiscalía consideró elemental tomar las muestras de todos los efluentes líquidos de los residuos durante su proceso de producción. Así, se concretaron en este mes.
Las medidas fueron ejecutadas por personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, bajo la dirección del comisario inspector Domingo Adrián Espósito, con un equipo a su cargo que estuvo conformado por 39 agentes. También brindaron colaboración dos operadores del dron del Departamento Técnico del Cibercrimen y dos operadores de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas de la Superintendencia Federal de Técnicos de la Información y Comunicaciones de la Policía Federal Argentina, quienes se trasladaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las muestras recolectadas fueron trasladadas de inmediato hasta el Laboratorio del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, donde en el plazo de 24 horas fueron analizadas a los fines de determinar si superan los parámetros o límites de tolerancia establecidos por la ley 24051, de Residuos Peligrosos.
Empresarios consultados confirmaron los procedimientos oficiales y están a la espera de la continuidad del proceso judicial.
.