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Difundirán informes del monitoreo a Botnia-UPM
08:00 | 
Publicado por
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Argentina y Uruguay acordarían difundir los 65 informes del monitoreo a Botnia-UPM
Fecha de Publicación: 13/10/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El diario uruguayo El País, informó que Argentina y Uruguay habrían acordado difundir los 65 informes acumulados sobre el monitoreo que se realiza en la planta de Botnia-UPM.
El largo artículo que firma la periodista Valentina Giménez, indica que “con el cambio de gobierno, la CARU alcanzó un acuerdo para publicar los informes que indican si UPM contamina o no, y ultiman detalles para hacer un "monitoreo integral" del cauce compartido”.
“Después de más de cinco años y tras la acumulación de 65 informes de monitoreo de la calidad de agua alrededor de la planta de celulosa UPM, el cambio de gobierno en Argentina facilitó que se lograra un acuerdo con Uruguay para publicar, en forma retroactiva y con conclusiones avaladas por los dos países, los documentos que indican si la pastera cumple o no con los requisitos medioambientales”, expresa la nota.
“Este es solo uno de los muchos temas que quedaron pendientes de las administraciones pasadas, pero marca un paso clave para el avance de la agenda bilateral, coincidieron varias fuentes consultadas por El País. Además, ayudará a atar uno de los cabos sueltos que dejó el largo conflicto que llegó a la Corte Internacional de Justicia en la Haya”, agrega.
Más aún, fuentes uruguayas vinculadas a la negociación explicaron que los dos países preparan un plan de monitoreo ambiental "integral" que extenderá la medición que hoy se concentra en 30 kilómetros alrededor de la ex Botnia a todo el río de cauce compartido, incluidas zonas de influencia argentina. Es decir que no solo se tomarán muestras en áreas vinculadas a UPM. También se trabajará en otros sitios propuestos por científicos argentinos y uruguayos.
Aunque la publicación de los resultados de monitoreo y el control de todo el río forman parte de un mandato establecido por cartas reversales (notas diplomáticas), a partir del fallo que laudó el diferendo originado en 2005 por la instalación de la pastera, en los hechos las delegaciones nunca se pusieron de acuerdo —hasta ahora— en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El punto central en el que diferían eran las conclusiones de esos informes, que solo pueden hacerse públicas si existe consenso.
"Se van a publicar (los datos de monitoreo ambiental a UPM) en cuestión de semanas. Se están ordenando los resultados para ver cómo se presentan esos datos", confirmó a El País el presidente de la representación uruguaya en CARU, Gastón Silberman, quien marcó que aunque aún no se llegó al final del proceso, el cambio sustancial es que ahora están "de acuerdo las dos delegaciones".
Por su parte, el integrante de la comitiva en representación del Partido Independiente, Roberto Pérez Rodino, contó que en este momento el comité científico integrado por representantes argentinos y uruguayos se encuentra en el proceso de carga de una base de datos que será el soporte en el que se publicarán estos resultados. Con la delegación argentina anterior incluso se "bloqueaba" esta tarea.
El jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, habló de este tema en el Senado argentino la semana pasada. Ante una consulta del legislador entrerriano del opositor Frente para la Victoria, Pedro Guastavino, el jerarca informó que el comité científico "se encuentra en la etapa final de carga de datos ya validados para su pertinente publicación, de lo recabado durante todos los años de medición", informó RADIO MÁXIMA, cita que realiza el diario El País.
El director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración, Ignacio Bartesaghi, considera que “existe muy buena voluntad del gobierno argentino” y que eso se vio cuando en la primera reunión conjunta, Macri anunció la eliminación de medidas que complicaban a Uruguay. Para el analista de temas internacionales el “gran desafío” es, a partir de que se superen todos los temas pendientes, definir “cómo implementar una agenda más ambiciosa” que profundice la integración de los países.
El otro tema que importa a Uruguay y que tuvo avances en los últimos meses refiere al dragado del cauce compartido. En los últimos días de septiembre se oficializó la concesión a la empresa belga dragadora Jan de Nul, para la apertura de los pasos Montaña —ubicado entre los kilómetros 167 y 170— y Casa Blanca —ubicado en el tramo que va del kilómetro 196 al 200— del río Uruguay. Este fue el resultado de la licitación internacional a la que llamó la CARU.
El objetivo es mejorar la navegación en zonas que en la actualidad están comprometidas. Se trata de "fondos duros" que permitirían descongestionar la ruta y mejorar las posibilidades del puerto de Paysandú de recibir barcazas con mayor carga. En el período pasado esto también se había trancado.
"En Uruguay los reyes magos llegaron el 7 de enero de este año", dijo un operador portuario que prefirió no ser mencionado, cuando El País le consultó por el cambio de gobierno en Argentina y las consecuencias que eso trajo para sus negocios. El sector fue uno de los más afectados por las desavenencias que marcaron la relación entre argentinos y uruguayos durante las administraciones kirchneristas.
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Fecha de Publicación: 13/10/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Nacional
El diario uruguayo El País, informó que Argentina y Uruguay habrían acordado difundir los 65 informes acumulados sobre el monitoreo que se realiza en la planta de Botnia-UPM.
El largo artículo que firma la periodista Valentina Giménez, indica que “con el cambio de gobierno, la CARU alcanzó un acuerdo para publicar los informes que indican si UPM contamina o no, y ultiman detalles para hacer un "monitoreo integral" del cauce compartido”.
“Después de más de cinco años y tras la acumulación de 65 informes de monitoreo de la calidad de agua alrededor de la planta de celulosa UPM, el cambio de gobierno en Argentina facilitó que se lograra un acuerdo con Uruguay para publicar, en forma retroactiva y con conclusiones avaladas por los dos países, los documentos que indican si la pastera cumple o no con los requisitos medioambientales”, expresa la nota.
“Este es solo uno de los muchos temas que quedaron pendientes de las administraciones pasadas, pero marca un paso clave para el avance de la agenda bilateral, coincidieron varias fuentes consultadas por El País. Además, ayudará a atar uno de los cabos sueltos que dejó el largo conflicto que llegó a la Corte Internacional de Justicia en la Haya”, agrega.
Más aún, fuentes uruguayas vinculadas a la negociación explicaron que los dos países preparan un plan de monitoreo ambiental "integral" que extenderá la medición que hoy se concentra en 30 kilómetros alrededor de la ex Botnia a todo el río de cauce compartido, incluidas zonas de influencia argentina. Es decir que no solo se tomarán muestras en áreas vinculadas a UPM. También se trabajará en otros sitios propuestos por científicos argentinos y uruguayos.
Aunque la publicación de los resultados de monitoreo y el control de todo el río forman parte de un mandato establecido por cartas reversales (notas diplomáticas), a partir del fallo que laudó el diferendo originado en 2005 por la instalación de la pastera, en los hechos las delegaciones nunca se pusieron de acuerdo —hasta ahora— en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El punto central en el que diferían eran las conclusiones de esos informes, que solo pueden hacerse públicas si existe consenso.
"Se van a publicar (los datos de monitoreo ambiental a UPM) en cuestión de semanas. Se están ordenando los resultados para ver cómo se presentan esos datos", confirmó a El País el presidente de la representación uruguaya en CARU, Gastón Silberman, quien marcó que aunque aún no se llegó al final del proceso, el cambio sustancial es que ahora están "de acuerdo las dos delegaciones".
Por su parte, el integrante de la comitiva en representación del Partido Independiente, Roberto Pérez Rodino, contó que en este momento el comité científico integrado por representantes argentinos y uruguayos se encuentra en el proceso de carga de una base de datos que será el soporte en el que se publicarán estos resultados. Con la delegación argentina anterior incluso se "bloqueaba" esta tarea.
El jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, habló de este tema en el Senado argentino la semana pasada. Ante una consulta del legislador entrerriano del opositor Frente para la Victoria, Pedro Guastavino, el jerarca informó que el comité científico "se encuentra en la etapa final de carga de datos ya validados para su pertinente publicación, de lo recabado durante todos los años de medición", informó RADIO MÁXIMA, cita que realiza el diario El País.
El director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración, Ignacio Bartesaghi, considera que “existe muy buena voluntad del gobierno argentino” y que eso se vio cuando en la primera reunión conjunta, Macri anunció la eliminación de medidas que complicaban a Uruguay. Para el analista de temas internacionales el “gran desafío” es, a partir de que se superen todos los temas pendientes, definir “cómo implementar una agenda más ambiciosa” que profundice la integración de los países.
El otro tema que importa a Uruguay y que tuvo avances en los últimos meses refiere al dragado del cauce compartido. En los últimos días de septiembre se oficializó la concesión a la empresa belga dragadora Jan de Nul, para la apertura de los pasos Montaña —ubicado entre los kilómetros 167 y 170— y Casa Blanca —ubicado en el tramo que va del kilómetro 196 al 200— del río Uruguay. Este fue el resultado de la licitación internacional a la que llamó la CARU.
El objetivo es mejorar la navegación en zonas que en la actualidad están comprometidas. Se trata de "fondos duros" que permitirían descongestionar la ruta y mejorar las posibilidades del puerto de Paysandú de recibir barcazas con mayor carga. En el período pasado esto también se había trancado.
"En Uruguay los reyes magos llegaron el 7 de enero de este año", dijo un operador portuario que prefirió no ser mencionado, cuando El País le consultó por el cambio de gobierno en Argentina y las consecuencias que eso trajo para sus negocios. El sector fue uno de los más afectados por las desavenencias que marcaron la relación entre argentinos y uruguayos durante las administraciones kirchneristas.
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Entre Ríos y la posible exportación de madera al Uruguay
Un revés a Gualeguaychú: Entre Ríos promoverá la exportación de madera al Uruguay
Fecha de Publicación: 04/10/2016
Fuente: El Entrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobernador Gustavo Bordet elevará al Senado un proyecto de modificación de la ley que hace que Entre Ríos sea la única provincia que no puede exportar madera al Uruguay.
“Venimos promoviendo la exportación de nuestra producción porque es lo que generan divisas y más empleo. Hoy nuestro sector foresto industrial pierden competitividad ante sus pares de otras provincias y estas cuestiones hay que corregirlas”, señaló el mandatario.
“Hay una realidad que nos obliga a asumir un desafío, no mirar al costado. Como gobierno debemos tomar todas las determinaciones a nuestro alcance, para defender la actividad y a quienes trabajan en la industria forestal. Gobernar es ver la globalidad, lo que obliga a tomar medidas en beneficio del conjunto. Hoy nuestros productores hoy están generando empleo en Corrientes y no en nuestra zona por estas restricciones”, expresó.
La denominada ley de la madera fue sancionada en marzo de 2007 en pleno conflicto con el Uruguay por la instalación de la pastera Botnia (Hoy UPM) en la localidad de Fray Bentos y antes del fallo del Tribunal de la Haya. Hoy, esa herramienta legal colisiona y genera trabas en una de las principales cadenas de valor de Entre Ríos, la foresto industrial, en un contexto donde se necesita mejorar la competitividad y defender las fuentes laborales.
Los productores forestales afirman que la norma que impide la comercialización con Uruguay y atenta contra las inversiones y la generación de trabajo. Plantearon en diferentes reuniones a legisladores y funcionarios provinciales las necesidades del sector que requiere agilizar las ventas al exterior, hoy limitado por la legislación que prohibió la comercialización de rollizos con destino a la fabricación de pasta celulósica.
“Hay un pedido concreto y expreso tanto de la Asociación Forestal Argentina, que nuclea a los productores forestales de todo el país, como del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (Cedefi), y obviamente los productores que están en el sector para poder regularizar y normalizar esta situación, por eso es que en la semana próxima vamos a presentar este proyecto que venimos charlando con el senador Ángel Giano”, afirmó el gobernador
“Ya no podemos sostener una ley que perjudica claramente los intereses de la provincia, diferente sería si en las veintitrés provincias restantes existiera la misma restricción. En cambio esto genera una pérdida de competitividad enorme para el sector industrial, y hace que la mayoría de las empresas se radiquen en Corrientes y no se radiquen en la provincia de Entre Ríos”, señaló.
“Es necesario entender que hay momentos donde se planteó esta situación era razonable, pero con el tiempo transcurrido y el laudo que se realizó en La Haya no podemos sostener una restricción de esta naturaleza, que lo único que haces es retrasar procesos productivos en nuestra provincia”, aseveró el gobernador.
En ese marco, también dio cuenta Bordet de la importancia de las relaciones con Uruguay. “Nosotros nunca vimos al Uruguay como competidor y menos como un país enemigo, todo lo contrario, lo vimos integrado a la región, lo hemos, hay profundos lazos que nos unen y no solo desde lo comercial sino también desde lo cultural y desde la historia misma”.
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Fecha de Publicación: 04/10/2016
Fuente: El Entrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobernador Gustavo Bordet elevará al Senado un proyecto de modificación de la ley que hace que Entre Ríos sea la única provincia que no puede exportar madera al Uruguay.
“Venimos promoviendo la exportación de nuestra producción porque es lo que generan divisas y más empleo. Hoy nuestro sector foresto industrial pierden competitividad ante sus pares de otras provincias y estas cuestiones hay que corregirlas”, señaló el mandatario.
“Hay una realidad que nos obliga a asumir un desafío, no mirar al costado. Como gobierno debemos tomar todas las determinaciones a nuestro alcance, para defender la actividad y a quienes trabajan en la industria forestal. Gobernar es ver la globalidad, lo que obliga a tomar medidas en beneficio del conjunto. Hoy nuestros productores hoy están generando empleo en Corrientes y no en nuestra zona por estas restricciones”, expresó.
La denominada ley de la madera fue sancionada en marzo de 2007 en pleno conflicto con el Uruguay por la instalación de la pastera Botnia (Hoy UPM) en la localidad de Fray Bentos y antes del fallo del Tribunal de la Haya. Hoy, esa herramienta legal colisiona y genera trabas en una de las principales cadenas de valor de Entre Ríos, la foresto industrial, en un contexto donde se necesita mejorar la competitividad y defender las fuentes laborales.
Los productores forestales afirman que la norma que impide la comercialización con Uruguay y atenta contra las inversiones y la generación de trabajo. Plantearon en diferentes reuniones a legisladores y funcionarios provinciales las necesidades del sector que requiere agilizar las ventas al exterior, hoy limitado por la legislación que prohibió la comercialización de rollizos con destino a la fabricación de pasta celulósica.
“Hay un pedido concreto y expreso tanto de la Asociación Forestal Argentina, que nuclea a los productores forestales de todo el país, como del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (Cedefi), y obviamente los productores que están en el sector para poder regularizar y normalizar esta situación, por eso es que en la semana próxima vamos a presentar este proyecto que venimos charlando con el senador Ángel Giano”, afirmó el gobernador
“Ya no podemos sostener una ley que perjudica claramente los intereses de la provincia, diferente sería si en las veintitrés provincias restantes existiera la misma restricción. En cambio esto genera una pérdida de competitividad enorme para el sector industrial, y hace que la mayoría de las empresas se radiquen en Corrientes y no se radiquen en la provincia de Entre Ríos”, señaló.
“Es necesario entender que hay momentos donde se planteó esta situación era razonable, pero con el tiempo transcurrido y el laudo que se realizó en La Haya no podemos sostener una restricción de esta naturaleza, que lo único que haces es retrasar procesos productivos en nuestra provincia”, aseveró el gobernador.
En ese marco, también dio cuenta Bordet de la importancia de las relaciones con Uruguay. “Nosotros nunca vimos al Uruguay como competidor y menos como un país enemigo, todo lo contrario, lo vimos integrado a la región, lo hemos, hay profundos lazos que nos unen y no solo desde lo comercial sino también desde lo cultural y desde la historia misma”.
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Abren paso para remediar escombrera Cerro Amarillo
Habilitan un paso provisorio para sacar basura minera de San Juan
Fecha de Publicación: 17/09/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
El Gobierno nacional tomó una decisión inédita: habilitaron un paso fronterizo temporal para que una empresa minera chilena traslade la basura que arrojó en Argentina. Se trata de la mina Los Pelambres, en Chile, que arrojó residuos y montó una escombrera sin respetar el límite internacional, dejando toneladas de pasivos ambientales en San Juan. Por eso la minera Xtrata Pachón inició una demanda judicial y la empresa chilena debe sanear esos pasivos.
La Aduana habilitó por un año el paso "Escombrera Cerro Amarillo" con el único objeto de que por ese lugar se traslade la basura de la mina. Se trata de neumáticos de camiones y también el proceso del cierre del "botadero" de basura minera.
El paso provisorio se habilitará por un año y Gendarmería Nacional deberá controlar el lugar, ubicado en Calingasta, en la cordillera sanjuanina. "Habilítese el Paso Fronterizo "Escombrera Cerro Amarillo" en forma ocasional, por el término de 360 días a fin de que se dé cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Federal de San Juan N° 1 en el incidente de medidas cautelares de la causa "Xstrata Pachón S.A. c/ Minera Los Pelambres S.A. ", dice la resolución de la Aduana.
Los pasivos ambientales generaron una polémica intenrancional. En San Juan hubo problemas políticos debido al acuerdo firmado entre la empresa y el Gobierno (a través de Fiscalía de Estado) al que muchos catalogan como condescendiente con la empresa.
En 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, a cargo de la firma suiza Glencore. En el basural hay desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas y tiene unos 70 metros de altura. La mitad está del lado sanjuanino.
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Fecha de Publicación: 17/09/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
El Gobierno nacional tomó una decisión inédita: habilitaron un paso fronterizo temporal para que una empresa minera chilena traslade la basura que arrojó en Argentina. Se trata de la mina Los Pelambres, en Chile, que arrojó residuos y montó una escombrera sin respetar el límite internacional, dejando toneladas de pasivos ambientales en San Juan. Por eso la minera Xtrata Pachón inició una demanda judicial y la empresa chilena debe sanear esos pasivos.
La Aduana habilitó por un año el paso "Escombrera Cerro Amarillo" con el único objeto de que por ese lugar se traslade la basura de la mina. Se trata de neumáticos de camiones y también el proceso del cierre del "botadero" de basura minera.
El paso provisorio se habilitará por un año y Gendarmería Nacional deberá controlar el lugar, ubicado en Calingasta, en la cordillera sanjuanina. "Habilítese el Paso Fronterizo "Escombrera Cerro Amarillo" en forma ocasional, por el término de 360 días a fin de que se dé cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Federal de San Juan N° 1 en el incidente de medidas cautelares de la causa "Xstrata Pachón S.A. c/ Minera Los Pelambres S.A. ", dice la resolución de la Aduana.
Los pasivos ambientales generaron una polémica intenrancional. En San Juan hubo problemas políticos debido al acuerdo firmado entre la empresa y el Gobierno (a través de Fiscalía de Estado) al que muchos catalogan como condescendiente con la empresa.
En 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, a cargo de la firma suiza Glencore. En el basural hay desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas y tiene unos 70 metros de altura. La mitad está del lado sanjuanino.
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Piden monitoreos en Botnia-UPM sin aviso previo
Piaggio pidió monitoreos en Botnia-UPM sin aviso previo
Fecha de Publicación: 17/09/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
En la mañana de este miércoles, el intendente Dr. Esteban Martín Piaggio mantuvo una reunión en el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación donde planteó la posición del Estado municipal respecto al monitoreo de la planta de UPM ex Botnia.
De la reunión participaron la subsecretaria de Asuntos de América Latina y Caribe, embajadora Dra. Noemí Gómez, el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del río Uruguay, Dr. Héctor Vazón, y el vicepresidente de la delegación argentina de la CARU, embajador Eduardo Villalba.
En el encuentro el intendente Piaggio planteó la posición del gobierno municipal respecto a dos temáticas: monitoreo sobre la planta de UPM ex Botnia, y sobre la instalación de una nueva planta productora de celulosa en el país vecino. “Con la certeza de que mantendremos en alto las banderas de un ambiente sano por la salud de nuestros hijos, en la reunión de Cancillería dejamos en claro que desde nuestro gobierno proponemos que se lleve adelante un monitoreo integral a la planta de UPM ex Botnia que se haga de manera estricta; y nos oponemos a la instalación de una nueva planta en Uruguay, que genere nueva contaminación en nuestro río” explicó Piaggio.
“Desde el gobierno municipal, junto a la Asamblea Ciudadana Ambiental también esperamos y exigimos el total acatamiento del fallo de la Corte de La Haya, solicitando a la Cancillería Argentina garantizar su cumplimiento. Seguiremos día a día levantando las banderas de un ambiente sano para que nuestros hijos y las generaciones futuras puedan tener una mejor calidad de vida” remarca la nota entregada a la canciller Malcorra.
Respecto al monitoreo a la planta de UPM, la Municipalidad sostiene que “luego de examinar exhaustivamente y en profundidad la propuesta concluimos en que sólo será útil a los fines de la lucha de la comunidad de Gualeguaychú para erradicar la pastera, el Monitoreo de la planta de UPM/Botnia por parte del Comité Científico binacional de la CARU creado en 2010, dentro de la planta, cuantas veces se requiera y sin aviso previo tal como lo exige en su fallo la Corte Internacional de La Haya”.
“Hemos evaluado el plan de monitoreo general del río Uruguay y consideramos que es importante avanzar en el mismo, porque no se condice con el avance que los gualeguaychuenses esperamos de un estricto monitoreo a la planta de UPM ex Botnia” explicó el intendente Piaggio y remarcó: “Queremos que se avance en un plan de monitoreo que nunca pudo darse en estos cinco años por la oposición de la delegación uruguaya de la CARU”.
Sobre la instalación de una nueva planta productora de pasta celulosa en el río Negro, con desembocadura en el río Uruguay, la Municipalidad planteó que “con esta decisión, el gobierno uruguayo incumple una vez más el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que estableció que el conflicto no debe agravarse, recomendando no volver a actuar de mala fe, así como fue dispuesta la vigilancia integral y continua del funcionamiento de la planta de UPM/Botnia y medición de su impacto en el río Uruguay, lo que aún no fue cumplido” y que “de acuerdo a lo expresa el “Estatuto del Río Uruguay en sus artículos 7° al 13, el emprendimiento industrial, debe ser sometido para su análisis en la Comisión Administradora del Río Uruguay, quien es además quien determina si la obra es capaz de modificar la calidad de las aguas del Río Uruguay, por ser el Río Negro afluente del mismo. (30 días para su análisis) Si la CARU no llegara a un acuerdo por parte de las Delegaciones, es Argentina quien debe pedir información adicional o las que crea conveniente para determinar el impacto de la misma. (180 días para su análisis)”. Al respecto, Piaggio plantea: “El actual Presidente de la delegación Argentina ante la CARU, comunicó que si Uruguay presenta la obra en la CARU, será analizada. Esto es una posición incorrecta, es Argentina quien debe pedir información. Uruguay nunca presentará el proyecto tal como lo hizo con ENCE Y BOTNIA”.
“Desde nuestra competencia y nuestro rol de funcionarios comprometidos con esta problemática, nos situamos en la búsqueda incesante de frenar cualquier avance de contaminación ambiental y todo aquello que implique un peligro o amenaza para nuestra comunidad y sus alrededores” remarca el Presidente Municipal, que destaca: “Es por eso que solicitamos al gobierno Nacional instrumentar las acciones necesarias a través de la Cancillería, para repudiar esta decisión del gobierno uruguayo, y que desde los distintos estamentos del estado nacional se lleven adelante todas las medidas necesarias que eviten la instalación de esta nueva planta”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
En la mañana de este miércoles, el intendente Dr. Esteban Martín Piaggio mantuvo una reunión en el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación donde planteó la posición del Estado municipal respecto al monitoreo de la planta de UPM ex Botnia.
De la reunión participaron la subsecretaria de Asuntos de América Latina y Caribe, embajadora Dra. Noemí Gómez, el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del río Uruguay, Dr. Héctor Vazón, y el vicepresidente de la delegación argentina de la CARU, embajador Eduardo Villalba.
En el encuentro el intendente Piaggio planteó la posición del gobierno municipal respecto a dos temáticas: monitoreo sobre la planta de UPM ex Botnia, y sobre la instalación de una nueva planta productora de celulosa en el país vecino. “Con la certeza de que mantendremos en alto las banderas de un ambiente sano por la salud de nuestros hijos, en la reunión de Cancillería dejamos en claro que desde nuestro gobierno proponemos que se lleve adelante un monitoreo integral a la planta de UPM ex Botnia que se haga de manera estricta; y nos oponemos a la instalación de una nueva planta en Uruguay, que genere nueva contaminación en nuestro río” explicó Piaggio.
“Desde el gobierno municipal, junto a la Asamblea Ciudadana Ambiental también esperamos y exigimos el total acatamiento del fallo de la Corte de La Haya, solicitando a la Cancillería Argentina garantizar su cumplimiento. Seguiremos día a día levantando las banderas de un ambiente sano para que nuestros hijos y las generaciones futuras puedan tener una mejor calidad de vida” remarca la nota entregada a la canciller Malcorra.
Respecto al monitoreo a la planta de UPM, la Municipalidad sostiene que “luego de examinar exhaustivamente y en profundidad la propuesta concluimos en que sólo será útil a los fines de la lucha de la comunidad de Gualeguaychú para erradicar la pastera, el Monitoreo de la planta de UPM/Botnia por parte del Comité Científico binacional de la CARU creado en 2010, dentro de la planta, cuantas veces se requiera y sin aviso previo tal como lo exige en su fallo la Corte Internacional de La Haya”.
“Hemos evaluado el plan de monitoreo general del río Uruguay y consideramos que es importante avanzar en el mismo, porque no se condice con el avance que los gualeguaychuenses esperamos de un estricto monitoreo a la planta de UPM ex Botnia” explicó el intendente Piaggio y remarcó: “Queremos que se avance en un plan de monitoreo que nunca pudo darse en estos cinco años por la oposición de la delegación uruguaya de la CARU”.
Sobre la instalación de una nueva planta productora de pasta celulosa en el río Negro, con desembocadura en el río Uruguay, la Municipalidad planteó que “con esta decisión, el gobierno uruguayo incumple una vez más el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que estableció que el conflicto no debe agravarse, recomendando no volver a actuar de mala fe, así como fue dispuesta la vigilancia integral y continua del funcionamiento de la planta de UPM/Botnia y medición de su impacto en el río Uruguay, lo que aún no fue cumplido” y que “de acuerdo a lo expresa el “Estatuto del Río Uruguay en sus artículos 7° al 13, el emprendimiento industrial, debe ser sometido para su análisis en la Comisión Administradora del Río Uruguay, quien es además quien determina si la obra es capaz de modificar la calidad de las aguas del Río Uruguay, por ser el Río Negro afluente del mismo. (30 días para su análisis) Si la CARU no llegara a un acuerdo por parte de las Delegaciones, es Argentina quien debe pedir información adicional o las que crea conveniente para determinar el impacto de la misma. (180 días para su análisis)”. Al respecto, Piaggio plantea: “El actual Presidente de la delegación Argentina ante la CARU, comunicó que si Uruguay presenta la obra en la CARU, será analizada. Esto es una posición incorrecta, es Argentina quien debe pedir información. Uruguay nunca presentará el proyecto tal como lo hizo con ENCE Y BOTNIA”.
“Desde nuestra competencia y nuestro rol de funcionarios comprometidos con esta problemática, nos situamos en la búsqueda incesante de frenar cualquier avance de contaminación ambiental y todo aquello que implique un peligro o amenaza para nuestra comunidad y sus alrededores” remarca el Presidente Municipal, que destaca: “Es por eso que solicitamos al gobierno Nacional instrumentar las acciones necesarias a través de la Cancillería, para repudiar esta decisión del gobierno uruguayo, y que desde los distintos estamentos del estado nacional se lleven adelante todas las medidas necesarias que eviten la instalación de esta nueva planta”.
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Tres posibles ubicaciones para monitorear UPM Botnia
Hay tres posibles ubicaciones para trasladar la estación de monitoreo de UPM Botnia
Fecha de Publicación: 13/09/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
La Directora de Ambiente de la Municipalidad, Susana Villamonte, dijo en RADIO MAXIMA que la provincia está analizando tres ubicaciones tentativas para reubicar la estación de control atmosférico, actualmente emplazada en el Ñandubaysal y que monitorea las emisiones gaseosas de la pastera UPM Botnia.
Villamonte explicó que “el 17 de agosto último la Secretaría de Ambiente de la provincia nos pidió que buscáramos posibles localizaciones para la estación de monitoreo de aire, actualmente emplazado en la zona del Ñandubaysal. Esas ubicaciones deben estar en la zona de mayor probabilidad de ocurrencia de la pluma de UPM Botnia, es decir, la zona de mayor captación de la contaminación gaseosa que provoca la papelera instalada en Fray Bentos”.
En tal sentido, Villamonte manifestó que “el informe con las posibles localizaciones –que están ubicadas a una distancia de entre 30 y 39 kilómetros de nuestra ciudad- se entregaron en mano el pasado 30 de agosto a la Coordinadora de Control y Fiscalización de Ambiente de la provincia, Valeria Wetzel además de remitirse copias para la Secretaria de ambiente Belén Estévez y a su asesor Daniel Tomasini”.
Asimismo, detalló Villamonte, “la funcionaria Wetzel visitó las zonas de posible emplazamiento de la estación para el monitoreo de emisiones gaseosas de UPM Botnia. El primer lugar que estimamos, y que es el que más nos convence, está ubicado en un establecimiento que se conoce como ‘María Luisa’, a 30 kilómetros de Gualeguaychú, donde también está emplazada una torre del Servicio Meteorológico Nacional, el sitio cuenta con energía eléctrica pero habría que mejorar el camino para ingresar. El segundo posible emplazamiento es conocido como ‘Pesquería de Foldesi’, que es el lugar exacto donde se concentra el mayor porcentaje de la pluma de UPM Botnia. En ese lugar funcionó hace un tiempo el llamado Puesto San Basilio de la Prefectura, organismo que tendría intenciones de reactivarlo. Este lugar carece de energía eléctrica, por lo que habría que hacer un tendido y el camino tampoco es bueno. El último de los puntos posibles es la Estancia de Fiorini, que está más alejado del río que los anteriores lugares y cuenta con energía eléctrica y el camino de ingreso está en condiciones aceptables”.
Villamonte aseguró que “en la Secretaría de Ambiente de la provincia nos dijeron que no nos hicieramos problemas por el costo que demandaría hacer accesible el lugar del futuro emplazamiento de la estación de monitoreo, como así también que garantizarán que haya energía eléctrica. Respecto de la cantidad de personas que se van a encargar del equipo, el asesor Daniel Tomasini quiere definir con la CONEA la cantidad de gente necesaria porque cree que seis es un número excesivo, por lo que estamos esperando que nos concrete esa cuestión, como así también se nos confirme que solventrarán los gastos que demande la capacitación. En cuanto a la reparación que requiere el equipo, aun no está claro si será asumido por la Nación o la Provincia”, dijo la funcionaria.
Finalmente, Villamonte aseguro que en las próximas semanas la Secretaria de Ambiente, Belén Estévez definirá el lugar más conveniente y se realizarán las obras necesarias para la reinstalación de la estación de monitoreo.
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Fecha de Publicación: 13/09/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
La Directora de Ambiente de la Municipalidad, Susana Villamonte, dijo en RADIO MAXIMA que la provincia está analizando tres ubicaciones tentativas para reubicar la estación de control atmosférico, actualmente emplazada en el Ñandubaysal y que monitorea las emisiones gaseosas de la pastera UPM Botnia.
Villamonte explicó que “el 17 de agosto último la Secretaría de Ambiente de la provincia nos pidió que buscáramos posibles localizaciones para la estación de monitoreo de aire, actualmente emplazado en la zona del Ñandubaysal. Esas ubicaciones deben estar en la zona de mayor probabilidad de ocurrencia de la pluma de UPM Botnia, es decir, la zona de mayor captación de la contaminación gaseosa que provoca la papelera instalada en Fray Bentos”.
En tal sentido, Villamonte manifestó que “el informe con las posibles localizaciones –que están ubicadas a una distancia de entre 30 y 39 kilómetros de nuestra ciudad- se entregaron en mano el pasado 30 de agosto a la Coordinadora de Control y Fiscalización de Ambiente de la provincia, Valeria Wetzel además de remitirse copias para la Secretaria de ambiente Belén Estévez y a su asesor Daniel Tomasini”.
Asimismo, detalló Villamonte, “la funcionaria Wetzel visitó las zonas de posible emplazamiento de la estación para el monitoreo de emisiones gaseosas de UPM Botnia. El primer lugar que estimamos, y que es el que más nos convence, está ubicado en un establecimiento que se conoce como ‘María Luisa’, a 30 kilómetros de Gualeguaychú, donde también está emplazada una torre del Servicio Meteorológico Nacional, el sitio cuenta con energía eléctrica pero habría que mejorar el camino para ingresar. El segundo posible emplazamiento es conocido como ‘Pesquería de Foldesi’, que es el lugar exacto donde se concentra el mayor porcentaje de la pluma de UPM Botnia. En ese lugar funcionó hace un tiempo el llamado Puesto San Basilio de la Prefectura, organismo que tendría intenciones de reactivarlo. Este lugar carece de energía eléctrica, por lo que habría que hacer un tendido y el camino tampoco es bueno. El último de los puntos posibles es la Estancia de Fiorini, que está más alejado del río que los anteriores lugares y cuenta con energía eléctrica y el camino de ingreso está en condiciones aceptables”.
Villamonte aseguró que “en la Secretaría de Ambiente de la provincia nos dijeron que no nos hicieramos problemas por el costo que demandaría hacer accesible el lugar del futuro emplazamiento de la estación de monitoreo, como así también que garantizarán que haya energía eléctrica. Respecto de la cantidad de personas que se van a encargar del equipo, el asesor Daniel Tomasini quiere definir con la CONEA la cantidad de gente necesaria porque cree que seis es un número excesivo, por lo que estamos esperando que nos concrete esa cuestión, como así también se nos confirme que solventrarán los gastos que demande la capacitación. En cuanto a la reparación que requiere el equipo, aun no está claro si será asumido por la Nación o la Provincia”, dijo la funcionaria.
Finalmente, Villamonte aseguro que en las próximas semanas la Secretaria de Ambiente, Belén Estévez definirá el lugar más conveniente y se realizarán las obras necesarias para la reinstalación de la estación de monitoreo.
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Directivos de minera chilena citados por la justicia
La Justicia cita a directivos de una minera chilena por contaminar suelo argentino
Fecha de Publicación: 03/09/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El juez federal penal de San Juan, Miguel Gálvez, citó a indagatoria a tres altas autoridades de la minera chilena Pelambres, a los que imputó por el delito de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.
El juez federal penal de San Juan, Miguel Gálvez, citó a indagatoria a tres altas autoridades de la minera chilena Pelambres, a los que imputó por el delito de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas, cuando la compañía depositó escombros más allá del límite internacional, invadiendo más de 50 hectáreas en suelo argentino.
La citación es para el actual Gerente General de Minera Los Pelambres, Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, y a dos ex Gerentes Generales, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery, que deberán comparecer entre el 19 y el 21 de octubre próximo ante el juzgado sanjuanino.
Se trata del caso denunciado en 2014 por la empresa Glencore, que explota la mina sanjuanina de cobre El Pachón, porque “entre 2004 y 2011 utilizó como botadero de estériles (rocas con bajo o nulo contenido de mineral) una zona en territorio argentino”.
Según la denuncia, “la escombrera tiene 1,6 kilómetros de largo, 600 metros de ancho y 70 metros de alto y un tercio quedó dentro del emprendimiento Pachón, es decir en suelo calingastino en San Juan".
De acuerdo a la demanda, “de las características mineralógicas del material de la escombrera analizado, es posible postular que casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas” y que en la misma se detectaron “altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre”.
Incluso se habla de que hay tiradas más de 50 cubiertas de camiones fuera de ruta de grandes dimensiones, aceites, repuestos de vehículos y materiales de difícil degradación.
En el expediente se consigna que “la escombrera les fue ganando terreno a tres lagunas ubicadas a menos de 200 metros del depósito de desechos que prácticamente desaparecieron”.
En el proceso judicial del cual el año pasado se hizo parte la provincia a través del Fiscal de Estado, Guillermo De Sactis, hay una orden del juez para que Pelambres retire los desechos, que no se cumplió, y un acuerdo firmado el 28 de abril pasado de remediación del impacto ambiental, que tampoco fue cumplido hasta ahora por la minera chilena.
En función de eso, el juez Miguel Gálvez imputó a los directivos de Pelambres por contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas. La pena prevista para el delito de contaminación puede alcanzar hasta los diez años de prisión, además de millonarias multas.
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Fecha de Publicación: 03/09/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El juez federal penal de San Juan, Miguel Gálvez, citó a indagatoria a tres altas autoridades de la minera chilena Pelambres, a los que imputó por el delito de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.
El juez federal penal de San Juan, Miguel Gálvez, citó a indagatoria a tres altas autoridades de la minera chilena Pelambres, a los que imputó por el delito de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas, cuando la compañía depositó escombros más allá del límite internacional, invadiendo más de 50 hectáreas en suelo argentino.
La citación es para el actual Gerente General de Minera Los Pelambres, Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, y a dos ex Gerentes Generales, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery, que deberán comparecer entre el 19 y el 21 de octubre próximo ante el juzgado sanjuanino.
Se trata del caso denunciado en 2014 por la empresa Glencore, que explota la mina sanjuanina de cobre El Pachón, porque “entre 2004 y 2011 utilizó como botadero de estériles (rocas con bajo o nulo contenido de mineral) una zona en territorio argentino”.
Según la denuncia, “la escombrera tiene 1,6 kilómetros de largo, 600 metros de ancho y 70 metros de alto y un tercio quedó dentro del emprendimiento Pachón, es decir en suelo calingastino en San Juan".
De acuerdo a la demanda, “de las características mineralógicas del material de la escombrera analizado, es posible postular que casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas” y que en la misma se detectaron “altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre”.
Incluso se habla de que hay tiradas más de 50 cubiertas de camiones fuera de ruta de grandes dimensiones, aceites, repuestos de vehículos y materiales de difícil degradación.
En el expediente se consigna que “la escombrera les fue ganando terreno a tres lagunas ubicadas a menos de 200 metros del depósito de desechos que prácticamente desaparecieron”.
En el proceso judicial del cual el año pasado se hizo parte la provincia a través del Fiscal de Estado, Guillermo De Sactis, hay una orden del juez para que Pelambres retire los desechos, que no se cumplió, y un acuerdo firmado el 28 de abril pasado de remediación del impacto ambiental, que tampoco fue cumplido hasta ahora por la minera chilena.
En función de eso, el juez Miguel Gálvez imputó a los directivos de Pelambres por contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas. La pena prevista para el delito de contaminación puede alcanzar hasta los diez años de prisión, además de millonarias multas.
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Nueva pastera y Macri... "no van a existir inconvenientes"
Uruguay prepara la instalación de otra papelera: Macri dijo que "no van a existir inconvenientes"
Fecha de Publicación: 26/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
La instalación de la segunda planta de UPM podría suponer una inversión de 5.000 millones de dólares. Ya hubo un conflicto por otra papelera que derivó en un juicio frente a la CIJ de La Haya: en 2010 se determinó que la planta no contamina
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció la ubicación en la que se emplazaría la posible nueva planta papelera que espera albergar el país sudamericano y señaló que el mandatario argentino, Mauricio Macri, avaló la iniciativa.
La posible nueva planta de la firma finlandesa UPM se ubicaría sobre el río Negro, el cual desemboca en el Uruguay, que hace de frontera natural con Argentina.
La planta, que sería la segunda de la compañía nórdica en Uruguay y sobre la que todavía se está estudiando la viabilidad de su instalación, se ubicaría en un área de 25 kilómetros de radio en torno a la intersección con la ruta 5 y el río Negro, es decir, en el centro del país, entre los departamentos (provincias) de Durazno y Tacuarembó.
En un video publicado en la web de la Presidencia, Vázquez, que este martes se reunió con dirigentes de la compañía europea, aseguró que los vertidos serán volcados aguas abajo de la localidad de Paso de los Toros -en el departamento de Tacuarembó- y señaló que se extremarán las medidas medioambientales.
"En el día de ayer hablé personalmente con el presidente Mauricio Macri de este tema para informarlo de la eventual instalación de esta planta productora de pasta de celulosa", dijo el presidente uruguayo.
"Debo decir que la recepción que dio el señor presidente de Argentina fue excelente, fue muy buena, y hemos acordado que no van a existir inconvenientes por parte de Argentina con Uruguay por la instalación de este nuevo emprendimiento", añadió Vázquez.
Cabe destacar que el hecho de que Uruguay informe a Argentina se debe al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya después de la última crisis entre ambos países.
Las relaciones entre Uruguay y Argentina vivieron su peor momento en las últimas décadas durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010) y sus homólogos argentinos, Néstor Kirchner primero y Cristina Elisabet Kirchner después.
Esa crisis se debió a la oposición argentina a la construcción de la primera planta de celulosa de UPM en territorio uruguayo, ubicada en Fray Bentos, localidad a orillas del río Uruguay.
El conflicto derivó en un juicio frente a la CIJ de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales.
Por ese motivo, Uruguay está obligada a informar a Argentina acerca de aquellas actividades que puedan afectar al río Uruguay, lugar donde desemboca el río Negro.
"Debo recordar que hubo un litigio en La Haya por la primera planta de celulosa y en la sentencia del Tribunal de La Haya se dice que cualquier emprendimiento de estas características que Uruguay hiciera en su territorio pero en afluentes (…) al río Uruguay tenía que haber una comunicación oficial del Gobierno uruguayo al Gobierno argentino", recordó Vázquez.
La instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay podría suponer una inversión de 5.000 millones de dólares, 4.000 por parte de la empresa y el resto por parte del país suramericano, que debería financiar una serie de obras de infraestructura para que, en virtud de las condiciones de la compañía, el acuerdo se concrete.
Las obras consisten en la construcción y reparación vial (unos 220 kilómetros de rutas bituminizadas), en una conexión ferroviaria con el Puerto de Montevideo y en el reacondicionamiento del mismo.
Para la financiación de las obras se anunció la búsqueda de inversores en Europa -que participarían en distintas modalidades, como la público-privada-, y para ello se realizarán misiones tanto en España (a finales de noviembre en Galicia) como en Alemania, esta última en Hamburgo.
De concretarse el acuerdo entre UPM y el gobierno uruguayo, las obras de la nueva planta papelera comenzarían en el segundo semestre de 2018, según los planes actuales.
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Fecha de Publicación: 26/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
La instalación de la segunda planta de UPM podría suponer una inversión de 5.000 millones de dólares. Ya hubo un conflicto por otra papelera que derivó en un juicio frente a la CIJ de La Haya: en 2010 se determinó que la planta no contamina
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció la ubicación en la que se emplazaría la posible nueva planta papelera que espera albergar el país sudamericano y señaló que el mandatario argentino, Mauricio Macri, avaló la iniciativa.
La posible nueva planta de la firma finlandesa UPM se ubicaría sobre el río Negro, el cual desemboca en el Uruguay, que hace de frontera natural con Argentina.
La planta, que sería la segunda de la compañía nórdica en Uruguay y sobre la que todavía se está estudiando la viabilidad de su instalación, se ubicaría en un área de 25 kilómetros de radio en torno a la intersección con la ruta 5 y el río Negro, es decir, en el centro del país, entre los departamentos (provincias) de Durazno y Tacuarembó.
En un video publicado en la web de la Presidencia, Vázquez, que este martes se reunió con dirigentes de la compañía europea, aseguró que los vertidos serán volcados aguas abajo de la localidad de Paso de los Toros -en el departamento de Tacuarembó- y señaló que se extremarán las medidas medioambientales.
"En el día de ayer hablé personalmente con el presidente Mauricio Macri de este tema para informarlo de la eventual instalación de esta planta productora de pasta de celulosa", dijo el presidente uruguayo.
"Debo decir que la recepción que dio el señor presidente de Argentina fue excelente, fue muy buena, y hemos acordado que no van a existir inconvenientes por parte de Argentina con Uruguay por la instalación de este nuevo emprendimiento", añadió Vázquez.
Cabe destacar que el hecho de que Uruguay informe a Argentina se debe al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya después de la última crisis entre ambos países.
Las relaciones entre Uruguay y Argentina vivieron su peor momento en las últimas décadas durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010) y sus homólogos argentinos, Néstor Kirchner primero y Cristina Elisabet Kirchner después.
Esa crisis se debió a la oposición argentina a la construcción de la primera planta de celulosa de UPM en territorio uruguayo, ubicada en Fray Bentos, localidad a orillas del río Uruguay.
El conflicto derivó en un juicio frente a la CIJ de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales.
Por ese motivo, Uruguay está obligada a informar a Argentina acerca de aquellas actividades que puedan afectar al río Uruguay, lugar donde desemboca el río Negro.
"Debo recordar que hubo un litigio en La Haya por la primera planta de celulosa y en la sentencia del Tribunal de La Haya se dice que cualquier emprendimiento de estas características que Uruguay hiciera en su territorio pero en afluentes (…) al río Uruguay tenía que haber una comunicación oficial del Gobierno uruguayo al Gobierno argentino", recordó Vázquez.
La instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay podría suponer una inversión de 5.000 millones de dólares, 4.000 por parte de la empresa y el resto por parte del país suramericano, que debería financiar una serie de obras de infraestructura para que, en virtud de las condiciones de la compañía, el acuerdo se concrete.
Las obras consisten en la construcción y reparación vial (unos 220 kilómetros de rutas bituminizadas), en una conexión ferroviaria con el Puerto de Montevideo y en el reacondicionamiento del mismo.
Para la financiación de las obras se anunció la búsqueda de inversores en Europa -que participarían en distintas modalidades, como la público-privada-, y para ello se realizarán misiones tanto en España (a finales de noviembre en Galicia) como en Alemania, esta última en Hamburgo.
De concretarse el acuerdo entre UPM y el gobierno uruguayo, las obras de la nueva planta papelera comenzarían en el segundo semestre de 2018, según los planes actuales.
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Como sigue la causa "Los Pelambres"
Megabasurero minero en San Juan: resoluciones a favor y en contra de la empresa chilena que lo creó
Fecha de Publicación: 24/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Cuando parecía que el tema se enfriaba, el megabasurero minero creado por la empresa chilena Antofagasta Minerals del lado argentino de la cordillera volvió a ser noticia en varios frentes. Entre otras cosas, hubo avances judiciales, con una resolución que favoreció a la firma trasandina y otra que la perjudicó.
Según informó el Observatorio de Conflictos Mineros, hace unos días, la Justicia Federal de San Juan rechazó un planteo de Los Pelambres, que alegó que los tribunales argentinos no tienen jurisdicción para actuar en la causa por supuesta contaminación.
La clave del rechazo está en las fechas. La empresa notificó a las autoridades de su país en septiembre de 2011 que cinco meses antes, en abril, se había dado cuenta que casi la mitad de las 105 hectáreas del botadero minero que había autorizado el gobierno chileno en su mina Los Pelambres estaban en suelo argentino. Aún así, un informe técnico elaborado por la consultora sanjuanina URS AECOM concluyó que la minera siguió depositando neumáticos gigantes y roca sin importancia comercial y potencialmente contaminante hasta enero de 2012.
La denuncia penal fue presentada en marzo del año pasado por Glencore, en cuyo yacimiento El Pachón, en Argentina, fue instalada la escombrera. La acusación tiene en la mira a los tres últimos gerentes generales de Los Pelambres: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls, a quienes la firma suiza acusó de usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo casi no había avanzado.
Por otra parte, también hay un expediente civil iniciado por Xstrata, la primera empresa que tuvo El Pachón, y continuado por Glencore, en el que buscan que Los Pelambres retire la escombrera y pague una indemnización. Allí Antofagasta Minerals se anotó una victoria al lograr una aclaración de un fallo de primera instancia por parte de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza, que incorporó la palabra "posible" antes de la expresión "contaminación ambiental", en una resolución en la que la Justicia ordenó que se designe un perito geólogo para que determine las obras necesarias para hacer cesar en forma inmediata el daño ambiental, que ahora no estaría confirmado.
En el marco de ese expediente se ordenó una medida cautelar para frenar cualquier tipo de impacto ambiental, lo que luego derivó en un acuerdo entre el gobierno de San Juan y Los Pelambres para que la escombrera sea aislada.
En su fallo, la cámara federal mendocina minimizó el peso del acuerdo. "Lo curioso es que la Justicia confirmó que el gobierno de San Juan no se presentó en la causa como una parte damnificada, sino como un mero tercero interesado", evaluó a Infobae el abogado Diego Seguí, quien alertó en su momento al Ejecutivo provincial por la presencia de la escombrera.
Mientras tanto, en San Juan, el diputado provincial César Aguilar presentó un pedido de informes -aprobado con el apoyo del oficialismo- para que el gobierno de Sergio Uñac brinde detalles del acuerdo, si se empezó a ejecutar y cuáles fueron los resultados de los monitoreos ambientales que se habrían comenzado a hacer en diciembre. Infobae solicitó esos análisis a la Universidad Nacional de San Juan, pero pese a que aclararon que son públicos, los negaron. En el gobierno provincial, en cambio, se comprometieron a entregarlos.
El acuerdo recibió muchas críticas, ya que no habla de remoción sino de aislamiento, no establece una multa o indemnización y porque limita la responsabilidad de Los Pelambres por la obra a una década a partir de su finalización. Fuentes vinculadas al Ejecutivo provincial dijeron a Infobae que los cuestionamientos cayeron como un balde de agua fría, que no los esperaban. "Podemos discutir de los glaciares, pero acá estamos seguros que hicimos lo mejor posible", aclararon.
"El acuerdo es sólo un piso. Nos aseguramos el aislamiento y el retiro de los neumáticos. Si en el terreno judicial se consigue algo mejor y se ordena que se remueva la escombrera, eso se hará. El problema es que esto va a terminar en la Corte Suprema y capaz pasen diez o quince años hasta que termine la causa. Nosotros ya conseguimos que en ese lapso no contamine", explicaron las mismas fuentes.
Aún así, otra fuente consultada por este medio aseguró que puertas adentro hay malestar en el Ejecutivo, al menos por la forma en que se comunicó el acuerdo, ya que en respuesta a una consulta de la diputada nacional Margarita Stolbizer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló que en abril la Subsecretaría para Asuntos de América Latina de la Cancillería "reiteró al gobierno de la República Chile la invitación a informar sobre cómo propone la restitución de las cosas a su estado anterior". En otras palabras, le pidió la remoción de los escombros mineros, lo que dejó en off side al gobierno provincial, que salió a anunciar con bombos y platillos que había logrado el aislamiento.
Por otra parte, según pudo averiguar Infobae, lo que sí avanza a paso firme es un sumario iniciado en el Ministerio de Minería de San Juan contra El Pachón y que es probable que termine con una multa. En el Ejecutivo provincial están convencidos de que las empresas suizas a cargo del yacimiento, primero Xstrata y después Glencore, usaron el conflicto como un instrumento de negociación, ya que Antofagasta Minerals quería comprar el proyecto. Y las dos firmas deberían haber denunciado que en los terrenos en los que tienen concesiones mineras había actividades ilegales.
En Chile también hubo repercusiones, sobre todo porque una serie de mails comprometen a la titular de Minería, Aurora Williams, quien habría encabezado una maniobra para ayudar y encubrir a Antofagasta Minerals. Se espera que se inicien acciones penales y que la ministra sea desplazada en una serie de cambios en el Gabinete que es posible que en breve anuncie la presidente Michelle Bachelet.
Además, en el Parlamento se proyecta la creación de una comisión investigadora, donde podría ser citada la ex canciller Soledad Alvear, quien ocupaba ese cargo cuando se autorizó la instalación de la escombrera y hoy no sólo es abogada de la minera, sino que además habría encabezado el entramado para lograr la ayuda estatal.
Por lo pronto, se espera que la semana próxima la empresa Hatch, a cargo de diseñar las obras de ingeniería del aislamiento, presente por tercera vez sus planes, que ya fueron rechazados en dos ocasiones por el gobierno sanjuanino.
El tema también se coló en un pedido de informes que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace presentaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Las ONG quieren saber en qué consisten las inversiones por 20 mil millones de pesos que anunció el gobierno en el sector, puesto que se presentaron proyectos en provincias en las que hay leyes anticianuro, y si parte del dinero que llegue al país será destinado a remediar el impacto por el derrame en la mina Veladero, de Barrick Gold, y la posible contaminación causada por Los Pelambres.
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Fecha de Publicación: 24/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Cuando parecía que el tema se enfriaba, el megabasurero minero creado por la empresa chilena Antofagasta Minerals del lado argentino de la cordillera volvió a ser noticia en varios frentes. Entre otras cosas, hubo avances judiciales, con una resolución que favoreció a la firma trasandina y otra que la perjudicó.
Según informó el Observatorio de Conflictos Mineros, hace unos días, la Justicia Federal de San Juan rechazó un planteo de Los Pelambres, que alegó que los tribunales argentinos no tienen jurisdicción para actuar en la causa por supuesta contaminación.
La clave del rechazo está en las fechas. La empresa notificó a las autoridades de su país en septiembre de 2011 que cinco meses antes, en abril, se había dado cuenta que casi la mitad de las 105 hectáreas del botadero minero que había autorizado el gobierno chileno en su mina Los Pelambres estaban en suelo argentino. Aún así, un informe técnico elaborado por la consultora sanjuanina URS AECOM concluyó que la minera siguió depositando neumáticos gigantes y roca sin importancia comercial y potencialmente contaminante hasta enero de 2012.
La denuncia penal fue presentada en marzo del año pasado por Glencore, en cuyo yacimiento El Pachón, en Argentina, fue instalada la escombrera. La acusación tiene en la mira a los tres últimos gerentes generales de Los Pelambres: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls, a quienes la firma suiza acusó de usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo casi no había avanzado.
Por otra parte, también hay un expediente civil iniciado por Xstrata, la primera empresa que tuvo El Pachón, y continuado por Glencore, en el que buscan que Los Pelambres retire la escombrera y pague una indemnización. Allí Antofagasta Minerals se anotó una victoria al lograr una aclaración de un fallo de primera instancia por parte de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza, que incorporó la palabra "posible" antes de la expresión "contaminación ambiental", en una resolución en la que la Justicia ordenó que se designe un perito geólogo para que determine las obras necesarias para hacer cesar en forma inmediata el daño ambiental, que ahora no estaría confirmado.
En el marco de ese expediente se ordenó una medida cautelar para frenar cualquier tipo de impacto ambiental, lo que luego derivó en un acuerdo entre el gobierno de San Juan y Los Pelambres para que la escombrera sea aislada.
En su fallo, la cámara federal mendocina minimizó el peso del acuerdo. "Lo curioso es que la Justicia confirmó que el gobierno de San Juan no se presentó en la causa como una parte damnificada, sino como un mero tercero interesado", evaluó a Infobae el abogado Diego Seguí, quien alertó en su momento al Ejecutivo provincial por la presencia de la escombrera.
Mientras tanto, en San Juan, el diputado provincial César Aguilar presentó un pedido de informes -aprobado con el apoyo del oficialismo- para que el gobierno de Sergio Uñac brinde detalles del acuerdo, si se empezó a ejecutar y cuáles fueron los resultados de los monitoreos ambientales que se habrían comenzado a hacer en diciembre. Infobae solicitó esos análisis a la Universidad Nacional de San Juan, pero pese a que aclararon que son públicos, los negaron. En el gobierno provincial, en cambio, se comprometieron a entregarlos.
El acuerdo recibió muchas críticas, ya que no habla de remoción sino de aislamiento, no establece una multa o indemnización y porque limita la responsabilidad de Los Pelambres por la obra a una década a partir de su finalización. Fuentes vinculadas al Ejecutivo provincial dijeron a Infobae que los cuestionamientos cayeron como un balde de agua fría, que no los esperaban. "Podemos discutir de los glaciares, pero acá estamos seguros que hicimos lo mejor posible", aclararon.
"El acuerdo es sólo un piso. Nos aseguramos el aislamiento y el retiro de los neumáticos. Si en el terreno judicial se consigue algo mejor y se ordena que se remueva la escombrera, eso se hará. El problema es que esto va a terminar en la Corte Suprema y capaz pasen diez o quince años hasta que termine la causa. Nosotros ya conseguimos que en ese lapso no contamine", explicaron las mismas fuentes.
Aún así, otra fuente consultada por este medio aseguró que puertas adentro hay malestar en el Ejecutivo, al menos por la forma en que se comunicó el acuerdo, ya que en respuesta a una consulta de la diputada nacional Margarita Stolbizer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló que en abril la Subsecretaría para Asuntos de América Latina de la Cancillería "reiteró al gobierno de la República Chile la invitación a informar sobre cómo propone la restitución de las cosas a su estado anterior". En otras palabras, le pidió la remoción de los escombros mineros, lo que dejó en off side al gobierno provincial, que salió a anunciar con bombos y platillos que había logrado el aislamiento.
Por otra parte, según pudo averiguar Infobae, lo que sí avanza a paso firme es un sumario iniciado en el Ministerio de Minería de San Juan contra El Pachón y que es probable que termine con una multa. En el Ejecutivo provincial están convencidos de que las empresas suizas a cargo del yacimiento, primero Xstrata y después Glencore, usaron el conflicto como un instrumento de negociación, ya que Antofagasta Minerals quería comprar el proyecto. Y las dos firmas deberían haber denunciado que en los terrenos en los que tienen concesiones mineras había actividades ilegales.
En Chile también hubo repercusiones, sobre todo porque una serie de mails comprometen a la titular de Minería, Aurora Williams, quien habría encabezado una maniobra para ayudar y encubrir a Antofagasta Minerals. Se espera que se inicien acciones penales y que la ministra sea desplazada en una serie de cambios en el Gabinete que es posible que en breve anuncie la presidente Michelle Bachelet.
Además, en el Parlamento se proyecta la creación de una comisión investigadora, donde podría ser citada la ex canciller Soledad Alvear, quien ocupaba ese cargo cuando se autorizó la instalación de la escombrera y hoy no sólo es abogada de la minera, sino que además habría encabezado el entramado para lograr la ayuda estatal.
Por lo pronto, se espera que la semana próxima la empresa Hatch, a cargo de diseñar las obras de ingeniería del aislamiento, presente por tercera vez sus planes, que ya fueron rechazados en dos ocasiones por el gobierno sanjuanino.
El tema también se coló en un pedido de informes que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace presentaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Las ONG quieren saber en qué consisten las inversiones por 20 mil millones de pesos que anunció el gobierno en el sector, puesto que se presentaron proyectos en provincias en las que hay leyes anticianuro, y si parte del dinero que llegue al país será destinado a remediar el impacto por el derrame en la mina Veladero, de Barrick Gold, y la posible contaminación causada por Los Pelambres.
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Más equipamiento para controlar a Botnia-UPM
Repararán y reinstalarán equipo para controlar a Botnia-UPM
Fecha de Publicación: 23/08/2016
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
El sofisticado equipo será reparado y llevado a Costa Uruguay Sur, desde donde se controlaran con mayor precisión las emisiones contaminantes de UPM Botnia.
El pasado miércoles, en Paraná, se llevo a cabo una reunión convocada por la Secretaria de Ambiente de la provincia, Belén Estévez en la que se tomaron importantes decisiones respecto de la estación de control ubicada en el Ñandubaysal, con el objetivo de monitorear las emisiones de la pastera Botnia.
De encuentro participaron el Secretario de Salud de nuestra ciudad, Martín Roberto Piaggio, la Directora de Ambiente, Susana Villamonte y una delegación de la Asamblea Ciudadana Ambiental.
Sobre lo decidido en el encuentro, el asambleista Javier Pretto, dijo en RADIO MAXIMA, que “se debatió sobre la estación de monitoreo de la CONEA que está actualmente emplazada en el balneario El Ñandubaysal y a la que hay que darle una nueva ubicación y efectuarle una serie de reparaciones para volver a ponerla en funcionamiento”, para que comience a monitorear las emisiones contaminantes de UPM Botnia y finalmente, se pueda conocer en Gualeguaychú la calidad del aire que respiran sus habitantes, un reclamo que viene desde hace ya muchos años.
Pretto manifestó que “durante el encuentro, el funcionario de la Secretaría de Ambiente provincial Daniel Tomasini dijo que se había reunido tiempo atrás con el secretario Trevino del Ministerio de Ambiente Sustentable de la Nación y acordaron disponer de los recursos para la reparación de este equipo de monitoreo de la CONEA, que es muy sofisticado, complejo y preciso, y cuyo costo actualmente supera el millón de dólares si hubiese que comprarlo.
Según dijo Pretto “la idea, además es que la CONEA siga a cargo de esa instalación pero atendida permanentemente con gente de Gualeguaychú para el levantamiento de los datos y su vigilancia, para lo cual se dispondrían seis personas de las que tres las va a aportar el Municipio”.
En tal sentido Pretto indicó que “las autoridades provinciales le pidieron a los funcionarios municipales de Gualeguaychú que estaban presentes en la reunión que para fin de mes tengan decidido el lugar preciso donde deberá ser trasladada la estación de monitoreo, que debe ser en la Costa Uruguay Sur. Es decir que hay que llevarla desde Ñandubaysal hasta un sitio más adecuado que permita que la estación capte con mejor precisión la pluma de emisión atmosférica de la pastera UPM Botnia. Ese lugar exacto en Costa Uruguay Sur ya fue determinado por estudios de expertos del Servicio Meteorológico Nacional”.
El asambleísta señaló que “una vez la Municipalidad determine el lugar para el nuevo emplazamiento de la estación, habrá que prever si es necesario realizar alguna mejora vial para acceder y de ser necesario también, instalar energía eléctrica y, obviamente, cercar el espacio donde estará ubicado este importante equipo”, concluyó Pretto.
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Fecha de Publicación: 23/08/2016
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
El sofisticado equipo será reparado y llevado a Costa Uruguay Sur, desde donde se controlaran con mayor precisión las emisiones contaminantes de UPM Botnia.
El pasado miércoles, en Paraná, se llevo a cabo una reunión convocada por la Secretaria de Ambiente de la provincia, Belén Estévez en la que se tomaron importantes decisiones respecto de la estación de control ubicada en el Ñandubaysal, con el objetivo de monitorear las emisiones de la pastera Botnia.
De encuentro participaron el Secretario de Salud de nuestra ciudad, Martín Roberto Piaggio, la Directora de Ambiente, Susana Villamonte y una delegación de la Asamblea Ciudadana Ambiental.
Sobre lo decidido en el encuentro, el asambleista Javier Pretto, dijo en RADIO MAXIMA, que “se debatió sobre la estación de monitoreo de la CONEA que está actualmente emplazada en el balneario El Ñandubaysal y a la que hay que darle una nueva ubicación y efectuarle una serie de reparaciones para volver a ponerla en funcionamiento”, para que comience a monitorear las emisiones contaminantes de UPM Botnia y finalmente, se pueda conocer en Gualeguaychú la calidad del aire que respiran sus habitantes, un reclamo que viene desde hace ya muchos años.
Pretto manifestó que “durante el encuentro, el funcionario de la Secretaría de Ambiente provincial Daniel Tomasini dijo que se había reunido tiempo atrás con el secretario Trevino del Ministerio de Ambiente Sustentable de la Nación y acordaron disponer de los recursos para la reparación de este equipo de monitoreo de la CONEA, que es muy sofisticado, complejo y preciso, y cuyo costo actualmente supera el millón de dólares si hubiese que comprarlo.
Según dijo Pretto “la idea, además es que la CONEA siga a cargo de esa instalación pero atendida permanentemente con gente de Gualeguaychú para el levantamiento de los datos y su vigilancia, para lo cual se dispondrían seis personas de las que tres las va a aportar el Municipio”.
En tal sentido Pretto indicó que “las autoridades provinciales le pidieron a los funcionarios municipales de Gualeguaychú que estaban presentes en la reunión que para fin de mes tengan decidido el lugar preciso donde deberá ser trasladada la estación de monitoreo, que debe ser en la Costa Uruguay Sur. Es decir que hay que llevarla desde Ñandubaysal hasta un sitio más adecuado que permita que la estación capte con mejor precisión la pluma de emisión atmosférica de la pastera UPM Botnia. Ese lugar exacto en Costa Uruguay Sur ya fue determinado por estudios de expertos del Servicio Meteorológico Nacional”.
El asambleísta señaló que “una vez la Municipalidad determine el lugar para el nuevo emplazamiento de la estación, habrá que prever si es necesario realizar alguna mejora vial para acceder y de ser necesario también, instalar energía eléctrica y, obviamente, cercar el espacio donde estará ubicado este importante equipo”, concluyó Pretto.
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La causa "Los Pelambres" se juzgará en Argentina
La minera Los Pelambres será juzgada en la Argentina por contaminación
Fecha de Publicación: 18/08/2016
Fuente: Terra
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La firma había construido una escombrera en territorio cordillerano perteneciente a San Juan, traspasando los límites fronterizos.
la Justicia Federal de San Juan rechazó el planteo elaborado por la minera chilena Los Pelambres sobre la supuesta falta de jurisdicción de los tribunales argentinos para actuar en una causa por contaminación ambiental, por lo que la firma será juzgada en el país.
Pelambres (del Grupo Luksic), con operaciones en Chile, había construido una escombrera en territorio cordillerano perteneciente a San Juan, traspasando los límites fronterizos y sin ningún permiso de las autoridades locales.
La firma había informado por escrito a autoridades chilenas que recién había tomado conocimiento en abril de 2011 que se encontraba trabajando en territorio argentino, según la carta de Pelambres al Ministerio de RREE de Chile de septiembre de 2011 que ahora obra en expedientes judiciales y administrativos.
Sin embargo, un nuevo informe técnico demostró que Pelambres continuó depositando en San Juan material proveniente de su yacimiento chileno con posterioridad a abril de 2011, es decir, con conocimiento de que lo hacía en Argentina.
El informe técnico que obra en los expedientes administrativos y judiciales (civiles y penales) que tramitan por este conflicto, y que fue preparado por una consultora sanjuanina, habla del depósito -entre mayo 2011 y enero 2012- de cientos de miles de toneladas de residuos y de unos 400 neumáticos usados.
Así Pelambres y sus directivos ven agravada su situación frente a la legislación argentina, ya que continuaron con el depósito de residuos en San Juan con pleno conocimiento de estar traspasando el límite fronterizo, según los expedientes.
La gravedad del tema está despertando el interés de las ONGs y de políticos habitualmente críticos de la industria minera, que recurren a la Justicia a fin de exigir de los funcionarios el cumplimiento de sus obligaciones.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha publicado en su página web (http://farn.org.ar/pedidos-de-informe-2016) las notas que ha presentado recientemente ante los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Ambiente, y de Energía y Minería de Argentina, solicitando acceso a toda la información vinculada a este tema.
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Fecha de Publicación: 18/08/2016
Fuente: Terra
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La firma había construido una escombrera en territorio cordillerano perteneciente a San Juan, traspasando los límites fronterizos.
la Justicia Federal de San Juan rechazó el planteo elaborado por la minera chilena Los Pelambres sobre la supuesta falta de jurisdicción de los tribunales argentinos para actuar en una causa por contaminación ambiental, por lo que la firma será juzgada en el país.
Pelambres (del Grupo Luksic), con operaciones en Chile, había construido una escombrera en territorio cordillerano perteneciente a San Juan, traspasando los límites fronterizos y sin ningún permiso de las autoridades locales.
La firma había informado por escrito a autoridades chilenas que recién había tomado conocimiento en abril de 2011 que se encontraba trabajando en territorio argentino, según la carta de Pelambres al Ministerio de RREE de Chile de septiembre de 2011 que ahora obra en expedientes judiciales y administrativos.
Sin embargo, un nuevo informe técnico demostró que Pelambres continuó depositando en San Juan material proveniente de su yacimiento chileno con posterioridad a abril de 2011, es decir, con conocimiento de que lo hacía en Argentina.
El informe técnico que obra en los expedientes administrativos y judiciales (civiles y penales) que tramitan por este conflicto, y que fue preparado por una consultora sanjuanina, habla del depósito -entre mayo 2011 y enero 2012- de cientos de miles de toneladas de residuos y de unos 400 neumáticos usados.
Así Pelambres y sus directivos ven agravada su situación frente a la legislación argentina, ya que continuaron con el depósito de residuos en San Juan con pleno conocimiento de estar traspasando el límite fronterizo, según los expedientes.
La gravedad del tema está despertando el interés de las ONGs y de políticos habitualmente críticos de la industria minera, que recurren a la Justicia a fin de exigir de los funcionarios el cumplimiento de sus obligaciones.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha publicado en su página web (http://farn.org.ar/pedidos-de-informe-2016) las notas que ha presentado recientemente ante los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Ambiente, y de Energía y Minería de Argentina, solicitando acceso a toda la información vinculada a este tema.
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Denuncian mortandad de peces frente UPM-Botnia
Vecinos de Gualeguaychú denunciaron mortandad de peces frente a la pastera UPM-Botnia
Fecha de Publicación: 03/08/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Una gran cantidad de peces muertos aparecieron este domingo en la costa del balneario Ñandubaysal, frente a la pastera UPM, sobre el río Uruguay. Casi todos los peces muertos presentaban en la cabeza, en la boca, en los ojos y en las agallas, una especie de baba amarronada. Dos vecinos de Gualeguaychú fueron quienes lo descubrieron, cuando salieron a realizar actividad ciclística por el lugar. “Primero nos llamó mucho la atención a la distancia ver una enorme cantidad de gaviotas que estaban revoloteando por la costa. Cuando nos acercamos por curiosidad, observamos atónitos un espectáculo casi macabro: cientos y cientos de peces muertos y otros agonizando sobre la costa”, referenció Roberto Marchesini, uno de los vecinos, al contar el impacto que le produjo esa experiencia.
Por su parte, Marcelo Farías especificó que le llamó la atención que “casi todos los peces muertos tienen en común que presentaban en la cabeza, en la boca, en los ojos y en las agallas, una especie de baba amarronada”.
Ambos vecinos coincidieron en señalar que también observaron “en la arena de la playa una sustancia viscosa, que no era la comúnmente llamada resaca del río, sino un producto negro, como aceitoso y muy espeso”.
Al lugar también se acercó otro vecino, Alfredo Casella, quien atinó a tapar con arena los peces muertos con el objetivo de que las gaviotas no se alimentaran, dada la firme sospecha y el temor de que estuvieran contaminados por algún producto desconocido.
“En la boca de los peces y en muchas partes de sus cuerpos también se observaron manchas negras, las mismas que vimos en la playa”, destacó Marchesini en declaraciones a El Argentino.
La mayoría de los peces eran sábalos, de unos diez a quince centímetros. “Lo otro que nos llamó la atención es que no percibimos olores pestilentes o los característicos cuando se pudre el pescado, lo que nos indicaría que esa mortandad era muy reciente”, coincidieron ambos en su relato.
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Fecha de Publicación: 03/08/2016
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Una gran cantidad de peces muertos aparecieron este domingo en la costa del balneario Ñandubaysal, frente a la pastera UPM, sobre el río Uruguay. Casi todos los peces muertos presentaban en la cabeza, en la boca, en los ojos y en las agallas, una especie de baba amarronada. Dos vecinos de Gualeguaychú fueron quienes lo descubrieron, cuando salieron a realizar actividad ciclística por el lugar. “Primero nos llamó mucho la atención a la distancia ver una enorme cantidad de gaviotas que estaban revoloteando por la costa. Cuando nos acercamos por curiosidad, observamos atónitos un espectáculo casi macabro: cientos y cientos de peces muertos y otros agonizando sobre la costa”, referenció Roberto Marchesini, uno de los vecinos, al contar el impacto que le produjo esa experiencia.
Por su parte, Marcelo Farías especificó que le llamó la atención que “casi todos los peces muertos tienen en común que presentaban en la cabeza, en la boca, en los ojos y en las agallas, una especie de baba amarronada”.
Ambos vecinos coincidieron en señalar que también observaron “en la arena de la playa una sustancia viscosa, que no era la comúnmente llamada resaca del río, sino un producto negro, como aceitoso y muy espeso”.
Al lugar también se acercó otro vecino, Alfredo Casella, quien atinó a tapar con arena los peces muertos con el objetivo de que las gaviotas no se alimentaran, dada la firme sospecha y el temor de que estuvieran contaminados por algún producto desconocido.
“En la boca de los peces y en muchas partes de sus cuerpos también se observaron manchas negras, las mismas que vimos en la playa”, destacó Marchesini en declaraciones a El Argentino.
La mayoría de los peces eran sábalos, de unos diez a quince centímetros. “Lo otro que nos llamó la atención es que no percibimos olores pestilentes o los característicos cuando se pudre el pescado, lo que nos indicaría que esa mortandad era muy reciente”, coincidieron ambos en su relato.
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Vertedero ilegal de Antofagasta Minerals: Chile sabía
El gobierno chileno ayudó a la empresa que hizo un megabasurero minero del lado argentino
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial
Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando "Pino" Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el "megabasurero" no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
Como contó Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos"), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de "escándalo", no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años '50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas-, del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. "Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio".
Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de "pecados": no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.
En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emita un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.
Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. "Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???", escribió.
El correo prueba, además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión del 24 de marzo.
Lo que siguió después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15 de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La "jugada" fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la Subsecretaría de Minería respondió que "no existe en el Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS" y que "no existe constancia de ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado".
A su vez, la consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director Álvarez: "La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud". No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo elaboró.
El peritaje de SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera chilena le servía para justificar que no era necesario remover el botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente del río San Juan.
De acuerdo al trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el senador "Pino" Solanas, quedará en suelo argentino, por los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo Luksic dejará de ser responsable por su destino.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial
Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando "Pino" Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el "megabasurero" no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
Como contó Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos"), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de "escándalo", no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años '50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas-, del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. "Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio".
Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de "pecados": no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.
En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emita un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.
Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. "Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???", escribió.
El correo prueba, además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión del 24 de marzo.
Lo que siguió después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15 de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La "jugada" fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la Subsecretaría de Minería respondió que "no existe en el Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS" y que "no existe constancia de ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado".
A su vez, la consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director Álvarez: "La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud". No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo elaboró.
El peritaje de SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera chilena le servía para justificar que no era necesario remover el botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente del río San Juan.
De acuerdo al trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el senador "Pino" Solanas, quedará en suelo argentino, por los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo Luksic dejará de ser responsable por su destino.
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Asamblea de Gualeguaychu pedirá audiencia
El municipio y la Asamblea pedirán una audiencia con la ministro de Relaciones Exteriores
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Piaggio y Maradey recibieron este viernes a la Asamblea Ambiental. Entre otros temas, se acordó gestionar una audiencia para conocer la postura del Gobierno nacional sobre el monitoreo a UPM-Botnia y la instalación de la nueva pastera.
Este viernes a las 9 de la mañana, una delegación de seis miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental ingresaron al despacho del intendente municipal, donde además de Martín Piaggio se encontraban presentes el viceintendente Jorge Maradey, el secretario de Salud y Desarrollo Social, Roberto Piaggio y la directora de Ambiente municipal, Susana Villamonte. Por la Asamblea Ciudadana, estuvieron presentes, entre otros, Martín Alazard, Juan Veronesi, Julio Rivero y Javier Preto.
En el encuentro se convino que la dirección de Ambiente proporcionará, en los próximos días, los nombres de tres técnicos que, junto a otras tres personas que designará la Facultad de Bromatología, serán capacitados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) en el manejo de la estación de monitoreo atmosférico ubicada actualmente en la zona del Ñandubaysal. Tanto el costo que demandará la capacitación de este personal, la reparación del equipo y su trasladado a una zona más adecuada, serán afrontados por las autoridades nacionales de Ambiente. De esta forma se podrán retomar los controles continuos y diarios de las emanaciones atmosféricas de la pastera UPM Botnia ubicada en Fray Bentos y que son de vital importancia.
Entre otras cuestiones también las autoridades municipales y los ambientalistas acordaron iniciar cuanto antes las gestiones para solicitar una audiencia con la ministro de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, a la que se va a invitar a participar a los legisladores nacionales y provinciales de Gualeguaychú, al ministro de Ambiente Sergio Bergman, miembros de la CARU y su Comité Científico.
Lo que se pretende es que las autoridades expresen con absoluta claridad cual va a ser la política respecto del monitoreo a la pastera UPM Botnia y, también, cual va a ser la postura que adoptará el Gobierno nacional en relación a la contaminación del río Uruguay que se verá agravada por la ya confirmada instalación de una nueva mega pastera en territorio uruguayo en la cuenca del río Negro.
Dicho cauce de agua, desemboca en el río Uruguay, a tan solo 35 kilómetros aguas abajo del efluente de residuos líquidos de la planta de celulosa de Fray Bentos.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Piaggio y Maradey recibieron este viernes a la Asamblea Ambiental. Entre otros temas, se acordó gestionar una audiencia para conocer la postura del Gobierno nacional sobre el monitoreo a UPM-Botnia y la instalación de la nueva pastera.
Este viernes a las 9 de la mañana, una delegación de seis miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental ingresaron al despacho del intendente municipal, donde además de Martín Piaggio se encontraban presentes el viceintendente Jorge Maradey, el secretario de Salud y Desarrollo Social, Roberto Piaggio y la directora de Ambiente municipal, Susana Villamonte. Por la Asamblea Ciudadana, estuvieron presentes, entre otros, Martín Alazard, Juan Veronesi, Julio Rivero y Javier Preto.
En el encuentro se convino que la dirección de Ambiente proporcionará, en los próximos días, los nombres de tres técnicos que, junto a otras tres personas que designará la Facultad de Bromatología, serán capacitados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) en el manejo de la estación de monitoreo atmosférico ubicada actualmente en la zona del Ñandubaysal. Tanto el costo que demandará la capacitación de este personal, la reparación del equipo y su trasladado a una zona más adecuada, serán afrontados por las autoridades nacionales de Ambiente. De esta forma se podrán retomar los controles continuos y diarios de las emanaciones atmosféricas de la pastera UPM Botnia ubicada en Fray Bentos y que son de vital importancia.
Entre otras cuestiones también las autoridades municipales y los ambientalistas acordaron iniciar cuanto antes las gestiones para solicitar una audiencia con la ministro de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, a la que se va a invitar a participar a los legisladores nacionales y provinciales de Gualeguaychú, al ministro de Ambiente Sergio Bergman, miembros de la CARU y su Comité Científico.
Lo que se pretende es que las autoridades expresen con absoluta claridad cual va a ser la política respecto del monitoreo a la pastera UPM Botnia y, también, cual va a ser la postura que adoptará el Gobierno nacional en relación a la contaminación del río Uruguay que se verá agravada por la ya confirmada instalación de una nueva mega pastera en territorio uruguayo en la cuenca del río Negro.
Dicho cauce de agua, desemboca en el río Uruguay, a tan solo 35 kilómetros aguas abajo del efluente de residuos líquidos de la planta de celulosa de Fray Bentos.
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Gualeguaychú nuevamente levantado contra las pasteras
Los ambientalistas de Gualeguaychú, otra vez en pie de guerra por la nueva pastera de Uruguay
Fecha de Publicación: 21/07/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Entre Ríos
El anuncio de UPM sobre la construcción de una segunda planta de celulosa en el país vecino, despertó a la asamblea que luchó contra la ex Botnia. El presidente oriental, Tabaré Vázquez, advirtió que no oirá posibles críticas que pudiesen aparecer en Brasil o Argentina a la instalación de la fábrica
Cuando parecían haber quedado en el olvido, los ambientalistas vuelven a escena y advierten que se opondrán a que UPM instale una segunda planta de fabricación de pasta de celulosa en Uruguay, pese a que se encontraría en el centro del país y alejada, a diferencia de la de Fray Bentos, de la frontera con la Argentina.
Juan Veronesi, uno de los referentes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, sostuvo a El País de Uruguay que la eventual construcción de la planta "sería una nueva agresión al río Uruguay que nos preocupa enormemente".
Los ambientalistas entienden que al ser el río Negro un afluente del Uruguay, este último igual se vería contaminado aunque la planta se instale en Durazno, Tacuarembó o Cerro Largo.
Veronesi reconoció que el actual gobierno de Mauricio Macri no parece compartir la preocupación de los ambientalistas respecto a la planta de UPM en Fray Bentos y que molestó la decisión de las cancillerías de Argentina y Uruguay de suspender por el momento la instalación de un laboratorio para realizar en forma conjunta el monitoreo de los efectos ambientales de la planta.
El daño ambiental de UPM en Fray Bentos "ha sido constatado en el río y en el aire", aseguró Veronesi. Y las dos cancillerías actúan "con secretismo". "Uruguay se opone a la mitigación de los efectos", aseguró.
"Las empresas de afuera se llevan los recursos, dejan contaminación y lo que agregan en cuanto a PBI y empleo son cosas relativas", consideró. Los ambientalistas realizarán varias reuniones para definir los pasos a seguir e insistirán en que se difundan los resultados del monitoreo ambiental de la planta de Fray Bentos.
El también ambientalista Martín Alazard advirtió, por su parte, que "esto va a impactar directamente en el río Uruguay ya que la boca del Yaguarí, que es una de las salidas del río Negro está aproximadamente a 35 km del difusor de Botnia y con el reflujo habrá un efecto acumulativo innegable y una sumatoria de contaminación", destacó.
El presidente Tabaré Vázquez ya rechazó de plano cualquier posible crítica que pudiese aparecer en los países vecinos a la instalación de la fábrica.
"Nosotros no le vamos a pedir cuentas a Brasil de lo que haga en su territorio, salvo lo que esté colindando, y no le vamos a pedir cuentas a Argentina sobre lo que haga dentro de su territorio. Esto es en el Uruguay profundo y es el país soberano el que define la instalación de este emprendimiento", dijo Vázquez la semana pasada.
La semana pasada, la finlandesa UPM confirmó que analiza construir su segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay.
Sería la inversión más grande de la historia de Uruguay y puede llegar a los u$s5.000 millones. Se ubicará en el centro del país y el producto será transportado por tren a Montevideo. El gobierno uruguayo espera que la planta comience a montarse en la segunda mitad de 2018.
Petrodólares
El vicepresidente Raúl Sendic anunció este domingo que irá a los Emiratos Árabes Unidos en busca de inversores para financiar los u$s1.000 millones que necesita el Estado para las obras de infraestructura requeridas por la empresa finesa UPM para instalar una nueva planta de celulosa.
Sendic viajará en los "próximos meses" y esa misión en busca de capitales se sumará a las que se realizarán tanto el próximo noviembre en España (en Santiago de Compostela), como en febrero de 2017 en Alemania, explicó.
En la de Alemania estará también el presidente Tabaré Vázquez, que fue invitado a visitar el país por el presidente germano, Joachim Gauck, que el sábado finalizó una visita oficial de tres días a Uruguay, informó EFE.
"La empresa va a destinar (en caso de que se concrete), aproximadamente, u$s4.000 millones y el Uruguay tendrá que invertir en el orden de u$s1.000 millones", aseguró en esa ocasión el mandatario, que añadió que esa inversión "no tiene antecedentes en la historia económica del país".
Esos u$s1.000 millones se destinarían a construcción y reparación vial (unos 220 kilómetros de rutas bituminizadas), a una conexión ferroviaria entre la cuenca del Río Negro -donde se prevé que se instalaría la planta- con el puerto de Montevideo y al reacondicionamiento del mismo.
Según manifestó Vázquez, las obras en el puerto están ligadas al calado y se requiere un dragado permanente cuyo coste estimado se encuentra entre 85 y 86 millones de dólares. El presidente señaló que UPM está dispuesta a participar en estas obras.
Vázquez también apuntó que la construcción de la nueva planta de celulosa (sería la tercera en Uruguay y la segunda de la firma) tendría un impacto de entre el 2 % y el 2,5 % del PBI a partir de 2018, cuando, según los pronósticos, se pondría la "piedra fundamental" de la planta.
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Fecha de Publicación: 21/07/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Entre Ríos
El anuncio de UPM sobre la construcción de una segunda planta de celulosa en el país vecino, despertó a la asamblea que luchó contra la ex Botnia. El presidente oriental, Tabaré Vázquez, advirtió que no oirá posibles críticas que pudiesen aparecer en Brasil o Argentina a la instalación de la fábrica
Cuando parecían haber quedado en el olvido, los ambientalistas vuelven a escena y advierten que se opondrán a que UPM instale una segunda planta de fabricación de pasta de celulosa en Uruguay, pese a que se encontraría en el centro del país y alejada, a diferencia de la de Fray Bentos, de la frontera con la Argentina.
Juan Veronesi, uno de los referentes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, sostuvo a El País de Uruguay que la eventual construcción de la planta "sería una nueva agresión al río Uruguay que nos preocupa enormemente".
Los ambientalistas entienden que al ser el río Negro un afluente del Uruguay, este último igual se vería contaminado aunque la planta se instale en Durazno, Tacuarembó o Cerro Largo.
Veronesi reconoció que el actual gobierno de Mauricio Macri no parece compartir la preocupación de los ambientalistas respecto a la planta de UPM en Fray Bentos y que molestó la decisión de las cancillerías de Argentina y Uruguay de suspender por el momento la instalación de un laboratorio para realizar en forma conjunta el monitoreo de los efectos ambientales de la planta.
El daño ambiental de UPM en Fray Bentos "ha sido constatado en el río y en el aire", aseguró Veronesi. Y las dos cancillerías actúan "con secretismo". "Uruguay se opone a la mitigación de los efectos", aseguró.
"Las empresas de afuera se llevan los recursos, dejan contaminación y lo que agregan en cuanto a PBI y empleo son cosas relativas", consideró. Los ambientalistas realizarán varias reuniones para definir los pasos a seguir e insistirán en que se difundan los resultados del monitoreo ambiental de la planta de Fray Bentos.
El también ambientalista Martín Alazard advirtió, por su parte, que "esto va a impactar directamente en el río Uruguay ya que la boca del Yaguarí, que es una de las salidas del río Negro está aproximadamente a 35 km del difusor de Botnia y con el reflujo habrá un efecto acumulativo innegable y una sumatoria de contaminación", destacó.
El presidente Tabaré Vázquez ya rechazó de plano cualquier posible crítica que pudiese aparecer en los países vecinos a la instalación de la fábrica.
"Nosotros no le vamos a pedir cuentas a Brasil de lo que haga en su territorio, salvo lo que esté colindando, y no le vamos a pedir cuentas a Argentina sobre lo que haga dentro de su territorio. Esto es en el Uruguay profundo y es el país soberano el que define la instalación de este emprendimiento", dijo Vázquez la semana pasada.
La semana pasada, la finlandesa UPM confirmó que analiza construir su segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay.
Sería la inversión más grande de la historia de Uruguay y puede llegar a los u$s5.000 millones. Se ubicará en el centro del país y el producto será transportado por tren a Montevideo. El gobierno uruguayo espera que la planta comience a montarse en la segunda mitad de 2018.
Petrodólares
El vicepresidente Raúl Sendic anunció este domingo que irá a los Emiratos Árabes Unidos en busca de inversores para financiar los u$s1.000 millones que necesita el Estado para las obras de infraestructura requeridas por la empresa finesa UPM para instalar una nueva planta de celulosa.
Sendic viajará en los "próximos meses" y esa misión en busca de capitales se sumará a las que se realizarán tanto el próximo noviembre en España (en Santiago de Compostela), como en febrero de 2017 en Alemania, explicó.
En la de Alemania estará también el presidente Tabaré Vázquez, que fue invitado a visitar el país por el presidente germano, Joachim Gauck, que el sábado finalizó una visita oficial de tres días a Uruguay, informó EFE.
"La empresa va a destinar (en caso de que se concrete), aproximadamente, u$s4.000 millones y el Uruguay tendrá que invertir en el orden de u$s1.000 millones", aseguró en esa ocasión el mandatario, que añadió que esa inversión "no tiene antecedentes en la historia económica del país".
Esos u$s1.000 millones se destinarían a construcción y reparación vial (unos 220 kilómetros de rutas bituminizadas), a una conexión ferroviaria entre la cuenca del Río Negro -donde se prevé que se instalaría la planta- con el puerto de Montevideo y al reacondicionamiento del mismo.
Según manifestó Vázquez, las obras en el puerto están ligadas al calado y se requiere un dragado permanente cuyo coste estimado se encuentra entre 85 y 86 millones de dólares. El presidente señaló que UPM está dispuesta a participar en estas obras.
Vázquez también apuntó que la construcción de la nueva planta de celulosa (sería la tercera en Uruguay y la segunda de la firma) tendría un impacto de entre el 2 % y el 2,5 % del PBI a partir de 2018, cuando, según los pronósticos, se pondría la "piedra fundamental" de la planta.
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Sin novedades del laboratorio para controlar a UPM
Se postergó la instalación del laboratorio binacional para controlar a UPM Botnia
Fecha de Publicación: 16/07/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
El 7 de enero pasado, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez junto a su par argentino Mauricio Macri anunciaron que ambos gobiernos trabajarían juntos para instalar “un laboratorio de última generación de control medioambiental aéreo, en agua y en tierra”, como solución al conflicto por la instalación de la planta de celulosa UPM Botnia a orillas del río Uruguay.
Dicho laboratorio sería de última generación y podría ser utilizado por todo el Mercosur si era necesario. “Esperemos que ésta (solución) definitivamente resuelva el tema desde una mirada integral, que tenga en cuenta muchos aspectos y que podamos realizar en forma conjunta”, había declarado entonces el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano.
Sin embargo, siete meses después se ha resuelto postergar la instalación del laboratorio y que el monitoreo continúe con las “capacidades ya instaladas”, según fuentes del gobierno uruguayo.
Fueron los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Susana Malcorra los que tomaron la decisión en la reunión que ambos mantuvieron en Montevideo el lunes 27 de junio para avanzar en los acuerdos anunciados por Macri y Vázquez en Anchorena.
Según la noticia del Semanario Búsqueda reproducida por Radio Máxima, el laboratorio ahora se volvió un “objetivo de mediano plazo”, mientras se “fortalecerá” el trabajo de la CARU y su monitoreo “a partir de las capacidades ya instaladas”.
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Fecha de Publicación: 16/07/2016
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
El 7 de enero pasado, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez junto a su par argentino Mauricio Macri anunciaron que ambos gobiernos trabajarían juntos para instalar “un laboratorio de última generación de control medioambiental aéreo, en agua y en tierra”, como solución al conflicto por la instalación de la planta de celulosa UPM Botnia a orillas del río Uruguay.
Dicho laboratorio sería de última generación y podría ser utilizado por todo el Mercosur si era necesario. “Esperemos que ésta (solución) definitivamente resuelva el tema desde una mirada integral, que tenga en cuenta muchos aspectos y que podamos realizar en forma conjunta”, había declarado entonces el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano.
Sin embargo, siete meses después se ha resuelto postergar la instalación del laboratorio y que el monitoreo continúe con las “capacidades ya instaladas”, según fuentes del gobierno uruguayo.
Fueron los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Susana Malcorra los que tomaron la decisión en la reunión que ambos mantuvieron en Montevideo el lunes 27 de junio para avanzar en los acuerdos anunciados por Macri y Vázquez en Anchorena.
Según la noticia del Semanario Búsqueda reproducida por Radio Máxima, el laboratorio ahora se volvió un “objetivo de mediano plazo”, mientras se “fortalecerá” el trabajo de la CARU y su monitoreo “a partir de las capacidades ya instaladas”.
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Según la Asamblea hay pruebas suficientes contra UPM
Sobran estudios científicos, pero falta decisión política
Fecha de Publicación: 13/07/2016
Fuente: Diario El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Monitoreo a UPM: la Asamblea Ciudadana Ambiental pedirá que los ex integrantes de la Delegación Argentina ante la CARU declaren como testigos en la causa que se sigue contra la pastera. El clic de Timerman y Urribarri.
Se trata de la Causa Nº 56.204, caratulada "Busti Jorge Pedro y otros, denuncia artítulo 55 ley 24051 en grado de tentativa", que tramita por ante el Juzgado Federal, Secretaría Nº 1 en lo Criminal y Correccional, de Concepción del Uruguay.
Las actuaciones jurídicas contra la pastera ubicada en Fray Bentos, a la vera del río Uruguay, fueron iniciadas por laos asambleístas Oscar Bargas, José Gómez y Gustavo Rivollier, con el patrocinio de la doctora Ana Angelini y varios abogados más.
Bargas fue consultado tras la charla que ofrecieron, en el Centro Municipal de Convenciones, los ex integrantes de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Orduna, Héctor Ramón Rodríguez, Héctor Ricardo Retamal y Horacio Melo.
En esa ocasión, de cara a los ex funcionarios se ubicaron en primera fila Gustavo Rivollier, Oscar Bargas, Ana Angelini, Guillermo González y Jorge Fritzler, dirigentes históricos dentro del movimiento ambiental de Gualeguaychú.
"El clic de Timerman y Urribarri"
El ambientalista dijo: "para nosotros no hubo nada nuevo. Estábamos interiorizados de la mayoría de las cosas, de manera especial luego del clic que hicieron el ex canciller Héctor Timerman y (el ex gobernador) Urribarri en 2013, cuando dieron cuenta de las inspecciones a la planta de UPM Botnia".
"En ese momento la consideramos de suma importancia porque era la primera vez que teníamos una información cierta de lo que sospechábamos y conjeturábamos", recordó y agregó que "esa información fue en dos CD al juez que entiende en la causa y, en ese mismo escrito, reiteramos la citación a indagatoria de los ex directivos de Botnia, que no se presentaron nunca porque el gobierno de Uruguay les hizo un escudo protector, aduciendo razones de Estado, una violación más del Uruguay a los convenios que tiene firmados con Argentina".
Faltó decisión política
Dijo, respecto de la actitud de los ex integrantes de la CARU que expusieron en Gualeguaychú, a quienes se reclamó que no presentaran esa información a la ciudadanía y a las autoridades para que obrasen en consecuencia, que "no hay que olvidar que las decisiones las toma Cancillería. Tras el fallo del tribunal de La Haya, se formó el comité científico, integrado por técnicos argentinos y uruguayos", citó.
Así fue que comenzaron las inspecciones a Botnia, la toma de muestras, entre otras acciones. Todo ello "se remitía todo a Cancillería porque eran los cancilleres los que debían tomar las decisiones respecto del futuro del río y las poblaciones ribereñas. Y como dije entonces, no hicieron nada."
Convertir al río Uruguay en un Riachuelo
"Entiendo que faltó la pata política, así que deberían venir los políticos que estuvieron en su momento a explicar a Gualeguaychú por qué no tomaron las medidas que tendrían que haber tomado, porque está comprobado científicamente que Botnia va a convertir el río Uruguay en un Riachuelo", denunció una vez más.
Dicho esto, completó "hay un aumento de la producción, lo que significa aumento de contaminación. Mujica (José, ex presidente uruguayo) lo permitió con la promesa de la empresa de mejorar algunos estándares, pero fue una nueva violación al Tratado del Río Uruguay. Y no volvimos a La Haya por la decisión política".
Pidió que Bergman informe
El ambientalista compartió su estupor "por las cifras escalofriantes de los contaminantes que UPM envía al agua y al aire, lo que nos cae todos los días sobre la cabeza" y resaltó "este es un problema social, por eso sin pelearnos entre pueblos vecinos y amigos, tenemos derecho a reclamar, porque están alterando un río".
"Este es un tema para que nos juntemos funcionarios, legisladores, ciudadanos, entidades, fuerzas políticas, porque hablamos del ambiente del lugar donde vivimos. El Papa ha sacado un tremendo documento ¿y nosotros qué?", preguntó.
¿Cómo sigue esto? "Todo lo que habló Orduna está en la causa "Busti contra Botnia". Espero que Bergman y su séquito se informen y digan cuál será la decisión política, es decir, si van a permitir que Botnia siga con esto".
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Fecha de Publicación: 13/07/2016
Fuente: Diario El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Monitoreo a UPM: la Asamblea Ciudadana Ambiental pedirá que los ex integrantes de la Delegación Argentina ante la CARU declaren como testigos en la causa que se sigue contra la pastera. El clic de Timerman y Urribarri.
Se trata de la Causa Nº 56.204, caratulada "Busti Jorge Pedro y otros, denuncia artítulo 55 ley 24051 en grado de tentativa", que tramita por ante el Juzgado Federal, Secretaría Nº 1 en lo Criminal y Correccional, de Concepción del Uruguay.
Las actuaciones jurídicas contra la pastera ubicada en Fray Bentos, a la vera del río Uruguay, fueron iniciadas por laos asambleístas Oscar Bargas, José Gómez y Gustavo Rivollier, con el patrocinio de la doctora Ana Angelini y varios abogados más.
Bargas fue consultado tras la charla que ofrecieron, en el Centro Municipal de Convenciones, los ex integrantes de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Orduna, Héctor Ramón Rodríguez, Héctor Ricardo Retamal y Horacio Melo.
En esa ocasión, de cara a los ex funcionarios se ubicaron en primera fila Gustavo Rivollier, Oscar Bargas, Ana Angelini, Guillermo González y Jorge Fritzler, dirigentes históricos dentro del movimiento ambiental de Gualeguaychú.
"El clic de Timerman y Urribarri"
El ambientalista dijo: "para nosotros no hubo nada nuevo. Estábamos interiorizados de la mayoría de las cosas, de manera especial luego del clic que hicieron el ex canciller Héctor Timerman y (el ex gobernador) Urribarri en 2013, cuando dieron cuenta de las inspecciones a la planta de UPM Botnia".
"En ese momento la consideramos de suma importancia porque era la primera vez que teníamos una información cierta de lo que sospechábamos y conjeturábamos", recordó y agregó que "esa información fue en dos CD al juez que entiende en la causa y, en ese mismo escrito, reiteramos la citación a indagatoria de los ex directivos de Botnia, que no se presentaron nunca porque el gobierno de Uruguay les hizo un escudo protector, aduciendo razones de Estado, una violación más del Uruguay a los convenios que tiene firmados con Argentina".
Faltó decisión política
Dijo, respecto de la actitud de los ex integrantes de la CARU que expusieron en Gualeguaychú, a quienes se reclamó que no presentaran esa información a la ciudadanía y a las autoridades para que obrasen en consecuencia, que "no hay que olvidar que las decisiones las toma Cancillería. Tras el fallo del tribunal de La Haya, se formó el comité científico, integrado por técnicos argentinos y uruguayos", citó.
Así fue que comenzaron las inspecciones a Botnia, la toma de muestras, entre otras acciones. Todo ello "se remitía todo a Cancillería porque eran los cancilleres los que debían tomar las decisiones respecto del futuro del río y las poblaciones ribereñas. Y como dije entonces, no hicieron nada."
Convertir al río Uruguay en un Riachuelo
"Entiendo que faltó la pata política, así que deberían venir los políticos que estuvieron en su momento a explicar a Gualeguaychú por qué no tomaron las medidas que tendrían que haber tomado, porque está comprobado científicamente que Botnia va a convertir el río Uruguay en un Riachuelo", denunció una vez más.
Dicho esto, completó "hay un aumento de la producción, lo que significa aumento de contaminación. Mujica (José, ex presidente uruguayo) lo permitió con la promesa de la empresa de mejorar algunos estándares, pero fue una nueva violación al Tratado del Río Uruguay. Y no volvimos a La Haya por la decisión política".
Pidió que Bergman informe
El ambientalista compartió su estupor "por las cifras escalofriantes de los contaminantes que UPM envía al agua y al aire, lo que nos cae todos los días sobre la cabeza" y resaltó "este es un problema social, por eso sin pelearnos entre pueblos vecinos y amigos, tenemos derecho a reclamar, porque están alterando un río".
"Este es un tema para que nos juntemos funcionarios, legisladores, ciudadanos, entidades, fuerzas políticas, porque hablamos del ambiente del lugar donde vivimos. El Papa ha sacado un tremendo documento ¿y nosotros qué?", preguntó.
¿Cómo sigue esto? "Todo lo que habló Orduna está en la causa "Busti contra Botnia". Espero que Bergman y su séquito se informen y digan cuál será la decisión política, es decir, si van a permitir que Botnia siga con esto".
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Otra pastera en Uruguay, hay posibles ubicaciones
Uruguay gestiona instalar otra pastera: las posibles ubicaciones
Fecha de Publicación: 30/06/2016
Fuente: El Entrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno charrúa dará un nuevo impulso a la construcción de una tercera pastera, proyecto que había iniciado Mujica en 2014. En agosto del presidente de Finlandia y ejecutivos de UPM estarán en Uruguay. Las posibles ubicaciones.
El gobierno de Uruguay trata de darle un nuevo impulso a la construcción de una tercera planta de celulosa en el país. Por eso, aprovechará la visita oficial a Uruguay en agosto del presidente de Finlandia, junto con ejecutivos de UPM, para renovar las posibilidades. En 2014, el entonces presidente José Mujica intentó poner en marcha el proyecto.
Hace dos años, el presidente mundial de UPM, Jussi Pesonen, dijo que en Uruguay existían las condiciones para la instalación de una nueva planta de celulosa. “Obviamente hay un lugar para una nueva planta adicional de celulosa en Uruguay”, aseguró.
Inclusive, Mujica viajó oficialmente a Finlandia, donde se reunió con los empresarios de UPM para tratar de agilizar el proyecto. “Vale la pena, son dos o tres puntos del PBI, tengo que ir hermano. Es para el próximo gobierno, que tendrá que tomar la decisión. Vendré con el paquete de la propuesta”, dijo el actual senador antes del viaje.
En una entrevista realizada por la televisión finlandesa durante el viaje, Mujica sostuvo que tres plantas de celulosa sería “el límite para aprovechar esa tierra inferior para ganadería o agricultura y que puede producir árboles”.
Consultado por un posible daño ambiental, dijo que no cabe la posibilidad: “La tecnología de los finlandeses en esta materia (ambiental) ha demostrado ser muy seria con respecto al medio ambiente. Si las plantas fueran nuestras, italianas o españolas, la cosa sería muy discutible”.
Se manejó desde un principio la posibilidad de instalarla en el norte de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil. Una posibilidad es Tacuarembó. Otra, ubicarla en Durazno o el oeste de Cerro Largo en las inmediaciones de Arévalo, informó El País.
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Fecha de Publicación: 30/06/2016
Fuente: El Entrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno charrúa dará un nuevo impulso a la construcción de una tercera pastera, proyecto que había iniciado Mujica en 2014. En agosto del presidente de Finlandia y ejecutivos de UPM estarán en Uruguay. Las posibles ubicaciones.
El gobierno de Uruguay trata de darle un nuevo impulso a la construcción de una tercera planta de celulosa en el país. Por eso, aprovechará la visita oficial a Uruguay en agosto del presidente de Finlandia, junto con ejecutivos de UPM, para renovar las posibilidades. En 2014, el entonces presidente José Mujica intentó poner en marcha el proyecto.
Hace dos años, el presidente mundial de UPM, Jussi Pesonen, dijo que en Uruguay existían las condiciones para la instalación de una nueva planta de celulosa. “Obviamente hay un lugar para una nueva planta adicional de celulosa en Uruguay”, aseguró.
Inclusive, Mujica viajó oficialmente a Finlandia, donde se reunió con los empresarios de UPM para tratar de agilizar el proyecto. “Vale la pena, son dos o tres puntos del PBI, tengo que ir hermano. Es para el próximo gobierno, que tendrá que tomar la decisión. Vendré con el paquete de la propuesta”, dijo el actual senador antes del viaje.
En una entrevista realizada por la televisión finlandesa durante el viaje, Mujica sostuvo que tres plantas de celulosa sería “el límite para aprovechar esa tierra inferior para ganadería o agricultura y que puede producir árboles”.
Consultado por un posible daño ambiental, dijo que no cabe la posibilidad: “La tecnología de los finlandeses en esta materia (ambiental) ha demostrado ser muy seria con respecto al medio ambiente. Si las plantas fueran nuestras, italianas o españolas, la cosa sería muy discutible”.
Se manejó desde un principio la posibilidad de instalarla en el norte de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil. Una posibilidad es Tacuarembó. Otra, ubicarla en Durazno o el oeste de Cerro Largo en las inmediaciones de Arévalo, informó El País.
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Escombrera minera chilena en San Juan vuelve a la luz
Una empresa chilena creó un megabasurero de residuos mineros en suelo argentino
Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso
Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la "mudanza" del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era "oportunista".
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.
Ayuda estatal y renuncia
Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas particulares".
En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aún así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.
Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.
Contaminación
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que "casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas".
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera". También se notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".
Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que en la zona hay "sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa considerable de flora acuática y macroinvertebrados".
URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino.
Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.
Acuerdo
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.
Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:
Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que coincidieron en que "es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes". Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de la ley de glaciares.
Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso. "Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.
Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos".
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Fecha de Publicación: 19/06/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso
Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la "mudanza" del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era "oportunista".
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.
Ayuda estatal y renuncia
Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas particulares".
En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aún así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.
Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.
Contaminación
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que "casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas".
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera". También se notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".
Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que en la zona hay "sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa considerable de flora acuática y macroinvertebrados".
URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino.
Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.
Acuerdo
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.
Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:
Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que coincidieron en que "es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes". Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de la ley de glaciares.
Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso. "Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal", explicó a Infobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.
Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos".
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Afirma que el monitoreo a Botnia no sirve
“El actual monitoreo a UPM Botnia no sirve para nada”, dijo Carlos Goldararena
Fecha de Publicación: 05/06/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta Carlos Goldaracena se refirió en RADIO MÁXIMA a diversos aspectos abordados en la reunión realizada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación sobre el monitoreo a la pastera UPM Botnia.
Goldaracena explicó que “primero se celebró un encuentro en el que participó el nuevo titular de la Delegación Argentina en la CARU, Mauro Vazón, quien explicó cuales van a ser los ejes de su gestión y luego, los representantes de la Asamblea que allí estábamos, comenzamos a plantearle respecto al control ambiental que queremos y si bien apreciamos el interés de Vazón, notamos –y así se lo manifestamos- que existe mucha lentitud ya que por ejemplo, no concurrieron los dos representantes del Comité Científico por la parte argentina de la CARU”.
Goldaracena puntualizó que “estos dos representantes técnicos deberían informar que es lo que han hecho y están haciendo y si están o no de acuerdo con las modificaciones que la Asamblea quiere introducir en el monitoreo a UPM. También contó Goldaracena que ni Mabel Tudino y Lyon que son los integrantes del Comité Científico no estuvieron presentes. “Después nos enteramos que estas dos personas continuarían en sus cargo hasta fin de año”.
Asimismo, Goldaracena manifestó que “la CARU sigue incompleta porque si bien se han designado al presidente y al vice de la Delegación Argentina aun resta el nombramiento de tres Vocales y esto hace que todavía no sea operativa. También nos llamó la atención la demora en cuanto a que no tienen los informes de los controles que se han hecho en la planta. Esto es llamativo porque la Asamblea, de manera extraoficial si ha tenido acceso a algunos de esos informes, que evidencian que tal y como se hace actualmente el monitoreo a UPM, no sirve para nada y la Asamblea no lo avala”.
El asambleísta destacó que la secretaria de Ambiente de nuestra ciudad, Susana Villamonte estuvo de acuerdo en que hay que cambiar la forma en la que se hace el monitoreo “y apoyó en todos sus términos la postura de la Asamblea en este sentido, inclusive en lo referente a que se establezcan nuevas normas respecto de los parámetros mínimos”, dijo Goldaracena.
Goldaracena apuntó que “si el monitoreo a UPM Botnia continúa haciéndose como hasta ahora y la pasividad del Gobierno argentino ante los incidentes que ya se han producido y se siguen produciendo, jamás vamos a avanzar”. En otro orden Goldaracena dijo que durante la reunión se habló del medidor atmosférico que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), tiene instalado en Ñandubaysal y cuya reparación ronda en los 30 mil dólares. Se resolvió que este instrumental pase de la CNEA a cargo de Nación y a la Provincia y la idea es capacitar a seis profesionales en la CNEA para que puedan manejar dicho instrumental, que es de muy buena calidad”.
Finalmente Goldaracena expresó cierta desconfianza sobre la celeridad con la que desde los organismos estatales se quieran llevar adelante los cambios que son necesarios para un riguroso monitoreo sobre la pastera UPM Botnia. “Estamos cansados de repetir continuamente estas cosas, hay algunos funcionarios que creen que desde la Asamblea no conocemos con certeza y rigurosidad los temas sobre UPM y la verdad es que suelen llevarse bastantes sorpresas cuando nos escuchan. La cuestión es saber hasta que punto el Gobierno va a exigir a Uruguay sobre el monitoreo a UPM Botnia y si vamos a tener el respaldo al más alto nivel. Y me pregunto si se harán todos los esfuerzos para demostrar que Botnia contamina. Si seguimos con estos controles como ahora no llegaremos a nada, lamentablemente”.
Por último advirtió Goldaracena, que “si no se producen cambios yo personalmente me alejaré porque no tendría sentido estar concurriendo a estas reuniones” anticipó.
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Fecha de Publicación: 05/06/2016
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta Carlos Goldaracena se refirió en RADIO MÁXIMA a diversos aspectos abordados en la reunión realizada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación sobre el monitoreo a la pastera UPM Botnia.
Goldaracena explicó que “primero se celebró un encuentro en el que participó el nuevo titular de la Delegación Argentina en la CARU, Mauro Vazón, quien explicó cuales van a ser los ejes de su gestión y luego, los representantes de la Asamblea que allí estábamos, comenzamos a plantearle respecto al control ambiental que queremos y si bien apreciamos el interés de Vazón, notamos –y así se lo manifestamos- que existe mucha lentitud ya que por ejemplo, no concurrieron los dos representantes del Comité Científico por la parte argentina de la CARU”.
Goldaracena puntualizó que “estos dos representantes técnicos deberían informar que es lo que han hecho y están haciendo y si están o no de acuerdo con las modificaciones que la Asamblea quiere introducir en el monitoreo a UPM. También contó Goldaracena que ni Mabel Tudino y Lyon que son los integrantes del Comité Científico no estuvieron presentes. “Después nos enteramos que estas dos personas continuarían en sus cargo hasta fin de año”.
Asimismo, Goldaracena manifestó que “la CARU sigue incompleta porque si bien se han designado al presidente y al vice de la Delegación Argentina aun resta el nombramiento de tres Vocales y esto hace que todavía no sea operativa. También nos llamó la atención la demora en cuanto a que no tienen los informes de los controles que se han hecho en la planta. Esto es llamativo porque la Asamblea, de manera extraoficial si ha tenido acceso a algunos de esos informes, que evidencian que tal y como se hace actualmente el monitoreo a UPM, no sirve para nada y la Asamblea no lo avala”.
El asambleísta destacó que la secretaria de Ambiente de nuestra ciudad, Susana Villamonte estuvo de acuerdo en que hay que cambiar la forma en la que se hace el monitoreo “y apoyó en todos sus términos la postura de la Asamblea en este sentido, inclusive en lo referente a que se establezcan nuevas normas respecto de los parámetros mínimos”, dijo Goldaracena.
Goldaracena apuntó que “si el monitoreo a UPM Botnia continúa haciéndose como hasta ahora y la pasividad del Gobierno argentino ante los incidentes que ya se han producido y se siguen produciendo, jamás vamos a avanzar”. En otro orden Goldaracena dijo que durante la reunión se habló del medidor atmosférico que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), tiene instalado en Ñandubaysal y cuya reparación ronda en los 30 mil dólares. Se resolvió que este instrumental pase de la CNEA a cargo de Nación y a la Provincia y la idea es capacitar a seis profesionales en la CNEA para que puedan manejar dicho instrumental, que es de muy buena calidad”.
Finalmente Goldaracena expresó cierta desconfianza sobre la celeridad con la que desde los organismos estatales se quieran llevar adelante los cambios que son necesarios para un riguroso monitoreo sobre la pastera UPM Botnia. “Estamos cansados de repetir continuamente estas cosas, hay algunos funcionarios que creen que desde la Asamblea no conocemos con certeza y rigurosidad los temas sobre UPM y la verdad es que suelen llevarse bastantes sorpresas cuando nos escuchan. La cuestión es saber hasta que punto el Gobierno va a exigir a Uruguay sobre el monitoreo a UPM Botnia y si vamos a tener el respaldo al más alto nivel. Y me pregunto si se harán todos los esfuerzos para demostrar que Botnia contamina. Si seguimos con estos controles como ahora no llegaremos a nada, lamentablemente”.
Por último advirtió Goldaracena, que “si no se producen cambios yo personalmente me alejaré porque no tendría sentido estar concurriendo a estas reuniones” anticipó.
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