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En Salta, Urtubey sigue permitiendo el desmonte
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Denuncian el desmonte ilegal de 700 hectáreas en bosques protegidos
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Salta
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Chubut: legisladores piden conocer el ordenamiento de bosques
Diputados ponen bajo la lupa el ordenamiento territorial de bosques
Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En la última sesión de la Legislatura de Chubut, pasó a Comisión, luego de un amplio debate, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para crear las Áreas Naturales Protegidas las “Nacientes de Río Tigre”, “HuemulHielo” y “Río Engaño”.
En la oportunidad desde la oposición solicitaron la presencia del Subsecretario de Bosque para que explique el ordenamiento territorial de bosques, y hubo además un requerimiento para que se anexen todas las otras áreas boscosas que no están dentro de las Áreas Protegidas. A su turno, el diputado Leandro Espinosa (Frente de Agrupaciones), resaltó que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Provincial y sus cuadros técnicos tiene antecedentes de conservación y de trabajo de campo importante “ya que pretende poner en resguardo más de 150 mil hectáreas de bosques nativos”.
El legislador explicó que “elevar el estatus jurídico de conservación a través el manejo conjunto de la subsecretaría de Bosque y de Áreas Protegidas está enmarcado en una historia muy importante de conservación”.
En ese sentido resaltó que la zona a conservar integra la zona y la fauna endémica, bosques nativos y el nacimiento de tres importantes cuencas hídricas y glaciares vinculados a parques nacionales como los de Futalaufquen y Puelo”, dijo y aclaró que surgió una duda por el artículo 11 del proyecto y que habría que proponer una modificación.
Caminoa: “el IAC no puede otorgar títulos”
Por su parte, la diputada Jacqueline Caminoa (Cambiemos), compartió la creación de las áreas protegidas pero que le preocupa los artículos 10, 11 y 12 de los pobladores que estaban asentados dentro de esas reservas.
“No puede ser el IAC quien otorgue los títulos de esos pobladores sin que pasen por legislatura”, dijo y agregó que “necesitamos volver a aplicar los cuatro quintos que manda el artículo 105 de la Constitución que para crear las áreas protegidas tiene que haber mayoría especial de 18 diputados, ese artículo no se estaría cumpliendo si se permitiera que el IAC, sin la autorización de los cuatro quintos de la Legislatura, no aprobara ese perfeccionamiento de los títulos”.
Anden agradecida
La diputada Zulema Anden (ChuSoTo), agradeció el compromiso de su par Leandro Espinosa “que recorrió la zona y le está dando respuesta a un reclamo cordillerano a igual que Alfredo Di Filippo quien con celeridad accedió a tratar este tema”.
Por su parte, el diputado Alejandro Albaini indicó que los pobladores que están en un área protegida deben tener los mismos derechos que los que están afuera. Escuchar a los pobladores En su intervención el diputado José Grazzini (PJ-FpV), dijo que sería muy bueno que los pobladores estén presentes, “porque después surgen los problemas como ocurre en el parque Los Alerces y en otros parques nacionales, Es bueno el avance en parques nacionales, pero deben ser escuchados los pobladores”. Además, Grazzini que no cree en los manejos que ha tenido en IAC solicitó un registro de pobladores, “quiero que la ley la acompañe un registro con los verdaderos pobladores, quiñen vive, quien reside, quienes serán los beneficiados y que la ley nunca pueda ser modificada”.
Límites al IAC
La diputada Gabriela Dufour (PJ-FpV), sostuvo que hay que marcarle los límites al IAC “cuando se les pide al IAC la mensura rápidamente aparece, cuando lo que hay acá detrás es un negocio inmobiliario porque con migajas lo convencen al poblador que está pasando por una situación de riesgo, entonces rápidamente le dan unos pesos, se acelera el circuito en el IAC e inmediatamente vemos la transferencia a esos grandes inversores inmobiliarios en nuestra cordillera”.
La legisladora coincide en que hay que limitar la acción el IAC y respetar el artículo 105 de las Constitución, “es muy doloroso ver como se aprovechan de esos pequeños pobladores que muchos tienen 80 o 90 años viviendo en esos lugares y luego llegan estos empresarios que por migajas le sacan esos pequeños derechos”, dijo e instó Instó a que no se siga cometiendo más errores y que se permita que los inversores extranjeros y de otras provincias se aprovechen de nuestra naturaleza quitándoles el derecho de acceso a los ríos, a los lagos cercenando la posibilidad de disfrutarlos”.
Anular el Decreto 74/05
El presidente Alfredo Di Filippo (Convergencia), dijo que el decreto 74/05 modificó la Constitución por decreto, “se permitió por ese decreto, que todos estos personajes se quedaran con tierras con bosques, se las sacaban a los pobladores y traían mensuras que parecían hechas por la NASA. Pobladores que tenían cien, doscientas hectáreas con animales, pobladores muy respetuosos del medio ambiente y aparecían estos personajes con una mensura descomunal, y se quedaban con mil o mil quinientas hectáreas”.
Di Filippo explicó que “esos personajes agarraban un poblador, lo conversaban, le daban 50 o 100 mil pesos y se quedaban con las tierras y aumentaban de 100 a 1000 hectáreas y esto se permitió por un decreto por lo que debemos anularlo y se anulan todas esas operaciones”.
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Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: El diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
En la última sesión de la Legislatura de Chubut, pasó a Comisión, luego de un amplio debate, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para crear las Áreas Naturales Protegidas las “Nacientes de Río Tigre”, “HuemulHielo” y “Río Engaño”.
En la oportunidad desde la oposición solicitaron la presencia del Subsecretario de Bosque para que explique el ordenamiento territorial de bosques, y hubo además un requerimiento para que se anexen todas las otras áreas boscosas que no están dentro de las Áreas Protegidas. A su turno, el diputado Leandro Espinosa (Frente de Agrupaciones), resaltó que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Provincial y sus cuadros técnicos tiene antecedentes de conservación y de trabajo de campo importante “ya que pretende poner en resguardo más de 150 mil hectáreas de bosques nativos”.
El legislador explicó que “elevar el estatus jurídico de conservación a través el manejo conjunto de la subsecretaría de Bosque y de Áreas Protegidas está enmarcado en una historia muy importante de conservación”.
En ese sentido resaltó que la zona a conservar integra la zona y la fauna endémica, bosques nativos y el nacimiento de tres importantes cuencas hídricas y glaciares vinculados a parques nacionales como los de Futalaufquen y Puelo”, dijo y aclaró que surgió una duda por el artículo 11 del proyecto y que habría que proponer una modificación.
Caminoa: “el IAC no puede otorgar títulos”
Por su parte, la diputada Jacqueline Caminoa (Cambiemos), compartió la creación de las áreas protegidas pero que le preocupa los artículos 10, 11 y 12 de los pobladores que estaban asentados dentro de esas reservas.
“No puede ser el IAC quien otorgue los títulos de esos pobladores sin que pasen por legislatura”, dijo y agregó que “necesitamos volver a aplicar los cuatro quintos que manda el artículo 105 de la Constitución que para crear las áreas protegidas tiene que haber mayoría especial de 18 diputados, ese artículo no se estaría cumpliendo si se permitiera que el IAC, sin la autorización de los cuatro quintos de la Legislatura, no aprobara ese perfeccionamiento de los títulos”.
Anden agradecida
La diputada Zulema Anden (ChuSoTo), agradeció el compromiso de su par Leandro Espinosa “que recorrió la zona y le está dando respuesta a un reclamo cordillerano a igual que Alfredo Di Filippo quien con celeridad accedió a tratar este tema”.
Por su parte, el diputado Alejandro Albaini indicó que los pobladores que están en un área protegida deben tener los mismos derechos que los que están afuera. Escuchar a los pobladores En su intervención el diputado José Grazzini (PJ-FpV), dijo que sería muy bueno que los pobladores estén presentes, “porque después surgen los problemas como ocurre en el parque Los Alerces y en otros parques nacionales, Es bueno el avance en parques nacionales, pero deben ser escuchados los pobladores”. Además, Grazzini que no cree en los manejos que ha tenido en IAC solicitó un registro de pobladores, “quiero que la ley la acompañe un registro con los verdaderos pobladores, quiñen vive, quien reside, quienes serán los beneficiados y que la ley nunca pueda ser modificada”.
Límites al IAC
La diputada Gabriela Dufour (PJ-FpV), sostuvo que hay que marcarle los límites al IAC “cuando se les pide al IAC la mensura rápidamente aparece, cuando lo que hay acá detrás es un negocio inmobiliario porque con migajas lo convencen al poblador que está pasando por una situación de riesgo, entonces rápidamente le dan unos pesos, se acelera el circuito en el IAC e inmediatamente vemos la transferencia a esos grandes inversores inmobiliarios en nuestra cordillera”.
La legisladora coincide en que hay que limitar la acción el IAC y respetar el artículo 105 de las Constitución, “es muy doloroso ver como se aprovechan de esos pequeños pobladores que muchos tienen 80 o 90 años viviendo en esos lugares y luego llegan estos empresarios que por migajas le sacan esos pequeños derechos”, dijo e instó Instó a que no se siga cometiendo más errores y que se permita que los inversores extranjeros y de otras provincias se aprovechen de nuestra naturaleza quitándoles el derecho de acceso a los ríos, a los lagos cercenando la posibilidad de disfrutarlos”.
Anular el Decreto 74/05
El presidente Alfredo Di Filippo (Convergencia), dijo que el decreto 74/05 modificó la Constitución por decreto, “se permitió por ese decreto, que todos estos personajes se quedaran con tierras con bosques, se las sacaban a los pobladores y traían mensuras que parecían hechas por la NASA. Pobladores que tenían cien, doscientas hectáreas con animales, pobladores muy respetuosos del medio ambiente y aparecían estos personajes con una mensura descomunal, y se quedaban con mil o mil quinientas hectáreas”.
Di Filippo explicó que “esos personajes agarraban un poblador, lo conversaban, le daban 50 o 100 mil pesos y se quedaban con las tierras y aumentaban de 100 a 1000 hectáreas y esto se permitió por un decreto por lo que debemos anularlo y se anulan todas esas operaciones”.
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La mitad de los desmontes son ilegales y afectan a los pobres
En Argentina la mitad de los desmontes son ilegales y reina la impunidad: otra cara del modelo agroexportador
Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Fecha de Publicación: 13/09/2018
Fuente: Agencia Blanco Negro
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace atribuyó la emergencia forestal en la que se encuentra Argentina al actual modelo agroexportador . La mitad de los desmontes son ilegales, por eso la organización reclamó "la penalización de la deforestación ilegal y de los incendios intencionales". Además, la entidad difundió imágenes sobre (que compartimos al final de la nota) sobre "este modelo agroexportador, que continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar".
“Argentina está entre los diez países que más destruyen sus bosques en todo el mundo. En las últimas tres décadas, se perdieron 8 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Entre Ríos”, detallaron desde Greenpeace.
“Existe una falsa teoría, muy difundida entre grandes productores agropecuarios, dirigentes políticos y promotores del actual modelo agroexportador, de que el desmonte es sinónimo de progreso y, por eso, es necesario sacrificar nuestros bosques para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, este paradigma de producción depende del mercado externo y de la concentración en grandes latifundios, donde se margina la agricultura campesina y la subsistencia de los indígenas, a quienes no se les reconoce el derecho a la tierra”, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
Según argumentan desde la ONG, “la principal razón de la deforestación es el avance de la frontera agropecuaria, cuya producción abocada principalmente a soja y ganadería intensiva tiene como principal destino la exportación y no el consumo local”.
“El 80% de los desmontes se concentran en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Tras 30 años de deforestación descontrolada, esas provincias siguen estando entre las más pobres (entre el 40 y 50% de su población) y, para peor, ahora con muchos menos bosques”, agregó Cruz.
Un reciente informe de Naciones Unidas ubicó a esas mismas cuatro provincias como las peores de un ranking que mide tres variables fundamentales para el desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Este modelo agroexportador continúa avanzando, y marcha también hacia la destrucción de la agroecología y la agricultura familiar. “Resulta evidente que los beneficiarios de la devastación de estos métodos son los grandes productores agropecuarios y el Estado Nacional. La producción de soja transgénica no genera mucho empleo y trae consigo la constante fumigación con agrotóxicos que impactan fuertemente sobre la flora y la fauna; sobre ríos, arroyos y lagunas y sobre la salud de los pobladores”, agregó Cruz.
La ONG también atribuye a este modelo una responsabilidad en el aceleramiento del cambio climático. Cuando un bosque es destruido, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, se incrementa la temperatura y se modifican los patrones de precipitaciones.
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Grave denuncia de desmonte en Misiones
Frenan desmonte en comunidad Mbya
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
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Córdoba sigue perdiendo monte
Creció el desmonte en 2017
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
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Nación afirma que avanza en implementar la Ley de Bosques
La Nación y las provincias avanzan con la implementación de la Ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 27/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, organizó una jornada de intercambio con autoridades ambientales de todo el país para avanzar en el ordenamiento territorial y la gestión de planes de bosques nativos. En ese sentido, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, señaló: “Este taller es parte del trabajo conjunto que venimos haciendo con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos en todos sus aspectos”.
El encuentro se realizó en formato de taller. Durante el desarrollo de tres jornadas, se abordaron los aspectos destacados sobre la aplicación de la norma de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. El mismo tuvo lugar en un hotel del centro porteño.
“En estos días, y con la participación de representantes de todas las provincias del país, logramos profundizar y llegar a recomendaciones específicas para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos en sus distintas escalas y los planes de manejo y de conservación, para la gestión sustentable de estos ecosistemas”, agregó Cano.
Por su parte, el director general de Bosques de Tierra del Fuego, Leonardo Collado, celebró: "Siempre es interesante producir estos encuentros entre las provincias porque estamos todos en el proceso de actualización de revisión de los ordenamientos y es buenos compartir inquietudes y conocer cuál es la situación de las demás provincias. Es un buen intercambio".
En el cierre del presente Encuentro Nacional sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Gestión de Planes se realizó la firma de dos actas acuerdo con todas las autoridades de aplicación de la Ley N.° 26331. Así, los representantes de la Comisión de Bosques del COFEMA suscribieron la primera acta vinculada al ordenamiento territorial (ajustes de mapeo del bosque nativo, categorización a nivel predial, no regresividad); mientras que la otra se refiere a la gestión de planes de la Ley de Bosques (contenidos mínimos y nuevos contenidos de planes, pautas de conservación de fauna, planes institucionales).
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Fecha de Publicación: 27/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, organizó una jornada de intercambio con autoridades ambientales de todo el país para avanzar en el ordenamiento territorial y la gestión de planes de bosques nativos. En ese sentido, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, señaló: “Este taller es parte del trabajo conjunto que venimos haciendo con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos en todos sus aspectos”.
El encuentro se realizó en formato de taller. Durante el desarrollo de tres jornadas, se abordaron los aspectos destacados sobre la aplicación de la norma de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. El mismo tuvo lugar en un hotel del centro porteño.
“En estos días, y con la participación de representantes de todas las provincias del país, logramos profundizar y llegar a recomendaciones específicas para mejorar el ordenamiento territorial de los bosques nativos en sus distintas escalas y los planes de manejo y de conservación, para la gestión sustentable de estos ecosistemas”, agregó Cano.
Por su parte, el director general de Bosques de Tierra del Fuego, Leonardo Collado, celebró: "Siempre es interesante producir estos encuentros entre las provincias porque estamos todos en el proceso de actualización de revisión de los ordenamientos y es buenos compartir inquietudes y conocer cuál es la situación de las demás provincias. Es un buen intercambio".
En el cierre del presente Encuentro Nacional sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Gestión de Planes se realizó la firma de dos actas acuerdo con todas las autoridades de aplicación de la Ley N.° 26331. Así, los representantes de la Comisión de Bosques del COFEMA suscribieron la primera acta vinculada al ordenamiento territorial (ajustes de mapeo del bosque nativo, categorización a nivel predial, no regresividad); mientras que la otra se refiere a la gestión de planes de la Ley de Bosques (contenidos mínimos y nuevos contenidos de planes, pautas de conservación de fauna, planes institucionales).
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La región boscosa del caldenal en peligro
El caldenal pampeano en riesgo
Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un estudio reveló que la región boscosa del caldenal, que abarca gran parte de nuestra provincia, Buenos Aires y San Luis; se encuentra en estado de alerta. Una especie de hierba exótica, conocida también como invasora, logró fortalecerse en las últimas décadas por sobre las especies nativas de la zona gracias a la acción de la actividad ganadera y del árbol dominante del ecosistema, el caldén.
Según publicó el sitio Infobae, la especialista María Eugenia Estanga Mollica investigó cómo la acción del ganado, junto con la presencia del caldén -árbol endémico de La Pampa- propicia el establecimiento, crecimiento y persistencia de la hierba invasora exótica Chenopodium album, o quínoa blanca, en zonas rurales boscosas cercanas a la ciudad de Santa Rosa.
Sin embargo, las especies exóticas no sólo afectan a nuestra región, sino que es un tipo de hierba invasora que genera problema en todo el mundo. El daño total causado por este tipo de plantas asciende a unos 1,4 trillones de dólares anuales, según indicó Infobae. En Argentina, se estima que las pérdidas originadas rondan en los 3.400 millones de dólares, representando un 0,63% del PBI de nuestro país. Estas cifras dan una idea de la magnitud del problema, las cuales fueron dadas a conocer la semana pasada en un taller que se realizó en Buenos Aires.
Aunque el estudio en el caldenal no calcula el impacto en términos económicos, la investigadora le indicó a Infobae que la situación empeora el panorama general: “Es necesario conservar el bosque y si bien existe una ley, se está degradando mucho, por el uso de la ganadería intensiva, por el avance de la frontera agrícola”.
El ecosistema del caldenal está conformado por varias especies, tanto de flora como fauna, por lo cual la invasión de este tipo de especie pone en riesgo a la región. “Nuestros resultados sugieren que los pastos nativos son la principal resistencia a la hierba invasora”, señaló la investigadora.
“Sin embargo, la quínoa blanca encuentra la forma de establecerse y prosperar bajo los caldenes. Esto sucede ya que las vacas del bosque buscan la sombra del árbol y dañan las gramíneas nativas con su pisoteo. Así, la quínoa blanca sacaría ventaja de las condiciones ambientales favorables que genera el caldén”, explicó.
La procedencia de esta hierba invasora a nuestro país data de a fines del siglo XIX, se cree que como muchas otras especies con semillas de interés económico de forraje, como la alfalfa, por ejemplo. “Ya se sabe que provienen de Europa, por su tamaño pueden haber mezclado con otras en forma accidental y luego haber sido sembradas, por eso los problemas se relacionan con las pasturas”, apuntó la investigadora.
La posibilidad de su expansión en la región, según develó el estudio, se debe en que el suelo bajo los árboles es más rico en materia orgánica, agua y nutrientes, así como también a que la sombra de los caldenes amortigua la temperatura y la radiación.
“Estas condiciones ambientales son favorables para la invasora. Para invadir la quínoa blanca necesita espacios libres de vegetación herbácea o, al menos, niveles bajos de abundancia de gramíneas nativas”, señaló la especialista.
Preocupación.
Consultado por la problemática, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera nacional de Ambiente, comentó a Infobae que la semana pasada se desarrolló un taller con representantes provinciales para poner en común la preocupación por la temática.
En ese sentido, argumentó que es “fundamental trabajar en forma más integrada la temática porque lo que necesitamos es instalar el tema como un problema en la sociedad; y también comunicar mejor iniciativas que se proponen, sobre todo cuando hay acciones de control o erradicación que se deben abordar anticipadamente desde la comunicación”.
Según informó el medio porteño, durante el encuentro se introdujo a los participación las consecuencias que acarrea el avance de este tipo de especies exóticas invasoras en los diferentes ecosistemas argentinos, ya que atentan contra la conservación de la biodiversidad de las diferentes regiones. Se trata de unas 716 especies registradas de plantas, animales algas y hongos con potencial invasor y capaces de generar impactos negativos.
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Fecha de Publicación: 25/08/2018
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un estudio reveló que la región boscosa del caldenal, que abarca gran parte de nuestra provincia, Buenos Aires y San Luis; se encuentra en estado de alerta. Una especie de hierba exótica, conocida también como invasora, logró fortalecerse en las últimas décadas por sobre las especies nativas de la zona gracias a la acción de la actividad ganadera y del árbol dominante del ecosistema, el caldén.
Según publicó el sitio Infobae, la especialista María Eugenia Estanga Mollica investigó cómo la acción del ganado, junto con la presencia del caldén -árbol endémico de La Pampa- propicia el establecimiento, crecimiento y persistencia de la hierba invasora exótica Chenopodium album, o quínoa blanca, en zonas rurales boscosas cercanas a la ciudad de Santa Rosa.
Sin embargo, las especies exóticas no sólo afectan a nuestra región, sino que es un tipo de hierba invasora que genera problema en todo el mundo. El daño total causado por este tipo de plantas asciende a unos 1,4 trillones de dólares anuales, según indicó Infobae. En Argentina, se estima que las pérdidas originadas rondan en los 3.400 millones de dólares, representando un 0,63% del PBI de nuestro país. Estas cifras dan una idea de la magnitud del problema, las cuales fueron dadas a conocer la semana pasada en un taller que se realizó en Buenos Aires.
Aunque el estudio en el caldenal no calcula el impacto en términos económicos, la investigadora le indicó a Infobae que la situación empeora el panorama general: “Es necesario conservar el bosque y si bien existe una ley, se está degradando mucho, por el uso de la ganadería intensiva, por el avance de la frontera agrícola”.
El ecosistema del caldenal está conformado por varias especies, tanto de flora como fauna, por lo cual la invasión de este tipo de especie pone en riesgo a la región. “Nuestros resultados sugieren que los pastos nativos son la principal resistencia a la hierba invasora”, señaló la investigadora.
“Sin embargo, la quínoa blanca encuentra la forma de establecerse y prosperar bajo los caldenes. Esto sucede ya que las vacas del bosque buscan la sombra del árbol y dañan las gramíneas nativas con su pisoteo. Así, la quínoa blanca sacaría ventaja de las condiciones ambientales favorables que genera el caldén”, explicó.
La procedencia de esta hierba invasora a nuestro país data de a fines del siglo XIX, se cree que como muchas otras especies con semillas de interés económico de forraje, como la alfalfa, por ejemplo. “Ya se sabe que provienen de Europa, por su tamaño pueden haber mezclado con otras en forma accidental y luego haber sido sembradas, por eso los problemas se relacionan con las pasturas”, apuntó la investigadora.
La posibilidad de su expansión en la región, según develó el estudio, se debe en que el suelo bajo los árboles es más rico en materia orgánica, agua y nutrientes, así como también a que la sombra de los caldenes amortigua la temperatura y la radiación.
“Estas condiciones ambientales son favorables para la invasora. Para invadir la quínoa blanca necesita espacios libres de vegetación herbácea o, al menos, niveles bajos de abundancia de gramíneas nativas”, señaló la especialista.
Preocupación.
Consultado por la problemática, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera nacional de Ambiente, comentó a Infobae que la semana pasada se desarrolló un taller con representantes provinciales para poner en común la preocupación por la temática.
En ese sentido, argumentó que es “fundamental trabajar en forma más integrada la temática porque lo que necesitamos es instalar el tema como un problema en la sociedad; y también comunicar mejor iniciativas que se proponen, sobre todo cuando hay acciones de control o erradicación que se deben abordar anticipadamente desde la comunicación”.
Según informó el medio porteño, durante el encuentro se introdujo a los participación las consecuencias que acarrea el avance de este tipo de especies exóticas invasoras en los diferentes ecosistemas argentinos, ya que atentan contra la conservación de la biodiversidad de las diferentes regiones. Se trata de unas 716 especies registradas de plantas, animales algas y hongos con potencial invasor y capaces de generar impactos negativos.
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Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Avanza la implementación del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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Fecha de Publicación: 22/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Se instalarán más parcelas en las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca, que se suman a las que se están inventariando en otras siete provincias.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, se encuentra trabajando en el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos que se desarrolla en siete provincias: Chaco, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya se instalaron más de 1.600 parcelas remedibles. Para continuar con este proceso, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera de Ambiente, Diego Moreno, participó de la firma de contratos para la instalación de otras 1.433 parcelas de este tipo del inventario forestal en Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
El Inventario Nacional de Bosques Nativos es una herramienta estratégica nacional que sirve para brindar información detallada de la masa forestal nativa del país, planificar políticas públicas para la protección, conservación y promoción del uso sustentable de los bosques nativos y dar cumplimiento tanto a la Ley de Bosques (Ley N.° 26331) como a los convenios internacionales asumidos por la Argentina.
Con su realización el Estado nacional salda una deuda pendiente, dado que el primer y único relevamiento de información en el territorio argentino sobre los bosques nativos se realizó entre 1998 y 2006, y, de acuerdo al Decreto Reglamentario N.° 91/2009 y a la Ley N.° 26331, se establece que se debe actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos como máximo cada 5 años.
Cabe destacar que la firma de contratos realizada corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2018, del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BIRF-8493). Los adjudicatarios son: Fundación ProYungas (Salta); HYTSA Estudios y Proyectos SA i- BC S.R.L (Formosa); Asociación en participación Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia Sociedad de Hecho; Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico Sociedad de Hecho; y Sociedad Fiduciaria Agropecuaria S.A. (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
Sobre el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad
El Proyecto Bosques Nativos y Comunidad se lleva a cabo mediante un préstamo del Banco Mundial (BIRF-8493) y con fondos complementarios del Estado nacional que son implementados por la cartera nacional de Ambiente, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/15/004).
En este marco, el Ministerio de Ambiente lanzó una nueva convocatoria que invita a presentar ofertas para la instalación de 627 parcelas remedibles de inventario, mediante la Licitación Pública Nacional N.° 2/2018: “Contratación del servicio para Instalación de Parcelas Remedibles de Inventario Forestal en las provincias de: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba”. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de septiembre de 2018.
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Destruyeron bosques protegidos por dragar un río
Por trabajos de dragado en el Riachuelo destruyeron zonas protegidas
Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Profesionales de la conservación ambiental denunciaron trabajos de una empresa que estarían produciendo un importante daño ambiental y que abarcan terrenos del Parque Provincial San Cayetano. Aseguran que las obras están avanzando con el desmonte de bosques resguardados y afectando a espacios cuidados para la preservación de aves y otras especies.
Hace más de un año que una empresa se encuentra realizando obras hídricas en la ribera del arroyo Riachuelo con el fin de generar canales que eviten las inundaciones en la localidad de San Luis del Palmar y alrededores. Actualmente los trabajos están en su segunda etapa y según denunciaron ambientalistas, está produciendo un daño importante afectando también a terrenos del Parque Provincial San Cayetano.
En diálogo con ellitoral.com.ar, Sofía Zalazar quien es bióloga y parte del Club de Observadores de Aves (COA), informó que se trata de un desmonte desde el kilómetro 0 del Riachuelo hasta el 20 del parque provincial, en un área donde hay bosques nativos de clasificación roja y amarilla, es decir, de importante valor de conservación.
“Estas obras cuentan con la supervisión del ICAA que no realizó los informes correspondientes para trabajar en un área protegida violando legislaciones nacionales provinciales y tratados internacionales de conservación”, explicó.
En el espacio, además de estar el parque del cual la provincia tiene el mandato de asegurar su integridad ecológica, existe un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) una herramienta internacional que se centra en el cuidado e investigación de sitios para la protección de especies de aves y la biodiversidad.
Además es una zona sometido a trabajos de investigación de poblaciones de monos aulladores y otros mamíferos por parte del CONICET y la UNNE que también utiliza el lugar para trabajos de tesinas y salidas de campo.
La bióloga contó que las excavaciones realizadas por la empresa, que están planificadas abarcar hasta el kilómetro 40, sólo traerán una solución a corto plazo ya que la arena que es dragada es puesta a un costado y tras una lluvia o crecida podrá volver a tapar los canales. “No es una solución sustentable porque el río está en constante movimiento”, aseguró y agregó la necesidad de que se trabaje en actividades de planificación urbana para que el agua corra más rápido.
Ella junto a un grupo de profesionales e investigadores entregaron una nota al defensor del Pueblo de la provincia César Vallejos Tressens, donde detallaron los prejuicios del trabajo realizado sobre el arroyo y donde manifestaron que además del impacto ambiental, se “destruye el suelo, elimina el hábitat de especies nativas y mata un número enorme y desconocido de individuos de flora y fauna terrestre y acuática”.
En la nota solicitan a Vallejos Tressens que se detenga la obra inmediatamente; se rehabilite, recupere y restauren los ecosistemas afectados y se restablezcan la llanura de la inundación del arroyo.
Zalazar aclaró que si no hay una respuesta pronta de las autoridades y no se paralice las obras, se tomarán medidas judiciales al respecto. Por el momento, los profesionales organizados por el tema seguirán buscando adhesiones a través de petitorios a la comunidad y agotando las diferentes instancias de un trabajo que, según aseguraron, posee múltiples daños ambientales.
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Fecha de Publicación: 16/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Profesionales de la conservación ambiental denunciaron trabajos de una empresa que estarían produciendo un importante daño ambiental y que abarcan terrenos del Parque Provincial San Cayetano. Aseguran que las obras están avanzando con el desmonte de bosques resguardados y afectando a espacios cuidados para la preservación de aves y otras especies.
Hace más de un año que una empresa se encuentra realizando obras hídricas en la ribera del arroyo Riachuelo con el fin de generar canales que eviten las inundaciones en la localidad de San Luis del Palmar y alrededores. Actualmente los trabajos están en su segunda etapa y según denunciaron ambientalistas, está produciendo un daño importante afectando también a terrenos del Parque Provincial San Cayetano.
En diálogo con ellitoral.com.ar, Sofía Zalazar quien es bióloga y parte del Club de Observadores de Aves (COA), informó que se trata de un desmonte desde el kilómetro 0 del Riachuelo hasta el 20 del parque provincial, en un área donde hay bosques nativos de clasificación roja y amarilla, es decir, de importante valor de conservación.
“Estas obras cuentan con la supervisión del ICAA que no realizó los informes correspondientes para trabajar en un área protegida violando legislaciones nacionales provinciales y tratados internacionales de conservación”, explicó.
En el espacio, además de estar el parque del cual la provincia tiene el mandato de asegurar su integridad ecológica, existe un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) una herramienta internacional que se centra en el cuidado e investigación de sitios para la protección de especies de aves y la biodiversidad.
Además es una zona sometido a trabajos de investigación de poblaciones de monos aulladores y otros mamíferos por parte del CONICET y la UNNE que también utiliza el lugar para trabajos de tesinas y salidas de campo.
La bióloga contó que las excavaciones realizadas por la empresa, que están planificadas abarcar hasta el kilómetro 40, sólo traerán una solución a corto plazo ya que la arena que es dragada es puesta a un costado y tras una lluvia o crecida podrá volver a tapar los canales. “No es una solución sustentable porque el río está en constante movimiento”, aseguró y agregó la necesidad de que se trabaje en actividades de planificación urbana para que el agua corra más rápido.
Ella junto a un grupo de profesionales e investigadores entregaron una nota al defensor del Pueblo de la provincia César Vallejos Tressens, donde detallaron los prejuicios del trabajo realizado sobre el arroyo y donde manifestaron que además del impacto ambiental, se “destruye el suelo, elimina el hábitat de especies nativas y mata un número enorme y desconocido de individuos de flora y fauna terrestre y acuática”.
En la nota solicitan a Vallejos Tressens que se detenga la obra inmediatamente; se rehabilite, recupere y restauren los ecosistemas afectados y se restablezcan la llanura de la inundación del arroyo.
Zalazar aclaró que si no hay una respuesta pronta de las autoridades y no se paralice las obras, se tomarán medidas judiciales al respecto. Por el momento, los profesionales organizados por el tema seguirán buscando adhesiones a través de petitorios a la comunidad y agotando las diferentes instancias de un trabajo que, según aseguraron, posee múltiples daños ambientales.
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Piden frenan desmontes costeros en Corrientes
Solicitan que se detenga el desmonte en la zona del arroyo Riachuelo
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial
El mortífero avance de la frontera agrícola argentina
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo
Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo y retiene fondos
Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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Caputo sigue sumando causas por desmontes ilegales
Otra denuncia contra Caputo, ahora por desmontes ilegales en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Córdoba: 100 mil ha de bosque menos en 10 años
Por el fuego, Córdoba perdió 100 mil hectáreas de bosque nativo en 10 años
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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23 proyectos aprobados para restaurar bosques
Son 23 los proyectos que restaurarán 1.700 hectáreas de bosques en el norte y el sur
Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Veintitrés fueron los proyectos ganadores que se encargarán de restaurar 1.720 hectáreas de bosques nativos en zonas del norte y el sur del país, como parte del plan para recuperar unas 20 mil hectáreas de aquí al año 2023. Alrededor de unos 10 millones de árboles que buscarán contribuir al control de las inundaciones y las sequías, la recuperación de suelos salinos y la restauración de áreas incendiadas. Un guiño al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático, ya que los bosques atrapan y almacenan dióxido de carbono y contribuyen a mitigar el calentamiento global.
La iniciativa es parte de la plataforma de reforestación creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de ForestAr 2030. "Los últimos tres años logramos una reducción paulatina de la tasa de deforestación, pasamos de 600 mil hectáreas anuales a 150.000. Marca una tendencia que esperamos sostener, porque las estadísticas demuestran que es una de nuestras principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, durante la presentación en Casa de Gobierno.
La convocatoria estuvo abierta a instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades y pymes. Los adjudicatarios de los 23 proyectos se ubican en tres sitios: la Cuenca Salí Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero), Monte y Espinal (Mendoza y San Luis) y Bosque Andino Patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), que se suman a las ocho experiencias de restauración que se encuentran vigentes en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires y Chubut.
"Junto con las provincias desarrollamos mapas para definir los sitios prioritarios y elaboramos una red de contactos con instituciones públicas y privadas. Después de estas 1.700 hectáreas, queremos seguir impulsando muchas más para llegar a las 20.000 hectáreas anuales. Es importante la puesta en valor del potencial productivo de esos bosques", agregó Moreno.
Zonas vulnerables
Los proyectos adjudicados apuntan a restaurar áreas afectadas en zonas disímiles pero con una coincidencia: su vulnerabilidad.
"En condiciones naturales, solo una semilla de cada 10 millones se transformará en una planta adulta de algarrobo", grafica Mariano Cony, uno de los ganadores, quien se propone restaurar bosques de esa especie en Mendoza. Para contrarrestar estas condiciones adversas, trabajará con semillas mejoradas y evaluadas en distintos ambientes y zonas áridas del país.
Cony señala que las precipitaciones en esa provincia son unas 10 veces menores a las de Buenos Aires, sumado a la humedad relativa muy baja que originan fenómenos como el viento Zonda. La provincia tiene solo 3% de su área cultivada y entre 2017 y 2018 perdió 200.000 hectáreas de bosques por incendios. Los proyectos se desarrollan en campos ganaderos porque, aclara, "la ganadería degrada los bosques, pero también nos puede ayudar a restaurarlos".
Rodrigo Ordoñez García, adjudicatario de uno de los proyectos en la Cuenca Salí Dulce, apunta a "recuperar áreas críticas del sur de Tucumán como un punto de partida para alcanzar una solución. La idea es poner en marcha, junto a actores de la sociedad civil y del ámbito de la educación, un proyecto de forestación para recuperar bosques en degradación,".
Bariloche es la casa del investigador del INTA Mario Pastorino, quien participará de la restauración de aéreas incendiadas. "Ganamos proyectos de alto impacto. Uno en isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El otro es en el cerro Otto, donde recuperaremos sitios quemados plantando lengas y otras especies nativas. En un núcleo turístico tan importante, trascienden el impacto local", afirmó.
La iniciativa, que estima crear 5 mil puestos de trabajo en los próximos años, cuenta con una inversión superior a $30 millones provenientes del Programa Nacional de Bosques Nativos, administrados junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo que sigue es una nueva convocatoria, para la segunda mitad del año, destinada al Noroeste y Noreste del país.
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Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Veintitrés fueron los proyectos ganadores que se encargarán de restaurar 1.720 hectáreas de bosques nativos en zonas del norte y el sur del país, como parte del plan para recuperar unas 20 mil hectáreas de aquí al año 2023. Alrededor de unos 10 millones de árboles que buscarán contribuir al control de las inundaciones y las sequías, la recuperación de suelos salinos y la restauración de áreas incendiadas. Un guiño al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático, ya que los bosques atrapan y almacenan dióxido de carbono y contribuyen a mitigar el calentamiento global.
La iniciativa es parte de la plataforma de reforestación creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de ForestAr 2030. "Los últimos tres años logramos una reducción paulatina de la tasa de deforestación, pasamos de 600 mil hectáreas anuales a 150.000. Marca una tendencia que esperamos sostener, porque las estadísticas demuestran que es una de nuestras principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, durante la presentación en Casa de Gobierno.
La convocatoria estuvo abierta a instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades y pymes. Los adjudicatarios de los 23 proyectos se ubican en tres sitios: la Cuenca Salí Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero), Monte y Espinal (Mendoza y San Luis) y Bosque Andino Patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), que se suman a las ocho experiencias de restauración que se encuentran vigentes en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires y Chubut.
"Junto con las provincias desarrollamos mapas para definir los sitios prioritarios y elaboramos una red de contactos con instituciones públicas y privadas. Después de estas 1.700 hectáreas, queremos seguir impulsando muchas más para llegar a las 20.000 hectáreas anuales. Es importante la puesta en valor del potencial productivo de esos bosques", agregó Moreno.
Zonas vulnerables
Los proyectos adjudicados apuntan a restaurar áreas afectadas en zonas disímiles pero con una coincidencia: su vulnerabilidad.
"En condiciones naturales, solo una semilla de cada 10 millones se transformará en una planta adulta de algarrobo", grafica Mariano Cony, uno de los ganadores, quien se propone restaurar bosques de esa especie en Mendoza. Para contrarrestar estas condiciones adversas, trabajará con semillas mejoradas y evaluadas en distintos ambientes y zonas áridas del país.
Cony señala que las precipitaciones en esa provincia son unas 10 veces menores a las de Buenos Aires, sumado a la humedad relativa muy baja que originan fenómenos como el viento Zonda. La provincia tiene solo 3% de su área cultivada y entre 2017 y 2018 perdió 200.000 hectáreas de bosques por incendios. Los proyectos se desarrollan en campos ganaderos porque, aclara, "la ganadería degrada los bosques, pero también nos puede ayudar a restaurarlos".
Rodrigo Ordoñez García, adjudicatario de uno de los proyectos en la Cuenca Salí Dulce, apunta a "recuperar áreas críticas del sur de Tucumán como un punto de partida para alcanzar una solución. La idea es poner en marcha, junto a actores de la sociedad civil y del ámbito de la educación, un proyecto de forestación para recuperar bosques en degradación,".
Bariloche es la casa del investigador del INTA Mario Pastorino, quien participará de la restauración de aéreas incendiadas. "Ganamos proyectos de alto impacto. Uno en isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El otro es en el cerro Otto, donde recuperaremos sitios quemados plantando lengas y otras especies nativas. En un núcleo turístico tan importante, trascienden el impacto local", afirmó.
La iniciativa, que estima crear 5 mil puestos de trabajo en los próximos años, cuenta con una inversión superior a $30 millones provenientes del Programa Nacional de Bosques Nativos, administrados junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo que sigue es una nueva convocatoria, para la segunda mitad del año, destinada al Noroeste y Noreste del país.
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Restaurarán cuenca de Catamarca
Financiamiento para restaurar la cuenca del río El Abra
Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Mañana se firmará en Casa Rosada un convenio en el marco del “Programa Nacional de Restauración de Cuencas mediante Reforestación”, que financia el PNUD, organismo dependiente de las Naciones Unidas, donde se fijó como una de las prioridades a nivel nacional, la cuenca del Río Salí o Dulce, del que Catamarca forma parte.
Al encuentro asistirá el secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Rosales, junto a funcionarios y responsables de proyectos de las otras provincias intervinientes en este programa.
Catamarca presentó un proyecto relativo a la reforestación de la cuenca del Río El Abra, en el departamento Santa Rosa, en el sector del pueblo de La Bajada. Este sector se tomó como prioritario a trabajar, porque es donde hubo mayores inconvenientes en los procesos de erosión, sedimentación e inundación, por las crecidas del Río El Abra.
Para ello, la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un proyecto, a través de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, para ser ejecutado por el “Consorcio de Cooperación del Río El Abra”, en virtud que los procesos erosivos que se pretenden detener, se dan mayoritariamente en los campos de productores de la zona de influencia de los miembros de este consorcio.
Este proyecto incluye diversas etapas que irán avanzando y cumpliendo los objetivos. La primera es reforestación de las cabeceras de cárcavas, mediante ejemplares provenientes del Vivero Provincial de la Secretaría de Ambiente, para frenar la erosión hídrica que se produce todos los años, la limpieza de un tramo del cauce del Río El Abra y la formación de un vivero para producir las plantas que se necesitarán en las etapas siguientes, en los planes de reforestación.
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Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Mañana se firmará en Casa Rosada un convenio en el marco del “Programa Nacional de Restauración de Cuencas mediante Reforestación”, que financia el PNUD, organismo dependiente de las Naciones Unidas, donde se fijó como una de las prioridades a nivel nacional, la cuenca del Río Salí o Dulce, del que Catamarca forma parte.
Al encuentro asistirá el secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Rosales, junto a funcionarios y responsables de proyectos de las otras provincias intervinientes en este programa.
Catamarca presentó un proyecto relativo a la reforestación de la cuenca del Río El Abra, en el departamento Santa Rosa, en el sector del pueblo de La Bajada. Este sector se tomó como prioritario a trabajar, porque es donde hubo mayores inconvenientes en los procesos de erosión, sedimentación e inundación, por las crecidas del Río El Abra.
Para ello, la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un proyecto, a través de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, para ser ejecutado por el “Consorcio de Cooperación del Río El Abra”, en virtud que los procesos erosivos que se pretenden detener, se dan mayoritariamente en los campos de productores de la zona de influencia de los miembros de este consorcio.
Este proyecto incluye diversas etapas que irán avanzando y cumpliendo los objetivos. La primera es reforestación de las cabeceras de cárcavas, mediante ejemplares provenientes del Vivero Provincial de la Secretaría de Ambiente, para frenar la erosión hídrica que se produce todos los años, la limpieza de un tramo del cauce del Río El Abra y la formación de un vivero para producir las plantas que se necesitarán en las etapas siguientes, en los planes de reforestación.
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Acabemos con los bosques
Acabemos con los bosques
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Impunidad salteña para seguir con los desmontes
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total”
Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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