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Jujuy propone la restauración de bosques
07:00 | 
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Eco Sitio |
Restauración de bosques degradados de la provincia
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de los componentes del “Programa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable se propone trabajar en un Plan Provincial de Restauración Forestal de áreas degradadas y recuperación de bosques nativos, como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese sentido, la cartera de Ambiente que es la autoridad provincial de aplicación de la Ley Nacional N° 26.331, participará del programa piloto denominado “Plan de restauración de áreas degradadas por incendios forestales”, para reforestar las áreas degradadas de bosques nativos afectadas por los incendios del 2012 y 2013. La ejecución técnica del proyecto estará a cargo del grupo forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Yuto.
El Secretario de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, Antonio Alejo, explicó en líneas generales que se trata de un proyecto piloto que tiende a establecer procedimientos y técnicas para la mejora y restauración de bosques nativos.
Precisó además que “forma parte de un sistema de gestión de una cuenca forestal en la provincia, que se corresponde con una línea de proyectos prioritarios de Nación. En Jujuy sobre este componente la prioridad será la cuenca Caimancito. Para esta primera fase, se intervendrá en parcelas pilotos que fueron seleccionadas de entre las fincas de productores que participaran en el proyecto”.
Mitigación de los efectos del cambio climático
Por otro lado, el funcionario agregó que el objetivo es también desarrollar el potencial forestal de la zona de Caimancito y mejorar las condiciones de empleabilidad, la trazabilidad de la madera, etc. Y, en este sentido, es fundamental y estratégico contar con una práctica para la restauración de bosques degradados por incendios forestales, y potenciarlos.
Estas acciones de restauración pueden incrementar la capacidad forestal para la captación de carbono, que además benefician los medios de vida de comunidades dependientes del bosque, e incluso favorecerá la conservación de la biodiversidad y el control de la erosión del suelo.
El Director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto, Ing. José Miguel Minetti, explicó que Jujuy se suma a otras cinco provincias para realizar esta experiencia piloto de recuperación de bosques degradados ya sea por incendios o por sobrepastoreo, explotación forestal, etc. La finalidad es que puedan recuperar sus servicios ambientales y producción forestal.
Minetti sostuvo que este proyecto “surge del trabajo conjunto entre la provincia y el INTA, con un compromiso muy grande de ambos equipos técnicos. Se sumó además la Asociación Foresto Industrial de Jujuy (AFIJUY), ya que este espacio interinstitucional es el ámbito ideal para buscar soluciones en conjunto a determinados problemas”.
El proyecto contempla ensayos de producción de plantas nativas y el cultivo en los bosques degradados; además de realizar cerramientos para que no ingresen animales, medición de resultados para la obtención de datos de experimentación concretos que permitan desarrollar recomendaciones técnicas a otros productores.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de los componentes del “Programa Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, el Ministerio de Ambiente a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable se propone trabajar en un Plan Provincial de Restauración Forestal de áreas degradadas y recuperación de bosques nativos, como estrategia para la mitigación de los efectos del cambio climático.
En ese sentido, la cartera de Ambiente que es la autoridad provincial de aplicación de la Ley Nacional N° 26.331, participará del programa piloto denominado “Plan de restauración de áreas degradadas por incendios forestales”, para reforestar las áreas degradadas de bosques nativos afectadas por los incendios del 2012 y 2013. La ejecución técnica del proyecto estará a cargo del grupo forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Yuto.
El Secretario de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente, Antonio Alejo, explicó en líneas generales que se trata de un proyecto piloto que tiende a establecer procedimientos y técnicas para la mejora y restauración de bosques nativos.
Precisó además que “forma parte de un sistema de gestión de una cuenca forestal en la provincia, que se corresponde con una línea de proyectos prioritarios de Nación. En Jujuy sobre este componente la prioridad será la cuenca Caimancito. Para esta primera fase, se intervendrá en parcelas pilotos que fueron seleccionadas de entre las fincas de productores que participaran en el proyecto”.
Mitigación de los efectos del cambio climático
Por otro lado, el funcionario agregó que el objetivo es también desarrollar el potencial forestal de la zona de Caimancito y mejorar las condiciones de empleabilidad, la trazabilidad de la madera, etc. Y, en este sentido, es fundamental y estratégico contar con una práctica para la restauración de bosques degradados por incendios forestales, y potenciarlos.
Estas acciones de restauración pueden incrementar la capacidad forestal para la captación de carbono, que además benefician los medios de vida de comunidades dependientes del bosque, e incluso favorecerá la conservación de la biodiversidad y el control de la erosión del suelo.
El Director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA Yuto, Ing. José Miguel Minetti, explicó que Jujuy se suma a otras cinco provincias para realizar esta experiencia piloto de recuperación de bosques degradados ya sea por incendios o por sobrepastoreo, explotación forestal, etc. La finalidad es que puedan recuperar sus servicios ambientales y producción forestal.
Minetti sostuvo que este proyecto “surge del trabajo conjunto entre la provincia y el INTA, con un compromiso muy grande de ambos equipos técnicos. Se sumó además la Asociación Foresto Industrial de Jujuy (AFIJUY), ya que este espacio interinstitucional es el ámbito ideal para buscar soluciones en conjunto a determinados problemas”.
El proyecto contempla ensayos de producción de plantas nativas y el cultivo en los bosques degradados; además de realizar cerramientos para que no ingresen animales, medición de resultados para la obtención de datos de experimentación concretos que permitan desarrollar recomendaciones técnicas a otros productores.
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Desafíos climáticos nacionales
Lo que falta hacer frente al cambio climático
Fecha de Publicación: 11/06/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El país tiene varios desafíos que enfrentar ante el cada vez más preocupante fenómeno del cambio climático, como resolver el problema de la contaminación de reservorios de aguas y suelos, detener la inquietante pérdida de bosques que afectan a distintas regiones y promover un manejo sustentable de los residuos.
En los últimos días, integrantes de la comunidad científica nacional alertaron sobre el impacto negativo que tienen los eventos climáticos extremos, como las intensas lluvias que cayeron en varias provincias donde se registraron desbordes de ríos y lagunas que dejaron pueblos enteros bajo el agua y que, en el caso del Chaco, obligaron a decretar la emergencia agropecuaria en diez departamentos de la zona este de la provincia. Esta semana, con motivo de conmemorarse el Día del Medioambiente, fecha establecida en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas en ocasión del inicio de la Conferencia de Estocolmo, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación elaboró un informe que resume los principales desafíos que tiene el país en la materia. En este documento se advierte que solo el 12 por ciento del agua residual es tratada antes de su vuelco a cuerpos de agua, según se desprende de un relevamiento realizado en 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias; también se observa que la mayoría de las ciudades del país no tiene monitoreos continuos de la calidad del aire, mientras que son 106 millones las hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. Con respecto a la situación de los bosques, el informe señala que el país tiene 27,2 millones de hectáreas de bosques nativos y que entre los años 1998 y 2015 se perdieron 4,1 millones de hectáreas por deforestación, lo que revela la magnitud del problema. Por otro lado, el documento hace referencia a los humedales y observa que representan el 23 por ciento del territorio argentino siendo uno de los ecosistemas más degradados y amenazados del país. En el punto referido a la Antártida, explica que es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático, y que el aumento de la temperatura en ésa región del suelo argentino fue el más pronunciado de los últimos 50 años.
La Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo, de ahí la importancia de adoptar medidas concretas y urgentes para proteger la biodiversidad. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación puso en marcha el Programa Extinción Cero, que tiene como meta conservar seis especies nativas que están en estado crítico; y también lanzó la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, para hacer un uso racional de nuestros recursos naturales. En relación al manejo de residuos, se debe tener en cuenta que en nuestro país el promedio de generación de basura per cápita es de 1,02 kg, lo que representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. Para hacer frente al desafío que significa reducir el impacto de tan importante cantidad de residuos, se presentó el Programa Basura Cero, de la cartera de Ambiente, a través del cual se propone pasar del 61 por ciento de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 por ciento en el año 2019.
Se sabe también que el avance de la frontera agrícola tuvo un fuerte impacto en el ambiente de un país como el nuestro que tiene 35 millones de hectáreas cultivadas. Por esa razón, en 2016 se otorgó financiamiento para planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas. Este año, el Día Mundial del Medioambiente no tuvo motivos para festejar, ya que unas pocas horas antes de que comenzara esa jornada -el 5 de junio- el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión de su país de retirarse del Tratado de París, emblemático acuerdo firmado en 2015 en la capital francesa para luchar contra los efectos del calentamiento global, un fenómeno cada vez más preocupante y que se manifiesta en los eventos climáticos extremos. Debe señalarse que Argentina, cuya participación en las emisiones globales de gases de invernadero es de 0,7 por ciento, con un aumento promedio anual de 0,9 por ciento, ratificó su compromiso con el Acuerdo de Paris, de manera que es de esperar que se profundicen las acciones para alcanzar los objetivos propuestos por la mayoría de las naciones en la cumbre del clima que se celebrara en la capital francesa.
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Fecha de Publicación: 11/06/2017
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El país tiene varios desafíos que enfrentar ante el cada vez más preocupante fenómeno del cambio climático, como resolver el problema de la contaminación de reservorios de aguas y suelos, detener la inquietante pérdida de bosques que afectan a distintas regiones y promover un manejo sustentable de los residuos.
En los últimos días, integrantes de la comunidad científica nacional alertaron sobre el impacto negativo que tienen los eventos climáticos extremos, como las intensas lluvias que cayeron en varias provincias donde se registraron desbordes de ríos y lagunas que dejaron pueblos enteros bajo el agua y que, en el caso del Chaco, obligaron a decretar la emergencia agropecuaria en diez departamentos de la zona este de la provincia. Esta semana, con motivo de conmemorarse el Día del Medioambiente, fecha establecida en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas en ocasión del inicio de la Conferencia de Estocolmo, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación elaboró un informe que resume los principales desafíos que tiene el país en la materia. En este documento se advierte que solo el 12 por ciento del agua residual es tratada antes de su vuelco a cuerpos de agua, según se desprende de un relevamiento realizado en 120 plantas de tratamiento de efluentes correspondientes a nueve provincias; también se observa que la mayoría de las ciudades del país no tiene monitoreos continuos de la calidad del aire, mientras que son 106 millones las hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. Con respecto a la situación de los bosques, el informe señala que el país tiene 27,2 millones de hectáreas de bosques nativos y que entre los años 1998 y 2015 se perdieron 4,1 millones de hectáreas por deforestación, lo que revela la magnitud del problema. Por otro lado, el documento hace referencia a los humedales y observa que representan el 23 por ciento del territorio argentino siendo uno de los ecosistemas más degradados y amenazados del país. En el punto referido a la Antártida, explica que es una de las regiones del planeta más sensibles al cambio climático, y que el aumento de la temperatura en ésa región del suelo argentino fue el más pronunciado de los últimos 50 años.
La Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo, de ahí la importancia de adoptar medidas concretas y urgentes para proteger la biodiversidad. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación puso en marcha el Programa Extinción Cero, que tiene como meta conservar seis especies nativas que están en estado crítico; y también lanzó la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad 2015-2020, para hacer un uso racional de nuestros recursos naturales. En relación al manejo de residuos, se debe tener en cuenta que en nuestro país el promedio de generación de basura per cápita es de 1,02 kg, lo que representa unas 45.000 toneladas diarias para el total de la población. Para hacer frente al desafío que significa reducir el impacto de tan importante cantidad de residuos, se presentó el Programa Basura Cero, de la cartera de Ambiente, a través del cual se propone pasar del 61 por ciento de cobertura de relleno sanitario por habitante al 80 por ciento en el año 2019.
Se sabe también que el avance de la frontera agrícola tuvo un fuerte impacto en el ambiente de un país como el nuestro que tiene 35 millones de hectáreas cultivadas. Por esa razón, en 2016 se otorgó financiamiento para planes de manejo sustentable en 1,7 millones de hectáreas. Este año, el Día Mundial del Medioambiente no tuvo motivos para festejar, ya que unas pocas horas antes de que comenzara esa jornada -el 5 de junio- el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión de su país de retirarse del Tratado de París, emblemático acuerdo firmado en 2015 en la capital francesa para luchar contra los efectos del calentamiento global, un fenómeno cada vez más preocupante y que se manifiesta en los eventos climáticos extremos. Debe señalarse que Argentina, cuya participación en las emisiones globales de gases de invernadero es de 0,7 por ciento, con un aumento promedio anual de 0,9 por ciento, ratificó su compromiso con el Acuerdo de Paris, de manera que es de esperar que se profundicen las acciones para alcanzar los objetivos propuestos por la mayoría de las naciones en la cumbre del clima que se celebrara en la capital francesa.
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bosques nativos,
cambio climático,
Desmontes,
ecosistemas,
Nacional,
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Córdoba: científicos rechazan herramienta de bosques
Bosques: investigadores cuestionan el método propuesto para cambiar el mapa
Fecha de Publicación: 30/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia presentó en la UNC la metodología para actualizar el anexo de la ley de bosques que debe ser modificado. Algunos docentes aseguran que hay muchas dudas y que no tiene sustento científico.
Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba criticaron la herramienta que la Provincia quiere utilizar para crear el nuevo mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo.
La presentación de la herramienta estuvo a cargo de Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia el miércoles pasado. Los investigadores salieron con más dudas que certezas de la reunión.
La Provincia realizó presentaciones similares en las otras universidades nacionales de la provincia. “Están buscando que las universidades validen la posibilidad de sacar una ley en el corto plazo”, comentó Marcelo Cabido, docente e investigador de Conicet, experto en el tema.
La herramienta cuenta con 13 capas de diferentes variables georreferenciadas como la cobertura vegetal, la pendiente del suelo, recursos hídricos, fauna, capacidad de uso de los suelos y otras.
El objetivo es ponderar cada capa para determinar qué nivel de protección le corresponde a cada sector de bosque nativo. Cabido indicó que la metodología se trata de una “entelequia”. “Es una creación intelectual irreal sin sustento científico”, indicó.
Por su parte, Fernando Barri, docente de la UNC e investigador de Conicet, cuestionó que entre las capas no figurara ninguna con la superficie desmontada desde 2007 a la fecha. “Sin esa capa, la superficie desmontada ilegalmente pasaría a ser blanca en el nuevo mapa, con lo cual no tendría ninguna protección”, indicó Barri.
Según Cabido, crear esa capa sería sencillo de elaborar, al contrario de lo que aseguraron desde la Provincia. Según Barri, en la reunión Britch reconoció que no quieren sumar las capas que les indicó la Dirección de Bosques de Nación, entre ellas la de desmontes, porque se les complicaría la metodología.
Los investigadores preguntaron qué pasaría si el mapa resultante de esta herramienta tuviera menos hectáreas protegidas que el vigente y, por lo tanto, se violara el principio de no regresividad que prevé el cuerpo normativo. Aseguran que no hubo respuesta concreta desde la provincia.
En la reunión estaban presentes Hugo Juri, rector de la UNC, y los decanos de las facultades de Ciencias Exactas, Pablo Recabarren, y Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero. También asistieron varios legisladores y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina Hafford.
En el final, Juri indicó que la UNC elaboraría un documento “oficial”, donde se sumarán todas las voces de la Casa de Trejo que quieran opinar sobre el tema.
Un largo debate
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba ese plazo venció en 2015.
Durante 2016 la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo del norte cordobés.
Ahora, la Provincia entregó la herramienta técnica al Poder Legislativo para que elabore el mapa correspondiente. Tras varios intentos fallidos para sancionar la nueva ley y el mapa, debido a la presión ciudadana, intervino la Nación, quien le pidió a Córdoba que realice un proceso participativo para discutir la modificación del mapa, como prevé la norma nacional.
Entre las medidas, la Provincia y la Legislatura dispusieron realizar reuniones en las universidades de la provincia. También se prevén asambleas regionales.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos más precisos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir en su mapa unas dos millones de hectáreas.
La imparable sangría del monte cordobés
Antes de 2004. Sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental informó datos parciales.
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Fecha de Publicación: 30/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia presentó en la UNC la metodología para actualizar el anexo de la ley de bosques que debe ser modificado. Algunos docentes aseguran que hay muchas dudas y que no tiene sustento científico.
Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba criticaron la herramienta que la Provincia quiere utilizar para crear el nuevo mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo.
La presentación de la herramienta estuvo a cargo de Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia el miércoles pasado. Los investigadores salieron con más dudas que certezas de la reunión.
La Provincia realizó presentaciones similares en las otras universidades nacionales de la provincia. “Están buscando que las universidades validen la posibilidad de sacar una ley en el corto plazo”, comentó Marcelo Cabido, docente e investigador de Conicet, experto en el tema.
La herramienta cuenta con 13 capas de diferentes variables georreferenciadas como la cobertura vegetal, la pendiente del suelo, recursos hídricos, fauna, capacidad de uso de los suelos y otras.
El objetivo es ponderar cada capa para determinar qué nivel de protección le corresponde a cada sector de bosque nativo. Cabido indicó que la metodología se trata de una “entelequia”. “Es una creación intelectual irreal sin sustento científico”, indicó.
Por su parte, Fernando Barri, docente de la UNC e investigador de Conicet, cuestionó que entre las capas no figurara ninguna con la superficie desmontada desde 2007 a la fecha. “Sin esa capa, la superficie desmontada ilegalmente pasaría a ser blanca en el nuevo mapa, con lo cual no tendría ninguna protección”, indicó Barri.
Según Cabido, crear esa capa sería sencillo de elaborar, al contrario de lo que aseguraron desde la Provincia. Según Barri, en la reunión Britch reconoció que no quieren sumar las capas que les indicó la Dirección de Bosques de Nación, entre ellas la de desmontes, porque se les complicaría la metodología.
Los investigadores preguntaron qué pasaría si el mapa resultante de esta herramienta tuviera menos hectáreas protegidas que el vigente y, por lo tanto, se violara el principio de no regresividad que prevé el cuerpo normativo. Aseguran que no hubo respuesta concreta desde la provincia.
En la reunión estaban presentes Hugo Juri, rector de la UNC, y los decanos de las facultades de Ciencias Exactas, Pablo Recabarren, y Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero. También asistieron varios legisladores y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina Hafford.
En el final, Juri indicó que la UNC elaboraría un documento “oficial”, donde se sumarán todas las voces de la Casa de Trejo que quieran opinar sobre el tema.
Un largo debate
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba ese plazo venció en 2015.
Durante 2016 la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo del norte cordobés.
Ahora, la Provincia entregó la herramienta técnica al Poder Legislativo para que elabore el mapa correspondiente. Tras varios intentos fallidos para sancionar la nueva ley y el mapa, debido a la presión ciudadana, intervino la Nación, quien le pidió a Córdoba que realice un proceso participativo para discutir la modificación del mapa, como prevé la norma nacional.
Entre las medidas, la Provincia y la Legislatura dispusieron realizar reuniones en las universidades de la provincia. También se prevén asambleas regionales.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos más precisos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir en su mapa unas dos millones de hectáreas.
La imparable sangría del monte cordobés
Antes de 2004. Sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental informó datos parciales.
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Jujuy afirma que controla la Ley de Bosques
Ley de Bosques: Realizan inspecciones forestales y controles madereros
Fecha de Publicación: 17/05/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de Jujuy, se realizan permanentes inspecciones forestales y controles madereros en rutas y campos de la provincia, en el marco de las supervisiones para verificar el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Predial previstos por la Ley de Bosques (N° 26.331), entre otros propósitos.
En este sentido, se sabe que el propietario de una finca que posee bosques nativos, para la presentación de un Plan de Conservación, de Cambio de Uso del Suelo, de Aprovechamiento forestal, o de formulación, por ejemplo, previamente debe tener un Plan de Ordenamiento Predial (POP), aprobado por el Comité Evaluador de Bosques de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Ambiente.
El POP presentado por el productor se debe adecuar a la zoonificación establecida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el cual define zonas aptas o no aptas para determinadas actividades, lo que se delimitan a través de tres categorías establecidas: roja, que corresponde a zonas protegidas que no se pueden intervenir; amarilla, para las áreas de manejo forestal sustentable; y verde donde se pueden hacer cambios de uso del suelo si se cumple con determinados requisitos. También están las áreas que ya habían sido transformadas previamente.
Por otro lado, para la aprobación del POP, desde el comité se evalúa pendientes del lugar, cursos de agua, cuestiones geográficas y topográficas, y la adecuación a lo que establece la ley 26.331 de Conservación de Bosques Nativos. Luego se realizan inspecciones en campo, con el fin de corroborar la información presentada por el productor.
Con posterioridad se vuelven a hacer inspecciones para corroborar que los trabajos propuestos se estén realizando como corresponde; y una vez que terminan los trabajos, para inspeccionar que se haya hecho lo aprobado.
En la actualidad, técnicos del ministerio liderado por María Inés Zigarán, se encuentran realizando controles constantemente en firma conjunta con los equipos de la dirección de bosques nativos, para certificar tareas a quienes se les hizo entrega de fondos de conservación; y cotejar además la información digital presentada. Al mismo tiempo se realizan controles en ruta, se inspeccionan las guías de los transportistas de productos forestales madereros, se fiscaliza aserraderos, entre otras acciones simultáneas.
El Ing. Juan Carlos Figueroa, del Comité Evaluador de Bosques de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, relató que los resultados de las inspecciones son muy satisfactorios. "Esta semana se realizó un censo forestal –aclaró-, donde vemos por ejemplo que se respeten los diámetros mínimos de corta de las especies maderables que se van a sacar, qué especies y la cantidad que se va a extraer, datos con los que luego se hace una evaluación en gabinete, donde se ve a qué cuartel pertenece, para darles los cupos de habilitación y así realizar una resolución para el otorgamiento de guías al productor”.
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Fecha de Publicación: 17/05/2017
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de Jujuy, se realizan permanentes inspecciones forestales y controles madereros en rutas y campos de la provincia, en el marco de las supervisiones para verificar el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento Predial previstos por la Ley de Bosques (N° 26.331), entre otros propósitos.
En este sentido, se sabe que el propietario de una finca que posee bosques nativos, para la presentación de un Plan de Conservación, de Cambio de Uso del Suelo, de Aprovechamiento forestal, o de formulación, por ejemplo, previamente debe tener un Plan de Ordenamiento Predial (POP), aprobado por el Comité Evaluador de Bosques de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Ambiente.
El POP presentado por el productor se debe adecuar a la zoonificación establecida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), el cual define zonas aptas o no aptas para determinadas actividades, lo que se delimitan a través de tres categorías establecidas: roja, que corresponde a zonas protegidas que no se pueden intervenir; amarilla, para las áreas de manejo forestal sustentable; y verde donde se pueden hacer cambios de uso del suelo si se cumple con determinados requisitos. También están las áreas que ya habían sido transformadas previamente.
Por otro lado, para la aprobación del POP, desde el comité se evalúa pendientes del lugar, cursos de agua, cuestiones geográficas y topográficas, y la adecuación a lo que establece la ley 26.331 de Conservación de Bosques Nativos. Luego se realizan inspecciones en campo, con el fin de corroborar la información presentada por el productor.
Con posterioridad se vuelven a hacer inspecciones para corroborar que los trabajos propuestos se estén realizando como corresponde; y una vez que terminan los trabajos, para inspeccionar que se haya hecho lo aprobado.
En la actualidad, técnicos del ministerio liderado por María Inés Zigarán, se encuentran realizando controles constantemente en firma conjunta con los equipos de la dirección de bosques nativos, para certificar tareas a quienes se les hizo entrega de fondos de conservación; y cotejar además la información digital presentada. Al mismo tiempo se realizan controles en ruta, se inspeccionan las guías de los transportistas de productos forestales madereros, se fiscaliza aserraderos, entre otras acciones simultáneas.
El Ing. Juan Carlos Figueroa, del Comité Evaluador de Bosques de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, relató que los resultados de las inspecciones son muy satisfactorios. "Esta semana se realizó un censo forestal –aclaró-, donde vemos por ejemplo que se respeten los diámetros mínimos de corta de las especies maderables que se van a sacar, qué especies y la cantidad que se va a extraer, datos con los que luego se hace una evaluación en gabinete, donde se ve a qué cuartel pertenece, para darles los cupos de habilitación y así realizar una resolución para el otorgamiento de guías al productor”.
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Ocho medidas para prevenir las inundaciones
Inundaciones: las ocho medidas para prevenirlas a largo plazo
Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".
De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.
Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".
Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.
Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".
Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".
Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".
Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".
Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.
Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".
De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.
Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".
Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.
Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".
Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".
Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".
Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".
Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.
Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor
Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Salta perdió el 40% de los servicios ecosistémicos
Comprueban que por desmontes disminuyó el 40% de los servicios ecosistémicos de Salta
Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
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Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
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Bergman afirna que la deforestación bajó
Se redujo 16 % la deforestación en la Argentina durante 2016
Fecha de Publicación: 24/03/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Así lo confirmó el ministro de Ambiente Sergio Bergman, según datos que surgen del Informe de Monitoreo de la Superficie de Bosques 2016 realizado por la cartera que conduce. La superficie de pérdida de bosques anual es la más baja en los últimos 10 años.
“Queda mucho por hacer, pero es un paso adelante. Este Informe que hoy presentamos es producto de las políticas de Estado en materia ambiental que se vienen desarrollando y que vamos a seguir consolidando”, señaló Bergman.
Los datos anunciados por el ministro fueron realizados tras la culminación del Informe de Monitoreo de la Superficie de Bosques 2016, del que se desprende también que la reducción de la deforestación durante el año pasado representa 131.000 hectáreas desmontadas en el norte de Argentina. “En un año hemos logrado dos cosas muy importantes: tener cada vez más datos sobre el ambiente y que eso sea el punto de inicio para ir logrando más y mejores resultados”, sostuvo Bergman. “Solo con información clara y con la verdad podremos construir el camino sustentable para el crecimiento que necesita el país”, afirmó el ministro de Ambiente.
Otro de los datos que surge del Informe indica que el 42 % de la superficie deforestada en 2016 corresponde a las áreas de categoría II (amarillo) de los ordenamientos territoriales. “Para frenar estas situaciones, estamos reforzando el pedido a las jurisdicciones para que ejerzan el poder de policía”, manifestó Bergman.
Con respecto a la Ley de Bosques, el ministro celebró la gestión del Ejecutivo nacional que “por decisión del Jefe de Gabinete, en el mes de marzo de 2017 otorgó una partida adicional de 300 millones de pesos para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, llevando el monto asignado a un total de 580 millones de pesos”.
Asimismo, en un trabajo de carácter federal, el titular de la cartera de Ambiente aseveró que “junto con el COFEMA, estamos trabajando en el saneamiento administrativo de la Ley para que los procesos de rendición de cuentas de las provincias se hagan en tiempo y forma y de manera transparente. Además, junto con la SIGEN estamos capacitando en este sentido a los responsables de las jurisdicciones”.
Por último, Bergman se refirió a la gestión de la cartera para fortalecer viveros forestales y recuperar áreas de bosques degradadas: “Lanzamos 6 experiencias de reforestación a nivel nacional e invertiremos 8 millones de pesos durante el 2017. Durante este mes de marzo, hemos firmado los acuerdos de implementación con 6 provincias e instituciones que desarrollarán el trabajo en el territorio”.
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Fecha de Publicación: 24/03/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Así lo confirmó el ministro de Ambiente Sergio Bergman, según datos que surgen del Informe de Monitoreo de la Superficie de Bosques 2016 realizado por la cartera que conduce. La superficie de pérdida de bosques anual es la más baja en los últimos 10 años.
“Queda mucho por hacer, pero es un paso adelante. Este Informe que hoy presentamos es producto de las políticas de Estado en materia ambiental que se vienen desarrollando y que vamos a seguir consolidando”, señaló Bergman.
Los datos anunciados por el ministro fueron realizados tras la culminación del Informe de Monitoreo de la Superficie de Bosques 2016, del que se desprende también que la reducción de la deforestación durante el año pasado representa 131.000 hectáreas desmontadas en el norte de Argentina. “En un año hemos logrado dos cosas muy importantes: tener cada vez más datos sobre el ambiente y que eso sea el punto de inicio para ir logrando más y mejores resultados”, sostuvo Bergman. “Solo con información clara y con la verdad podremos construir el camino sustentable para el crecimiento que necesita el país”, afirmó el ministro de Ambiente.
Otro de los datos que surge del Informe indica que el 42 % de la superficie deforestada en 2016 corresponde a las áreas de categoría II (amarillo) de los ordenamientos territoriales. “Para frenar estas situaciones, estamos reforzando el pedido a las jurisdicciones para que ejerzan el poder de policía”, manifestó Bergman.
Con respecto a la Ley de Bosques, el ministro celebró la gestión del Ejecutivo nacional que “por decisión del Jefe de Gabinete, en el mes de marzo de 2017 otorgó una partida adicional de 300 millones de pesos para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, llevando el monto asignado a un total de 580 millones de pesos”.
Asimismo, en un trabajo de carácter federal, el titular de la cartera de Ambiente aseveró que “junto con el COFEMA, estamos trabajando en el saneamiento administrativo de la Ley para que los procesos de rendición de cuentas de las provincias se hagan en tiempo y forma y de manera transparente. Además, junto con la SIGEN estamos capacitando en este sentido a los responsables de las jurisdicciones”.
Por último, Bergman se refirió a la gestión de la cartera para fortalecer viveros forestales y recuperar áreas de bosques degradadas: “Lanzamos 6 experiencias de reforestación a nivel nacional e invertiremos 8 millones de pesos durante el 2017. Durante este mes de marzo, hemos firmado los acuerdos de implementación con 6 provincias e instituciones que desarrollarán el trabajo en el territorio”.
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Salta, líder en deforestación
La tasa de deforestación en Salta fue la más alta del mundo en los últimos años
Fecha de Publicación: 21/03/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se desmontaron 2,5% de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano fue 0,51% y la media mundial fue 0,20%.
En los últimos años, los bosques nativos de Salta mostraron gran interés, en especial en los sectores económicos, según demuestran diversos estudios de organizaciones no gubernamentales y científicas. Pero lejos de ser un dato positivo, esto reveló el gran avance de la frontera agropecuaria en pos de la deforestación y en detrimento del medio ambiente.
Según un estudio de investigadores de la provincia, en los últimos años la tasa de deforestación en la región del Chaco salteño fue la más alta del mundo. En Salta se desmontó el 2,5 % de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano en el mismo período fue del 0,51% y el promedio mundial fue 0,20%.
“Es decir que la tasa de deforestación anual en Salta supera en más de un 1000%” a la media global, indicó Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) y el Conicet.
De esta manera, Salta es la segunda provincia de la Argentina con mayor territorio desmontado después de Santiago del Estero, tal como lo muestran los siguientes gráficos realizados en base al informe de la ONG Global Forest Watch. Asimismo, se ubica entre las 15 regiones sudamericanas con mayor cantidad de desmonte.
En coincidencia con investigaciones locales, este informe también revela que en promedio se deforestaron 100.000 hectáreas por año, siendo el 2008 el período en el que más bosques se perdieron en la provincia (234.456 ha).
Ese fue el mismo año en el que se promulgó la Ley nacional de Bosques 26.331 -que regula la protección y el manejo de los bosques nativos-, luego de que un alud castigara a Tartagal. En su momento el gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió al hecho como un “desastre natural”. Seghezzo, al respecto, explicó que en estos casos existe una combinación de factores: a los periodos climáticos que siempre existieron, se le suma la desprotección de suelos por la deforestación, los factores climáticos extremos, las cuencas altas deforestadas y la urbanización de zonas que no debieron urbanizarse.
¿Por qué el fuerte crecimiento de desmonte en Salta?
El investigador científico dijo que la deforestación en la región se debe a varias razones. “Una de esas fue la incorporación de la soja transgénica a fines de los ´90, que se vende a alto precio y es uno de los commodities más solicitados en Asia y Europa. El otro punto es que el Chaco sudamericano, que se encuentra en la Argentina, Paraguay y parte de Bolivia y Brasil, es una zona del mundo donde aún hay tierra por deforestar; este es el segundo territorio más grande después del Amazonas”, dijo. Por eso “es una zona muy tentadora para deforestar para fines agrícolas y ganaderos”, agregó.
En este desalentador avance de la frontera agropecuaria, Seghezzo responsabilizó a los gobiernos de los últimos años, por sus “políticas ambientales sumamente débiles a nivel nación y provincial que han confinado la zona del Chaco salteño y Santiago del Estero a los intereses empresariales”. Y además desplazaron a comunidades indígenas y familias criollas de la región como consecuencia de los desmontes, según resaltó.
“Ni siquiera la ley de bosque ni los fallos de la Corte de Justicia de 2009 de la nación pudieron detener el desmonte significativamente; hubo una pequeña merma, pero la tasa de desforestación anual sigue siendo superior al promedio mundial”, señaló el experto en Ciencias del Medio Ambiente.
La proyección en el futuro de los bosques nativos, según el investigador, no es más auspiciosa, dado que “hay mucha presión de sectores productivos para aumentar las zonas de deforestación”.
Otra de las organizaciones internacionales que también viene cuestionando la desprotección de los bosques en la región es Greenpeace, que en varias oportunidades denunció desmontes ilegales en Salta.
En julio de 2014, por ejemplo, denunció que en sólo dos meses se habían desmontado 6350 hectáreas de bosques protegidos por la Ley y que otras 120.000 hectáreas estaban en riesgo porque el gobierno de Salta había autorizado el paso de topadoras. “Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si todas las provincias desmontarán al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, dijo en su oportunidad, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Aquel año, una fuerte campaña gráfica y de intervención en espacios públicos, organizada por la ONG, mostraba a Urtubey en un inodoro que tenía inscripta la frase “ley de bosques”. Poco tiempo después, el mandatario derogó el decreto de recategorización de las zonas rojas y amarillas, dio marcha atrás a la instrumentación de un mecanismo que permitía ajustes a medida en el ordenamiento territorial de bosques nativos salteños, en contradicción a la Ley Nacional 26.331.
Al respecto, Seghezzo opinó: “en el caso de Salta si no hubiera sido por Greenpeace, hubiera sido peor”. Pero a la vez advirtió que, en esta labor por la protección de los bosques, “no es una batalla que estemos ganando”.
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Fecha de Publicación: 21/03/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se desmontaron 2,5% de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano fue 0,51% y la media mundial fue 0,20%.
En los últimos años, los bosques nativos de Salta mostraron gran interés, en especial en los sectores económicos, según demuestran diversos estudios de organizaciones no gubernamentales y científicas. Pero lejos de ser un dato positivo, esto reveló el gran avance de la frontera agropecuaria en pos de la deforestación y en detrimento del medio ambiente.
Según un estudio de investigadores de la provincia, en los últimos años la tasa de deforestación en la región del Chaco salteño fue la más alta del mundo. En Salta se desmontó el 2,5 % de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano en el mismo período fue del 0,51% y el promedio mundial fue 0,20%.
“Es decir que la tasa de deforestación anual en Salta supera en más de un 1000%” a la media global, indicó Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) y el Conicet.
De esta manera, Salta es la segunda provincia de la Argentina con mayor territorio desmontado después de Santiago del Estero, tal como lo muestran los siguientes gráficos realizados en base al informe de la ONG Global Forest Watch. Asimismo, se ubica entre las 15 regiones sudamericanas con mayor cantidad de desmonte.
En coincidencia con investigaciones locales, este informe también revela que en promedio se deforestaron 100.000 hectáreas por año, siendo el 2008 el período en el que más bosques se perdieron en la provincia (234.456 ha).
Ese fue el mismo año en el que se promulgó la Ley nacional de Bosques 26.331 -que regula la protección y el manejo de los bosques nativos-, luego de que un alud castigara a Tartagal. En su momento el gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió al hecho como un “desastre natural”. Seghezzo, al respecto, explicó que en estos casos existe una combinación de factores: a los periodos climáticos que siempre existieron, se le suma la desprotección de suelos por la deforestación, los factores climáticos extremos, las cuencas altas deforestadas y la urbanización de zonas que no debieron urbanizarse.
¿Por qué el fuerte crecimiento de desmonte en Salta?
El investigador científico dijo que la deforestación en la región se debe a varias razones. “Una de esas fue la incorporación de la soja transgénica a fines de los ´90, que se vende a alto precio y es uno de los commodities más solicitados en Asia y Europa. El otro punto es que el Chaco sudamericano, que se encuentra en la Argentina, Paraguay y parte de Bolivia y Brasil, es una zona del mundo donde aún hay tierra por deforestar; este es el segundo territorio más grande después del Amazonas”, dijo. Por eso “es una zona muy tentadora para deforestar para fines agrícolas y ganaderos”, agregó.
En este desalentador avance de la frontera agropecuaria, Seghezzo responsabilizó a los gobiernos de los últimos años, por sus “políticas ambientales sumamente débiles a nivel nación y provincial que han confinado la zona del Chaco salteño y Santiago del Estero a los intereses empresariales”. Y además desplazaron a comunidades indígenas y familias criollas de la región como consecuencia de los desmontes, según resaltó.
“Ni siquiera la ley de bosque ni los fallos de la Corte de Justicia de 2009 de la nación pudieron detener el desmonte significativamente; hubo una pequeña merma, pero la tasa de desforestación anual sigue siendo superior al promedio mundial”, señaló el experto en Ciencias del Medio Ambiente.
La proyección en el futuro de los bosques nativos, según el investigador, no es más auspiciosa, dado que “hay mucha presión de sectores productivos para aumentar las zonas de deforestación”.
Otra de las organizaciones internacionales que también viene cuestionando la desprotección de los bosques en la región es Greenpeace, que en varias oportunidades denunció desmontes ilegales en Salta.
En julio de 2014, por ejemplo, denunció que en sólo dos meses se habían desmontado 6350 hectáreas de bosques protegidos por la Ley y que otras 120.000 hectáreas estaban en riesgo porque el gobierno de Salta había autorizado el paso de topadoras. “Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si todas las provincias desmontarán al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, dijo en su oportunidad, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Aquel año, una fuerte campaña gráfica y de intervención en espacios públicos, organizada por la ONG, mostraba a Urtubey en un inodoro que tenía inscripta la frase “ley de bosques”. Poco tiempo después, el mandatario derogó el decreto de recategorización de las zonas rojas y amarillas, dio marcha atrás a la instrumentación de un mecanismo que permitía ajustes a medida en el ordenamiento territorial de bosques nativos salteños, en contradicción a la Ley Nacional 26.331.
Al respecto, Seghezzo opinó: “en el caso de Salta si no hubiera sido por Greenpeace, hubiera sido peor”. Pero a la vez advirtió que, en esta labor por la protección de los bosques, “no es una batalla que estemos ganando”.
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Villa la Angostura: desmontan para una pista de motocross
Greenpeace denunció la deforestación para la pista de motocross en Villa la Angostura
Fecha de Publicación: 20/03/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las comunidades mapuches del lugar se manifestarán mañana para que esta sea la última carrera.
Greenpeace denunció como “crimen ambiental” el desmonte de 15 hectáreas de bosque nativo en Villa la Angostura para la construcción de la pista de motocross, donde mañana se iniciará la tercera edición del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP).
“Como bien común, no puede valer más una pista de motocross que un bosque en pie, mucho menos si se encuentra protegido por tan claras leyes nacionales. Es un crimen seguir pisoteando esa zona y es inaceptable que no se hayan puesto límites a esta destrucción”, dijo Noemí Cruz, miembro de la campaña de Bosques.
Desde la ONG explicaron que el área está protegida por la ley de Bosques y la ley de la Administración de Parques Nacionales. A través de un comunicado, exigieron “a las autoridades provinciales y nacionales que se castigue a los responsables de desmontes ilegales”.
Luego de la última edición del evento, las comunidades mapuches del lugar reforestaron las hectáreas desmontadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Mañana, desde las 8 de la mañana, los originarios de la Zonal Lafkence "visibilizarán el incumplimiento de las leyes mediante una ceremonia y abrazo a la Laguna Los Choros, ubicada a 3 kilómetros de Villa la Angostura. El objetivo es que esta sea la última carrera", aseguraron.
Otra denuncia del FPN UNE
El Bloque FPN UNE presentó hace una semana un pedido de informes en la Legislatura neuquina y en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por el daño que sufrió el Bosque Nativo de Villa la Angostura a consecuencia del evento de motocross.
“Este es un territorio de Parques Nacionales y fue intervenido sin autorización en el 2014 para que se lleve a cabo la construcción de un circuito de motocross que albergó las competencias del deporte”, aseguraron.
"Las Comunidades Mapuches de la Zonal Sur de la Confederación Mapuche nos han llamado informándonos que para el campeonato se desmontaron más hectáreas de bosques de las autorizadas para ampliar la pista y se habilitaron lugares para que ingrese el público con vehículos a lugares prohibidos por ser bosques nativos”, dijo Mansilla.
Las diputadas Teresa Rioseco y Pamela Mucci, y el diputado Mariano Mansilla exigieron el gobernador Omar Gutiérrez que informe sobre los daños causados.
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Fecha de Publicación: 20/03/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Las comunidades mapuches del lugar se manifestarán mañana para que esta sea la última carrera.
Greenpeace denunció como “crimen ambiental” el desmonte de 15 hectáreas de bosque nativo en Villa la Angostura para la construcción de la pista de motocross, donde mañana se iniciará la tercera edición del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP).
“Como bien común, no puede valer más una pista de motocross que un bosque en pie, mucho menos si se encuentra protegido por tan claras leyes nacionales. Es un crimen seguir pisoteando esa zona y es inaceptable que no se hayan puesto límites a esta destrucción”, dijo Noemí Cruz, miembro de la campaña de Bosques.
Desde la ONG explicaron que el área está protegida por la ley de Bosques y la ley de la Administración de Parques Nacionales. A través de un comunicado, exigieron “a las autoridades provinciales y nacionales que se castigue a los responsables de desmontes ilegales”.
Luego de la última edición del evento, las comunidades mapuches del lugar reforestaron las hectáreas desmontadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Mañana, desde las 8 de la mañana, los originarios de la Zonal Lafkence "visibilizarán el incumplimiento de las leyes mediante una ceremonia y abrazo a la Laguna Los Choros, ubicada a 3 kilómetros de Villa la Angostura. El objetivo es que esta sea la última carrera", aseguraron.
Otra denuncia del FPN UNE
El Bloque FPN UNE presentó hace una semana un pedido de informes en la Legislatura neuquina y en la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia por el daño que sufrió el Bosque Nativo de Villa la Angostura a consecuencia del evento de motocross.
“Este es un territorio de Parques Nacionales y fue intervenido sin autorización en el 2014 para que se lleve a cabo la construcción de un circuito de motocross que albergó las competencias del deporte”, aseguraron.
"Las Comunidades Mapuches de la Zonal Sur de la Confederación Mapuche nos han llamado informándonos que para el campeonato se desmontaron más hectáreas de bosques de las autorizadas para ampliar la pista y se habilitaron lugares para que ingrese el público con vehículos a lugares prohibidos por ser bosques nativos”, dijo Mansilla.
Las diputadas Teresa Rioseco y Pamela Mucci, y el diputado Mariano Mansilla exigieron el gobernador Omar Gutiérrez que informe sobre los daños causados.
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Mapuches denuncian desmontes en bosques nativos
Comunidades mapuches denuncian el desmonte de un bosque nativo en Neuquén
Fecha de Publicación: 18/03/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Neuquén
Comunidades mapuches de la zona sur de la provincia de Neuquén denunciaron hoy que varias hectáreas de bosques nativos fueron desmontadas para ampliar la pista donde se disputará entre el 17 y el 18 de marzo próximos una fecha del Mundial de Motocross, en Villa la Angostura.
Integrantes de las comunidades se reunieron con legisladores provinciales del bloque de Unión de los Neuquinos y el Frente y la Participación Neuquina (UNE-FPN) para advertir “el daño sufrido por el bosque nativo”, que tiene como antecedente la construcción de la pista en el año 2014.
El bloque de legisladores provinciales presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para explique “si existió estudio de impacto ambiental o informe de impacto ambiental; si se ha consultado previamente a las comunidades mapuches ubicadas en ese territorio y si existe un estudio del impacto ambiental ocasionado por la misma actividad desarrollada el año pasado en ese lugar”.
En los fundamentos, el proyecto precisa que “hemos tomado conocimiento, a través de las denuncias efectuadas por el Consejo Zonal Lafkence, conformado por los lof Paicil Antriao, Lof Kinxikew y lof Kintuputray de Villa la Angostura, de que a partir de que se vienen realizando una carreras de Motocross en el territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi se ha provocado un impacto sobre el laguna los Choros y sobre todo ese territorio”.
“Esta laguna cumple una función importante dentro de la cadena del equilibrio de la naturaleza provocando de esta manera un grave impacto ecológico y ambiental sobre su territorio y sobre el territorio provincial”, señala.
Denuncian que “los días 17 y 18 de Marzo se llevará a cabo una carrera de motocross dentro del territorio protegido del parque nacional Nahuel Huapi, en abierta violación a lo establecido en la ley nacional 22.351 del Parque Nacional, que prohíbe en dicha área la explotación económica, la enajenación, el arrendamiento, la concesión de uso, y/o toda otra acción u omisión que pudiera originar alguna modificación del paisaje o del equilibrio biológico”.
Sostiene que “dicha actividad deportiva produce un gravísimo e irreparable impacto ambiental, no solo en la preparación de la pista, lo que implicó, la tala y desmonte de un importante sector del territorio del Parque Nacional, con la posible tala de flora autóctona protegida, sino que, luego e ello, la actividad produce una gravísimo deterioro del lugar por la presencia de miles de personas, vehículos de todo tipo, ruidos, movida de suelo, campamentos improvisados, fuegos y fogones, abandono de basura, peligro de incendios”.
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Fecha de Publicación: 18/03/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Neuquén
Comunidades mapuches de la zona sur de la provincia de Neuquén denunciaron hoy que varias hectáreas de bosques nativos fueron desmontadas para ampliar la pista donde se disputará entre el 17 y el 18 de marzo próximos una fecha del Mundial de Motocross, en Villa la Angostura.
Integrantes de las comunidades se reunieron con legisladores provinciales del bloque de Unión de los Neuquinos y el Frente y la Participación Neuquina (UNE-FPN) para advertir “el daño sufrido por el bosque nativo”, que tiene como antecedente la construcción de la pista en el año 2014.
El bloque de legisladores provinciales presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para explique “si existió estudio de impacto ambiental o informe de impacto ambiental; si se ha consultado previamente a las comunidades mapuches ubicadas en ese territorio y si existe un estudio del impacto ambiental ocasionado por la misma actividad desarrollada el año pasado en ese lugar”.
En los fundamentos, el proyecto precisa que “hemos tomado conocimiento, a través de las denuncias efectuadas por el Consejo Zonal Lafkence, conformado por los lof Paicil Antriao, Lof Kinxikew y lof Kintuputray de Villa la Angostura, de que a partir de que se vienen realizando una carreras de Motocross en el territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi se ha provocado un impacto sobre el laguna los Choros y sobre todo ese territorio”.
“Esta laguna cumple una función importante dentro de la cadena del equilibrio de la naturaleza provocando de esta manera un grave impacto ecológico y ambiental sobre su territorio y sobre el territorio provincial”, señala.
Denuncian que “los días 17 y 18 de Marzo se llevará a cabo una carrera de motocross dentro del territorio protegido del parque nacional Nahuel Huapi, en abierta violación a lo establecido en la ley nacional 22.351 del Parque Nacional, que prohíbe en dicha área la explotación económica, la enajenación, el arrendamiento, la concesión de uso, y/o toda otra acción u omisión que pudiera originar alguna modificación del paisaje o del equilibrio biológico”.
Sostiene que “dicha actividad deportiva produce un gravísimo e irreparable impacto ambiental, no solo en la preparación de la pista, lo que implicó, la tala y desmonte de un importante sector del territorio del Parque Nacional, con la posible tala de flora autóctona protegida, sino que, luego e ello, la actividad produce una gravísimo deterioro del lugar por la presencia de miles de personas, vehículos de todo tipo, ruidos, movida de suelo, campamentos improvisados, fuegos y fogones, abandono de basura, peligro de incendios”.
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Santa Fe: presentaron el proyecto de ley del árbol
El gobernador presentó el proyecto de ley del árbol
Fecha de Publicación: 15/03/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Concluida la etapa de consulta y debate, será enviado a la Legislatura en los próximos días. Se suma al Plan Hídrico y al proyecto de preservación de bosques nativos, destacó el mandatario.
El gobernador Miguel Lifschitz presentó el proyecto definitivo de la denominada “ley del árbol”, que fue debatido por distintos actores de la sociedad académica y será enviado en los próximos días a la Legislatura provincial. El principal objetivo es defender e incrementar el arbolado en todo el territorio de Santa Fe.
“Este proyecto de ley persigue el objetivo de pensar el futuro de Santa Fe con crecimiento económico, valor agregado, generación de empleo y con cuidado y protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales”, resumió el gobernador en la presentación que se realizó el viernes en Rosario.
“Está iniciativa tiene la mirada puesta en la Santa Fe del futuro, que se suma al Plan Hídrico presentado hace unos días y al proyecto de preservación de bosques nativos”, agregó.
Al hacer mención a la amplia participación de especialistas, el gobernador indicó: “No es habitual que los proyectos de ley tengan este nivel de participación, amplitud y pluralidad, lo que lo hace más valioso, porque no es una iniciativa del gobierno, sino una construcción colectiva”.
Por su parte, Claudia Alzugaray, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Universidad Nacional de Rosario, también destacó la importancia de la ley: “Tenemos que cambiar la forma de producir, que es agresiva con el ambiente, el entorno, y las personas‘. ‘El árbol crea trabajo desde el momento que hay que ir a buscar la semilla, la cosecha, crea el plantín, lo ve crecer, lo cuida, lo planta y después puede decidir si lo quiere para madera o para flores”, expresó Alzugaray, y aseguró que “es esencial en un agrosistema ecológico y sustentable”.
El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Gastón Huarte, convocó a establecer “áreas a forestar”, y destacó la “forma y la convocatoria para este proyecto de ley, en un ámbito plural, de búsqueda de consensos y aportes de distintos actores, que redundan en el enriquecimiento de la norma”.
Es una propuesta que busca recomponer un escenario transformado por un proceso extractivo, al que luego se sumó un proceso de cambio del uso de suelo. En ese marco, impulsa la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida en todo el territorio provincial, tanto en el ámbito público como privado.
Para lograr esos objetivos, el anteproyecto declara al árbol de interés público y promueve la implantación de nuevos ejemplares, además de establecer y ampliar los corredores biológicos, crear un registro de árboles distinguidos y llevar a cabo un censo a nivel provincial de todo el material arbóreo.
También establece mínimos porcentajes a forestar por parte de los privados, entendiendo que los desafíos del calentamiento global deben ser asumidos por todos.
En ese marco, el Estado provincial toma un fuerte compromiso para el cumplimiento de la ley, creando el fondo santafesino de arbolado para solventar los requerimientos del sector público y privado.
La ley del árbol, una nueva política de Estado para las próximas generaciones, es producto de un trabajo coordinado entre los Ministerios de Medio Ambiente, de Producción, de Economía, y de Gobierno y Reforma del Estado, la Dirección Provincial de Vialidad y la Fiscalía de Estado. Además, se consideraron los proyectos legislativos ya presentados y se realizaron reuniones clave con colegios profesionales, entidades agrarias y universidades.
De la presentación, desarrollada en el Museo Ángel Gallardo de Rosario, participaron los ministros de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; de la Producción, Luis Contigiani; de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; la intendente de Rosario, Mónica Fein; los senadores, Miguel Ángel Cappiello y Hugo Rasetto; y los diputados provinciales Clara García, Joaquín Blanco, Marita Ayala y Gabriel Real.
El objetivo del proyecto de ley es establecer una política de Estado en materia ambiental, a través de la promoción y la conservación del arbolado en todo el territorio provincial, generando un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
La norma declara actividad de interés público la promoción y conservación del arbolado y toda aquella que resulte conexa a la misma, para la generación de un medio ambiente sustentable. Prohíbe la extracción, poda y tala de ejemplares del arbolado público salvo excepciones, e insta a los municipios y comunas a elaborar un Plan de Gestión Integral del Arbolado Público.
Además, establece que los edificios públicos de propiedad del gobierno provincial contemplarán en su proyecto edilicio un índice mínimo de forestación, a la vez que se promoverá la concreción de corredores biológicos en los márgenes de rutas y caminos de jurisdicción provincial.
Por otra parte se establecen exigencias de arbolado en predios rurales del Estado provincial y en predios rurales privados.
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Fecha de Publicación: 15/03/2017
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Concluida la etapa de consulta y debate, será enviado a la Legislatura en los próximos días. Se suma al Plan Hídrico y al proyecto de preservación de bosques nativos, destacó el mandatario.
El gobernador Miguel Lifschitz presentó el proyecto definitivo de la denominada “ley del árbol”, que fue debatido por distintos actores de la sociedad académica y será enviado en los próximos días a la Legislatura provincial. El principal objetivo es defender e incrementar el arbolado en todo el territorio de Santa Fe.
“Este proyecto de ley persigue el objetivo de pensar el futuro de Santa Fe con crecimiento económico, valor agregado, generación de empleo y con cuidado y protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales”, resumió el gobernador en la presentación que se realizó el viernes en Rosario.
“Está iniciativa tiene la mirada puesta en la Santa Fe del futuro, que se suma al Plan Hídrico presentado hace unos días y al proyecto de preservación de bosques nativos”, agregó.
Al hacer mención a la amplia participación de especialistas, el gobernador indicó: “No es habitual que los proyectos de ley tengan este nivel de participación, amplitud y pluralidad, lo que lo hace más valioso, porque no es una iniciativa del gobierno, sino una construcción colectiva”.
Por su parte, Claudia Alzugaray, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Universidad Nacional de Rosario, también destacó la importancia de la ley: “Tenemos que cambiar la forma de producir, que es agresiva con el ambiente, el entorno, y las personas‘. ‘El árbol crea trabajo desde el momento que hay que ir a buscar la semilla, la cosecha, crea el plantín, lo ve crecer, lo cuida, lo planta y después puede decidir si lo quiere para madera o para flores”, expresó Alzugaray, y aseguró que “es esencial en un agrosistema ecológico y sustentable”.
El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Gastón Huarte, convocó a establecer “áreas a forestar”, y destacó la “forma y la convocatoria para este proyecto de ley, en un ámbito plural, de búsqueda de consensos y aportes de distintos actores, que redundan en el enriquecimiento de la norma”.
Es una propuesta que busca recomponer un escenario transformado por un proceso extractivo, al que luego se sumó un proceso de cambio del uso de suelo. En ese marco, impulsa la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida en todo el territorio provincial, tanto en el ámbito público como privado.
Para lograr esos objetivos, el anteproyecto declara al árbol de interés público y promueve la implantación de nuevos ejemplares, además de establecer y ampliar los corredores biológicos, crear un registro de árboles distinguidos y llevar a cabo un censo a nivel provincial de todo el material arbóreo.
También establece mínimos porcentajes a forestar por parte de los privados, entendiendo que los desafíos del calentamiento global deben ser asumidos por todos.
En ese marco, el Estado provincial toma un fuerte compromiso para el cumplimiento de la ley, creando el fondo santafesino de arbolado para solventar los requerimientos del sector público y privado.
La ley del árbol, una nueva política de Estado para las próximas generaciones, es producto de un trabajo coordinado entre los Ministerios de Medio Ambiente, de Producción, de Economía, y de Gobierno y Reforma del Estado, la Dirección Provincial de Vialidad y la Fiscalía de Estado. Además, se consideraron los proyectos legislativos ya presentados y se realizaron reuniones clave con colegios profesionales, entidades agrarias y universidades.
De la presentación, desarrollada en el Museo Ángel Gallardo de Rosario, participaron los ministros de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; de la Producción, Luis Contigiani; de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; la intendente de Rosario, Mónica Fein; los senadores, Miguel Ángel Cappiello y Hugo Rasetto; y los diputados provinciales Clara García, Joaquín Blanco, Marita Ayala y Gabriel Real.
El objetivo del proyecto de ley es establecer una política de Estado en materia ambiental, a través de la promoción y la conservación del arbolado en todo el territorio provincial, generando un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
La norma declara actividad de interés público la promoción y conservación del arbolado y toda aquella que resulte conexa a la misma, para la generación de un medio ambiente sustentable. Prohíbe la extracción, poda y tala de ejemplares del arbolado público salvo excepciones, e insta a los municipios y comunas a elaborar un Plan de Gestión Integral del Arbolado Público.
Además, establece que los edificios públicos de propiedad del gobierno provincial contemplarán en su proyecto edilicio un índice mínimo de forestación, a la vez que se promoverá la concreción de corredores biológicos en los márgenes de rutas y caminos de jurisdicción provincial.
Por otra parte se establecen exigencias de arbolado en predios rurales del Estado provincial y en predios rurales privados.
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Desmontes: grave denuncia en Catamarca por coimas
Guaraz denunció el cobro de coimas para autorizar desmontes
Fecha de Publicación: 07/03/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El intendente de Bañado de Ovanta despotricó contra funcionarios del organismo y legisladores. Desde Ambiente lo desmintieron.
El intendente de Bañado de Ovanta (Santa Rosa), Elpidio Guaraz, volvió a ser protagonista de una fuerte polémica al acusar públicamente a funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia de aceptar "coimas" a cambio de que autoricen desmontes en el departamento.
La respuesta de parte del titular del organismo, Armando Zavaleta, no se hizo esperar. El funcionario adelantó que denunciará al intendente por "calumnias" y consideró que Guaraz quiere vivir "en la época de las cavernas".
Posteriormente el intendente ratificó sus dichos y aseveró que será él quien llevará a Zavaleta a la Justicia, ya que lo denunciará penalmente.
Guaraz realizó las primeras declaraciones a la prensa cuando relataba la situación que vivió el municipio debido a las fuertes lluvias que afectaron la zona. En la oportunidad profirió fuertes insultos a los funcionarios de la Secretaría.
"Lavalle fue una de las zonas más afectadas, porque entra agua que viene de la ruta de Cortaderas y de los campos que están al lado de la ruta. Acá la principal responsable de esto es la siembra, que para los pobladores de nuestra zona es un daño terrible", sostuvo.
Posteriormente apuntó contra el organismo provincial, al indicar que "los culpables son los de la Secretaría de Medio Ambiente que se hacen los 'pelotudos' claramente, porque se hacen los 'boludos' cuando uno les dice que hay que aplicar sentido común".
"Pero parece que son inteligentes cuando quieren y cuando no, cobran coimas y permiten que se siga desmontando", lanzó sin tapujos.
Más adelante cargó contra los legisladores provinciales al señalar que "acá hay tarados que levantan la mano en la Legislatura, que no tienen idea y hacen leyes que terminan perjudicando a la población".
"Hay que aplicar sentido común para parar los desmontes para siembra, pero tenemos tarados en la Secretaría de Ambiente y en la Legislatura que nunca se preocupan en hacer algo", consideró.
"Época de las cavernas"
En diálogo con Radio Ancasti, Zavaleta salió al cruce de Guaraz. Señaló que las inundaciones en Santa Rosa son producto "del desmonte irresponsable de bosques nativos de hace 20 años, cuando no había una política responsable sobre el tema".
"A partir de 2010, cuando se sanciona la Ley de Bosques, está comprobado que se redujo la tala indiscriminada", relató.
Comentó que él habló en reiteradas oportunidades con el intendente sobre la situación, pero que al parecer Guaraz "no entiende que vivimos en una república donde hay leyes que aplicar".
"Hay cosas que no podemos cambiar, como el hecho de que hay lugares que fueron boscosos y ahora están autorizados para las tareas agrícolas", sostuvo.
En cuanto a las denuncias de coimas, dijo que "eso no existe", y adelantó que hablará con los abogados del organismo para "proceder con una denuncia por esta calumnia de semejante naturaleza".
"Eso es ser irresponsable y hablar sin ningún tipo de prueba. Es repudiable que un intendente se dirija así a funcionarios y legisladores, de la forma que lo hace, con los calificativos y con las acusaciones que hizo", consideró.
Finalmente, Zavaleta consideró que Guaraz pudo haber realizado esa denuncia desde el "enojo", pero ni aún así se lo iba a permitir. "Es una persona que quiere volver a la época de las cavernas donde dejamos de lado las leyes", lanzó.
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Fecha de Publicación: 07/03/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El intendente de Bañado de Ovanta despotricó contra funcionarios del organismo y legisladores. Desde Ambiente lo desmintieron.
El intendente de Bañado de Ovanta (Santa Rosa), Elpidio Guaraz, volvió a ser protagonista de una fuerte polémica al acusar públicamente a funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia de aceptar "coimas" a cambio de que autoricen desmontes en el departamento.
La respuesta de parte del titular del organismo, Armando Zavaleta, no se hizo esperar. El funcionario adelantó que denunciará al intendente por "calumnias" y consideró que Guaraz quiere vivir "en la época de las cavernas".
Posteriormente el intendente ratificó sus dichos y aseveró que será él quien llevará a Zavaleta a la Justicia, ya que lo denunciará penalmente.
Guaraz realizó las primeras declaraciones a la prensa cuando relataba la situación que vivió el municipio debido a las fuertes lluvias que afectaron la zona. En la oportunidad profirió fuertes insultos a los funcionarios de la Secretaría.
"Lavalle fue una de las zonas más afectadas, porque entra agua que viene de la ruta de Cortaderas y de los campos que están al lado de la ruta. Acá la principal responsable de esto es la siembra, que para los pobladores de nuestra zona es un daño terrible", sostuvo.
Posteriormente apuntó contra el organismo provincial, al indicar que "los culpables son los de la Secretaría de Medio Ambiente que se hacen los 'pelotudos' claramente, porque se hacen los 'boludos' cuando uno les dice que hay que aplicar sentido común".
"Pero parece que son inteligentes cuando quieren y cuando no, cobran coimas y permiten que se siga desmontando", lanzó sin tapujos.
Más adelante cargó contra los legisladores provinciales al señalar que "acá hay tarados que levantan la mano en la Legislatura, que no tienen idea y hacen leyes que terminan perjudicando a la población".
"Hay que aplicar sentido común para parar los desmontes para siembra, pero tenemos tarados en la Secretaría de Ambiente y en la Legislatura que nunca se preocupan en hacer algo", consideró.
"Época de las cavernas"
En diálogo con Radio Ancasti, Zavaleta salió al cruce de Guaraz. Señaló que las inundaciones en Santa Rosa son producto "del desmonte irresponsable de bosques nativos de hace 20 años, cuando no había una política responsable sobre el tema".
"A partir de 2010, cuando se sanciona la Ley de Bosques, está comprobado que se redujo la tala indiscriminada", relató.
Comentó que él habló en reiteradas oportunidades con el intendente sobre la situación, pero que al parecer Guaraz "no entiende que vivimos en una república donde hay leyes que aplicar".
"Hay cosas que no podemos cambiar, como el hecho de que hay lugares que fueron boscosos y ahora están autorizados para las tareas agrícolas", sostuvo.
En cuanto a las denuncias de coimas, dijo que "eso no existe", y adelantó que hablará con los abogados del organismo para "proceder con una denuncia por esta calumnia de semejante naturaleza".
"Eso es ser irresponsable y hablar sin ningún tipo de prueba. Es repudiable que un intendente se dirija así a funcionarios y legisladores, de la forma que lo hace, con los calificativos y con las acusaciones que hizo", consideró.
Finalmente, Zavaleta consideró que Guaraz pudo haber realizado esa denuncia desde el "enojo", pero ni aún así se lo iba a permitir. "Es una persona que quiere volver a la época de las cavernas donde dejamos de lado las leyes", lanzó.
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Córdoba marchó por los bosques de manera contundente
Masiva marcha en contra de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 03/03/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Bajo la consigna “¡Por la vida, no a la ley de desmontes” y con el apoyo de ciudadanos de distintos puntos de la provincia, se realiza una nueva marcha en en defensa del Bosque Nativo.
Una nueva marcha en defensa del Bosque Nativo se lleva a cabo en Córdoba, bajo la consigna "¡Por la vida, no a la ley de desmontes”. La convocatoria partió a las 18 horas desde la intersección Colón y Cañada, con dirección a la Plaza San Martín. En contra de los desmontes en la provincia de Córdoba, una gran concurrencia, tanto residentes de la ciudad como ciudadanos del interior de la provincia, portando carteles y banderas avanzaron por las calles céntricas. En la explanada de plaza San Martín se lleva a cabo un festival con música en vivo y una radio abierta.
La movilización está organizada por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que agrupa a las asambleas. Exigen que se archive el proyecto de Ley que el oficialismo intentó aprobar en la Legislatura el año pasado para modificar el actual Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (ley N° 9814).
Las primeras cifras señalaban que más de 5 mil personas se hicieron presentes en las calles. En una gacetilla difundida por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo exigen que "se garantice un proceso de participación ciudadana previsto en la ley Nacional 26.331 y se descarte el proyecto de ley del gobierno de Schiaretti".
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Chubut entregó aporte por conservar bosques
Bosques entregó aporte de casi 300 mil pesos
Fecha de Publicación: 01/03/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Ministerio de la Producción del Chubut que encabeza Pablo Mamet, a través de la Subsecretaría de Bosques e Incendios, entregó a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada un aporte económico de casi 300 mil pesos destinado a la implementación de proyectos vinculados con el enriquecimiento y uso sustentable del recurso forestal.
La gestión provincial conducida por el gobernador Mario Das Neves sigue trabajando de forma articulada con las comunidades originarias de la región cordillerana en programas para el aprovechamiento sostenible de los bosques, de forma tal que se puedan satisfacer las necesidades de generaciones presentes y futuras.
En ese marco, días atrás el subsecretario de Bosques, Leonardo Aquilanti, hizo efectiva la transferencia de 292 mil pesos a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada. Los fondos provienen de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y serán dirigidos a la ejecución del "Plan Operativo Anual" (POA).
La intención es avanzar con "Iniciativas de Manejo Sostenible del Bosques Nativo", esquema que persigue entre sus objetivos centrales recuperar el potencial productivo, restaurar el bosque en sectores desmontados, incrementar el manejo de ñirantales e impulsar la diversificación productiva, donde el turismo se vislumbra como un rubro complementario de ingresos y de ocupación que atenúe la emigración de los jóvenes.
Por otro lado, cabe recordar que la comunidad aborigen de Cerro Centinela, cuyo presidente es Manuel Quintramán, recibió poco tiempo atrás cerca de 800 mil pesos para realizar tares tales como: mejoramiento y mantención de caminos; manejo silvicultural de ciprés; mejoramiento de pasturas y mallines; manejo silvicultural en ñire; y construcción de alambrados.
La Subsecretaría de Bosques bajó los fondos para aplicar mejoras concretas en materia de conservación y uso sustentable del recurso forestal sobre una superficie estimada de 3.500 hectáreas. Mediante el POA se pretende, por ejemplo, dar un salto de calidad en el campo de la producción maderera.
Fecha de Publicación: 01/03/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Ministerio de la Producción del Chubut que encabeza Pablo Mamet, a través de la Subsecretaría de Bosques e Incendios, entregó a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada un aporte económico de casi 300 mil pesos destinado a la implementación de proyectos vinculados con el enriquecimiento y uso sustentable del recurso forestal.
La gestión provincial conducida por el gobernador Mario Das Neves sigue trabajando de forma articulada con las comunidades originarias de la región cordillerana en programas para el aprovechamiento sostenible de los bosques, de forma tal que se puedan satisfacer las necesidades de generaciones presentes y futuras.
En ese marco, días atrás el subsecretario de Bosques, Leonardo Aquilanti, hizo efectiva la transferencia de 292 mil pesos a la comunidad mapuche de Lago Rosario y Sierra Colorada. Los fondos provienen de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y serán dirigidos a la ejecución del "Plan Operativo Anual" (POA).
La intención es avanzar con "Iniciativas de Manejo Sostenible del Bosques Nativo", esquema que persigue entre sus objetivos centrales recuperar el potencial productivo, restaurar el bosque en sectores desmontados, incrementar el manejo de ñirantales e impulsar la diversificación productiva, donde el turismo se vislumbra como un rubro complementario de ingresos y de ocupación que atenúe la emigración de los jóvenes.
Por otro lado, cabe recordar que la comunidad aborigen de Cerro Centinela, cuyo presidente es Manuel Quintramán, recibió poco tiempo atrás cerca de 800 mil pesos para realizar tares tales como: mejoramiento y mantención de caminos; manejo silvicultural de ciprés; mejoramiento de pasturas y mallines; manejo silvicultural en ñire; y construcción de alambrados.
La Subsecretaría de Bosques bajó los fondos para aplicar mejoras concretas en materia de conservación y uso sustentable del recurso forestal sobre una superficie estimada de 3.500 hectáreas. Mediante el POA se pretende, por ejemplo, dar un salto de calidad en el campo de la producción maderera.
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