El acuerdo, casi imposible, que se busca para la ley de bosques

Fecha de Publicación: 14/09/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Insisten en que el ordenamiento habilite nuevas áreas de producción. Buscan conciliar con una mediación posturas productivistas y conservadoras.
La intención del Gobierno provincial es que antes de fin de año esté terminada la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, que ya viene con un retraso de 9 años, de acuerdo a lo que marca la ley nacional de bosques (Ley 26.331). Sin embargo, el proceso participativo requerido para su aprobación se enfrenta a una disyuntiva entre los sectores, que se podrían reducir como "productivistas" y "conservadores" o ambientalistas. Esas posturas, autoimpuestas como contrarias, ya hicieron fracasar en otras oportunidades la posibilidad de ordenar de manera eficaz las zonas en las que se pueda, justamente, producir (agricultura y ganadería) y proteger el medio ambiente en Salta. Dos visiones que no se cumplen en gran parte del territorio salteño.
Como dio a conocer la semana pasada El Tribuno, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, que es donde se encara la revisión del OTBN, buscarán contrartar un servicio de mediación para tratar de conciliar a las partes.
La coordinadora del proceso, María Gil, explicó en esa oportunidad que el trabajo que están realizando no apunta a reducir las áreas protegidas, categorizadas en rojo, amarillo y verde. Cada color restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Consultados para esta nota, dirigentes del campo salteño insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. Es en referencia a la superficie pintada de amarillo donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Especialmente a las dos millones de hectáreas que corresponden a gran parte de Rivadavia y el este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
"Lo que nadie dice es de qué va a vivir la gente del Chaco salteño, que está con esa limitación de poder producir. Seguirá viviendo del asistencialismo como ocurre hasta ahora y en la indigencia en la que vive actualmente", dijo Carlos Segón, presidente de la Sociedad Rural Salteña.
"En la medida que el ordenamiento territorial signifique mayores limitaciones a la actividad productiva el sector no va acompañar esa revisión del mapa de ordenamiento territorial", fijó postura el dirigente.
Lucas Norris, titular de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), sostuvo, en tanto, que en las discusiones por el OTBN "no haya una cuestión de ideología".
"Tenemos que pensar con el desarrollo qué es lo se puede hacer, que nos dejen hacerlo o habilitarlo y que no haya una cuestión de ideología que diga que no se puede hacer nada", señaló Norris.
"Es positivo que el gobernador se haya manifestado a favor de una provincia productiva, porque en definitiva es lo que necesitamos, hay que ver cómo logramos hacerlo y que no quede en palabras", agregó.

Acciones
El trabajo de revisión del mapa se realiza desde el año pasado. Al proceso participativo de consulta lo integran especialistas de las universidades locales, científicos del Conicet y miembros de diferentes instituciones relacionadas con la temática.
Según adelantaron a este diario desde la Secretaría de Ambiente, en los próximos días se publicarán en la página web del organismo los distintos documentos, mapas y estudios técnicos que se elaboraron y desarrollaron para el OTBN de Salta.
El nuevo mapa estaría listo a fines de noviembre o en diciembre. El trabajo será elevado, luego, a la Legislatura para su tratamiento. Ese último paso se realizaría el año próximo.
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Greenpeace reclama a Capitanich que el nuevo Ordenamiento de Bosques prohíba los desmontes

Fecha de Publicación: 10/09/2022
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


En el marco del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Chaco, Greenpeace le envió una carta al gobernador Jorge Capitanich reclamando que el nuevo mapa no valide los desmontes ilegales y que los mismos sean restaurados; que se respeten los territorios indígenas; que se garantice la participación de campesinos e indígenas en los talleres; que se mantengan amplias zonas forestales continuas para la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté y que no permita más desmontes.
“Teniendo en cuenta que Argentina firmó en la última Cumbre Climática un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, y que la provincia de Chaco ya perdió más de la mitad de sus bosques nativos (454.874 hectáreas desde la sanción Ley Nacional 26.331), el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco no debe habilitar nuevas zonas para desmonte, resultando necesario eliminar del mismo la Categoría III – verde. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. Más deforestación significa más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas”, señaló la organización ecologista en su carta.
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Bosques nativos: ya se perdieron la mitad de los que había en el país

Fecha de Publicación: 31/08/2022
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


Si bien una ley procura su conservación, los desmontes e incendios arrasan con la superficie boscosa. La Auditoría General de la Nación advirtió las fallas para implementar la norma.
Cada 29 de agosto, desde 1901, se celebra en nuestro país el Día del Árbol. La fecha fue establecida por el Consejo Nacional de Educación con el objetivo de concientizar sobre el cuidado y la protección de las superficies arboladas. Sin embargo, Argentina ya perdió más de la mitad de sus bosques nativos, una tendencia que se replica en el mundo, donde desaparecen anualmente 13 millones de hectáreas.
Entre 2010 y 2020 América del Sur perdió 26 millones de hectáreas de bosques, la segunda tasa más alta del mundo después de África, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde donde posicionaron a la Argentina entre los 10 países con más desmontes.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 1998 y 2018 se perdieron 6,5 millones de hectáreas de la superficie boscosa. Si bien desde 2007 nuestro país cuenta con la Ley 26.331 de Bosques Nativos que busca protegerlos, al año se siguen desmontando unas 200.000 hectáreas según aseguraron desde Greenpeace. “Desde la Ley bajaron los niveles de deforestación pero siguen siendo altos y más de la mitad de los desmontes son ilegales”, mencionó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace en diálogo con El Auditor.info.
“La Ley se cumple a medias ya que se sigue desmontando donde no se puede y las multas que se aplican son bajas o terminan judicializadas. Esto nos preocupa, la destrucción de bosques debería convertirse en un delito penal”, alertó Giardini. Las causas de pérdida de masa boscosa son los incendios, los desarrollos agrícolas, ganaderos o inmobiliarios “como sucedió en la Patagonia y en Córdoba con los incendios forestales”, señaló.
Los bosques son los ecosistemas terrestres que albergan más biodiversidad. "Son claves en la regulación hídrica y para la crisis climática que se da por la quema de combustibles fósiles pero el segundo motivo es por deforestación”, destacó Giardini en relación a la importancia en cuanto a su protección y conservación.

Control ambiental y auditorías
En 2021 la Auditoría General de la Nación (AGN) observó dificultades para implementar la Ley de Bosques, señalando la falta de reglamentación de metas e indicadores de la normativa como una de las razones. Además el organismo relevó que 16 provincias tienen sus ordenamientos territoriales desactualizados. Por otro lado, detectó incongruencias normativas en varias jurisdicciones. Asimismo, observaron la falta de actualización del inventario y alertaron por la tendencia creciente en la pérdida de bosques nativos. Este no fue el único informe en la materia, ya que regularmente, la AGN controla estos recursos.
“La AGN controla la materia bosques previo a tener una Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos al igual que la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) y la actualización del Inventario Nacional de Bosques Nativos”, indicó Sol Klas, integrante de la AGN, secretaria de Ambiente de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) y referente del Frente Sindical de Acción Climática.
La importancia de auditar la implementación de la Ley de bosques “es clave”, aseguró Klas, ya que permite identificar “cuáles son las causas que generan el incumplimiento de la norma o determinar cómo o por qué las políticas públicas de protección de bosques no pueden ser eficaces, eficientes o efectivas. De ahí la importancia de las auditorías de seguimiento de las recomendaciones, que nos permiten evaluar el grado de avance sobre las sugerencias efectuadas por los equipos de auditoría”, añadió Klas quien remarcó que los bosques son parte de la Agenda 2030, contemplados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 15.

El norte del país, la región más afectada
Según los últimos datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2020 se perdieron 333.222 hectáreas en nuestro país de bosque, de los cuales el 80% de la deforestación la concentran cuatro provincias en el norte del país. Este año, Greenpeace publicó un informe donde aseguraban que durante 2021 se deforestaron 110.180 hectáreas en el norte argentino, de las cuales 52.290 corresponden a la provincia de Santiago del Estero; 29.165 a Formosa; 18.068 a Chaco y 10.657 a Salta.
Ignacio Goytia es el director General de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta y en comunicación con este medio aseguró que la provincia disminuyó sus desmontes: “ahora estamos en el quinto lugar, bajaron mucho los desmontes ilegales. Hicimos un gran esfuerzo para evitarlos promocionando otras prácticas y usos sostenible”. Por año, representan unas 1.600 a 2.000 hectáreas las afectadas por talas ilegales.
Siguiendo los datos que enviaron desde la dirección, para 2022 se autorizan desmontes en unas 19.678 hectáreas, una proporción superior a lo desmontado el año pasado. "Es superior porque en 2020 y 2021 por la pandemia no estuvo funcionando el área que autoriza, y por eso fueron menos. Una vez que se autoriza tienen hasta 5 años para efectuar el desmonte, entonces muchas veces hay un desfase”, explicó.
Actualmente se encuentran trabajando en una propuesta de Ordenamiento Territorial, el cual está vencido desde 2014. “Estamos en un proceso clave, convocamos al Consejo Asesor y a especialistas, para definir los posibles mapas, si todo sale bien a fin de año lo tendríamos aprobado”, informó el funcionario.

El fuego y los incendios
Otra de las grandes causas de pérdida de bosques son los incendios. En 2021 el Ministerio de Ambiente registró 330 mil hectáreas afectadas por el fuego, pero solo a principios de 2022 se quemaron 800 mil hectáreas. “El clima está jugando en contra de los bosques nativos. En todo el territorio venimos de una sequía de dos años, con una bajante del Río Paraná que impactó en toda la cuenca y generó un alto riesgo de incendios. Están ocurriendo algunos de gran gravedad como los de Corrientes, Misiones y Formosa, donde se perdieron muchas hectáreas y también en la Patagonia”, alarmó Naguel Schenone, investigador e integrante de la Fundación Bosques Nativos.
Recuperar estos bosques puede llevar 100 años y con los fenómenos climáticos cada vez más extremos, hay mayores riesgos y amenazas. “Se genera un ciclo que es contraproducente porque cada vez que se quema un bosque, se emite más dióxido de carbono a la atmósfera y continuamos en una generación de calentamiento atmosférico. Esto está pasando a nivel global”, expresó Schenone quien detalló que el mal manejo de las tierras, el descuido y las prácticas indebidas son un factor que hacen que el riesgo escale.
Desde Bosques Nativos trabajan en diferentes proyectos en Misiones, en zonas incendiadas en Chubut, junto a comunidades Huarpes recuperando bosques de algarrobo en Mendoza, en Jujuy con modelos de ganadería, en la provincia de Buenos Aires y en Formosa. Su objetivo es recuperar y restaurar los sistemas boscosos que han sufrido incendios, desmontes o sobrepastoreo. Hasta la fecha llevan plantados más de 200.000 árboles nativos y una de las piezas fundamentales en esta tarea, son las comunidades.
“Muchísimas personas viven en los montes, en los bosques. Comunidades originarias como los Qom, Pilagá, Wichí lo habitan, lo usan, es su medio de vida, tienen un vínculo muy fuerte y su día a día transcurre con el bosque como elemento”, aseveró Schenon integrante de la fundación con la cual se puede colaborar. Más de 300 millones de personas en todo el mundo habitan los bosques de todas las latitudes y unos 1.600 millones dependen directamente de ellos para su sustento. En Argentina no se sabe con exactitud cuántos habitantes tienen estos ecosistemas.

Vivir en la selva misionera
Patricia Araya vive en la selva misionera desde hace 13 años en unos de los proyectos de reforestación de la Fundación Bosques Nativos, junto a su marido y sus tres hijos, en una chacra que comparten con otras familias. “Nos dedicamos a la reforestación de los montes nativos. Para nosotros es sumamente importante recuperar los animales que se fueron perdiendo por la deforestación. Conocer la riqueza que tenemos nos da el valor necesario para cuidarlo”, reflexionó.
Junto a su esposo son los encargados de hacer plantines, armar el vivero, juntar semillas, sembrar y plantar. “Trabajamos con otras familias y la comunidad inculcándoles conocimientos como el cuidado del agua a quienes tienen ganado, todo lo que se puede hacer para cuidar el medio ambiente, lo hacemos”, describió. Del monte nativo extraen frutas para producción de mermeladas, madera, pastizal para los animales y productos como la mandioca. “Para nosotros es nuestro hogar, nuestro ritmo de vida. Me gustaría incentivar a las personas a cuidar la naturaleza, los recursos que tenemos, pero entiendo que para ver lo que nosotros vemos, al monte hay que vivirlo”, finalizó Araya.
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Se incendió uno de los lugares de mayor biodiversidad en el país y hay preocupación

Fecha de Publicación: 26/08/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta


Desde el jueves pasado, un foco que se habría originado en la zona suburbana de Colonia Santa Rosa, en Salta, afectó a la región de Las Yungas
Desde hace una semana, los vecinos de Colonia Santa Rosa, en Salta, denuncian un foco de incendio que comenzó a arrasar con una buena parte de la Reserva de la Biosfera de Las Yungas. En concreto, calculan que van más de 5000 hectáreas consumidas por el fuego y temen que los resultados sean catastróficos para la fauna silvestre.
Joaquín Fernández Ullivarri es ingeniero agrónomo y vecino de la ciudad, y explicó que desde hace varios días la ciudad está envuelta en una intensa capa de humo que imposibilita la visión. Más precisamente, los incendios comenzaron el jueves pasado en la zona urbana, por lo que los vecinos creen que, si bien no habrían sido intencionales, sí “fueron provocados”.
“El jueves cuando empezó el incendio, justo hubo un cambio del viento, del norte”, comenzó a relatar el hombre que trabaja para una firma relacionada con el agro. Además, lamentó que estos focos se den precisamente en “un año que pinta extremadamente seco” y helado.
“En toda la zona periférica hubo focos y eso saltó a la selva, a Las Yungas, que es inmenso. Hay más de 5000 hectáreas afectadas de selva en ese lugar y las temperaturas vienen en ascenso”, añadió el agrónomo. También lamentó que el incendio tenga tan poca repercusión y contó que recién ayer la provincia se comprometió a mandar una delegación para tratar de apagar los focos. “Es una selva con una importancia intangible. Ahora, el fuego arrasó con toda una parte que es muy linda”, amplió.
Por otra parte, agregó que el foco que desencadenó el incendio se dio en una zona lindera con áreas urbanas y rurales: “Todo tiene una relación, porque no se prendió solo”. Fernández Ullivarri alertó que “hay una costumbre de prender las hojas o la basura”.
Fernández Ullivarri contó que los focos comenzaron a esparcirse en la región y han provocado destrozos para la flora y fauna de los bosques subtropicales, también conocidos como bosques nubosos. “En el satélite se vio que el fuego lo inició la mano del hombre, por como se inicia: comenzó en una zona donde hay fincas, movimiento de personas y se metió a donde hay cerros, montañas con selvas. A medida que vas viendo las fotos de los satélites se nota que empezó en la zona suburbana y se esparció hacia adentro de la selva”, describió.
El agrónomo narró que la superficie que puede llegar a consumirse de la selva con estos focos es infinita, por lo que pidió que se comiencen a tomar medidas para contener los incendios. “Puntualmente, el poblado desde hace tres días amanece envuelto en un manto de humo. Es importante darle relevancia a esto, por el valor que generan Las Yungas para la región, de alguna manera es algo importante lo que se está quemando”, indicó.
La región de Las Yungas, en las provincias norteñas de Salta y Jujuy, es uno de los lugares de mayor biodiversidad del país, y fue reconocido como patrimonio natural y cultural del mundo por la Organización de las Naciones Unidas dentro del programa “El hombre y la biosfera” de la Unesco en diciembre de 2002. Con esta declaración, Las Yungas en este momento forma parte de la Red Mundial de reservas de biosfera de la Unesco y por consiguiente de la Argentina.
En rigor, según Ledesma, Las Yungas superan los 4 millones de hectáreas de bosques que representan el 2% del área continental del país, que mantienen el 50% de su biodiversidad. En esa selva actualmente habitan alrededor de 500 especies de aves, otras 200 especies de árboles nativos de la región, 80 variedades de helechos y 30 especies de anfibios.
“Los bomberos voluntarios están trabajando en total escasez, estaban viendo de pedir una motobomba y buscando gente de bomberos y de Defensa Civil para ver que se puedan frenar los focos”, agregó el ingeniero agrónomo. Agregó que aún esperan el accionar del intendente Jorge Guerra. “El norte argentino es tierra de nadie”, sintetizó.
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Hace 10 años desmontó ilegalmente 11 mil ha, y aún no cumple con la recomposición

Fecha de Publicación: 13/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La deforestación se detectó en 2013 gracias a un operativo de la AFIP, que además encontró personas en condición de esclavitud. Pasó varias instancias judiciales y la Procuración General permitió que no se pagara una multa.
La Justicia de Salta ordenó a un empresario agrícola cumplir con el Plan de ejecución de Recomposición Ambiental que aceptó en una conciliación firmada en 2016. El acuerdo al que llegó aquel año con el Ministerio Público Fiscal (MPF, en aquel momento encabezado por el ahora juez de la Corte de Justicia salteña, Pablo López Viñals), fue tras un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en dos catastros del departamento San Martín, donde viven comunidades criollas e indígenas.
La deforestación fue en 2013. Pobladores criollos e indígenas, e incluso la asociación ambientalista Greenpeace, habían denunciado el desmonte en aquellos años. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente de la provincia no veía la deforestación y negaba la existencia de esa situación.
Recién en ese año, gracias a un operativo de la AFIP, que encontró a personas adultas y menores de edad en situación de esclavitud laboral, los funcionarios provinciales se dieron por enterados de que el desmonte existía y no tenía autorización administrativa alguna para realizarse.

Los antecedentes
Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen son los propietarios de los catastros en donde se realizó el desmonte ilegal. Tras detectarse el ilícito, la Secretaría de Ambiente de la provincia ordenó la paralización de las tareas que se estaban realizando o pudieran realizarse, conforme el principio precautorio. Pero esa disposición se desobedeció. Ambiente impuso en ese momento una multa administrativa de 16 millones de pesos; el equivalente actual, por el precio de la nafta que es el parámetro sobre el cual se calcula, sería de 200 millones.
Ante el incumplimiento, el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, impulsó una causa contra Karlen por desobediencia judicial. El 2 de octubre de 2015, la jueza Azucena Vázquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio, dispuso sobre uno de los demandados una condena inédita en materia jurídica ambiental en el país, referida a incumplimientos de órdenes administrativas y judiciales contra desmontes.
Incluso se había dispuesto hace ya 7 años, un pago de $171.413.473. Pero en 2016, tras la firma de un convenio marco entre la firma y la Procuración General, se suspendieron los plazos judiciales a condición de que Karlen cumpliera con la recomposición ambiental, que incluía la incorporación de las comunidades criollas e indígenas para un desarrollo sustentable y regularización de su situación en la zona. El plan de recomposición ambiental, abarcaría toda la finca y se extendería en el tiempo por 30 años.

Otra fiscala que intervino
Ya en 2020 ante los incumplimientos del Plan convenido, la fiscala Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, solicitó la aplicación de astreintes (multas diarias) para que los propietarios agilizaran el cumplimiento de sus obligaciones, y la jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1 de Tartagal, Claudia Yance, resolvió imponérselas en 30 mil pesos diarios. El MPF (actualmente a cargo de Pedro García Castiella) informó que la cifra acumulada hasta agosto del año pasado, en que el abogado de los Karlen recurrió, ya era millonaria.
En agosto de 2021, el letrado apoderado de los propietarios de las actuales matrículas Nº 30746 y 30747 del departamento San Martín, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, esgrimiendo que vulneraba el principio de bilateralidad, igualdad procesal y defensa técnica a su parte, por la sanción judicial que se les imponía debido al incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Vélez Román solicitó el rechazo del planteo que pretendía “reeditar cuestiones ya resueltas” y que sólo tenían “asidero en justificar su actuar negligente” y que pretendía “dejar sin efecto la imposición de multa” diaria judicial.
Yance rechazó el recurso de la firma. En su fallo sostuvo que “no ha habido constancia de haber dado inicio al cumplimiento de lo homologado judicialmente”, además de que a lo largo de los trámites de un proceso judicial complejo la demandada “no ha colaborado, sino que ha mantenido una conducta obstruccionista, no asumiendo las responsabilidades” impuestas.

Panorama actual
Vecinos de la zona judicializada se comunicaron con Salta/12 tras conocer el fallo de Yance. Indicaron que pese al convenio homologado por el MPF, el plan de recomposición no se cumplió y aún siguen muchas familias criollas y originarias dentro de estas tierras, que no son las únicas a nombre de los Karlen en el Chaco salteño. “Hay familias que cuando ellos iniciaron con los desmontes se tuvieron que ir. De alguna manera como que fueron expulsados”, indicó una de las vecinas de la zona.
Aseguró que además de no haber hecho nada para remediar el desmonte ilegal, “siguen explotando la zona”, y que los campesinos que están en sus puestos se encuentran “encerrados por enormes y extensos alambrados”.
“Lo mínimo que deberían haber hecho es clausurarles el campo durante todo este tiempo. Es una vergüenza que hayan levantado tantas cosechas después de haber desmontado”, sostuvo por su parte el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
Al igual que la vecina, dijo que los integrantes de la organización ambientalista vieron cómo en estas extensiones judicializadas se continuó produciendo.
Cuando se firmó el convenio en 2016 se criticó el acuerdo anticipando que podía llegar a ser contraproducente. Giardini afirmó que de hecho los empresarios tuvieron “impunidad” durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey para desmontar de manera ilegal. “No se te puede escapar un desmonte de 11 mil hectáreas con 18 topadoras cuando tenés un control (de imágenes) satelital cada 15 días. Eso habla de la impunidad de dejar hacer”, aseguró.
Para el ambientalista, que esta situación continúe después de tanto tiempo “es terrible”. Mientras el tiempo pasa, destacó que un monte necesita al menos 50 años para recuperarse. Casi diez ya se perdieron.
Añadió que este caso demuestra que “no sirve el sistema de multa”, dado que “cuando son bajas las pagan alegremente y cuando son muy altas las judicializan”, para no pagarlas. Es por ello que insistió, el desmonte debe ser calificado como delito penal.
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La deforestación en el norte del país se convirtió en un ecocidio

Fecha de Publicación: 01/08/2022
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional


Riccardo "Dardo" Tiddi es Físico y Técnico en Imágenes Satelitales y Lauxo Karina Alonso es integrante del Pueblo Qom y docente de la Escuela Bilingüe Cacique Pelayo de la localidad de Fontana. Forman parte de Somos Monte Chaco, una asamblea conformada por vecinos y organizaciones sociales. El Gran Chaco Americano es una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas. La principal causa de esto es el avance de la frontera agropecuaria, es decir, ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a China y Europa.
"El Gran Chaco -Argentina, Bolivia y Paraguay- en los últimos 13 años, ha perdido una cuarta parte de todos los bosques y el equivalente se había perdido en las décadas anteriores. Este ritmo no está disminuyendo, por lo cual es posible que de acá a 2050 su bosque deje de existir. Van a quedar los bosques de algunas reservas, parques, comunidades indígenas, pero el resto va a volar. Este escenario es escalofriante para quienes vivimos acá, pensar que cuando vamos a tener 70 años no va a quedar nada, da miedo", nos adelanta Riccardo sobre la urgencia de la problemática.
"La primera reacción es ver lo que hacen las empresas, donde hay muchos episodios de corrupción, actúan en contra de la Ley de Bosques abiertamente. Y el otro interlocutor es el Gobierno, pero particularmente con los locales es muy difícil tener confianza, su palabra no tiene ningún valor, firman acuerdos que al día siguiente no cumplen. Y cuando vemos que no son de confianza, recurrimos a la Justicia pero ahí también vemos que hay intereses muy poderosos que bloquean o ralentizan el actuar de la Justicia", denunció y agregó: "Los únicos actores de confianza, serios y comprometidos en la defensa de los bosques son las comunidades locales, las campesinas, las indígenas, a pesar de la presión que reciben".

Lo más urgente
Dardo explicó que hace unos 10 días se enteraron que "el Ministerio de la Producción de Chaco presentó un nuevo mapa actualizado del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que plantea la Ley Nacional de Bosques. Un grupo de empresas y funcionarios, a puertas cerradas, han decidido hacer un mapa que consideramos regresivo y completamente ilegal, donde se pasó de categoría "amarilla" a categoría "verde" amplias regiones en El Impenetrable.
La urgencia es visibilizar esto para que la Justicia actúe. Estamos siguiendo dos juicios abiertos en contra del Estado provincial por la mala gestión de los bosques".
Las categorías "verde" y "amarilla" que menciona Riccardo Tiddi corresponden a la zonificación que establece la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007. La Categoría I (rojo) es para los sectores de un alto valor de conservación que no deben transformarse; la Categoría II (amarillo) es para los sectores de mediano valor de conservación, es decir, zonas que pueden estar degradadas, pero que con adecuadas actividades de restauración pueden tener un alto valor de conservación y usarse para prácticas sustentables; y la Categoría III (verde) es para los sectores de bajo valor de transformación que pueden transformarse parcial o totalmente, con la previa realización de una Evaluación de Impacto Ambiental.
Sobre la llegada del yaguareté a la Corte Suprema de Justicia, Dardo explicó: "Es una buena noticia que a nivel federal se esté encarando el juicio, porque el animal de alguna forma viene a hacernos de paraguas para la situación local que es muy complicada".
En Chaco, por la falta de controles, siguen los desmontes a pesar de estar suspendidos por la justicia provincial: "Disminuyó la deforestación respecto a un año atrás, pero deberían ser cero", contó Tiddi.

La (no) participación en las decisiones sobre el bosque
"Las comunidades están desinformadas de lo que ocurre y ahí es donde está fallando este proceso que debería ser participativo. La participación no se está cumpliendo", dijo Riccardo. Y agregó: "Nosotros estábamos participando, pero para que haya real participación se necesita que haya información. Y cuando en el año 2020 empezamos a hacer pedidos de informes al Gobierno y en particular a la Dirección de Bosques para preguntar cuáles eran los permisos que se habían otorgado o donde había terminado la madera, cosas que ellos tienen que conocer por Ley, no nos brindaban, nos cerraban las oficinas".
"En el nuevo mapa que presentaron, muchos de los campos que han sido desmontados ilegalmente en zona amarilla, pasan a categoría verde. En lugar de decir "tenemos 192 mil hectáreas de desmonte ilegal", blanquean la situación. Esto es inaceptable", finalizó Tiddi.

El surgimiento de "Somos Monte Chaco"
"Varios amigos y yo vivíamos en El Impenetrable y nos empezó a dar impotencia la situación de ver pasar todos los días varios camiones de maderas. Investigamos y aprendimos que existía una Ley Nacional de Bosques. Empezamos a capacitarnos, a invitar más gente como abogados que nos explicaron cómo funcionaba la Ley y conformamos un espacio que después se convirtió en la asamblea permanente de "Somos Monte Chaco", a principios del 2019", cuenta Riccardo en las afueras de Resistencia.
 Y agregó: "En El Impenetrable constantemente escuchábamos voces y quejas de gente que no daba más. Episodios de violencia o estafa, y en lo que se dice mal llamado "interior" es muy difícil hacerse escuchar, no sólo por las presiones, sino que también porque no hay medios de comunicación o visibilidad. Por eso llegamos a Resistencia, para abrir una puerta en la ciudad donde se toman decisiones. Era importante conectar estos dos mundos, porque muchos han olvidado o no conocen lo que es la realidad del campo y el bosque".
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Tierra arrasada y especies en riesgo: viaje a la zona cero de la deforestación en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Las provincias del Gran Chaco (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta) concentran el 75% del desmonte de los últimos 25 años
Apenas diez metros separan al monte silvestre de algo que empieza a parecerse a un páramo. Alcanza con girar la cabeza a ambos lados para ver el contraste entre la maraña verde de quebrachos blancos y colorados, algarrobos y espinillos, y la tierra arrasada y revuelta tras el paso reciente de las topadoras. En un puñado de días, una porción de monte vivo, colorido, diverso y sonoro del Gran Chaco argentino cambió para siempre.
LA NACION llegó junto a un equipo de la ONG ambientalista Greenpeace hasta el corazón de la deforestación en la Argentina. A una hora en camioneta hacia el norte desde Las Lomitas, en Formosa, no muy lejos de la frontera con Paraguay, se acaban de desmontar centenares de hectáreas. Desde la ruta no se ve, pero un sobrevuelo previo y las imágenes satelitales no dejan dudas sobre su ubicación. El proceso de desmonte es brutal y no hay sutilezas: para “limpiar” una parcela, en la mayoría de los casos se usan dos topadoras separadas decenas de metros entre sí y entre ellas se tensa una gruesa cadena que, de forma literal, arranca y derriba todo a su paso al avanzar las máquinas. Como en las películas de guerra, el lugar queda lleno de restos apilados, aplastado, polvoriento y en silencio.
Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco concentran el 75% de la deforestación en la Argentina del último cuarto de siglo. Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos orilló los 7 millones de hectáreas.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, no detuvo esa tendencia: datos de Greenpeace muestran que, desde ese año y hasta 2021, esas cuatro provincias perdieron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos. Según la organización, casi la mitad de ese desmonte es ilegal porque se hizo en zonas que, en los papeles, debían protegerse.
Para Hernán Giardini, a cargo de la campaña de bosques de la ONG y conocedor de esta región bella y llena de contrastes, la deforestación es sinónimo de “más crisis climática”. Esto significa más inundaciones, enfermedades, pérdida de alimentos, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y desaparición de especies como el yaguareté.

Un ecosistema en la mira
Con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie, el Gran Chaco es el segundo ecosistema forestal de América del Sur, después del Amazonas. Cubre porciones del norte de la Argentina y partes de Paraguay y de Bolivia. Es, también, una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas, como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria.
El valor ecológico del Gran Chaco es único: abarca 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios. Por la caza y el desmonte, varias especies de mamíferos están amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta y el tapir.
El monitoreo de deforestación de Greenpeace muestra que entre enero y junio de este año se perdieron en el norte argentino 41.332 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires: 16.106 en Santiago del Estero, 10.223 en Chaco, 10.056 en Formosa y 4947 en Salta. En el último año y medio, esa cuenta llega a las 150.000 hectáreas, y se estima que la mitad de esos desmontes fueron ilegales.
¿Por qué la Ley de Bosques no alcanzó para detener la deforestación? Según Giardini, el problema es la implementación que hacen las cuatro provincias, que armaron planes de ordenamiento “a la medida del sector agropecuario”. El ambientalista explicó que en la región se autorizaron desmontes en bosques protegidos y que Formosa armó un ordenamiento tan laxo que se autorizó a desmontar hasta el 75% de sus bosques: “Formosa pasó de destruir 7500 hectáreas por año hasta 2006 a 30.000 por año entre 2008 y 2021”, dijo.

Formosa y Chaco
Según Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales de Formosa, la información que brinda Greenpeace “es falsa” cuando expresa que su plan de ordenamiento territorial permite deforestar el 75% de los bosques. “Nuestra ley crea una zonificación que establece grandes restricciones para los cambios de uso de suelo, aun dentro de la categoría verde”, dijo. Y agregó: “Fue elaborada en seis talleres regionales con amplia participación de miles de formoseñas y formoseños, y aprobada por unanimidad de todos los sectores políticos de la provincia en 2018.
Desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que trabaja con las comunidades wichi y nivaclé del centro-oeste de Formosa, denunciaron que, si bien uno de los diez criterios de la Ley de Bosques establece que los pueblos originarios deben ser consultados para los planes de ordenamiento, esto no ocurrió. “Nadie los escucha y las audiencias no son vinculantes”, advirtió Pablo Chianetta, el secretario de la APCD. Hace más de 30 años decidió instalarse en Las Lomitas, en el extremo norte del país, la zona que recorrió LA NACION hace una semana.
Chaco es otra provincia que está bajo la lupa de las organizaciones: según Somos Monte, el gobierno prepara una actualización de un plan provincial más permisivo que el anterior y hay poco o nulo control sobre los desmontadores. Si bien la justicia provincial prohibió esa actividad a principios de noviembre pasado hasta que haya un nuevo plan de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), Greenpeace detectó que más de 10.000 hectáreas desaparecieron en el primer semestre de 2022.
“Nuestros datos oficiales son bastante coincidentes, las superficies desmontadas son las mismas. Se trata de desmontes ilegales porque la Justicia falló que no se pueden desarrollar cambios de uso del suelo”, ratificó Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad del Chaco.
En relación al nuevo ordenamiento dijo que “ya se avanzó mucho” y que existe una decisión del gobernador, Jorge Capitanich, de no demorarlo más, ya que lleva siete años vencido. “Presentamos una propuesta muy elaborada el año pasado, con mucha información y una etapa de consultas. Estamos hablando de una actualización muy integral con más superficie protegida en el Impenetrable”, agregó Soneira.
Ricardo Tiddi y Karina Alonso, de Somos Monte Chaco, ven las cosas de otra manera. Antes de la charla, que tiene lugar en Fontana, en la periferia de Resistencia, preparan el lugar: eligen un espacio al aire libre, se sientan sobre el pasto y despliegan un cartel de la ONG. “El proyecto del gobierno es regresivo y en el Chaco nadie controla nada. Se desmontaron 10.000 hectáreas este año, aun con una prohibición expresa de la Justicia”, dice Tiddi. Alonso, que pertenece al pueblo qom, informa que las comunidades de pueblos originarios “ni se enteraron de que estaban haciendo un nuevo mapa”. A su lado, sobre una manta, colocó una estatuilla de arcilla que representa una mujer, un bolso tejido con chaguar, un cuenco con hojas y frutos, varias piedras y un caracol. “Esto representa a mi cultura”, aclara.

Proyecto Yaguareté
Uno de los efectos directos de la deforestación es la pérdida de hábitat para especies como el yaguareté, el mayor felino de América. Panthera onca para los científicos, tigre para los lugareños, se estima que quedan unos 250 individuos en la Argentina, de los cuales 20 viven en el Gran Chaco.
Seguir sus rastros es una tarea detectivesca que la guardaparque Lucero Corrales encara a diario junto a la voluntaria y también guardaparque Rocío Cardona. Las dos mujeres son parte del interinstitucional Proyecto Yaguareté. A la vera del Bermejito, un brazo del río Bermejo, reciben a LA NACION y explican su trabajo: recorrer, durante semanas, cada paraje de esta geografía inmensa en busca de relatos que hablen de huellas, excrementos, arañazos o cualquier indicio que sirva para confirmar la presencia de algún felino de esta especie. “El contacto permanente con los habitantes es clave para detectar si hay animales, ya que la geografía es tan grande que resulta inabarcable de otra manera”, cuenta Lucero, mientras despliega mapas, folletos y hasta un boletín: El tronco donde se rasca el tigre. Su primer objetivo es compartir información científica con los pobladores para explicarles que el animal no es peligroso (contra la creencia popular) y que su caza está prohibida por ley.
En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema para frenar la destrucción del bosque y para preservar el hogar de los últimos 20 yaguaretés del Gran Chaco argentino. La audiencia será en pocas semanas y la organización busca visibilizar al máximo el pedido. Por eso idearon una espectacular intervención de activistas disfrazados de yaguaretés en el río Bermejo (que separa Formosa y Chaco), donde con gomones y kayaks desplegaron un cartel de 230 m2 con el slogan “Deforestación Cero”.

Comunidades originarias
“Las topadoras borran posibilidades de vida, no solo árboles y animales. Borran creencias, cultura, identidad y potencialidades de los pueblos originarios. Los pueblos originarios vivieron siglos en el Gran Chaco sin destruirlo, nosotros en menos de 100 años ya rompimos todo. Ellos tienen mucho por enseñarnos”, detalla Chianetta. Se estima que el 8% de los habitantes del Gran Chaco argentino pertenecen a pueblos originarios que, desde siempre, encontraron en el monte su refugio, alimentos, agua, materiales de construcción y medicamentos.
Una de esas comunidades wichi es la de Tres Pozos, ubicada a 30 kilómetros de Las Lomitas. Allí viven 96 familias que crían chivos, chanchos, gallinas, algunas vacas y ovejas, y hacen algo de apicultura y artesanías. Los referentes de la comunidad, todos hombres, dialogan con LA NACION en una sala sencilla que antes se usaba como salón escolar. Sentados en ronda, explican que para preservar su forma de vida precisan tener acceso a un territorio sano, que conserve sus beneficios ecosistémicos: “Estamos muy en contra del desmonte, nosotros queremos preservar el territorio, pensamos al revés que el gobierno. Pensamos que tenemos que cuidar al monte y a sus animales”, sintetiza Florencio González.
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Misiones presentó su plan estratégico para Bosques Nativos y Fondo Verde del Clima

Fecha de Publicación: 23/07/2022
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones

El gobernador Oscar Herrera Ahuad presentó ayer por la mañana en Casa de Gobierno el Plan Estratégico de Bosques Nativos 2022 – 2032. Lo hizo acompañado por el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Víctor Kreimer, del director nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Martín Mónaco y la directora nacional de Cambio Climático de la cartera ambiental de la Nación, Florencia Mitchell.
El Plan está alineado con los objetivos establecidos en la Ley Nacional 26331 y se adecúa a las particularidades de la provincia para convertirse en el marco rector de la política de evaluación y asignación de los recursos del Programa Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Además, se presentó el Programa de Pagos Basados en Resultados REDD+ del Fondo Verde del Clima.
El Gobernador subrayó la importancia de la sinergia existente entre las distintas carteras para coordinar acciones estratégicas que contemplen todas las aristas posibles. Remarcó que “hoy se agregan otras estructuras donde se deben coordinar también las acciones como el cambio climático y no es un detalle menor, porque en un plan estratégico deben estar todas las vertientes que influyen en un ordenamiento de las políticas públicas ligadas a políticas sostenibles y sustentables en materia ambiental”, sostuvo.
A su vez, destacó Herrera Ahuad que resulta fundamental contar con estos recursos que van a ayudar con estos planes de líneas estratégicas a largo plazo, porque “si uno no tiene un plan estratégico económico, acompañado de los recursos, es muy difícil que ganemos confianza en quienes tienen que ejecutar esos programas”, advirtió. Y aseveró que “sin duda el entender que la política ambiental debe estar como eje de la agenda no es solo escribirlo en un papel, sino también ejecutar las acciones, y a este plan se le agregan las variantes al cambio climático, lo que hace a las inclemencias, a las sequias”, puntualizó. También recordó que la provincia de Misiones sancionó el pasado 9 de junio la Ley XVI-146, relativa al marco regulatorio para los humedales. Se trata de la primera norma en todo el país en regular la materia “y este plan estratégico también debe estar atado a la Ley de Humedales que nosotros tenemos”, subrayó.
Durante su intervención, el Gobernador agradeció al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, porque desde un primer momento entendió los pasos a seguir “para avanzar en la protección de lo que nos queda de selva paranaense”, dijo y agregó que “Misiones cada año va agregando áreas protegidas, desde la parte privada o estatal que invierten, que dejan un recurso libre o determinada área sin explotar, y eso no es un fenómeno común en este tiempo, porque el cultivo y el capitalismo avanzan sobre la producción de granos, de soja, de maíz, de trigo, es un valor extra que tiene la política de estado que tiene la provincia”, concluyó.
En relación al plan estratégico, el titular de la cartera provincial de Ecología, Víctor Kreimer destacó que es un plan consensuado, con mucho trabajo técnico de las áreas del ministerio y define cuáles serán las pautas de aplicación y utilización de los fondos de la Ley de Bosques para los próximos 10 años. Aseguró que este plan estratégico acomodó los lineamientos generales a las características de Misiones. Explicó Kreimer que este ordenamiento “nos ha permitido establecer los ejes que se van a priorizar, considerando las demandas de la población que necesita espacios para viviendas, incrementar la superficie para el sector productivo, con esta herramienta vamos a trabajar de una manera más coherente y sostenida en el tiempo”.
Por su parte, el director nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Martín Mónaco, destacó el logro del Estado Nacional por haber incrementado significativamente los fondos de la ley: “En particular hemos logrado aumentar en diez mil millones de pesos el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos, para seguir profundizando las líneas de trabajo que nos lleven a mejorar la implementación de la ley”, expresó. “En particular hoy tenemos ya la mitad de ese incremento con el compromiso de que, si logramos cumplir algunas de las metas que nos pusimos con Economía, tengamos la segunda cuota de otros segundos cinco mil millones para la implementación”, agregó.

¿De qué se trata el Plan Estratégico de Bosques Nativos 2022 – 2032?
La elaboración de este plan diseñado con una perspectiva de 10 años, es parte de los requisitos solicitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para acceder a la transferencia de fondos del año 2022 para la Implementación del Programa Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, creado por Ley Nacional 26331 y según lo acordado en Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El mismo se implementará previendo porcentajes del fondo para cada uno de los lineamientos técnicos relacionados con el manejo sostenible, la conservación, la restauración, la producción de bienes maderables y no maderables y el mantenimiento de servicios ecosistémicos de los bosques nativos.
Asimismo, se puntualizaron los ejes establecidos de acción prioritarios: resguardo integral de la red de Áreas Naturales Protegidas, el manejo estratégico del Corredor Verde, el fortalecimiento de las capacidades de prevención y combate de incendios forestales, el desarrollo del manejo sostenible del bosque nativo, la actividad ganadera integrada al bosque nativo, la planificación territorial y los trabajos especiales en las zonas de interfase urbano – rural de los municipios.

Sobre los Fondos Verdes del Clima
En 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), aprobó el Programa Piloto de Pagos Basados en Resultados REDD+ del Fondo Verde del Clima.
Misiones recibió una asignación económica que será distribuida en un plan de manejo sostenible de cuencas forestales, nueve planes integrales comunitarios, un plan de manejo de bosques con ganadería integrada y fondos para fortalecimiento institucional.
A través de este programa, que tendrá una duración de seis años, se busca promover diferentes líneas de acción siguiendo los objetivos de la Ley N° 26.331. El objeto del pago por resultados es desarrollar actividades que aumenten la reducción de emisiones por deforestación y degradación.
Además, el proyecto promoverá el desarrollo del conocimiento sobre dinámica y uso de los bosques nativos; incrementará las capacidades de monitoreo y control, tanto a nivel nacional como provincial; y aumentará la presencia en territorio de agentes de control y promoción.
Los procesos de adquisiciones de bienes y ejecución de obras serán ejecutados a través de FAO y en menor medida a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Las provincias estarán a cargo de seleccionar las áreas de intervención y contarán con apoyo de la Unidad de Gestión de Proyecto, integrada por FAO y el MAyDS, y con las agencias públicas u ONG socias, para la identificación de beneficiarios y el desarrollo de planes.
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En Córdoba, se aplican más de 100 millones de agrotóxicos al año. El agronegocio convierte extensas áreas de bosques nativos en suelos contaminados

Fecha de Publicación: 19/07/2022
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Córdoba


“En la provincia se aplican 105 millones de litros de agrotóxicos al año, mientras que en todo el país la medida es de 600 millones de litros anuales”, explica Medardo Ávila Vázquez, uno de los fundadores de la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados y pionero en visibilizar las consecuencias del modelo de producción ligado al uso de agrotóxicos.
Ya en el 2011, tras un estudio presentado por investigadoras del Conicet, se comprobó la presencia alarmante de agroquímicos y metales pesados en la cuenca del río Paraná. Los niveles de glifosato y de AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca cuadruplican las concentraciones que pueden encontrarse en un campo de soja. Misma cuenca con la que conectará el futuro acueducto Córdoba – Santa Fe.
Esta situación se da en simultáneo con el agua de consumo en la provincia de Buenos Aires. Allí, el agua de las capas subterráneas, de entre 40 y 60 metros de profundidad, se extrae con los agrotóxicos que se están aplicando en la superficie.

El silencio no es salud
Desde el año 2004 rige la Ley 9.164 de “Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario”. Esta norma prohíbe toda fumigación a menos de 1500 o 500 metros (según el producto) de zonas pobladas.
El glifosato está catalogado de clase III y puede ser aplicado sin ninguna restricción.
El 80% de las aplicaciones no quedan en el predio o en las plantas. Se pulveriza en el ambiente. “En Córdoba tenemos registros en 5 pueblos, donde tomamos muestras de agua de lluvia encontrando glifosato. La lluvia arrastra los agrotóxicos del aire y caen al suelo”, agrega el Dr. Avila Vazquez.

Un riesgo para la salud
Las consecuencias son inmediatas. Un grave impacto para la salud humana de la mano del incremento de enfermedades tales como el cáncer, problemas reproductivos, abortos, niños que nacen con malformaciones, problemas endocrinos como hipotiroidismo, Alzhéimer, esclerosis múltiple, entre otros.
Un estudio publicado por “International Journal of Clinical Medicine” demuestra que la mortalidad por cáncer en los pueblos agrícolas es la primera causa de muerte.
El informe verificó que en estos pueblos el cáncer es casi tres veces más frecuente. Alcanzando en algunos años a justificar la mitad (50%) de todos los decesos, cuando, desde hace 40 años esta enfermedad explica sólo una quinta parte de ellos (20%).
La provincia asiste en las últimas décadas a una radical transformación de su estructura productiva que ha impulsado profundas alteraciones ambientales. Y lo pagamos, entre otras cosas, con nuestra salud.
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Preocupa la deforestación por el agronegocio en Argentina

Fecha de Publicación: 15/07/2022
Fuente: TV Pública
Provincia/Región: Nacional


Argentina está entre los 10 países que más desmontaron en las últimas tres décadas: se estima que se perdieron cerca de 8 millones de hectáreas de bosques. Científicos del CONICET alertan por la destrucción de bosques nativos y cuentan a la expansión de la frontera agrícola como el principal factor.
Desde hace ya varios años la Argentina se encuentra en emergencia forestal. Y más allá de los números internos, el problema de la pérdida de bosques nativos en el país ya se expuso en el marco internacional.
El avance de la frontera agropecuaria aumenta la destrucción de bosques y los conflictos territoriales entre pueblos originarios y empresarios, los cuales compran fincas que, históricamente, pertenecen a territorio indígena y las deforestan, en su mayor parte para ganadería intensiva y cultivo de soja transgénica.
De acuerdo al monitoreo de la organización Greenpeace, durante la cuarentena en 2020, a pesar de que el desmonte es una actividad que estuvo suspendida durante el ASPO, en cuatro provincias del norte argentino fueron arrasadas casi 50 mil hectáreas de bosques.
En Salta se desmontaron 12.863 hectáreas, 19.673 en Santiago del Estero, 6.109 en Chaco y 10.011 en Formosa. Estas cuatro provincias concentran el 80% de la deforestación en Argentina.
La organización ambientalista aseguró que durante 2021 se deforestaron 110.180 hectáreas de bosques nativos en el norte argentino, superficie equivalente a cinco veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires

“Pampeanización” y frontera agrícola
Con respecto a las causas de la deforestación, las principales son la expansión y la diversificación agropecuaria, en especial la agricultura y la ganadería intensivas. En menor medida, la agricultura de subsistencia, los incendios, el sobrepastoreo, el desarrollo de infraestructura y la sobreexplotación de los recursos forestales.
Nuestro país cuenta con 536.545 km² de bosques nativos, lo que representa el 19,2 % de nuestra superficie continental. Las provincias con mayor superficie de bosque nativo son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa correspondientes al Parque Chaqueño.
Muchos de los grandes productores agropecuarios no son de la región chaqueña: provienen de la región pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) y en algunos casos del exterior.
En vez de adaptarse a las limitaciones y las posibilidades que les brinda el ecosistema chaqueño para producir, deciden transformarlo, destruyéndolo.
Esta “pampeanización” del Gran Chaco se produce, fundamentalmente, porque el precio de una hectárea en el norte oscila entre los 300 y 500 dólares (con bosques), mientras que en la zona pampeana su valor ronda entre los 10 mil y 15 mil dólares.
La ampliación de la frontera agrícola y la cría intensiva de ganado, en detrimento de los bosques, deja tras de sí terrenos áridos y desérticos.
La Ley de Bosques es el principal instrumento de política publica del que se vale Argentina para conservar sus bosques. Antes de su sanción, se desmontaban a razón de 300.000 hectáreas por año. Ese número disminuyó en forma notoria durante los últimos tres años: 190.589 hectáreas en 2014; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016. Con todo, Argentina permanece entre los diez países que más árboles talaron en el último cuarto de siglo, con 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos. La misma superficie que toda República Checa.
Cabe recordar que la ley estableció tres áreas con criterios distintos de conservación. Se trata de las categorías: I (rojo), bosques nativos de alto valor de conservación, que no deben transformarse; II (amarillo), de mediano valor de conservación, con posibilidad de llevar a cabo aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y III (verde), de bajo valor de conservación, lo que permite su transformación parcial o total.
Sin embargo, Greenpeace destacó en su informe que, a pesar de la disminución de la deforestación, en 2019 un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 27.704 hectáreas (Santiago del Estero 18.679 ha, Chaco 7.683 ha, Salta 1.326 ha, Formosa 16 ha). En estas cuatro provincias que enmarcan esta región, se habían perdido 112.766 hectáreas en 2018 y 172.639 hectáreas en 2017.
Los bosques son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono; la diversificación y belleza del paisaje, además de la defensa de la identidad cultural.
La deforestación, por su parte, ocasiona la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático, genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones; y en general la disminución en la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad.
Además, el modelo productivo que reemplaza al bosque por pasturas o cultivos anuales está vinculado con la pérdida de empleo rural, la concentración de la tierra y la migración de la población rural hacia los centros urbanos.
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Greenpeace asegura que la Ley Provincial de Bosques propicia el desmonte de unas 30.000 hectáreas por año

Fecha de Publicación: 28/06/2022
Fuente: Diario La Mañana
Provincia/Región: Formosa


Desde la organización no gubernamental sostienen que Formosa cuadruplicó su deforestación porque la ley es “muy flexible, incluso más que la ley nacional”
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina, licenciado en Comunicación Social Hernán Giardini, criticó el manejo del Gobierno provincial sobre sus recursos naturales y afirmó que la flexibilidad de la Ley Provincial de Bosques cuadruplicó la deforestación en Formosa.
“La situación es tan preocupante como en las demás provincias del norte, como Salta, Chaco y Santiago del Estero que concentran desde hace 30 años el 80% de los desmontes del país. En vez de disminuir la deforestación, en la provincia se cuadruplicó y por cada año se desmontan 30.000 hectáreas de bosques”, comentó Giardini a La Mañana.
Sostuvo que la Ley de Bosques de la provincia tiene algunas falencias que fueron señaladas desde hace tiempo porque permite en gran parte del territorio seguir con la deforestación.
“Cada finca puede desmontar un porcentaje y a eso hay que sumarle las explotaciones ilegales, que es un problema de todas las provincias, que avanzan porque las multas son muy bajas como para frenarlas, porque además no constituyen un delito penal. Formosa tiene una Ley Provincial de Bosques muy flexible, incluso más que la Ley Nacional, que permite hoy cuatro veces más desmontes”, sostuvo.
Señaló que permite la deforestación en el 75% del territorio porque define un porcentaje de bosque por finca, lo que a su entender no genera el efecto de dejar amplias zonas forestales como contemplaba la antigua ley.
“La ley formoseña permite que cada propietario pueda desmontar hasta la mitad de su finca. Tal vez al Gobierno formoseño le parezca poco que se cuadruplique la deforestación y se pierdan 30.000 hectáreas por año, pero la cifra colocó a la provincia entre las dos jurisdicciones que más desmontan del país, superada por Santiago del Estero y ubicada por arriba de Salta y Chaco, cuando históricamente eso no pasaba”, agregó.
A todo esto, opinó que la Provincia cree que deforestación significa desarrollo, cuando 30 años después de fuertes niveles de desmontes no se percibe el progreso para los formoseños y la sociedad en su conjunto no vio los beneficios, con un impacto ambiental negativo importante.
Recordó que Greenpeace tiene presentado un amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, por entender que permiten prácticas que violan la normativa de protección de los bosques y poner en riesgo a especies en peligro de extinción como el yaguareté.
“Pero además de atentar contra la mayor fuente terrestre de biodiversidad, hay otros impactos graves que produce la deforestación como la posibilidad de más inundaciones, porque los bosques funcionan como una esponja natural, la aparición de cambios de tipo climáticos, sequías y fenómenos meteorológicos más intensos como tormentas y tornados.
Los bosques también concentran alimentos, madera, medicina natural, claves para la supervivencia, sobre todo para las comunidades locales e indígenas. Hay casos de campos que se venden con la gente adentro”, añadió.

Default ambiental
Algunas organizaciones ambientales advirtieron que Argentina entró desde este viernes en default ambiental, y sobre el tema, Giardini aclaró que es un cálculo que se hace respecto a la cantidad de recursos naturales que consume el país y la capacidad para recuperarlos.
“Tiene que ver con el sobreconsumo de recursos naturales. Esto no está analizado por persona sino en conjunto y es dispar. Es un cálculo en forma global en el país y ya se consumió ahora lo que debería consumirse en un año para una recuperación normal y se entra en una suerte de deuda ambiental. Este informe no lo hizo Greenpeace, pero está bueno para alertar que tenemos una sobrexplotación de recursos y una distribución desigual de los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza”, se explayó.
Sostuvo que es importante propiciar estrategias de desarrollo que favorezcan la generación de empleo y que haya menos pobres en el país, pero a la vez con equilibrio en el manejo de los recursos. “Pero, lamentablemente, el modelo que tenemos de desarrollo en los últimos años no ha facilitado esto y no hablo sólo de lo agropecuario sino también desde el extractivismo minero que no generan el crecimiento económico de la población y produce un impacto ambiental grave”, concluyó.
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Selva Paranaense: reforzarán los fondos de preservación de la «joya verde» misionera

Fecha de Publicación: 23/06/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Misiones


El objetivo es la preservación de las 1.500 especies de mamíferos, entre ellos el amenazado yaguareté; 300 variedades de peces y una compleja flora, la cual solo en el Parque Nacional Iguazú registra 250 tipos de árboles y 50 de orquideas.
Los 330 millones de pesos y 3,5 millones de dólares del Fondo Verde del Clima que el Ministerio nacional de Ambiente y el gobierno misionero acordaron días pasados inyectar en la Selva Paranaense buscarán optimizar las tareas de ambas jurisdicciones en esa ecorregión. El objetivo es la preservación de las 1.500 especies de mamíferos, entre ellos el amenazado yaguareté; 300 variedades de peces y una compleja flora, la cual solo en el Parque Nacional Iguazú registra 250 tipos de árboles y 50 de orquideas.
En sus orígenes, la selva cubría 100 millones de hectáreas al sur de Brasil, el oriente de Paraguay y el noroeste de Argentina. De ellas, hoy en día perduran tan sólo 5,8 millones de hectáreas, de las cuales Misiones alberga uno de los núcleos mejor conservados. El yaguareté encuentra en la selva misionera uno de los últimos refugios de su población en Argentina: se estima que quedan menos de 60 ejemplares en la zona.
Sólo en el Parque Nacional Iguazú se registran unas 250 especies de árboles y 85 variedades de orquídeas, cerca de 500 especies de aves (la mitad de las especies del país) habitan en esta ecorregión. Existen varios estratos arbóreos, con un techo de 20 a 30 metros de altura -hay algunos ejemplares aislados de hasta 50-, con una altísima densidad de árboles.
Según un artículo de Guillermo Gil, biólogo e integrante del Programa Bosque Atlántico de Aves Argentinas, publicado en el sitio Argentina Forestal, «en una sola hectárea de selva puede haber desde 373 a 791 árboles, con presencia de entre 55 y 73 especies y sólo en el Parque Nacional Iguazú, existen aproximadamente unas 400 especies de hongos y 178 especies de hormigas». Este Parque es uno de los sitios más estudiados de la selva paranaense: entre 1987 y 2013 se solicitaron 332 permisos de investigación, de ellos un 62% sobre fauna y un 28% sobre flora; el otro 10% asociado a hongos, turismo, entre otros.
En los últimos tres años se descubrieron en Misiones 13 especies nuevas para la ciencia: 5 peces, una planta, un gusano cilíndrico, un gusano plano, dos chinches, una avispa, una araña y una abeja. En la Argentina, Misiones posee el mayor bloque de selva continua que aún permanece en pie, y ocupa cerca del 50% de la superficie de la provincia, con 1.128.343 hectáreas de monte, que conforman lo que se conoce como el Corredor Verde. Sólo en el Parque Nacional Iguazú, con 67.620 hectáreas, se registran aproximadamente 250 especies de árboles y 85 variedades de fascinantes orquídeas.
Es uno de los bosques más diversos del país, el de mayor biodiversidad del continente luego del Amazonas, siendo refugio natural de grandes animales como el yaguareté (Panthera onca), el águila harpía (Harpia harpyja), el zorro pitoco (Speothos venaticus) y la corzuela enana (mazama nana). Se trata de uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, debido a la tala masiva y a la explotación de su fauna: en su territorio, solo un 10% de su superficie está protegida.
Por su dedicación al cuidado de la diversidad y la Selva Paranaense, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié confirmó la semana pasada que Misiones recibirá una compensación ambiental por su dedicación al cuidado de la biodiversidad y la Selva Paranaense. «El gobernador ha solicitado hace unos meses una compensación y a partir de ese pedido nosotros hemos dado discusiones al respecto para que el fondo del bosque sea incrementado y estamos a días de que se anuncie el decreto», afirmó. Agregó que «Misiones recibirá en términos de fondos de bosque 330 millones de pesos más 3,5 millones de dólares del Fondo Verde del Clima» (GFC, por sus siglas en inglés).
Los 3,5 millones de dólares que recibirá Misiones del GFC es una parte de los 82 millones destinados a la Argentina en concepto de reducción de emisiones de la deforestación. En Misiones, son más de 120 las leyes provinciales sancionadas. Entre otros, su propósito es «cuidar nuestro principal activo que es la Selva Paranaense», señaló en diálogo con Télam el ministro de Cambio Climático local, Gervasio Malagrida, quien destacó especialmente la ley de Humedales, recientemente aprobada por la legislatura provincial. Malagrida explicó que la importancia de la Ley de Humedales radica en que «toma en cuenta la importancia de los humedales como sumideros de carbono su protección cuando viene la temporada de sequía».
Días pasados, Cabandié visitó la provincia y resaltó que «Misiones es la primera del país que cuenta con esta ley de los Humedales, la cual nos va a servir para llevar las discusiones para que otras provincias puedan tener su norma y para que finalmente podamos tener la ley nacional». La Selva Misionera o Paranaense es un ecosistema altamente amenazado debido a la deforestación y explotación de su fauna y recursos hídricos, razón por la cual existen diferentes proyectos para proteger la selva y su fauna. Por ejemplo, desde hace muchos años el Gobierno de Misiones creó un sistema de Áreas Protegidas Privadas, que ya son más de 38 con una extensión total de 16.563 hectáreas.
La creación de estas reservas privadas se realizó a través de un convenio entre ambas partes (Estado y propietarios) por un plazo mínimo de 20 años, por el cual el propietario se compromete a conservar el espacio y como contraparte la cartera ecológica se compromete a brindar apoyo técnico y asistir a la reserva con su cuerpo de guardaparques. Además, un gran número de las reservas realizan una variada cantidad de actividades económicas referidas al cultivo, ganadería, turismo, actividad forestal entre otras.
En relación a la fauna, especies como el tapir, el oso hormiguero, el jaguar o yaguareté se encuentran protegidos desde 1989 como Monumento Natural Provincial y de Interés Público, que prohíbe su caza y posesión en todo el territorio misionero. En la selva, uno de los principales flagelos a la hora del cuidado son los incendios forestales, que el verano pasado afectó a algunas provincias, incluida Misiones.
«En cuanto a los incendios forestales el gobierno de Misiones tuvo una previsibilidad importante al hacer una inversión muy necesaria que es la compra de 3 helicópteros Airbus que tiene la posibilidad de ensamblarse con el sistema Bambi Bucket (sistema de baldes o cubos que cuelgan del helicóptero y sirven para transportar agua)», indicó Malagrida. Este sistema, «permite un ataque focalizado a los focos ígneos y sirve para atacar las laderas de los cerros, una función que no cumplen los aviones hidrantes», explicó.
El funcionario subrayó que para combatir incendios forestales «siempre es bueno tener algo más contra el fuego». Y añadió: «Lo que está en juego es nuestro principal activo, que es nuestra selva misionera, principal sumidero de carbono y más importante de la región», concluyó el ministro de Cambio Climático de Misiones.
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Advierten sobre experimentos químicos en el norte cordobés

Fecha de Publicación: 13/06/2022
Fuente: Ahora Córdoba Noticias
Provincia/Región: Córdoba


“Los arbustos que crecen entre los alambrados de los establecimientos ganaderos causan pérdidas a los productores y además podrían propagar incendios”, el argumento es esgrimido desde el campo experimental del INTA Deán Funes, impulsado por la Secretaría de Ganadería provincial y la Sociedad Rural de esa región.
De tanto buscar, finalmente parece que encontraron una nueva excusa para instalar la legalización del desmonte químico en territorio cordobés: “los arbustos que crecen entre los alambrados de los establecimientos ganaderos causan pérdidas a los productores y además podrían propagar incendios”.
El argumento es esgrimido desde el campo experimental del INTA Deán Funes, impulsado por la Secretaría de Ganadería provincial y la Sociedad Rural de esa región: hay que eliminar la vegetación que invade los alambrados de los campos y para ello, no puede haber mejor idea que arrojar diferentes compuestos químicos (herbicidas y/o arbusticidas) para producir la muerte o el debilitamiento de las especies leñosas.
Una metodología dicen, capaz de llevar adelante la limpieza de alambrados en forma económica y eficiente con el fin de impedir que los grandes productores ganaderos se vean perjudicados. ¿Quién financia estos ensayos? Atrás del decorado experimental asoma Corteva Agrosciencie, la compañía transnacional que provee los agroquímicos.
La experiencia de desmontes ilegales en el norte cordobés muestra –desde hace años- que en cuestión de días un centenario bosque nativo pasa a ser un campo ganadero. La velocidad de ese cambio es proporcional a la rapidez con que los grandes productores de vacas pulverizan con productos químicos la vegetación y todo lo que la rodea, aunque la ley lo prohíba.
“Cualquier intento de legitimar el uso de agrotóxicos en los bosques nativos determina, lisa y llanamente, una actividad absolutamente ilícita debido a que el Decreto 170 – reglamentario de la Ley 9814 que ordena territorialmente nuestro bosque nativo- prohíbe expresamente el uso de químicos para llevar a cabo actividades de desmonte» indica Darío Ávila, abogado especialista en temas ambientales.

¿Desmonte químico para prevenir incendios?
Desde hace seis meses en el campo experimental del INTA Deán Funes realizan ensayos en un laboratorio a cielo abierto: “Control químico de arbustos para prevenir la destrucción de alambrados por incendios”, denominan al proyecto en los pasillos gubernamentales.
Sala de Prensa Ambiental pudo establecer que dichas pruebas consisten en la aplicación de agrotóxicos sobre arbustos –como espinillos o piquillines por ejemplo- o lo que es lo mismo, sobre el estrato medio del bosque nativo porque, curiosamente, para los grandes empresarios ganaderos estas especies no forman parte del monte cordobés.
Los rocían, se secan y quedan de pie… pero muertos. Sucede con los arbustos pero también con árboles de gran porte cuando la dosis o el cálculo de aplicación fallan, según admiten los propios responsables del ensayo.
El experimento es ensayado en el norte de Córdoba donde los mapeos más actualizados señalan que apenas sobreviven los últimos manchones de bosques bien conservados. Pero también, las imágenes muestran con claridad que las mayores superficies desmontadas en los últimos años corresponden justamente a esa región (ver https://periodismoambiental.com.ar/el-calvario-de-los-bosques/).
Darío Ávila indica que «si bien aquí no podemos hablar claramente de que existe un desmonte, sabemos de la enorme incapacidad que tiene el Estado para controlar este tipo de actividad como es el uso de agrotóxicos, es decir, no existe ninguna garantía de que esta práctica, si se termina aprobando, pueda ser fiscalizada» y agrega que «no solamente hablamos de una actividad contraria a la ley provincial 9814 sino también de una manifiesta violación a normas superiores como la ley 26331, que al momento de definir qué debemos entender como bosque define cuales son aquellos ecosistemas naturales forestales que están compuestos por distintas especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, conjuntamente con las especies de flora y fauna asociadas».

Topadoras y venenos
La sociedad cordobesa tiene la piel sensible a partir del último intento -por parte del gobierno provincial y de los grandes empresarios ganaderos- de modificar la Ley de Bosques, en el 2017. Una de las novedades que impulsaba esa modificación radicaba en habilitar el desmonte químico, legalizándolo. Un intento fallido, hasta ahora. (ver https://periodismoambiental.com.ar/schiaretti-y-los-socios-del-desierto/)
Acuerdan los especialistas en que este método de deforestación es una variante mucho más dañina que el tradicional desmonte con topadoras y rolos para eliminar el sotobosque con el fin de implantar pasto exótico que alimente a la hacienda de los ganaderos, lo que genera un importante desequilibrio ambiental.
Tras las manifestaciones de los investigadores del INTA–Manfredi que trabajan en el campo experimental Deán Funes, los pobladores del norte cordobés comienzan a denunciar ensayos con agrotóxicos en el campo para perfilar datos que avalen la utilización del desmonte químico, y con estos, finalmente apoyar cambios en la legislación que actualmente lo condena.
Por eso, no es novedad que a pesar de estar prohibido se realicen desmontes químicos. Lo novedoso puede radicar en que estén intentando pasarlos de la ilegalidad a la legalidad con la excusa de prevenir incendios.
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Afirman que la Sociedad Rural quiere desmontar el 50% de sus fincas

Fecha de Publicación: 07/06/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El titular de la Secretaria de Ambiente, José Aldazábal, afirmó que las intenciones fueron negadas en tres ocasiones por las autoridades de la Nación.
La organización ambientalista Greenpeace advirtió que la Sociedad Rural Salteña “presiona” al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50 por ciento de la superficie de sus fincas.
En la información se añadió que este pedido se realizó en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta, y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio. Este amparo incluye regiones de Salta y otras provincias.
Si bien la intencionalidad de los ruralistas fue reconocida, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, indicó a Salta/12 que en tres ocasiones autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación negaron tal alternativa.
“Cuando asumimos la Sociedad Rural tenía un proyecto propio sobre el Manejo Ganadero Integrado en los Bosques (MGIB), que había realizado un especialista contratado por ellos”, dijo Aldazábal ante la consulta realizada por Salta/12.
En la propuesta elevada se plasmó la intención de deforestar el 50 por ciento de las fincas. La iniciativa ya había sido elevada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero el Ministerio de Ambiente de ese entonces rechazó el proyecto en dos ocasiones. Mientras, la actual gestión, a cargo de Juan Cabandié, hizo lo propio “una vez”.
Aldazábal añadió que está vigente un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que dispone que el MGIB debe dejar un 70 por ciento de los árboles en pie de cada un catastro, y hacer lo propio con el 30 por ciento de las especies arbustivas.
“Cualquier cosa que se aparte de la ley no corre, es imposible”, reiteró el funcionario al responder a las intenciones denunciadas por Greenpeace respecto de las pretensiones de la Sociedad Rural Salteña. Sin embargo, el alerta surge de los antecedentes de las actuaciones de los sucesivos administradores del estado salteño. La historia reciente demuestra que en más de una ocasión primaron más los intereses particulares que lo establecido por la normativa vigente.

Una de las provincias más deforestadas
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En un comunicado, la entidad ambientalista sostuvo que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre de 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. “Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19”, recordó Greenpeace.
“El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté”, señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas.
La organización ecologista solicitó garantizar la “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y que se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5 por ciento de la superficie original. La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó el referente ambientalista.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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