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Piden frenan desmontes costeros en Corrientes
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Solicitan que se detenga el desmonte en la zona del arroyo Riachuelo
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Ciudadanos y representantes de organizaciones ambientalistas e institutos de investigación pidieron ayuda al Defensor del Pueblo de Corrientes para que se detenga el desmonte de los bosques ribereños, esteros y bañados asociados al arroyo Riachuelo hasta la mitad de ese tramo (alrededor de 20 kilómetros de ribera).
Los promotores de dicha iniciativa iniciaron la recolección de firmas a través de internet en la página www.hagamoseco.org/p/Corrientes. Entre los argumentos, sostienen que “estos bosques ribereños están categorizados como de alto valor de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia (categorías I o Rojo, y II o Amarillo) en las cuales se prohíbe el desmonte”.
También aducen que “cerca de 700 metros de los ambientes afectados se encuentran dentro del Parque Provincial ‘San Cayetano’ y lo que está declarado de Alta Importancia para la Conservación de las Aves (Aica) ‘Estero Valenzuela’”.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial
El mortífero avance de la frontera agrícola argentina
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo
Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo y retiene fondos
Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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Caputo sigue sumando causas por desmontes ilegales
Otra denuncia contra Caputo, ahora por desmontes ilegales en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Fecha de Publicación: 12/07/2018
Fuente: Infonews
Provincia/Región: Santiago del Estero
El fiscal pidió investigar también a dos socios del titular del BCRA y a funcionarios provinciales. Caputo ya había sido sancionado por el mismo motivo en 2013.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, involucrado en múltiples causas judiciales, sumó una denuncia más. Según informó este sábado el diario Perfil, el funcionario fue denunciado por supuestos desmontes ilegales que llevó a cabo una firma de la cual es accionista.
La empresa es Sacha Rupaska S.A., que opera en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Copo. Según la documentación exhibida, el Fiscal General de Tucumán pidió también que se investigue a dos socios de Caputo -Horacio Iván Gandara y Luis María Méndez Ezcurra (casado con Rossana Pía Caputo)- y a funcionarios provinciales.
La compañía cuestionada mantiene desde hace tiempo una disputa legal con ONGs, vecinos y sacerdotes que se oponen a los desmontes. Estos sectores advirtieron que la Rupaska S.A. arrasó con un área de bosques nativos que están protegidos por ley.
Este caso ya le segnificó a la empresa una denuncia pública de Greenpeace y una carta abierta de la ONG ambientalista al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora.
Según consta en la presentación judicial, Caputo ya había sido sancionado en Santiago del Estero por desmontes ilegales en 2013, pero luego las autoridades provinciales volvieron a autorizar a una de sus empresas a operar en la zona.
Caputo es uno de los dueños de Sacha Rupaska SA y Palmeral Chico SA. Ambas compañías agrícolas operan en la zona, con los mismos socios. Hasta fines de abril de 2017, Caputo figuraba en el directorio de ambas empresas, e incluso participó de una asamblea general junto con uno de sus socios, Méndez Ezcurra. Entonces, ya era ministro de Finanzas.
El actual presidente del BCRA fue objeto de múltiples denuncias desde que asumió la función pública en diciembre de 2015, primero como secretario de Finanzas, luego como ministro de la misma área y actualmente en el cargo que ocupa desde hace menos de un mes. De todos modos, en varias causas, los jueces llamativamente se han apresurado a archivar las investigaciones y desvincularlo.
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Córdoba: 100 mil ha de bosque menos en 10 años
Por el fuego, Córdoba perdió 100 mil hectáreas de bosque nativo en 10 años
Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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Fecha de Publicación: 11/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Representa el 13,5% del total quemado en la última década. Es la segunda provincia más afectada en forestación autóctona.
En 10 años, a Córdoba se le hicieron humo 100 mil hectáreas de bosques nativos. Esa superficie fue la que resultó quemada por los incendios rurales y forestales en la última década.
El fuego no es la principal causa del desmonte, pero impacta en forma decisiva en el retroceso, que no cesa, de la superficie cubierta por el escaso monte autóctono que queda en esta provincia.
Según un relevamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Córdoba es la segunda provincia del país con más bosque nativo afectado por incendios en los 10 años que van desde 2007 a 2016. La suma acumulada precisa es de 99.353 hectáreas.
Para dimensionar, representa casi el doble de las 56 mil hectáreas que tiene la capital cordobesa, o cinco veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
En esos 10 años, los incendios totales acumulados afectaron a 736.400 hectáreas en Córdoba, según los registros del Plan Provincial de Manejo del Fuego. De ese modo, las casi 100 mil de forestaciones con monte representarían el 13,5 por ciento del total.
El 86,5 por ciento restante corresponde a superficies de pastizales, de campos agrícolas o de forestaciones con especies no autóctonas.
En retirada
La reducción de bosque nativo en la década se torna relevante al cotejarla con la escasa cobertura que le queda a Córdoba.
Repasemos: de las 16 millones de hectáreas que componen el mapa cordobés, 12 millones eran bosques hace un siglo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento en buen estado de conservación (unas 300 mil hectáreas). La suma crece si se contemplan las 800 mil hectáreas de montes abiertos (ya con alguna degradación) y las casi dos millones de hectáreas de matorrales, que tienen potencial de volver a ser bosques en muchos años, siempre y cuando no se las altere.
Según cita Ambiente de la Nación, la ley vigente de ordenamiento territorial reconoce para Córdoba 2.393.790 hectáreas como “zona roja” de bosques nativos, entre los bien conservados y los ya degradados pero subsistentes, más las 530.194 pintadas como “amarillo”, ya sin forestación actual.
Comparaciones
A 10 años de la sanción de la ley nacional 26.331 (de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos), se procesaron diversas estadísticas y datos oficiales.
En cuanto a incendios, por lejos es la provincia de La Pampa la que en la década más bosque autóctono perdió, con 522 mil hectáreas. Córdoba le sigue con sus casi 100 mil, y San Luis (con la mitad de tamaño de Córdoba) queda tercera con 73 mil hectáreas quemadas. Luego se escalonan, pero a buena distancia, las provincias de Jujuy, Chubut y Santiago del Estero, y más atrás las restantes 17.
En Córdoba, las áreas de mayor riesgo de incendios por condiciones climáticas y geográficas son el norte, el noroeste y la zona serrana, que es donde a la vez se concentra el bosque nativo remanente que queda en pie. Esas regiones son las que el Plan Provincial de Manejo del Fuego identifica como “áreas de riesgo”, a las que destina mayor atención en prevención.
Según los años
El informe de Ambiente de la Nación detalla que, en los 10 años analizados (de 2007 a 2016), los que mayor superficie de bosque autóctono quemado dejaron para Córdoba fueron 2013, 2011 y 2009, con entre 21 mil y 25 mil hectáreas cada uno. En cambio, 2015, con 720, y 2016, con 317 hectáreas, resultaron los más benévolos.
2013 fue de los peores en materia de fuego para Córdoba. En total, las llamas arrasaron 151.800 hectáreas, de las cuales 25.620 fueron de monte nativo.
Ese año, hubo 11 mil hectáreas de pinares quemados en las Sierras (unos 11 millones de árboles), que no se cuentan como forestación autóctona.
En 2017, que no se contempla en este relevamiento, se sumaron otras 45.800 hectáreas con fuego en Córdoba. Ese número equivale a la suma de los tres años anteriores (2016, 2015 y 2014), que figuraban entre los de menor afectación de los últimos 20 años.
En 2017, hubo varios focos que arrasaron bosque nativo, como los registrados en la zona de Guasapampa y Salsacate, en el noroeste provincial, o el que avanzó sobre la reserva natural militar entre La Calera y el dique San Roque.
Aun quemado, prohibido cambiar de uso de suelo
Lo que dice la ley para áreas asignadas como “zona roja”.
El artículo 40 de la ley nacional 26.331 precisa que si un área catalogada como bosque nativo resulta afectada por incendios, mantiene igual la categoría de conservación definida previamente. Eso implica que no puede ser destinado a otro uso del suelo y que corresponde esperar que la vegetación autóctona allí se regenere.
Para el caso de Córdoba, el mapa de ordenamiento territorial que rige fue establecido por ley en 2010. Esa norma también prohíbe darles otro uso a los suelos quemados que estaban definidos como “zona roja”.
De todos maneras, suele ser un motivo de reclamo la necesidad de realizar un mayor control para garantizar que esas leyes efectivamente se cumplan.
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23 proyectos aprobados para restaurar bosques
Son 23 los proyectos que restaurarán 1.700 hectáreas de bosques en el norte y el sur
Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Veintitrés fueron los proyectos ganadores que se encargarán de restaurar 1.720 hectáreas de bosques nativos en zonas del norte y el sur del país, como parte del plan para recuperar unas 20 mil hectáreas de aquí al año 2023. Alrededor de unos 10 millones de árboles que buscarán contribuir al control de las inundaciones y las sequías, la recuperación de suelos salinos y la restauración de áreas incendiadas. Un guiño al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático, ya que los bosques atrapan y almacenan dióxido de carbono y contribuyen a mitigar el calentamiento global.
La iniciativa es parte de la plataforma de reforestación creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de ForestAr 2030. "Los últimos tres años logramos una reducción paulatina de la tasa de deforestación, pasamos de 600 mil hectáreas anuales a 150.000. Marca una tendencia que esperamos sostener, porque las estadísticas demuestran que es una de nuestras principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, durante la presentación en Casa de Gobierno.
La convocatoria estuvo abierta a instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades y pymes. Los adjudicatarios de los 23 proyectos se ubican en tres sitios: la Cuenca Salí Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero), Monte y Espinal (Mendoza y San Luis) y Bosque Andino Patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), que se suman a las ocho experiencias de restauración que se encuentran vigentes en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires y Chubut.
"Junto con las provincias desarrollamos mapas para definir los sitios prioritarios y elaboramos una red de contactos con instituciones públicas y privadas. Después de estas 1.700 hectáreas, queremos seguir impulsando muchas más para llegar a las 20.000 hectáreas anuales. Es importante la puesta en valor del potencial productivo de esos bosques", agregó Moreno.
Zonas vulnerables
Los proyectos adjudicados apuntan a restaurar áreas afectadas en zonas disímiles pero con una coincidencia: su vulnerabilidad.
"En condiciones naturales, solo una semilla de cada 10 millones se transformará en una planta adulta de algarrobo", grafica Mariano Cony, uno de los ganadores, quien se propone restaurar bosques de esa especie en Mendoza. Para contrarrestar estas condiciones adversas, trabajará con semillas mejoradas y evaluadas en distintos ambientes y zonas áridas del país.
Cony señala que las precipitaciones en esa provincia son unas 10 veces menores a las de Buenos Aires, sumado a la humedad relativa muy baja que originan fenómenos como el viento Zonda. La provincia tiene solo 3% de su área cultivada y entre 2017 y 2018 perdió 200.000 hectáreas de bosques por incendios. Los proyectos se desarrollan en campos ganaderos porque, aclara, "la ganadería degrada los bosques, pero también nos puede ayudar a restaurarlos".
Rodrigo Ordoñez García, adjudicatario de uno de los proyectos en la Cuenca Salí Dulce, apunta a "recuperar áreas críticas del sur de Tucumán como un punto de partida para alcanzar una solución. La idea es poner en marcha, junto a actores de la sociedad civil y del ámbito de la educación, un proyecto de forestación para recuperar bosques en degradación,".
Bariloche es la casa del investigador del INTA Mario Pastorino, quien participará de la restauración de aéreas incendiadas. "Ganamos proyectos de alto impacto. Uno en isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El otro es en el cerro Otto, donde recuperaremos sitios quemados plantando lengas y otras especies nativas. En un núcleo turístico tan importante, trascienden el impacto local", afirmó.
La iniciativa, que estima crear 5 mil puestos de trabajo en los próximos años, cuenta con una inversión superior a $30 millones provenientes del Programa Nacional de Bosques Nativos, administrados junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo que sigue es una nueva convocatoria, para la segunda mitad del año, destinada al Noroeste y Noreste del país.
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Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Veintitrés fueron los proyectos ganadores que se encargarán de restaurar 1.720 hectáreas de bosques nativos en zonas del norte y el sur del país, como parte del plan para recuperar unas 20 mil hectáreas de aquí al año 2023. Alrededor de unos 10 millones de árboles que buscarán contribuir al control de las inundaciones y las sequías, la recuperación de suelos salinos y la restauración de áreas incendiadas. Un guiño al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático, ya que los bosques atrapan y almacenan dióxido de carbono y contribuyen a mitigar el calentamiento global.
La iniciativa es parte de la plataforma de reforestación creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de ForestAr 2030. "Los últimos tres años logramos una reducción paulatina de la tasa de deforestación, pasamos de 600 mil hectáreas anuales a 150.000. Marca una tendencia que esperamos sostener, porque las estadísticas demuestran que es una de nuestras principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, durante la presentación en Casa de Gobierno.
La convocatoria estuvo abierta a instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, universidades y pymes. Los adjudicatarios de los 23 proyectos se ubican en tres sitios: la Cuenca Salí Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero), Monte y Espinal (Mendoza y San Luis) y Bosque Andino Patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), que se suman a las ocho experiencias de restauración que se encuentran vigentes en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires y Chubut.
"Junto con las provincias desarrollamos mapas para definir los sitios prioritarios y elaboramos una red de contactos con instituciones públicas y privadas. Después de estas 1.700 hectáreas, queremos seguir impulsando muchas más para llegar a las 20.000 hectáreas anuales. Es importante la puesta en valor del potencial productivo de esos bosques", agregó Moreno.
Zonas vulnerables
Los proyectos adjudicados apuntan a restaurar áreas afectadas en zonas disímiles pero con una coincidencia: su vulnerabilidad.
"En condiciones naturales, solo una semilla de cada 10 millones se transformará en una planta adulta de algarrobo", grafica Mariano Cony, uno de los ganadores, quien se propone restaurar bosques de esa especie en Mendoza. Para contrarrestar estas condiciones adversas, trabajará con semillas mejoradas y evaluadas en distintos ambientes y zonas áridas del país.
Cony señala que las precipitaciones en esa provincia son unas 10 veces menores a las de Buenos Aires, sumado a la humedad relativa muy baja que originan fenómenos como el viento Zonda. La provincia tiene solo 3% de su área cultivada y entre 2017 y 2018 perdió 200.000 hectáreas de bosques por incendios. Los proyectos se desarrollan en campos ganaderos porque, aclara, "la ganadería degrada los bosques, pero también nos puede ayudar a restaurarlos".
Rodrigo Ordoñez García, adjudicatario de uno de los proyectos en la Cuenca Salí Dulce, apunta a "recuperar áreas críticas del sur de Tucumán como un punto de partida para alcanzar una solución. La idea es poner en marcha, junto a actores de la sociedad civil y del ámbito de la educación, un proyecto de forestación para recuperar bosques en degradación,".
Bariloche es la casa del investigador del INTA Mario Pastorino, quien participará de la restauración de aéreas incendiadas. "Ganamos proyectos de alto impacto. Uno en isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El otro es en el cerro Otto, donde recuperaremos sitios quemados plantando lengas y otras especies nativas. En un núcleo turístico tan importante, trascienden el impacto local", afirmó.
La iniciativa, que estima crear 5 mil puestos de trabajo en los próximos años, cuenta con una inversión superior a $30 millones provenientes del Programa Nacional de Bosques Nativos, administrados junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo que sigue es una nueva convocatoria, para la segunda mitad del año, destinada al Noroeste y Noreste del país.
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Restaurarán cuenca de Catamarca
Financiamiento para restaurar la cuenca del río El Abra
Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Mañana se firmará en Casa Rosada un convenio en el marco del “Programa Nacional de Restauración de Cuencas mediante Reforestación”, que financia el PNUD, organismo dependiente de las Naciones Unidas, donde se fijó como una de las prioridades a nivel nacional, la cuenca del Río Salí o Dulce, del que Catamarca forma parte.
Al encuentro asistirá el secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Rosales, junto a funcionarios y responsables de proyectos de las otras provincias intervinientes en este programa.
Catamarca presentó un proyecto relativo a la reforestación de la cuenca del Río El Abra, en el departamento Santa Rosa, en el sector del pueblo de La Bajada. Este sector se tomó como prioritario a trabajar, porque es donde hubo mayores inconvenientes en los procesos de erosión, sedimentación e inundación, por las crecidas del Río El Abra.
Para ello, la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un proyecto, a través de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, para ser ejecutado por el “Consorcio de Cooperación del Río El Abra”, en virtud que los procesos erosivos que se pretenden detener, se dan mayoritariamente en los campos de productores de la zona de influencia de los miembros de este consorcio.
Este proyecto incluye diversas etapas que irán avanzando y cumpliendo los objetivos. La primera es reforestación de las cabeceras de cárcavas, mediante ejemplares provenientes del Vivero Provincial de la Secretaría de Ambiente, para frenar la erosión hídrica que se produce todos los años, la limpieza de un tramo del cauce del Río El Abra y la formación de un vivero para producir las plantas que se necesitarán en las etapas siguientes, en los planes de reforestación.
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Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Mañana se firmará en Casa Rosada un convenio en el marco del “Programa Nacional de Restauración de Cuencas mediante Reforestación”, que financia el PNUD, organismo dependiente de las Naciones Unidas, donde se fijó como una de las prioridades a nivel nacional, la cuenca del Río Salí o Dulce, del que Catamarca forma parte.
Al encuentro asistirá el secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Rosales, junto a funcionarios y responsables de proyectos de las otras provincias intervinientes en este programa.
Catamarca presentó un proyecto relativo a la reforestación de la cuenca del Río El Abra, en el departamento Santa Rosa, en el sector del pueblo de La Bajada. Este sector se tomó como prioritario a trabajar, porque es donde hubo mayores inconvenientes en los procesos de erosión, sedimentación e inundación, por las crecidas del Río El Abra.
Para ello, la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un proyecto, a través de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, para ser ejecutado por el “Consorcio de Cooperación del Río El Abra”, en virtud que los procesos erosivos que se pretenden detener, se dan mayoritariamente en los campos de productores de la zona de influencia de los miembros de este consorcio.
Este proyecto incluye diversas etapas que irán avanzando y cumpliendo los objetivos. La primera es reforestación de las cabeceras de cárcavas, mediante ejemplares provenientes del Vivero Provincial de la Secretaría de Ambiente, para frenar la erosión hídrica que se produce todos los años, la limpieza de un tramo del cauce del Río El Abra y la formación de un vivero para producir las plantas que se necesitarán en las etapas siguientes, en los planes de reforestación.
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Acabemos con los bosques
Acabemos con los bosques
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Impunidad salteña para seguir con los desmontes
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total”
Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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Neuquén: Mapuches denuncian desmontes
Mapuches toman tierras en Villa La Angostura y denuncian desmontes
Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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La reserva natural Campo San Juan queda en manos de nación
La EBY y Nación definieron que la reserva natural Campo San Juan no pasará a la Provincia
Fecha de Publicación: 16/04/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Finalmente, la EBY y Nación definieron que la reserva natural Campo San Juan, ubicada en Candelaria, no pasará a Provincia. La medida echa por tierra las pretensiones del gobierno misionero, que había reclamado la cesión para su manejo como área protegida a través del Ministerio de Ecología, y el predio ubicado en el sur misionero quedará en manos de Parques Nacionales.
“Yacyretá ya lo cedió a Parques Nacionales. Sólo faltaban algunas cuestiones de dominio con la Provincia. Ya está en su tramo final”, indicó el director ejecutivo de la EBY, Martín Goerling, quien comentó que estuvo charlando con el presidente Macri en su visita a Iguazú “para darle el puntapié final como para que empiecen las obras y que Misiones tenga un parque nacional más, con la importancia que eso tiene”.
Son en total 5.160 hectáreas que fueron adquiridas por la EBY en el año 2009 para la creación de una zona compensadora con fines ecológicos. La reserva integrará un corredor turístico que unirá Iguazú con los Esteros del Iberá, por lo que el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación trabajan en conjunto para darle forma a la iniciativa.
“Es una reserva de pastizales”, precisó Goerling. Se trata de un lugar importante por su biodiversidad. Por ejemplo, días atrás, allí se detectó una especie de ave que se pensaba en extinción, ya que no se la veía más. “También es un vestigio histórico para los misioneros: ahí está el cementerio que era de la ciudad de Santa Ana, hay un viejo molino. Es muy lindo el espacio y hay que preservarlo”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 16/04/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Finalmente, la EBY y Nación definieron que la reserva natural Campo San Juan, ubicada en Candelaria, no pasará a Provincia. La medida echa por tierra las pretensiones del gobierno misionero, que había reclamado la cesión para su manejo como área protegida a través del Ministerio de Ecología, y el predio ubicado en el sur misionero quedará en manos de Parques Nacionales.
“Yacyretá ya lo cedió a Parques Nacionales. Sólo faltaban algunas cuestiones de dominio con la Provincia. Ya está en su tramo final”, indicó el director ejecutivo de la EBY, Martín Goerling, quien comentó que estuvo charlando con el presidente Macri en su visita a Iguazú “para darle el puntapié final como para que empiecen las obras y que Misiones tenga un parque nacional más, con la importancia que eso tiene”.
Son en total 5.160 hectáreas que fueron adquiridas por la EBY en el año 2009 para la creación de una zona compensadora con fines ecológicos. La reserva integrará un corredor turístico que unirá Iguazú con los Esteros del Iberá, por lo que el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación trabajan en conjunto para darle forma a la iniciativa.
“Es una reserva de pastizales”, precisó Goerling. Se trata de un lugar importante por su biodiversidad. Por ejemplo, días atrás, allí se detectó una especie de ave que se pensaba en extinción, ya que no se la veía más. “También es un vestigio histórico para los misioneros: ahí está el cementerio que era de la ciudad de Santa Ana, hay un viejo molino. Es muy lindo el espacio y hay que preservarlo”, finalizó.
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La AGN también dice que Salta debe reforestar los bosques
La Auditoría General de la Nación reclama a Salta que se anulen y reforesten los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La Auditoría General de la Nación; AGN; publicó un informe sobre la implementación de la Ley de Bosques en el que advierte sobre la violación de la normativa nacional en la provincia de Salta. Mediante el reporte, que fue realizado en 2017 pero que tomó estado público hace unos días, la AGN exige la anulación de los permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.
El organismo nacional advierte que en la provincia de Salta “se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60%, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas”.
Frente a esta situación, la AGN señala: “Estos desmontes deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos. (…) Salta debería anular los permisos de desmontes aún no ejecutados para que esas tierras recuperen el valor de conservación anterior. Y recomponer las áreas afectadas por los desmontes ya realizados”.
Entre las 32 fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos se encuentra La Moraleja S.A., que deforestó 3.000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The Coca-Cola Company. Greenpeace reclama a ambas empresas que reforesten toda el área desmontada, pero hasta ahora las compañías se comprometieron a restaurar 1.400 hectáreas.
En la misma línea que la AGN, la Resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
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Fecha de Publicación: 14/04/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La Auditoría General de la Nación; AGN; publicó un informe sobre la implementación de la Ley de Bosques en el que advierte sobre la violación de la normativa nacional en la provincia de Salta. Mediante el reporte, que fue realizado en 2017 pero que tomó estado público hace unos días, la AGN exige la anulación de los permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.
El organismo nacional advierte que en la provincia de Salta “se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60%, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas”.
Frente a esta situación, la AGN señala: “Estos desmontes deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos. (…) Salta debería anular los permisos de desmontes aún no ejecutados para que esas tierras recuperen el valor de conservación anterior. Y recomponer las áreas afectadas por los desmontes ya realizados”.
Entre las 32 fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos se encuentra La Moraleja S.A., que deforestó 3.000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The Coca-Cola Company. Greenpeace reclama a ambas empresas que reforesten toda el área desmontada, pero hasta ahora las compañías se comprometieron a restaurar 1.400 hectáreas.
En la misma línea que la AGN, la Resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
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Salta: empresario elude la ley y sigue desmontando
Pese al pedido de parar las topadoras, empresario uruguayo continúa desmontando en Salta
Fecha de Publicación: 10/04/2018
Fuente: Informe Salta
Fecha de Publicación: 10/04/2018
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que Bruno Varela incumple con las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta ordenándole cesar el desmonte. Desde entonces arrasó cerca de 170 hectáreas de bosques nativos.
La finca “La Peregrina” fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte). Su dueño es Bruno Mauricio Varela Marín, un empresario uruguayo y pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta, continúa arrasando con todo a su paso.
“A pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta anunció públicamente que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo”.
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La finca “La Peregrina” fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte). Su dueño es Bruno Mauricio Varela Marín, un empresario uruguayo y pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta, continúa arrasando con todo a su paso.
“A pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respalda el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declara ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas (150.000 hectáreas) e insta a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta anunció públicamente que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo”.
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Salta
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Restauran bosques incendiados en Jujuy
Restauran bosques incendiados en campos de la provincia de Jujuy
Fecha de Publicación: 09/04/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Con el impulso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto con otros actores, el INTA Yuto lleva adelante un proyecto piloto que busca evaluar diferentes estrategias para recuperar los bosques de selva pedemontana, afectados por los incendios forestales que ocurrieron entre 2009 y 2013 en la provincia de Jujuy. Los técnicos ya iniciaron los primeros trabajos a partir de la plantación de especies forestales nativas, uno de los métodos de restauración que probarán.
“En este proyecto piloto, llevamos adelante a modo experimental una restauración del bosque de tipo activa, es decir, intervenimos en la sucesión natural después de los incendios en busca de recuperar las posibilidades de manejo forestal”, explicó Ezequiel Balducci, responsable del grupo de Investigación Forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA en Yuto, Jujuy. El proyecto, que se desarrolla en el marco del Proyecto Regional con Enfoque Territorial “Pedemonte y Yungas” del INTA, contempla la implementación de dos estrategias de recuperación: enriquecimiento y manejo de la regeneración natural.
La primera “se realiza mediante la plantación en fajas que se abren en los sectores de bosque más degradados, con baja ocupación de sitio y escasa cobertura de copas”, mientras que la segunda “se plantea en las áreas que presentan mayor potencial, dado por la presencia de árboles que puedan actuar como semilleros y en lugares donde haya abundante regeneración espontánea”, describió el especialista.
En esta línea, María Inés Zigarán, ministra de Ambiente de la provincia de Jujuy, remarcó que la iniciativa “permite recuperar áreas boscosas afectadas por incendios de considerable magnitud y, de esta manera, contribuye a restaurar el equilibrio ecosistémico de esos lugares, los servicios ambientales que prestan y la capacidad de regeneración de la naturaleza impactada”.
Luego de ponderar la participación y el trabajo permanente del equipo de la Brigada de Incendios Forestales, que colaboró en la plantación de los ensayos, Zigarán valoró la articulación con los equipos del INTA, “con quienes venimos trabajando en la implementación de diversas acciones en territorio y, en este caso, en una en particular que nos da la oportunidad de ejecutar nuestra política de desarrollo sustentable y de conservación de la biodiversidad”.
Los cuatro sitios experimentales se encuentran la Selva Pedemontana de las Yungas en los departamentos de Ledesma y Santa Bárbara, dentro del área denominada Cuenca Forestal Caimancito. Son propiedades de uso tradicional forestal, cuyo trabajo está basado en el aprovechamiento del bosque nativo y que, entre 2009 y 2013, fueron alcanzadas por incendios forestales.
“Como resultado, hoy encontramos una degradación del bosque que afecta tanto los servicios ecológicos como los productivos”, indicó Balducci.
Recuperar lo perdido
Los trabajos de recuperación comenzaron con la plantación de especies forestales nativas, que son propias del tipo de bosque y tienen importancia productiva. Entre esas, cedro (Cedrela balansae) lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus), afata (Cordia trichotoma), tipa blanca (Tipuana tipu), pacará (Enterolobium contortisiliqum) y tipa colorada (Pterogyne nitens).
Balducci señaló que estas especies “necesitan luz para desarrollarse -son intolerantes a la sobra, de hecho-, son consideradas de crecimiento rápido a medio y suelen instalarse luego de disturbios en el bosque”.
A su vez, tanto el cedro como el lapacho rosado y la afata son especies trabajadas por el INTA en el marco del Proyecto Específico de Mejoramiento Genético de Especies Forestales Nativas. “De esta manera, los ensayos nos permiten evaluar aspectos de la domesticación de estas especies y su manejo silvicultural, con el aporte de datos a nuestro propio proyecto”, señaló el técnico del INTA.
Asimismo, destacó que “el manejo de la regeneración es una buena acción que pueden replicar los productores, ya que se trabaja sobre árboles establecidos en un sitio, lo cual elimina los costos y riesgos que conlleva la plantación”.
El proyecto es impulsado en el marco de la Estrategia Nacional de restauración de Áreas degradadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. De la implementación, participa el INTA Yuto, con el apoyo técnico del Nodo Norte 1, la Asociación Foresto Industrial de Jujuy y el Ministerio de Ambiente de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Dirección Provincial de Manejo del Fuego.
Durante el primer año, se obtendrán los resultados de sobrevivencia de las plantas introducidas en enriquecimiento y su crecimiento inicial. También estarán disponibles los datos de los costos de cada una de las estrategias implementadas.
“En los próximos tres años, es posible que tengamos resultados concretos en cuanto al crecimiento de los arboles introducidos como de aquellos monitoreados en regeneración natural y de la evolución de la ocupación del sitio”, estimó Balducci.
En virtud de los resultados registrados, “pretendemos brindarle al productor elementos que le permitan tomar decisiones para revertir las situaciones de degradación en sus bosques”, argumentó el técnico.
Incendios de magnitud
Según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Jujuy, la provincia posee un total de 1.208.943 hectáreas, de las cuales 832.334 hectáreas corresponden a Categoría II (amarillo) y están bajo mantenimiento de la cobertura boscosa.
Desde 2009 a la actualidad, en la Cuenca Caimancito -donde se realizan los ensayos- se incendiaron alrededor de 30 mil hectáreas, de las cuales cerca de 5.000 fueron afectadas en forma recurrente entre 2009 y 2013 y culminaron en bosques absolutamente degradados con graves pérdidas productivas y de funcionalidad ecológica.
Los incendios ocurridos fueron de origen antrópico, probablemente por descuidos en el uso del fuego en las épocas secas del año. El período se caracterizó por presentar precipitaciones por debajo de la media histórica.
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Fecha de Publicación: 09/04/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Con el impulso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto con otros actores, el INTA Yuto lleva adelante un proyecto piloto que busca evaluar diferentes estrategias para recuperar los bosques de selva pedemontana, afectados por los incendios forestales que ocurrieron entre 2009 y 2013 en la provincia de Jujuy. Los técnicos ya iniciaron los primeros trabajos a partir de la plantación de especies forestales nativas, uno de los métodos de restauración que probarán.
“En este proyecto piloto, llevamos adelante a modo experimental una restauración del bosque de tipo activa, es decir, intervenimos en la sucesión natural después de los incendios en busca de recuperar las posibilidades de manejo forestal”, explicó Ezequiel Balducci, responsable del grupo de Investigación Forestal de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA en Yuto, Jujuy. El proyecto, que se desarrolla en el marco del Proyecto Regional con Enfoque Territorial “Pedemonte y Yungas” del INTA, contempla la implementación de dos estrategias de recuperación: enriquecimiento y manejo de la regeneración natural.
La primera “se realiza mediante la plantación en fajas que se abren en los sectores de bosque más degradados, con baja ocupación de sitio y escasa cobertura de copas”, mientras que la segunda “se plantea en las áreas que presentan mayor potencial, dado por la presencia de árboles que puedan actuar como semilleros y en lugares donde haya abundante regeneración espontánea”, describió el especialista.
En esta línea, María Inés Zigarán, ministra de Ambiente de la provincia de Jujuy, remarcó que la iniciativa “permite recuperar áreas boscosas afectadas por incendios de considerable magnitud y, de esta manera, contribuye a restaurar el equilibrio ecosistémico de esos lugares, los servicios ambientales que prestan y la capacidad de regeneración de la naturaleza impactada”.
Luego de ponderar la participación y el trabajo permanente del equipo de la Brigada de Incendios Forestales, que colaboró en la plantación de los ensayos, Zigarán valoró la articulación con los equipos del INTA, “con quienes venimos trabajando en la implementación de diversas acciones en territorio y, en este caso, en una en particular que nos da la oportunidad de ejecutar nuestra política de desarrollo sustentable y de conservación de la biodiversidad”.
Los cuatro sitios experimentales se encuentran la Selva Pedemontana de las Yungas en los departamentos de Ledesma y Santa Bárbara, dentro del área denominada Cuenca Forestal Caimancito. Son propiedades de uso tradicional forestal, cuyo trabajo está basado en el aprovechamiento del bosque nativo y que, entre 2009 y 2013, fueron alcanzadas por incendios forestales.
“Como resultado, hoy encontramos una degradación del bosque que afecta tanto los servicios ecológicos como los productivos”, indicó Balducci.
Recuperar lo perdido
Los trabajos de recuperación comenzaron con la plantación de especies forestales nativas, que son propias del tipo de bosque y tienen importancia productiva. Entre esas, cedro (Cedrela balansae) lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus), afata (Cordia trichotoma), tipa blanca (Tipuana tipu), pacará (Enterolobium contortisiliqum) y tipa colorada (Pterogyne nitens).
Balducci señaló que estas especies “necesitan luz para desarrollarse -son intolerantes a la sobra, de hecho-, son consideradas de crecimiento rápido a medio y suelen instalarse luego de disturbios en el bosque”.
A su vez, tanto el cedro como el lapacho rosado y la afata son especies trabajadas por el INTA en el marco del Proyecto Específico de Mejoramiento Genético de Especies Forestales Nativas. “De esta manera, los ensayos nos permiten evaluar aspectos de la domesticación de estas especies y su manejo silvicultural, con el aporte de datos a nuestro propio proyecto”, señaló el técnico del INTA.
Asimismo, destacó que “el manejo de la regeneración es una buena acción que pueden replicar los productores, ya que se trabaja sobre árboles establecidos en un sitio, lo cual elimina los costos y riesgos que conlleva la plantación”.
El proyecto es impulsado en el marco de la Estrategia Nacional de restauración de Áreas degradadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. De la implementación, participa el INTA Yuto, con el apoyo técnico del Nodo Norte 1, la Asociación Foresto Industrial de Jujuy y el Ministerio de Ambiente de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Dirección Provincial de Manejo del Fuego.
Durante el primer año, se obtendrán los resultados de sobrevivencia de las plantas introducidas en enriquecimiento y su crecimiento inicial. También estarán disponibles los datos de los costos de cada una de las estrategias implementadas.
“En los próximos tres años, es posible que tengamos resultados concretos en cuanto al crecimiento de los arboles introducidos como de aquellos monitoreados en regeneración natural y de la evolución de la ocupación del sitio”, estimó Balducci.
En virtud de los resultados registrados, “pretendemos brindarle al productor elementos que le permitan tomar decisiones para revertir las situaciones de degradación en sus bosques”, argumentó el técnico.
Incendios de magnitud
Según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Jujuy, la provincia posee un total de 1.208.943 hectáreas, de las cuales 832.334 hectáreas corresponden a Categoría II (amarillo) y están bajo mantenimiento de la cobertura boscosa.
Desde 2009 a la actualidad, en la Cuenca Caimancito -donde se realizan los ensayos- se incendiaron alrededor de 30 mil hectáreas, de las cuales cerca de 5.000 fueron afectadas en forma recurrente entre 2009 y 2013 y culminaron en bosques absolutamente degradados con graves pérdidas productivas y de funcionalidad ecológica.
Los incendios ocurridos fueron de origen antrópico, probablemente por descuidos en el uso del fuego en las épocas secas del año. El período se caracterizó por presentar precipitaciones por debajo de la media histórica.
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En Catamarca piden frenar los desmontes por 10 años
Emergencia: Piden parar con los desmontes por 10 años en Catamarca
Fecha de Publicación: 06/04/2018
Fuente: El Intransigente (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
A pesar de las inundaciones la clase política de Catamarca no toma nota del problema ambiental, los negocios de los funcionarios
Por el desastre que hicieran las últimas inundaciones, el intendente Elpidio Guaráz habló con El Intransigente y sostuvo que, de la última reunión con vecinos y autoridades provinciales surgió la iniciativa de que se pare con los desmontes por los próximos 10 años en todo el Departamento Santa Rosa. No obstante, la Secretaría de Ambiente de la provincia sigue autorizando los desmontes con maquinaria pesada. La inquietud de los ciudadanos tampoco movió el interés de los legisladores por la problemática ambiental. El padecimiento de una comunidad que, además de lidiar con los burócratas del Estado, tiene que soportar y padecer a empresas asesinas como Monsanto. Veamos.
Una cuestión de Emergencia ambiental
Generar el instrumento político-legal es una cuestión de Emergencia en la zona. Ante el desmonte indiscriminado, las multas -aplicadas por el organismo de control- son ridículas, por lo que los vecinos creen que el tema ambiental requiere de un abordaje más serio. Las autoridades provinciales aseguran que no pueden materializar el pedido de los habitantes de Santa Rosa debido a que hay expedientes iniciados pero la situación es crítica pues la sociedad vive momentos de tensión y zozobra con las lluvias y la crecida de los ríos.
Los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de la provincia insisten con un mapa territorial para explicar las autorizaciones de los desmontes, en tanto los vecinos les piden a las autoridades provinciales recorrer las áreas afectadas con el objeto de percibir la diferencia entre la teoría y la práctica. Los habitantes del Este provincial creen que el mapa territorial es una farsa para permitir que continúen negocios privados de empresarios que compran tierras pero no viven en la zona afectada por las lluvias y las inundaciones. Por esta razón es que el contador Armando Zavaleta (ex Secretario de Ambiente) el año pasado fue prácticamente echado de Santa Rosa cuando quiso justificar los desmontes. Para peor, hay funcionarios que tienen finca y que desmontaron grandes extensiones de tierra, como el caso del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o el mismo intendente de Los Altos, Rafael Olveira, empresarios del arándano y la soja, entre otros cultivos.
La realidad es muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno
El intendente Guaráz recordó situaciones extremas que se vivieron en Bañado de Ovanta, La Bajada, Monte Redondo, Los Altos, Manantiales, San Pedro, Alijilán, todas localidades amenazadas por fenómenos climáticos y la consiguiente crecida de los ríos y arroyos que desbordó localidades enteras, producto -claro está- de la maquinaria que arrasó con la vegetación nativa. La realidad es dura y muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno.
Política ambiental VS Negocios de los empresarios (y funcionarios)
Definitivamente, en materia ambiental, el Estado está ausente. El problema involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Hay organismos claves como la Secretaria de Ambiente de la provincia. Ante este atropello y abuso, los vecinos se animaron a más. Es que, al problema de los desmontes, hay que sumarle que son tapados por los agroquímicos que permanentemente tiran las avionetas que sobrevuelan la zona, como si el pueblo estuviera en estado de guerra, lo digo también por el concepto de “Ecocidio”. En Santa Rosa por ejemplo opera la cuestionada firma internacional Monsanto. Sobre el particular, ahondaremos mañana.
Ah… lo único que faltaba decir es que los funcionarios que tienen finca en Los Altos hicieron desmontar el campo con máquinas que eran alquiladas por el Gobierno para trabajar en los caminos afectados por las lluvias. Es decir, las sacaron de caminos comunales destrozados por las precipitaciones y ríos crecidos, con el objeto seguir desmontado en otro lugar, en las propiedades de los políticos-empresarios.
Conciencia ambiental cero.
Los negocios primero.
Siempre.
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Fecha de Publicación: 06/04/2018
Fuente: El Intransigente (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
A pesar de las inundaciones la clase política de Catamarca no toma nota del problema ambiental, los negocios de los funcionarios
Por el desastre que hicieran las últimas inundaciones, el intendente Elpidio Guaráz habló con El Intransigente y sostuvo que, de la última reunión con vecinos y autoridades provinciales surgió la iniciativa de que se pare con los desmontes por los próximos 10 años en todo el Departamento Santa Rosa. No obstante, la Secretaría de Ambiente de la provincia sigue autorizando los desmontes con maquinaria pesada. La inquietud de los ciudadanos tampoco movió el interés de los legisladores por la problemática ambiental. El padecimiento de una comunidad que, además de lidiar con los burócratas del Estado, tiene que soportar y padecer a empresas asesinas como Monsanto. Veamos.
Una cuestión de Emergencia ambiental
Generar el instrumento político-legal es una cuestión de Emergencia en la zona. Ante el desmonte indiscriminado, las multas -aplicadas por el organismo de control- son ridículas, por lo que los vecinos creen que el tema ambiental requiere de un abordaje más serio. Las autoridades provinciales aseguran que no pueden materializar el pedido de los habitantes de Santa Rosa debido a que hay expedientes iniciados pero la situación es crítica pues la sociedad vive momentos de tensión y zozobra con las lluvias y la crecida de los ríos.
Los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de la provincia insisten con un mapa territorial para explicar las autorizaciones de los desmontes, en tanto los vecinos les piden a las autoridades provinciales recorrer las áreas afectadas con el objeto de percibir la diferencia entre la teoría y la práctica. Los habitantes del Este provincial creen que el mapa territorial es una farsa para permitir que continúen negocios privados de empresarios que compran tierras pero no viven en la zona afectada por las lluvias y las inundaciones. Por esta razón es que el contador Armando Zavaleta (ex Secretario de Ambiente) el año pasado fue prácticamente echado de Santa Rosa cuando quiso justificar los desmontes. Para peor, hay funcionarios que tienen finca y que desmontaron grandes extensiones de tierra, como el caso del ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o el mismo intendente de Los Altos, Rafael Olveira, empresarios del arándano y la soja, entre otros cultivos.
La realidad es muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno
El intendente Guaráz recordó situaciones extremas que se vivieron en Bañado de Ovanta, La Bajada, Monte Redondo, Los Altos, Manantiales, San Pedro, Alijilán, todas localidades amenazadas por fenómenos climáticos y la consiguiente crecida de los ríos y arroyos que desbordó localidades enteras, producto -claro está- de la maquinaria que arrasó con la vegetación nativa. La realidad es dura y muy distinta a los Power Point que presentan las burócratas de turno.
Política ambiental VS Negocios de los empresarios (y funcionarios)
Definitivamente, en materia ambiental, el Estado está ausente. El problema involucra a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Hay organismos claves como la Secretaria de Ambiente de la provincia. Ante este atropello y abuso, los vecinos se animaron a más. Es que, al problema de los desmontes, hay que sumarle que son tapados por los agroquímicos que permanentemente tiran las avionetas que sobrevuelan la zona, como si el pueblo estuviera en estado de guerra, lo digo también por el concepto de “Ecocidio”. En Santa Rosa por ejemplo opera la cuestionada firma internacional Monsanto. Sobre el particular, ahondaremos mañana.
Ah… lo único que faltaba decir es que los funcionarios que tienen finca en Los Altos hicieron desmontar el campo con máquinas que eran alquiladas por el Gobierno para trabajar en los caminos afectados por las lluvias. Es decir, las sacaron de caminos comunales destrozados por las precipitaciones y ríos crecidos, con el objeto seguir desmontado en otro lugar, en las propiedades de los políticos-empresarios.
Conciencia ambiental cero.
Los negocios primero.
Siempre.
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Anuncian el 2º Inventario Nacional de Bosques Nativos
Ambiente lanzó el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 25/03/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa, que anunció el ministro Bergman, se suma a otras acciones que lleva adelante el Gobierno nacional para dar cumplimiento a la Ley de Bosques Nativos.
En consonancia con el Día Internacional de los Bosques, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, anticipó el lanzamiento del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos: “Es una deuda que el país tenía pendiente desde hacía 11 años, ya que desde 2007, cuando se sancionó la ley de presupuestos mínimos N.° 26331, nunca se realizó”.
Bergman hizo el anuncio en el marco de un acto por la celebración el Día Internacional de los Bosques, que se realizó en el Ministerio de Agroindustria junto con el ministro Luis Miguel Etchevehere; el director nacional Foresto-industrial, Nicolás Laharrague; y el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Macchiavelli. En ese contexto, los funcionarios plantaron de manera simbólica un jacarandá, especie nativa que forma parte de la iniciativa de arbolado público del Gobierno porteño.
A su vez, el ministro Bergman enumeró otras acciones que lleva adelante el Ministerio que conduce para fortalecer la implementación de la Ley de Bosques, como el Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados. A tales fines, desde 2016 a 2017 se incrementó 210 % la partida presupuestaria destinada al Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, la más alta desde la sanción de la ley; se creó el Fondo Fiduciario para la protección ambiental de la masa forestal a fin de mejorar y agilizar la implementación del fondo; y se transparentó y saneó el proceso administrativo de rendición de cuentas provinciales, entre otros instrumentos de gestión.
Segundo Inventario Nacional
“El último relevamiento a escala nacional se inició en 1998 y finalizó en 2005, y la Ley de Bosques Nativos establece que el inventario debe actualizarse cada 5 años como máximo”, aseguró el ministro de Ambiente en relación al cumplimiento de la norma.
En simultáneo con la presentación de Bergman en la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, acompañado por la gobernadora fueguina Rosana Bertone, realizó en Ushuaia el lanzamiento del mencionado inventario, que se estima que finalizará con el relevamiento de la información a fines de 2018.
Esta herramienta es estratégica ya que brindará información detallada de la masa forestal nativa del país y permitirá mejorar las políticas para la conservación y promoción del uso sustentable de los bosques. Una vez concluido, brindará una actualización de la información sobre ubicación, extensión y conformación de los mismos en Argentina. Con él se podrá producir cartografía a nivel nacional, regional y provincial sobre la temática; proveerá estimaciones con respaldo estadístico para las variables de los bosques nativos asociadas a su estructura y, a su vez, de insumos claves para la gestión de la Ley Nacional N.° 26331, entre otros beneficios.
Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, puso en marcha el plan de reforestación más importante de los últimos 50 años. La iniciativa tiene como meta restaurar 18.000 ha anuales a 2023, y ya lleva más de 81 mil árboles plantados en todo el país.
En búsqueda de restituir los servicios ecosistémicos a la sociedad, la cartera nacional de Ambiente articula con provincias, municipios e instituciones públicas y privadas el establecimiento de sitios piloto que ofrezcan una referencia de actuación técnica, ambiental y económica. De esta manera, en 2017 se iniciaron distintas experiencias con el objetivo de promover la recuperación de la cobertura boscosa nativa en áreas prioritarias en las provincias de Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Chubut y Santiago del Estero.
Bergman señaló a propósito de esto: “La deforestación cero es un compromiso que asumimos en la agenda ambiental, a la que suscribe el presidente Macri; pero es una meta que vamos a cumplir en la medida que comencemos a reforestar”.
Ambiente Bosques: información disponible online
Además, el Ministerio cuenta con la plataforma “Ambiente Bosques”, una herramienta digital que contiene datos e información de interés sobre la gestión de estos ecosistemas en Argentina entre 2007 y 2017, y que fue lanzada a 10 años de la sanción de la Ley N.° 26331. El sistema permite consultar estadísticas de diferentes años, tanto a nivel nacional, provincial e incluso por región forestal. Entre las variables principales se encuentran el total de inversión de la Ley proveniente del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos; la cantidad de planes de manejo sostenible; la superficie forestal según categorías del ordenamiento territorial; la evolución de la pérdida de bosque nativo, de la producción forestal y de los incendios forestales.
En la plataforma también están disponibles datos generales de estos ecosistemas en el país: Argentina tiene 53.654.545 ha de superficie forestal, lo que representa el 19,2 % del territorio nacional, el 6,5 % de los bosques de Sudamérica y el 1,4 % a nivel mundial. Las provincias más forestadas son Salta, con 8.280.162 ha, seguida por Santiago del Estero, con 7.108.203 ha. Por su parte, de acuerdo con la superficie de bosque nativo por habitante, La Pampa es la mejor posicionada con el 10,48 %, en tanto Formosa dispone del 8,28 %.
En total, en nuestro país, cerca de 1,5 millón de personas habitan en bosques nativos; Córdoba, Santa Fe y Misiones son las provincias que tienen mayor población rural viviendo en ellos. Entre las principales actividades económicas se destacan la producción de rollizos, leña y carbón, siendo Chaco la principal productora; y entre otras actividades se encuentran la carpintería, las artesanías, la ganadería y el aprovechamiento forestal no maderero para comercialización o autoconsumo, como los productos alimenticios, medicinales, textiles o aromáticos.
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Fecha de Publicación: 25/03/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa, que anunció el ministro Bergman, se suma a otras acciones que lleva adelante el Gobierno nacional para dar cumplimiento a la Ley de Bosques Nativos.
En consonancia con el Día Internacional de los Bosques, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, anticipó el lanzamiento del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos: “Es una deuda que el país tenía pendiente desde hacía 11 años, ya que desde 2007, cuando se sancionó la ley de presupuestos mínimos N.° 26331, nunca se realizó”.
Bergman hizo el anuncio en el marco de un acto por la celebración el Día Internacional de los Bosques, que se realizó en el Ministerio de Agroindustria junto con el ministro Luis Miguel Etchevehere; el director nacional Foresto-industrial, Nicolás Laharrague; y el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Macchiavelli. En ese contexto, los funcionarios plantaron de manera simbólica un jacarandá, especie nativa que forma parte de la iniciativa de arbolado público del Gobierno porteño.
A su vez, el ministro Bergman enumeró otras acciones que lleva adelante el Ministerio que conduce para fortalecer la implementación de la Ley de Bosques, como el Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados. A tales fines, desde 2016 a 2017 se incrementó 210 % la partida presupuestaria destinada al Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, la más alta desde la sanción de la ley; se creó el Fondo Fiduciario para la protección ambiental de la masa forestal a fin de mejorar y agilizar la implementación del fondo; y se transparentó y saneó el proceso administrativo de rendición de cuentas provinciales, entre otros instrumentos de gestión.
Segundo Inventario Nacional
“El último relevamiento a escala nacional se inició en 1998 y finalizó en 2005, y la Ley de Bosques Nativos establece que el inventario debe actualizarse cada 5 años como máximo”, aseguró el ministro de Ambiente en relación al cumplimiento de la norma.
En simultáneo con la presentación de Bergman en la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, acompañado por la gobernadora fueguina Rosana Bertone, realizó en Ushuaia el lanzamiento del mencionado inventario, que se estima que finalizará con el relevamiento de la información a fines de 2018.
Esta herramienta es estratégica ya que brindará información detallada de la masa forestal nativa del país y permitirá mejorar las políticas para la conservación y promoción del uso sustentable de los bosques. Una vez concluido, brindará una actualización de la información sobre ubicación, extensión y conformación de los mismos en Argentina. Con él se podrá producir cartografía a nivel nacional, regional y provincial sobre la temática; proveerá estimaciones con respaldo estadístico para las variables de los bosques nativos asociadas a su estructura y, a su vez, de insumos claves para la gestión de la Ley Nacional N.° 26331, entre otros beneficios.
Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, puso en marcha el plan de reforestación más importante de los últimos 50 años. La iniciativa tiene como meta restaurar 18.000 ha anuales a 2023, y ya lleva más de 81 mil árboles plantados en todo el país.
En búsqueda de restituir los servicios ecosistémicos a la sociedad, la cartera nacional de Ambiente articula con provincias, municipios e instituciones públicas y privadas el establecimiento de sitios piloto que ofrezcan una referencia de actuación técnica, ambiental y económica. De esta manera, en 2017 se iniciaron distintas experiencias con el objetivo de promover la recuperación de la cobertura boscosa nativa en áreas prioritarias en las provincias de Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Chubut y Santiago del Estero.
Bergman señaló a propósito de esto: “La deforestación cero es un compromiso que asumimos en la agenda ambiental, a la que suscribe el presidente Macri; pero es una meta que vamos a cumplir en la medida que comencemos a reforestar”.
Ambiente Bosques: información disponible online
Además, el Ministerio cuenta con la plataforma “Ambiente Bosques”, una herramienta digital que contiene datos e información de interés sobre la gestión de estos ecosistemas en Argentina entre 2007 y 2017, y que fue lanzada a 10 años de la sanción de la Ley N.° 26331. El sistema permite consultar estadísticas de diferentes años, tanto a nivel nacional, provincial e incluso por región forestal. Entre las variables principales se encuentran el total de inversión de la Ley proveniente del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos; la cantidad de planes de manejo sostenible; la superficie forestal según categorías del ordenamiento territorial; la evolución de la pérdida de bosque nativo, de la producción forestal y de los incendios forestales.
En la plataforma también están disponibles datos generales de estos ecosistemas en el país: Argentina tiene 53.654.545 ha de superficie forestal, lo que representa el 19,2 % del territorio nacional, el 6,5 % de los bosques de Sudamérica y el 1,4 % a nivel mundial. Las provincias más forestadas son Salta, con 8.280.162 ha, seguida por Santiago del Estero, con 7.108.203 ha. Por su parte, de acuerdo con la superficie de bosque nativo por habitante, La Pampa es la mejor posicionada con el 10,48 %, en tanto Formosa dispone del 8,28 %.
En total, en nuestro país, cerca de 1,5 millón de personas habitan en bosques nativos; Córdoba, Santa Fe y Misiones son las provincias que tienen mayor población rural viviendo en ellos. Entre las principales actividades económicas se destacan la producción de rollizos, leña y carbón, siendo Chaco la principal productora; y entre otras actividades se encuentran la carpintería, las artesanías, la ganadería y el aprovechamiento forestal no maderero para comercialización o autoconsumo, como los productos alimenticios, medicinales, textiles o aromáticos.
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Fondos para bosques: se comprometieron a respetar
Nación se comprometió a respetar el presupuesto para la conservación de los bosques nativos aprobado por el Congreso
Fecha de Publicación: 24/03/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
El Jefe de Gabinete le respondió de este modo a la diputada nacional por Misiones durante su informe en el Congreso. Además los misioneros consiguieron que se apruebe un Fideicomiso que administre los fondos.
El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, le respondió a la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, que se respetará el monto asignado para distribuir entre las provincias del país como fondo para la conservación de los bosques. La legisladora recordó que el funcionario nacional tiene facultades para ampliar los fondos. “En el Presupuesto 2018 se le dieron facultades al jefe de Gabinete para la ampliación de los fondos. Si bien nosotros aprobamos un presupuesto de 556 millones de pesos se le da al Jefe de Gabinete una facultad para ampliar. Me contestó por escrito que se asignaron 470 millones de pesos, no lo que nosotros habíamos aprobado por presupuesto. Responde que en la semana próxima iba sacar una decisión administrativa por la cual se iban asignar los fondos en su totalidad”, aseguró la exministra de Ecología de la provincia.
Verónica Derna, diputada nacional por Misiones en Canal 12
Derna recordó que nunca se constituyó el fondo como lo establece la ley y admitió que son miles de millones de pesos. Además reconoció que hay una realidad social que el Estado Nacional debe atender. “Ayer salió la decisión por la cual asigna los fondos que nosotros aprobamos en su totalidad. No es el total de Fondos que aprueba la ley 2671. Para nosotros es muy importante que se respete el piso”, añadió.
En ese sentido, Derna explicó que los fondos son distribuidos entre todas las provincias de Argentina que hayan acreditado ante el ministerio de Ambiente de la Nación su ordenamiento territorial de bosques nativos. “El año pasado Misiones recibió 18 millones gracias al aumento pero recibía 9, 8, 7 millones. Ahora habría que ver cuánto le corresponde. Estamos todas las provincias, antes había menos plata y éramos más provincias y ahora estamos todas”, aseguró.
La legisladora que integra el bloque Misionerista en la cámara baja del Congreso de la Nación afirmó que siempre se necesitan más fondos porque la conservación de los bosques nativos tiene su costo. “Otra cosa que destaqué de la ley de presupuesto es que los diputados misioneros logramos la incorporación de un párrafo a ese artículo para que no se pierdan los fondos que no son utilizados y son de ejercicios anteriores”, agregó.
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Fecha de Publicación: 24/03/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
El Jefe de Gabinete le respondió de este modo a la diputada nacional por Misiones durante su informe en el Congreso. Además los misioneros consiguieron que se apruebe un Fideicomiso que administre los fondos.
El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, le respondió a la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, que se respetará el monto asignado para distribuir entre las provincias del país como fondo para la conservación de los bosques. La legisladora recordó que el funcionario nacional tiene facultades para ampliar los fondos. “En el Presupuesto 2018 se le dieron facultades al jefe de Gabinete para la ampliación de los fondos. Si bien nosotros aprobamos un presupuesto de 556 millones de pesos se le da al Jefe de Gabinete una facultad para ampliar. Me contestó por escrito que se asignaron 470 millones de pesos, no lo que nosotros habíamos aprobado por presupuesto. Responde que en la semana próxima iba sacar una decisión administrativa por la cual se iban asignar los fondos en su totalidad”, aseguró la exministra de Ecología de la provincia.
Verónica Derna, diputada nacional por Misiones en Canal 12
Derna recordó que nunca se constituyó el fondo como lo establece la ley y admitió que son miles de millones de pesos. Además reconoció que hay una realidad social que el Estado Nacional debe atender. “Ayer salió la decisión por la cual asigna los fondos que nosotros aprobamos en su totalidad. No es el total de Fondos que aprueba la ley 2671. Para nosotros es muy importante que se respete el piso”, añadió.
En ese sentido, Derna explicó que los fondos son distribuidos entre todas las provincias de Argentina que hayan acreditado ante el ministerio de Ambiente de la Nación su ordenamiento territorial de bosques nativos. “El año pasado Misiones recibió 18 millones gracias al aumento pero recibía 9, 8, 7 millones. Ahora habría que ver cuánto le corresponde. Estamos todas las provincias, antes había menos plata y éramos más provincias y ahora estamos todas”, aseguró.
La legisladora que integra el bloque Misionerista en la cámara baja del Congreso de la Nación afirmó que siempre se necesitan más fondos porque la conservación de los bosques nativos tiene su costo. “Otra cosa que destaqué de la ley de presupuesto es que los diputados misioneros logramos la incorporación de un párrafo a ese artículo para que no se pierdan los fondos que no son utilizados y son de ejercicios anteriores”, agregó.
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Vuelve a repuntar la deforestación en Argentina
El desmonte ilegal continúa avanzando
Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Argentina se encuentra entre las diez naciones que más han erradicado el monte natural en el mundo con unas 300.000 hectáreas anuales
El año pasado volvió a aumentar la deforestación ilegal en la Argentina con respecto a los valores de 2016, un ilícito perpetrado con el fin de ampliar la frontera agropecuaria, principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Son 128.217 hectáreas de bosques talados y el 42% en reservas naturales protegidas.
En estas cuatro provincias se concentra el 80% del desmonte ilegal, más la zona pampeana, donde se localiza el resto de la depredación verde -según muestran imágenes satelitales-, se han desarrollado emprendimientos de soja transgénica y ganadería intensiva. También se produjeron incendios intencionales para eliminar malezas, de acuerdo a las denuncias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la ambientalista Greenpeace.
La tala furtiva en el país es un problema que viene de décadas y si bien ha disminuido en los últimos años, las soluciones no parecen ser las apropiadas para frenar los planes de las poderosas multinacionales que lucran en el marco de una emergencia forestal.
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha el plan de reforestación más importante de los últimos 50 años, el llamado Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados, que lleva plantados unos 81.800 ejemplares. Pero es una tarea ecológica a largo plazo que va a demandar muchos años, mientras por otro lado las topadoras arrasan alevosamente en minutos las zonas vedadas.
La impunidad está en la legislación. Si bien existe la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, la norma se limita a aplicar apercibimientos y multas de montos irrisorios, según los criterios de los organismos ambientales de las provincias afectadas. En general se trata de simples transgresiones para ser evaluadas por la Justicia de Faltas.
Por eso los grandes empresarios pagan las multas como otro trámite burocrático y continúan con las deforestaciones. Muy diferente sería ante una figura penal del fuero federal porque se comete un daño irreversible a la biomasa y la biodiversidad del planeta. Y todo esto enmarcado en una emergencia forestal nacional de repercusión mundial.
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Fecha de Publicación: 19/03/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Argentina se encuentra entre las diez naciones que más han erradicado el monte natural en el mundo con unas 300.000 hectáreas anuales
El año pasado volvió a aumentar la deforestación ilegal en la Argentina con respecto a los valores de 2016, un ilícito perpetrado con el fin de ampliar la frontera agropecuaria, principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Son 128.217 hectáreas de bosques talados y el 42% en reservas naturales protegidas.
En estas cuatro provincias se concentra el 80% del desmonte ilegal, más la zona pampeana, donde se localiza el resto de la depredación verde -según muestran imágenes satelitales-, se han desarrollado emprendimientos de soja transgénica y ganadería intensiva. También se produjeron incendios intencionales para eliminar malezas, de acuerdo a las denuncias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la ambientalista Greenpeace.
La tala furtiva en el país es un problema que viene de décadas y si bien ha disminuido en los últimos años, las soluciones no parecen ser las apropiadas para frenar los planes de las poderosas multinacionales que lucran en el marco de una emergencia forestal.
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha el plan de reforestación más importante de los últimos 50 años, el llamado Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados, que lleva plantados unos 81.800 ejemplares. Pero es una tarea ecológica a largo plazo que va a demandar muchos años, mientras por otro lado las topadoras arrasan alevosamente en minutos las zonas vedadas.
La impunidad está en la legislación. Si bien existe la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, la norma se limita a aplicar apercibimientos y multas de montos irrisorios, según los criterios de los organismos ambientales de las provincias afectadas. En general se trata de simples transgresiones para ser evaluadas por la Justicia de Faltas.
Por eso los grandes empresarios pagan las multas como otro trámite burocrático y continúan con las deforestaciones. Muy diferente sería ante una figura penal del fuero federal porque se comete un daño irreversible a la biomasa y la biodiversidad del planeta. Y todo esto enmarcado en una emergencia forestal nacional de repercusión mundial.
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Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
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Caputo, desmontes en Santiago y denuncia al Gobernador
Greenpeace denunció a una empresa del ministro de Finanzas por desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero
La ONG envió una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora. Alertaron que dos socios del ministro continúan con un desmonte ilegal.
Greenpeace y otras organizaciones denunciaron en una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora, que dos socios del ministro de Finanzas, Luis Caputo, continúan con un desmonte ilegal de 500 hectáreas en la zona del departamento de Copo, a 300 kilómetros de la capital provincial. El lunes, el ministerio de Ambiente de la Nación le solicitará un informe detallado a la provincia en busca de una solución a la demanda.
En la carta dirigida al mandatario santiagueño y a la dirección de Bosques y Fauna de la Provincia de Santiago del Estero, Greenpeace denuncia que se está realizando un desmonte de “aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati, solicitado por Luis Méndez Ezcurra y Horacio Gándara, donde actualmente se encuentran trabajando topadoras”. La zona está zonificada como Categoría Amarilla, donde no se admiten desmontes.
Tanto Méndez Ezcurra como Gándara figuran como presidente y director suplente –respectivamente- de Sacha Rupaska SA. En la última declaración jurada del ministro Caputo, figura que es socio: su participación accionaria asciende a los $ 310.219,22 y los créditos en el país (es decir, la deuda que mantiene la empresa con Caputo) es de $ 3.857.763,53. La empresa también fue acusada por intentos de desalojo violentos por casi un centenar de familias que vivían en la zona previo a 2007.
Según pudo averiguar PERFIL, la cartera ambiental que conduce Bergman recibió un facsímil de la carta y el lunes le pedirán un informe a la provincia para tener un panorama de la situación. Si bien los desmontes comenzaron en enero, hasta el momento la provincia no lo cargó en el sistema interno. Desde el entorno del ministro de Ambiente dicen que la situación es “irregular” y que van a “tomar cartas en el asunto para solucionarlo”. No obstante, sostienen que no tienen el poder de “policía” y que una solución inmediata puede llegar por parte de la gestión de Zamora.
Por su parte, el director de Bosques santiagueño, Jorge Rosales, sostuvo que los empresarios presentaron un plan de cambio de uso de suelo. “Legalmente no tengo herramientas para pararlos. Cumplieron con los requisitos”, dijo. También ratificó que el predio está en la zona “amarilla”. Sobre la imagen que adjunta este medio, Rosales afirma que es “relativo” por la baja resolución.
“No estamos informados de aquel desmonte. En teoría deberían haberlo cargado en la provincia para poder acceder al Fondo nacional para la conservación de bosques nativos. Es irregular, aunque es algo que puede ocurrir por falta de personal”, confían fuentes del ministerio.
En tanto, el ministro Caputo prefirió no contestar a la requisitoria de este diario sobre el tema, al decir que “ya habían aclarado el tema en su momento”.
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Fecha de Publicación: 15/03/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero
La ONG envió una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora. Alertaron que dos socios del ministro continúan con un desmonte ilegal.
Greenpeace y otras organizaciones denunciaron en una carta dirigida al gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora, que dos socios del ministro de Finanzas, Luis Caputo, continúan con un desmonte ilegal de 500 hectáreas en la zona del departamento de Copo, a 300 kilómetros de la capital provincial. El lunes, el ministerio de Ambiente de la Nación le solicitará un informe detallado a la provincia en busca de una solución a la demanda.
En la carta dirigida al mandatario santiagueño y a la dirección de Bosques y Fauna de la Provincia de Santiago del Estero, Greenpeace denuncia que se está realizando un desmonte de “aproximadamente 500 hectáreas en el departamento Copo, en un predio denominado Calancati, solicitado por Luis Méndez Ezcurra y Horacio Gándara, donde actualmente se encuentran trabajando topadoras”. La zona está zonificada como Categoría Amarilla, donde no se admiten desmontes.
Tanto Méndez Ezcurra como Gándara figuran como presidente y director suplente –respectivamente- de Sacha Rupaska SA. En la última declaración jurada del ministro Caputo, figura que es socio: su participación accionaria asciende a los $ 310.219,22 y los créditos en el país (es decir, la deuda que mantiene la empresa con Caputo) es de $ 3.857.763,53. La empresa también fue acusada por intentos de desalojo violentos por casi un centenar de familias que vivían en la zona previo a 2007.
Según pudo averiguar PERFIL, la cartera ambiental que conduce Bergman recibió un facsímil de la carta y el lunes le pedirán un informe a la provincia para tener un panorama de la situación. Si bien los desmontes comenzaron en enero, hasta el momento la provincia no lo cargó en el sistema interno. Desde el entorno del ministro de Ambiente dicen que la situación es “irregular” y que van a “tomar cartas en el asunto para solucionarlo”. No obstante, sostienen que no tienen el poder de “policía” y que una solución inmediata puede llegar por parte de la gestión de Zamora.
Por su parte, el director de Bosques santiagueño, Jorge Rosales, sostuvo que los empresarios presentaron un plan de cambio de uso de suelo. “Legalmente no tengo herramientas para pararlos. Cumplieron con los requisitos”, dijo. También ratificó que el predio está en la zona “amarilla”. Sobre la imagen que adjunta este medio, Rosales afirma que es “relativo” por la baja resolución.
“No estamos informados de aquel desmonte. En teoría deberían haberlo cargado en la provincia para poder acceder al Fondo nacional para la conservación de bosques nativos. Es irregular, aunque es algo que puede ocurrir por falta de personal”, confían fuentes del ministerio.
En tanto, el ministro Caputo prefirió no contestar a la requisitoria de este diario sobre el tema, al decir que “ya habían aclarado el tema en su momento”.
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