Argentina presentó en Bélgica el sistema de trazabilidad exportadora para garantizar embarques de productos libres de deforestación

Fecha de Publicación: 06/06/2024
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Nacional


Fernando Vilella representó al país en la presentación europea de Visec, la herramienta que con que los exportadores certifican que los embarques con productos que lleguen a la comunidad europea, provengan de zonas libres de deforestación, tal cual indica la exigencia de aquella región económica que comenzará a regir a partir de enero de 2025.
Esta presentación había sido anunciada en horas de la mañana de hoy en conferencia de prensa por el vocero presidencial Adorni, y es una señal de acercamiento y de rendición a las exigencias europeas, asegurando que toda la mercadería que Argentina exporte, cumplirá con las reglamentaciones requeridas.
En un evento organizado por el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna) los exportadores presentaron la herramienta a los importadores y autoridades europeas en la residencia de la Embajada argentina ante la Unión Europa en Bruselas. Se trata de un sistema que permite cumplir la exigencia de la UE integrado a la plataforma VISEC (Visión Sectorial Gran Chaco).
“Esta herramienta innovadora, desarrollada para asegurar la trazabilidad y certificación de productos libres de deforestación y del que participa toda la cadena de ganado bovino, garantiza que los embarques que lleguen a los mercados europeos provendrán de establecimientos ganaderos  no deforestados, en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) de la Unión Europea, aprobado a mediados de 2023 y que entrará en vigencia el 30 de diciembre de 2024”, aseguraron los organizadores.
Si bien Visec fue mostrada a los europeos, los exportadores argentinos dejaron en claro que esta nueva reglamentación no debe transformarse en una nueva barrera comercial: “Argentina siempre ha afirmado que el sector agrobioindustrial es parte de la solución a los problemas globales, y que cualquier medida debe tener base científica y adaptarse a las realidades locales. En ese sentido, Argentina espera que este Reglamento, siendo una medida unilateral y autónoma implementada por la UE, no afecte los flujos comerciales normales hacia dicho mercado y no se convierta en una barrera de acceso a partir de su plena implementación el 1 de enero de 2025” dijeron sus representantes.
Asimismo, el IPCVA manifestó que el gobierno argentino viene efectuando un seguimiento detallado de los potenciales impactos de esta norma, y que por eso “ha señalado ante autoridades comunitarias a nivel bilateral y en foros multilaterales su preocupación respecto del impacto extraterritorial de esta medida, advirtiendo sobre los efectos adversos en las corrientes comerciales. Sin perjuicio de ello, en lo inmediato y a fin de reducir estos riesgos potenciales, se ha venido apoyando el desarrollo de iniciativas del sector privado nacional para adaptarse a las exigencias que les demandarán los operadores europeos”.
En lo que respecta específicamente al ganado bovino, la Argentina ya realizó con éxito la primera prueba piloto con un embarque de carne exportada a Alemania el 15 de mayo pasado, además de las pruebas piloto con soja, otro de los productos de exportación argentinos que deberán cumplir con la nueva legislación.
Jorge Grimberg, presidente del IPCVA, sostuvo: “A través del nuevo sistema VISEC Carnes y sus características naturales de producción, Argentina se consolida como uno de los países líderes en producción sustentable”. En tanto, Mario Ravetino, vicepresidente del IPCVA, aseguró que “el cumplimiento de esta regulación de la UE es imprescindible para mantener y desarrollar el mercado que demanda los cortes premium de mayor valor”.
VISEC es una plataforma de sustentabilidad ambiental y social que reúne a miembros de las distintas cadenas de valor para que los productos agroindustriales argentinos satisfagan las nuevas tendencias internacionales y nacionales, manteniendo la competitividad del país en los mercados globales. Tiene como objetivo reducir el potencial  impacto negativo del Reglamento (UE) 2023/1115 a nuestras exportaciones, a través de un riguroso sistema de trazabilidad y certificación.
VISEC Carnes efectúa la trazabilidad desde los establecimientos de origen del ganado bovino, a nivel de cría y engorde, incluyendo toda la etapa de comercialización, hasta el procesamiento y exportación a la UE, asegurando que provenga de fuentes libres de deforestación y cumpla con las leyes locales e internacionales pertinentes.
Se emiten certificados que confirman la procedencia sostenible de la carne y el cuero, utilizando tecnología georreferenciada para una mayor precisión y confiabilidad. Por cada embarque de carne vacuna a la Unión Europea, se emitirá un Certificado de Producto Libre de Deforestación (CLD) como evidencia de que la biomasa cumple con los requisitos establecidos en la normativa europea, respaldado a su vez en un riguroso sistema de documentación y validación con tecnología Blockchain.
El certificado será emitido por organismos de verificación autorizados por VISEC, de acuerdo con estándares internacionales reconocidos. Los CLD podrán ser utilizados por los exportadores e importadores como prueba de conformidad ante las autoridades de los países miembros de la UE, en el marco de la diligencia debida que deben cumplir.
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Autorizarán 20 mil hectáreas de desmonte

Fecha de Publicación: 03/06/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Las superficies serán restadas de las más de 700 mil que se podrían deforestar según el proyecto de actualización del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que aún no pasó por la Legislatura provincial.
Cerca de 15 audiencias públicas fueron convocadas desde diciembre del año pasado a esta parte, para desmontar unas 20 mil hectáreas aproximadamente. Aunque los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) se llevaron en el marco del ya vencido Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), serán autorizadas.
Así lo adelantó a Salta/12 el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, al ser consultado por las constantes publicaciones informando de audiencias públicas en el Boletín Oficial.
El funcionario explicó que la superficie que quedará autorizada para el paso de las topadoras se restará de las 721.568 hectáreas que quedaron en el área verde (de baja conservación) del nuevo OTBN que está todavía en proyecto, dado que aun no ha sido tratado por la Legislatura Pprovincial y, por lo tanto, no está vigente.
“En el caso de Chaco hubo un amparo porque el ordenamiento estaba vencido y la Corte dijo que sigue vigente hasta que lo reemplace otro”, contestó el funcionario al ser consultado por la validez del OTBN que venció en 2014, y que ya lleva una década sin ser actualizado.
Las resoluciones que autorizan los desmontes “van a ir saliendo”, dijo Aldazábal y sostuvo que el proyecto de nuevo OTBN, que fue realizado por un equipo técnico nombrado para tal fin, espera ingresar a la Legislatura en los próximos días.
“No nos meteríamos en áreas que están en rojo o amarillo”, que son las zonas donde no puede haber desmonte, afirmó. Sin embargo, el nuevo proyecto de OTBN habla de un amarillo “potencial” o “amarronado”. Esta zona puede permitir el desmonte condicionando la cantidad de tierras productivas en un área.
Por ejemplo, si en una cuenca hay 50 hectáreas en categoría verde y 100 hectáreas de amarillo potencial (suele suceder que hay menos verde siempre) y se piden desmontar 50 hectáreas, automáticamente las 50 hectáreas que están en verde (en esa misma cuenca) pasarán a ser amarillo estricto y no podrán ser transformadas. Y como se agotó el stock de tierras en verde ya en esa zona no se podrá desmontar dado que todo el amarillo potencial pasa a ser amarillo estricto.

Una deuda actualizada
Ayer se conoció que el gobernador Gustavo Sáenz informó mediante nota a la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, la deuda que mantiene el gobierno nacional con la provincia por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos.
Aldazábal afirmó que se trabajó en la actualización de la deuda que viene desde que se aprobó la Ley de Bosques Nativos, N° 26.331, hasta hoy y que de acuerdo a esa actualización, sería de 28 mil millones de pesos.
Esto incluye la deuda que calculó el gobierno provincial desde la vigencia de la Ley en 2008 hasta ahora. Y el cálculo se hizo según lo establecido por la normativa, que prevé que “las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fobosques) ‘no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional’”.
“Esos fondos sirven para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos y es repartido anualmente entre aquellas que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su OTBN para financiar el cumplimiento de la ley”, indica el comunicado oficial.
Añade que siendo Salta “la provincia con la mayor biodiversidad y la mayor proporción de bosques de todo el país, la falta de financiamiento dificulta el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley 26.331”
Con estos argumentos, el gobernador solicitó "iniciar las conversaciones para solicitar la regularización en la asignación de los fondos que por Ley corresponden a nuestra provincia”.
Uno de los reclamos siempre firmes entre las provincias (entre ellas Salta), que de una manera u otra lograron zanjar algunos cumplimientos de la Ley de Bosques, es que la Nación (sin importar la gestión de que se trate) siempre decidió discrecionalmente el otorgamiento de los fondos sin seguir lo establecido en la Ley.
Aldazábal afirmó que se hizo un cotejo de esos montos y los que deberían haberse otorgado, con aquellos que en su momento denunció la Fundación Vida Silvestre, y por ello se entiende que la deuda que acumula la Nación por estos fondos es de 28 mil millones de pesos.
“La ley no condiciona los fondos a tener el ordenamiento vigente”, aclaró el secretario ante la falta de actualización del OTBN. Y afirmó que desde la Nación “nunca se mandó el 100 por ciento de lo que correspondía. A lo sumo se dio el 18 por ciento”.
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Menos fondos para ambiente en el gobierno de Javier Milei: el presupuesto 2024 destinado a la subsecretaría se redujo un 65%

Fecha de Publicación: 01/06/2024
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


- El Presupuesto 2024 prevé una caída en las partidas ambientales, tanto en lo asignado para la Subsecretaría de Ambiente como para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
- De todos modos, la Ley de Bosques está desfinanciada desde hace años y, al menos, desde 2008, ningún gobierno (del kirchnerismo y de Cambiemos) cumplió con la meta presupuestaria establecida en la norma.
- Los fondos para el Servicio Nacional del Manejo del Fuego aumentaron durante el mandato del Frente de Todos y fueron subejecutados en los primeros meses del gobierno de La Libertad Avanza.

Entre diciembre de 2023 y lo que va de 2024, las provincias de Córdoba, Salta, Jujuy, Buenos Aires y Corrientes, entre otras, sufrieron fuertes temporales e inundaciones que dejaron miles de familias evacuadas y daños materiales. El 25 de enero último, comenzó un incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, que afectó a 8 mil hectáreas. Tan solo durante 2023, el fuego afectó a 500 mil hectáreas y causó al menos 2.212 incendios en toda la Argentina, según datos del Ministerio del Interior obtenidos por este medio a través de un pedido de acceso a la información pública.
A pesar de la crisis ambiental y climática que atraviesa la Argentina, y que se materializa en un mayor número y frecuencia de inundaciones, incendios y sequías, la administración de Javier Milei (La Libertad Avanza -LLA-) dispuso menos fondos destinados al cuidado del ambiente, la protección de los bosques y el manejo del fuego, según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado en abril último.
Además, al inicio de la gestión de LLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se desjerarquizó y fue absorbido por el Ministerio del Interior. La cartera pasó a formar parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que conduce Daniel Scioli.
¿Qué pasó con los presupuestos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y los fondos para la conservación de los bosques en los primeros meses de 2024? ¿Qué ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos)? Te lo contamos en esta nota.

Menos presupuesto ambiental para 2024
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2024 no fue aprobado por el Congreso nacional, por lo que el Poder Ejecutivo prorrogó el presupuesto 2023 para el año vigente.
De acuerdo con un análisis de la FARN publicado en abril último, el presupuesto 2024 de la Subsecretaría de Ambiente presenta una leve caída en términos nominales, lo que implica una reducción en términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación) del 65,4%. “En otras palabras, se dispone de una tercera parte del presupuesto en comparación con el año pasado”, indica el informe.
En términos generales, lo destinado a Ambiente (es decir, considerando lo que se destina a este área en otras dependencias estatales, además de la subsecretaría específica) en el presupuesto nacional tuvo una caída del 28,9% en su participación en el presupuesto total en relación a 2023.
Por otra parte, el presupuesto destinado a la Administración de Parques Nacionales tuvo un incremento nominal del 5,7%, lo que implicó una reducción en términos reales del 63,4%. Estas 2 partidas representan un 0,16% del presupuesto nacional total.
Es importante aclarar que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reasignar los fondos que fueron presupuestados originalmente, es decir, que puede pasar que los números destinados a estas partidas crezcan, se mantengan o se reduzcan para este año.
Este medio consultó a la Subsecretaría de Ambiente para saber si se aumentarán algunas de estas partidas, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no tuvo respuesta.
Durante un encuentro con la Red Argentina de Periodismo Científico, la subsecretaria Ana Lamas dijo que todavía no tenía una agenda de 4 años porque “hay muchas cosas para decidir aún”, como los créditos y la cooperación internacional, como los que el ex Ministerio tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Se está reestructurando todo eso; hoy no podemos disponer de esos fondos como antes, porque el Ministerio de Economía los reestructura (sic), así que no podemos tener un plan de 4 años”, informó Lamas.
Si se mira para atrás, durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) las partidas para el ex Ministerio de Ambiente descendieron un 18% en términos reales entre 2022 y 2023, pero crecieron entre 2020 -primer año de su gestión- y 2023. Estas conclusiones surgen de los datos de ejecución presupuestaria analizados por Chequeado.

Una Ley de Bosques que sigue desfinanciada
Al mirar el detalle, uno de los puntos clave en relación al presupuesto ambiental suele girar en torno a la llamada Ley de Bosques. La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -sancionada en 2007, durante el kirchnerismo- regula la restauración, la protección, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos.
La norma establece que las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fobosques) “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”. Esos fondos sirven para compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos y es repartido anualmente entre aquellas que hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de Bosques Nativos para financiar el cumplimiento de la ley.
De todas formas, esa meta no se cumpliría con los números vigentes del presupuesto. La FARN analizó que este fondo debería recibir por ley, para 2024, $ 164.200 millones. “Sin embargo, se observa que, a marzo de 2024, tiene programado solamente recibir $ 9.000 millones, 18 veces menos de los que corresponde por ley”, indica el análisis de la organización ambiental.
Esta partida también quedó congelada en términos nominales, lo cual implica una caída real del 65,4% para 2024, según los cálculos de FARN.
Según otro análisis de la ONG Fundación Vida Silvestre, lo asignado -hasta el momento- para el fondo representa, en 2024, un 10% de ese 0,3% del presupuesto nacional indicado en la ley.
De todos modos, la Ley de Bosques está desfinanciada desde hace años y, desde su sanción en 2007, ningún gobierno cumplió con la meta indicada. De acuerdo con la Fundación Vida Silvestre, en 2022 y 2023, durante el gobierno del Frente de Todos, también se asignó un 10% de ese 0,3% de todo el presupuesto nacional indicado por ley. Entre 2019 y 2021 ese monto había sido incluso menor: un 4% de la meta indicada.
Durante la administración del Frente de Todos los fondos del Fobosques descendieron durante todos los años de esa gestión, con excepción de 2021.
Según explica la Fundación Vida Silvestre, esto afecta negativamente “tanto al control, monitoreo y vigilancia, como al fomento del uso sustentable y la restauración de los bosques”.
“La falta de financiamiento en la Ley de Bosques es un problema recurrente, una mala costumbre en la que han incurrido todos los gobiernos preexistentes. Lo que nosotros necesitamos es que se mejore no solo la disponibilidad de los fondos sino la implementación y el rendimiento por parte de las jurisdicciones, y que esto se articule con un buen set de indicadores de monitoreo del uso y la eficiencia en el uso de estos recursos”, explicó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, en diálogo con Chequeado.

Para el manejo del fuego, fondos subejecutados
En relación a los incendios, el programa más importante es el del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
En 2020, mediante la Ley 26.815, se creó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, un fideicomiso que se nutre de aportes de la Tesorería General de la Nación y de la recaudación del 3 por mil de las alícuotas de los seguros (excluyendo los seguros de vida).
En relación a los recursos del Tesoro, el Presupuesto nacional incluye para este año una partida de $ 10.973 millones para gastos corrientes y otra de $ 14,4 millones para maquinarias y equipo para dotar al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, según indicó la FARN.
Además, el SNMF dispone de $ 12.101 millones, los cuales, según FARN, aún no fueron ejecutados.
En 2023, el presupuesto ejecutado del SNMF descendió en términos reales en relación a 2022 -según datos analizados por Chequeado-, pero el presupuesto ejecutado para esta partida aumentó más de un 300% (2020-2023) durante todo el gobierno de Fernández.
En relación a otras partidas vinculadas con el manejo del fuego, a marzo de 2024 únicamente se ejecutaron, de acuerdo con el informe, $ 275 millones de la actividad Manejo del Fuego -dentro del Programa de Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas de la Administración de Parques Nacionales-, que tiene asignados $ 1.626 millones.
“En líneas generales, hay una clara vocación por la eliminación de los fondos específicos, retrocediéndose décadas en materia normativa. La verdad es que cuando el Estado decide tener una política focalizada, esa política focalizada necesita también tener recursos asignados. Me parece que esto es una cuestión de enorme importancia ideológica que está en el trasfondo, que va más allá de una restricción presupuestaria”, señaló a Chequeado Juan Carlos Villalonga, ex diputado nacional por Cambiemos (2015-2019) y especialista en sustentabilidad y transición energética.
Los fondos son necesarios para afrontar los devastadores incendios que se producen en el país. Tan solo durante 2023, el fuego afectó a 500 mil hectáreas y causó al menos 2.212 incendios en toda la Argentina, según datos del Ministerio del Interior obtenidos por este medio a través de un pedido de acceso a la información pública.
Según datos del SNMF, en el 95% de los casos los incendios son provocados por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.

La alarma de las organizaciones ambientales por la Ley Bases
El 30 de abril, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al nuevo Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Todavía resta la aprobación por parte del Senado para que se convierta en ley, pero organizaciones ambientales advirtieron por los riesgos que podría implicar esta iniciativa para el ambiente.
En una carta a la Cámara alta, diversas organizaciones ambientalistas señalaron que el proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Además, advirtieron que la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de varios artículos (del 30 al 39) de la Ley de Bosques: “Dejaría de existir el fondo destinado a compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los beneficios ambientales que estos brindan y a los titulares de tierras en cuya superficie se conservan los bosques nativos, perjudicando el desarrollo y mantenimiento de una red de monitoreo y sistemas de información de las diferentes jurisdicciones”.
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La gestión en Ambiente: una agenda inexistente, el mercado para regular la deforestación y la revisión del cambio climático

Fecha de Publicación: 23/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El secretario Daniel Scioli y la subsecretaria Ana Lamas recibieron a la Red Argentina de Periodismo Científico
Para el gobierno argentino, el cambio climático no es de origen humano; es más, no se debería hablar siquiera de “cambio climático”. “La posición del Presidente respecto del cambio climático es que no es cambio climático, sino que es impacto climático, alteraciones climáticas, variaciones climáticas”, definió la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, acompañada por el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, durante una charla con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico ayer por la tarde.
En su momento, el presidente Javier Milei había dicho que el cambio climático era un invento del socialismo, pero eso no constituye “una negación al tema”, abundó Lamas, “sino que (Milei) está enrolado con los científicos que creen que no está todo derivado de la acción antrópica [humana]. Por eso hablamos de variaciones o impactos, no del cambio climático. Pero de todos modos vamos a seguir con los compromisos internacionales que la Argentina firmó en su momento. Seguimos adelante e incluso vamos a tener una reunión del gabinete nacional de cambio climático, aunque no hay fecha aún”, dijo Lamas.
La afirmación oficial contradice la evidencia científica disponible y ratificada en numerosos informes de expertos y consensos como los del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que la Argentina integra, así como diversos tratados firmados por el Estado nacional; por ejemplo, el Acuerdo de París, en el que –sin embargo y al contrario de lo que decidiera en su momento Donal Trump como presidente de los Estados Unidos– la Argentina piensa quedarse, según se afirmó también ayer. La explicación es que “si nosotros no nos ponemos a tiro con (la reducción de emisiones de) los gases de efecto invernadero, se nos cierran muchísimos mercados”, afirmó Lamas. Antes, Scioli había recordado la visita del exvicepresidente norteamericano Al Gore a Buenos Aires en 2009, cuando vino a presentar Una verdad incómoda, la película documental en la que se muestran precisamente detalles de la ciencia del cambio climático. Gore y los científicos del IPCC ganaron el premio Nobel de la Paz en 2007 por su trabajo contra el negacionismo.
Durante el encuentro de ayer, Lamas –quien vuelve al lugar donde trabajó como directora hace más de tres décadas con la entonces secretaria María Julia Alsogaray– dijo que no tenía una agenda de cuatro años todavía al mando de la subsecretaría porque “hay muchas cosas para decidir aún”. Por ejemplo, respecto de los créditos y la cooperación internacional, como los que el exministerio tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Se está reestructurando todo eso, hoy no podemos disponer de esos fondos como antes, porque el Ministerio de Economía los reestructura (sic), así que no podemos tener un plan de cuatro años”, informó Lamas.
Los funcionarios nacionales también dijeron que no se van a privatizar los parques nacionales ni otros organismos relacionados con el estudio y cuidado del ambiente. “Son suposiciones, elucubraciones, como cuando dicen que se va a vender [el complejo presidencial de] Chapadmalal”, dijo Scioli. “Cuando se termine de aprobar la Ley Bases, de una u otra manera se avanzará sobre los temas pendientes, se busca una optimización de fondos”, detalló al responder en particular por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). “No tenemos presupuesto para el Ianigla, que valoramos mucho, pero trabajamos con el presupuesto del año pasado, como todos”, admitió Lamas. Asimismo, deslizó: “Dudo mucho que desaparezca o lo privaticen”.

Explotación del mar
Por otro lado, Lamas y Scioli dijeron que la secretaría aprobará todos los pedidos de explotación del mar argentino a través de plataformas offshore, como la que planea y ejecuta la empresa estatal noruega Equinor. “Vamos a habilitar todos los proyectos offshore”, afirmó Lamas. “Queremos ser una máquina de facilitar procesos productivos”, afirmó Scioli en un momento. Respecto de la resistencia de algunas autoridades locales, como el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, quien en 2022 presentó un recurso de amparo para detener la exploración, Scioli indicó que es un error creer que la explotación petrolera choca con la idea turística de la ciudad: “A veces la información que va llegando no es buena, pero no hay interferencia [con el turismo], la plataforma de Río de Janeiro se ve a simple vista y no contamina, está probado, y las playas están llenas”, dijo el exgobernador bonaerense y exvicepresidente por el kirchnerismo.
Lamas, por su parte, agregó que cuando Montenegro se dio cuenta de la implicancia económica del proyecto cambió de opinión y “hasta el intendente de Necochea [Arturo Rojas, de Nueva Necochea, un partido vecinal] está preguntando por el offshore porque lo quiere por el rendimiento económico; es que, cuando se informan, cambian la posición”, remarcó la funcionaria, que es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. La licencia social no es eso, sino la audiencia pública, agregó respecto de las quejas y movilizaciones que se suceden en Mar del Plata en resistencia por los daños que provoca al ambiente la exploración.
Por último, se tocó el tema de la deforestación, en el que Argentina muestra una de las tasas más altas del mundo pese a la sanción de la Ley de Bosques en 2007, que nunca tuvo el presupuesto que la misma ley marcaba. Lamas sostuvo que “cada provincia hace su ordenamiento territorial como mejor le parezca, como Nación solo podemos hacer un ordenamiento estratégico y estamos pensando en hacerlo. Ahora cada una se mueve suelta, sin saber lo que hacen al lado”, dijo respecto del polémico reordenamiento territorial que hizo Chaco y que, según diversas organizaciones ambientales, viola la Ley de Bosques, cuya tutela corresponde a la subsecretaría de Lamas. Sin embargo, ella confía en que se solucionará sin mayor intervención. “El mismo mercado va a llevar a no deforestar: el reglamento de la Unión Europea es que, si deforestás, no te compran cuero ni soja. Por ahora Chaco puede hacer lo que quiere”, concluyó.
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Incendios forestales: Chubut es la provincia patagónica con mayor pérdida de bosques

Fecha de Publicación: 14/05/2024
Fuente: Diario Rïo Negro
Provincia/Región: Chubut


Entre octubre del 2023 y marzo de este año, los incendios forestales arrasaron con 7.747 hectáreas en la región de los Bosques Andino Patagónicos de Argentina.
Chubut registró 6.985 hectáreas afectadas; Río Negro, 425 hectáreas; Neuquén, 223 hectáreas y Santa Cruz, 114 hectáreas. El 90% del área forestal quemada durante este período corresponde a Chubut.
Desde Greenpeace, recalcaron la gravedad de los incendios forestales ocurridos en el parque nacional Los Alerces -que se extendieron por casi dos meses- y en el Brazo Tristeza del parque Nacional Nahuel Huapi, que arrasaron con amplias superficies de bosques protegidos en buen estado de conservación.
El informe de la organización toma como antecedente la recopilación de datos oficiales de la Secretaría de Ambiente de Nación. Para el período 2001-2005, Río Negro encabezaba los registros con 2.330 hectáreas afectadas, seguida por Chubut, con 1.933 hectáreas y Neuquén, con 1.586 hectáreas. La situación se invirtió.
«Durante la última primavera y verano de este año, hicimos un nuevo procesamiento con imágenes satelitales y Chubut sigue siendo la provincia con mayor pérdida de bosques. Río Negro es la segunda«, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. Mencionó que el monitoreo satelital es «similar al que realiza en el norte del país para conocer el desmonte». Este reporte anual de deforestación se lleva a cabo desde hace 8 años y ahora, se incluye el informe de incendios en la Patagonia.
«Hay una tendencia promedio mundial de pérdida del bosque andino patagónico que impacta de acuerdo a la etapa de sequía o no. Nos preocupa que se trata de una tendencia estable y, si tenemos en cuenta la crisis climática, los veranos con temperturas más altas y mayor presencia de turistas en los bosques, es necesario aumentar la prevención, la cantidad de brigadistas a nivel provincial y nacional y la infraestructura para lograr un ataque rápido del fuego», precisó Giardini.
En este sentido, recalcó que el 95% de los incendios forestales se genera por causas humanas (fogatas mal apagadas o en lugares no permitidos). «Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar tanto a los desmontes como a los incendios, por lo que consideramos que en forma urgente se debe prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos», indicó.
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Ambiente y la Federación Argentina de Ingeniería Forestal analizaron el presente y futuro de la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 13/05/2024
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


En la ocasión, se acordó avanzar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley de Bosques, con la intención de identificar indicadores que permitan impulsar una mejora en los temas de impacto ambiental, social y económico.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación a través de su director de Bosques, Octavio Pérez Pardo mantuvo un encuentro con representantes de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal con el objetivo de analizar distintas líneas de trabajo de interés común que lleva adelante la dirección. En la ocasión, se acordó avanzar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley de Bosques, con la intención de identificar indicadores que permitan impulsar una mejora en los temas de impacto ambiental, social y económico, además de obtener una estadística sistematizada de buenas experiencias que puedan volcarse para futuros planes en el marco de dicha ley.
En relación con la valorización de los bosques, se abordó la posibilidad de incorporar a la Federación, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Comisión de Bosques, el Departamento Forestal del INTA y la división de Economía, en un trabajo que determine los impactos ambientales medibles que lleven a un análisis integrado de la importancia de sostener inversiones en materia ambiental, social y económica que se traduzcan en beneficios para generar riqueza, impactos sociales positivos y sostenibilidad ambiental.
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Secuestran Topadoras Por Desmonte En El Sudoeste Chaqueño

Fecha de Publicación: 13/05/2024
Fuente: Noticias del Paraná
Provincia/Región: Chaco


Durante la siesta del viernes policías Rurales de General Pinedo secuestraron dos topadoras por supuesta infracción al Régimen de actividad forestal. Intervino la Dirección de Bosques.
El primer procedimiento sucedió cerca de las 13, en un campo ubicado en Mesón de Fierro, a 30 kilómetros de Pinedo. Aquí dieron con una máquina Caterpillar D6 D.
El segundo procedimiento se dio por la siesta, en un campo ubicado en Parcela 206, del Departamento Almirante Brown. Se incautó una topadora Caterpillar D6 G más un rolo de 4 metros. El trabajo estuvo acompañado por la Dirección de Bosques de Pampa del Infierno y el allanamiento se hizo con orden del Juzgado de Garantías de Sáenz Peña.
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Polémica en Chaco | Profesionales de Ingeniería Forestal del país piden al gobernador el veto de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 08/05/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), desde la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
La Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) –que nuclea a cinco colegios de profesionales del país- se puso a disposición del ejecutivo provincial para el asesoramiento técnico necesario que permita entender la gestión forestal sostenible y mejorar la gobernanza ambiental de la provincia.
Desde la Federación se apoyó el trabajo técnico-político que ha realizado oportunamente el Consejo Profesional de Ciencias Forestales de la Provincia de Chaco (CPCFCH), con respecto al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chaco y, también las advertencias planteadas en distintos ámbitos institucionales sobre las inconsistencias técnico-normativas con respecto a la actualización del OTBN que se analizó y aprobó en la Legislatura provincial el pasado lunes.
“La aprobada, la Ley 4005R no cumple con el principio de no regresividad ambiental al modificar, en un nivel menor de categoría de conservación, a cientos de miles de hectáreas de bosques nativos que pasan de la categoría II (Amarilla) a categoría III (Verde), quedando así habilitadas al cambio de uso de suelos (CUS) para actividades agropecuarias con sus consecuentes impactos en el territorio”, remarcaron desde la FAIF, en un comunicado en el que marcan su posición de rechazo a la norma aprobada.

Fortalecer el diálogo y fomentar la gestión sostenible
La ampliación de las áreas boscosas a la categoría de conservación III (verde) generan la reducción de las áreas boscosas susceptibles de manejo sostenible (industria forestal) y a perpetuidad, con la disminución consecuente de la provisión de servicios ecosistémicos, para su goce, no solo para los chaqueños, sino también para toda la sociedad, entienden los profesionales nucleados en la FAIF.
“Los bosques recategorizados a un nivel inferior de conservación (verde), se asientan sobre un sistema de corredores biológicos regionales que dan conectividad a las distintas áreas protegidas para la conservación de flora y fauna, dónde la conectividad forestal es imprescindible. También, junto con la actividad forestal (industria forestal), estos bosques sostienen producciones asociadas como la ganadería y apicultura que son muy importantes en la economía de la región”, explican en el comunicado.
De esta manera, remarcaron la necesidad de mejorar la gestión forestal sostenible, garantizando la gobernanza ambiental en esos territorios. “En este sentido, reivindicamos la necesidad de fortalecer el diálogo institucional, destacando la buena predisposición colaborativa de nuestros colegas chaqueños, para abordar de manera mancomunada los diferentes aspectos que merecen resolución asertiva en la actualidad, que se ha evidenciado en la Mesa Técnica de la Unidad Ejecutora provincial durante el año 2021”, agregaron.
Por otra parte, ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.
Es necesario frenar la deforestación y poner en valor a los bosques nativos de Argentina, pues en ellos está la garantía de salvaguarda a futuro de nuestras comunidades. Para esto, es necesario tomar medidas técnico-políticas eficaces, donde los ingenieros forestales tienen un rol muy importante por su formación para la gestión forestal sostenible”, remarcaron.
Por otro lado, consideraron que “es necesario debatir y consensuar una visión forestal con los distintos actores institucionales y territoriales, que posibiliten avanzar y mejorar la formulación e implementación de una política forestal de Estado para los próximos años en provincia de Chaco y las provincias que comparten territorialmente el ecosistema forestal nativo del Parque Chaqueño. La FAIF y CPCFCH están comprometidos con la gobernanza forestal sostenible para garantizar el desarrollo del Parque Chaqueño”, concluyeron.
La federación está conformada por el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero; la Asociación de Ingenieros Forestales de Chubut,; el Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco; y el Colegio de Ingenieros Forestales de Formosa.
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Chaco aprueba una nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas

Fecha de Publicación: 02/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Así lo alertan oganizaciones sociales, y anticiparon que lo denunciarán judicialmente. En plena madrugada, la legislatura chaqueña aprobó la norma que agravará la situación del desmonte en la provincia, a partir de un mapa elaborado sin participación comunitaria y “a la medida de las tanineras y el agronegocio”.
Mientras en el Congreso Nacional se debatía y preparaba la aprobación de la Ley de Bases del presidente Javier Milei, en la Legislatura Chaqueña también tenía lugar una votación que es rechazada por una parte importante de la sociedad y puede traducirse en una fuerte violación de derechos. En plena madrugada se votó la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): organizaciones sociales advierten que permitirá el desmonte de más de un millón de hectáreas y adelantaron que llevarán el tema a la Justicia.
«Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
Sin embargo, las críticas sobre este nuevo ordenamiento ya habían sido advertidas antes de la votación por organizaciones ambientalistas locales como Somos Monte Chaco y por ONG como Vida Silvestre y Greenpeace, que denunciará “en la Corte Suprema la ilegalidad del nuevo OTBN”.

De madrugada
“Lo hicieron a escondidas de la ciudadanía. Muy pocas veces se ha sesionado a la noche y justamente terminaron de votar a las 2:40 de la madrugada, cuando la mayoría de los chaqueños ya dormían”, cuestionó Débora Páez, de Somos Monte. “Lo irónico y hasta vergonzoso es que parecía una pelea de niños tirándose chicanas unos a otros mientras discutían el futuro de muchos de nosotros”, lamentó en diálogo con Tiempo.
“Con lo que se votó anoche se viola el principio de no regresividad ambiental presente desde la ley general de ambiente. También es violatorio en cuanto a los procedimientos, ya que no se realizaron los procesos participativos y técnicos que establecen la ley y el Consejo Federal de Ambiente. Es violatorio en el contenido de la norma, ya que no cumple con el requisito de no regresividad ambiental. Es violatorio de leyes internacionales”, enumeró la ambientalista.
En el mismo sentido, Greenpeace anunció que denunciará ante el máximo tribunal la “ilegalidad” de la nueva ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. “A las 2.40 de la madrugada, y de espaldas al pueblo, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Llevaremos la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“A medida de las tanineras y el agronegocio. Vamos a acompañar las acciones judiciales”, anticipó el abogado ambientalista Enrique Viale.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas sólo en 2023. “Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.
La organización advirtió que el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco “se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte legal de más de un millón de hectáreas”.

Regresividad
Vida Silvestre también se pronunció contra el nuevo OTBN, porque implica “graves retrocesos e incumplimiento de la normativa nacional e internacional”.
“La norma dispone un mapa regresivo y no progresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú, de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y de la normativa específica del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). Por ejemplo, es alarmante que se proponga pasar a Categoría III-Verde polígonos lindantes al Parque Nacional Copo y a la Reserva Provincial la Pirámide, y cercanos al Parque Natural Provincial Loro Hablador, zonas que en el OTBN anterior están en Categoría II-Amarillo, una categoría más restrictiva. Esto implica una regresividad y no progresividad porque estas áreas, con esta nueva ley, pasan a tener menor protección, situación que se agrava teniendo en cuenta que estos polígonos rodean áreas protegidas y constituyen parte de la zona de amortiguamiento de estas áreas, impactando negativamente su integridad, conectividad y permanencia”.
También cuestionaron que se cree una Mesa de Revisión y Actualización del OTBN para revisar ese ordenamiento de forma anual, “violando la Ley 26.331 y su decreto reglamentario 91/2009 donde se establece que la actualización debe ser realizada cada 5 años. Si se da continuidad a la política ratificada con la sanción de esta ley, esto sería someter a los bosques a una revisión anual de su nivel de protección, quitando además la posibilidad de planificación a mediano plazo que la gestión forestal necesita”.
“Es de altísima gravedad aprobar un mapa que no fue validado en el marco de un proceso participativo como corresponde, mientras que se desconocen los insumos técnicos que generaron el mapa aprobado. Asimismo, nos preocupa el tratamiento irregular y exprés que se le dio al tema por parte de la legislatura chaqueña”, dijo Fernando Miñarro, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
“El mapa propuesto en el proyecto 423/2024 y que fuera sancionado el 30 de abril, cambia de categoría de protección sectores de la provincia, habilitando deforestación donde antes no estaba permitido, rompiendo con el criterio de no regresión. Por ejemplo, el sector oeste de la provincia ahora incrementa el verde, dando lugar a futuros desmontes», planteó Miñarro.
Y acotó: «En definitiva, esta presentación lo único que está haciendo es poner en riesgo los escasos bosques nativos que quedan en Argentina, en una de las provincias que registra las mayores tasas de deforestación legal e ilegal. Esta actitud de los legisladores compromete fuertemente la potencialidad del país de posicionarse ante mercados internacionales que hoy exigen la tipificación del país, según su riesgo de deforestación”.
Vida Silvestre anticipó que pedirá a la Autoridad Nacional de Aplicación que la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos no reciba la acreditación correspondiente, “por no cumplir con los Presupuestos Mínimos, establecidos por la Ley de Bosques (26.331). Por otro lado, se suma la solicitud al gobernador de la provincia de Chaco Leandro Zdero el veto de dicha ley, que en caso de ser promulgada, será pasible se afrontar reclamos ante las justicia en la jurisdicción correspondiente”.
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San Luis enfrenta una amenaza para seis especies debido a la deforestación y los incendios

Fecha de Publicación: 29/04/2024
Fuente: InfoMerlo
Provincia/Región: San Luis


La deforestación desenfrenada y los incendios forestales pusieron en peligro a seis especies emblemáticas de los ecosistemas de la provincia. La mara, el conejo de los palos, la boa de las vizcacheras (lampalagua), el venado de las pampas, el águila coronada y el caldén son los principales afectados por la pérdida de su hábitat natural.
Según un informe presentado por la Fundación Vida Silvestre, en los últimos años se han deforestado aproximadamente 76.379 hectáreas en zonas críticas de San Luis, lo que corresponde a una superficie equivalente a 27 canchas de fútbol por día. Alarmantemente, solo el 0,01% del bosque nativo de la provincia está bajo planes de manejo o conservación, dejando a la gran mayoría de este valioso ecosistema vulnerable a la degradación.
El informe también destaca la falta de evaluación del impacto de los planes, la escasa participación ciudadana y la ausencia de criterios comunes para elaborar el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) como las principales causas de esta crisis ambiental. Además, se señala la falta de recursos económicos, incentivos insuficientes para la protección del bosque y la ausencia de sanciones efectivas para la deforestación ilegal como factores que contribuyen al problema.
Es urgente tomar medidas para proteger los bosques nativos de San Luis, ya que desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana al proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémicos, como alimentos, agua, madera, regulación del clima, control de la erosión del suelo y recreación. La conservación de estos ecosistemas es esencial para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
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En 25 años, Argentina deforestó el equivalente a una provincia entera, según Greenpeace

Fecha de Publicación: 22/04/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Pese al consenso científico internacional sobre la crisis climática y la importancia de proteger la biodiversidad, las políticas de protección de ecosistemas claves como los bosques nativos resultan insuficientes ante el avance de una situación de degradación ambiental que alcanzó el estatus sostenido de emergencia.
El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2009 para sensibilizar y alertar sobre la importancia del cuidado del medioambiente. En ese marco es que Greenpeace, organización ecologista, alerta nuevamente sobre el preocupante avance de los desmontes ilegales en el norte de Argentina.
Según un reciente informe elaborado por Greenpeace en base al monitoreo de imágenes satelitales, durante 2023 en el norte del país se perdieron 126.149 hectáreas de bosques nativos, un 6,2% más que en 2022, siendo Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta las provincias más afectadas.
En Córdoba el problema más importante son los incendios y el avance de los negocios inmobiliario y ganadero sobre el bosque protegido.
“Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Debemos avanzar en forma urgente en la prohibición y penalización de la deforestación”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El agresivo desmonte que se registra en el país se traduce en un agravamiento de las consecuencias del cambio climático, que van desde más inundaciones y desertificación hasta extinción de especies, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y aparición de enfermedades.
El fenómeno no es nuevo: entre 1998 y 2022 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de la provincia de Formosa, de acuerdo a datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Sin embargo, Greenpeace advierte sobre el aumento de los desmontes durante el año pasado, sobre todo en forma ilegal. El ejemplo más evidente es el caso de Chaco, todos los desmontes realizados en 2023 fueron ilegales debido a que rige una suspensión establecida por la Justicia provincial desde 2020 por la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). En tanto, en Santiago del Estero el 80% de los desmontes fueron ilegales.
Si bien es alentador que desde 2014 se evidencie una disminución de la deforestación, cercana al 40% respecto del promedio de la década previa a la Ley de Bosques sancionada en 2007, aún más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido.
La principal causa de la pérdida de bosques nativos es el avance de la frontera agropecuaria, principalmente para ganadería intensiva y soja transgénica que tiene a Asia y Europa como mayor destino.
No es el único impacto de esas prácticas, si se considera que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la deforestación representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina y contribuyen, así, a una crisis climática de consecuencias ya evidentes.
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Denuncian que en Salta se desmontaron más de 8 mil hectáreas en 2023

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La extensión de enfermedades, como el dengue, a todo el país es vista como una de las consecuencias.
En 2023 se deforestaron más de 8 mil hectáreas en Salta, sin que hasta el momento se conozca el proyecto provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que está vencido desde 2014.
Aunque el proyecto ya fue elevado por el equipo técnics a cargo, se desconoce si se elevó a no a la Legislatura Pprovincial, en donde debe ser aprobado por ley. En el medio, desde el año pasado y de forma ininterrumpida, se siguen realizando audiencias por pedidos de permisos de desmontes en distintos lugares de la provincia.
En este contexto, las denuncias por la continuidad de la actividad deforestadora vinieron de la mano de Greenpeace, que advirtió que en 24 años, en toda la Argentina se desmontó una superficie similar a la de la provincia de Formosa.
Mientras, durante todo 2023 el desmonte “en el norte de Argentina alcanzó las 126.149 hectáreas (Chaco, 57.343 hectáreas; Santiago del Estero, 42.871 hectáreas, Formosa, 17.409 hectáreas y Salta, 8.526 hectáreas)”. La organización ambientalista explicó que la detección de esta actividad se hizo por comparación de las imágenes satelitales para el monitoreo de desmontes que tiene a su cargo.
“El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, y que empeorarán si no actuamos rápido. En ese sentido, más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advirtió el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las enfermedades, se advierte que una de las que se extendió en el país (y que en el norte es endémica desde hace décadas) es el dengue.
Giardini analizó que “es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios. Es hora de penalizar la destrucción de los bosques”, agregó.
Los datos revelan que la pérdida de bosques en el norte del país en 2023 fue superior a la del año anterior (cuando se desmontaron 118.805 hectáreas). En la provincia del Chaco, la totalidad de los desmontes durante el año pasado fue ilegal, dado que rige una suspensión establecida por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, por la falta de actualización de su OTBN. Mientras que en Santiago del Estero el 80 por ciento de los desmontes fueron ilegales, ya que se realizaron en lugares donde no está permitido.
Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclamó una vez más la penalización de los desmontes y los incendios forestales, “para que haya prisión efectiva a quien destruya nuestros bosques nativos”. Y anunció que seguirá alerta ante posibles nuevos intentos de modificar la Ley de Bosques.
“Es muy preocupante que desde el gobierno nacional hayan intentado flexibilizar la Ley de Bosques y que, en la misma línea, los gobiernos de Salta y Chaco están promoviendo que las actualizaciones de sus leyes provinciales sean más permisivas a los desmontes. No podemos seguir perdiendo bosques”, afirmó Giardini.
Una vez más la ONG cuestionó los métodos del OTBN propuesto por el equipo técnico, afirmando que permitirá que zonas que deberían ser conservadas sean desmontadas.
Greenpeace recordó que con la participación de más de 260.000 argentinos de todo el país, el año pasado realizó una consulta popular durante tres meses para conocer si la ciudadanía está de acuerdo con penalizar desmontes ilegales e incendios forestales. El resultado fue contundente: el 99 por ciento votó por el sí.
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Mendoza invierte $126 millones en estrategias para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada

Fecha de Publicación: 12/02/2024
Fuente: Revistra Chacra
Provincia/Región: Mendoza


Estas estrategias cumplen con un doble objetivo: la conservación del bosque nativo y su biodiversidad en Mendoza con la creciente actividad ganadera. Lo integran sectores científicos, tecnológicos, académicos y ganaderos.
El Ministerio de Energía y Ambiente invierte en estrategias para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI), cuyo doble objetivo es preservar los bosques nativos y alentar el crecimiento de la ganadería en Mendoza. La ministra Jimena Latorre y el subsecretario de Ambiente, Sebastián Melchor, mantuvieron un encuentro con miembros del MBGI para la entrega de $126 millones para el plan.
"Hoy estamos realizando este importante aporte al Manejo de Bosque con Ganadería Integrada. Vale recordar que este comité está integrado por representantes de los sectores científico, tecnológico, académico y ganadero y tiene por finalidad ser el ámbito para la generación de consensos técnicos para el desarrollo y la aplicación de esta herramientas que permiten articular la conservación del bosque con el desarrollo de una actividad que en la provincia viene creciendo gracias a la aplicación de políticas activas por parte del Gobierno y la articulación con el sector privado", recalcó Latorre.
La ministra explicó que esta es una estrategia que tiene por objetivo articular la conservación del bosque nativo y su biodiversidad con la actividad ganadera: "En este sentido, propone la aplicación de herramientas de manejo ganadero de bajo impacto ambiental diseñadas para no impactar negativamente en el bosque nativo, así como también la aplicación de medidas directas de conservación".
El comité técnico del MBGI está conformado por la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección Provincial de Ganadería, el Clúster Ganadero, el Conicet, el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.
"La importancia de avanzar en la consolidación del MBGI en la provincia con visión estratégica y con un gran esfuerzo de articulación interinstitucional, teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestros bosques nativos se encuentran en la zona Este, que es también donde se desarrolla gran parte de la actividad ganadera", afirmó por su parte Melchor.
En este primer avance, el plan se comenzará a implementar en "sitios demostrativos", es decir, en lugares seleccionados en ocho puntos de la provincia para desarrollar la ganadería y lograr un equilibrio con las especies autóctonas.
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Advertencia de la ONU al Gobierno de Milei por la protección de los bosques y glaciares

Fecha de Publicación: 09/02/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La comunicación salió desde la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, con fecha del 5 de febrero, un día antes de que el Gobierno de Javier Milei decidiera retirar la Ley Ómnibus del recinto de la Cámara de Diputados para que vuelva a ser tratado en comisiones. Fue enviada a la Misión Permanente de la República Argentina para ser remitida con carácter urgente a la canciller Diana Mondino.
El contenido de la carta, firmada por cinco relatores sobre derechos humanos del organismo, es una advertencia sobre el capítulo ambiental de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más precisamente con respecto a la protección de los bosques y los glaciares.
"Algunas disposiciones del proyecto de Ley Ómnibus tienen un carácter regresivo, con respecto a la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, así como la protección de los bosques nativos. Asimismo, la propuesta Ley Ómnibus podría afectar el legítimo ejercicio de derechos y libertades esenciales para la democracia, la toma de decisiones en materia ambiental, y las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales", señala el texto.
La Ley de Glaciares (Ley 26.639) fue promulgada en 2010 con el propósito de preservar los glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales como fuentes de recursos hídricos. Las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley Ómnibus generaron un amplio rechazo por parte de científicos, especialistas y organizaciones ambientales.
"La afectación de los glaciares y el ambiente periglacial podría aumentar los riesgos e impactos adversos de eventos catastróficos asociados al cambio climático como los ciclos de sequía e inundaciones", señalan los relatores Marcos A Orellana, David R Boyd, Mary Lawlor, José Francisco Cali Tzay y Pedro Arrojo-Agudo.
También hacen una mención especial a la situación de los bosques, que se verían en riesgo con el texto tal como está redactado ahora: "El proyecto de Ley Ómnibus permitiría el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, mientras que aquellas categorizadas como verde; se eliminaría el requisito de la evaluación de impacto ambiental, y por ende se eliminaría la participación ciudadana, todo lo cual resultaría en una regresión en los niveles de protección del bosque nativo".
La carta es “un severo llamado de atención que realiza la comunidad internacional al Congreso de la Nación para que no se avance en las reformas a las normas ambientales, principalmente en materia de protección de bosques y de Glaciares, en tanto califican a estas reformas como regresivas en materia de protección de derechos ambientales”, así lo explicó a Clarín Andrés Nápoli, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
"Para los relatores las reformas propuestas a estas leyes contradicen los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en un conjunto de tratados internacionales", agregó.
Nápoli explicó que al quitar la protección del ambiente periglaciar "pueden poner en grave riesgo el derecho de acceder al agua de un conjunto importante de comunidades y personas en Argentina".
Además, menciona la preocupación expresada por un grupo de científicos, en su mayoría del IANIGLIA, quienes instan al Congreso a no modificar la Ley de Glaciares, ya que estas alteraciones podrían afectar las reservas hídricas estratégicas, especialmente en el contexto de cuencas hídricas cordilleranas ya exhaustas debido al cambio climático.
Para Nápoli, la comunicación de la ONU pone de manifiesto "la gravedad que podría suponer la aprobación de las reformas. Lejos de impulsar las inversiones contribuirán a potenciar los conflictos sociales y ambientales que subsisten en Argentina desde hace ya más de 20 años, al tiempo que promoverán un conjunto indefinido de reclamos tanto en la justicia local como en los foros internacionales”.
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En su Informe Anual sobre deforestación, Greenpeace denuncia que en 2023 aumentaron los desmontes en el norte argentino

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La organización ecologista midió la superficie desmontada en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. El resultado dio un total de 126.149 hectáreas, más que las 119.805 alcanzadas en 2022. Además, en el trabajo presentado demandan que se rechacen las modificaciones medio ambientales incorporadas en la Ley Ómnibus
Entre 1998 y 2022, los bosques nativos de la Argentina perdieron 7 millones de héctáreas. Es decir, fue deforestada una superficie similar a la que tiene la provincia de Formosa. La cifra la elaboró el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cerrado por decisión del gobierno de Javier Milei. Esto significa una lenta pero sostenida amenaza contra la biodiversidad, la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, la conservación del suelo y el hábitat de numerosas comunidades de pueblos originarios y campesinos. En especial, según las conclusiones del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino que publica Greenpeace, esto se verifica en esa región del país. El 75% de los desmontes -señalan- tienen lugar en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. En esa zona se encuentra la región llamada Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica, que aloja 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Ahora, Greenpeace denunció que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas. Según la organización ecologista, las principales causas de pérdida del bosque son el avance de la frontera agropecuaria para ganadería intensiva y soja transgénica, y los incendios forestales. “Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática”, señalan. En el trabajo se indica que durante el 2023, la deforestación en la provincia de Chaco fue de 57.343 hectáreas, en Santiago del Estero 42.871, en Formosa 17.409 y en Salta 8.526. Esto da un total exacto de 126.149 hectáreas, superior a las de 2022, cuando alcanzó las 118.805).
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, explica que “el reporte lo venimos realizando desde el año 2016 en base a la comparación de imágenes satelitales. Además incluimos documentación fotográfica y de video. Lo que detectamos es que tenemos una tendencia a la baja de la deforestación desde el año 2014, un 40% menos que antes de la sanción de la Ley de Bosques, que fue a fines del 2007. Pero en el 2023 hubo un poco más de desmontes”.
Por eso, además, la organización le reclama al Congreso de la Nación que no se modifique la mencionada Ley de Bosques, que flexibilizaría las restricciones a la deforestación y que solicitan, por el contrario, que se avance en su penalización. Cuando la Ley 26.331 fue sancionada, hizo posible que el 80% de los bosques nativos estén clasificados por leyes provinciales. a través del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) como zonas de distintos grados (clasificadas en verde, amarillo y rojo, de acuerdo a la sensibilidad de cada área) donde no se puede desmontar.
Ahora, la Ley Ómnibus que envió el gobierno al parlamento plantea modificar el artículo 26 por el siguiente enunciado: “Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente), previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades”.
Según Greenpeace, de modificarse la norma, 50 millones de hectáreas estarán en peligro, porque los desmontes podrán ser autorizados. No obstante, dicen en el Informe Anual, la Ley ya no se respetaba en su totalidad: “Algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”.
Asimismo, en el trabajo destacan “la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas deforestadas durante 2023 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. Y añaden que “resulta también grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero sean ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”.
Giardini indica que “el consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en que nos encontramos. Las modificaciones a la Ley de Bosques propuestas en la Ley Ómnibus provocarán un aumento descontrolado de los desmontes. Es un retroceso inadmisible considerando que Argentina firmó un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. La Ley de Bosques es una herramienta clave para proteger nuestros bosques, que debemos fortalecer penalizando su incumplimiento”.
Las consecuencias, revela el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, serán que “van a permitir que las provincias autoricen desmontes en las zonas que las propias provincias habían marcado como áreas donde no se puedem permitir, que son precisamente las que poseen el 80% de los bosques. Bueno, la Ley Ómnibus lo que incorpora es un artículo en el que puede haber excepciones a eso”.
Por último, Giardini señala que la modificación a la Ley de Bosques quitaría “la posibilidad de acceso a la información pública del tema de deforestación de comunidades campesinas e indígenas, que es una obligación y ya no lo sería”. Y plantea una cuestión vital para luchar contra el fuego: “Los fondos de la ley, está establecido, deben ser por lo menos el 0,3% del presupuesto más el 2% de las de la recaudación que hace el Estado de retenciones a las exportaciones agrícolas, forestales y ganaderas. Si bien en el año 2023 no se han completado como dice la normativa, ahora quedarían a criterio exclusivo del del Poder Ejecutivo los fondos se se entregan, y en la práctica eso significa un desfinanciamiento de la ley, que implicaría menos controles para las provincias, menos capacidad de control a los desmontes ilegales, menos fondos para combatir incendios y también para fomentar actividades sustentables en el bosque”.
En el año 2007, cuando se sancionó la Ley de Bosques, fue fundamental la participación de la sociedad civil, que reunió un millón y medio de firmas que se entregaron al Congreso. Ahora, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición a través de la web “salvalasleyesambientales.org” para salvar las leyes ambientales, como la de Bosques y la de Glaciares, de las modificaciones que se proponen en la Ley Ómnibus.
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Elsztain, Macri, Caputo y Barrick Gold, los beneficiados por el DNU y la Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 22/01/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Abogades Ambientalistas alerta que las modificaciones que propone el Gobierno en materia ambiental son una "invitación a la destrucción". La desprotección de bosques, glaciares y humedales favorece a un puñado de empresarios. "Los diputados deberán decidir si están del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza", afirman.
Estamos en un momento clave, histórico, preocupante. El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU 70/23 son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Atacan la república, violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental.
Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una Ley de Humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace quince años: la Ley de Bosque y la de Glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX.
Estamos viviendo olas de calor nunca vistas, tormentas —como la reciente en Bahía Blanca o en la ciudad de Buenos Aires—, incendios forestales y de pastizales. En el último tiempo, el 12 por ciento de la provincia de Corrientes, por citar un ejemplo, se prendió fuego. En Rosario, otro ejemplo, la gente usaba mascarillas por el humo y los hospitales estuvieron colapsados. Todo esto parece una serie distópica de Netflix.
Hemos normalizado estos hechos. Vivimos en una ceguera ecológica.
Los diputados y las diputadas de la Nación saben de lo que estamos hablando porque la gente de sus provincias lo padecieron y lo van a seguir padeciendo.
También atravesamos una sequía histórica, potenciada por los efectos del cambio climático global y la destrucción local de bosques nativos y humedales, que nos hizo perder más de 20.000 millones de dólares. Las quemas de esos territorios destruyeron las economías regionales. La sequía mostró la relación estrecha que existe entre los modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.
En la región más desigual del planeta, América Latina, no es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los del extractivismo. Ese mismo extractivismo que alienta el proyecto de Ley Ómnibus y que nos va a salir muy caro, incluso económicamente.
Este año la Unión Europea anunció que no autorizará importaciones de carnes y granos de lugares con desmonte. Y en Argentina se busca cambiar la Ley de Bosques. En este país perdimos ocho millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la provincia de Entre Ríos, desde que se aprobó la soja transgénica.
Todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental. Resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica. Menos bosques y menos glaciares equivale a más crisis climática.

Una reforma a pedido de los empresarios
Pero esta Ley Ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio de la Ley de Bosques tiene nombre y apellido: Eduardo Elsztain. El dueño del hotel donde estaba alojado hasta hace poco el presidente Javier Milei es también dueño de Cresud. Es el mayor terrateniente de Argentina: tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Eduardo Elsztain, el dueño de Cresud, en Salta? 120.000 hectáreas. Es el equivalente a seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la Ley de Bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale esta ley, las va a destrozar.
Otro beneficiado: Mauricio Macri, a través de su empresa Socma y la Finca Yuto. Esta firma ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar.
Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía. Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar.
Con la Ley de Glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de otra empresa: Barrick Gold. Las modificaciones en la Ley de Glaciares que plantea la Ley Ómnibus fueron escritas por los abogados de Barrick Gold.
Con la Ley de Quemas ocurre lo mismo. Se quiere aplicar el mismo modelo que aplicó Jair Bolsonaro en Brasil, y que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. Los beneficiarios de esta reforma son las empresas forestales, las del agronegocio y las del negocio inmobiliario.
En definitiva, el combo DNU, derogación de Ley de Tierras Rurales y proyecto de Ley Ómnibus es una invitación a la destrucción. De aprobarse, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, todos los glaciares destruidos, todos los humedales quemados. Estos ecosistemas serán sacrificados en el altar del agronegocio y de las grandes mineras transnacionales.
Hoy los diputados tienen una responsabilidad histórica. Los de Unión por la Patria, los de la Unión Cívica Radical, los del bloque de Miguel Ángel Pichetto (quien votó a favor de la Ley de Bosques, de Glaciares y la media sanción de la Ley de Humedales), los de la Coalición Cívica (“vienen por el agua”, decía Lilita: estos vienen agua, por lo glaciares, por los bosques). Más allá de los partidos, cada diputado de cada provincia tiene que volver a sus pagos y explicar, en Corrientes o en Santa Fe, por ejemplo, por qué votó en contra de la Ley de Quemas. Un diputado de San Juan, Mendoza o Santa Cruz le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos por qué votó contra la Ley de Glaciares.
Van a tener que decidir de qué lado están. Si del lado del fuego, de los desmontes, de la destrucción de los glaciares o de la vida. Si del lado del lobby o de los intereses de la sociedad y la naturaleza. Tendrán que explicarles a sus hijos y nietos qué hicieron en 2024, cuando estaban en juego los bosques, los glaciares, los humedales.

Por Enrique Viale
Exposición realizada en representación de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, el 15 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate en comisiones por la aprobación del proyecto de Ley Ómnibus.
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