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Mendoza obliga a registrar el uso de agroquímicos
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A partir de diciembre es obligatorio registrar la compra - venta y uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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15 escuelas contaminadas con agroquímicos en Tandil
Tandil: Según un estudio, 15 escuelas fueron contaminadas con agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: El Faro
Provincia/Región: Buenos Aires
Según un trabajo realizado por el área de Extensión de la Universidad Nacional del Centro en escuelas rurales del partido de Tandil, sobre la aplicación de agroquímicos biosidas, la totalidad de los establecimientos relevados, mostraron distintos niveles de contaminación.
En diálogo con ABCHoy la docente Patricia Ackerley y la investigadora Graciela Canziani dieron precisiones sobre el tema.
El dato que surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito, fue realmente alarmante: todas estaban contaminadas con agroquímicos biosidas. “Algunas un poco más y otras un poco menos”, señaló Canziani, quien resaltó que las escuelas de Santa Teresa y La Porteña “son las que más concentración” de producto arrojaron.
“El año pasado el grupo de estudiantes que se acercó a la escuela de Santa Teresa se encontró con que acababa de pasar el mosquito a las 8 de la mañana y los chicos estaban encerrados y las estudiantes que participaron en esta actividad nos decían que era la primera vez que les tocaba respirar el producto”.
“El problema es que después de la aplicación y hasta 48 horas existe la deriva gaseosa que se mantiene en el aire, incluso después de ese lapso sigue habiendo una deriva secundaria y terciaria que puede durar hasta semanas y meses dependiendo del producto” manifestó.
“La gente no entiende que el producto es también tóxico en el largo plazo por aplicaciones repetidas, no se trata sólo del momento de la aplicación. Eso sería una toxicidad aguda que irrita piel, ojos y el aparato respiratorio” explicó la investigadora.
“Pero aparte de eso, en pequeñas dosis estos agroquímicos son en su mayor parte o cancerígenos o disruptores endocrinos o tienen efectos neurotóxicos” agregó.
Otros de los resultados del relevamiento en los establecimiento, fue que los alumnos “algunos saben que los productos son peligrosos porque los papás les explican, pero otros no lo saben porque aplican juntos con sus padres” consideró. “Incluso un chico comentaba que ‘me chorrea todo el producto por la espalda cuando papá me coloca la mochila’” relató. “Otros chiquitos de primaria que trabajan de banderilleros” agregó.
Consideró que “en general hay un desconocimiento de las precauciones que tiene que tener sobre usar una ropa adecuada, que la ropa del aplicador no se lava junto con la de la familia o vuelven a reutilizar los envases usados, algo que es peligrosísimo”.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: El Faro
Provincia/Región: Buenos Aires
Según un trabajo realizado por el área de Extensión de la Universidad Nacional del Centro en escuelas rurales del partido de Tandil, sobre la aplicación de agroquímicos biosidas, la totalidad de los establecimientos relevados, mostraron distintos niveles de contaminación.
En diálogo con ABCHoy la docente Patricia Ackerley y la investigadora Graciela Canziani dieron precisiones sobre el tema.
El dato que surgió del relevamiento en 15 escuelas rurales del distrito, fue realmente alarmante: todas estaban contaminadas con agroquímicos biosidas. “Algunas un poco más y otras un poco menos”, señaló Canziani, quien resaltó que las escuelas de Santa Teresa y La Porteña “son las que más concentración” de producto arrojaron.
“El año pasado el grupo de estudiantes que se acercó a la escuela de Santa Teresa se encontró con que acababa de pasar el mosquito a las 8 de la mañana y los chicos estaban encerrados y las estudiantes que participaron en esta actividad nos decían que era la primera vez que les tocaba respirar el producto”.
“El problema es que después de la aplicación y hasta 48 horas existe la deriva gaseosa que se mantiene en el aire, incluso después de ese lapso sigue habiendo una deriva secundaria y terciaria que puede durar hasta semanas y meses dependiendo del producto” manifestó.
“La gente no entiende que el producto es también tóxico en el largo plazo por aplicaciones repetidas, no se trata sólo del momento de la aplicación. Eso sería una toxicidad aguda que irrita piel, ojos y el aparato respiratorio” explicó la investigadora.
“Pero aparte de eso, en pequeñas dosis estos agroquímicos son en su mayor parte o cancerígenos o disruptores endocrinos o tienen efectos neurotóxicos” agregó.
Otros de los resultados del relevamiento en los establecimiento, fue que los alumnos “algunos saben que los productos son peligrosos porque los papás les explican, pero otros no lo saben porque aplican juntos con sus padres” consideró. “Incluso un chico comentaba que ‘me chorrea todo el producto por la espalda cuando papá me coloca la mochila’” relató. “Otros chiquitos de primaria que trabajan de banderilleros” agregó.
Consideró que “en general hay un desconocimiento de las precauciones que tiene que tener sobre usar una ropa adecuada, que la ropa del aplicador no se lava junto con la de la familia o vuelven a reutilizar los envases usados, algo que es peligrosísimo”.
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Media sanción en Santa Fe a cambio de ley de agroquímicos
Diputados aprobó otro cambio en la ley de agroquímicos de Santa Fe
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Detenidos por fumigar ilegalmente, detenidos
Detienen al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y a un aplicador por fumigar a 90 metros de dos escuelas
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Santa Fe: un estudio revela el problema de los agroquímicos
"Si hay sospecha no se deben usar"
Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe
La directora del Programa Provincial de Cáncer aconsejó ayer aplicar el principio precautorio frente al uso actual de los agroquímicos. "Si hay productos que son oncógenos sospechados no se deben usar o se debe aconsejar su menor uso posible" advirtió Gabriela Quintanilla. La médica presentará un estudio provincial en los próximos días y se pronunció en torno de los cuidados sobre la salud de los santafesinos. "Los agroquímicos permean al agua, y por tanto a los alimentos. Las consecuencias no solo son para las poblaciones rurales" afirmó.
-¿Que conclusión tiene frente al uso de agroquímicos y las denuncias por su responsabilidad frente al cáncer. Que relación hay entre agroquímicos y cáncer?
-Hemos hecho un dossier sobre agroquímicos donde se plantea la maniobra de precaución, como ocurre en el mundo, ya que si un producto es un oncógeno sospechado, lo lógico desde lo precautorio, es recomendar su menor uso posible o su no uso. Pero también este punto tiene que ser analizado en las áreas de producción y trabajo donde hay muchos núcleos de reproducción social que giran en torno de los agroquímicos, hay mucho en lo cultural en lo social y económico que cambiar.
-¿Que estudios puede referenciar?
-Hay varias líneas de investigación en universidades locales, además seguimos a través de nuestro consejo de investigación otro trabajos como dosaje de agroquimicos en leche materna y orina, dosaje de glifosato en personas que viven en zonas urbanas comparados con habitantes rurales, proque hay que entender que este tema ( la contaminación por agroquímicos)no es solo un fenómeno rural porque se contaminan las napas de agua. Es decir también puede afectar a los alimentos que consumimos en las ciudades.
Y por último estamos realizando una investigación epidemiológica, con la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Lazarte, tratando de vincular el mapa de agroquímicos con el mapa de cáncer.
-Los enfermos de cáncer son más numerosos en poblaciones rurales o urbanas?
-Depende de los tipos de cáncer, porque esta enfermedad no tiene un diagnóstico único: hay diferentes tipos de cáncer, son cientos de enfermedades diversas. Por ejemplo el cáncer de cérvix (cuello de útero) tiene más incidencia en el departamento 9 de julio pero en el departamento Caseros es el cáncer de cólon. Cada tumor está vinculado con determinantes sociales y el modo de vivir, en cada uno de los territorios, con lo cual no se podría decir si el cáncer es más urbano que rural, cada enfermedad tiene conducta diferente.
-¿Hay estudios que prueban si el uso de agroquímicos enferma a los habitantes rurales por su medio ambiente?
-Globalmente para la provincia hay un estudio del Ministerio de Salud, que analiza la mortalidad y que está en la página web y analiza los últimos 15 años, donde por ejemplo baja el cáncer de mama y el cáncer de pulmón en hombres, asi como denota un aumento del cáncer de pulmón en mujeres por el habito de fumar. Pero este vinculación entre el riesgo de exposición rural y urbano se esta realizando ahora. De todos modos hay que decir que los trabajos que vinculan cánceres con una causa determinada son difíciles de hacer. Para que se desarrolle un cáncer por una sustancia oncogénica, se necesita una exposición de decenios, por eso es tan compleja la relación de cáncer, por ejemplo, con el uso de celulares porque esta tecnología tiene un tiempo de uso corto aún.
-Entonces ¿qué deberíamos hacer frente a un oncógeno sospechado, por su efecto sobre la salud y el medio ambiente?
-Aplicar el principio precautorio y extenderlo sobre nuestra vida cotidiana: esto es no deberíamos tampoco tener obesidad, fumar y medir la contaminación ambiental, tampoco caer en una vida sedentaria. Hay que cuidarse y tener todo esto incorporado como criterio de prevencion primaria. Pero además debemos decir que los agroquimicos permean el agua y los alimentos asi que este es un problema universal, no mas rural que urbano.
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Fecha de Publicación: 21/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Santa Fe
La directora del Programa Provincial de Cáncer aconsejó ayer aplicar el principio precautorio frente al uso actual de los agroquímicos. "Si hay productos que son oncógenos sospechados no se deben usar o se debe aconsejar su menor uso posible" advirtió Gabriela Quintanilla. La médica presentará un estudio provincial en los próximos días y se pronunció en torno de los cuidados sobre la salud de los santafesinos. "Los agroquímicos permean al agua, y por tanto a los alimentos. Las consecuencias no solo son para las poblaciones rurales" afirmó.
-¿Que conclusión tiene frente al uso de agroquímicos y las denuncias por su responsabilidad frente al cáncer. Que relación hay entre agroquímicos y cáncer?
-Hemos hecho un dossier sobre agroquímicos donde se plantea la maniobra de precaución, como ocurre en el mundo, ya que si un producto es un oncógeno sospechado, lo lógico desde lo precautorio, es recomendar su menor uso posible o su no uso. Pero también este punto tiene que ser analizado en las áreas de producción y trabajo donde hay muchos núcleos de reproducción social que giran en torno de los agroquímicos, hay mucho en lo cultural en lo social y económico que cambiar.
-¿Que estudios puede referenciar?
-Hay varias líneas de investigación en universidades locales, además seguimos a través de nuestro consejo de investigación otro trabajos como dosaje de agroquimicos en leche materna y orina, dosaje de glifosato en personas que viven en zonas urbanas comparados con habitantes rurales, proque hay que entender que este tema ( la contaminación por agroquímicos)no es solo un fenómeno rural porque se contaminan las napas de agua. Es decir también puede afectar a los alimentos que consumimos en las ciudades.
Y por último estamos realizando una investigación epidemiológica, con la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Lazarte, tratando de vincular el mapa de agroquímicos con el mapa de cáncer.
-Los enfermos de cáncer son más numerosos en poblaciones rurales o urbanas?
-Depende de los tipos de cáncer, porque esta enfermedad no tiene un diagnóstico único: hay diferentes tipos de cáncer, son cientos de enfermedades diversas. Por ejemplo el cáncer de cérvix (cuello de útero) tiene más incidencia en el departamento 9 de julio pero en el departamento Caseros es el cáncer de cólon. Cada tumor está vinculado con determinantes sociales y el modo de vivir, en cada uno de los territorios, con lo cual no se podría decir si el cáncer es más urbano que rural, cada enfermedad tiene conducta diferente.
-¿Hay estudios que prueban si el uso de agroquímicos enferma a los habitantes rurales por su medio ambiente?
-Globalmente para la provincia hay un estudio del Ministerio de Salud, que analiza la mortalidad y que está en la página web y analiza los últimos 15 años, donde por ejemplo baja el cáncer de mama y el cáncer de pulmón en hombres, asi como denota un aumento del cáncer de pulmón en mujeres por el habito de fumar. Pero este vinculación entre el riesgo de exposición rural y urbano se esta realizando ahora. De todos modos hay que decir que los trabajos que vinculan cánceres con una causa determinada son difíciles de hacer. Para que se desarrolle un cáncer por una sustancia oncogénica, se necesita una exposición de decenios, por eso es tan compleja la relación de cáncer, por ejemplo, con el uso de celulares porque esta tecnología tiene un tiempo de uso corto aún.
-Entonces ¿qué deberíamos hacer frente a un oncógeno sospechado, por su efecto sobre la salud y el medio ambiente?
-Aplicar el principio precautorio y extenderlo sobre nuestra vida cotidiana: esto es no deberíamos tampoco tener obesidad, fumar y medir la contaminación ambiental, tampoco caer en una vida sedentaria. Hay que cuidarse y tener todo esto incorporado como criterio de prevencion primaria. Pero además debemos decir que los agroquimicos permean el agua y los alimentos asi que este es un problema universal, no mas rural que urbano.
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Intentarán prohibir fumigaciones aéreas en Mendoza
Quieren prohibir la fumigación aérea con agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Desconocen fumigaciones ilegales en Buenos Aires
Vecinos de La Porteña manifestaron su enojo con la respuesta del Municipio por las fumigaciones
Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Volvieron a remarcar que el mosquito aplicó agroquímicos a tan sólo un metro de la Escuela 33 y que tienen pruebas de que así fue. Lamentaron que las autoridades no tomen con seriedad la denuncia que realizaron. “Tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, enfatizaron.
Luego de que los vecinos de La Porteña denunciaran la aplicación de glifosato a tan sólo un metro de la Escuela 33, desde el Municipio y Provincia fueron a inspeccionar el campo y aseguraron que corroboraron que se estaba cumpliendo la distancia de más de 150 metros respecto al establecimiento escolar sin aplicar agroquímicos, tal como lo establece la ordenanza. Sin embargo, los denunciantes expresaron su enojo e indignación por la respuesta oficial y reiteraron su reclamo.
Mediante un comunicado, expusieron que “debido a la respuesta del Municipio y de Fiscalización Vegetal en relación a nuestra denuncia, nosotros los vecinos denunciantes queremos que se sepa cómo fueron los hechos y en qué se sustenta nuestra denuncia”.
“Luego de varias reuniones donde debatimos acerca de las fumigaciones en el barrio, decidimos realizar una denuncia por el lote que linda a la Escuela 33, ya que no está respetando la distancia reglamentada para la aplicación de agroquímicos”, señalaron.
Y explicaron que el 4 de octubre presentaron una denuncia al Municipio por mesa de entradas firmada por más de 30 vecinos, solicitando que se multara al productor y que se les dé copia de la receta agronómica para saber qué tipo de agroquímico se había aplicado.
Cabe destacar que desde el Municipio en diálogo con El Eco de Tandil, negaron haber recibido esa denuncia, y manifestaron que la única que recibieron fue la del 27 de octubre, que se realizó posteriormente.
Sin embargo, los habitantes de la zona que llevaron adelante este reclamo expusieron en el comunicado que 25 días después de esa primera denuncia del 4 de octubre, el director de Medio Ambiente Héctor Creparula se comunicó telefónicamente con ellos para informarles que se multaría al responsable del campo, que era la primera vez que realizaba una multa de este tipo en Tandil, y que el monto de la multa sería dictaminada por un juez.
“Salimos a los medios de comunicación cuando nos enteramos que el productor realizó una descarga aduciendo que no se había aplicado glifosato en la distancia que establece la ordenanza. Pero en la foto que tenemos como prueba, se ve claramente el pasto de la escuela y el del lote en cuestión, quemado”, manifestaron.
Y añadieron que el 27 de octubre, un vecino pasó por la escuela y se encontró con un mosquito a punto de fumigar el lote lindero.
“Le preguntó qué es lo que estaba por aplicar, ‘el glifo’, le dijo. Inmediatamente le exigió que cumpliera con la distancia establecida. El aplicador dijo desconocer tal distancia por lo que el vecino le pidió que se comunicara con su patrón, quien inmediatamente aceptó el pedido, y se excusó en un malentendido. El vecino le pidió al aplicador que le diera el número de teléfono del responsable del lote, con quien acababa de hablar. Se lo dio, pero nunca pudimos comunicarnos con él. El número estaba equivocado. Ese día este vecino sacó una foto a la receta agronómica que tenía el aplicador, era glifosato”, expusieron.
Y explicaron que “si luego de la inspección que realizaron el lunes 11 de noviembre, consideran que no se incumplió con la ordenanza, ya que no hay signos de aplicación de agroquímicos, es porque un vecino detuvo esa aplicación. ¿Pero qué hay de las anteriores? Porque nuestra denuncia data del 4 de octubre por fumigaciones anteriores”.
“Somos un grupo vecinos, padres y madres de niños y niñas preocupados por la salud de todos. Cada minuto que le dedicamos a estas cuestiones es tiempo que le restamos a nuestros trabajos, y familias. Pero entendemos que esto es importante, tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, manifestaron.
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Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Volvieron a remarcar que el mosquito aplicó agroquímicos a tan sólo un metro de la Escuela 33 y que tienen pruebas de que así fue. Lamentaron que las autoridades no tomen con seriedad la denuncia que realizaron. “Tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, enfatizaron.
Luego de que los vecinos de La Porteña denunciaran la aplicación de glifosato a tan sólo un metro de la Escuela 33, desde el Municipio y Provincia fueron a inspeccionar el campo y aseguraron que corroboraron que se estaba cumpliendo la distancia de más de 150 metros respecto al establecimiento escolar sin aplicar agroquímicos, tal como lo establece la ordenanza. Sin embargo, los denunciantes expresaron su enojo e indignación por la respuesta oficial y reiteraron su reclamo.
Mediante un comunicado, expusieron que “debido a la respuesta del Municipio y de Fiscalización Vegetal en relación a nuestra denuncia, nosotros los vecinos denunciantes queremos que se sepa cómo fueron los hechos y en qué se sustenta nuestra denuncia”.
“Luego de varias reuniones donde debatimos acerca de las fumigaciones en el barrio, decidimos realizar una denuncia por el lote que linda a la Escuela 33, ya que no está respetando la distancia reglamentada para la aplicación de agroquímicos”, señalaron.
Y explicaron que el 4 de octubre presentaron una denuncia al Municipio por mesa de entradas firmada por más de 30 vecinos, solicitando que se multara al productor y que se les dé copia de la receta agronómica para saber qué tipo de agroquímico se había aplicado.
Cabe destacar que desde el Municipio en diálogo con El Eco de Tandil, negaron haber recibido esa denuncia, y manifestaron que la única que recibieron fue la del 27 de octubre, que se realizó posteriormente.
Sin embargo, los habitantes de la zona que llevaron adelante este reclamo expusieron en el comunicado que 25 días después de esa primera denuncia del 4 de octubre, el director de Medio Ambiente Héctor Creparula se comunicó telefónicamente con ellos para informarles que se multaría al responsable del campo, que era la primera vez que realizaba una multa de este tipo en Tandil, y que el monto de la multa sería dictaminada por un juez.
“Salimos a los medios de comunicación cuando nos enteramos que el productor realizó una descarga aduciendo que no se había aplicado glifosato en la distancia que establece la ordenanza. Pero en la foto que tenemos como prueba, se ve claramente el pasto de la escuela y el del lote en cuestión, quemado”, manifestaron.
Y añadieron que el 27 de octubre, un vecino pasó por la escuela y se encontró con un mosquito a punto de fumigar el lote lindero.
“Le preguntó qué es lo que estaba por aplicar, ‘el glifo’, le dijo. Inmediatamente le exigió que cumpliera con la distancia establecida. El aplicador dijo desconocer tal distancia por lo que el vecino le pidió que se comunicara con su patrón, quien inmediatamente aceptó el pedido, y se excusó en un malentendido. El vecino le pidió al aplicador que le diera el número de teléfono del responsable del lote, con quien acababa de hablar. Se lo dio, pero nunca pudimos comunicarnos con él. El número estaba equivocado. Ese día este vecino sacó una foto a la receta agronómica que tenía el aplicador, era glifosato”, expusieron.
Y explicaron que “si luego de la inspección que realizaron el lunes 11 de noviembre, consideran que no se incumplió con la ordenanza, ya que no hay signos de aplicación de agroquímicos, es porque un vecino detuvo esa aplicación. ¿Pero qué hay de las anteriores? Porque nuestra denuncia data del 4 de octubre por fumigaciones anteriores”.
“Somos un grupo vecinos, padres y madres de niños y niñas preocupados por la salud de todos. Cada minuto que le dedicamos a estas cuestiones es tiempo que le restamos a nuestros trabajos, y familias. Pero entendemos que esto es importante, tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, manifestaron.
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Siguen fumigando escuelas en Buenos Aires
Preocupación de vecinos de La Porteña por la fumigación con glifosato a sólo un metro de la Escuela Primaria 33
Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
“La población de la escuela está en peligro”, advirtieron. Ya expusieron que “no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”. Consideran fundamental que se modifique la ordenanza municipal.
Vecinos del paraje La Porteña le manifestaron a El Eco de Tandil su preocupación por la fumigación con glifosato que se viene realizando hace tiempo en un campo situado a tan sólo un metro de la Escuela 33, situada en el kilómetros 122 de la Ruta 30. Asimismo, aseguraron que ellos como frentistas que residen en la zona temen por los efectos en la salud a largo plazo que puedan provocar los agroquímicos que se están utilizando en diversos espacios rurales de la zona. Buscan que se modifique la ordenanza municipal.
Silvia Gómez, una de las vecinas, explicó que si bien hay varios campos en la zona que están siendo fumigados y que sienten el olor a veneno, tienen especial preocupación por el que está situado lindante a la Escuela 33, ya que no hay ni un metro de distancia con el establecimiento educativo.
“Están los niños expuestos a los venenos. Si bien se fumiga en general los fines de semana, el veneno queda, así que estamos pidiendo que aunque sea se respeten los 150 metros de distancia respecto a las escuelas, que establece la ordenanza actual”, argumentó.
Por su lado, Lucía Mestre contó que con los vecinos se vienen reuniendo hace ya algunos meses preocupados por esta problemática, luego de que comenzaron a sentir olor a veneno y a padecer diversas enfermedades respiratorias, a las que no le encontraban sentido hasta que se empezaron a informar respecto al glifosato y su implicancia en la salud.
La ordenanza
Frente a ese panorama, presentaron una carta al Municipio firmada por más de 30 familias hace aproximadamente un mes, en la cual solicitaban que se cumpliera con la distancia establecida en la ordenanza vigente de 150 metros respecto a escuelas y 300 respecto a zona urbana.
De cualquier modo, en el caso de la Escuela 33, esa distancia no se está cumpliendo.
“Hicimos una nota, la firmamos los vecinos, la llevamos al Municipio, luego de unos días el director de Medioambiente se comunicó con nosotros para informarnos que había sido sancionado el dueño del lote lindero a la escuela, y que esa sanción la iba a dictaminar un juez. Hasta ahí fue, entre comillas, nuestra primera victoria, pero inmediatamente nos enteramos de que el arrendatario de este campo hizo un descargo en donde desconocía haber realizado un tratamiento con agroquímicos con glifosato”, expuso.
Y agregó que “nosotros tenemos fotos, y una situación muy testimonial de un vecino que el domingo de las elecciones pasó por acá, y vio el mosquito fumigando. El que lo manejaba le dijo que estaba por echar el glifo. Luego, se comunicaron con el dueño que dijo que iba a dejar la distancia correspondiente, pero a los dos días de la sanción desconoció el haber aplicado veneno”.
“Estamos en peligro”
“Cualquier persona que entiende sabe que el pasto está quemado, que está sembrado y esto es una receta, no hay mucha creatividad personal, se sabe que es abc cuando se echa fertilizante, así que estamos muy preocupados porque la población de la escuela está en peligro. Los vecinos también estamos en peligro, es un tema que nos convoca hace ya unos meses y empezamos a escuchar que en Gardey está sucediendo lo mismo, en De la Canal también y nos estamos empezando a organizar”, aseguró.
Remarcó que la problemática los desanima porque “del otro lado hay un ser muy poderoso, y nosotros somos familias normales que estamos preocupados por nuestra salud y la de nuestros hijos, la de los trabajadores de la educación que vienen a esta institución”.
Silvia Gómez recordó que hubo una presentación formal en el Concejo Deliberante a través de la Banca XXI, el 15 de agosto, a través de la doctora Graciela Canziani y un grupo de estudio, donde se pidió básicamente cambiar la regulación vigente, porque “150 metros es muy poco, en los fallos que están saliendo en distintos pueblos o ciudades por lo menos la distancia es de 1500 a 2 mil metros de escuelas”.
“Es pobre la ordenanza que tenemos, dentro de los 300 metros se permite igual usar banda azul dentro de los cual está el glifosato porque lo categorizan como levemente nocivo pero en realidad hay estudios que demuestran que es muy nocivo. Se hace esa ley a favor de la producción agroquímica”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que “están saliendo ordenanzas a 1500, 2 mil metros, incluso algunas ciudades han logrado hasta 5 mil metros. Nosotros estamos apoyando la presentación del anteproyecto que hizo Graciela Canziani, y vamos a seguir con acciones para ayudarnos mutuamente. Justamente el 20 de noviembre tenemos una reunión con vecinos de otros sectores de Tandil con la misma problemática como para aunar fuerzas, y apoyar esta ordenanza que ya se presentó”.
En cuanto a la sanción al campo lindero a la escuela, afirmó que “eso pasa a Fiscalización Vegetal que tiene que comprobar si se está fumigando o no y eso va a caer en un juez que decidirá multar o no. Hay otros campos de la zona que también fumigan; muchos dejaron de fumigarse por quejas de vecinos, pero quedan otros que es muy fuerte el veneno que se siente. Sin embargo, están de alguna manera cumpliendo con esa ordenanza pero tampoco nos sirve, por eso queremos que se modifique”.
Una situación muy grave
Lucia Mestre indicó que “estamos en un momento donde toda la provincia está tratando estas cuestiones, justamente porque las poblaciones se están expandiendo y estamos llegando a los límites con estos campos. Los riesgos son muchísimos. Días atrás falleció la directora de una escuela rural en San Antonio de Areco a causa de los agroquímicos, que si bien no hay estudios que lo aseveren pero la aparición de cáncer y enfermedades respiratorias en pueblos fumigados son comunes”.
“Nosotros mismos no nos explicábamos el malestar, resfríos prolongados, dolores de cabeza constantes, hasta que empezamos a levantar la vista y ver un mosquito acá, otro allá, y empezamos a asociar”, manifestó.
Por su lado, Sebastián Jodra planteó que “algunas de las afecciones a la salud no son inmediatas, entonces es difícil dimensionarlas, pero los nenes vienen día a día a la escuela y no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”.
“Hay fallos en otras localidades dando cuenta de la vinculación directa del uso de agroquímicos y los daños a la salud”, sostuvo.
Silvia Gómez adelantó que van a “insistir por una ordenanza mejor. El grupo de Graciela Canziani hizo pruebas en 15 escuelas rurales y en todas encontraron agrotóxicos”.
Sebastián Jodra consideró que “Tandil está quedando muy atrás en comparación con otros distritos de la provincia. En este caso es aberrante la situación porque es directamente contra el alambrado, no hay posibilidad de que las aulas que están a 10 metros del alambre no tengan presencia de estos pesticidas dañinos para la salud. En relación al dueño del campo y los aplicadores, lo que están haciendo es desmedido porque no pueden argumentar no conocer”.
Por último, Lucía Mestre sostuvo que “nuestra ordenanza es limitada pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó a favor de una distancia de mil metros lindantes a establecimiento escolares y viviendas, hay una contradicción entre la ordenanza municipal y la provincia”.
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Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
“La población de la escuela está en peligro”, advirtieron. Ya expusieron que “no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”. Consideran fundamental que se modifique la ordenanza municipal.
Vecinos del paraje La Porteña le manifestaron a El Eco de Tandil su preocupación por la fumigación con glifosato que se viene realizando hace tiempo en un campo situado a tan sólo un metro de la Escuela 33, situada en el kilómetros 122 de la Ruta 30. Asimismo, aseguraron que ellos como frentistas que residen en la zona temen por los efectos en la salud a largo plazo que puedan provocar los agroquímicos que se están utilizando en diversos espacios rurales de la zona. Buscan que se modifique la ordenanza municipal.
Silvia Gómez, una de las vecinas, explicó que si bien hay varios campos en la zona que están siendo fumigados y que sienten el olor a veneno, tienen especial preocupación por el que está situado lindante a la Escuela 33, ya que no hay ni un metro de distancia con el establecimiento educativo.
“Están los niños expuestos a los venenos. Si bien se fumiga en general los fines de semana, el veneno queda, así que estamos pidiendo que aunque sea se respeten los 150 metros de distancia respecto a las escuelas, que establece la ordenanza actual”, argumentó.
Por su lado, Lucía Mestre contó que con los vecinos se vienen reuniendo hace ya algunos meses preocupados por esta problemática, luego de que comenzaron a sentir olor a veneno y a padecer diversas enfermedades respiratorias, a las que no le encontraban sentido hasta que se empezaron a informar respecto al glifosato y su implicancia en la salud.
La ordenanza
Frente a ese panorama, presentaron una carta al Municipio firmada por más de 30 familias hace aproximadamente un mes, en la cual solicitaban que se cumpliera con la distancia establecida en la ordenanza vigente de 150 metros respecto a escuelas y 300 respecto a zona urbana.
De cualquier modo, en el caso de la Escuela 33, esa distancia no se está cumpliendo.
“Hicimos una nota, la firmamos los vecinos, la llevamos al Municipio, luego de unos días el director de Medioambiente se comunicó con nosotros para informarnos que había sido sancionado el dueño del lote lindero a la escuela, y que esa sanción la iba a dictaminar un juez. Hasta ahí fue, entre comillas, nuestra primera victoria, pero inmediatamente nos enteramos de que el arrendatario de este campo hizo un descargo en donde desconocía haber realizado un tratamiento con agroquímicos con glifosato”, expuso.
Y agregó que “nosotros tenemos fotos, y una situación muy testimonial de un vecino que el domingo de las elecciones pasó por acá, y vio el mosquito fumigando. El que lo manejaba le dijo que estaba por echar el glifo. Luego, se comunicaron con el dueño que dijo que iba a dejar la distancia correspondiente, pero a los dos días de la sanción desconoció el haber aplicado veneno”.
“Estamos en peligro”
“Cualquier persona que entiende sabe que el pasto está quemado, que está sembrado y esto es una receta, no hay mucha creatividad personal, se sabe que es abc cuando se echa fertilizante, así que estamos muy preocupados porque la población de la escuela está en peligro. Los vecinos también estamos en peligro, es un tema que nos convoca hace ya unos meses y empezamos a escuchar que en Gardey está sucediendo lo mismo, en De la Canal también y nos estamos empezando a organizar”, aseguró.
Remarcó que la problemática los desanima porque “del otro lado hay un ser muy poderoso, y nosotros somos familias normales que estamos preocupados por nuestra salud y la de nuestros hijos, la de los trabajadores de la educación que vienen a esta institución”.
Silvia Gómez recordó que hubo una presentación formal en el Concejo Deliberante a través de la Banca XXI, el 15 de agosto, a través de la doctora Graciela Canziani y un grupo de estudio, donde se pidió básicamente cambiar la regulación vigente, porque “150 metros es muy poco, en los fallos que están saliendo en distintos pueblos o ciudades por lo menos la distancia es de 1500 a 2 mil metros de escuelas”.
“Es pobre la ordenanza que tenemos, dentro de los 300 metros se permite igual usar banda azul dentro de los cual está el glifosato porque lo categorizan como levemente nocivo pero en realidad hay estudios que demuestran que es muy nocivo. Se hace esa ley a favor de la producción agroquímica”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que “están saliendo ordenanzas a 1500, 2 mil metros, incluso algunas ciudades han logrado hasta 5 mil metros. Nosotros estamos apoyando la presentación del anteproyecto que hizo Graciela Canziani, y vamos a seguir con acciones para ayudarnos mutuamente. Justamente el 20 de noviembre tenemos una reunión con vecinos de otros sectores de Tandil con la misma problemática como para aunar fuerzas, y apoyar esta ordenanza que ya se presentó”.
En cuanto a la sanción al campo lindero a la escuela, afirmó que “eso pasa a Fiscalización Vegetal que tiene que comprobar si se está fumigando o no y eso va a caer en un juez que decidirá multar o no. Hay otros campos de la zona que también fumigan; muchos dejaron de fumigarse por quejas de vecinos, pero quedan otros que es muy fuerte el veneno que se siente. Sin embargo, están de alguna manera cumpliendo con esa ordenanza pero tampoco nos sirve, por eso queremos que se modifique”.
Una situación muy grave
Lucia Mestre indicó que “estamos en un momento donde toda la provincia está tratando estas cuestiones, justamente porque las poblaciones se están expandiendo y estamos llegando a los límites con estos campos. Los riesgos son muchísimos. Días atrás falleció la directora de una escuela rural en San Antonio de Areco a causa de los agroquímicos, que si bien no hay estudios que lo aseveren pero la aparición de cáncer y enfermedades respiratorias en pueblos fumigados son comunes”.
“Nosotros mismos no nos explicábamos el malestar, resfríos prolongados, dolores de cabeza constantes, hasta que empezamos a levantar la vista y ver un mosquito acá, otro allá, y empezamos a asociar”, manifestó.
Por su lado, Sebastián Jodra planteó que “algunas de las afecciones a la salud no son inmediatas, entonces es difícil dimensionarlas, pero los nenes vienen día a día a la escuela y no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”.
“Hay fallos en otras localidades dando cuenta de la vinculación directa del uso de agroquímicos y los daños a la salud”, sostuvo.
Silvia Gómez adelantó que van a “insistir por una ordenanza mejor. El grupo de Graciela Canziani hizo pruebas en 15 escuelas rurales y en todas encontraron agrotóxicos”.
Sebastián Jodra consideró que “Tandil está quedando muy atrás en comparación con otros distritos de la provincia. En este caso es aberrante la situación porque es directamente contra el alambrado, no hay posibilidad de que las aulas que están a 10 metros del alambre no tengan presencia de estos pesticidas dañinos para la salud. En relación al dueño del campo y los aplicadores, lo que están haciendo es desmedido porque no pueden argumentar no conocer”.
Por último, Lucía Mestre sostuvo que “nuestra ordenanza es limitada pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó a favor de una distancia de mil metros lindantes a establecimiento escolares y viviendas, hay una contradicción entre la ordenanza municipal y la provincia”.
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Usan agroquímicos no permitidos en Santa Fe
Denunciaron en Arequito el uso de agroquímicos no permitidos
Fecha de Publicación: 08/11/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Alertado por los vecinos, un integrante de la Comisión Comunal intervino ante una aspersión cercana a la planta urbana.
El viernes último un integrante de la Comisión Comunal de Arequito denunció una fumigación ilegal en cercanías de la planta urbana de esta población del departamento Caseros, de poco más de siete mil habitantes. Según la denuncia, los vecinos comenzaron a reclamar por el fuerte olor que sentían en el ambiente en horas del atardecer en la zona sudeste del pueblo y recurrieron a las autoridades comunales para que evalúen la situación. En ese contexto, Gabriel Bustamante, se ocupó de recorrer la zona y constató que el fuerte olor provenía de las tareas de aspersión que había realizado minutos antes un agricultor con productos prohibidos por la ordenanza específica vigente.
Según narró el denunciante las aspersiones se realizaron en la zona sudoeste de la parte urbana de la localidad, en momentos en que el viento predominaba del cuadrante sur, a una velocidad de cinco kilómetros por hora. "Inmediatamente me comuniqué con el veedor comunal, Franco Zuchetti, quien tiene la función de controlar las aplicaciones en la jurisdicción", contó Bustamante.
"Tras informarle la situación, inmediatamente concurrió al lugar. Mientras tanto recorrí la zona y observé que un pulverizador terrestre, de los llamados mosquito, se encontraba trabajando en la zona cercana al área urbana. Entonces también me comuniqué con la policía local", indicó Bustamante.
Una vez en el lugar, Bustamante, Zucchetti y personal policial se dirigieron al campo ubicado a unos 900 metros al sudoeste del casco urbano donde constataron que el aplicador, que fue identificado, ya no se encontraba en el lugar. Sin embargo certificaron que minutos antes de llegar asperjaron con 2,4 D, un herbicida sistémico hormonal muy común, usado en el control de malezas de hoja ancha. Es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo y, en nuestro país, sus formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos fueron prohibidas por el Senasa, por la alta volatilidad.
En Santa Fe, por la resolución Nº 135 del Ministerio de la Producción, desde marzo de 2015 se encuentra prohibido el uso y aplicación del herbicida en su formulación éster isobutílico y restringido su uso para aplicaciones aéreas y terrestres en su formulación sal dimetil amina, a un radio de 6.000 metros y 1.000 de asentamientos poblacionales respectivamente.
Sin embargo, este producto no está autorizado por la ordenanza comunal de Arequito y, al ser una aplicación no informada, tampoco pudo ser controlada como dispone la normativa vigente. Por esa razón, tanto el productor como el aplicador, podrían estar incurriendo en una infracción a la legislación comunal e incluso en delitos tipificados en las leyes de protección del ambiente y de residuos peligrosos.
Bustamante contó que situaciones similares "vienen sucediendo desde hace varias semanas" y eso lo llevó a denunciar el caso en la comisaría local. "Ahora espero que situaciones como éstas no vuelvan a repetirse", dijo y adelantó que el próximo lunes solicitará una reunión en la Comuna para estudiar modificar en algunos puntos la ordenanza vigente, "para que los aplicadores de fitosanitarios que no realizan las tareas con responsabilidad tomen conciencia de los problemas que causan en la salud de la población y se les apliquen las sanciones que correspondan".
Plantas de acopio
La Comuna de Berabevú, en el departamento Caseros, rubricó una ordenanza que prohíbe la permanencia o instalación de plantas de acopio dentro del área urbana. El presidente comunal, Leonardo Bagnasco, dijo al respecto que "es necesario contribuir y avanzar en el ordenamiento urbano del pueblo, aunque también priorizar el cuidado del medio ambiente y la salud de la población". Esta ordenanza, seguramente sentará un precedente en la región, ya que la mayoría de los pueblos posee la misma característica. Crecieron al margen del trazado del ferrocarril por lo que el área urbana se extendió a ambos lados de las vías, al igual que los acopios que se establecían allí para facilitar la carga de cereal a los vagones.
Actualmente esas plantas de acopio permanecieron operativas a lo largo de los años y su cercanía con las viviendas se constituyó en una problemática difícil de resolver. La decisión política para establecer parámetros claros que privilegien la salud de los vecinos y el cuidado del ambiente, fue clave en esta localidad que ahora aporta reglas para su permanencia y prevé el traslado de las unidades de acopio.
La nueva normativa establece que la Comuna será la encargada de monitorear el trabajo de aquellas instalaciones ya existentes y que las mismas deberán ajustar su forma y su entorno para no continuar generando o ampliando problemas que pueda traer aparejado su funcionamiento en el sitio actual. Además establece un plazo de cuatro años para la reubicación de esas instalaciones en terrenos previamente evaluados y aprobado, a la vez que fija las multas pertinentes en caso de incumplir los puntos regulados.
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Fecha de Publicación: 08/11/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Alertado por los vecinos, un integrante de la Comisión Comunal intervino ante una aspersión cercana a la planta urbana.
El viernes último un integrante de la Comisión Comunal de Arequito denunció una fumigación ilegal en cercanías de la planta urbana de esta población del departamento Caseros, de poco más de siete mil habitantes. Según la denuncia, los vecinos comenzaron a reclamar por el fuerte olor que sentían en el ambiente en horas del atardecer en la zona sudeste del pueblo y recurrieron a las autoridades comunales para que evalúen la situación. En ese contexto, Gabriel Bustamante, se ocupó de recorrer la zona y constató que el fuerte olor provenía de las tareas de aspersión que había realizado minutos antes un agricultor con productos prohibidos por la ordenanza específica vigente.
Según narró el denunciante las aspersiones se realizaron en la zona sudoeste de la parte urbana de la localidad, en momentos en que el viento predominaba del cuadrante sur, a una velocidad de cinco kilómetros por hora. "Inmediatamente me comuniqué con el veedor comunal, Franco Zuchetti, quien tiene la función de controlar las aplicaciones en la jurisdicción", contó Bustamante.
"Tras informarle la situación, inmediatamente concurrió al lugar. Mientras tanto recorrí la zona y observé que un pulverizador terrestre, de los llamados mosquito, se encontraba trabajando en la zona cercana al área urbana. Entonces también me comuniqué con la policía local", indicó Bustamante.
Una vez en el lugar, Bustamante, Zucchetti y personal policial se dirigieron al campo ubicado a unos 900 metros al sudoeste del casco urbano donde constataron que el aplicador, que fue identificado, ya no se encontraba en el lugar. Sin embargo certificaron que minutos antes de llegar asperjaron con 2,4 D, un herbicida sistémico hormonal muy común, usado en el control de malezas de hoja ancha. Es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo y, en nuestro país, sus formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos fueron prohibidas por el Senasa, por la alta volatilidad.
En Santa Fe, por la resolución Nº 135 del Ministerio de la Producción, desde marzo de 2015 se encuentra prohibido el uso y aplicación del herbicida en su formulación éster isobutílico y restringido su uso para aplicaciones aéreas y terrestres en su formulación sal dimetil amina, a un radio de 6.000 metros y 1.000 de asentamientos poblacionales respectivamente.
Sin embargo, este producto no está autorizado por la ordenanza comunal de Arequito y, al ser una aplicación no informada, tampoco pudo ser controlada como dispone la normativa vigente. Por esa razón, tanto el productor como el aplicador, podrían estar incurriendo en una infracción a la legislación comunal e incluso en delitos tipificados en las leyes de protección del ambiente y de residuos peligrosos.
Bustamante contó que situaciones similares "vienen sucediendo desde hace varias semanas" y eso lo llevó a denunciar el caso en la comisaría local. "Ahora espero que situaciones como éstas no vuelvan a repetirse", dijo y adelantó que el próximo lunes solicitará una reunión en la Comuna para estudiar modificar en algunos puntos la ordenanza vigente, "para que los aplicadores de fitosanitarios que no realizan las tareas con responsabilidad tomen conciencia de los problemas que causan en la salud de la población y se les apliquen las sanciones que correspondan".
Plantas de acopio
La Comuna de Berabevú, en el departamento Caseros, rubricó una ordenanza que prohíbe la permanencia o instalación de plantas de acopio dentro del área urbana. El presidente comunal, Leonardo Bagnasco, dijo al respecto que "es necesario contribuir y avanzar en el ordenamiento urbano del pueblo, aunque también priorizar el cuidado del medio ambiente y la salud de la población". Esta ordenanza, seguramente sentará un precedente en la región, ya que la mayoría de los pueblos posee la misma característica. Crecieron al margen del trazado del ferrocarril por lo que el área urbana se extendió a ambos lados de las vías, al igual que los acopios que se establecían allí para facilitar la carga de cereal a los vagones.
Actualmente esas plantas de acopio permanecieron operativas a lo largo de los años y su cercanía con las viviendas se constituyó en una problemática difícil de resolver. La decisión política para establecer parámetros claros que privilegien la salud de los vecinos y el cuidado del ambiente, fue clave en esta localidad que ahora aporta reglas para su permanencia y prevé el traslado de las unidades de acopio.
La nueva normativa establece que la Comuna será la encargada de monitorear el trabajo de aquellas instalaciones ya existentes y que las mismas deberán ajustar su forma y su entorno para no continuar generando o ampliando problemas que pueda traer aparejado su funcionamiento en el sitio actual. Además establece un plazo de cuatro años para la reubicación de esas instalaciones en terrenos previamente evaluados y aprobado, a la vez que fija las multas pertinentes en caso de incumplir los puntos regulados.
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Un modelo rural para alimentar a pocos
Glifosato: un modelo que se intensifica en la explotación de los recursos naturales
Fecha de Publicación: 02/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura arrojan que el sistema alimentario agroindustrial solamente alimenta a un 30% de la población del mundo y utiliza la mayoría de tierras, agua y combustibles disponibles. La agricultura industrial utiliza el 75-80% de la tierra arable y el 70% de agua de uso agrícola. Sin embargo, el 70% de la población mundial se alimenta por los pequeños productores que no disponen de la mayoría de la biotecnología.
Una de las ventajas de la siembra tradicional era que al utilizar distintas alternativas evitaba que las malezas desarrollaran resistencia a los productos. Al unificarse el uso exclusivo del glifosato se generaron biotipos, primero tolerantes que requirieron aumentar la cantidad de producto y luego resistentes. Convirtiéndose en un circuito de producción que se intensifica en el uso de los recursos naturales. Con una relación insumo-producto ineficiente, consume mucha energía en su ciclo y hace un uso desmedido de agroquímicos y fertilizantes.
Inicialmente la parcela a sembrar debe ser deforestada. La deforestación reduce las materias orgánicas del suelo, dando una erosión con pérdida de la capacidad de retención del agua. Lo que genera inundaciones de cuencas, como se ha visto a lo largo de estos años en el país. Posteriormente la aplicación del glifosato en los suelos produce la esterilización de la tierra debido a la desaparición de bacterias. Vuelve inerte a la tierra y necesitada de fertilizantes ya que impide el proceso de descomposición natural.
Los fertilizantes requieren un gran uso de energía para su fabricación. Su elaboración produce el 2% de emisiones de gases de efecto invernadero, sumadas a las emisiones que se generan cuando son aplicados al suelo, que es aún mayor. Cada 100 kilos de fertilizantes nitrogenados que se aplican al suelo, 1 kilo termina en la atmósfera como óxido nitroso, un gas 300 veces más potente que el dióxido de carbono como gas con efecto invernadero.
En los últimos años la oferta de fertilizantes nitrogenados producidos a partir de gas natural comenzó a crecer y el proceso por el que se extrae el gas natural dependerá cada vez en mayor medida del fracking o fractura hidráulica.
El fracking pierde 60% más de gas metano que los pozos convencionales de extracción, y resulta de mayor efecto invernadero que el dióxido de carbono.
Al aumentar cada vez más la dependencia de la agricultura a los fertilizantes químicos derivados de combustibles fósiles, junto con la reciente aparición de los biocombustibles líquidos para el transporte derivados de cultivos agrícolas se han reafirmado los vínculos entre los mercados de productos agrícolas y los de productos energéticos.
Aunque se intente instalar en el imaginario social que es necesaria la forma de producción agroindustrial dependiente de la tecnología semilla transgénica-plaguicida para abastecer al mundo, no hay una sola hectárea de transgénicos que dé de comer a una de las tres mil millones de personas con hambre.
Los alimentos se han convertido en monocultivos de soja y maíz, de los cuales la mitad de su producción se la usa para alimentar animales y el resto para biocombustibles.
El biodiesel y el bioetanol, son los dos combustibles fabricados a partir de los cultivos de maíz, soja y girasol. La palabra biocombustible genera confusión porque dota al término de connotaciones positivas que no tiene. El prefijo “bio” se utiliza para los casos en que la producción es ecológica. Lo correcto es denominarlos agro-combustibles, ya que su producción a gran escala genera un impacto ambiental y social nocivo.
La producción de los agrocombustibles entra en competencia con la de los alimentos, en cuanto a la demanda de tierras para cultivos, lo que provoca una suba en el precio que incide en la composición de la canasta básica.
La ganadería que siempre había sido practicada en rotación con la agricultura, fue desplazada hacia otros territorios con ecosistemas más frágiles. La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial en feedlots, con graves impactos ambientales y sanitarios.
El crecimiento de las tecnologías no ha sido acompañado del conocimiento de todas sus implicancias e impactos, pero las tecnologías igual llegaron al mercado por su supuesta mayor eficiencia. El desafío actual es el de conseguir un verdadero crecimiento proveniente de una economía sostenible con el medio ambiente y la salud.
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Fecha de Publicación: 02/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura arrojan que el sistema alimentario agroindustrial solamente alimenta a un 30% de la población del mundo y utiliza la mayoría de tierras, agua y combustibles disponibles. La agricultura industrial utiliza el 75-80% de la tierra arable y el 70% de agua de uso agrícola. Sin embargo, el 70% de la población mundial se alimenta por los pequeños productores que no disponen de la mayoría de la biotecnología.
Una de las ventajas de la siembra tradicional era que al utilizar distintas alternativas evitaba que las malezas desarrollaran resistencia a los productos. Al unificarse el uso exclusivo del glifosato se generaron biotipos, primero tolerantes que requirieron aumentar la cantidad de producto y luego resistentes. Convirtiéndose en un circuito de producción que se intensifica en el uso de los recursos naturales. Con una relación insumo-producto ineficiente, consume mucha energía en su ciclo y hace un uso desmedido de agroquímicos y fertilizantes.
Inicialmente la parcela a sembrar debe ser deforestada. La deforestación reduce las materias orgánicas del suelo, dando una erosión con pérdida de la capacidad de retención del agua. Lo que genera inundaciones de cuencas, como se ha visto a lo largo de estos años en el país. Posteriormente la aplicación del glifosato en los suelos produce la esterilización de la tierra debido a la desaparición de bacterias. Vuelve inerte a la tierra y necesitada de fertilizantes ya que impide el proceso de descomposición natural.
Los fertilizantes requieren un gran uso de energía para su fabricación. Su elaboración produce el 2% de emisiones de gases de efecto invernadero, sumadas a las emisiones que se generan cuando son aplicados al suelo, que es aún mayor. Cada 100 kilos de fertilizantes nitrogenados que se aplican al suelo, 1 kilo termina en la atmósfera como óxido nitroso, un gas 300 veces más potente que el dióxido de carbono como gas con efecto invernadero.
En los últimos años la oferta de fertilizantes nitrogenados producidos a partir de gas natural comenzó a crecer y el proceso por el que se extrae el gas natural dependerá cada vez en mayor medida del fracking o fractura hidráulica.
El fracking pierde 60% más de gas metano que los pozos convencionales de extracción, y resulta de mayor efecto invernadero que el dióxido de carbono.
Al aumentar cada vez más la dependencia de la agricultura a los fertilizantes químicos derivados de combustibles fósiles, junto con la reciente aparición de los biocombustibles líquidos para el transporte derivados de cultivos agrícolas se han reafirmado los vínculos entre los mercados de productos agrícolas y los de productos energéticos.
Aunque se intente instalar en el imaginario social que es necesaria la forma de producción agroindustrial dependiente de la tecnología semilla transgénica-plaguicida para abastecer al mundo, no hay una sola hectárea de transgénicos que dé de comer a una de las tres mil millones de personas con hambre.
Los alimentos se han convertido en monocultivos de soja y maíz, de los cuales la mitad de su producción se la usa para alimentar animales y el resto para biocombustibles.
El biodiesel y el bioetanol, son los dos combustibles fabricados a partir de los cultivos de maíz, soja y girasol. La palabra biocombustible genera confusión porque dota al término de connotaciones positivas que no tiene. El prefijo “bio” se utiliza para los casos en que la producción es ecológica. Lo correcto es denominarlos agro-combustibles, ya que su producción a gran escala genera un impacto ambiental y social nocivo.
La producción de los agrocombustibles entra en competencia con la de los alimentos, en cuanto a la demanda de tierras para cultivos, lo que provoca una suba en el precio que incide en la composición de la canasta básica.
La ganadería que siempre había sido practicada en rotación con la agricultura, fue desplazada hacia otros territorios con ecosistemas más frágiles. La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial en feedlots, con graves impactos ambientales y sanitarios.
El crecimiento de las tecnologías no ha sido acompañado del conocimiento de todas sus implicancias e impactos, pero las tecnologías igual llegaron al mercado por su supuesta mayor eficiencia. El desafío actual es el de conseguir un verdadero crecimiento proveniente de una economía sostenible con el medio ambiente y la salud.
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Agroquímicos: justicia procesa a productores de Pergamino
Procesan a tres productores de Pergamino por contaminar con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia los considera penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente, generando graves problemas de salud en poblaciones cercanas a sus campo por la utilización de productos tóxicos.
Sabrina Ortiz ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida agrícola que actúa por contacto) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija adolescente, según el último análisis, tiene niveles de glifosato cien veces mayor de lo aconsejable para su peso. El hijo menor, de apenas siete años, ostenta el récord familiar: el glifosato que recorre su organismo es 120 veces más de lo inofensivo para su edad.
Desde 2011, Ortiz -hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino-viene denunciando las fumigaciones (además le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a dejar su casa) que derivaron, primero, en el fallo de un juez federal que suspendió la aplicación de agroquímicos en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, desde este martes, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
En el marco de la causa por las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida de Pergamino, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, ponderó la información aportada por un comité científico -integrado, entre otros, por investigadores del Conicet, especialistas en derivas y agroecología y médicos- y procesó sin prisión preventiva a tres productores rurales por considerarlos a "prima facie" coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno por tres millones de pesos.
Villafuerte Ruzo había ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en aquellos barrios luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice la provisión de agua potable".
En abril de este año, y luego de que el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuviera que "el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios”, los peritos de la Corte Suprema ratificaron que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida “no era apta para consumo humano”, luego de constatar la presencia de 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos.
Además del proceso y embargo a los productores, la justicia confirmó para la próxima semana la indagatoria a dos funcionarios del municipio de Pergamino, quienes se desempeñaban en la Dirección de Ambiente Rural, área encargada de realizar el control de las fumigaciones.
El mes pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 mil, de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia los considera penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente, generando graves problemas de salud en poblaciones cercanas a sus campo por la utilización de productos tóxicos.
Sabrina Ortiz ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida agrícola que actúa por contacto) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija adolescente, según el último análisis, tiene niveles de glifosato cien veces mayor de lo aconsejable para su peso. El hijo menor, de apenas siete años, ostenta el récord familiar: el glifosato que recorre su organismo es 120 veces más de lo inofensivo para su edad.
Desde 2011, Ortiz -hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino-viene denunciando las fumigaciones (además le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a dejar su casa) que derivaron, primero, en el fallo de un juez federal que suspendió la aplicación de agroquímicos en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, desde este martes, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
En el marco de la causa por las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida de Pergamino, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, ponderó la información aportada por un comité científico -integrado, entre otros, por investigadores del Conicet, especialistas en derivas y agroecología y médicos- y procesó sin prisión preventiva a tres productores rurales por considerarlos a "prima facie" coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno por tres millones de pesos.
Villafuerte Ruzo había ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en aquellos barrios luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice la provisión de agua potable".
En abril de este año, y luego de que el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuviera que "el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios”, los peritos de la Corte Suprema ratificaron que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida “no era apta para consumo humano”, luego de constatar la presencia de 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos.
Además del proceso y embargo a los productores, la justicia confirmó para la próxima semana la indagatoria a dos funcionarios del municipio de Pergamino, quienes se desempeñaban en la Dirección de Ambiente Rural, área encargada de realizar el control de las fumigaciones.
El mes pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 mil, de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Justicia entrerriana habilita fumigar cerca de escuelas
La Justicia falló a favor del decreto del gobierno entrerriano que organiza la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 30/10/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
La decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia entrerriano reconoce los límites para las pulverizaciones que dispuso la provincia y deja sin efecto el fallo anterior que había establecido una zona de exclusión de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres alrededor una escuela.
En un fallo unánime, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fallaron a favor del decreto del gobierno entrerriano que en agosto organizó la aplicación de agroquímicos en la provincia, luego de un fallo que fijó una zona de exclusión de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas alrededor de una escuela rural.
Los productores de Entre Ríos llevan meses protestando contra ese fallo judicial que se inició por un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Angmer). Argumentaron que la aplicación de esa disposición judicial dejaba fuera de producción más de 300.000 hectáreas; una superficie equiparable a toda el área que se siembra con trigo en la provincia.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hay una salvedad importante: se deberá calcula la zona en la que las aplicaciones están restringidas a partir del límite del establecimiento y no desde el casco de la escuela.
El decreto 2.230 establece límites concretos para las pulverizaciones.
Aplicaciones terrestres:
- Hay una zona de exclusio´n desde el límite de la escuela hasta un radio de 150 metros.
- Entre los 150 y los 600 metros, se permite solamente el uso de los productos grupo o clase III y IV (segu´n la clasificacio´n Senasa).
- De los 600 metros en adelante se pueden aplicar otros productos, siempre que estén aprobados por el Senasa.
Aplicaciones aéreas:
- Hay una zona de exclusión total de las aplicaciones de agroquímicos de 500 metros alrededor de una escuela.
- Desde 500 metros a 3.500 metros sólo se puede pulverizar con productos de los grupos III y IV.
- A partir de los 3.500 metros están permitidos todos los productos aprobados por el Senasa.
En diálogo con Clarín Rural, Mariela Gallinger, referente de la filial de Crespo de Federación Agraria, destacó que los jueces comprendieron las graves consecuencias sociales que implicaba el fallo anterior y dijo que también fue muy importante la movilización de los productores para que se comprenda el reclamo.
“Ahora queremos que el gobierno entrerriano reúna a todas las partes para avanzar y consensuar políticas de estado, como lo ha hecho Córdoba, en la gestión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el uso de los fitosanitarios. Sigo apostando a tender puentes de diálogo”, insistió Gallinger.
Andrés Domínguez, docente de Derecho de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de la Plata, analizó el fallo desde el punto jurídico. “Un elemento novedoso es que, sin dejar de lado un ápice de las normativas ambientales y ni bajar de rango los principios que se pretenden preservar, da cuerpo a otro enfoque sobre el rol que debe tener el Poder Judicial a la hora de actuar y fallar en casos ambientales”, explicó.
En su visión, se abre una puerta de solucio´n más duradera al conflicto, con un enfoque de avances progresivos, que tiene en cuenta la visio´n de todas las partes, intentando no dejar de lado la informacio´n científica ni el cuidado ambiental.
Pero también reconoció que no descarta la posibilidad de otros “fallos restrictivos hacia el futuro en Entre Ri´os y en otras jurisdicciones o bien en la esfera nacional”.
Este martes, los productores entregarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet para que convoque a los ambientalistas, agricultores, ingenieros agrónomos y científicos para que se puede avanzar en políticas de fondo en todo lo que tiene que ver con la producción sustentable y que respete el ambiente.
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Fecha de Publicación: 30/10/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
La decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia entrerriano reconoce los límites para las pulverizaciones que dispuso la provincia y deja sin efecto el fallo anterior que había establecido una zona de exclusión de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres alrededor una escuela.
En un fallo unánime, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fallaron a favor del decreto del gobierno entrerriano que en agosto organizó la aplicación de agroquímicos en la provincia, luego de un fallo que fijó una zona de exclusión de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas alrededor de una escuela rural.
Los productores de Entre Ríos llevan meses protestando contra ese fallo judicial que se inició por un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Angmer). Argumentaron que la aplicación de esa disposición judicial dejaba fuera de producción más de 300.000 hectáreas; una superficie equiparable a toda el área que se siembra con trigo en la provincia.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hay una salvedad importante: se deberá calcula la zona en la que las aplicaciones están restringidas a partir del límite del establecimiento y no desde el casco de la escuela.
El decreto 2.230 establece límites concretos para las pulverizaciones.
Aplicaciones terrestres:
- Hay una zona de exclusio´n desde el límite de la escuela hasta un radio de 150 metros.
- Entre los 150 y los 600 metros, se permite solamente el uso de los productos grupo o clase III y IV (segu´n la clasificacio´n Senasa).
- De los 600 metros en adelante se pueden aplicar otros productos, siempre que estén aprobados por el Senasa.
Aplicaciones aéreas:
- Hay una zona de exclusión total de las aplicaciones de agroquímicos de 500 metros alrededor de una escuela.
- Desde 500 metros a 3.500 metros sólo se puede pulverizar con productos de los grupos III y IV.
- A partir de los 3.500 metros están permitidos todos los productos aprobados por el Senasa.
En diálogo con Clarín Rural, Mariela Gallinger, referente de la filial de Crespo de Federación Agraria, destacó que los jueces comprendieron las graves consecuencias sociales que implicaba el fallo anterior y dijo que también fue muy importante la movilización de los productores para que se comprenda el reclamo.
“Ahora queremos que el gobierno entrerriano reúna a todas las partes para avanzar y consensuar políticas de estado, como lo ha hecho Córdoba, en la gestión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el uso de los fitosanitarios. Sigo apostando a tender puentes de diálogo”, insistió Gallinger.
Andrés Domínguez, docente de Derecho de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de la Plata, analizó el fallo desde el punto jurídico. “Un elemento novedoso es que, sin dejar de lado un ápice de las normativas ambientales y ni bajar de rango los principios que se pretenden preservar, da cuerpo a otro enfoque sobre el rol que debe tener el Poder Judicial a la hora de actuar y fallar en casos ambientales”, explicó.
En su visión, se abre una puerta de solucio´n más duradera al conflicto, con un enfoque de avances progresivos, que tiene en cuenta la visio´n de todas las partes, intentando no dejar de lado la informacio´n científica ni el cuidado ambiental.
Pero también reconoció que no descarta la posibilidad de otros “fallos restrictivos hacia el futuro en Entre Ri´os y en otras jurisdicciones o bien en la esfera nacional”.
Este martes, los productores entregarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet para que convoque a los ambientalistas, agricultores, ingenieros agrónomos y científicos para que se puede avanzar en políticas de fondo en todo lo que tiene que ver con la producción sustentable y que respete el ambiente.
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Explosión en planta de agroquímicos investigada
La Justicia investigará la explosión de la planta de agroquímicos en Mercedes
Fecha de Publicación: 21/10/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Unidad Fiscal de Investigación de delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) investigará si se infringió la ley de Residuos Peligrosos durante el incendio en una fábrica que produce agroquímicos en la localidad bonaerense de Mercedes en el que murió un hombre de 42 años.
El incendio se generó el 27 de septiembre pasado en la fábrica de SIGMA AGRO S.A, que produce herbicidas líquidos y en polvo, aceites y humectantes, provocando la muerte de Rubén Ponce, de 42 años, quien falleció seis días después, como consecuencia de las quemaduras producidas al caer a una zanja con líquido derramado durante la explosión.
En principio, la investigación por averiguación de comisión de delito quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental.
"Sin embargo, en el marco de una presentación realizada por la División Delitos Ecológicos de la Policía Federal Argentina, la Ufima, a cargo del fiscal federal Ramiro González, inició una investigación preliminar a fin de verificar si existieron situaciones de infracción a la ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051)", informó hoy la página fiscales.gob.ar.
En consecuencia, "la unidad especializada pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación que informe con urgencia lo que ocurrió y, en caso de considerar que existió una infracción a la ley de medio ambiente (N° 24.051), especifique si fue afectado el suelo, el agua o el aire y acerca de las medidas adoptadas para la protección del ambiente".
La UFIMA se creó mediante la Resolución PGN 123/06, y entre sus funciones está la de generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso, referidas a hechos que infrinjan la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la Ley 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.
La semana pasada, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, aseguró a Télam que "lo que pasó fue grave y hay que ocuparse. Eso implica tareas urgentes pero también un monitoreo a corto, mediano y largo plazo".
El funcionario detalló que tanto el municipio, como Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y Ambiente de Nación vienen realizando monitoreo conjunto de las napas, de los pozos de los vecinos y de la planta y de las tierras.
Sobre las actuaciones urgentes, el Trebino señaló que "la empresa removió las tierras de estos lugares y la acumuló en una zona impermeabilizada".
Por su parte Martín Barros, parte de los vecinos autoconvocados del paraje La Verde, donde está ubicada la planta sobre la ruta 42, sostuvo a Télam que "a pesar de las reuniones tenemos una incertidumbre que se acrecienta porque no vemos que la información sea trasparente con nosotros".
La planta es de categoría 3, comenzó a funcionar en 2014 y según fuentes de la OPDS tenía su estudio de impacto ambiental en condiciones.
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Fecha de Publicación: 21/10/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Unidad Fiscal de Investigación de delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) investigará si se infringió la ley de Residuos Peligrosos durante el incendio en una fábrica que produce agroquímicos en la localidad bonaerense de Mercedes en el que murió un hombre de 42 años.
El incendio se generó el 27 de septiembre pasado en la fábrica de SIGMA AGRO S.A, que produce herbicidas líquidos y en polvo, aceites y humectantes, provocando la muerte de Rubén Ponce, de 42 años, quien falleció seis días después, como consecuencia de las quemaduras producidas al caer a una zanja con líquido derramado durante la explosión.
En principio, la investigación por averiguación de comisión de delito quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental.
"Sin embargo, en el marco de una presentación realizada por la División Delitos Ecológicos de la Policía Federal Argentina, la Ufima, a cargo del fiscal federal Ramiro González, inició una investigación preliminar a fin de verificar si existieron situaciones de infracción a la ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051)", informó hoy la página fiscales.gob.ar.
En consecuencia, "la unidad especializada pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación que informe con urgencia lo que ocurrió y, en caso de considerar que existió una infracción a la ley de medio ambiente (N° 24.051), especifique si fue afectado el suelo, el agua o el aire y acerca de las medidas adoptadas para la protección del ambiente".
La UFIMA se creó mediante la Resolución PGN 123/06, y entre sus funciones está la de generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso, referidas a hechos que infrinjan la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la Ley 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.
La semana pasada, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, aseguró a Télam que "lo que pasó fue grave y hay que ocuparse. Eso implica tareas urgentes pero también un monitoreo a corto, mediano y largo plazo".
El funcionario detalló que tanto el municipio, como Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y Ambiente de Nación vienen realizando monitoreo conjunto de las napas, de los pozos de los vecinos y de la planta y de las tierras.
Sobre las actuaciones urgentes, el Trebino señaló que "la empresa removió las tierras de estos lugares y la acumuló en una zona impermeabilizada".
Por su parte Martín Barros, parte de los vecinos autoconvocados del paraje La Verde, donde está ubicada la planta sobre la ruta 42, sostuvo a Télam que "a pesar de las reuniones tenemos una incertidumbre que se acrecienta porque no vemos que la información sea trasparente con nosotros".
La planta es de categoría 3, comenzó a funcionar en 2014 y según fuentes de la OPDS tenía su estudio de impacto ambiental en condiciones.
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Deterioro genético por efecto de los agroquímicos
Los efectos de los agroquímicos
Fecha de Publicación: 19/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chaco
Un estudio realizado en Chaco por especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste alerta sobre el deterioro genético y el aumento de la posibilidad de padecer cáncer a mediano y largo plazo de la población expuesta a estas sustancias.
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) mostró, a través de un estudio presentado en el Congreso Nacional Bioquímico realizado en Resistencia, indicios de deterioro genético en los habitantes chaqueños por la exposición a agroquímicos.
Según los científicos de la UNNE, se abre la hipótesis a que la vía de ingreso de estas sustancias sea a través de alimentos contaminados.
La investigación fue presentada por el doctor Horacio Lucero, integrante del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de esa Universidad, quien demostró que los lugareños están expuestos a productos químicos.
También se ven afectados por agentes “genotóxicos”, sustancias que se unen directamente con el ADN y causan mutaciones que pueden derivar o no en enfermedades oncológicas.
La actividad mutagénica refiere a la capacidad que tienen los componentes químicos de los agrotóxicos, de alterar o cambiar la información genética (ADN) del organismo de manera brusca, incrementando la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural, explicaron.
El estudio se realizó en 10 pacientes, cinco regularmente en contacto con agroquímicos en varias zonas productivas del Chaco y los restantes habitantes regulares de Resistencia, quienes fueron tomados como “grupo control”.
En la orina de todos ellos se halló Glifosato y AMPA, y tres personas presentaron algún tipo de agrotóxico en su sangre.
Las observaciones las realizó Lucero junto a la Red de Salud Popular “Ramón Carillo” y la Cátedra de Biología Evolutiva Humana, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba; principalmente en la localidad de “Avia Terai” donde las personas están en constante contacto con plaguicidas.
El daño de las personas expuestas a estos agroquímicos deja al descubierto una peligrosa posibilidad, que la población padezca cáncer a mediano y largo plazo, además de patologías cardiovasculares, malformaciones y abortos.
En consecuencia, los científicos plantean seguir realizando continuamente ensayos de genotoxicidad a la población y continuar monitoreando a los individuos que por razones laborales o condiciones de vida estén más sujetos o con mayor riesgo de sufrir alteraciones capaces de modificar su información genética.
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Fecha de Publicación: 19/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chaco
Un estudio realizado en Chaco por especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste alerta sobre el deterioro genético y el aumento de la posibilidad de padecer cáncer a mediano y largo plazo de la población expuesta a estas sustancias.
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) mostró, a través de un estudio presentado en el Congreso Nacional Bioquímico realizado en Resistencia, indicios de deterioro genético en los habitantes chaqueños por la exposición a agroquímicos.
Según los científicos de la UNNE, se abre la hipótesis a que la vía de ingreso de estas sustancias sea a través de alimentos contaminados.
La investigación fue presentada por el doctor Horacio Lucero, integrante del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de esa Universidad, quien demostró que los lugareños están expuestos a productos químicos.
También se ven afectados por agentes “genotóxicos”, sustancias que se unen directamente con el ADN y causan mutaciones que pueden derivar o no en enfermedades oncológicas.
La actividad mutagénica refiere a la capacidad que tienen los componentes químicos de los agrotóxicos, de alterar o cambiar la información genética (ADN) del organismo de manera brusca, incrementando la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural, explicaron.
El estudio se realizó en 10 pacientes, cinco regularmente en contacto con agroquímicos en varias zonas productivas del Chaco y los restantes habitantes regulares de Resistencia, quienes fueron tomados como “grupo control”.
En la orina de todos ellos se halló Glifosato y AMPA, y tres personas presentaron algún tipo de agrotóxico en su sangre.
Las observaciones las realizó Lucero junto a la Red de Salud Popular “Ramón Carillo” y la Cátedra de Biología Evolutiva Humana, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba; principalmente en la localidad de “Avia Terai” donde las personas están en constante contacto con plaguicidas.
El daño de las personas expuestas a estos agroquímicos deja al descubierto una peligrosa posibilidad, que la población padezca cáncer a mediano y largo plazo, además de patologías cardiovasculares, malformaciones y abortos.
En consecuencia, los científicos plantean seguir realizando continuamente ensayos de genotoxicidad a la población y continuar monitoreando a los individuos que por razones laborales o condiciones de vida estén más sujetos o con mayor riesgo de sufrir alteraciones capaces de modificar su información genética.
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UBA demuesta que el glifosato es tóxico para las abejas
Un estudio demuestra que el glifosato tiene un impacto negativo en las abejas de miel
Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El estudio en conjunto entre dos facultades de la UBA encontró que la presencia de este agroquímico en el alimento de las larvas impactó de forma negativa en su supervivencia al retrasar su crecimiento y disminuir el tamaño que alcanzan de adultos.
Según el Servicio de Prensa y Divulgación Científica y Tecnológica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires(SLT-FAUBA),asegura que “la abeja de la miel es la polinizadora principal de muchos cultivos agrícolas. En los campos, el insecto debe convivir con una gran cantidad de agroquímicos en el ambiente. Sin embargo, existen pocas investigaciones que abordan los impactos de estos compuestos sobre el polinizador”.
En este contexto, un estudio de las facultades de Agronomía de la UBA (FAUBA) y de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEN) analizó el efecto del herbicida que más se usa en el mundo, el glifosato, sobre el desarrollo de las larvas de esta abeja.
“El herbicida se aplica en los agroecosistemas para evitar que las malezas reduzcan los rendimientos de los cultivos. Cuando las abejas se alimentan de las flores, muchas veces llevan glifosato a la colmena. Entonces, en el momento que nacen las larvas dentro del panal, ingieren miel con trazas de este agroquímico. Nosotros quisimos ver cómo esto afecta su desarrollo”, explicó Jorge Zavala, docente de la cátedra de Bioquímica de la FAUBA e investigador del instituto INBA (UBA-Conicet) al portal de noticias científicas.
“Para eso, criamos larvas de abeja en el laboratorio y les proporcionamos alimento con glifosato, una situación similar a la que podría ocurrir en un entorno agrícola. Lo que encontramos fue que las larvas se desarrollaron más lentamente; es decir, muchas de ellas tardaron más en convertirse en adultas y alcanzaron pesos más bajos que las que no ingirieron glifosato. Estos resultados muestran que, aun cuando las dosis que usamos no fueron letales, las consecuencias a largo plazo serían negativas para la supervivencia de las abejas”, advirtió Walter Farina, docente del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la FCEN e investigador del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias(FCEN-UBA/IFIBYNE-Conicet).
Sobre la base del estudio publicado en la revista Plos One, que surgió de la tesis doctoral de Diego Vázquez (IFIBYNE-Conicet), Walter señaló que al crecer más lentamente —hasta un 40%— algunas abejas podrían no llegar al estado adulto, y si lo consiguieran, lo harían con un tamaño pequeño —hasta un 30%—. Esto implica niveles de reservas menores y un sistema inmune empobrecido, lo cual reduce la probabilidad de que la colmena sobreviva a períodos de bajos recursos y puede alterar su dinámica poblacional.
SLT-FAUBA sostiene en su publicación que “de todas formas, Zavala aclaró que a pesar de que la información genética dentro de la colmena era la misma, las abejas respondieron diferente a los efectos del glifosato. Esto se relacionó con la ocurrencia (o no) de situaciones previas de estrés de exposición al glifosato. El efecto tóxico de este herbicida también fue evaluado mediante el análisis genético de los insectos”.
Detox
Zavala afirmó que todos los animales tenemos la capacidad de reducir el impacto de ciertas sustancias tóxicas que contienen los alimentos. “Por ejemplo, estos mecanismos nos permiten detoxificar la cafeína del café. Podemos detectar cuándo están funcionando al mirar la ‘actividad’ de ciertos genes. Los insectos también tienen esos genes, que les sirven para reducir la toxicidad de los insecticidas”.
El científico añadió a SLT-FAUBA que hasta hace un tiempo se creía que el glifosato sólo afectaba a las plantas, pero que en su investigación observaron los genes de las abejas para confirmar que resultó tóxico para ellas. “Pudimos detectar efectos negativos a pesar de que usamos dosis de glifosato más bajas, incluso, que las que encontramos en las colmenas a campo”.
¿Hay futuro?
“A partir de investigaciones similares a la nuestra sabemos que las abejas expuestas al glifosato pueden tener dificultades para percibir el dulzor de un néctar y también para aprender la relación entre un olor floral y la recompensa. Esto agrava la situación de las polinizadoras, ya que la flora nativa en los agroecosistemas está empobrecida y cada vez se deben esforzar más para hallarla”, contó Farina.
Además, para concluir, Farina indicó que las colmenas sufren impactos negativos más complejos que los que hallaron en sus estudios en laboratorio, ya que en los campos existe una complejidad mayor. “Se aplica más de un agroquímico y las colmenas sufren muchos otros estreses que producen respuestas diferentes en las abejas. Por ello, a futuro vamos a continuar y profundizar estas investigaciones conjuntas en lotes productivos”, concluye la publicación de Sobre La Tierra.
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Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El estudio en conjunto entre dos facultades de la UBA encontró que la presencia de este agroquímico en el alimento de las larvas impactó de forma negativa en su supervivencia al retrasar su crecimiento y disminuir el tamaño que alcanzan de adultos.
Según el Servicio de Prensa y Divulgación Científica y Tecnológica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires(SLT-FAUBA),asegura que “la abeja de la miel es la polinizadora principal de muchos cultivos agrícolas. En los campos, el insecto debe convivir con una gran cantidad de agroquímicos en el ambiente. Sin embargo, existen pocas investigaciones que abordan los impactos de estos compuestos sobre el polinizador”.
En este contexto, un estudio de las facultades de Agronomía de la UBA (FAUBA) y de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEN) analizó el efecto del herbicida que más se usa en el mundo, el glifosato, sobre el desarrollo de las larvas de esta abeja.
“El herbicida se aplica en los agroecosistemas para evitar que las malezas reduzcan los rendimientos de los cultivos. Cuando las abejas se alimentan de las flores, muchas veces llevan glifosato a la colmena. Entonces, en el momento que nacen las larvas dentro del panal, ingieren miel con trazas de este agroquímico. Nosotros quisimos ver cómo esto afecta su desarrollo”, explicó Jorge Zavala, docente de la cátedra de Bioquímica de la FAUBA e investigador del instituto INBA (UBA-Conicet) al portal de noticias científicas.
“Para eso, criamos larvas de abeja en el laboratorio y les proporcionamos alimento con glifosato, una situación similar a la que podría ocurrir en un entorno agrícola. Lo que encontramos fue que las larvas se desarrollaron más lentamente; es decir, muchas de ellas tardaron más en convertirse en adultas y alcanzaron pesos más bajos que las que no ingirieron glifosato. Estos resultados muestran que, aun cuando las dosis que usamos no fueron letales, las consecuencias a largo plazo serían negativas para la supervivencia de las abejas”, advirtió Walter Farina, docente del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la FCEN e investigador del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias(FCEN-UBA/IFIBYNE-Conicet).
Sobre la base del estudio publicado en la revista Plos One, que surgió de la tesis doctoral de Diego Vázquez (IFIBYNE-Conicet), Walter señaló que al crecer más lentamente —hasta un 40%— algunas abejas podrían no llegar al estado adulto, y si lo consiguieran, lo harían con un tamaño pequeño —hasta un 30%—. Esto implica niveles de reservas menores y un sistema inmune empobrecido, lo cual reduce la probabilidad de que la colmena sobreviva a períodos de bajos recursos y puede alterar su dinámica poblacional.
SLT-FAUBA sostiene en su publicación que “de todas formas, Zavala aclaró que a pesar de que la información genética dentro de la colmena era la misma, las abejas respondieron diferente a los efectos del glifosato. Esto se relacionó con la ocurrencia (o no) de situaciones previas de estrés de exposición al glifosato. El efecto tóxico de este herbicida también fue evaluado mediante el análisis genético de los insectos”.
Detox
Zavala afirmó que todos los animales tenemos la capacidad de reducir el impacto de ciertas sustancias tóxicas que contienen los alimentos. “Por ejemplo, estos mecanismos nos permiten detoxificar la cafeína del café. Podemos detectar cuándo están funcionando al mirar la ‘actividad’ de ciertos genes. Los insectos también tienen esos genes, que les sirven para reducir la toxicidad de los insecticidas”.
El científico añadió a SLT-FAUBA que hasta hace un tiempo se creía que el glifosato sólo afectaba a las plantas, pero que en su investigación observaron los genes de las abejas para confirmar que resultó tóxico para ellas. “Pudimos detectar efectos negativos a pesar de que usamos dosis de glifosato más bajas, incluso, que las que encontramos en las colmenas a campo”.
¿Hay futuro?
“A partir de investigaciones similares a la nuestra sabemos que las abejas expuestas al glifosato pueden tener dificultades para percibir el dulzor de un néctar y también para aprender la relación entre un olor floral y la recompensa. Esto agrava la situación de las polinizadoras, ya que la flora nativa en los agroecosistemas está empobrecida y cada vez se deben esforzar más para hallarla”, contó Farina.
Además, para concluir, Farina indicó que las colmenas sufren impactos negativos más complejos que los que hallaron en sus estudios en laboratorio, ya que en los campos existe una complejidad mayor. “Se aplica más de un agroquímico y las colmenas sufren muchos otros estreses que producen respuestas diferentes en las abejas. Por ello, a futuro vamos a continuar y profundizar estas investigaciones conjuntas en lotes productivos”, concluye la publicación de Sobre La Tierra.
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Mar del Plata: fumigan a metros de una escuela
Fumigación a metros de una escuela: apuntan a Arroyo por la falta de control
Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: 0223
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos responsabilizaron al Intendente y a la provincia por la falta del cumplimiento de la cautelar. “No vemos que haya un cambio después de octubre”, admitieron.
Hace 10 días una auxiliar docente fue amenazada por tomar fotografías a un “mosquito” que fumigaba una escuela en el Paraje San Francisco. El grave hecho fue analizado desde la Asamblea Paren de Fumigarnos, que responsabilizaron al gobierno provincial y municipal por la falta de control.
“No tenemos conocimientos de una amenaza así, como la que sufrió la docente. Pero sí sabemos de la impunidad que tienen porque siguen fumigando. Existe una falta de control tanto de Policía Ambiental como de Gestión Ambiental: en muchos casos tergiversan la información, no van ante una denuncia o van tarde. No quieren controlar y eso es evidentemente una decisión política”, expresó en diálogo con 0223 Radio, Jorge Piccorelli de la Asamblea Paren de Fumigarnos.
En ese análisis, sostuvo que todos los organismos que están bajo la órbita provincial como la Policía Ecológica o municipal cómo la de Gestión Ambiental, "deben hacer cumplir la cautelar de la Suprema Corte Provincial, que impide fumigar a menos de 1000 metros de viviendas o establecimientos educativos”, precisó.
En relación a si las próximas elecciones en la Argentina pueden torcer el rumbo en materia agroambiental, Piccorelli expresó su pesimismo, ya que el problema “es estructural”.
“Esto viene en forma intensiva desde 1996 con la entrada de la soja con Felipe Solá como ministro de Agricultura Ganadería y Pesca. En la época de Cristina, vino Monsanto, que quiso instalar una planta en Malvinas Argentinas que la gente repudió. dijo Luego Cristina dijo no que Monsanto no sabía que había una Patagonia”, recordó con ironía.
Y remarcó: “Obviamente que este gobierno es peor porque puso CEOS en los cargos estratégicos. Y sabemos de qué se trata. Peor que Macri no creo que sea, pero ya se está diciendo que una de las empresas de las más conocidas (Singenta), daría un porcentaje al Estado para mitigar el hambre. Volvemos a repetir lo del 2001 con la soja y así también se propagó”, consideró.
“Si depende de los políticos, no creo que cambie. Sí como la gente se va movilizando, se va informando, se va metiendo en el tema. En la medida que desde abajo presionemos puede que los de arriba puedan ir cambiando”, señaló.
En relación a Mar del Plata, el referente de la Asamblea Paren de Fumigarnos recordó que “la Ordenanza que protegía los 1000 metros de los núcleos poblacionales fue votada por unanimidad en el 2008 y luego del tractorazo -porque se hizo la primer multa- fue derogada también por unanimidad. Y luego se votó la nueva que no protegía absolutamente nada, y fue votada por todos menos por Arroyo, que se opuso pero que hoy está actuando en su contra”.
En tal sentido, apuntó contra los concejales: “En ningún momento se quejaron cuando habían votado la ordenanza 18.740. Tampoco los Defensores del Pueblo, pasando de Mónica Felices o Beatriz Arza hasta acá, a excepción de los últimos años de la defensoría bonaerense. Ninguna parte gubernamental o administrativa se ha manifestado por las fumigaciones en el distrito”, cerró.
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Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: 0223
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos responsabilizaron al Intendente y a la provincia por la falta del cumplimiento de la cautelar. “No vemos que haya un cambio después de octubre”, admitieron.
Hace 10 días una auxiliar docente fue amenazada por tomar fotografías a un “mosquito” que fumigaba una escuela en el Paraje San Francisco. El grave hecho fue analizado desde la Asamblea Paren de Fumigarnos, que responsabilizaron al gobierno provincial y municipal por la falta de control.
“No tenemos conocimientos de una amenaza así, como la que sufrió la docente. Pero sí sabemos de la impunidad que tienen porque siguen fumigando. Existe una falta de control tanto de Policía Ambiental como de Gestión Ambiental: en muchos casos tergiversan la información, no van ante una denuncia o van tarde. No quieren controlar y eso es evidentemente una decisión política”, expresó en diálogo con 0223 Radio, Jorge Piccorelli de la Asamblea Paren de Fumigarnos.
En ese análisis, sostuvo que todos los organismos que están bajo la órbita provincial como la Policía Ecológica o municipal cómo la de Gestión Ambiental, "deben hacer cumplir la cautelar de la Suprema Corte Provincial, que impide fumigar a menos de 1000 metros de viviendas o establecimientos educativos”, precisó.
En relación a si las próximas elecciones en la Argentina pueden torcer el rumbo en materia agroambiental, Piccorelli expresó su pesimismo, ya que el problema “es estructural”.
“Esto viene en forma intensiva desde 1996 con la entrada de la soja con Felipe Solá como ministro de Agricultura Ganadería y Pesca. En la época de Cristina, vino Monsanto, que quiso instalar una planta en Malvinas Argentinas que la gente repudió. dijo Luego Cristina dijo no que Monsanto no sabía que había una Patagonia”, recordó con ironía.
Y remarcó: “Obviamente que este gobierno es peor porque puso CEOS en los cargos estratégicos. Y sabemos de qué se trata. Peor que Macri no creo que sea, pero ya se está diciendo que una de las empresas de las más conocidas (Singenta), daría un porcentaje al Estado para mitigar el hambre. Volvemos a repetir lo del 2001 con la soja y así también se propagó”, consideró.
“Si depende de los políticos, no creo que cambie. Sí como la gente se va movilizando, se va informando, se va metiendo en el tema. En la medida que desde abajo presionemos puede que los de arriba puedan ir cambiando”, señaló.
En relación a Mar del Plata, el referente de la Asamblea Paren de Fumigarnos recordó que “la Ordenanza que protegía los 1000 metros de los núcleos poblacionales fue votada por unanimidad en el 2008 y luego del tractorazo -porque se hizo la primer multa- fue derogada también por unanimidad. Y luego se votó la nueva que no protegía absolutamente nada, y fue votada por todos menos por Arroyo, que se opuso pero que hoy está actuando en su contra”.
En tal sentido, apuntó contra los concejales: “En ningún momento se quejaron cuando habían votado la ordenanza 18.740. Tampoco los Defensores del Pueblo, pasando de Mónica Felices o Beatriz Arza hasta acá, a excepción de los últimos años de la defensoría bonaerense. Ninguna parte gubernamental o administrativa se ha manifestado por las fumigaciones en el distrito”, cerró.
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Glifosato y paraquat en explosión de planta de agroquímicos
Un funcionario de Nación reconoció que la explosión de una planta de agroquímicos en Mercedes fue "grave"
Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: Blanco sobre Negro
Provincia/Región: Buenos Aires
El pasado 27 de septiembre explotó en Mercedes la planta de agroquímicos de la firma SIGMA SA. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación reconocieron que el episodio fue "grave" y que se están esperando los resultados los primeros estudios. En el lugar ardieron 30 mil litros de biodiesel y una cantidad desconocida de los herbicidas glifosato y paraquat. En el siniestro falleció un trabajador luego de sufrir graves quemaduras.
“No hay que generar pánico ni decir que no pasó nada. Lo que pasó fue grave y hay que ocuparse. Eso implica tareas urgentes pero también un monitoreo a corto, mediano y largo plazo. Hacer hoy una evaluación del impacto ambiental sería apresurado e imprudente”, aseguró a Télam el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino.
El funcionario indicó que la Subsecretaría se presentó por pedido de los vecinos “porque no tiene competencia en el hecho”. SIGMA Mercedes es una planta industrial tipo 3 cuya habilitación y control dependen del gobierno bonaerense a través del OPDS.
Trebino comunicó que este miércoles se realizó la toma de muestras de suelo y agua. Los resultados estarán “entre cinco a siete días hábiles”.
“También realizamos un relevamiento aéreo de toda la zona para analizar la topografía del terreno, uso del suelo, entre otras acciones”, describió el funcionario y agregó: “El problema son los líquidos que salieron de la planta y se depositaron en las cunetas del frente y del lateral izquierdo”.
Según un parte del Ministerio Público Fiscal de Mercedes, los primeros datos que se conocieron de los líquidos derramados indican que se trataría de “biodiesel, glifosato y componentes para el desarrollo del mismo producto”, a lo que desde Ambiente de Nación suman el paraquat, un herbicida de amonio altamente tóxico.
Respecto a la cantidad de sustancia derramada e incinerada se sabe que en el lugar había 30 mil litros de biodisel pero no hay precisiones sobre los agrotóxicos.
En el lugar falleció Rubén Ponce, de 42 años, un contratista que también oficiaba de sereno. Al momento del incendio intentó salvar una máquina y cayó a una zanja donde estaban los líquidos vertidos. Se quemó el 40 por ciento del cuerpo y tras permanecer internado seis días falleció.
El incendio en la planta de la empresa Sigma Agro SA, ubicada sobre la ruta 42 en el cruce con el acceso a la localidad La Verde, sucedió cerca de las 4.30 de la madrugada del viernes 27 y generó un fuego que alcanzó grandes proporciones. Tuvieron que intervenir delegaciones de Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles.
“La empresa removió las tierras de estos lugares y la acumuló en una zona impermeabilizada”, precisó Trevino. El municipio clausuró la planta el mismo día del día del siniestro y recién este martes se sumó la clausura de OPDS y Ambiente de Nación “para garantizar que la remediación sea la única actividad allí hasta que esté concluida”.
Por el incendio se abrió una causa “en pos de determinar si existieron negligencias o la comisión de delitos de acción pública” cuya investigación está realizando la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental.
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Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: Blanco sobre Negro
Provincia/Región: Buenos Aires
El pasado 27 de septiembre explotó en Mercedes la planta de agroquímicos de la firma SIGMA SA. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación reconocieron que el episodio fue "grave" y que se están esperando los resultados los primeros estudios. En el lugar ardieron 30 mil litros de biodiesel y una cantidad desconocida de los herbicidas glifosato y paraquat. En el siniestro falleció un trabajador luego de sufrir graves quemaduras.
“No hay que generar pánico ni decir que no pasó nada. Lo que pasó fue grave y hay que ocuparse. Eso implica tareas urgentes pero también un monitoreo a corto, mediano y largo plazo. Hacer hoy una evaluación del impacto ambiental sería apresurado e imprudente”, aseguró a Télam el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino.
El funcionario indicó que la Subsecretaría se presentó por pedido de los vecinos “porque no tiene competencia en el hecho”. SIGMA Mercedes es una planta industrial tipo 3 cuya habilitación y control dependen del gobierno bonaerense a través del OPDS.
Trebino comunicó que este miércoles se realizó la toma de muestras de suelo y agua. Los resultados estarán “entre cinco a siete días hábiles”.
“También realizamos un relevamiento aéreo de toda la zona para analizar la topografía del terreno, uso del suelo, entre otras acciones”, describió el funcionario y agregó: “El problema son los líquidos que salieron de la planta y se depositaron en las cunetas del frente y del lateral izquierdo”.
Según un parte del Ministerio Público Fiscal de Mercedes, los primeros datos que se conocieron de los líquidos derramados indican que se trataría de “biodiesel, glifosato y componentes para el desarrollo del mismo producto”, a lo que desde Ambiente de Nación suman el paraquat, un herbicida de amonio altamente tóxico.
Respecto a la cantidad de sustancia derramada e incinerada se sabe que en el lugar había 30 mil litros de biodisel pero no hay precisiones sobre los agrotóxicos.
En el lugar falleció Rubén Ponce, de 42 años, un contratista que también oficiaba de sereno. Al momento del incendio intentó salvar una máquina y cayó a una zanja donde estaban los líquidos vertidos. Se quemó el 40 por ciento del cuerpo y tras permanecer internado seis días falleció.
El incendio en la planta de la empresa Sigma Agro SA, ubicada sobre la ruta 42 en el cruce con el acceso a la localidad La Verde, sucedió cerca de las 4.30 de la madrugada del viernes 27 y generó un fuego que alcanzó grandes proporciones. Tuvieron que intervenir delegaciones de Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles.
“La empresa removió las tierras de estos lugares y la acumuló en una zona impermeabilizada”, precisó Trevino. El municipio clausuró la planta el mismo día del día del siniestro y recién este martes se sumó la clausura de OPDS y Ambiente de Nación “para garantizar que la remediación sea la única actividad allí hasta que esté concluida”.
Por el incendio se abrió una causa “en pos de determinar si existieron negligencias o la comisión de delitos de acción pública” cuya investigación está realizando la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental.
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Agroamenaza sojera en Entre Ríos
La agroamenaza sojera en Entre Ríos: “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”
Fecha de Publicación: 11/10/2019
Fuente: La Vaca
Provincia/Región: Entre Ríos
La Coordinadora Basta es Basta denunció que un importante dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace amenazó a los gritos a un referente del movimiento que lucha contra las fumigaciones en la provincia. Decidieron no divulgar los nombres ni hacer la denuncia penal para lograr un clima de diálogo en un contexto en ebullición: cinco fallos judiciales prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y 3000 en fumigaciones aéreas, en medio de productores que en algunos casos ya inician una transición hacia la agroecología. Desde la asamblea explican a lavaca: “Es un modelo que ya está caído a nivel económico, pero aún quedan muchos intereses en juego”.
“Yo tengo una itaka”. “Zurdo”. “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”. “Cualquiera que quiera venir a prohibir las fumigaciones van a ser apuntados con armas”.
Estas son algunas de las amenazas que un dirigente de una de las organizaciones agropecuarias de la Mesa de Enlace le escupió a un integrante de la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, a los gritos y en público en un bar frente a testigos. El contexto: cinco resoluciones judiciales que prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 en fumigaciones aéreas, luego de un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia (AGMER), contra el gobierno provincial y el Consejo Federal de Educación.
“Están muy desesperados”, grafica a lavaca María Fernández Benetti, una de las abogadas del movimiento.
“Y lo grave es que esta amenaza no fue de una persona cualquiera, sino de un dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace, que tiene un peso: lo que él dice, lo siguen. Es una persona pública importante, no es cualquier productor. No creemos que la mayoría de los productores quieran seguir esa línea, de hecho muchos ya están en una transición hacia un modelo agroecológico, pero sí habla de la gran decadencia de los dirigentes del sector”.
Tanto en el comunicado en el que denunciaron las amenazas como en las entrevistas a lavaca, desde la Coordinadora no quieren divulgar quién es el dirigente ni quién es el amenazado. “Veníamos llevando adelante el diálogo y, por eso, nuestro compañero fue convocado al bar de una estación de servicio, pero después de una hora uno de ellos entró en un nivel de nerviosismo y se dirigió a él con mucha violencia”, explica Aldana Sasia, otra de las abogadas. “No queremos dar nombres porque estuvimos reunidos con funcionarios con el objetivo de no incentivar la violencia. Y tampoco vamos a hacer denuncia penal, por ahora, porque creemos en una mesa de diálogo”.
Qué está en juego
La resolución judicial al primer amparo no sólo despertó las críticas del lobby sojero, sino que el propio Mauricio Macri calificó de “irresponsable” la sentencia, a la que no calificó como fallo, sino como “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”.
En la primera resolución, el voto mayoritario fue el del juez Miguel Ángel Giorgio, que apuntó contra la falta de reglamentación respecto a las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales.
El magistrado sostuvo que el Estado entrerriano “no pudo acreditar que una distancia menor a lo dispuesto por el juez no sea nociva para la salud”. En ese caso, afirmó, debe primar el principio precautorio ya que “falta certidumbre científica acerca del daño”.
El principio precautorio indica que si algo es potencialmente peligroso, no debe usarse hasta que se demuestre su inocuidad.
Otros textuales de la sentencia: “Hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños y docentes que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están”.
“La omisión estatal no puede ser tenida como un argumento que permita desamparar la salud de alumnos y docentes”.
Explica Fernández Benetti: “El fallo aplicaba límites de 1000 o 3000 metros hasta que el Estado estableciera un límite. Ante eso, sale un primer decreto del Gobierno, que baja las distancias a 100 y 500 metros. Lo judicializamos porque es regresivo. La justicia nos vuelve a dar la razón en un segundo amparo, mientras la Corte provincial dijo que no tenía fundamentos para disminuir esas distancias. El gobierno saca un segundo decreto: insisten en 100 y 500 metros, pero suma un poco de argumentación. La Justicia vuelve a emitir un tercer amparo a favor, pero lo nuevo es que nos permitió pedir un comité de expertos. Eso fue lapidario porque logramos una prueba tremenda: presentamos 6 expertos y ellos, 2. Fue contundente: la Corte nos respaldó”.
Sasia: “Después de cinco sentencias, algunos veníamos dialogando con sectores productores para ver qué caminos se podían llegar a encontrar, para que no haya nadie perjudicado por esta medida. Siempre pensando que nos toca transitar otro año sin tener una medida política favorable y sin estimular políticas que fomenten otra producción. Entonces estamos en punto cero, como al inicio, y con una escalada de violencia y de reacción de sectores del campo”.
Desde la Coordinadora ubican las amenazas en este contexto, en el que el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, negó la vigencia del fallo y “confundió” a los sectores agropecuarios. Sasia: “En todas las instancias donde se apela, lo que está vigente son las sentencias, y no los decretos. Rodríguez Signes salió siempre en medios públicos diciendo que los productores podían aplicar pesticidas porque decía que lo que tenía vigencia era el decreto del Estado. Eso provoca mucho enojo y confunde”.
La Coordinadora denunció penalmente al funcionario. “Por incitación al incumplimiento de la ley y poner en riesgo la salud pública. No es un tema menor: él tiene una función que el resto no. Porque si lo que él dice lo manifiesta una entidad agraria, puede ser una estrategia. Pero un fiscal, no. Y provoca lo que provocó: un caos social. Y una alianza entre la Mesa de Enlace y el gobierno”.
La deuda del lobby
Este martes hubo una movilización convocada por los dirigentes rurales hasta el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. “Van a cortar la avenida y exigir que la medida se amplíe a todo el territorio porque se sienten ‘discriminados’”, explicó Sasia el lunes pasado.
¿Qué significa? Fernández Benetti: “Lo que quieren es provocar más conflicto. Que nosotros logremos 1000 o 3000 metros no soluciona el tema, porque el fallo habla solamente de las escuelas: a Juancito lo protegés en la escuela pero le permitís las pulverizaciones a 500 metros de su casa. Ellos dicen: ‘Si piden para la escuela, pidan para el resto’. Pero lo que requerimos nosotros es un consenso social, una discusión que pase por el Congreso provincial y llegue a la sociedad. Ellos tienen mucho acceso a los medios y lo que quieren es incidir mostrando que son muchos, pero el tema es que nadie discute los fundamentos del fallo: nosotros planteamos un tema estrictamente de salud”.
Las abogadas explican que desde la Coordinadora se lograron redactar propuestas, ideas y proyectos a nivel municipal y provincial, como el Foro de Agroecología. “Está totalmente frenado por el gobierno provincial. Y en todo lo que propusimos, no avanzaron en nada, y cuando anuncian capacitaciones hacia un modelo de transición, lo desactivan. Hay un lobby muy importante de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), porque de lo que vive la mayoría es de la comercialización de los insumos”.
Las amenazas se fueron incrementando. En Paraná, una escuela debió suspender una charla porque una docente fue amenazada con que iban a ocurrir hechos de violencia. En otros casos, se llegó a ataques concretos: en Colonia Avigdor, en el departamento de La Paz, un productor golpeó en la cara a un docente diciéndole que era un activista que le impedía llevar adelante sus producciones.
Fernández Benetti destaca que hay algo más: “La mitad de los productores están fundidos, y no a causa del fallo, sino porque están endeudados. Impuestos altísimos, insumos caros. Entonces, lo que pasa, es que estamos atacando un negocio que no está brillando, sino que es un modelo que ya está caído a nivel económico. Lo que pasa es que aún quedan muchos intereses en juego”.
Lo urgente
Entre Ríos ya había dado una muestra de la resistencia social al modelo extractivo cuando la Legislatura rechazó por 29 votos a 2 una ley que favorecía a los agronegocios, una decisión que se tejió en la calle al calor de la las Rondas de los martes, y por la intervención en la Legislatura de figuras de la ciencia y la producción como el bioquímico Damián Marino, el médico Damián Verzeñassi y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, tal como reflejó MU en esta investigación.
La Coordinadora exige ahora instaurar algún mecanismo que promueva el diálogo, como lo hizo siempre. “Y que tenga viabilidad porque, si no, tenemos sentencias pero no garantías de que se cumplan. Y pueden seguir sucediendo hechos de violencia, mientras no hay control por parte del Estado. Por eso, se necesita sí o sí una conciliación social que aliente a que esto sea factible”.
¿Qué sucede mientras tanto? Fernández Benetti: “Hay mucha experiencia de productores grandes avanzando en la transición agroecológica. Están apostando. Los más grandes serían los que podrían hacerlo, porque tienen escala propia, mientras para los otros no hay ninguna ayuda y están remando en dulce de leche. Las ciudades y los municipios están trabajando mucho con volver a recrear los cordones hortícolas: Entre Ríos importa el 80% de las frutas y verduras que consume. Tenemos un nicho para volver a la tierra y producir nuestros propios alimentos y cultivos. Eso provocaría nuevas ruralizaciones”.
Por esa razón, desde la Coordinadora no ubican a los productores dentro de los ataques y las amenazas de algunas de las entidades del campo.
Sasia: “Lo que menos queríamos era ser víctimas de estas amenazas. Exigimos al Poder Judicial una institucionalización de algún órgano de gestión para que no haya nadie perjudicado. Eso como medida urgente: no creemos que haya otra solución porque no queremos seguir judicializando amparo contra amparo. Desde nuestro sector no hay fundamentalismo, sino un sinnúmero de evidencia científica que corroboraron cinco fallos: hay una amenaza de salud para niños y niñas que concurren a las escuelas, comprobando la existencia de daño genético. Esa es la realidad específica de nuestro territorio”.
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Fecha de Publicación: 11/10/2019
Fuente: La Vaca
Provincia/Región: Entre Ríos
La Coordinadora Basta es Basta denunció que un importante dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace amenazó a los gritos a un referente del movimiento que lucha contra las fumigaciones en la provincia. Decidieron no divulgar los nombres ni hacer la denuncia penal para lograr un clima de diálogo en un contexto en ebullición: cinco fallos judiciales prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y 3000 en fumigaciones aéreas, en medio de productores que en algunos casos ya inician una transición hacia la agroecología. Desde la asamblea explican a lavaca: “Es un modelo que ya está caído a nivel económico, pero aún quedan muchos intereses en juego”.
“Yo tengo una itaka”. “Zurdo”. “Ya le dijimos a la gente que se empiece a armar”. “Cualquiera que quiera venir a prohibir las fumigaciones van a ser apuntados con armas”.
Estas son algunas de las amenazas que un dirigente de una de las organizaciones agropecuarias de la Mesa de Enlace le escupió a un integrante de la Coordinadora Por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, a los gritos y en público en un bar frente a testigos. El contexto: cinco resoluciones judiciales que prohibieron las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1000 metros alrededor de escuelas rurales y a menos de 3000 en fumigaciones aéreas, luego de un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia (AGMER), contra el gobierno provincial y el Consejo Federal de Educación.
“Están muy desesperados”, grafica a lavaca María Fernández Benetti, una de las abogadas del movimiento.
“Y lo grave es que esta amenaza no fue de una persona cualquiera, sino de un dirigente de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace, que tiene un peso: lo que él dice, lo siguen. Es una persona pública importante, no es cualquier productor. No creemos que la mayoría de los productores quieran seguir esa línea, de hecho muchos ya están en una transición hacia un modelo agroecológico, pero sí habla de la gran decadencia de los dirigentes del sector”.
Tanto en el comunicado en el que denunciaron las amenazas como en las entrevistas a lavaca, desde la Coordinadora no quieren divulgar quién es el dirigente ni quién es el amenazado. “Veníamos llevando adelante el diálogo y, por eso, nuestro compañero fue convocado al bar de una estación de servicio, pero después de una hora uno de ellos entró en un nivel de nerviosismo y se dirigió a él con mucha violencia”, explica Aldana Sasia, otra de las abogadas. “No queremos dar nombres porque estuvimos reunidos con funcionarios con el objetivo de no incentivar la violencia. Y tampoco vamos a hacer denuncia penal, por ahora, porque creemos en una mesa de diálogo”.
Qué está en juego
La resolución judicial al primer amparo no sólo despertó las críticas del lobby sojero, sino que el propio Mauricio Macri calificó de “irresponsable” la sentencia, a la que no calificó como fallo, sino como “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”.
En la primera resolución, el voto mayoritario fue el del juez Miguel Ángel Giorgio, que apuntó contra la falta de reglamentación respecto a las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales.
El magistrado sostuvo que el Estado entrerriano “no pudo acreditar que una distancia menor a lo dispuesto por el juez no sea nociva para la salud”. En ese caso, afirmó, debe primar el principio precautorio ya que “falta certidumbre científica acerca del daño”.
El principio precautorio indica que si algo es potencialmente peligroso, no debe usarse hasta que se demuestre su inocuidad.
Otros textuales de la sentencia: “Hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños y docentes que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están”.
“La omisión estatal no puede ser tenida como un argumento que permita desamparar la salud de alumnos y docentes”.
Explica Fernández Benetti: “El fallo aplicaba límites de 1000 o 3000 metros hasta que el Estado estableciera un límite. Ante eso, sale un primer decreto del Gobierno, que baja las distancias a 100 y 500 metros. Lo judicializamos porque es regresivo. La justicia nos vuelve a dar la razón en un segundo amparo, mientras la Corte provincial dijo que no tenía fundamentos para disminuir esas distancias. El gobierno saca un segundo decreto: insisten en 100 y 500 metros, pero suma un poco de argumentación. La Justicia vuelve a emitir un tercer amparo a favor, pero lo nuevo es que nos permitió pedir un comité de expertos. Eso fue lapidario porque logramos una prueba tremenda: presentamos 6 expertos y ellos, 2. Fue contundente: la Corte nos respaldó”.
Sasia: “Después de cinco sentencias, algunos veníamos dialogando con sectores productores para ver qué caminos se podían llegar a encontrar, para que no haya nadie perjudicado por esta medida. Siempre pensando que nos toca transitar otro año sin tener una medida política favorable y sin estimular políticas que fomenten otra producción. Entonces estamos en punto cero, como al inicio, y con una escalada de violencia y de reacción de sectores del campo”.
Desde la Coordinadora ubican las amenazas en este contexto, en el que el Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, negó la vigencia del fallo y “confundió” a los sectores agropecuarios. Sasia: “En todas las instancias donde se apela, lo que está vigente son las sentencias, y no los decretos. Rodríguez Signes salió siempre en medios públicos diciendo que los productores podían aplicar pesticidas porque decía que lo que tenía vigencia era el decreto del Estado. Eso provoca mucho enojo y confunde”.
La Coordinadora denunció penalmente al funcionario. “Por incitación al incumplimiento de la ley y poner en riesgo la salud pública. No es un tema menor: él tiene una función que el resto no. Porque si lo que él dice lo manifiesta una entidad agraria, puede ser una estrategia. Pero un fiscal, no. Y provoca lo que provocó: un caos social. Y una alianza entre la Mesa de Enlace y el gobierno”.
La deuda del lobby
Este martes hubo una movilización convocada por los dirigentes rurales hasta el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. “Van a cortar la avenida y exigir que la medida se amplíe a todo el territorio porque se sienten ‘discriminados’”, explicó Sasia el lunes pasado.
¿Qué significa? Fernández Benetti: “Lo que quieren es provocar más conflicto. Que nosotros logremos 1000 o 3000 metros no soluciona el tema, porque el fallo habla solamente de las escuelas: a Juancito lo protegés en la escuela pero le permitís las pulverizaciones a 500 metros de su casa. Ellos dicen: ‘Si piden para la escuela, pidan para el resto’. Pero lo que requerimos nosotros es un consenso social, una discusión que pase por el Congreso provincial y llegue a la sociedad. Ellos tienen mucho acceso a los medios y lo que quieren es incidir mostrando que son muchos, pero el tema es que nadie discute los fundamentos del fallo: nosotros planteamos un tema estrictamente de salud”.
Las abogadas explican que desde la Coordinadora se lograron redactar propuestas, ideas y proyectos a nivel municipal y provincial, como el Foro de Agroecología. “Está totalmente frenado por el gobierno provincial. Y en todo lo que propusimos, no avanzaron en nada, y cuando anuncian capacitaciones hacia un modelo de transición, lo desactivan. Hay un lobby muy importante de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), porque de lo que vive la mayoría es de la comercialización de los insumos”.
Las amenazas se fueron incrementando. En Paraná, una escuela debió suspender una charla porque una docente fue amenazada con que iban a ocurrir hechos de violencia. En otros casos, se llegó a ataques concretos: en Colonia Avigdor, en el departamento de La Paz, un productor golpeó en la cara a un docente diciéndole que era un activista que le impedía llevar adelante sus producciones.
Fernández Benetti destaca que hay algo más: “La mitad de los productores están fundidos, y no a causa del fallo, sino porque están endeudados. Impuestos altísimos, insumos caros. Entonces, lo que pasa, es que estamos atacando un negocio que no está brillando, sino que es un modelo que ya está caído a nivel económico. Lo que pasa es que aún quedan muchos intereses en juego”.
Lo urgente
Entre Ríos ya había dado una muestra de la resistencia social al modelo extractivo cuando la Legislatura rechazó por 29 votos a 2 una ley que favorecía a los agronegocios, una decisión que se tejió en la calle al calor de la las Rondas de los martes, y por la intervención en la Legislatura de figuras de la ciencia y la producción como el bioquímico Damián Marino, el médico Damián Verzeñassi y el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, tal como reflejó MU en esta investigación.
La Coordinadora exige ahora instaurar algún mecanismo que promueva el diálogo, como lo hizo siempre. “Y que tenga viabilidad porque, si no, tenemos sentencias pero no garantías de que se cumplan. Y pueden seguir sucediendo hechos de violencia, mientras no hay control por parte del Estado. Por eso, se necesita sí o sí una conciliación social que aliente a que esto sea factible”.
¿Qué sucede mientras tanto? Fernández Benetti: “Hay mucha experiencia de productores grandes avanzando en la transición agroecológica. Están apostando. Los más grandes serían los que podrían hacerlo, porque tienen escala propia, mientras para los otros no hay ninguna ayuda y están remando en dulce de leche. Las ciudades y los municipios están trabajando mucho con volver a recrear los cordones hortícolas: Entre Ríos importa el 80% de las frutas y verduras que consume. Tenemos un nicho para volver a la tierra y producir nuestros propios alimentos y cultivos. Eso provocaría nuevas ruralizaciones”.
Por esa razón, desde la Coordinadora no ubican a los productores dentro de los ataques y las amenazas de algunas de las entidades del campo.
Sasia: “Lo que menos queríamos era ser víctimas de estas amenazas. Exigimos al Poder Judicial una institucionalización de algún órgano de gestión para que no haya nadie perjudicado. Eso como medida urgente: no creemos que haya otra solución porque no queremos seguir judicializando amparo contra amparo. Desde nuestro sector no hay fundamentalismo, sino un sinnúmero de evidencia científica que corroboraron cinco fallos: hay una amenaza de salud para niños y niñas que concurren a las escuelas, comprobando la existencia de daño genético. Esa es la realidad específica de nuestro territorio”.
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