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Abejas en riesgo por agroquímicos, impactante informe
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Abejas en riesgo: el 90% de las colmenas ubicadas en zonas agroindustriales presentan contaminación por agroquímicos
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Así surge de un estudio realizado por investigadores de Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Advierten que es necesario que el gobierno tome medidas preventivas para evitar que las colmenas comiencen a "desaparecer".
A través de un estudio que lleva más de seis años en curso, un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) han podido determinar que casi el 90% de la miel de abeja que proviene de zonas agroindustriales de la Argentina contiene residuos de agroquímicos. Advierten que, si el gobierno no toma medidas preventivas, las colmenas del país podrían empezar a "desaparecer".
Luego de que en el 2004 la Unión Europea (UE) emitiera una alerta sanitaria por la presencia de antibióticos prohibidos en la miel argentina, la Dra. Sandra Medici, investigadora adjunta del Conicet, comenzó a investigar la contaminación de miel y cera de abejas con antibióticos y acaricidas de uso habitual en la apicultura argentina.
"Ese hecho le cerró las puertas del mercado europeo a los productos argentinos, lo que representó una crisis porque más del 98% de la miel de abeja que se produce en Argentina se exporta. Además, esa miel quedó en el país y se consumió en el mercado interno", explicó a 0223 Medici, sobre lo que fueron sus inicios en la investigación científica que le permitieron realizar su tesis doctoral.
La producción agrícola a nivel mundial depende de los organismos polinizadores para generar aproximadamente el 35% de los alimentos. Se estima que las abejas son las que producen casi el 75% de los servicios de polinización en todo el mundo. Sin embargo, desde hace más de 10 años los apicultores de Estados Unidos y de distintas regiones de Europa vienen denunciando la desaparición masiva de las colmenas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), una extinción total de las abejas provocaría una auténtica crisis alimentaria. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible al año 2030 (ODS) promovidos por la FAO, la preservación de las abejas cumple un papel fundamental para la consecución del “Hambre Cero”.
En Argentina, los primeros reportes que existen sobre problemas de características similares a los de Estados Unidos y Europa se remontan a 2012. Durante ese año, apicultores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe denunciaron que las abejas eran encontradas muertas en el exterior de la piquera (abertura de la colmena) o directamente no volvían a la colmena luego de los vuelos, lo que causó pérdidas del 50 a 90 por ciento de la población en unas pocas semanas.
Actualmente, Medici trabaja en el Instituto de Investigación en Sanidad, Producción y Ambiente (IIPROSAM) del Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) en conjunto con el Centro Biotecnológico Fares Taie a través de un convenio con Conicet, desde donde desarrolla sus investigaciones sobre la protección y sanidad de la abeja melífera.
"Cuando comencé a estudiar los acaricidas, encontré algunos residuos de agroquímicos en las ceras. Por eso, desde 2012 lo que estoy estudiando son los insecticidas neonicotinoides, que son los más letales para la abeja y el efecto sinérgico, es decir, lo que pasa cuando combinás distintas familias de plaguicidas", explicó la científica de Conicet.
En este sentido, Medici informó: "Las abejas realizan vuelos de hasta cuatro kilómetros en los que va tomando contacto con todos los agroquímicos que se están aplicando en ese momento o lo mismo pasa cuando recolectan polen de una planta. Expuestas a dosis subletales de estos pesticidas, las abejas se vuelven susceptibles a otras patologías porque su sistema inmunológico se ve afectado. Además, ingresan las sustancias a la colmena contaminando a la colonia y a los subproductos".
En conjunto con el grupo de investigadores de la Unmdp se analizaron 50 muestras de mieles provenientes de zonas agroindustruales de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén. Del total de las muestras analizadas, el 88% presentó residuos de pesticidas, siendo el endosulfan sulfato el agroquímico más frecuente.
De acuerdo a lo que informó la bióloga, si bien los valores hallados de estos productos en miel están por debajo de los límites máximos permitidos por la Unión Europea, se pudo utilizar este parámetro para identificar las provincias de mayor riesgo para la actividad apícola, porque la presencia de estos productos en la colmena puede causar un efecto sinérgico negativo con los acaricidas utilizados en la actividad apícola.
Consultada respecto a la situación que atraviesa Mar del Plata, Medici señaló: "En esta zona no se describe una desaparición de colmenas como en otras zonas del país donde muchos apilcutores lo están relacionando con el uso de ciertos tipos insecticidas como el fipronil y los neonicotinoides".
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Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Así surge de un estudio realizado por investigadores de Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Advierten que es necesario que el gobierno tome medidas preventivas para evitar que las colmenas comiencen a "desaparecer".
A través de un estudio que lleva más de seis años en curso, un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) han podido determinar que casi el 90% de la miel de abeja que proviene de zonas agroindustriales de la Argentina contiene residuos de agroquímicos. Advierten que, si el gobierno no toma medidas preventivas, las colmenas del país podrían empezar a "desaparecer".
Luego de que en el 2004 la Unión Europea (UE) emitiera una alerta sanitaria por la presencia de antibióticos prohibidos en la miel argentina, la Dra. Sandra Medici, investigadora adjunta del Conicet, comenzó a investigar la contaminación de miel y cera de abejas con antibióticos y acaricidas de uso habitual en la apicultura argentina.
"Ese hecho le cerró las puertas del mercado europeo a los productos argentinos, lo que representó una crisis porque más del 98% de la miel de abeja que se produce en Argentina se exporta. Además, esa miel quedó en el país y se consumió en el mercado interno", explicó a 0223 Medici, sobre lo que fueron sus inicios en la investigación científica que le permitieron realizar su tesis doctoral.
La producción agrícola a nivel mundial depende de los organismos polinizadores para generar aproximadamente el 35% de los alimentos. Se estima que las abejas son las que producen casi el 75% de los servicios de polinización en todo el mundo. Sin embargo, desde hace más de 10 años los apicultores de Estados Unidos y de distintas regiones de Europa vienen denunciando la desaparición masiva de las colmenas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), una extinción total de las abejas provocaría una auténtica crisis alimentaria. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible al año 2030 (ODS) promovidos por la FAO, la preservación de las abejas cumple un papel fundamental para la consecución del “Hambre Cero”.
En Argentina, los primeros reportes que existen sobre problemas de características similares a los de Estados Unidos y Europa se remontan a 2012. Durante ese año, apicultores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe denunciaron que las abejas eran encontradas muertas en el exterior de la piquera (abertura de la colmena) o directamente no volvían a la colmena luego de los vuelos, lo que causó pérdidas del 50 a 90 por ciento de la población en unas pocas semanas.
Actualmente, Medici trabaja en el Instituto de Investigación en Sanidad, Producción y Ambiente (IIPROSAM) del Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) en conjunto con el Centro Biotecnológico Fares Taie a través de un convenio con Conicet, desde donde desarrolla sus investigaciones sobre la protección y sanidad de la abeja melífera.
"Cuando comencé a estudiar los acaricidas, encontré algunos residuos de agroquímicos en las ceras. Por eso, desde 2012 lo que estoy estudiando son los insecticidas neonicotinoides, que son los más letales para la abeja y el efecto sinérgico, es decir, lo que pasa cuando combinás distintas familias de plaguicidas", explicó la científica de Conicet.
En este sentido, Medici informó: "Las abejas realizan vuelos de hasta cuatro kilómetros en los que va tomando contacto con todos los agroquímicos que se están aplicando en ese momento o lo mismo pasa cuando recolectan polen de una planta. Expuestas a dosis subletales de estos pesticidas, las abejas se vuelven susceptibles a otras patologías porque su sistema inmunológico se ve afectado. Además, ingresan las sustancias a la colmena contaminando a la colonia y a los subproductos".
En conjunto con el grupo de investigadores de la Unmdp se analizaron 50 muestras de mieles provenientes de zonas agroindustruales de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén. Del total de las muestras analizadas, el 88% presentó residuos de pesticidas, siendo el endosulfan sulfato el agroquímico más frecuente.
De acuerdo a lo que informó la bióloga, si bien los valores hallados de estos productos en miel están por debajo de los límites máximos permitidos por la Unión Europea, se pudo utilizar este parámetro para identificar las provincias de mayor riesgo para la actividad apícola, porque la presencia de estos productos en la colmena puede causar un efecto sinérgico negativo con los acaricidas utilizados en la actividad apícola.
Consultada respecto a la situación que atraviesa Mar del Plata, Medici señaló: "En esta zona no se describe una desaparición de colmenas como en otras zonas del país donde muchos apilcutores lo están relacionando con el uso de ciertos tipos insecticidas como el fipronil y los neonicotinoides".
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Decenas de papers contra el glifosato
Una recopilación de pruebas
Fecha de Publicación: 23/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Se llama Antología toxicológica del glifosato y es una respuesta a la defensa que hicieran del herbicida las empresas que lo producen y el ministro de Ciencia Lino Barañao. Más de 100 de los trabajos son de universidades públicas.
“No hay pruebas de que el glifosato sea nocivo”, repiten una y otra vez los defensores del agro transgénico en referencia al herbicida más utilizado del mundo. “Es como agua con sal”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Una reciente recopilación de investigaciones científicas, Antología toxicológica del glifosato, da cuenta de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta del químico y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros cada año. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó el uso del glifosato, desarrollado y comercializado por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia y en la actualidad lo producen un centenar de empresas.
“Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación y resúmenes de congresos que han sido objeto de publicación en revistas científicas. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos”, explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe.
De 182 páginas, se puede acceder vía Internet, cuenta con la descripción y link de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre “mecanismo de fisiopatología celular de cáncer”. El capítulo tres se dedica a “toxicidad en los sistemas orgánicos”, con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto “en la biodiversidad”, con 336 investigaciones.
“No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad”, alerta el trabajo. Y recuerda que en 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto), se aplicaban tres litros de glifosato por hectárea. En la actualidad se utilizan hasta quince litros, incluso junto a otros agrotóxicos (como el 2-4D).
La recopilación, que contó con la colaboración y edición del abogado especializado en ambiente Fernando Cabaleiro (de la organización Naturaleza de Derechos), recuerda que Monsanto publicitó “con información falsa que el glifosato era biodegradable”. En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa. Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida “es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua”.
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La antología denuncia que la autorización de los agrotóxicos (llamado “fitosanitarios” por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, “Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores”. En base a ese estudio, la empresa definió que el herbicida no producía efectos adversos.
“Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores”, explica la recopilación.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo estatal que evalúa y autoriza el uso de agrotóxicos. Es denunciado por los organizaciones socioambientales, ONG y por los propios trabajadores del Senasa de estar dominado por las grandes empresas del agronegocio. “La última revisión de seguridad ambiental e inocuidad alimentaria del glifosato en Argentina fue en el 2000. Para esa fecha no existían protocolos para evaluar los riesgos crónicos y cancerígenos”, denuncian los autores de la recopilación. Y exigen que el Senasa revalúe la autorización del glifosato, en base a estudios independientes (no de las empresas).
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Fecha de Publicación: 23/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Se llama Antología toxicológica del glifosato y es una respuesta a la defensa que hicieran del herbicida las empresas que lo producen y el ministro de Ciencia Lino Barañao. Más de 100 de los trabajos son de universidades públicas.
“No hay pruebas de que el glifosato sea nocivo”, repiten una y otra vez los defensores del agro transgénico en referencia al herbicida más utilizado del mundo. “Es como agua con sal”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Una reciente recopilación de investigaciones científicas, Antología toxicológica del glifosato, da cuenta de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta del químico y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros cada año. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó el uso del glifosato, desarrollado y comercializado por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia y en la actualidad lo producen un centenar de empresas.
“Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación y resúmenes de congresos que han sido objeto de publicación en revistas científicas. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos”, explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe.
De 182 páginas, se puede acceder vía Internet, cuenta con la descripción y link de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre “mecanismo de fisiopatología celular de cáncer”. El capítulo tres se dedica a “toxicidad en los sistemas orgánicos”, con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto “en la biodiversidad”, con 336 investigaciones.
“No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad”, alerta el trabajo. Y recuerda que en 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto), se aplicaban tres litros de glifosato por hectárea. En la actualidad se utilizan hasta quince litros, incluso junto a otros agrotóxicos (como el 2-4D).
La recopilación, que contó con la colaboración y edición del abogado especializado en ambiente Fernando Cabaleiro (de la organización Naturaleza de Derechos), recuerda que Monsanto publicitó “con información falsa que el glifosato era biodegradable”. En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa. Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida “es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua”.
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.
La antología denuncia que la autorización de los agrotóxicos (llamado “fitosanitarios” por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, “Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores”. En base a ese estudio, la empresa definió que el herbicida no producía efectos adversos.
“Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores”, explica la recopilación.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es el organismo estatal que evalúa y autoriza el uso de agrotóxicos. Es denunciado por los organizaciones socioambientales, ONG y por los propios trabajadores del Senasa de estar dominado por las grandes empresas del agronegocio. “La última revisión de seguridad ambiental e inocuidad alimentaria del glifosato en Argentina fue en el 2000. Para esa fecha no existían protocolos para evaluar los riesgos crónicos y cancerígenos”, denuncian los autores de la recopilación. Y exigen que el Senasa revalúe la autorización del glifosato, en base a estudios independientes (no de las empresas).
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Las BPA son voluntarias; las leyes obligatorias
Las buenas prácticas son voluntarias; las leyes, obligatorias
Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La condena contra la semillera Monsanto por parte de un tribunal estadounidense, a partir de la conclusión de que el glifosato podría causar cáncer, volvió a instalar en la sociedad urbana el temor sobre el uso de los fitosanitarios.
Más allá de los basamentos legales que tuvo el tribunal para arribar a esa sentencia, que será apelada por la compañía, el conocimiento científico es lo que debe primar. En especial cuando se analizan las cuestiones referidas a la aplicación de los productos químicos y a su eventual impacto sobre la salud humana.
En Argentina, la utilización de agroquímicos no está legislada a nivel nacional. Y cuando se piensa en un marco normativo, la ciencia debe aparecer como el principal fundamento para su construcción.
El mes pasado, el Estado dio el primer paso con la elaboración de 12 principios sobre buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios.
Mientras en algunos sectores del Gobierno se admite que con ese pronunciamiento alcanzaría para enmarcar el uso de los productos, desde algunas provincias, entre ellas Córdoba, se sostiene que no es suficiente.
En las jurisdicciones, que es donde los conflictos entre el agro y la sociedad urbana quedan patentizados, se asegura que la adopción de esos principios puede ser voluntaria. Pero lo que se necesita es una ley para que sean obligatorios.
Hoy Argentina tiene una legislación sobre la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, pero no tiene ninguna para el uso de esos productos.
La vara de Córdoba
Desde hace 14 años, Córdoba tiene la ley 9.164, que es pionera a nivel nacional en la regulación y aplicación de productos fitosanitarios. Pero no alcanza. Se necesita una ley nacional como paraguas protector. Ante esta carencia, cuando alguna causa que involucra la utilización de estos insumos llega a Tribunales, la Justicia recurre a interpretaciones. Adopta, como por ejemplo en el caso de barrio Ituzaingó, de la Capital, la norma que más se asemeja para tipificar posibles conductas delictivas. Y así recurre a la ley de Residuos Peligrosos que, por definición, nada tienen que ver con los fitosanitarios.
Este vacío legal también genera temor entre los productores.
Con la excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias tienen regulado, con diferentes alcances, el uso de agroquímicos. Pero sin ley marco que las integre.
Sin entrar en la competencia de las provincias, que conservan la autonomía para legislar sobre la materia, la ley nacional de fitosanitarios sólo requiere presupuestos mínimos. Debería identificar quiénes son sus actores (aplicadores, productores, asesores técnicos) y precisar qué es un producto fitosanitario.
Determinar, también, los ambientes sensibles a proteger. Para que a partir de su identificación se establezca una zona de amortiguación o restricción. Tendrá que contener, además, las sanciones para sus infractores.
El documento con principios elaborado por el Gobierno está siendo sometido a una consulta pública, a través de Internet, hasta el 20 agosto. El objetivo es que, con los comentarios, recomendaciones, aportes teóricos y metodológicos, se pueda enriquecer el informe. Su reformulación debería ser la base para la futura ley nacional.
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Fecha de Publicación: 19/08/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
La condena contra la semillera Monsanto por parte de un tribunal estadounidense, a partir de la conclusión de que el glifosato podría causar cáncer, volvió a instalar en la sociedad urbana el temor sobre el uso de los fitosanitarios.
Más allá de los basamentos legales que tuvo el tribunal para arribar a esa sentencia, que será apelada por la compañía, el conocimiento científico es lo que debe primar. En especial cuando se analizan las cuestiones referidas a la aplicación de los productos químicos y a su eventual impacto sobre la salud humana.
En Argentina, la utilización de agroquímicos no está legislada a nivel nacional. Y cuando se piensa en un marco normativo, la ciencia debe aparecer como el principal fundamento para su construcción.
El mes pasado, el Estado dio el primer paso con la elaboración de 12 principios sobre buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios.
Mientras en algunos sectores del Gobierno se admite que con ese pronunciamiento alcanzaría para enmarcar el uso de los productos, desde algunas provincias, entre ellas Córdoba, se sostiene que no es suficiente.
En las jurisdicciones, que es donde los conflictos entre el agro y la sociedad urbana quedan patentizados, se asegura que la adopción de esos principios puede ser voluntaria. Pero lo que se necesita es una ley para que sean obligatorios.
Hoy Argentina tiene una legislación sobre la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, pero no tiene ninguna para el uso de esos productos.
La vara de Córdoba
Desde hace 14 años, Córdoba tiene la ley 9.164, que es pionera a nivel nacional en la regulación y aplicación de productos fitosanitarios. Pero no alcanza. Se necesita una ley nacional como paraguas protector. Ante esta carencia, cuando alguna causa que involucra la utilización de estos insumos llega a Tribunales, la Justicia recurre a interpretaciones. Adopta, como por ejemplo en el caso de barrio Ituzaingó, de la Capital, la norma que más se asemeja para tipificar posibles conductas delictivas. Y así recurre a la ley de Residuos Peligrosos que, por definición, nada tienen que ver con los fitosanitarios.
Este vacío legal también genera temor entre los productores.
Con la excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias tienen regulado, con diferentes alcances, el uso de agroquímicos. Pero sin ley marco que las integre.
Sin entrar en la competencia de las provincias, que conservan la autonomía para legislar sobre la materia, la ley nacional de fitosanitarios sólo requiere presupuestos mínimos. Debería identificar quiénes son sus actores (aplicadores, productores, asesores técnicos) y precisar qué es un producto fitosanitario.
Determinar, también, los ambientes sensibles a proteger. Para que a partir de su identificación se establezca una zona de amortiguación o restricción. Tendrá que contener, además, las sanciones para sus infractores.
El documento con principios elaborado por el Gobierno está siendo sometido a una consulta pública, a través de Internet, hasta el 20 agosto. El objetivo es que, con los comentarios, recomendaciones, aportes teóricos y metodológicos, se pueda enriquecer el informe. Su reformulación debería ser la base para la futura ley nacional.
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Prohíben el clorpirifos en EEUU, ampliamente usado acá
Por generar daño cerebral, Estados Unidos prohíbe al insecticida de Dow más usado en el agro argentino
Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.
La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.
El fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.
El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.
Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.
Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.
La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.
Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.
A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.
Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?
Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.
Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.
La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio nacional.
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Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Provoca daño neurológico, sobre todo en niños. Motiva desde la pérdida de inteligencia hasta cambios en la conducta. Incluso a dosis bajas, puede generar trastornos como el autismo.
La confirmación de tamaña capacidad para generar daño derivó en una resolución de la Justicia estadounidense que, divulgada en las últimas horas, establece la prohibición de venta del insecticida clorpirifos en todo el territorio de la nación norteamericana.
El fallo, establecido por el tribunal de apelaciones de San Francisco, impone a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) un plazo de 60 días para retirar del mercado todas las formulaciones a base del pesticida.
El producto en cuestión, un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes, originó condenas legales en años anteriores.
Por citar un caso, Dow, desarrolladora del clorpirifos, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares.
Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculaba al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York. El fallo actual terminó por confirmar este argumento.
La demostración de la tragedia sanitaria que origina el uso de clorpirifos, tal como acaba de comprobarse en Estados Unidos, adopta un tono más dramático en cuanto se devuelve la vista hacia la Argentina. En concreto, se trata del insecticida más utilizado en la producción agrícola en general.
Residuos de clorpirifos han sido constatados en sendas experiencias científicas llevadas a cabo por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET. Desde muestras de agua recabadas en cuencas de la talla del río Paraná hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico ostenta una presencia que no conoce límites.
A tono con esto, su comercialización se encuentra tan liberada que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico como Mercado Libre.
Lo decidido ahora por la Justicia de los Estados Unidos, previa constatación médica y científica, ¿tendrá algún efecto sobre las regulaciones para el uso de sustancias peligrosas en la producción de alimentos?
Los antecedentes invitan a suponer que no habrá cambios a favor de la salud pública. El dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el herbicida glifosato y su relación con el cáncer fue descartado de plano por las autoridades nacionales.
Lo mismo cuenta para la atrazina –prohibida en Europa desde comienzos de 2000–, el insecticida carbaril –de uso vetado en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países, por generar cáncer–, el fungicida iprodione –de aplicación prohibida sobre frutas en Estados Unidos desde 1996– o el insecticida novaluron –sacado de circulación en casi toda Europa en 2011–.
La decisión legal ahora fijada en los Estados Unidos obliga pensar en el rol de los jueces argentinos, la existencia o no de reacción, ante la impostergable necesidad de garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio nacional.
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Córdoba: en un pueblo 1 cada 2 personas muere de cáncer
Canals, el pueblo fumigado donde más de la mitad de las muertes del último año fueron por cáncer
Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Córdoba
Lo que comenzó como una sospecha ahora tiene base científica. En el pueblo de Canals, en Córdoba, más de la mitad de las muertes de sus vecinos fueron por cáncer en los últimos 12 meses, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Red de Pueblo Fumigados. El estudio detectó también que en esa localidad fallece más gente que en el resto del país. Y para los vecinos no hay otro culpable que los agroquímicos.
El año pasado algo empezó a cambiar en Canals. Entre los temas de las charlas que compartían los vecinos se repetían con más frecuencia los casos de familiares, amigos o allegados que padecían cáncer, hipotiroidismo, celiaquía, alergias y otras enfermedades. "Nos dimos cuenta que había algo que nos dañaba la salud", recordó a Infobae una vecina que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
"Nos dimos cuenta que alrededor del pueblo fumigaban y que estábamos rodeados de depósitos de agroquímicos clandestinos. A una vecina embarazada le fumigaron en frente de su casa, del otro lado de la calle. Acá quizás te estacionan al lado de tu casa con bidones cargados los mosquitos [los vehículos con los que se aplican los venenos]", contó la vecina.
Entonces se organizaron. Y surgió la asamblea "Vecinos Autoconvocados de Canals". La respuesta fue brutal. "Déjense de joder porque las vamos a cagar a palos", les advirtió un aplicador ante sus reclamos.
Del otro lado estaba no sólo el poder económico, sino el aparato político. Los vecinos identifican al propio intendente Carlos Peiretti como uno de los productores que fumiga con agroquímicos, pero también a algunos concejales y funcionarios.
En Canals también nació el ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet. Fue candidato a vicegobernador en 2011 y en 2015 lo eligieron como legislador por su provincia en el Mercosur. Es un referente en Córdoba del sector agropecuario que se fortaleció a raíz de la disputa con el kirchnerismo.
El estudio
Con el apoyo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el cirujano local Adolfo Estrella, el psicólogo Carlos Zubiri y el politólogo Martín Garay se unieron a la asamblea para investigar el caso. Lo primero que hicieron fue pedir al Municipio los certificados de defunción de todos los fallecidos entre abril de 2017 y marzo de 2018. Naturalmente, no se los quisieron dar. Es una constante en las zonas en los que hay casos de contaminación: las estadísticas sanitarias se ocultan.
Lo único que consiguieron fue un certificado de la Secretaría de Salud sobre la cantidad de muertes en los últimos años y un cuadro elaborado por el Registro Civil que indicaba que en 2017 hubo 8 muertos por cáncer, dos más que en 2016 y uno menos que en 2015. No les creyeron.
Entonces, pensaron una alternativa y encararon un trabajo "de hormiga": preguntar uno por uno a los familiares de los muertos las causas del deceso. Para ello, apelaron a una página de Facebook en la que la única casa fúnebre que hay en Canals publica los obituarios. De ahí tomaron los nombres. Luego corroboraron que se trate de personas con domicilio en el pueblo y enterradas en el cementerio local. Finalmente preguntaron a los allegados de qué habían fallecido sus seres queridos. Y arribaron a la conclusión de que en el período analizado hubo 111 muertes, de las cuales 66, es decir, el 55%, fueron por cáncer.
El dato aislado puede no sorprender, pero la comparación con las estadísticas nacionales y provinciales no deja lugar a dudas de la anormalidad de la cifra. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2016 el 18,8% de los muertos en la región centro del país, es decir, la zona de Córdoba, fallecieron de cáncer.
En la misma línea, la tasa de mortalidad por cáncer en la ciudad de Córdoba es del 17,3% de los fallecidos. "Estadísticamente el riesgo relativo de morir por cáncer en Canals comparado con el riesgo de las personas que viven en la ciudad de Córdoba es más de tres veces mayor", indicaron los investigadores.
Pero los estudios también arrojaron que en Canals muere más gente que lo normal o proyectado para el resto en toda la provincia. Según el último informe Hechos Vitales 2015 publicado en diciembre de 2017, en Córdoba la tasa de defunciones general es de 7,8/1.000, mientras que en Canals es de 11,1/1.000, es decir, un 42,3% mayor.
"En términos absolutos la mortalidad esperada era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero en Canals murieron 111, fueron 33 vecinos de más, independientemente de la causa del deceso", explicaron los investigadores, que aclararon que la diferencia de la estructura etaria de los pueblos agrícolas respecto a la ciudad de Córdoba podría explicar sólo hasta un 8% de esa diferencia.
Monte Maíz
Parte de las inquietudes de los vecinos de Canals tenían un antecedentes concreto. A 65 kilómetros del pueblo queda Monte Maíz, donde una investigación detectó que el 39% de los vecinos habían muerto por cáncer en 2013, tres veces más de lo esperado a partir de la proyección de las estadísticas provinciales.
Esa investigación también encontró otros datos alarmantes al comparar los hallazgos con estadísticas nacionales: la tasa de abortos espontáneos de mujeres en edad reproductiva es 4,8 veces más alta, hay un 25% más de enfermedades respiratorias, tres veces más colagenopatías y el doble de casos de diabetes tipo II e hipotiroidismo.
A su vez, todas las muestras del suelo y polvo de granos de los silos en Monte Maíz detectaron la presencia de glifosato y su metabolito principal, AMPA. En ese polvo también había restos del insecticida clorpirifós y el fungicida epoxiconazol, entre otros. Pero lo que más llamó la atención es que en una muestra tomada al lado de una plaza se detectó 68 veces más glifosato que en un campo de maíz transgénico y resistente a ese agroquímico.
Fumigados y perseguidos
En ambos trabajos participó el pediatra, Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que fue perseguido por su estudio en Monte Maíz. En concreto, pidieron que sea echado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor. Según recordó a Infobae, el rector de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue uno de los que alegó que su investigación no tenía rigor académico. En medio de una gran presión, la investigación tampoco fue avalada por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, acaba de ser aprobada por un comité científico y publicada en una prestigiosa revista, la International Journal of Clinical Medicine.
Pero además, los resultados de la investigación en Canals y Monte Maíz no representan un caso aislado, sino que coinciden con los de otros pueblo fumigados. Algunos ejemplos:
– Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación de 2012 reportó una sustancial diferencia de mortalidad por cáncer entre pueblos ganaderos y agropecuarios del interior de la Provincia de Chaco: en Avia Teraí, Campo Largo y Napenay las frecuencias de muertos por cáncer fueron de 31,3%, 29,8% y 38,9% respectivamente, mientras que en Cole Lai y en Charadai fueron de sólo 5,4% y 3,1% .
– Durante 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario estudió la salud ambiental de la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos, y halló que casi el 50% de los fallecidos lo hicieron por cáncer en los recientes años.
– El médico generalista Arturo Baltazar Serrano publicó en 2013 un estudio sobre el pueblo santafesino de San Vicente, en el que detectó que el cáncer aumentó un 300 por ciento.
Mi vecino el glifosato
En julio de 2015, en Monte Maíz, luego de la investigación, aprobaron una resolución que regula el uso de agroquímicos en el área rural y urbana. La asamblea de vecinos de Canals pide que se apruebe una ordenanza similar en su pueblo.
Pero el secretario de Gobierno municipal, según los testigos, fue tajante. "Canals es un pueblo agrícola con glifosato y no van a cambiar", sentenció. En el mismo sentido se pronunció la ex secretaria de Salud municipal, Cecilia Rossi, que renunció recientemente en medio de un brote de triquinosis. "El cáncer lo provoca su estilo de vida", los retó.
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Fecha de Publicación: 17/08/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Córdoba
Lo que comenzó como una sospecha ahora tiene base científica. En el pueblo de Canals, en Córdoba, más de la mitad de las muertes de sus vecinos fueron por cáncer en los últimos 12 meses, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Red de Pueblo Fumigados. El estudio detectó también que en esa localidad fallece más gente que en el resto del país. Y para los vecinos no hay otro culpable que los agroquímicos.
El año pasado algo empezó a cambiar en Canals. Entre los temas de las charlas que compartían los vecinos se repetían con más frecuencia los casos de familiares, amigos o allegados que padecían cáncer, hipotiroidismo, celiaquía, alergias y otras enfermedades. "Nos dimos cuenta que había algo que nos dañaba la salud", recordó a Infobae una vecina que pidió reservar su identidad por miedo a represalias.
"Nos dimos cuenta que alrededor del pueblo fumigaban y que estábamos rodeados de depósitos de agroquímicos clandestinos. A una vecina embarazada le fumigaron en frente de su casa, del otro lado de la calle. Acá quizás te estacionan al lado de tu casa con bidones cargados los mosquitos [los vehículos con los que se aplican los venenos]", contó la vecina.
Entonces se organizaron. Y surgió la asamblea "Vecinos Autoconvocados de Canals". La respuesta fue brutal. "Déjense de joder porque las vamos a cagar a palos", les advirtió un aplicador ante sus reclamos.
Del otro lado estaba no sólo el poder económico, sino el aparato político. Los vecinos identifican al propio intendente Carlos Peiretti como uno de los productores que fumiga con agroquímicos, pero también a algunos concejales y funcionarios.
En Canals también nació el ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet. Fue candidato a vicegobernador en 2011 y en 2015 lo eligieron como legislador por su provincia en el Mercosur. Es un referente en Córdoba del sector agropecuario que se fortaleció a raíz de la disputa con el kirchnerismo.
El estudio
Con el apoyo de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el cirujano local Adolfo Estrella, el psicólogo Carlos Zubiri y el politólogo Martín Garay se unieron a la asamblea para investigar el caso. Lo primero que hicieron fue pedir al Municipio los certificados de defunción de todos los fallecidos entre abril de 2017 y marzo de 2018. Naturalmente, no se los quisieron dar. Es una constante en las zonas en los que hay casos de contaminación: las estadísticas sanitarias se ocultan.
Lo único que consiguieron fue un certificado de la Secretaría de Salud sobre la cantidad de muertes en los últimos años y un cuadro elaborado por el Registro Civil que indicaba que en 2017 hubo 8 muertos por cáncer, dos más que en 2016 y uno menos que en 2015. No les creyeron.
Entonces, pensaron una alternativa y encararon un trabajo "de hormiga": preguntar uno por uno a los familiares de los muertos las causas del deceso. Para ello, apelaron a una página de Facebook en la que la única casa fúnebre que hay en Canals publica los obituarios. De ahí tomaron los nombres. Luego corroboraron que se trate de personas con domicilio en el pueblo y enterradas en el cementerio local. Finalmente preguntaron a los allegados de qué habían fallecido sus seres queridos. Y arribaron a la conclusión de que en el período analizado hubo 111 muertes, de las cuales 66, es decir, el 55%, fueron por cáncer.
El dato aislado puede no sorprender, pero la comparación con las estadísticas nacionales y provinciales no deja lugar a dudas de la anormalidad de la cifra. Según el Instituto Nacional del Cáncer, en 2016 el 18,8% de los muertos en la región centro del país, es decir, la zona de Córdoba, fallecieron de cáncer.
En la misma línea, la tasa de mortalidad por cáncer en la ciudad de Córdoba es del 17,3% de los fallecidos. "Estadísticamente el riesgo relativo de morir por cáncer en Canals comparado con el riesgo de las personas que viven en la ciudad de Córdoba es más de tres veces mayor", indicaron los investigadores.
Pero los estudios también arrojaron que en Canals muere más gente que lo normal o proyectado para el resto en toda la provincia. Según el último informe Hechos Vitales 2015 publicado en diciembre de 2017, en Córdoba la tasa de defunciones general es de 7,8/1.000, mientras que en Canals es de 11,1/1.000, es decir, un 42,3% mayor.
"En términos absolutos la mortalidad esperada era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero en Canals murieron 111, fueron 33 vecinos de más, independientemente de la causa del deceso", explicaron los investigadores, que aclararon que la diferencia de la estructura etaria de los pueblos agrícolas respecto a la ciudad de Córdoba podría explicar sólo hasta un 8% de esa diferencia.
Monte Maíz
Parte de las inquietudes de los vecinos de Canals tenían un antecedentes concreto. A 65 kilómetros del pueblo queda Monte Maíz, donde una investigación detectó que el 39% de los vecinos habían muerto por cáncer en 2013, tres veces más de lo esperado a partir de la proyección de las estadísticas provinciales.
Esa investigación también encontró otros datos alarmantes al comparar los hallazgos con estadísticas nacionales: la tasa de abortos espontáneos de mujeres en edad reproductiva es 4,8 veces más alta, hay un 25% más de enfermedades respiratorias, tres veces más colagenopatías y el doble de casos de diabetes tipo II e hipotiroidismo.
A su vez, todas las muestras del suelo y polvo de granos de los silos en Monte Maíz detectaron la presencia de glifosato y su metabolito principal, AMPA. En ese polvo también había restos del insecticida clorpirifós y el fungicida epoxiconazol, entre otros. Pero lo que más llamó la atención es que en una muestra tomada al lado de una plaza se detectó 68 veces más glifosato que en un campo de maíz transgénico y resistente a ese agroquímico.
Fumigados y perseguidos
En ambos trabajos participó el pediatra, Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que fue perseguido por su estudio en Monte Maíz. En concreto, pidieron que sea echado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde es profesor. Según recordó a Infobae, el rector de la Facultad de Ciencias Agropecuarias fue uno de los que alegó que su investigación no tenía rigor académico. En medio de una gran presión, la investigación tampoco fue avalada por el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, acaba de ser aprobada por un comité científico y publicada en una prestigiosa revista, la International Journal of Clinical Medicine.
Pero además, los resultados de la investigación en Canals y Monte Maíz no representan un caso aislado, sino que coinciden con los de otros pueblo fumigados. Algunos ejemplos:
– Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación de 2012 reportó una sustancial diferencia de mortalidad por cáncer entre pueblos ganaderos y agropecuarios del interior de la Provincia de Chaco: en Avia Teraí, Campo Largo y Napenay las frecuencias de muertos por cáncer fueron de 31,3%, 29,8% y 38,9% respectivamente, mientras que en Cole Lai y en Charadai fueron de sólo 5,4% y 3,1% .
– Durante 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario estudió la salud ambiental de la ciudad de San Salvador, en Entre Ríos, y halló que casi el 50% de los fallecidos lo hicieron por cáncer en los recientes años.
– El médico generalista Arturo Baltazar Serrano publicó en 2013 un estudio sobre el pueblo santafesino de San Vicente, en el que detectó que el cáncer aumentó un 300 por ciento.
Mi vecino el glifosato
En julio de 2015, en Monte Maíz, luego de la investigación, aprobaron una resolución que regula el uso de agroquímicos en el área rural y urbana. La asamblea de vecinos de Canals pide que se apruebe una ordenanza similar en su pueblo.
Pero el secretario de Gobierno municipal, según los testigos, fue tajante. "Canals es un pueblo agrícola con glifosato y no van a cambiar", sentenció. En el mismo sentido se pronunció la ex secretaria de Salud municipal, Cecilia Rossi, que renunció recientemente en medio de un brote de triquinosis. "El cáncer lo provoca su estilo de vida", los retó.
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Bergman sigue defendiendo las fumigaciones en poblados
Bergman sobre agroquímicos: “no podemos tomar posiciones extremas”
Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.
Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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Fecha de Publicación: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.
Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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Políticas al servicio de los agroquímicos
Ministros de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Quieren prohibir el Glifosato en todo Chubut
A partir de una ley se prohibiría el uso del Glifosato en Chubut
Fecha de Publicación: 03/08/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El legislador provincial del PJ-FpV, José Grazzini Agüero, presentó un proyecto de ley disponiendo "la prohibición, en todo el territorio de Chubut, de la importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, así como de productos que lo tengan como base o principio activo".
“La Autoridad de Aplicación de la Ley será el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, el que será responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido por esta norma, de la difusión de sus alcances, del control del cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente y de la sanción correspondiente, al igual que de la promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza”, prevé la iniciativa.
Entre los fundamentos, sostiene que tiene por objeto avanzar en el cuidado y prevención en la custodia de la salud de la población a partir de que a comienzos del año 2015, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el Glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer, lo que no está comprendido por la Ley XI Nº 16 (Antes Ley 4073), y por ello amerita disponer un marco legal que haga efectiva las recomendaciones de no utilización que a partir de esa confirmación se han replicado en todo el mundo”, afirmó en la fundamentación del proyecto de ley.
“La Autoridad de Aplicación ejecutará las medidas tendientes a la prevención en la utilización de productos alternativos al Glifosato, controlará los efectos adversos de biocidas y agroquímicos alternativos que incidan sobre la salud de la población, a la par de propender a la obtención de los mayores beneficios por parte de los productores agropecuarios, evitar la contaminación del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico”, dispone en la normativa.
“La inobservancia de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidas en esta ley y su reglamentación será investigada y sancionada por la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo cuyo trámite será establecido por la reglamentación, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor. Las sanciones previstas serán dispuestas por la autoridad de aplicación en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia”, se alude.
El proyecto de ley establece que la primera infracción será sancionada con una multa de entre 10.000 y 30.000 UF a las que refiere el Artículo 84 del Anexo A de la Ley XIX Nº 26. “Cuando el infractor sea reincidente, la multa a imponer duplicará el monto de la última aplicada, sin posibilidad de conmutar la sanción y sin perjuicio de la inhabilitación temporaria o definitiva de los establecimientos, empresas y profesionales responsables”.
“La Autoridad de Aplicación está autorizada a decomisar y destruir, sin perjuicio de las multas u otras penalidades o acciones que correspondiere, todo producto agropecuario que contenga sustancias biocidas y/o agroquímicas compuestas o derivadas del Glifosato. Las costas que pudiera generar la aplicación de este artículo será con cargo al infractor”, consigna.
“Quedará exceptuado de los alcances de esta Ley el tránsito de paso por rutas del territorio chubutense, con destino a otros estados provinciales, de glifosato o productos cuyo principio activo sea el glifosato, lo que deberá ser avalado con la respectiva documentación de tránsito que así lo certifique. En el mismo carácter, queda exceptuado de los alcances de esta Ley el ingreso de Glifosato a territorio chubutense, o productos formulado en base a este herbicida, que tenga por destino responder a necesidad de autoridad judicial para ser exclusivamente destinado a la fumigación de cultivos ilegales a fin de su destrucción y eliminación”, expresa el proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 03/08/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El legislador provincial del PJ-FpV, José Grazzini Agüero, presentó un proyecto de ley disponiendo "la prohibición, en todo el territorio de Chubut, de la importación, introducción, tenencia con fines de comercialización, fabricación, fraccionamiento, distribución, transporte, comercialización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, así como de productos que lo tengan como base o principio activo".
“La Autoridad de Aplicación de la Ley será el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, el que será responsable de asegurar el cumplimiento de lo establecido por esta norma, de la difusión de sus alcances, del control del cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente y de la sanción correspondiente, al igual que de la promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza”, prevé la iniciativa.
Entre los fundamentos, sostiene que tiene por objeto avanzar en el cuidado y prevención en la custodia de la salud de la población a partir de que a comienzos del año 2015, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el Glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer, lo que no está comprendido por la Ley XI Nº 16 (Antes Ley 4073), y por ello amerita disponer un marco legal que haga efectiva las recomendaciones de no utilización que a partir de esa confirmación se han replicado en todo el mundo”, afirmó en la fundamentación del proyecto de ley.
“La Autoridad de Aplicación ejecutará las medidas tendientes a la prevención en la utilización de productos alternativos al Glifosato, controlará los efectos adversos de biocidas y agroquímicos alternativos que incidan sobre la salud de la población, a la par de propender a la obtención de los mayores beneficios por parte de los productores agropecuarios, evitar la contaminación del medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico”, dispone en la normativa.
“La inobservancia de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidas en esta ley y su reglamentación será investigada y sancionada por la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo cuyo trámite será establecido por la reglamentación, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor. Las sanciones previstas serán dispuestas por la autoridad de aplicación en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia”, se alude.
El proyecto de ley establece que la primera infracción será sancionada con una multa de entre 10.000 y 30.000 UF a las que refiere el Artículo 84 del Anexo A de la Ley XIX Nº 26. “Cuando el infractor sea reincidente, la multa a imponer duplicará el monto de la última aplicada, sin posibilidad de conmutar la sanción y sin perjuicio de la inhabilitación temporaria o definitiva de los establecimientos, empresas y profesionales responsables”.
“La Autoridad de Aplicación está autorizada a decomisar y destruir, sin perjuicio de las multas u otras penalidades o acciones que correspondiere, todo producto agropecuario que contenga sustancias biocidas y/o agroquímicas compuestas o derivadas del Glifosato. Las costas que pudiera generar la aplicación de este artículo será con cargo al infractor”, consigna.
“Quedará exceptuado de los alcances de esta Ley el tránsito de paso por rutas del territorio chubutense, con destino a otros estados provinciales, de glifosato o productos cuyo principio activo sea el glifosato, lo que deberá ser avalado con la respectiva documentación de tránsito que así lo certifique. En el mismo carácter, queda exceptuado de los alcances de esta Ley el ingreso de Glifosato a territorio chubutense, o productos formulado en base a este herbicida, que tenga por destino responder a necesidad de autoridad judicial para ser exclusivamente destinado a la fumigación de cultivos ilegales a fin de su destrucción y eliminación”, expresa el proyecto de ley.
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Santa Fe: convoca a movilización hoy por las fumigaciones
La Multisectorial Paren de Fumigarnos convoca a una nueva movilización
Fecha de Publicación: 01/08/2018
Fuente: Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe convocaron a los movimientos sociales, pueblos originarios, partidos políticos, gremios, iglesias, colectivos culturales y al publico en general, a manifestarse en la explanada de la Legislatura provincial el miércoles 1 de agosto a partir de las 11.
La convocatoria es "ante la necesidad urgente que tenemos los pobladores santafesinos de contar con una modificación a la Ley Nº 11.273, que regula el uso de agrotóxicos en nuestro territorio provincial". "La legislación vigente tiene más de veinte años y es anterior a la incorporación de los transgénicos en el modelo productivo imperante", agregaron.
"Hace más de ocho meses que el proyecto modificatorio está «estancado», sin dictamen, en la Comisión de Salud de dicha Cámara. Consideramos fundamental reformar la mal llamada ley de fitosanitarios, para preservar la salud de todos los santafesinos, pero muy especialmente, la de los pueblos fumigados del interior provincial", destacaron.
Y en la misma línea acotaron que "si bien esta normativa no resuelve el problema del modelo productivo de fondo, preservaría la salud de los más afectados y crearía zonas sin químicos para desarrollar producciones sin venenos. El Estado provincial debe garantizar la capacitación y la aplicación de la ley de fomento de la agroecología, que también espera tratamiento y aprobación por ambas cámaras", insistieron.
El glifosato
"A pesar de toda la evidencia científica disponible de lo nocivo que resulta el modelo productivo basado en el uso de químicos y transgénicos (entre ellas se destaca la recategorización, realizada por la OMS en 2015, de los herbicidas glifosato y 2,4D como probables y posibles cancerígenos), la Comisión de Salud de dicha Cámara se dispone a realizar el 1 de agosto otra jornada de debate, soslayando los innumerables fundamentos que nos amparan en el reclamo", se explayaron desde la Campaña.
Y continuaron: "Pero además, la Comisión de Salud ha ignorado en su convocatoria a médicos y vecinos afectados por las fumigaciones, convocando solo a un ingeniero agrónomo. A todas luces, tendrían que ser personal de salud y afectados quienes den su testimonio acerca de los impactos de los agroquímicos en la salud humana".
"El proyecto modificatorio impulsado por la Multisectorial corre peligro inminente de perder una vez más el estado parlamentario porque se acaba el plazo legislativo para su tratamiento. Esta sería la cuarta vez que un proyecto para modificar la ley pierde vigencia dejándonos a los pueblos fumigados santafesinos desamparados ante el ataque químico permanente al que somos expuestos. Claramente, hasta ahora la legislatura santafesina no ha querido tratar la nueva ley de agroquímicos, desconociendo el clamor de los vecinos de la provincia que luchan porque se respete el más básico derecho a estar vivos y no ser envenenados", detallaron en ese sentido.
Por todo ello, la Multisectorial Paren de Fumigarnos convoca e invita a la Jornada de protesta y concientización a realizarse el próximo miércoles 1 de agosto en la explanada de la Legislatura santafesina, a partir de las 11. Habrá tambores, música, intervenciones de artistas, radio abierta, feria de productos agroecológicos y asamblea ciudadana.
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Fecha de Publicación: 01/08/2018
Fuente: Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe convocaron a los movimientos sociales, pueblos originarios, partidos políticos, gremios, iglesias, colectivos culturales y al publico en general, a manifestarse en la explanada de la Legislatura provincial el miércoles 1 de agosto a partir de las 11.
La convocatoria es "ante la necesidad urgente que tenemos los pobladores santafesinos de contar con una modificación a la Ley Nº 11.273, que regula el uso de agrotóxicos en nuestro territorio provincial". "La legislación vigente tiene más de veinte años y es anterior a la incorporación de los transgénicos en el modelo productivo imperante", agregaron.
"Hace más de ocho meses que el proyecto modificatorio está «estancado», sin dictamen, en la Comisión de Salud de dicha Cámara. Consideramos fundamental reformar la mal llamada ley de fitosanitarios, para preservar la salud de todos los santafesinos, pero muy especialmente, la de los pueblos fumigados del interior provincial", destacaron.
Y en la misma línea acotaron que "si bien esta normativa no resuelve el problema del modelo productivo de fondo, preservaría la salud de los más afectados y crearía zonas sin químicos para desarrollar producciones sin venenos. El Estado provincial debe garantizar la capacitación y la aplicación de la ley de fomento de la agroecología, que también espera tratamiento y aprobación por ambas cámaras", insistieron.
El glifosato
"A pesar de toda la evidencia científica disponible de lo nocivo que resulta el modelo productivo basado en el uso de químicos y transgénicos (entre ellas se destaca la recategorización, realizada por la OMS en 2015, de los herbicidas glifosato y 2,4D como probables y posibles cancerígenos), la Comisión de Salud de dicha Cámara se dispone a realizar el 1 de agosto otra jornada de debate, soslayando los innumerables fundamentos que nos amparan en el reclamo", se explayaron desde la Campaña.
Y continuaron: "Pero además, la Comisión de Salud ha ignorado en su convocatoria a médicos y vecinos afectados por las fumigaciones, convocando solo a un ingeniero agrónomo. A todas luces, tendrían que ser personal de salud y afectados quienes den su testimonio acerca de los impactos de los agroquímicos en la salud humana".
"El proyecto modificatorio impulsado por la Multisectorial corre peligro inminente de perder una vez más el estado parlamentario porque se acaba el plazo legislativo para su tratamiento. Esta sería la cuarta vez que un proyecto para modificar la ley pierde vigencia dejándonos a los pueblos fumigados santafesinos desamparados ante el ataque químico permanente al que somos expuestos. Claramente, hasta ahora la legislatura santafesina no ha querido tratar la nueva ley de agroquímicos, desconociendo el clamor de los vecinos de la provincia que luchan porque se respete el más básico derecho a estar vivos y no ser envenenados", detallaron en ese sentido.
Por todo ello, la Multisectorial Paren de Fumigarnos convoca e invita a la Jornada de protesta y concientización a realizarse el próximo miércoles 1 de agosto en la explanada de la Legislatura santafesina, a partir de las 11. Habrá tambores, música, intervenciones de artistas, radio abierta, feria de productos agroecológicos y asamblea ciudadana.
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¿Qué comemos los argentinos?: verduras con agroquímicos
¿Qué comemos los argentinos?: los increíbles resultados de los controles del Senasa sobre frutas y verduras
Fecha de Publicación: 31/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Los controles que realiza el Senasa sobre las frutas y verduras que se venden en todo el país arrojaron la presencia de 80 agroquímicos, entre ellos, cuatro sustancias que están prohibidas y otras seis que no están autorizadas. Lo que más llamó la atención es que en muchísimos casos se usan venenos en cultivos para los que no cuentan con permisos y en otros superan ampliamente los límites máximos autorizados. Una enorme cantidad de esos pesticidas, herbicidas y fungicidas terminan en los platos de los argentinos.
Hasta el año pasado prácticamente no había información oficial sobre la presencia de veneno en frutas y verduras. Luego de que la ONG Naturaleza y Derecho presentara un recurso de amparo por el silencio oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que en el 63% de los controles realizados entre 2011 y 2013 se detectó la presencia de restos de agroquímicos. Y que el 7% de las muestras tomadas entre 2014 y 2016 tenían exceso de pesticidas, herbicidas y fungicidas, aunque en este último caso se cuestionó la metodología, ya que el 30% de los controles reportados fueron hechos en frutas secas, kiwis y bananas.
Esta vez, la ONG volvió a presentar un pedido de acceso a la información pública, pero solicitó que el Senasa detalle los niveles de agroquímicos detectados, algo que no había aclarado el año pasado. El organismo contestó hace pocos días y reportó que entre 2013 y 2016 hubo unos 8 mil controles positivos, pero no precisó cuántas muestras se analizaron en total.
Un ejemplo. En las distintas muestras de acelga se hallaron restos de 28 agroquímicos, 16 de los cuales no están autorizados para ese cultivo. Es lo que se conoce como "desvío de uso": cuando se aplica un veneno para un alimento que no tiene permiso.
En la acelga también se detectaron tres sustancias prohibidas (DDT, endosulfán y metamidofos), además de diazinon, y varios agroquímicos con valores por encima de los límites autorizados. Tal el caso de la deltametrina: el máximo permitido es de 0,05 mg/kg, pero en una partida de Misiones se detectó 2,2 mg/kg, es decir, 44 veces por encima del tope legal. Se trata de una sustancia "moderadamente peligrosa", capaz de provocar coreoatetosis, hipotensión, daño prenatal y shock, según el registro de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Pero a la vez, hubo una inconsistencia: el Senasa reconoció la presencia en controles de lotes de acelga de cinco sustancias que no habían sido reportadas el año pasado, lo que puso en duda la credibilidad de sus respuestas. Son metomil, boscalid, DDT, procimidone y axozistrobina.
Ante la consulta de Infobae, el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza y Derecho, criticó esas inconsistencias con otro ejemplo. "En el durazno informaron en 2017 que entre 2014 y 2016 habían detectado en 53 controles cuatro casos fuera de los valores permitidos en el Mercado Central porteño, La Plata y Mar del Plata. Pero ahora con la nueva información que nos dan nos dicen que en esos años y en 2017 hubo 48 controles. Es decir, dicen que en cuatro años hubo menos que en tres años, y pese a que la información esta vez abarca a todo el país. Y cuando repasamos los valores legales, en el durazno hay 30 casos por encima de los valores permitidos", advirtió.
Comer veneno
Naturalmente, el Senasa no controla todos los lotes de productos -algo que sería imposible-, sino una porción que considera representativa, y solamente trabaja sobre los productos que tienen tránsito federal. Esto se traduce en que los argentinos consumen frutas, verduras y hortalizas con venenos prohibidos o no autorizados para esos productos, ya que solo una pequeña porción es detectada.
Por otra parte, existe lo que se conoce como Límites Máximos de Residuos (LMR), que representan la mayor cantidad de restos de agroquímicos presentes en los alimentos que el Senasa considera que son inocuos. Más allá de que la metodología del organismo para determinar ese tope legal no está exenta de discusión, en los controles se detectaron muchísimos casos en los que los valores están por encima de esos límites.
¿Cómo se calculan esos límites máximos? El Senasa apela a una serie de profesionales independientes que evalúan los estudios sobre los agroquímicos y establecen la dosis sin efecto adverso observado, conocida como NOAEL, que es el nivel fitosanitario de un producto que no produce daño. En base a ello determinan la llamada Ingesta Diaria Admisible (IDA), a partir de la cual se establecen finalmente los límites máximos de veneno que pueden tener los productos.
Sin embargo, desde el sector agroecológico hace rato que se viene planteando que el Senasa calcula mal esos LMR y el propio organismo por primera vez sugirió que la metodología podría cambiar. ¿Qué ocurre? Según los ambientalistas, por un lado, los LMR son para todos iguales, por lo que no toma en cuenta si se trata de hombre, mujer, adulto o niño, u otras variables como puede ser un problema de salud preexistente. Y por otro lado, no calcula la acumulación de sustancias en el organismo y el efecto sinérgico, es decir, la interacción de los distintos agroquímicos dentro del cuerpo.
En la contestación al pedido de información de la ONG, el Senasa admitió que "la evaluación de sinergia o efectos acumulativos de residuos no es formalmente realizada". Pero aclaró que la Unión Europea está encarando planes piloto para medir la acumulación, cuyos resultados se esperan para finales de este año, lo que "permitirá evaluar la adopción de dicha metodología (en Argentina) en la medida que se valide y reconozca".
Esto quiere decir que el Senasa admitió, indirectamente, que es posible que los argentinos estén consumiendo alimentos que el Estado considera seguros para la salud humana, pero que no lo son, lo cual contradice cualquier principio precautorio en materia sanitaria y ambiental. Por eso la pregunta es, si hay dudas o dificultades técnicas para el análisis de un producto, ¿se debería autorizar su consumo?
Controles
¿Qué sucede cuando una partida es rechazada? "A través de los datos del acta del producto se identifica y visita al productor, y se le indica que el resultado no es satisfactorio con la norma. Este productor pasa a estar dentro del proceso de muestreo dirigido o vigilancia, en el que se le toman muestras a 5 lotes distintos durante un tiempo. No puede vender hasta que estén los resultados de los análisis. En el caso de que los resultados no sean conformes a la norma, se destruye la mercadería y no puede volver a comercializar. Si los niveles de los 5 muestreos dirigidos dan bien, el productor puede volver a comercializar", aclararon desde el Senasa a Infobae.
En cuanto a los controles, explicaron que "la principal estrategia es la prevención". Para ello realizan capacitaciones constantes a los productores en el cumplimiento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Y creen que están dando sus frutos, ya que "desde hace años viene en caída la presencia de muchos residuos de fitosanitarios en la producción agrícola".
Por otra parte, en el organismo resaltaron, entre otras cosas, la prohibición del uso de productos como el endosulfán en 2012 o la restricción del diclorvós este año (que todavía no está vigente), ambas cuestionadas por la gran demora del Senasa en reconocer su toxicidad. Además, realiza otras medidas como la exigencia de documentación y rotulado que los lotes deben llevar, por ejemplo, para conocer su ruta o localizar a los productores.
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Fecha de Publicación: 31/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Los controles que realiza el Senasa sobre las frutas y verduras que se venden en todo el país arrojaron la presencia de 80 agroquímicos, entre ellos, cuatro sustancias que están prohibidas y otras seis que no están autorizadas. Lo que más llamó la atención es que en muchísimos casos se usan venenos en cultivos para los que no cuentan con permisos y en otros superan ampliamente los límites máximos autorizados. Una enorme cantidad de esos pesticidas, herbicidas y fungicidas terminan en los platos de los argentinos.
Hasta el año pasado prácticamente no había información oficial sobre la presencia de veneno en frutas y verduras. Luego de que la ONG Naturaleza y Derecho presentara un recurso de amparo por el silencio oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que en el 63% de los controles realizados entre 2011 y 2013 se detectó la presencia de restos de agroquímicos. Y que el 7% de las muestras tomadas entre 2014 y 2016 tenían exceso de pesticidas, herbicidas y fungicidas, aunque en este último caso se cuestionó la metodología, ya que el 30% de los controles reportados fueron hechos en frutas secas, kiwis y bananas.
Esta vez, la ONG volvió a presentar un pedido de acceso a la información pública, pero solicitó que el Senasa detalle los niveles de agroquímicos detectados, algo que no había aclarado el año pasado. El organismo contestó hace pocos días y reportó que entre 2013 y 2016 hubo unos 8 mil controles positivos, pero no precisó cuántas muestras se analizaron en total.
Un ejemplo. En las distintas muestras de acelga se hallaron restos de 28 agroquímicos, 16 de los cuales no están autorizados para ese cultivo. Es lo que se conoce como "desvío de uso": cuando se aplica un veneno para un alimento que no tiene permiso.
En la acelga también se detectaron tres sustancias prohibidas (DDT, endosulfán y metamidofos), además de diazinon, y varios agroquímicos con valores por encima de los límites autorizados. Tal el caso de la deltametrina: el máximo permitido es de 0,05 mg/kg, pero en una partida de Misiones se detectó 2,2 mg/kg, es decir, 44 veces por encima del tope legal. Se trata de una sustancia "moderadamente peligrosa", capaz de provocar coreoatetosis, hipotensión, daño prenatal y shock, según el registro de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Pero a la vez, hubo una inconsistencia: el Senasa reconoció la presencia en controles de lotes de acelga de cinco sustancias que no habían sido reportadas el año pasado, lo que puso en duda la credibilidad de sus respuestas. Son metomil, boscalid, DDT, procimidone y axozistrobina.
Ante la consulta de Infobae, el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza y Derecho, criticó esas inconsistencias con otro ejemplo. "En el durazno informaron en 2017 que entre 2014 y 2016 habían detectado en 53 controles cuatro casos fuera de los valores permitidos en el Mercado Central porteño, La Plata y Mar del Plata. Pero ahora con la nueva información que nos dan nos dicen que en esos años y en 2017 hubo 48 controles. Es decir, dicen que en cuatro años hubo menos que en tres años, y pese a que la información esta vez abarca a todo el país. Y cuando repasamos los valores legales, en el durazno hay 30 casos por encima de los valores permitidos", advirtió.
Comer veneno
Naturalmente, el Senasa no controla todos los lotes de productos -algo que sería imposible-, sino una porción que considera representativa, y solamente trabaja sobre los productos que tienen tránsito federal. Esto se traduce en que los argentinos consumen frutas, verduras y hortalizas con venenos prohibidos o no autorizados para esos productos, ya que solo una pequeña porción es detectada.
Por otra parte, existe lo que se conoce como Límites Máximos de Residuos (LMR), que representan la mayor cantidad de restos de agroquímicos presentes en los alimentos que el Senasa considera que son inocuos. Más allá de que la metodología del organismo para determinar ese tope legal no está exenta de discusión, en los controles se detectaron muchísimos casos en los que los valores están por encima de esos límites.
¿Cómo se calculan esos límites máximos? El Senasa apela a una serie de profesionales independientes que evalúan los estudios sobre los agroquímicos y establecen la dosis sin efecto adverso observado, conocida como NOAEL, que es el nivel fitosanitario de un producto que no produce daño. En base a ello determinan la llamada Ingesta Diaria Admisible (IDA), a partir de la cual se establecen finalmente los límites máximos de veneno que pueden tener los productos.
Sin embargo, desde el sector agroecológico hace rato que se viene planteando que el Senasa calcula mal esos LMR y el propio organismo por primera vez sugirió que la metodología podría cambiar. ¿Qué ocurre? Según los ambientalistas, por un lado, los LMR son para todos iguales, por lo que no toma en cuenta si se trata de hombre, mujer, adulto o niño, u otras variables como puede ser un problema de salud preexistente. Y por otro lado, no calcula la acumulación de sustancias en el organismo y el efecto sinérgico, es decir, la interacción de los distintos agroquímicos dentro del cuerpo.
En la contestación al pedido de información de la ONG, el Senasa admitió que "la evaluación de sinergia o efectos acumulativos de residuos no es formalmente realizada". Pero aclaró que la Unión Europea está encarando planes piloto para medir la acumulación, cuyos resultados se esperan para finales de este año, lo que "permitirá evaluar la adopción de dicha metodología (en Argentina) en la medida que se valide y reconozca".
Esto quiere decir que el Senasa admitió, indirectamente, que es posible que los argentinos estén consumiendo alimentos que el Estado considera seguros para la salud humana, pero que no lo son, lo cual contradice cualquier principio precautorio en materia sanitaria y ambiental. Por eso la pregunta es, si hay dudas o dificultades técnicas para el análisis de un producto, ¿se debería autorizar su consumo?
Controles
¿Qué sucede cuando una partida es rechazada? "A través de los datos del acta del producto se identifica y visita al productor, y se le indica que el resultado no es satisfactorio con la norma. Este productor pasa a estar dentro del proceso de muestreo dirigido o vigilancia, en el que se le toman muestras a 5 lotes distintos durante un tiempo. No puede vender hasta que estén los resultados de los análisis. En el caso de que los resultados no sean conformes a la norma, se destruye la mercadería y no puede volver a comercializar. Si los niveles de los 5 muestreos dirigidos dan bien, el productor puede volver a comercializar", aclararon desde el Senasa a Infobae.
En cuanto a los controles, explicaron que "la principal estrategia es la prevención". Para ello realizan capacitaciones constantes a los productores en el cumplimiento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Y creen que están dando sus frutos, ya que "desde hace años viene en caída la presencia de muchos residuos de fitosanitarios en la producción agrícola".
Por otra parte, en el organismo resaltaron, entre otras cosas, la prohibición del uso de productos como el endosulfán en 2012 o la restricción del diclorvós este año (que todavía no está vigente), ambas cuestionadas por la gran demora del Senasa en reconocer su toxicidad. Además, realiza otras medidas como la exigencia de documentación y rotulado que los lotes deben llevar, por ejemplo, para conocer su ruta o localizar a los productores.
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San Luis trabajará en la gestión de envases de agroquímicos
San Luis comienza a diseñar el sistema de gestión de envases fitosanitarios
Fecha de Publicación: 29/07/2018
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis
Luego de reunirse en Buenos Aires con las cámaras de Sanidad Agropecuaria e Industria Argentina de Fertilizantes (CIAFA), la cartera medioambiental recibió a referentes del CIAFA y de la Fundación “Campo Limpio” para coordinar acciones de cara a la instalación de un centro de almacenamiento de estos envases.
“La reunión fue para dar el puntapié inicial en lo que es el diseño de un sistema de gestión de envases vacíos de agroquímicos”, señaló la jefa del Subprograma Industrias y Residuos Peligrosos, Eliana Giorda, luego del encuentro en Terrazas del Portezuelo.
Y amplió: “Queremos que se aplique la ley vigente de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, Nº 27.279, que obliga a los registrantes (fabricantes e importadores de agroquímicos) a establecer un sistema de gestión de los envases que incorporan al sistema y que generarán residuos”.
Es importante recordar que funcionarios de la cartera provincial habían viajado -en junio pasado- a Buenos Aires para comunicarle a estos organismos nacionales la necesidad de instalar en San Luis un centro de almacenamiento de envases fitosanitarios.
“En las cámaras de Sanidad Agropecuaria e Industria Argentina de Fertilizantes se encuentran agrupados los registrantes. La Fundación ‘Campo Limpio’ es la encargada de instrumentar el sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios para el tratamiento y reciclado del plástico recuperado”, aclaró Giorda.
Curso de aplicadores en Villa Mercedes
Este jueves, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción ofrece una charla a aplicadores de agroquímicos, en la que disertarán representantes de “Campo Limpio”. “Allí planificaremos acciones para seguir avanzando con este tema”, concluyó la funcionaria.
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Fecha de Publicación: 29/07/2018
Fuente: Agencia ANSL
Provincia/Región: San Luis
Luego de reunirse en Buenos Aires con las cámaras de Sanidad Agropecuaria e Industria Argentina de Fertilizantes (CIAFA), la cartera medioambiental recibió a referentes del CIAFA y de la Fundación “Campo Limpio” para coordinar acciones de cara a la instalación de un centro de almacenamiento de estos envases.
“La reunión fue para dar el puntapié inicial en lo que es el diseño de un sistema de gestión de envases vacíos de agroquímicos”, señaló la jefa del Subprograma Industrias y Residuos Peligrosos, Eliana Giorda, luego del encuentro en Terrazas del Portezuelo.
Y amplió: “Queremos que se aplique la ley vigente de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, Nº 27.279, que obliga a los registrantes (fabricantes e importadores de agroquímicos) a establecer un sistema de gestión de los envases que incorporan al sistema y que generarán residuos”.
Es importante recordar que funcionarios de la cartera provincial habían viajado -en junio pasado- a Buenos Aires para comunicarle a estos organismos nacionales la necesidad de instalar en San Luis un centro de almacenamiento de envases fitosanitarios.
“En las cámaras de Sanidad Agropecuaria e Industria Argentina de Fertilizantes se encuentran agrupados los registrantes. La Fundación ‘Campo Limpio’ es la encargada de instrumentar el sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios para el tratamiento y reciclado del plástico recuperado”, aclaró Giorda.
Curso de aplicadores en Villa Mercedes
Este jueves, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción ofrece una charla a aplicadores de agroquímicos, en la que disertarán representantes de “Campo Limpio”. “Allí planificaremos acciones para seguir avanzando con este tema”, concluyó la funcionaria.
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Agrotóxicos en el 80% de la lluvia
Monsanto y Bayer, hasta en la lluvia: a niveles que rompen marcas mundiales, detectan agrotóxicos en precipitaciones de Argentina
Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Estudio del CIM y CONICET publicado en el exterior detectó glifosato y atrazina en 80% de las muestras tomadas en ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La carga máxima de plaguicidas en las gotas fue hasta 20 veces superior a las registradas en EE.UU. y Canadá
La omnipresencia ambiental que ostentan los plaguicidas más utilizados por el agro en la Argentina dinamita cualquier límite del asombro.
Ahora, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con mayor historia en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las ultra cuestionadas fumigaciones.
Publicada en la revista internacional Science of the Total Environment, la investigación arrojó que, de 112 muestras de lluvia recolectadas, más del 80% dio positivo en glifosato y atrazina. También, que el elevado grado de concentración en las gotas es consecuencia de un uso mayor de herbicidas en comparación con otras naciones.
La experiencia cuyos resultados se conocen ahora tiene su origen en muestras tomadas a partir del año 2012. Según confiaron fuentes del CIM, los análisis se desarrollaron sobre precipitaciones ocurridas en las ciudades de Coronel Suárez y La Plata (provincia de Buenos Aires), Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Brinkmann (Córdoba), Hersilia (Santa Fe) y Urdinarrain (Entre Ríos).
La presencia de herbicidas en la gota de lluvia, explicó a iProfesional Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al parecer, el glifosato y la atrazina ganan altura y se movilizan desde fuentes como los aerosoles que generan las fumigaciones, en modo fracción gaseosa, y a través de la erosión eólica. Este fenómeno es responsable de transformar al suelo (antes pulverizado con agrotóxicos) en polvo atmosférico, el cual puede transportar los plaguicidas a grandes distancias desde la zona de aplicación.
"Las concentraciones máximas cuantificadas en el agua de lluvia excedieron a las concentraciones reportadas anteriormente en Estados Unidos y Canadá", expone el estudio en uno de sus apartados.
Para luego añadir: "La zona estudiada involucra gran parte de la región pampeana, donde se concentra el 90% de la soja y entre el 80 y 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol que se producen en el país".
Un aspecto a resaltar del trabajo en cuestión radica en que las concentraciones más altas de herbicidas en los eventos de lluvia tuvieron lugar en Córdoba antes que en Entre Ríos, siendo que el cultivo de soja transgénica atada principalmente al uso de glifosato es predominante en la segunda provincia.
Respecto de este enorme detalle, Marino argumentó ante iProfesional que en la ecuación intervienen variables como el régimen de lluvias de cada territorio. En tanto Urdinarrain ostenta una pauta de precipitaciones anuales muy por encima de las zonas cordobesas monitoreadas, la atmósfera es lavada con mayor frecuencia en comparación con Brinkmann o Ituzaingó.
"La lluvia en Córdoba mostró concentraciones hasta un 30% por encima de lo constatado en Entre Ríos. Pero en el análisis de suelo, Córdoba mostraba menos uso de herbicidas que la otra provincia. Entendimos que las isoyetas que marcan los regímenes de precipitaciones se relacionan con la acumulación de los herbicidas. En tanto Urdinarrain tiene más lluvias anuales que, por poner un ejemplo, Ituzaingó, la atmósfera en esa zona se ‘lava' mucho más y por eso la concentración del evento de lluvia es más baja, más allá de la carga total anual", dijo.
Marino sostuvo que estos resultados prueban que la presencia -elevada o no- de agrotóxicos en las gotas de lluvia no responde tanto a la práctica agropecuaria que se lleva a cabo en torno a una determinada ciudad si no a la dinámica atmosférica de cada lugar.
"Probablemente en provincias como Entre Ríos ubiquemos que la gota de lluvia tiene menos concentración de herbicidas que en Córdoba por la lógica del régimen de precipitaciones. Ahora eso no quita que lluvias frecuentes con menor carga de glifosato o atrazina no tengan un impacto similar a la precipitación escasa con carga elevada. Lo primero no sería más que la división en secuencias de un mismo problema", alertó, en diálogo con este medio.
Identidad tóxica
El glifosato es el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina. En la primera parte de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación de este herbicida y la proliferación del cáncer.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico. Más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto. En la Argentina, Bayer también vende formulaciones del plaguicida vía nombres comerciales como Sitrin.
Por su parte, la atrazina es un herbicida que el agro local utiliza desde la década del 60. En Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles. De hecho, en el Viejo Continente su uso está vetado desde el año 2004.
En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.
La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.
Llueven millones
La experiencia del CIM y el CONICET expone, además, que los niveles de herbicidas detectados son varias veces mayores a los ubicados en cuerpos de aguas superficiales como, por poner un caso, el río Paraná.
La carga de plaguicidas depositados sobre la superficie de la región estudiada, por estimaciones a partir de los resultados sobre lluvias, aseguran los especialistas, alcanza un volumen cercano a los 20 millones de litros anuales de formulaciones comerciales.
"Entre el 7 y 8% del total de litros de herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer en las precipitaciones. Los 20 millones de litros estimados representan un cálculo conservador. Si se han ubicado moléculas de atrazina en zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida ¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurrirá a mayor escala en el área lindante a las zonas fumigadas?", se preguntó Marino, en diálogo con iProfesional.
En el trabajo se hace mención a la necesidad de sumar la detección de este tipo de compuestos a los monitoreos sobre calidad de aire, al tiempo que recomienda se establezcan niveles regulatorios para ese ítem.
Llueve veneno sobre nosotros y, al menos dentro de la Argentina, no hay certeza de que exista un lugar exento de esta nueva variante de la que hace gala el bombardeo químico.
La confirmación científica aporta renovados argumentos a un reclamo de seguridad sanitaria que, lo confirman los últimos pronunciamientos oficiales, el sector político sigue esforzándose en desoír.
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Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Estudio del CIM y CONICET publicado en el exterior detectó glifosato y atrazina en 80% de las muestras tomadas en ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La carga máxima de plaguicidas en las gotas fue hasta 20 veces superior a las registradas en EE.UU. y Canadá
La omnipresencia ambiental que ostentan los plaguicidas más utilizados por el agro en la Argentina dinamita cualquier límite del asombro.
Ahora, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con mayor historia en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las ultra cuestionadas fumigaciones.
Publicada en la revista internacional Science of the Total Environment, la investigación arrojó que, de 112 muestras de lluvia recolectadas, más del 80% dio positivo en glifosato y atrazina. También, que el elevado grado de concentración en las gotas es consecuencia de un uso mayor de herbicidas en comparación con otras naciones.
La experiencia cuyos resultados se conocen ahora tiene su origen en muestras tomadas a partir del año 2012. Según confiaron fuentes del CIM, los análisis se desarrollaron sobre precipitaciones ocurridas en las ciudades de Coronel Suárez y La Plata (provincia de Buenos Aires), Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Brinkmann (Córdoba), Hersilia (Santa Fe) y Urdinarrain (Entre Ríos).
La presencia de herbicidas en la gota de lluvia, explicó a iProfesional Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al parecer, el glifosato y la atrazina ganan altura y se movilizan desde fuentes como los aerosoles que generan las fumigaciones, en modo fracción gaseosa, y a través de la erosión eólica. Este fenómeno es responsable de transformar al suelo (antes pulverizado con agrotóxicos) en polvo atmosférico, el cual puede transportar los plaguicidas a grandes distancias desde la zona de aplicación.
"Las concentraciones máximas cuantificadas en el agua de lluvia excedieron a las concentraciones reportadas anteriormente en Estados Unidos y Canadá", expone el estudio en uno de sus apartados.
Para luego añadir: "La zona estudiada involucra gran parte de la región pampeana, donde se concentra el 90% de la soja y entre el 80 y 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol que se producen en el país".
Un aspecto a resaltar del trabajo en cuestión radica en que las concentraciones más altas de herbicidas en los eventos de lluvia tuvieron lugar en Córdoba antes que en Entre Ríos, siendo que el cultivo de soja transgénica atada principalmente al uso de glifosato es predominante en la segunda provincia.
Respecto de este enorme detalle, Marino argumentó ante iProfesional que en la ecuación intervienen variables como el régimen de lluvias de cada territorio. En tanto Urdinarrain ostenta una pauta de precipitaciones anuales muy por encima de las zonas cordobesas monitoreadas, la atmósfera es lavada con mayor frecuencia en comparación con Brinkmann o Ituzaingó.
"La lluvia en Córdoba mostró concentraciones hasta un 30% por encima de lo constatado en Entre Ríos. Pero en el análisis de suelo, Córdoba mostraba menos uso de herbicidas que la otra provincia. Entendimos que las isoyetas que marcan los regímenes de precipitaciones se relacionan con la acumulación de los herbicidas. En tanto Urdinarrain tiene más lluvias anuales que, por poner un ejemplo, Ituzaingó, la atmósfera en esa zona se ‘lava' mucho más y por eso la concentración del evento de lluvia es más baja, más allá de la carga total anual", dijo.
Marino sostuvo que estos resultados prueban que la presencia -elevada o no- de agrotóxicos en las gotas de lluvia no responde tanto a la práctica agropecuaria que se lleva a cabo en torno a una determinada ciudad si no a la dinámica atmosférica de cada lugar.
"Probablemente en provincias como Entre Ríos ubiquemos que la gota de lluvia tiene menos concentración de herbicidas que en Córdoba por la lógica del régimen de precipitaciones. Ahora eso no quita que lluvias frecuentes con menor carga de glifosato o atrazina no tengan un impacto similar a la precipitación escasa con carga elevada. Lo primero no sería más que la división en secuencias de un mismo problema", alertó, en diálogo con este medio.
Identidad tóxica
El glifosato es el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina. En la primera parte de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación de este herbicida y la proliferación del cáncer.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico. Más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto. En la Argentina, Bayer también vende formulaciones del plaguicida vía nombres comerciales como Sitrin.
Por su parte, la atrazina es un herbicida que el agro local utiliza desde la década del 60. En Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles. De hecho, en el Viejo Continente su uso está vetado desde el año 2004.
En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.
La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.
Llueven millones
La experiencia del CIM y el CONICET expone, además, que los niveles de herbicidas detectados son varias veces mayores a los ubicados en cuerpos de aguas superficiales como, por poner un caso, el río Paraná.
La carga de plaguicidas depositados sobre la superficie de la región estudiada, por estimaciones a partir de los resultados sobre lluvias, aseguran los especialistas, alcanza un volumen cercano a los 20 millones de litros anuales de formulaciones comerciales.
"Entre el 7 y 8% del total de litros de herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer en las precipitaciones. Los 20 millones de litros estimados representan un cálculo conservador. Si se han ubicado moléculas de atrazina en zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida ¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurrirá a mayor escala en el área lindante a las zonas fumigadas?", se preguntó Marino, en diálogo con iProfesional.
En el trabajo se hace mención a la necesidad de sumar la detección de este tipo de compuestos a los monitoreos sobre calidad de aire, al tiempo que recomienda se establezcan niveles regulatorios para ese ítem.
Llueve veneno sobre nosotros y, al menos dentro de la Argentina, no hay certeza de que exista un lugar exento de esta nueva variante de la que hace gala el bombardeo químico.
La confirmación científica aporta renovados argumentos a un reclamo de seguridad sanitaria que, lo confirman los últimos pronunciamientos oficiales, el sector político sigue esforzándose en desoír.
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La prohibición del glifosato en Gualeguaychú suma un capítulo
La Justicia reconoció la autonomía del municipio de Gualeguaychú para legislar sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Gualeguaychú da pelea a la venta del glifosato
Gualeguaychú da pelea en el rechazo del glifosato y prepara medidas judiciales
Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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El Senasa quiere más agroquímicos en alimentos
El Senasa busca ampliar el uso de agroquímicos en varios cultivos y la cantidad de veneno permitida en los alimentos
Fecha de Publicación: 18/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) abrió una consulta pública -pero muy poco divulgada- para ampliar el uso de agroquímicos autorizados en los llamados "cultivos menores", que incluyen desde bananas y acelga, hasta frutas secas y hierbas aromáticas. Esto repercutirá directamente en el límite máximo de sustancias que pueden estar presentes en los alimentos que se venden al público. Desde el organismo negaron que los cambios puedan afectar la salud humana, pero hay serias críticas en el sector ambientalista.
La consulta estuvo abierta durante 15 días corridos, pero no tuvo publicidad. Para enterarse, había que hacer varios clics dentro de la página web del Senasa. No hubo una gacetilla de prensa, aunque desde el organismo aclararon a este medio que es el procedimiento habitual.
Según un punteo de Infobae basado en 50 casos elegidos al azar, menos del 15% de los que se presentaron apoyaron el proyecto de resolución. Y ninguno aportó argumentos científicos como exigió el Senasa en su convocatoria, sino que se limitaron a manifestar su adhesión. Aún así, como la consulta no es vinculante, el organismo aprobará la resolución.
El objetivo del proyecto es ampliar la paleta de agroquímicos autorizados para los llamados "cultivos menores", que es una clasificación que el Senasa hace en base a una serie de variables. Esos cultivos incluyen, entre otros, pomelo, pelón, damasco, cereza, arándanos, higo, banana, kiwi, palta, hinojo, puerro, brócoli, coliflor, pepino, zapallito, berenjena, acelga, rúcula, espinaca, legumbres, cereales en grano, frutos secos, hierbas aromáticas y tés.
El proyecto contempla tres posibilidades: que el agroquímico esté autorizado en otro país, que se use dentro de la Argentina pero para un "cultivo mayor", o que directamente no tenga antecedentes.
"Hay un montón de cultivos, los menores, que por ciertas características no tienen productos (agroquímicos) inscritos para determinados usos. En el país se piden ensayos locales en tres áreas distintas (para autorizar el uso de agroquímicos), pero por ejemplo, ninguna empresa hace ensayos para la mandioca, porque la ecuación 'inversión-recuperación de la inversión' no cierra", explicó a Infobae el director de Agroquímicos y Productos Biológicos del Senasa, Diego Ciancaglini.
"Lo que permitimos es traer los datos de afuera del país. Por ejemplo, si para la cereza en España está ese producto registrado, la empresa puede traer datos y presentarlo. O usar datos de productos que se usen en el país, pero para otros cultivos. Nosotros analizamos, vemos si es la misma práctica agrícola, y lo autorizamos", agregó.
En el sector agroecológico no están de acuerdo con esos argumentos. "No podemos hacer una regla de tres simple, del tipo 'si sirve para este producto, lo aprobamos para otro", dijo a Infobae el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina.
El especialista presentó un documento en el que subrayó que "es inadmisible" que se permita el registro y comercialización de plaguicidas "sin una adecuada investigación en la Argentina, realizada por centros verdaderamente independientes y con control público de universidades y organizaciones de la sociedad civil".
Por otra parte, desde el Senasa omitieron explicar que el proyecto abre la puerta a la introducción de nuevos agroquímicos que no tienen antecedentes ni dentro ni fuera del país. Para ello, bastará con que los interesados presenten un sólo ensayo de eficacia y que, naturalmente, sea avalado por las autoridades. La iniciativa prácticamente no impone ningún tipo de criterio a tener en cuenta. Apenas se refiere, a la hora de evaluar, a "metodologías aceptadas por la comunidad científica", que -paradójicamente- es una expresión poco científica, vaga y que anula la existencia de controversias dentro de la comunidad científica.
Por otra parte, los ambientalistas advirtieron una contradicción: el Senasa busca que sólo se apliquen criterios de otros países para autorizar el uso de agroquímicos, pero no para prohibirlos. Desde el organismo -sorprendentemente- dijeron a Infobae que no hay productos prohibidos en Europa y autorizados en el país. Tres fuentes consultadas por este medio lo desmintieron y mencionaron varios productos prohibidos o restringidos, entre otros, atrazina, novaluron, tiametoxam, carbaril, imidacloprid y cicloetidín.
Incluso la ONG Naturaleza y Derecho recordó que en Europa hay 16 agroquímicos prohibidos que fueron detectados en los controles realizados por el Senasa entre 2011 y 2016, entre ellos, carbofuran, aldicarb, haloxifop y fenitrotion.
Veneno en la comida
De la mano de la ampliación del uso de agroquímicos se modificarán los Límites Máximos de Residuos (LMR), que son las cantidades de agroquímicos permitidas en los productos de venta al público. Para la enorme mayoría de los "alimentos menores" rige un límite por defecto de 0,01 ppm, muy bajo para los estándares actuales del sector agroindustrial.
"Se van a poner límites que no tengan riesgo para la salud humana. Los productos no van a ser tóxicos. Y si los alimentos superan ese límites, se destruirá la partida", aclaró el directivo del Senasa entrevistado por este medio.
El tema tiene que ver con la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir diariamente durante toda su vida sin que provoque un efecto adverso, y que los ambientalistas creen que el Senasa mide mal.
"Es inadmisible la existencia de una contaminación de los alimentos permitida y amparada. Dichos límites no tienen en cuenta el género, la edad, la existencia de problemas de salud preexistentes en las personas y además se determinan en cada producto químico por separado cuando las investigaciones que realizamos demuestran la mezcla de hasta tres plaguicidas", advirtieron desde la RAP-AL.
La ONG Derecho y Naturaleza armó una presentación que fue copiada por miles de personas y enviada al Senasa, al punto que hizo colapsar el sistema creado para recibir posiciones sobre la consulta pública. Entre otras cosas, al igual que la RAP-AL, la organización advirtió que el Estado argentino omite exigir a las empresas que evalúen la sinergia y acumulación de los agroquímicos en el cuerpo, es decir, la interacción de las sustancias -que muchas veces potencian sus efectos tóxicos- y el hecho de que se acumulan en el cuerpo, lo que hace que el umbral mínimo de exposición se vuelva indeterminable, ya que son numerosas las variables a tener en cuenta.
En su presentación ante el Senasa, el abogado Luis Fernando Cabaleiro, referente de la ONG, planteó que "no se puede aceptar como aval de seguridad en el consumo de alimentos con restos de agrotóxicos, los ensayos de laboratorio que sólo se han realizado por plazo de 90 días de ratas, cuando ha demostrado -científicamente- que las conclusiones de esos estudios son muy endebles al no comprender el ciclo total de vida (o al menos la mitad) de los animales, en este caso roedores, cuyo promedio de vida es de 24 meses".
"Tal es así, que los estudios e investigaciones científicas que se han proyectado a largo plazo (todo el ciclo de vida de los animales) en relación a los agrotóxicos, están demostrando claramente los efectos crónicos y carinógéticos que pueden tener sobre la salud humana, cuando la población queda expuesta en el tiempo a estas sustancias que aparecen como residuos en casi todos los alimentos", agregó.
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Fecha de Publicación: 18/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) abrió una consulta pública -pero muy poco divulgada- para ampliar el uso de agroquímicos autorizados en los llamados "cultivos menores", que incluyen desde bananas y acelga, hasta frutas secas y hierbas aromáticas. Esto repercutirá directamente en el límite máximo de sustancias que pueden estar presentes en los alimentos que se venden al público. Desde el organismo negaron que los cambios puedan afectar la salud humana, pero hay serias críticas en el sector ambientalista.
La consulta estuvo abierta durante 15 días corridos, pero no tuvo publicidad. Para enterarse, había que hacer varios clics dentro de la página web del Senasa. No hubo una gacetilla de prensa, aunque desde el organismo aclararon a este medio que es el procedimiento habitual.
Según un punteo de Infobae basado en 50 casos elegidos al azar, menos del 15% de los que se presentaron apoyaron el proyecto de resolución. Y ninguno aportó argumentos científicos como exigió el Senasa en su convocatoria, sino que se limitaron a manifestar su adhesión. Aún así, como la consulta no es vinculante, el organismo aprobará la resolución.
El objetivo del proyecto es ampliar la paleta de agroquímicos autorizados para los llamados "cultivos menores", que es una clasificación que el Senasa hace en base a una serie de variables. Esos cultivos incluyen, entre otros, pomelo, pelón, damasco, cereza, arándanos, higo, banana, kiwi, palta, hinojo, puerro, brócoli, coliflor, pepino, zapallito, berenjena, acelga, rúcula, espinaca, legumbres, cereales en grano, frutos secos, hierbas aromáticas y tés.
El proyecto contempla tres posibilidades: que el agroquímico esté autorizado en otro país, que se use dentro de la Argentina pero para un "cultivo mayor", o que directamente no tenga antecedentes.
"Hay un montón de cultivos, los menores, que por ciertas características no tienen productos (agroquímicos) inscritos para determinados usos. En el país se piden ensayos locales en tres áreas distintas (para autorizar el uso de agroquímicos), pero por ejemplo, ninguna empresa hace ensayos para la mandioca, porque la ecuación 'inversión-recuperación de la inversión' no cierra", explicó a Infobae el director de Agroquímicos y Productos Biológicos del Senasa, Diego Ciancaglini.
"Lo que permitimos es traer los datos de afuera del país. Por ejemplo, si para la cereza en España está ese producto registrado, la empresa puede traer datos y presentarlo. O usar datos de productos que se usen en el país, pero para otros cultivos. Nosotros analizamos, vemos si es la misma práctica agrícola, y lo autorizamos", agregó.
En el sector agroecológico no están de acuerdo con esos argumentos. "No podemos hacer una regla de tres simple, del tipo 'si sirve para este producto, lo aprobamos para otro", dijo a Infobae el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina.
El especialista presentó un documento en el que subrayó que "es inadmisible" que se permita el registro y comercialización de plaguicidas "sin una adecuada investigación en la Argentina, realizada por centros verdaderamente independientes y con control público de universidades y organizaciones de la sociedad civil".
Por otra parte, desde el Senasa omitieron explicar que el proyecto abre la puerta a la introducción de nuevos agroquímicos que no tienen antecedentes ni dentro ni fuera del país. Para ello, bastará con que los interesados presenten un sólo ensayo de eficacia y que, naturalmente, sea avalado por las autoridades. La iniciativa prácticamente no impone ningún tipo de criterio a tener en cuenta. Apenas se refiere, a la hora de evaluar, a "metodologías aceptadas por la comunidad científica", que -paradójicamente- es una expresión poco científica, vaga y que anula la existencia de controversias dentro de la comunidad científica.
Por otra parte, los ambientalistas advirtieron una contradicción: el Senasa busca que sólo se apliquen criterios de otros países para autorizar el uso de agroquímicos, pero no para prohibirlos. Desde el organismo -sorprendentemente- dijeron a Infobae que no hay productos prohibidos en Europa y autorizados en el país. Tres fuentes consultadas por este medio lo desmintieron y mencionaron varios productos prohibidos o restringidos, entre otros, atrazina, novaluron, tiametoxam, carbaril, imidacloprid y cicloetidín.
Incluso la ONG Naturaleza y Derecho recordó que en Europa hay 16 agroquímicos prohibidos que fueron detectados en los controles realizados por el Senasa entre 2011 y 2016, entre ellos, carbofuran, aldicarb, haloxifop y fenitrotion.
Veneno en la comida
De la mano de la ampliación del uso de agroquímicos se modificarán los Límites Máximos de Residuos (LMR), que son las cantidades de agroquímicos permitidas en los productos de venta al público. Para la enorme mayoría de los "alimentos menores" rige un límite por defecto de 0,01 ppm, muy bajo para los estándares actuales del sector agroindustrial.
"Se van a poner límites que no tengan riesgo para la salud humana. Los productos no van a ser tóxicos. Y si los alimentos superan ese límites, se destruirá la partida", aclaró el directivo del Senasa entrevistado por este medio.
El tema tiene que ver con la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir diariamente durante toda su vida sin que provoque un efecto adverso, y que los ambientalistas creen que el Senasa mide mal.
"Es inadmisible la existencia de una contaminación de los alimentos permitida y amparada. Dichos límites no tienen en cuenta el género, la edad, la existencia de problemas de salud preexistentes en las personas y además se determinan en cada producto químico por separado cuando las investigaciones que realizamos demuestran la mezcla de hasta tres plaguicidas", advirtieron desde la RAP-AL.
La ONG Derecho y Naturaleza armó una presentación que fue copiada por miles de personas y enviada al Senasa, al punto que hizo colapsar el sistema creado para recibir posiciones sobre la consulta pública. Entre otras cosas, al igual que la RAP-AL, la organización advirtió que el Estado argentino omite exigir a las empresas que evalúen la sinergia y acumulación de los agroquímicos en el cuerpo, es decir, la interacción de las sustancias -que muchas veces potencian sus efectos tóxicos- y el hecho de que se acumulan en el cuerpo, lo que hace que el umbral mínimo de exposición se vuelva indeterminable, ya que son numerosas las variables a tener en cuenta.
En su presentación ante el Senasa, el abogado Luis Fernando Cabaleiro, referente de la ONG, planteó que "no se puede aceptar como aval de seguridad en el consumo de alimentos con restos de agrotóxicos, los ensayos de laboratorio que sólo se han realizado por plazo de 90 días de ratas, cuando ha demostrado -científicamente- que las conclusiones de esos estudios son muy endebles al no comprender el ciclo total de vida (o al menos la mitad) de los animales, en este caso roedores, cuyo promedio de vida es de 24 meses".
"Tal es así, que los estudios e investigaciones científicas que se han proyectado a largo plazo (todo el ciclo de vida de los animales) en relación a los agrotóxicos, están demostrando claramente los efectos crónicos y carinógéticos que pueden tener sobre la salud humana, cuando la población queda expuesta en el tiempo a estas sustancias que aparecen como residuos en casi todos los alimentos", agregó.
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Un principio pecautorio al revés por glifosato en Entre Ríos
La Justicia autorizó la venta de glifosato en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 17/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, autorizó la venta de glifosato en Gualeguaychú hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza 12216.
Así, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de esa ciudad entrerriana.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la norma -denominada “Glifosato Cero”- y prohibió el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte y venta del producto o de fórmulas que lo contengan dentro del ejido municipal. Ahora, según informaron medios de Entre Ríos, los asesores legales de la comuna están evaluando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad promovido por propietarios de locales que comercializan glifosato y algunos ruralistas, el el vice intendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, aseguró que ningún emprendimiento puede ir en contra de la salud ni del ambiente.
En ese sentido, el funcionario, que es médico, sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que el glifosato es potencialmente cancerígeno. “Todos sabemos que ha aumentado la frecuencia y la incidencia del cáncer, sobre todo en las zonas rurales. Indudablemente el tema del glifosato es una cuestión de salud pública, no es un tema de modelo productivo ni de modos de cultivar”, enfatizó. Finalmente, hizo referencia “al aumento de la cantidad de malformaciones, de abortos espontáneos, de alteraciones en la piel” que se registran y aseguró que han crecido “en forma sorprendente” los casos de cáncer de riñón.
Considerandos
En los considerandos de la ordenanza se citaron las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, que confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, incluyéndolo “en el Grupo 2A” de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos.
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Fecha de Publicación: 17/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, autorizó la venta de glifosato en Gualeguaychú hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza 12216.
Así, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de esa ciudad entrerriana.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la norma -denominada “Glifosato Cero”- y prohibió el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte y venta del producto o de fórmulas que lo contengan dentro del ejido municipal. Ahora, según informaron medios de Entre Ríos, los asesores legales de la comuna están evaluando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad promovido por propietarios de locales que comercializan glifosato y algunos ruralistas, el el vice intendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, aseguró que ningún emprendimiento puede ir en contra de la salud ni del ambiente.
En ese sentido, el funcionario, que es médico, sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que el glifosato es potencialmente cancerígeno. “Todos sabemos que ha aumentado la frecuencia y la incidencia del cáncer, sobre todo en las zonas rurales. Indudablemente el tema del glifosato es una cuestión de salud pública, no es un tema de modelo productivo ni de modos de cultivar”, enfatizó. Finalmente, hizo referencia “al aumento de la cantidad de malformaciones, de abortos espontáneos, de alteraciones en la piel” que se registran y aseguró que han crecido “en forma sorprendente” los casos de cáncer de riñón.
Considerandos
En los considerandos de la ordenanza se citaron las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, que confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, incluyéndolo “en el Grupo 2A” de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos.
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