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La prohibición del glifosato en Gualeguaychú suma un capítulo
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La Justicia reconoció la autonomía del municipio de Gualeguaychú para legislar sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Gualeguaychú da pelea a la venta del glifosato
Gualeguaychú da pelea en el rechazo del glifosato y prepara medidas judiciales
Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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El Senasa quiere más agroquímicos en alimentos
El Senasa busca ampliar el uso de agroquímicos en varios cultivos y la cantidad de veneno permitida en los alimentos
Fecha de Publicación: 18/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) abrió una consulta pública -pero muy poco divulgada- para ampliar el uso de agroquímicos autorizados en los llamados "cultivos menores", que incluyen desde bananas y acelga, hasta frutas secas y hierbas aromáticas. Esto repercutirá directamente en el límite máximo de sustancias que pueden estar presentes en los alimentos que se venden al público. Desde el organismo negaron que los cambios puedan afectar la salud humana, pero hay serias críticas en el sector ambientalista.
La consulta estuvo abierta durante 15 días corridos, pero no tuvo publicidad. Para enterarse, había que hacer varios clics dentro de la página web del Senasa. No hubo una gacetilla de prensa, aunque desde el organismo aclararon a este medio que es el procedimiento habitual.
Según un punteo de Infobae basado en 50 casos elegidos al azar, menos del 15% de los que se presentaron apoyaron el proyecto de resolución. Y ninguno aportó argumentos científicos como exigió el Senasa en su convocatoria, sino que se limitaron a manifestar su adhesión. Aún así, como la consulta no es vinculante, el organismo aprobará la resolución.
El objetivo del proyecto es ampliar la paleta de agroquímicos autorizados para los llamados "cultivos menores", que es una clasificación que el Senasa hace en base a una serie de variables. Esos cultivos incluyen, entre otros, pomelo, pelón, damasco, cereza, arándanos, higo, banana, kiwi, palta, hinojo, puerro, brócoli, coliflor, pepino, zapallito, berenjena, acelga, rúcula, espinaca, legumbres, cereales en grano, frutos secos, hierbas aromáticas y tés.
El proyecto contempla tres posibilidades: que el agroquímico esté autorizado en otro país, que se use dentro de la Argentina pero para un "cultivo mayor", o que directamente no tenga antecedentes.
"Hay un montón de cultivos, los menores, que por ciertas características no tienen productos (agroquímicos) inscritos para determinados usos. En el país se piden ensayos locales en tres áreas distintas (para autorizar el uso de agroquímicos), pero por ejemplo, ninguna empresa hace ensayos para la mandioca, porque la ecuación 'inversión-recuperación de la inversión' no cierra", explicó a Infobae el director de Agroquímicos y Productos Biológicos del Senasa, Diego Ciancaglini.
"Lo que permitimos es traer los datos de afuera del país. Por ejemplo, si para la cereza en España está ese producto registrado, la empresa puede traer datos y presentarlo. O usar datos de productos que se usen en el país, pero para otros cultivos. Nosotros analizamos, vemos si es la misma práctica agrícola, y lo autorizamos", agregó.
En el sector agroecológico no están de acuerdo con esos argumentos. "No podemos hacer una regla de tres simple, del tipo 'si sirve para este producto, lo aprobamos para otro", dijo a Infobae el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina.
El especialista presentó un documento en el que subrayó que "es inadmisible" que se permita el registro y comercialización de plaguicidas "sin una adecuada investigación en la Argentina, realizada por centros verdaderamente independientes y con control público de universidades y organizaciones de la sociedad civil".
Por otra parte, desde el Senasa omitieron explicar que el proyecto abre la puerta a la introducción de nuevos agroquímicos que no tienen antecedentes ni dentro ni fuera del país. Para ello, bastará con que los interesados presenten un sólo ensayo de eficacia y que, naturalmente, sea avalado por las autoridades. La iniciativa prácticamente no impone ningún tipo de criterio a tener en cuenta. Apenas se refiere, a la hora de evaluar, a "metodologías aceptadas por la comunidad científica", que -paradójicamente- es una expresión poco científica, vaga y que anula la existencia de controversias dentro de la comunidad científica.
Por otra parte, los ambientalistas advirtieron una contradicción: el Senasa busca que sólo se apliquen criterios de otros países para autorizar el uso de agroquímicos, pero no para prohibirlos. Desde el organismo -sorprendentemente- dijeron a Infobae que no hay productos prohibidos en Europa y autorizados en el país. Tres fuentes consultadas por este medio lo desmintieron y mencionaron varios productos prohibidos o restringidos, entre otros, atrazina, novaluron, tiametoxam, carbaril, imidacloprid y cicloetidín.
Incluso la ONG Naturaleza y Derecho recordó que en Europa hay 16 agroquímicos prohibidos que fueron detectados en los controles realizados por el Senasa entre 2011 y 2016, entre ellos, carbofuran, aldicarb, haloxifop y fenitrotion.
Veneno en la comida
De la mano de la ampliación del uso de agroquímicos se modificarán los Límites Máximos de Residuos (LMR), que son las cantidades de agroquímicos permitidas en los productos de venta al público. Para la enorme mayoría de los "alimentos menores" rige un límite por defecto de 0,01 ppm, muy bajo para los estándares actuales del sector agroindustrial.
"Se van a poner límites que no tengan riesgo para la salud humana. Los productos no van a ser tóxicos. Y si los alimentos superan ese límites, se destruirá la partida", aclaró el directivo del Senasa entrevistado por este medio.
El tema tiene que ver con la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir diariamente durante toda su vida sin que provoque un efecto adverso, y que los ambientalistas creen que el Senasa mide mal.
"Es inadmisible la existencia de una contaminación de los alimentos permitida y amparada. Dichos límites no tienen en cuenta el género, la edad, la existencia de problemas de salud preexistentes en las personas y además se determinan en cada producto químico por separado cuando las investigaciones que realizamos demuestran la mezcla de hasta tres plaguicidas", advirtieron desde la RAP-AL.
La ONG Derecho y Naturaleza armó una presentación que fue copiada por miles de personas y enviada al Senasa, al punto que hizo colapsar el sistema creado para recibir posiciones sobre la consulta pública. Entre otras cosas, al igual que la RAP-AL, la organización advirtió que el Estado argentino omite exigir a las empresas que evalúen la sinergia y acumulación de los agroquímicos en el cuerpo, es decir, la interacción de las sustancias -que muchas veces potencian sus efectos tóxicos- y el hecho de que se acumulan en el cuerpo, lo que hace que el umbral mínimo de exposición se vuelva indeterminable, ya que son numerosas las variables a tener en cuenta.
En su presentación ante el Senasa, el abogado Luis Fernando Cabaleiro, referente de la ONG, planteó que "no se puede aceptar como aval de seguridad en el consumo de alimentos con restos de agrotóxicos, los ensayos de laboratorio que sólo se han realizado por plazo de 90 días de ratas, cuando ha demostrado -científicamente- que las conclusiones de esos estudios son muy endebles al no comprender el ciclo total de vida (o al menos la mitad) de los animales, en este caso roedores, cuyo promedio de vida es de 24 meses".
"Tal es así, que los estudios e investigaciones científicas que se han proyectado a largo plazo (todo el ciclo de vida de los animales) en relación a los agrotóxicos, están demostrando claramente los efectos crónicos y carinógéticos que pueden tener sobre la salud humana, cuando la población queda expuesta en el tiempo a estas sustancias que aparecen como residuos en casi todos los alimentos", agregó.
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Fecha de Publicación: 18/07/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) abrió una consulta pública -pero muy poco divulgada- para ampliar el uso de agroquímicos autorizados en los llamados "cultivos menores", que incluyen desde bananas y acelga, hasta frutas secas y hierbas aromáticas. Esto repercutirá directamente en el límite máximo de sustancias que pueden estar presentes en los alimentos que se venden al público. Desde el organismo negaron que los cambios puedan afectar la salud humana, pero hay serias críticas en el sector ambientalista.
La consulta estuvo abierta durante 15 días corridos, pero no tuvo publicidad. Para enterarse, había que hacer varios clics dentro de la página web del Senasa. No hubo una gacetilla de prensa, aunque desde el organismo aclararon a este medio que es el procedimiento habitual.
Según un punteo de Infobae basado en 50 casos elegidos al azar, menos del 15% de los que se presentaron apoyaron el proyecto de resolución. Y ninguno aportó argumentos científicos como exigió el Senasa en su convocatoria, sino que se limitaron a manifestar su adhesión. Aún así, como la consulta no es vinculante, el organismo aprobará la resolución.
El objetivo del proyecto es ampliar la paleta de agroquímicos autorizados para los llamados "cultivos menores", que es una clasificación que el Senasa hace en base a una serie de variables. Esos cultivos incluyen, entre otros, pomelo, pelón, damasco, cereza, arándanos, higo, banana, kiwi, palta, hinojo, puerro, brócoli, coliflor, pepino, zapallito, berenjena, acelga, rúcula, espinaca, legumbres, cereales en grano, frutos secos, hierbas aromáticas y tés.
El proyecto contempla tres posibilidades: que el agroquímico esté autorizado en otro país, que se use dentro de la Argentina pero para un "cultivo mayor", o que directamente no tenga antecedentes.
"Hay un montón de cultivos, los menores, que por ciertas características no tienen productos (agroquímicos) inscritos para determinados usos. En el país se piden ensayos locales en tres áreas distintas (para autorizar el uso de agroquímicos), pero por ejemplo, ninguna empresa hace ensayos para la mandioca, porque la ecuación 'inversión-recuperación de la inversión' no cierra", explicó a Infobae el director de Agroquímicos y Productos Biológicos del Senasa, Diego Ciancaglini.
"Lo que permitimos es traer los datos de afuera del país. Por ejemplo, si para la cereza en España está ese producto registrado, la empresa puede traer datos y presentarlo. O usar datos de productos que se usen en el país, pero para otros cultivos. Nosotros analizamos, vemos si es la misma práctica agrícola, y lo autorizamos", agregó.
En el sector agroecológico no están de acuerdo con esos argumentos. "No podemos hacer una regla de tres simple, del tipo 'si sirve para este producto, lo aprobamos para otro", dijo a Infobae el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina.
El especialista presentó un documento en el que subrayó que "es inadmisible" que se permita el registro y comercialización de plaguicidas "sin una adecuada investigación en la Argentina, realizada por centros verdaderamente independientes y con control público de universidades y organizaciones de la sociedad civil".
Por otra parte, desde el Senasa omitieron explicar que el proyecto abre la puerta a la introducción de nuevos agroquímicos que no tienen antecedentes ni dentro ni fuera del país. Para ello, bastará con que los interesados presenten un sólo ensayo de eficacia y que, naturalmente, sea avalado por las autoridades. La iniciativa prácticamente no impone ningún tipo de criterio a tener en cuenta. Apenas se refiere, a la hora de evaluar, a "metodologías aceptadas por la comunidad científica", que -paradójicamente- es una expresión poco científica, vaga y que anula la existencia de controversias dentro de la comunidad científica.
Por otra parte, los ambientalistas advirtieron una contradicción: el Senasa busca que sólo se apliquen criterios de otros países para autorizar el uso de agroquímicos, pero no para prohibirlos. Desde el organismo -sorprendentemente- dijeron a Infobae que no hay productos prohibidos en Europa y autorizados en el país. Tres fuentes consultadas por este medio lo desmintieron y mencionaron varios productos prohibidos o restringidos, entre otros, atrazina, novaluron, tiametoxam, carbaril, imidacloprid y cicloetidín.
Incluso la ONG Naturaleza y Derecho recordó que en Europa hay 16 agroquímicos prohibidos que fueron detectados en los controles realizados por el Senasa entre 2011 y 2016, entre ellos, carbofuran, aldicarb, haloxifop y fenitrotion.
Veneno en la comida
De la mano de la ampliación del uso de agroquímicos se modificarán los Límites Máximos de Residuos (LMR), que son las cantidades de agroquímicos permitidas en los productos de venta al público. Para la enorme mayoría de los "alimentos menores" rige un límite por defecto de 0,01 ppm, muy bajo para los estándares actuales del sector agroindustrial.
"Se van a poner límites que no tengan riesgo para la salud humana. Los productos no van a ser tóxicos. Y si los alimentos superan ese límites, se destruirá la partida", aclaró el directivo del Senasa entrevistado por este medio.
El tema tiene que ver con la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir diariamente durante toda su vida sin que provoque un efecto adverso, y que los ambientalistas creen que el Senasa mide mal.
"Es inadmisible la existencia de una contaminación de los alimentos permitida y amparada. Dichos límites no tienen en cuenta el género, la edad, la existencia de problemas de salud preexistentes en las personas y además se determinan en cada producto químico por separado cuando las investigaciones que realizamos demuestran la mezcla de hasta tres plaguicidas", advirtieron desde la RAP-AL.
La ONG Derecho y Naturaleza armó una presentación que fue copiada por miles de personas y enviada al Senasa, al punto que hizo colapsar el sistema creado para recibir posiciones sobre la consulta pública. Entre otras cosas, al igual que la RAP-AL, la organización advirtió que el Estado argentino omite exigir a las empresas que evalúen la sinergia y acumulación de los agroquímicos en el cuerpo, es decir, la interacción de las sustancias -que muchas veces potencian sus efectos tóxicos- y el hecho de que se acumulan en el cuerpo, lo que hace que el umbral mínimo de exposición se vuelva indeterminable, ya que son numerosas las variables a tener en cuenta.
En su presentación ante el Senasa, el abogado Luis Fernando Cabaleiro, referente de la ONG, planteó que "no se puede aceptar como aval de seguridad en el consumo de alimentos con restos de agrotóxicos, los ensayos de laboratorio que sólo se han realizado por plazo de 90 días de ratas, cuando ha demostrado -científicamente- que las conclusiones de esos estudios son muy endebles al no comprender el ciclo total de vida (o al menos la mitad) de los animales, en este caso roedores, cuyo promedio de vida es de 24 meses".
"Tal es así, que los estudios e investigaciones científicas que se han proyectado a largo plazo (todo el ciclo de vida de los animales) en relación a los agrotóxicos, están demostrando claramente los efectos crónicos y carinógéticos que pueden tener sobre la salud humana, cuando la población queda expuesta en el tiempo a estas sustancias que aparecen como residuos en casi todos los alimentos", agregó.
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Un principio pecautorio al revés por glifosato en Entre Ríos
La Justicia autorizó la venta de glifosato en Entre Ríos
Fecha de Publicación: 17/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, autorizó la venta de glifosato en Gualeguaychú hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza 12216.
Así, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de esa ciudad entrerriana.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la norma -denominada “Glifosato Cero”- y prohibió el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte y venta del producto o de fórmulas que lo contengan dentro del ejido municipal. Ahora, según informaron medios de Entre Ríos, los asesores legales de la comuna están evaluando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad promovido por propietarios de locales que comercializan glifosato y algunos ruralistas, el el vice intendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, aseguró que ningún emprendimiento puede ir en contra de la salud ni del ambiente.
En ese sentido, el funcionario, que es médico, sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que el glifosato es potencialmente cancerígeno. “Todos sabemos que ha aumentado la frecuencia y la incidencia del cáncer, sobre todo en las zonas rurales. Indudablemente el tema del glifosato es una cuestión de salud pública, no es un tema de modelo productivo ni de modos de cultivar”, enfatizó. Finalmente, hizo referencia “al aumento de la cantidad de malformaciones, de abortos espontáneos, de alteraciones en la piel” que se registran y aseguró que han crecido “en forma sorprendente” los casos de cáncer de riñón.
Considerandos
En los considerandos de la ordenanza se citaron las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, que confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, incluyéndolo “en el Grupo 2A” de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos.
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Fecha de Publicación: 17/07/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos
El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, autorizó la venta de glifosato en Gualeguaychú hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza 12216.
Así, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de esa ciudad entrerriana.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la norma -denominada “Glifosato Cero”- y prohibió el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte y venta del producto o de fórmulas que lo contengan dentro del ejido municipal. Ahora, según informaron medios de Entre Ríos, los asesores legales de la comuna están evaluando los pasos a seguir para que no se dé marcha atrás con la ordenanza.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad promovido por propietarios de locales que comercializan glifosato y algunos ruralistas, el el vice intendente de Gualeguaychú, Jorge Maradey, aseguró que ningún emprendimiento puede ir en contra de la salud ni del ambiente.
En ese sentido, el funcionario, que es médico, sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que el glifosato es potencialmente cancerígeno. “Todos sabemos que ha aumentado la frecuencia y la incidencia del cáncer, sobre todo en las zonas rurales. Indudablemente el tema del glifosato es una cuestión de salud pública, no es un tema de modelo productivo ni de modos de cultivar”, enfatizó. Finalmente, hizo referencia “al aumento de la cantidad de malformaciones, de abortos espontáneos, de alteraciones en la piel” que se registran y aseguró que han crecido “en forma sorprendente” los casos de cáncer de riñón.
Considerandos
En los considerandos de la ordenanza se citaron las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS, que confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer, incluyéndolo “en el Grupo 2A” de principios activos que se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos.
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Glifosato en el río Luján
Glifosato: el río Luján alcanzado por el peligroso agroquímico
Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
Surge de un estudio encarado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo que depende de la UNLP y el CONICET. Las muestras analizadas se focalizaron en el río Paraná y sus afluentes, tanto en aguas superficiales como en sedimentos. El curso de agua presentó las mayores concentraciones de este compuesto derivado de la agricultura intensiva a base de químicos.
Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), organismo dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET, deja en evidencia las consecuencias negativas de la agricultura intensiva en importantes cursos de agua, entre ellos el río Luján. La presencia de glifosato, la estrella del modelo a base de químicos, fue detectada en aguas superficiales y sedimentos.
El trabajo, encarado a partir de distintas muestras tomadas años atrás, se centra en el río Paraná y sus afluentes. Los resultados ponen en evidencia que el peligroso agroquímico, señalado por múltiples evidencias científicas como responsable de graves daños en la salud, supera el ámbito de su aplicación para terminar afectando la integralidad de los ecosistemas.
“Al fondo del río el glifosato llega por dos procesos: cuando llueve todos los campos tienen pendientes que van hacia los ríos o arroyos y el otro es el atmosférico, la erosión eólica de los campos por lo que hoy no hay sedimentos de los ríos de la región pampeana que no tengan glifosato”, explicó a la agencia DIP Damián Marino, integrante del CIM.
La investigación buscó indicios de glifosato y de ácido aminometil fosfónico (AMPA según sus siglas en inglés), definido técnicamente como un metabolito ambiental exclusivo del glifosato. La detección de AMPA indica que en ese lugar hubo rastros del herbicida.
Un párrafo del trabajo da cuenta del impacto que ambas sustancias tienen en el río Luján: “Los análisis de las muestras de sedimentos indican niveles detectables de ambos compuestos (glifosato y AMPA), principalmente en el medio y tributarios de tramo inferior de los sectores de la cuenca bajo investigación. Las concentraciones medias detectadas fueron 742 y 521 µg/kg, respectivamente. La mayor concentración se detectó en el río Luján, que contiene más de 3000 µg/kg de glifosato y 5000 µg/kg de AMPA”.
Se agrega que “en el río Luján, donde las concentraciones respectivas de los dos compuestos se determinaron para todos compartimentos, los niveles de glifosato eran de tres a cuatro veces mayor en los sedimentos que en el agua completa”.
En definitiva, se comprobó que la presencia del herbicida es detectable, especialmente, en toda la zona gobernada por el Paraná que se extiende desde la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján.
El trabajo desarrollado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) muestra que en la región estudiada la concentración de glifosato en los sedimentos, unos 8 miligramos por litro, es entre dos y cuatro veces superior a la detectada en un suelo cultivado con soja”.
A partir de los datos puntuales, expresados a través de una serie de cuadros, los investigadores aportan el contexto que explican los resultados obtenidos y exponen la complejidad de un sistema agrícola caracterizado por su agresividad contra el medio ambiente. De esa manera, se explica que en el caso de Argentina “el uso de plaguicidas aumentó en las últimas décadas con la transformación de la agricultura en un sistema de alta tecnología”. La incorporación de cultivos transgénicos diseñados para tolerar la aplicación del glifosato se incrementó en los últimos veinte años.
Hasta 2012, unas 22 millones de hectáreas de la tierra cultivada estaban ocupadas por maíz y soja tolerantes al glifosato. Más superficie implica mayor cantidad de litros de químicos tóxicos, eso sin contar la resistencia que con el paso de los años generan algunos organismos vegetales, lo que obliga a subir la dosis.
Marino explicó que “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón”. Sin embargo, con el paso del tiempo “algunas especies comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
El especialista destacó que “en los últimos 10 años entraron más de 1.000 millones de litros de glifosato”, un número que “pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año). En las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 por ciento de la carga total de plaguicidas de la muestra. Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénicos, se usaban en el país tres litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, describió Marino.
En cuanto a los efectos sobre los ambientes, el integrante del CIM puntualizó que “el glifosato está destruyendo los distintos ecosistemas, produciendo una pérdida de la biodiversidad, ya que por ejemplo al eliminar determinada planta también se elimina la especie animal que depositaba sus huevos en esa planta y consecuentemente a la especie que se alimentaba de ese bicho, lo que provoca la destrucción de la flora y la fauna autóctona”.
Otro de los trabajos orientados desde el CIM se encargó de comparar lagunas patagónicas con iguales espejos de agua en la provincia de Buenos Aires. En los primeros, las muestras no detectaron glifosato, mientras que en los segundos sí.
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Fecha de Publicación: 16/07/2018
Fuente: El Civismo
Provincia/Región: Buenos Aires
Surge de un estudio encarado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo que depende de la UNLP y el CONICET. Las muestras analizadas se focalizaron en el río Paraná y sus afluentes, tanto en aguas superficiales como en sedimentos. El curso de agua presentó las mayores concentraciones de este compuesto derivado de la agricultura intensiva a base de químicos.
Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), organismo dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET, deja en evidencia las consecuencias negativas de la agricultura intensiva en importantes cursos de agua, entre ellos el río Luján. La presencia de glifosato, la estrella del modelo a base de químicos, fue detectada en aguas superficiales y sedimentos.
El trabajo, encarado a partir de distintas muestras tomadas años atrás, se centra en el río Paraná y sus afluentes. Los resultados ponen en evidencia que el peligroso agroquímico, señalado por múltiples evidencias científicas como responsable de graves daños en la salud, supera el ámbito de su aplicación para terminar afectando la integralidad de los ecosistemas.
“Al fondo del río el glifosato llega por dos procesos: cuando llueve todos los campos tienen pendientes que van hacia los ríos o arroyos y el otro es el atmosférico, la erosión eólica de los campos por lo que hoy no hay sedimentos de los ríos de la región pampeana que no tengan glifosato”, explicó a la agencia DIP Damián Marino, integrante del CIM.
La investigación buscó indicios de glifosato y de ácido aminometil fosfónico (AMPA según sus siglas en inglés), definido técnicamente como un metabolito ambiental exclusivo del glifosato. La detección de AMPA indica que en ese lugar hubo rastros del herbicida.
Un párrafo del trabajo da cuenta del impacto que ambas sustancias tienen en el río Luján: “Los análisis de las muestras de sedimentos indican niveles detectables de ambos compuestos (glifosato y AMPA), principalmente en el medio y tributarios de tramo inferior de los sectores de la cuenca bajo investigación. Las concentraciones medias detectadas fueron 742 y 521 µg/kg, respectivamente. La mayor concentración se detectó en el río Luján, que contiene más de 3000 µg/kg de glifosato y 5000 µg/kg de AMPA”.
Se agrega que “en el río Luján, donde las concentraciones respectivas de los dos compuestos se determinaron para todos compartimentos, los niveles de glifosato eran de tres a cuatro veces mayor en los sedimentos que en el agua completa”.
En definitiva, se comprobó que la presencia del herbicida es detectable, especialmente, en toda la zona gobernada por el Paraná que se extiende desde la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján.
El trabajo desarrollado por el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM) muestra que en la región estudiada la concentración de glifosato en los sedimentos, unos 8 miligramos por litro, es entre dos y cuatro veces superior a la detectada en un suelo cultivado con soja”.
A partir de los datos puntuales, expresados a través de una serie de cuadros, los investigadores aportan el contexto que explican los resultados obtenidos y exponen la complejidad de un sistema agrícola caracterizado por su agresividad contra el medio ambiente. De esa manera, se explica que en el caso de Argentina “el uso de plaguicidas aumentó en las últimas décadas con la transformación de la agricultura en un sistema de alta tecnología”. La incorporación de cultivos transgénicos diseñados para tolerar la aplicación del glifosato se incrementó en los últimos veinte años.
Hasta 2012, unas 22 millones de hectáreas de la tierra cultivada estaban ocupadas por maíz y soja tolerantes al glifosato. Más superficie implica mayor cantidad de litros de químicos tóxicos, eso sin contar la resistencia que con el paso de los años generan algunos organismos vegetales, lo que obliga a subir la dosis.
Marino explicó que “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón”. Sin embargo, con el paso del tiempo “algunas especies comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
El especialista destacó que “en los últimos 10 años entraron más de 1.000 millones de litros de glifosato”, un número que “pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año). En las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 por ciento de la carga total de plaguicidas de la muestra. Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénicos, se usaban en el país tres litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, describió Marino.
En cuanto a los efectos sobre los ambientes, el integrante del CIM puntualizó que “el glifosato está destruyendo los distintos ecosistemas, produciendo una pérdida de la biodiversidad, ya que por ejemplo al eliminar determinada planta también se elimina la especie animal que depositaba sus huevos en esa planta y consecuentemente a la especie que se alimentaba de ese bicho, lo que provoca la destrucción de la flora y la fauna autóctona”.
Otro de los trabajos orientados desde el CIM se encargó de comparar lagunas patagónicas con iguales espejos de agua en la provincia de Buenos Aires. En los primeros, las muestras no detectaron glifosato, mientras que en los segundos sí.
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"Recomendaciones" para agroquímicos sin protección
Presentaron recomendaciones para aplicar fitosanitarios, pero sin distancias
Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Fecha de Publicación: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Piden 'actualizar' el sistema de control de agroquímicos
Piden a Senasa 'actualizar' el sistema de control de agroquímicos
Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional
El Congreso es una burbuja que muchas veces vive al margen de lo que sucede y necesita la sociedad. Sucedió con el tema agroquímicos. En la calle y los medios de comunicación existe una intensa polémica respecto del uso de este tipo de productos, en la que los "consumidores" reclaman límites más severos y los productores también reclaman reglas claras que les permitan saber cómo actuar y hacer bien las cosas. Pero en el Senado, por falta de tratamiento, a fines de 2017 la Ley Nacional de Fitosanitarios perdió estado parlamentario. Así reza el artículo publicado por Bichos de Campo.
Esa ley, impulsada por el diputado peronista Luis Basterra, pretendía regular todo lo que sucede en el mercado de agroquímicos antes de la aplicación del producto en el campo, un tema que seguramente necesitará una legislación aparte. Es decir, hablaba sobre el registro, el comercio, la trazabilidad, la importación y la distribución de productos fitosanitarios.
Este contexto es necesario para contar que ahora, frente a la falta de sanción de una ley marco, es el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) -es decir el Poder Ejecutivo- el que intenta definir nuevas reglas para responder a la mayor presión social en materia de agroquímicos.
La disposición 16 publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en efecto, reemplaza un viejo sistema de control de agroquimicos diseñado en 2003 y modificado en 2007 por el flamante Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB).
"El Sistema es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina para las áreas pertinentes de ejecución del Senasa y las demás personas, (?) limitándose desde el establecimiento productor o planta elaboradora hasta el expendio del producto al usuario responsable o aplicador", define la disposición. Es decir, se aplicará en el terreno sobre el cual se proponía legislar la malograda ley.
En el artículo 5 se definen los objetivos del nuevo SIFFAB:
-Verificar que los productos que se comercialicen se correspondan con los registrados en el Senasa.
-Verificar la trazabilidad de los agroquímicos.
-Retirar del circuito comercial los productos que no cuenten con el registro en Senasa.
-Proponer las sanciones a ser aplicadas sobre los infractores.
-Verificar que se expendan únicamente productos registrados.
-Colaborar con la capacitación de los distintos agentes que forman parte del sistema.
-Fomentar y colaborar con la adopción de las Buenas Prácticas en el manejo y uso responsable de fitosanitarios.
El nuevo sistema de control de agroquímicos contará con una Mesa Consultiva que asesorará al Senasa y estará integrada por "expertos públicos o privados y los representantes de la industria y el comercio de productos fitosanitarios, fertilizantes". No se incluye en esta instancia a representantes de los consumidores de alimentos.
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Fecha de Publicación: 08/07/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional
El Congreso es una burbuja que muchas veces vive al margen de lo que sucede y necesita la sociedad. Sucedió con el tema agroquímicos. En la calle y los medios de comunicación existe una intensa polémica respecto del uso de este tipo de productos, en la que los "consumidores" reclaman límites más severos y los productores también reclaman reglas claras que les permitan saber cómo actuar y hacer bien las cosas. Pero en el Senado, por falta de tratamiento, a fines de 2017 la Ley Nacional de Fitosanitarios perdió estado parlamentario. Así reza el artículo publicado por Bichos de Campo.
Esa ley, impulsada por el diputado peronista Luis Basterra, pretendía regular todo lo que sucede en el mercado de agroquímicos antes de la aplicación del producto en el campo, un tema que seguramente necesitará una legislación aparte. Es decir, hablaba sobre el registro, el comercio, la trazabilidad, la importación y la distribución de productos fitosanitarios.
Este contexto es necesario para contar que ahora, frente a la falta de sanción de una ley marco, es el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) -es decir el Poder Ejecutivo- el que intenta definir nuevas reglas para responder a la mayor presión social en materia de agroquímicos.
La disposición 16 publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en efecto, reemplaza un viejo sistema de control de agroquimicos diseñado en 2003 y modificado en 2007 por el flamante Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB).
"El Sistema es de aplicación en todo el territorio de la República Argentina para las áreas pertinentes de ejecución del Senasa y las demás personas, (?) limitándose desde el establecimiento productor o planta elaboradora hasta el expendio del producto al usuario responsable o aplicador", define la disposición. Es decir, se aplicará en el terreno sobre el cual se proponía legislar la malograda ley.
En el artículo 5 se definen los objetivos del nuevo SIFFAB:
-Verificar que los productos que se comercialicen se correspondan con los registrados en el Senasa.
-Verificar la trazabilidad de los agroquímicos.
-Retirar del circuito comercial los productos que no cuenten con el registro en Senasa.
-Proponer las sanciones a ser aplicadas sobre los infractores.
-Verificar que se expendan únicamente productos registrados.
-Colaborar con la capacitación de los distintos agentes que forman parte del sistema.
-Fomentar y colaborar con la adopción de las Buenas Prácticas en el manejo y uso responsable de fitosanitarios.
El nuevo sistema de control de agroquímicos contará con una Mesa Consultiva que asesorará al Senasa y estará integrada por "expertos públicos o privados y los representantes de la industria y el comercio de productos fitosanitarios, fertilizantes". No se incluye en esta instancia a representantes de los consumidores de alimentos.
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Escuelas rurales bonaerenses a merced de los fumigadores
Agroquímicos: el drama de las escuelas rurales bonaerenses que son fumigadas
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
Un alumno se intoxicó por comer una manzana que se cayó a un campo de siembra. Una docente fue fumigada por un avión cuando circulaba en moto por un camino de tierra. Otra maestra decidió interrumpir las clases porque sintió el “olor a veneno” que trajo el viento. Todas esas situaciones (y muchas otras) fueron denunciadas por maestros que se desempeñan en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, quienes advirtieron que los agroquímicos los afectan severamente.
No hay datos oficiales sobre la situación. Sin embargo, la ONG Red Federal de Docentes por la Vida presentó recientemente una carpeta de denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación (cargo vacante) en la que se detalla los distintos distritos del país en los que los establecimientos educativos se ven afectados por los agroquímicos utilizados por productores rurales. Por la provincia de Buenos Aires, el informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
“Los agroquímicos son muchos, no se trata nada más del glifosato. En los lugares en donde se siembra trigo, por ejemplo, se fumiga con 2.4 D, que es tremendo. En mi escuela fumigaron en horario escolar y yo estuve 15 días con la cara paralizada por intoxicación”, le contó a DIB Ana Zabaloy, quien se desempeñó como directora de la escuela primaria N° 11 del paraje La Rosada de Areco hasta 2015 y fue la impulsora de la Red de Docentes por la Vida.
Hace tres años un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata registró en el colegio de Zabaloy la presencia de siete agroquímicos distintos entre herbicidas e insecticidas. “Fui testigo de cómo éstas prácticas agrícolas afectaban la salud de mis alumnos (problemas respiratorios constantes, sangrados de nariz, alergias recurrentes, vómitos y diarreas) y de sus grupos familiares (cáncer, abortos espontáneos, alergias y problemas digestivos)”, denunció la exdirectora ante el Defensor.
Por Necochea, el documento testigo presentado fue firmado por Mariana González, de la primaria N° 47 de la localidad de Almafuerte. La docente contó que, en una ocasión, uno de los alumnos caminaba con su hermano cerca del alambrado que separa el establecimiento educativo de un campo: “Se la cayo una manzana sobre el sembrado, luego la consumió, y resulto con una intoxicación que tuvo que ser atendida en el hospital”. En ese distrito surge como antecedente trágico la muerte de Melisa Núñez, una joven de 19 años que falleció en 2015 por el derrame de agroquímicos en un depósito ubicado en el barrio portuario de Quequén.
En tanto, desde Ayacucho, Carla Savarese le contó a DIB que no trabaja hace cinco años porque padece leucemia. Ella era la titular del jardín de infantes de Estación Fair. “Después de la biopsia, el médico me preguntó si vivía o trabajaba en el campo. Yo, ilusa, pensé que iba a recomendar que hiciera eso. En verdad, me lo dijo porque hay mucha gente de la zona con lo mismo”, detalló. En esa ciudad, la ONG Conciencia Ambiental denuncia que los pesticidas se utilizan de manera doméstica y que las maquinas fumigadoras transitan por calles del casco.
En Saavedra las fumigaciones cerca de la primaria N° 10 empezaron el año pasado y continuaron durante 2018. “En ocasiones, el fuerte viento que sopla normalmente en la zona, me permite percibir el olor a veneno. Inmediatamente, trato de resguardar a los niños hasta que sus padres puedan retirarlos”, explicó Marcela Murguía, directora del establecimiento. La maestra, le dijo a DIB que “no se trata sólo de las escuelas porque en los pueblitos los ‘mosquitos’ (así se le llama a la maquinaria terrestre) están fumigando a 20 metros de las casas, hasta el borde del casco urbano”.
Más allá de la presentación ante el Defensor, se han hecho públicas otras acusaciones sobre escuelas fumigadas en Luján, Ramallo, Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Chivilcoy, entre otros distritos. La última semana, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana/PJ de Tres Arroyos le presentó a la secretaría de Gestión Ambiental local una recopilación de denuncias realizadas sobre el uso de pesticidas. En tanto, en Chascomús, a la a espera de una ordenanza, vecinos de barrios periféricos y representantes de establecimientos educativos vienen manifestando también su preocupación.
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Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
Un alumno se intoxicó por comer una manzana que se cayó a un campo de siembra. Una docente fue fumigada por un avión cuando circulaba en moto por un camino de tierra. Otra maestra decidió interrumpir las clases porque sintió el “olor a veneno” que trajo el viento. Todas esas situaciones (y muchas otras) fueron denunciadas por maestros que se desempeñan en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, quienes advirtieron que los agroquímicos los afectan severamente.
No hay datos oficiales sobre la situación. Sin embargo, la ONG Red Federal de Docentes por la Vida presentó recientemente una carpeta de denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación (cargo vacante) en la que se detalla los distintos distritos del país en los que los establecimientos educativos se ven afectados por los agroquímicos utilizados por productores rurales. Por la provincia de Buenos Aires, el informe tiene anexado documentos de Trenque Lauquen, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Saavedra, Necochea, 9 de Julio y Ayacucho.
“Los agroquímicos son muchos, no se trata nada más del glifosato. En los lugares en donde se siembra trigo, por ejemplo, se fumiga con 2.4 D, que es tremendo. En mi escuela fumigaron en horario escolar y yo estuve 15 días con la cara paralizada por intoxicación”, le contó a DIB Ana Zabaloy, quien se desempeñó como directora de la escuela primaria N° 11 del paraje La Rosada de Areco hasta 2015 y fue la impulsora de la Red de Docentes por la Vida.
Hace tres años un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata registró en el colegio de Zabaloy la presencia de siete agroquímicos distintos entre herbicidas e insecticidas. “Fui testigo de cómo éstas prácticas agrícolas afectaban la salud de mis alumnos (problemas respiratorios constantes, sangrados de nariz, alergias recurrentes, vómitos y diarreas) y de sus grupos familiares (cáncer, abortos espontáneos, alergias y problemas digestivos)”, denunció la exdirectora ante el Defensor.
Por Necochea, el documento testigo presentado fue firmado por Mariana González, de la primaria N° 47 de la localidad de Almafuerte. La docente contó que, en una ocasión, uno de los alumnos caminaba con su hermano cerca del alambrado que separa el establecimiento educativo de un campo: “Se la cayo una manzana sobre el sembrado, luego la consumió, y resulto con una intoxicación que tuvo que ser atendida en el hospital”. En ese distrito surge como antecedente trágico la muerte de Melisa Núñez, una joven de 19 años que falleció en 2015 por el derrame de agroquímicos en un depósito ubicado en el barrio portuario de Quequén.
En tanto, desde Ayacucho, Carla Savarese le contó a DIB que no trabaja hace cinco años porque padece leucemia. Ella era la titular del jardín de infantes de Estación Fair. “Después de la biopsia, el médico me preguntó si vivía o trabajaba en el campo. Yo, ilusa, pensé que iba a recomendar que hiciera eso. En verdad, me lo dijo porque hay mucha gente de la zona con lo mismo”, detalló. En esa ciudad, la ONG Conciencia Ambiental denuncia que los pesticidas se utilizan de manera doméstica y que las maquinas fumigadoras transitan por calles del casco.
En Saavedra las fumigaciones cerca de la primaria N° 10 empezaron el año pasado y continuaron durante 2018. “En ocasiones, el fuerte viento que sopla normalmente en la zona, me permite percibir el olor a veneno. Inmediatamente, trato de resguardar a los niños hasta que sus padres puedan retirarlos”, explicó Marcela Murguía, directora del establecimiento. La maestra, le dijo a DIB que “no se trata sólo de las escuelas porque en los pueblitos los ‘mosquitos’ (así se le llama a la maquinaria terrestre) están fumigando a 20 metros de las casas, hasta el borde del casco urbano”.
Más allá de la presentación ante el Defensor, se han hecho públicas otras acusaciones sobre escuelas fumigadas en Luján, Ramallo, Mar del Plata, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez y Chivilcoy, entre otros distritos. La última semana, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana/PJ de Tres Arroyos le presentó a la secretaría de Gestión Ambiental local una recopilación de denuncias realizadas sobre el uso de pesticidas. En tanto, en Chascomús, a la a espera de una ordenanza, vecinos de barrios periféricos y representantes de establecimientos educativos vienen manifestando también su preocupación.
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Santa Fe: la ley de agroquímicos y 'cajita feliz'
Agrotóxicos y 'cajita feliz'
Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por Carlos Del Frade - Frente Social y Popular
Las siempre nombradas transparencia e independencia de los poderes deben tener existencia real en la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos. Si no es así, la república se convierte en una palabra que solamente existe en el diccionario y la democracia sufre anorexia irreversible. Una de las principales funciones de los diputados provinciales controlar lo que se hace y lo que se dice desde los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.
Mientras empujamos el tratamiento de la Ley Provincial de Educación y otra que prohiba las fumigaciones aéreas y no permita la aspersión de veneno a no menos de mil quinientos metros de los cascos urbanos como sucede en la provincia de San Luis; es imprescindible que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se presentan, formalmente, con el nombre técnico de Proyectos de Comunicación.
En relación a la salud y el medio ambiente, luego de un trabajo de investigación serio y profundo, llegamos a la conclusión que además del glifosato aparecen cientos de fórmulas de agroquímicos que son iguales o peores por sus efectos sobre los seres vivos.
El expediente 34.615 le pedía al Ejecutivo que explique qué tipos de controles están garantizados sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas. De los cuales, según el SENASA, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad.
Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y las propias empresas productoras de agroquímicos, en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
De esa cantidad, 12 son clasificados con la categoría Ia, 38 son con la categoría Ib, 393 con la categoría II y 376 con la categoría III por lo que 819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto.
Por eso es fundamental saber si los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Producción y Trabajo de Santa Fe tienen estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola y sus efectos en el entorno existencial.
En tanto, en el ámbito educativo, las denuncias de decenas y decenas de docentes en los diecinueve departamentos santafesinos, alertaron sobre una serie de cursos pagos denominados “la cajita feliz”. Preguntamos a través del expediente 34.817 si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de los cursos pagos ofrecidos por la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, entre otras, a cambio de garantizar decenas de puntos en los concursos docentes, especialmente, en educación media y para adultos. Y si la cartera educativa recibió denuncias de docentes en relación a este tema que deja de lado la experiencia de muchas y muchos trabajadores de la educación que resultan damnificados por esta práctica de mercantilización de la educación.
De allí que las respuestas a los pedidos de informes no son una pérdida de tiempo sino un insumo básico para una democracia real y concreta que genere una mejor existencia para los que son más en estos arrabales del mundo.
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Fecha de Publicación: 29/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Por Carlos Del Frade - Frente Social y Popular
Las siempre nombradas transparencia e independencia de los poderes deben tener existencia real en la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos. Si no es así, la república se convierte en una palabra que solamente existe en el diccionario y la democracia sufre anorexia irreversible. Una de las principales funciones de los diputados provinciales controlar lo que se hace y lo que se dice desde los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.
Mientras empujamos el tratamiento de la Ley Provincial de Educación y otra que prohiba las fumigaciones aéreas y no permita la aspersión de veneno a no menos de mil quinientos metros de los cascos urbanos como sucede en la provincia de San Luis; es imprescindible que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se presentan, formalmente, con el nombre técnico de Proyectos de Comunicación.
En relación a la salud y el medio ambiente, luego de un trabajo de investigación serio y profundo, llegamos a la conclusión que además del glifosato aparecen cientos de fórmulas de agroquímicos que son iguales o peores por sus efectos sobre los seres vivos.
El expediente 34.615 le pedía al Ejecutivo que explique qué tipos de controles están garantizados sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas. De los cuales, según el SENASA, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad.
Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y las propias empresas productoras de agroquímicos, en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
De esa cantidad, 12 son clasificados con la categoría Ia, 38 son con la categoría Ib, 393 con la categoría II y 376 con la categoría III por lo que 819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto.
Por eso es fundamental saber si los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Producción y Trabajo de Santa Fe tienen estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola y sus efectos en el entorno existencial.
En tanto, en el ámbito educativo, las denuncias de decenas y decenas de docentes en los diecinueve departamentos santafesinos, alertaron sobre una serie de cursos pagos denominados “la cajita feliz”. Preguntamos a través del expediente 34.817 si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de los cursos pagos ofrecidos por la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, entre otras, a cambio de garantizar decenas de puntos en los concursos docentes, especialmente, en educación media y para adultos. Y si la cartera educativa recibió denuncias de docentes en relación a este tema que deja de lado la experiencia de muchas y muchos trabajadores de la educación que resultan damnificados por esta práctica de mercantilización de la educación.
De allí que las respuestas a los pedidos de informes no son una pérdida de tiempo sino un insumo básico para una democracia real y concreta que genere una mejor existencia para los que son más en estos arrabales del mundo.
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Misiones debate sobre el glifosato y agrotóxicos
Destacan el tratamiento de proyecto de Ley busca prohibir el uso del Glifosato y agrotóxicos en Misiones
Fecha de Publicación: 26/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La legislatura misionera está debatiendo sobre agrotóxicos, donde la idea es regular y prohibir el uso de productos que pueden afectar la salud. Una de las autoras del proyecto es la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, quien aseguró que el objetivo es que salga la mejor propuesta donde es destacable el debate que se da sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo, dijo.
La Funcionaria dijo que se utilizan productos incluso en verduras, que son las de hoja que consumimos y pueden ser peligrosos para la salud. Por ello entiende que debe salir la mejor propuesta de la Legislatura que se ajuste al momento que vivimos y al debate sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo.
Recordó que su proyecto pedía que se prohíba el uso del glifosato y otros productos muy dañinos. En este sentido dijo que también el debate plantea la formación de los profesionales como los ingenieros agrónomos.
La funcionaria plantea además la necesidad de iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueva la aplicación de la ley de fomento a la producción agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la ley XVI-31 del año 1992, conocida como ley de agrotóxicos.
Ferreira, expresó la necesidad imperiosa de debatir estos temas, con todos los actores de la comunidad Misionera y construir juntos un proyecto de ley que regule el uso de agroquímicos y que incentive la agroecología.
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Fecha de Publicación: 26/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La legislatura misionera está debatiendo sobre agrotóxicos, donde la idea es regular y prohibir el uso de productos que pueden afectar la salud. Una de las autoras del proyecto es la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, quien aseguró que el objetivo es que salga la mejor propuesta donde es destacable el debate que se da sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo, dijo.
La Funcionaria dijo que se utilizan productos incluso en verduras, que son las de hoja que consumimos y pueden ser peligrosos para la salud. Por ello entiende que debe salir la mejor propuesta de la Legislatura que se ajuste al momento que vivimos y al debate sobre la salud de los misioneros y la vida del suelo.
Recordó que su proyecto pedía que se prohíba el uso del glifosato y otros productos muy dañinos. En este sentido dijo que también el debate plantea la formación de los profesionales como los ingenieros agrónomos.
La funcionaria plantea además la necesidad de iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueva la aplicación de la ley de fomento a la producción agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la ley XVI-31 del año 1992, conocida como ley de agrotóxicos.
Ferreira, expresó la necesidad imperiosa de debatir estos temas, con todos los actores de la comunidad Misionera y construir juntos un proyecto de ley que regule el uso de agroquímicos y que incentive la agroecología.
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Agroquímicos en Santa Fe: Paren de Fumigarnos no debate
Paren de Fumigarnos no va al debate: 'Ya está todo dicho'
Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La multisectorial no participará de las jornadas convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “Creemos que se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados"
La multisectorial Paren de Fumigarnos no participará de las jornadas de debate convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “A esta altura, ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos”, indicaron desde la ONG.
Según las entidades sociales y ambientalistas que llevan adelante la campaña Paren de Fumigarnos, “es imperioso que la comisión avance en un dictamen que contemple esta realidad y no dilatar más esta situación”. Y atribuyeron las demoras a la influencia que ejercen “las organizaciones de productores y las corporaciones que producen estos venenos”.
En la Cámara de Diputados hay tres proyectos de reforma de la ley de agroquímicos. La Comisión de Salud organizó una serie de debates para los días 19 y 26 de junio y 3 de julio. La multisectorial Paren de Fumigarnos avisó este lunes que no participarán del debate ya que lo consideran una pérdida de tiempo.
“Creemos que nuevamente se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados, como es el dictamen del proyecto modificatorio de la ley 11273, mal llamada de fitosanitarios. A esta altura del debate ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos que se utilizan en la agricultura”, indicaron desde la multisectorial.
Entre otros argumentos, mencionan que la Organización Mundial de Salud recategorizó al glifosato como producto “probablemente cancerígeno para los seres humanos” y al 2,4D como “posible cancerígeno para los seres humanos” en 2015. “Ante esta evidencia, creemos que es perentorio avanzar con una norma que contemple estas nuevas categorizaciones de dos herbicidas ampliamente utilizados en la agricultura actual y que sin ninguna duda están afectando seriamente la salud de todos nosotros, pero especialmente de los vecinos de los pueblos y ciudades expuestos a los impactos de las fumigaciones que se realizan en los periurbanos de las localidades”, agregaron desde Paren de Fumigarnos.
El debate en la Legislatura lleva diez años pero aun no se lograron los consensos para reformar la ley actual, que fue sancionada en 1995 antes del inicio del modelo sojero. Por eso, los ambientalistas denuncian que detrás de las jornadas de debate se busca “generar un desgaste que pareciera tener como único fin evitar que se sancionaran leyes que antepongan la salud de la población a la renta de algunos sectores”.
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Fecha de Publicación: 22/06/2018
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
La multisectorial no participará de las jornadas convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “Creemos que se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados"
La multisectorial Paren de Fumigarnos no participará de las jornadas de debate convocadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe sobre la reforma de la ley de agroquímicos. “A esta altura, ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos”, indicaron desde la ONG.
Según las entidades sociales y ambientalistas que llevan adelante la campaña Paren de Fumigarnos, “es imperioso que la comisión avance en un dictamen que contemple esta realidad y no dilatar más esta situación”. Y atribuyeron las demoras a la influencia que ejercen “las organizaciones de productores y las corporaciones que producen estos venenos”.
En la Cámara de Diputados hay tres proyectos de reforma de la ley de agroquímicos. La Comisión de Salud organizó una serie de debates para los días 19 y 26 de junio y 3 de julio. La multisectorial Paren de Fumigarnos avisó este lunes que no participarán del debate ya que lo consideran una pérdida de tiempo.
“Creemos que nuevamente se está tratando de postergar el dictamen de un proyecto de ley fundamental para la salud de nuestros pueblos fumigados, como es el dictamen del proyecto modificatorio de la ley 11273, mal llamada de fitosanitarios. A esta altura del debate ya está todo dicho sobre la peligrosidad de los productos agrotóxicos que se utilizan en la agricultura”, indicaron desde la multisectorial.
Entre otros argumentos, mencionan que la Organización Mundial de Salud recategorizó al glifosato como producto “probablemente cancerígeno para los seres humanos” y al 2,4D como “posible cancerígeno para los seres humanos” en 2015. “Ante esta evidencia, creemos que es perentorio avanzar con una norma que contemple estas nuevas categorizaciones de dos herbicidas ampliamente utilizados en la agricultura actual y que sin ninguna duda están afectando seriamente la salud de todos nosotros, pero especialmente de los vecinos de los pueblos y ciudades expuestos a los impactos de las fumigaciones que se realizan en los periurbanos de las localidades”, agregaron desde Paren de Fumigarnos.
El debate en la Legislatura lleva diez años pero aun no se lograron los consensos para reformar la ley actual, que fue sancionada en 1995 antes del inicio del modelo sojero. Por eso, los ambientalistas denuncian que detrás de las jornadas de debate se busca “generar un desgaste que pareciera tener como único fin evitar que se sancionaran leyes que antepongan la salud de la población a la renta de algunos sectores”.
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Misiones: procupación de la 'agroindustria' por el glifosato
Sectores de la agroindustria de Misiones plantearon preocupación por proyecto para prohibir el glifosato en la provincia
Fecha de Publicación: 17/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, citrícola, tabacalera y de la Confederación Económica de Misiones (CEM) se reunieron ayer con el ministro del Agro, José Luis Garay, preocupados por la posibilidad de que se prohíba el glifosato. Advirtieron que actualmente los productores no cuentan con una alternativa para reemplazar ese agroquímico. Reclamaron ser escuchados en el debate legislativo y consideraron que la provincia debería unificar criterios con la Nación en relación al uso de químicos en el agro.
El uso de agroquímicos en la producción primaria volvió al centro de la discusión a partir de un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Martín Sereno (PAyS) que propone prohibir el uso de glifosato y de otros agroquímicos cuyos efectos en la salud humana y en el medio ambiente están en constante discusión. En la mañana del martes representantes de distintas cadenas agroindustriales se reunieron con el ministro del Agro, Luis Garay, ante quien plantearon su preocupación por el impacto económico que podría tener la adopción de una medida de esa naturaleza.
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, tabacalera y citrícola plantearon que para los agricultores el glifosato es una herramienta de trabajo importante y que el proyecto que propone prohibir su uso no plantea una alternativa que ofrezca resultados similares. Afirman que la posibilidad de reemplazar herbicidas como el glifosato por trabajo manual, resulta prohibitivo por los costos que ello implicaría.
Fernando Acosta, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (CETA) afirmó que se enteraron de la existencia del mencionado proyecto gracias a publicaciones periodísticas y que en ningún momento fueron convocados a debatir en comisión. “Estamos muy preocupados por lo que puede llegar a pasar en su tratamiento en la Cámara”, dijo.
Señaló que el glifosato “es una herramienta de trabajo para el productor, razón por la cual la prohibición que se pretende sancionar causaría un grave daño. Reemplazarlo por mano de obra es muy caro, no es una opción por el costo que tiene”. Sin embargo consideró positivo que se abra el debate en relación al uso de agroquímicos: “hay que discutirlo avanzar tratar y ver qué se puede resolver”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, señaló que antes de tomar una postura firme en relación al proyecto de ley, se solicitará mayor información.
Consideró que “no se le puede pedir a los sectores involucrados que destierren el glifosato de la provincia de la noche a la manaña” y recordó que la Unión Europea está transitando un camino progresivo de reducción del uso de ese agroquímico en el marco del cual recientemente se prorrogaron por cinco años las metas planteadas inicialmente.
Aseveró además que “no existe un indicio científico que indique que el glifosato acarree problemas de salud”.
Se ocupó de destacar la amplia convocatoria de la reunión de realizada hoy martes. “En esta reunión estuvieron presentes todos los sectores involucrados, no faltó ninguno, tanto del sector empresarial como de los colegios profesionales y del sector público, por lo que podemos calificar como exitosa la reunión”, expresó. “Fue el corolario del encuentro que mantuvimos con el presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier y el ministro del agro José Luís Garay”, en referencia al prólogo de las gestiones iniciadas en la primera semana de junio.
Otro de los que participó de la reunión fue René Urbieta, presidente de la Comisión Técnica del Tabaco de la Provincia de Misiones (Cotaprom), quien señaló que “nos convocaron para dar nuestra opinión, interiorizarnos más sobre los proyectos de ley. Respecto al uso de glifosato, vemos que hay mucha desinformación en la sociedad, vemos que no hay alternativa a ese producto, a diferencia de ocasiones anteriores donde a la hora de prohibir un producto se le dio al productor una alternativa, que lo reemplazaba técnicamente”, dijo.
En ese punto recordó la experiencia del sector tabacalero con la eliminación del bromuro de metilo. “Había una concordancia respecto al daño que ocasionaba ese producto y se le dio una alternativa al productor, cosa que no ocurre con el glifosato” remarcó.
Además de los ya mencionados participaron del encuentro Victor Saguier y Enrique Diehl, de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); Wilfredo Glesman, de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM); Pedro Agostini, del INTA Montecarlo y representantes de los colegios de Ingenieros Forestales y e Ingenieros Agrónomos de Misiones.
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Fecha de Publicación: 17/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, citrícola, tabacalera y de la Confederación Económica de Misiones (CEM) se reunieron ayer con el ministro del Agro, José Luis Garay, preocupados por la posibilidad de que se prohíba el glifosato. Advirtieron que actualmente los productores no cuentan con una alternativa para reemplazar ese agroquímico. Reclamaron ser escuchados en el debate legislativo y consideraron que la provincia debería unificar criterios con la Nación en relación al uso de químicos en el agro.
El uso de agroquímicos en la producción primaria volvió al centro de la discusión a partir de un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Martín Sereno (PAyS) que propone prohibir el uso de glifosato y de otros agroquímicos cuyos efectos en la salud humana y en el medio ambiente están en constante discusión. En la mañana del martes representantes de distintas cadenas agroindustriales se reunieron con el ministro del Agro, Luis Garay, ante quien plantearon su preocupación por el impacto económico que podría tener la adopción de una medida de esa naturaleza.
Representantes de las industrias tealera, yerbatera, tabacalera y citrícola plantearon que para los agricultores el glifosato es una herramienta de trabajo importante y que el proyecto que propone prohibir su uso no plantea una alternativa que ofrezca resultados similares. Afirman que la posibilidad de reemplazar herbicidas como el glifosato por trabajo manual, resulta prohibitivo por los costos que ello implicaría.
Fernando Acosta, de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (CETA) afirmó que se enteraron de la existencia del mencionado proyecto gracias a publicaciones periodísticas y que en ningún momento fueron convocados a debatir en comisión. “Estamos muy preocupados por lo que puede llegar a pasar en su tratamiento en la Cámara”, dijo.
Señaló que el glifosato “es una herramienta de trabajo para el productor, razón por la cual la prohibición que se pretende sancionar causaría un grave daño. Reemplazarlo por mano de obra es muy caro, no es una opción por el costo que tiene”. Sin embargo consideró positivo que se abra el debate en relación al uso de agroquímicos: “hay que discutirlo avanzar tratar y ver qué se puede resolver”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, señaló que antes de tomar una postura firme en relación al proyecto de ley, se solicitará mayor información.
Consideró que “no se le puede pedir a los sectores involucrados que destierren el glifosato de la provincia de la noche a la manaña” y recordó que la Unión Europea está transitando un camino progresivo de reducción del uso de ese agroquímico en el marco del cual recientemente se prorrogaron por cinco años las metas planteadas inicialmente.
Aseveró además que “no existe un indicio científico que indique que el glifosato acarree problemas de salud”.
Se ocupó de destacar la amplia convocatoria de la reunión de realizada hoy martes. “En esta reunión estuvieron presentes todos los sectores involucrados, no faltó ninguno, tanto del sector empresarial como de los colegios profesionales y del sector público, por lo que podemos calificar como exitosa la reunión”, expresó. “Fue el corolario del encuentro que mantuvimos con el presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier y el ministro del agro José Luís Garay”, en referencia al prólogo de las gestiones iniciadas en la primera semana de junio.
Otro de los que participó de la reunión fue René Urbieta, presidente de la Comisión Técnica del Tabaco de la Provincia de Misiones (Cotaprom), quien señaló que “nos convocaron para dar nuestra opinión, interiorizarnos más sobre los proyectos de ley. Respecto al uso de glifosato, vemos que hay mucha desinformación en la sociedad, vemos que no hay alternativa a ese producto, a diferencia de ocasiones anteriores donde a la hora de prohibir un producto se le dio al productor una alternativa, que lo reemplazaba técnicamente”, dijo.
En ese punto recordó la experiencia del sector tabacalero con la eliminación del bromuro de metilo. “Había una concordancia respecto al daño que ocasionaba ese producto y se le dio una alternativa al productor, cosa que no ocurre con el glifosato” remarcó.
Además de los ya mencionados participaron del encuentro Victor Saguier y Enrique Diehl, de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP); Wilfredo Glesman, de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM); Pedro Agostini, del INTA Montecarlo y representantes de los colegios de Ingenieros Forestales y e Ingenieros Agrónomos de Misiones.
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No pinta "proteccionista" el proyecto para regular agroquímicos
El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para reglamentar el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 16/06/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Técnicos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud, Agroindustria, Medio Ambiente y organizaciones del agro, coincidieron en la necesidad de establecer como leitmotiv las buenas prácticas agrícolas (BPA) “iguales” para todos y “ordenar” las distintas normas que prohíben el uso de agroquímicos en todas sus formas de aplicación. Las conclusiones estarán a disposición de las provincias para luego elevarlas al Congreso y avanzar en un proyecto de ley marco de presupuestos mínimos para la regulación de los productos fitosanitarios.
La información fue confirmada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman que en diálogo con BAE Negocios señaló en primera instancia que uno de los objetivos será “homologar las BPA desde una mirada más integral y que tiene que ver con la trazabilidad”.
Esto quiere decir que las autoridades públicas deberán saber desde quien compra un agroquímico hasta su destino final, pero también en lo referido al descarte de envases, su aplicación, tipo de autorización y hasta quien fiscaliza, y controla el producto.
En este último punto, el ministro criticó “a aquellos intendentes que hacen demagogia y prohíben los agroquímicos, cuando antes de hacer eso, deben controlarlo”; esto quiere decir que “si un avión fumiga y abajo hay una escuela. Cuando el piloto baja, ¿lo metes preso? Con lo cual te la pasas hablando sin asumir ninguna responsabilidad, así es fácil”.
En la actualidad la provincia de Entre Ríos es la que más ordenanzas aprobadas tiene en sus distintas localidades ya sea para evitar el uso de fitosanitarios dentro de lo que es el casco urbano como también en los metros a la hora de fumigar. Hace poco el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, prohibió el uso, venta y depósito del glifosato en todo el ejido de esta ciudad, lo cual abarca más de 33.000 hectáreas. Por esto, las entidades del campo decidieron ir a la Justicia. “La semana próxima vamos a presentarnos para pedir la inconstitucionalidad de la ordenanza la cual dice que no se puede impedir la comercialización de un producto. En este caso afecta el trabajo de los productores”, señaló a BAE Negocios, el dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo Bell.
Otras de las conclusiones de los técnicos tiene que ver precisamente con las normas y el glosario de términos. “Esto significa establecer por ejemplo qué es el casco urbano, zona de amortiguamiento, distancia según el tipo de cultivo, entre otros, “, afirmó Bergman.
Se entiende que todos estos puntos tienen diferentes criterios en cada provincia lo cual aun es un tema a acordar con cada una de ellas y que se hará en lo que es el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Por lo pronto se emitirá “un dictamen técnico”, dijo el ministro el cual que pasará primero a las provincias y luego irá a al Congreso para que sea evaluado y ver si es viable avanzar en un proyecto de ley o sacar un resolución, pero entiendo que debemos ir a algo normativo y no a una opción transitoria”.
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Fecha de Publicación: 16/06/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Técnicos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud, Agroindustria, Medio Ambiente y organizaciones del agro, coincidieron en la necesidad de establecer como leitmotiv las buenas prácticas agrícolas (BPA) “iguales” para todos y “ordenar” las distintas normas que prohíben el uso de agroquímicos en todas sus formas de aplicación. Las conclusiones estarán a disposición de las provincias para luego elevarlas al Congreso y avanzar en un proyecto de ley marco de presupuestos mínimos para la regulación de los productos fitosanitarios.
La información fue confirmada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman que en diálogo con BAE Negocios señaló en primera instancia que uno de los objetivos será “homologar las BPA desde una mirada más integral y que tiene que ver con la trazabilidad”.
Esto quiere decir que las autoridades públicas deberán saber desde quien compra un agroquímico hasta su destino final, pero también en lo referido al descarte de envases, su aplicación, tipo de autorización y hasta quien fiscaliza, y controla el producto.
En este último punto, el ministro criticó “a aquellos intendentes que hacen demagogia y prohíben los agroquímicos, cuando antes de hacer eso, deben controlarlo”; esto quiere decir que “si un avión fumiga y abajo hay una escuela. Cuando el piloto baja, ¿lo metes preso? Con lo cual te la pasas hablando sin asumir ninguna responsabilidad, así es fácil”.
En la actualidad la provincia de Entre Ríos es la que más ordenanzas aprobadas tiene en sus distintas localidades ya sea para evitar el uso de fitosanitarios dentro de lo que es el casco urbano como también en los metros a la hora de fumigar. Hace poco el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, prohibió el uso, venta y depósito del glifosato en todo el ejido de esta ciudad, lo cual abarca más de 33.000 hectáreas. Por esto, las entidades del campo decidieron ir a la Justicia. “La semana próxima vamos a presentarnos para pedir la inconstitucionalidad de la ordenanza la cual dice que no se puede impedir la comercialización de un producto. En este caso afecta el trabajo de los productores”, señaló a BAE Negocios, el dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo Bell.
Otras de las conclusiones de los técnicos tiene que ver precisamente con las normas y el glosario de términos. “Esto significa establecer por ejemplo qué es el casco urbano, zona de amortiguamiento, distancia según el tipo de cultivo, entre otros, “, afirmó Bergman.
Se entiende que todos estos puntos tienen diferentes criterios en cada provincia lo cual aun es un tema a acordar con cada una de ellas y que se hará en lo que es el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Por lo pronto se emitirá “un dictamen técnico”, dijo el ministro el cual que pasará primero a las provincias y luego irá a al Congreso para que sea evaluado y ver si es viable avanzar en un proyecto de ley o sacar un resolución, pero entiendo que debemos ir a algo normativo y no a una opción transitoria”.
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Confirman que pesticidas mataron 70 millones de abejas
Confirmado: un pesticida mató a los 70 millones de abejas en Traslasierra
Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace tres meses, aparecieron muertas todas en un solo día. Falta que se precisen el producto y el origen.
Villa Dolores. Más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo, en un solo día, en una zona puntual del valle de Traslasierra. Recién tres meses después, se confirma la causa de la mortandad masiva: los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habría fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado.
Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de dos millones de pesos, reclaman ahora un resarcimiento.
“Hubo una aplicación de algún pesticida que mató a las abejas, estamos tratando de identificar en qué propiedad fue. Pronto nos llegarán los resultados finales del Ceprocor (laboratorio de la Provincia) y la semana que viene nos reuniremos para dar todas las precisiones”, señaló Matías Fernández, miembro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) en su delegación de Villa Dolores.
Fernández indicó a La Voz que los análisis realizados por el Senasa y por la Universidad Nacional de Río Cuarto confirmaron ya que una fumigación habría causado el intenso daño. De ese modo, se confirma la presunción de los productores apícolas de la zona. Hasta ahora, esa presunción no tenía pruebas de laboratorio.
De la docena de apicultores afectados, la mayoría prefiere no hablar hasta tanto no se revelen los resultados totales de los análisis. Admiten, de todos modos, que enfrentan un año de especial dificultad ante la merma muy notoria de su producción, y esperan que en la próxima primavera la situación empiece paulatinamente a mejorar con la recuperación de las colmenas.
920 colmenas
En los primeros días de marzo, en un área cercana a la localidad de La Paz, al sur del valle de Traslasierra, se produjo una alarmante mortandad de abejas. “Se arruinaron 920 colmenas, y la pérdida en general superó los dos millones de pesos, una cifra altísima para nosotros. Algunos productores perdieron más de la mitad de lo que tenían”, apuntó ayer Marcelo Sosa, presidente de la Asociación Apícola de Traslasierra, que nuclea a pequeños y medianos productores de la zona. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y que no vuelva a suceder. Y queremos recuperar lo perdido”, planteó.
Sosa, del paraje Los Romeros, recordó: “No sólo perdimos las abejas y la miel, sino también la cera y las cajas, que quedan contaminadas y no se pueden volver a usar. Toda mi vida trabajé en esto y nunca vi una mortandad tan grande”. Luego detalló: “Hemos hablado con los afectados y pediremos un resarcimiento de un núcleo y de un kilogramo de cera por cada colmena perdida; aunque no sabemos quién lo pagaría”. Se estima que cada núcleo, que da base a una colmena, tiene un costo aproximado de 700 pesos, y cada kilogramo de cera, unos 150 pesos.
“Perdí la mitad de lo que tenía, me está salvando mi hermano, que se dedica a lo mismo pero no fue afectado”, acotó Alfredo Montenegro, apicultor de 62 años, del paraje Loma Bola.
80 mil. Se estima que cada colmena alberga unas 80 mil abejas. Por eso se considera que hubo al menos 70 millones de abejas muertas.
La mortandad afectó a una zona muy puntual
Un área apícola cerca de La Paz y del límite con San Luis.
Por la cantidad de bosque nativo subsistente y la floración temprana de especies vegetales “melíferas”, el sur de Traslasierra es muy valorado para la producción de miel. Una decena de apicultores medianos (de unas 400 colmenas), y unos 20 granjeros con colmenas integran el sector apícola de esa zona, cuya producción se vende en el país. Pero también productores de otras regiones arriendan campos para colocar sus colmenas entre agosto y diciembre.
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Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace tres meses, aparecieron muertas todas en un solo día. Falta que se precisen el producto y el origen.
Villa Dolores. Más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo, en un solo día, en una zona puntual del valle de Traslasierra. Recién tres meses después, se confirma la causa de la mortandad masiva: los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habría fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado.
Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de dos millones de pesos, reclaman ahora un resarcimiento.
“Hubo una aplicación de algún pesticida que mató a las abejas, estamos tratando de identificar en qué propiedad fue. Pronto nos llegarán los resultados finales del Ceprocor (laboratorio de la Provincia) y la semana que viene nos reuniremos para dar todas las precisiones”, señaló Matías Fernández, miembro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) en su delegación de Villa Dolores.
Fernández indicó a La Voz que los análisis realizados por el Senasa y por la Universidad Nacional de Río Cuarto confirmaron ya que una fumigación habría causado el intenso daño. De ese modo, se confirma la presunción de los productores apícolas de la zona. Hasta ahora, esa presunción no tenía pruebas de laboratorio.
De la docena de apicultores afectados, la mayoría prefiere no hablar hasta tanto no se revelen los resultados totales de los análisis. Admiten, de todos modos, que enfrentan un año de especial dificultad ante la merma muy notoria de su producción, y esperan que en la próxima primavera la situación empiece paulatinamente a mejorar con la recuperación de las colmenas.
920 colmenas
En los primeros días de marzo, en un área cercana a la localidad de La Paz, al sur del valle de Traslasierra, se produjo una alarmante mortandad de abejas. “Se arruinaron 920 colmenas, y la pérdida en general superó los dos millones de pesos, una cifra altísima para nosotros. Algunos productores perdieron más de la mitad de lo que tenían”, apuntó ayer Marcelo Sosa, presidente de la Asociación Apícola de Traslasierra, que nuclea a pequeños y medianos productores de la zona. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y que no vuelva a suceder. Y queremos recuperar lo perdido”, planteó.
Sosa, del paraje Los Romeros, recordó: “No sólo perdimos las abejas y la miel, sino también la cera y las cajas, que quedan contaminadas y no se pueden volver a usar. Toda mi vida trabajé en esto y nunca vi una mortandad tan grande”. Luego detalló: “Hemos hablado con los afectados y pediremos un resarcimiento de un núcleo y de un kilogramo de cera por cada colmena perdida; aunque no sabemos quién lo pagaría”. Se estima que cada núcleo, que da base a una colmena, tiene un costo aproximado de 700 pesos, y cada kilogramo de cera, unos 150 pesos.
“Perdí la mitad de lo que tenía, me está salvando mi hermano, que se dedica a lo mismo pero no fue afectado”, acotó Alfredo Montenegro, apicultor de 62 años, del paraje Loma Bola.
80 mil. Se estima que cada colmena alberga unas 80 mil abejas. Por eso se considera que hubo al menos 70 millones de abejas muertas.
La mortandad afectó a una zona muy puntual
Un área apícola cerca de La Paz y del límite con San Luis.
Por la cantidad de bosque nativo subsistente y la floración temprana de especies vegetales “melíferas”, el sur de Traslasierra es muy valorado para la producción de miel. Una decena de apicultores medianos (de unas 400 colmenas), y unos 20 granjeros con colmenas integran el sector apícola de esa zona, cuya producción se vende en el país. Pero también productores de otras regiones arriendan campos para colocar sus colmenas entre agosto y diciembre.
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contaminación,
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Glifosato en todos lados
Fuerte advertencia de científicos por la presencia de un peligroso herbicida
Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Dïa (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional
Se trata del glifosato, que se encuentra en diferentes lugares de la Ciudad, cuyo uso ha crecido en la producción agropecuaria
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata advierten que los residuos de glifosato, un peligroso herbicida con potencial carcinogénico, están presenten en diferentes concentraciones, en la lluvia que cae en el centro de nuestra ciudad, en el algodón, gasas, peces, en las lagunas bonaerenses, en distintos alimentos que consumimos, en todo nuestro sistema ambiental.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces y el uso de este herbicida es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental.
Los argentinos tenemos una exposición continua y sostenida a este compuesto y esto puede producir desde leucemia, distintos tipos de linfomas, patologías tiroideas, enfermedades cutáneas, y hasta daños genéticos, remarcan desde la casa de altos estudios.
Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo de doble dependencia UNLP-Conicet, remarcó: “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies después de 20 años del uso de este compuesto comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
Según Marino, “en los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.
Y detalló: “en las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 % de la carga total de plaguicidas de la muestra”.
Creciente Uso
“Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénico, se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, explicó el investigador.
El glifosato es un contaminante seudopersistente que se deposita en el suelo y en el ambiente que no logra degradar la cantidad que ingresa, y se acumula a razón de un miligramo por kilo por año.
En cada lluvia cae Glifosato
Un estudio del CIM, demostró que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata, cae glifosato asociado a la gota de lluvia. Esto se comprobó midiendo concentración de glifosato en la lluvia.
La presencia del herbicida está presente sobre todo en la zona que va dese la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján en la provincia de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Dïa (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional
Se trata del glifosato, que se encuentra en diferentes lugares de la Ciudad, cuyo uso ha crecido en la producción agropecuaria
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata advierten que los residuos de glifosato, un peligroso herbicida con potencial carcinogénico, están presenten en diferentes concentraciones, en la lluvia que cae en el centro de nuestra ciudad, en el algodón, gasas, peces, en las lagunas bonaerenses, en distintos alimentos que consumimos, en todo nuestro sistema ambiental.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces y el uso de este herbicida es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental.
Los argentinos tenemos una exposición continua y sostenida a este compuesto y esto puede producir desde leucemia, distintos tipos de linfomas, patologías tiroideas, enfermedades cutáneas, y hasta daños genéticos, remarcan desde la casa de altos estudios.
Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo de doble dependencia UNLP-Conicet, remarcó: “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies después de 20 años del uso de este compuesto comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
Según Marino, “en los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.
Y detalló: “en las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 % de la carga total de plaguicidas de la muestra”.
Creciente Uso
“Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénico, se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, explicó el investigador.
El glifosato es un contaminante seudopersistente que se deposita en el suelo y en el ambiente que no logra degradar la cantidad que ingresa, y se acumula a razón de un miligramo por kilo por año.
En cada lluvia cae Glifosato
Un estudio del CIM, demostró que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata, cae glifosato asociado a la gota de lluvia. Esto se comprobó midiendo concentración de glifosato en la lluvia.
La presencia del herbicida está presente sobre todo en la zona que va dese la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján en la provincia de Buenos Aires.
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contaminación,
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CABA: 6 de cada 10 frutas y verduras con agrotóxicos
No vivas de ensalada: al menos 6 de cada 10 frutas y verduras que se ofrecen en Capital vienen con agrotóxicos y se exporta lo sano
Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Capital Federal
Un estudio concretado por científicos argentinos y ahora publicado en el exterior develó la presencia de plaguicidas en la mayor parte de los productos que se ofrecen en las verdulerías locales. La naranja, a la cabeza en la nómina de contaminados. ¿Qué tan peligrosos son los compuestos detectados?
La muestra resalta por lo contundente: 135 frutas y verduras de las más consumidas en la Argentina. Sometidos a diversos análisis químicos, los productos arrojaron un resultado que aterra: el 65% de lo evaluado dio positivo en contaminación con al menos un plaguicida. De esa porción cargada con agrotóxicos, un 39% presentó un nivel de residuos tan elevado que vuelve a cada variedad un alimento inadecuado para el consumo.
A ese tenor de conclusiones arribó el trabajo elaborado por un equipo de científicos pertenecientes al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) -dependiente de la Universidad de La Plata (UNLP)-, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El monitoreo se aplicó sobre un surtido de frutas y verduras adquiridas entre 2015 y 2016 en comercios elegidos al azar en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Intervino en la coordinación de la labor la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Publicada en la prestigiosa revista Food Control, auténtico órgano de difusión de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos -EFFoST, sus siglas en inglés-, esta experiencia, a la que iProfesional accedió en las últimas horas, situó a la naranja como el producto que evidenció la mayor cantidad de plaguicidas presentes en una misma fruta, mientras que las zanahorias lideraron la nómina de los artículos con concentraciones de químicos que exceden a las pautas agrícolas.
A tono con esto, y de acuerdo al trabajo en cuestión, los productos en los que se encontró residuo de plaguicidas según frecuencias de aparición son:
•Naranjas.
•Zanahorias.
•Tomates.
•Pimientas.
•Lechugas.
"Aproximadamente 7 de cada 10 naranjas, zanahorias y tomates contenía residuos de plaguicidas. Mientras que en casi la mitad de las muestras de zanahorias se detectaron valores (de plaguicidas) superiores a los LMR -Límites Máximos de Residuos-, naranjas y tomates mostraron un nivel de incumplimiento de esa pauta del 30% y 20%, respectivamente. Aunque la mitad de las muestras de pimiento y lechuga dieron positivo en algún compuesto, sólo el 30% de los primeros y el 40% de los segundos mostraron concentraciones de residuos superiores al umbral de LMR", precisa el informe remitido a este medio.
Mayor contaminación
Alineado con dicho argumento, los productos con concentraciones de plaguicidas que violan los LMR vigentes se alinean de esta forma:
•Zanahorias.
•Lechugas.
•Naranjas.
•Pimientos.
•Tomates.
En limpio se trata de alimentos que, en virtud de la acumulación de venenos que acumulan, directamente no deberían estar a la venta por su potencial riesgo para la salud.
Otro aspecto importante que expone el trabajo refiere a la calidad de las frutas y verduras que la Argentina destina a la exportación. La unidad de científicos asegura que los productos que se comercializan hacia otros mercados ostentan parámetros de residuos hasta 7 veces menores a los hallados en la producción que hoy se ofrece en verdulerías. Dicho de otra forma, lo sano se va afuera.
"Se recomienda con urgencia la implementación de programas diseñados para facilitar el conocimiento, la capacitación y el monitoreo", reza el documento que ahora expone iProfesional.
Según detalla el trabajo, los vegetales bajo el modelo de producción predominante en el país requieren "el uso de pesticidas a gran escala, hasta 20 veces más de lo que se usa habitualmente en el monocultivo extensivo de granos y semillas oleaginosas".
Dicho de otra forma, los ingredientes de una ensalada han sido tratados con venenos a niveles que, por establecer un paralelo, incluso superan a la soja bañada con productos cancerígenos como el glifosato que diseñó Monsanto.
"Esta contaminación conduce a posibles vías de exposición a la población, tanto por la dinámica ambiental como por los hábitos de consumo de alimentos, siendo esta última la mayor fuente de riesgo para la salud humana", advierte.
"Se esta frente a un modelo de producción de base química, que incorpora plaguicidas como base del control de plagas que ingresan al ambiente y a nuestros hogares.”, aseguró a este medio Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CIM y el CONICET que llevó a cabo la indagación científica.
Los venenos
Entre los compuestos ubicados, la mayor proporción correspondió al insecticida clorpirifos -25,9%-, seguido por el fungicida epoxiconazol -15,6%-, los también insecticidas endosulfan y cipermetrina -15,6% y 13,3%, respectivamente-, y la lambdacialotrin -10,4%-, también perteneciente a la familia de los insecticidas.
Por poner un ejemplo del tenor de los químicos detectados, vale decir que el clorpirifos es uno de los plaguicidas organofosforados más utilizados en la agricultura de la Argentina.
Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto "seguro".
En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
En cuanto al epoxiconazol, el trabajo expresa que el plaguicida "no está bajo ninguna forma de regulación, ni en la legislación nacional ni en el Codex Alimentarius". O sea, su presencia para frutas y verduras no se encuentra categorizada en el código que rige la seguridad en los alimentos. Se trata de un compuesto que ni siquiera está pensando para el cultivo de frutas y verduras.
La irregularidad suma grosor si se abordan los casos de la cipermetrina y el endosulfan, también con presencia destacada entre los químicos más constatados.
La cipermetrina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es muy tóxica para peces y abejas, y se recomienda evitar su uso sobre cursos de agua.
A nivel local, su desarrollo y comercialización corre por cuenta de Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Nidera, entre otras firmas.
Este producto aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
Tomasi es un auténtico caso-símbolo de cómo los plaguicidas destruyen la salud al entrar en contacto con el cuerpo.
El endosulfan, en cambio, es un insecticida catalogado como "muy peligroso" por el mismo SENASA, y su uso se encuentra vetado en más de 60 países -Unión Europea incluida- por generar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males.
En la Argentina, su utilización está prohibida desde mediados de 2013. Que hoy se lo detecte en frutas y verduras permite dos conjeturas: o la molécula es capaz de resistir años en el suelo para luego pasar a los productos o, en todo caso, el agrotóxico continúa siendo comercializado a nivel local por canales ilegales.
Dados los niveles detectados en el trabajo, los autores proponen su presencia como consecuencia de su uso reciente en los cultivos.
Por fuera de este último interrogante, el trabajo desarrollado por los científicos locales coloca nuevamente en entredicho la calidad alimenticia de productos clave en la dieta de los argentinos.
¿Se puede vivir de ensaladas? La ciencia vuelve a dejar en claro que, al menos en buena parte de los comercios de Buenos Aires y La Plata -y exceptuando la oferta agroecológica o directamente orgánica-, inclinarse por las frutas y las verduras que se comercializan en el circuito tradicional es una invitación a interactuar con venenos con todo lo fatal que ello implica.
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Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Capital Federal
Un estudio concretado por científicos argentinos y ahora publicado en el exterior develó la presencia de plaguicidas en la mayor parte de los productos que se ofrecen en las verdulerías locales. La naranja, a la cabeza en la nómina de contaminados. ¿Qué tan peligrosos son los compuestos detectados?
La muestra resalta por lo contundente: 135 frutas y verduras de las más consumidas en la Argentina. Sometidos a diversos análisis químicos, los productos arrojaron un resultado que aterra: el 65% de lo evaluado dio positivo en contaminación con al menos un plaguicida. De esa porción cargada con agrotóxicos, un 39% presentó un nivel de residuos tan elevado que vuelve a cada variedad un alimento inadecuado para el consumo.
A ese tenor de conclusiones arribó el trabajo elaborado por un equipo de científicos pertenecientes al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) -dependiente de la Universidad de La Plata (UNLP)-, el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El monitoreo se aplicó sobre un surtido de frutas y verduras adquiridas entre 2015 y 2016 en comercios elegidos al azar en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Intervino en la coordinación de la labor la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Publicada en la prestigiosa revista Food Control, auténtico órgano de difusión de la Federación Europea de Ciencia y Tecnología de Alimentos -EFFoST, sus siglas en inglés-, esta experiencia, a la que iProfesional accedió en las últimas horas, situó a la naranja como el producto que evidenció la mayor cantidad de plaguicidas presentes en una misma fruta, mientras que las zanahorias lideraron la nómina de los artículos con concentraciones de químicos que exceden a las pautas agrícolas.
A tono con esto, y de acuerdo al trabajo en cuestión, los productos en los que se encontró residuo de plaguicidas según frecuencias de aparición son:
•Naranjas.
•Zanahorias.
•Tomates.
•Pimientas.
•Lechugas.
"Aproximadamente 7 de cada 10 naranjas, zanahorias y tomates contenía residuos de plaguicidas. Mientras que en casi la mitad de las muestras de zanahorias se detectaron valores (de plaguicidas) superiores a los LMR -Límites Máximos de Residuos-, naranjas y tomates mostraron un nivel de incumplimiento de esa pauta del 30% y 20%, respectivamente. Aunque la mitad de las muestras de pimiento y lechuga dieron positivo en algún compuesto, sólo el 30% de los primeros y el 40% de los segundos mostraron concentraciones de residuos superiores al umbral de LMR", precisa el informe remitido a este medio.
Mayor contaminación
Alineado con dicho argumento, los productos con concentraciones de plaguicidas que violan los LMR vigentes se alinean de esta forma:
•Zanahorias.
•Lechugas.
•Naranjas.
•Pimientos.
•Tomates.
En limpio se trata de alimentos que, en virtud de la acumulación de venenos que acumulan, directamente no deberían estar a la venta por su potencial riesgo para la salud.
Otro aspecto importante que expone el trabajo refiere a la calidad de las frutas y verduras que la Argentina destina a la exportación. La unidad de científicos asegura que los productos que se comercializan hacia otros mercados ostentan parámetros de residuos hasta 7 veces menores a los hallados en la producción que hoy se ofrece en verdulerías. Dicho de otra forma, lo sano se va afuera.
"Se recomienda con urgencia la implementación de programas diseñados para facilitar el conocimiento, la capacitación y el monitoreo", reza el documento que ahora expone iProfesional.
Según detalla el trabajo, los vegetales bajo el modelo de producción predominante en el país requieren "el uso de pesticidas a gran escala, hasta 20 veces más de lo que se usa habitualmente en el monocultivo extensivo de granos y semillas oleaginosas".
Dicho de otra forma, los ingredientes de una ensalada han sido tratados con venenos a niveles que, por establecer un paralelo, incluso superan a la soja bañada con productos cancerígenos como el glifosato que diseñó Monsanto.
"Esta contaminación conduce a posibles vías de exposición a la población, tanto por la dinámica ambiental como por los hábitos de consumo de alimentos, siendo esta última la mayor fuente de riesgo para la salud humana", advierte.
"Se esta frente a un modelo de producción de base química, que incorpora plaguicidas como base del control de plagas que ingresan al ambiente y a nuestros hogares.”, aseguró a este medio Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CIM y el CONICET que llevó a cabo la indagación científica.
Los venenos
Entre los compuestos ubicados, la mayor proporción correspondió al insecticida clorpirifos -25,9%-, seguido por el fungicida epoxiconazol -15,6%-, los también insecticidas endosulfan y cipermetrina -15,6% y 13,3%, respectivamente-, y la lambdacialotrin -10,4%-, también perteneciente a la familia de los insecticidas.
Por poner un ejemplo del tenor de los químicos detectados, vale decir que el clorpirifos es uno de los plaguicidas organofosforados más utilizados en la agricultura de la Argentina.
Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto "seguro".
En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
En cuanto al epoxiconazol, el trabajo expresa que el plaguicida "no está bajo ninguna forma de regulación, ni en la legislación nacional ni en el Codex Alimentarius". O sea, su presencia para frutas y verduras no se encuentra categorizada en el código que rige la seguridad en los alimentos. Se trata de un compuesto que ni siquiera está pensando para el cultivo de frutas y verduras.
La irregularidad suma grosor si se abordan los casos de la cipermetrina y el endosulfan, también con presencia destacada entre los químicos más constatados.
La cipermetrina, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es muy tóxica para peces y abejas, y se recomienda evitar su uso sobre cursos de agua.
A nivel local, su desarrollo y comercialización corre por cuenta de Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Nidera, entre otras firmas.
Este producto aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
Tomasi es un auténtico caso-símbolo de cómo los plaguicidas destruyen la salud al entrar en contacto con el cuerpo.
El endosulfan, en cambio, es un insecticida catalogado como "muy peligroso" por el mismo SENASA, y su uso se encuentra vetado en más de 60 países -Unión Europea incluida- por generar desde cáncer hasta deformidades congénitas pasando por desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia y problemas en la piel, los ojos y las vías respiratorias, entre otros males.
En la Argentina, su utilización está prohibida desde mediados de 2013. Que hoy se lo detecte en frutas y verduras permite dos conjeturas: o la molécula es capaz de resistir años en el suelo para luego pasar a los productos o, en todo caso, el agrotóxico continúa siendo comercializado a nivel local por canales ilegales.
Dados los niveles detectados en el trabajo, los autores proponen su presencia como consecuencia de su uso reciente en los cultivos.
Por fuera de este último interrogante, el trabajo desarrollado por los científicos locales coloca nuevamente en entredicho la calidad alimenticia de productos clave en la dieta de los argentinos.
¿Se puede vivir de ensaladas? La ciencia vuelve a dejar en claro que, al menos en buena parte de los comercios de Buenos Aires y La Plata -y exceptuando la oferta agroecológica o directamente orgánica-, inclinarse por las frutas y las verduras que se comercializan en el circuito tradicional es una invitación a interactuar con venenos con todo lo fatal que ello implica.
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En Misiones también plantean prohibir el glifosato
Proponen prohibir por ley el uso de glifosato en Misiones
Fecha de Publicación: 31/05/2018
Fuente: Misiones Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Tomó estado parlamentario en la sesión del pasado jueves, un proyecto de ley del diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social) que tiene como fin prohibir el uso y comercialización del glifosato en todo el territorio de la provincia de Misiones, como asimismo de todos los agrotóxicos prohibidos a nivel nacional e internacional.
En el proyecto se solicita iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueve la aplicación de la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la Ley XVI-31, conocida como Agrotóxicos.
La iniciativa había sido presentada ya en otras ocasiones pero no tuvo aprobación, por eso la insistencia con un nuevo proyecto.
El objetivo de esta norma es “evitar el contacto de las poblaciones de la ciudadanía con plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida que atenten contra su salud; prevenir patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso de plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida y proteger la flora y fauna de la región así como la biodiversidad de nuestros bosques, parques y reservas naturales existentes, incluyendo sus recursos hídricos”, indicó el autor.
El Ministerio de Ecología sería el organismo de aplicación y control, que deberá articular en caso de aprobarse el proyecto con el Ministerio del Agro y la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, el Ministerio de Salud Pública y la Vicegobernación de la provincia a fin de lograr el cumplimiento de la norma.
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos necesarios para su utilización, o que directamente por sus efectos nocivos para la salud humana debieran de prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
“El enorme número de vidas humanas perdidas por intoxicación por plaguicidas, lo que debe generarnos un alerta y una voluntad de legislar en favor de la protección de los derechos humanos de nuestras comunidades que puedan ser intoxicadas con el uso indebido de estas sustancias, ya sea por contacto directo, por darse fumigación con estas sustancias en cercanías de donde habitan, o por contaminación indirecta o derivada de productos de consumos, cursos de agua, etc”, agregó entre sus fundamentos.
Sostuvo, además, que “en lo que respecta a la protección de nuestro medio ambiente, cabe mencionar que la utilización de plaguicidas peligrosos tiene efectos devastadores desde la contaminación de ecosistemas circundantes a los cultivos fumigados hasta consecuencias ecológicas imprevisibles de la deriva de los residuos o los mismos plaguicidas por tierra, aire o agua. Producen desequilibrios biológicos entre especies predadoras y presas de la cadena alimenticia natural del ecosistema, hay una disminución sustancial en la biodiversidad de los suelos derivando en disminuciones importantes del rendimiento de las cosechas y nuevamente esto redunda en problemas de seguridad alimentaria”.
Expuso además el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien afirmó que “la exposición a los plaguicidas puede tener repercusiones graves en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada y derecho a la salud. El derecho a la alimentación obliga a los Estados a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad alimentaria para velar por la seguridad de los alimentos y por que estos estén libres de plaguicidas y resulten cualitativamente adecuados”.
Por su parte, el profesor Alejandro Borgmann del equipo de Agricultura Familiar, expresó la necesidad de que los conocimientos agronómicos que se transmiten en los centros de formación, contemplen toda la dimensión de la agricultura, incluyendo la agroecología, y no solo aquellos conocimientos necesarios para aplicación de paquetes tecnológicos.
Además, la secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, expresó que “el Presidente de la Legislatura tiene muy claro lo que queremos para Misiones, basta señalar la Ley de Agricultura Familiar (VIII-69) y la de Agroecología (VIII-68) donde se expresa que, para Misiones, la agricultura familiar es el modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental. Y que Misiones plantea una Agricultura con agricultores, desde prácticas que no pongan en riesgo la salud humana ni la del planeta”.
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Fecha de Publicación: 31/05/2018
Fuente: Misiones Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Tomó estado parlamentario en la sesión del pasado jueves, un proyecto de ley del diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social) que tiene como fin prohibir el uso y comercialización del glifosato en todo el territorio de la provincia de Misiones, como asimismo de todos los agrotóxicos prohibidos a nivel nacional e internacional.
En el proyecto se solicita iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueve la aplicación de la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la Ley XVI-31, conocida como Agrotóxicos.
La iniciativa había sido presentada ya en otras ocasiones pero no tuvo aprobación, por eso la insistencia con un nuevo proyecto.
El objetivo de esta norma es “evitar el contacto de las poblaciones de la ciudadanía con plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida que atenten contra su salud; prevenir patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso de plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida y proteger la flora y fauna de la región así como la biodiversidad de nuestros bosques, parques y reservas naturales existentes, incluyendo sus recursos hídricos”, indicó el autor.
El Ministerio de Ecología sería el organismo de aplicación y control, que deberá articular en caso de aprobarse el proyecto con el Ministerio del Agro y la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, el Ministerio de Salud Pública y la Vicegobernación de la provincia a fin de lograr el cumplimiento de la norma.
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos necesarios para su utilización, o que directamente por sus efectos nocivos para la salud humana debieran de prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
“El enorme número de vidas humanas perdidas por intoxicación por plaguicidas, lo que debe generarnos un alerta y una voluntad de legislar en favor de la protección de los derechos humanos de nuestras comunidades que puedan ser intoxicadas con el uso indebido de estas sustancias, ya sea por contacto directo, por darse fumigación con estas sustancias en cercanías de donde habitan, o por contaminación indirecta o derivada de productos de consumos, cursos de agua, etc”, agregó entre sus fundamentos.
Sostuvo, además, que “en lo que respecta a la protección de nuestro medio ambiente, cabe mencionar que la utilización de plaguicidas peligrosos tiene efectos devastadores desde la contaminación de ecosistemas circundantes a los cultivos fumigados hasta consecuencias ecológicas imprevisibles de la deriva de los residuos o los mismos plaguicidas por tierra, aire o agua. Producen desequilibrios biológicos entre especies predadoras y presas de la cadena alimenticia natural del ecosistema, hay una disminución sustancial en la biodiversidad de los suelos derivando en disminuciones importantes del rendimiento de las cosechas y nuevamente esto redunda en problemas de seguridad alimentaria”.
Expuso además el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien afirmó que “la exposición a los plaguicidas puede tener repercusiones graves en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada y derecho a la salud. El derecho a la alimentación obliga a los Estados a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad alimentaria para velar por la seguridad de los alimentos y por que estos estén libres de plaguicidas y resulten cualitativamente adecuados”.
Por su parte, el profesor Alejandro Borgmann del equipo de Agricultura Familiar, expresó la necesidad de que los conocimientos agronómicos que se transmiten en los centros de formación, contemplen toda la dimensión de la agricultura, incluyendo la agroecología, y no solo aquellos conocimientos necesarios para aplicación de paquetes tecnológicos.
Además, la secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, expresó que “el Presidente de la Legislatura tiene muy claro lo que queremos para Misiones, basta señalar la Ley de Agricultura Familiar (VIII-69) y la de Agroecología (VIII-68) donde se expresa que, para Misiones, la agricultura familiar es el modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental. Y que Misiones plantea una Agricultura con agricultores, desde prácticas que no pongan en riesgo la salud humana ni la del planeta”.
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Entre Ríos: fallo favorece la limitación de las fumigaciones
Un fallo confirmó que el municipio de Victoria es competente para impedir en sus islas la agricultura intensiva
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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