Detectan una muerte masiva de abejas y apuntan al uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 08/01/2022
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Afectó a cien colmenas en Rauch y hay otros dos casos similares en la zona. "La abeja llevó el veneno hacia la colmena" explicó la Cooperativa Apícola Tandil.
“Es una catástrofe”. Con esas palabras el secretario de la Cooperativa Apícola "La Serrana", Gustavo Morteo, definió el reciente hallazgo de un centenar de colmenas repletas de abejas muertas en un campo de Rauch, ubicado sobre la Ruta 30 y la Estación Egaña (a pocos kilómetros de Tandil).
El hecho denunciado no fue el único. En la zona, la entidad tiene relevados otros dos episodios similares en un corto plazo. En lo formal, se dio intervención al Senasa para determinar las causas que provocaron el fenómeno pero los productores apuntan al uso de los agroquímicos. Por las características del caso, no estaría vinculado a la pulverización sino con el uso de inoculantes. Creen que las abejas pudieron haber trasladado el veneno impregnado en el polen o el néctar de los campos de girasol al colmenar.
Para conocer más de la situación, INFOCIELO dialogó con el representante de la Cooperativa Apícola "La Serrana" de Tandil, Gustavo Morteo. “Lo que se muestra ahí en el video es que hay una intoxicación o un envenenamiento dentro de la colmena. Lo que se está tratando de ver, es determinar qué producto ha estado haciendo el daño. Ha intervenido gente del Senasa porque el productor hizo la denuncia en Rauch porque es donde las tiene y hay que esperar los resultados oficiales” explicó.
Sin embargo, se animó a trazar una hipótesis preliminar: “Para nosotros que venimos con esta actividad hace muchos años tenemos una hipótesis de lo que puede haber pasado. Lo concreto es que la colmena en sí tiene que haber recibido un envenenamiento a través del ingreso del producto a través o el agua son los tres factores que habrían podido trasmitir el envenenamiento dentro de lo colonia” sostuvo.
“Cuando se pulveriza el insecticida a través del avión o el mosquito la abeja que tiene contacto con el pulverizado muere instantáneamente, no llega a la colonia y no puede llevar residuos. Es como aplicar Raid a una mosca. Acá el problema es que la abeja llevó el veneno hacia la colmena” continuó el representante de la entidad que recepcionó las denuncias de los apicultores.
En esa línea, Gustavo Morteo consideró que las causales pudieron estar en el agua, polen o néctar: “Si hubiesen dejado insecticidas en bidones abandonados la abeja no se acerca por el olor pero si la llegara a tomar moriría en el instante y no tendría la opción de volver. La teoría más cercana a la realidad es que haya un problema en la inoculación de la semilla de girasol que puede ser uno de los sembrados cercanos que hay. Puede ser que haya tenido residuos que hayan llegado hasta el ciclo de la planta a la floración y que a través del polen o el néctar la abeja lo haya tomado y llevado hacia la colonia y en la acumulación y el volumen de polen haya hecho el efecto devastador en la colmena que fue la matanza de toda la colonia. Abejas, crías, reina, la pecoreadora, es una catástrofe” describió.

Pérdidas económicas por más de 3 millones de pesos
Respecto al caso que se observa en el video – cien colmenas- Gustavo Morteo estimó que en esta época del año una colmena “está entre los 40 o 45 kilos lo que vale. En invierno vale menos y en verano vale más. Y después tenés lo que no produjo porque se perdió de producir al menos unos 30 kilos, más la pérdida de materiales. Calculo que de esas cien colmenas, entre capital y lucro cesante tenés como 3 millones de pesos” señaló.
Sin embargo, se refirió a otra calificación del daño en función con el tipo de productor afectado: “Si es un apicultor que es un productor chico puede ser el total de la producción lo perdido y para uno grande quizás sea un 10%. La diferencia no la podes cuantificar en pesos, el daño es distinto” sostuvo.
“El problema está mucho más allá que la pulverización. Acá hoy otro problema. O falló algo en la inoculación o el ciclo de la floración es más rápido pero que el residuo lo llevó la abeja a la colonia es casi una garantía. No hay otro síntoma natural en la abeja que produzca la muerte de este tipo” reafirmó el secretario de la Cooperativa Apícola "La Serrana" de Tandil.
El productor consideró que el hecho “es algo muy difícil de probar. Tenes que convocar a Senasa, tienen que hacer análisis químicos para ver dónde está la mortandad. No es algo fácil de probar. Quizás después de esto y de que la gente está tomando más conciencia de los daños que se ocasionan silenciosamente por ahí puede ayudar a que se tomen más cuidados con los inoculantes o se trabaje mejor con las pulverizaciones. Está bueno que se empiece a discutir” sostuvo.
En ese sentido, remarcó que existe “una buena relación con los pulverizadores, no es que sean enemigos de nadie pero la abeja vuela un radio de cinco kilómetros a la redonda y podes estar en un campo con una buena comunicación con el dueño pero dos potreros más por ahí no tenes contacto y quizás no haya abejas y las precauciones sean distintas. Pero las abejas llegan a ese lugar y es mucho más amplio” señaló.
Sin embargo, opinó que “el problema sería mayor si se confirma que el problema es con los inoculantes. Si estoy en el campo con el dueño y fumiga me avisa y el apicultor puede tapar las colmenas o las saca y una vez que pasó el herbicida la abeja no va a las plantas porque hay olor. Si la abeja toca el herbicida se muere pero es un problema mucho menor, porque acá la abeja va inocentemente a la flor sin saber que están llevando el veneno al colmena” remarcó.

Críticas a la ordenanza que regula la aplicación de agroquímicos en Tandil
Consultado por los marcos regulatorios en la región, Gustavo Morteo sostuvo que en Tandil “no hubo un diálogo con las partes que se ven involucradas con este tipo de trabajo y de agroquímicos. Están pendientes de las distancias pero acá el daño se le hace a la abeja. Que fumigues a 60 o 80 metros de una cuenca de agua o de una escuela no cambia nada porque el daño se hace cuando fumigas un sembrado” dijo.
“No hay en la ordenanza puntas para buscar otro tipo de floraciones y que la abeja tenga diversidad. En la diversidad el porcentaje de muertes en un girasol es menor porque la abeja puede elegir. En este caso, había cien colmenas y una quedó intacta. Esa probablemente estuviese yendo al cardo o al trébol por elección propia pero el grueso fue al girasol porque no hay más alternativa” continuó.
En esa dirección, se quejó por la falta de participación de los apicultores: “Nosotros desde la Cooperativa no tuvimos participación. Una ordenanza no va a cambiar la legislación nacional o provincial pero puede amortizar un poco el daño. Pero la ordenanza no habla de inoculación sino solamente de pulverización” señaló.

Los pasos a seguir desde la Cooperativa de Apicultores
Actualmente se aguardan los resultados de los informes del Senasa. “Estamos avisando a los productores que ante la aparición de los mismos síntomas no se queden porque muchas veces se quedan callados por miedo a perder el lugar porque la mayoría estamos con lugares prestados. Pedimos que lo documenten y lo podamos compartir para ver si el problema está en algún tipo de sembrado o de semilla que intenten cambiar las formas” concluyó Gustavo Morteo.
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Agroquímicos: quedó firme un fallo que evita fumigaciones a 1.000 metros

Fecha de Publicación: 23/12/2021
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Santa Fe


La Corte Suprema de Justicia no dio a lugar al reclamo de la Comuna de Zenón Pereyra. La importancia radica que en sienta presendete de un mínimo de distancia basada en documentos científicos.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó en firme una sentencia el pasado 14 de diciembre que prohibe fumigar a menos de 1.000 metros de una casa en Zenón Pereyra. Pero, lo principal del fallo, es que sienta jurisprudencia y precedentes para fijar una distancia mínima de resguardo agronómico, con fundamentos científicos.
Esto se da en el marco del debate de la ordenanza y el posterior “veto propositivo” en Rafaela de la ordenanza que bajó de 200 a 50 metros la distancia mínima para fumigar. En esos 150 metros de diferencia, solo se debería hacer con productos biológicos. Recordemos que el Ejecutivo suspendió la aplicación de la ordenanza por seis meses, hasta tanto se defina el detalle del alcance de estos nuevos productos.
De acuerdo a lo publicado por el diario El Ciudadano de Rosario, entre los considerandos, se dirime la dicotomía entre la salud y la producción. Afirman que hay otras técnicas agrarias, marcadas en el cuidado del ambiente y las personas, con las cuales se puede llevar adelante la actividad agraria, respetando la zona de exlcusión fijada.
Enrique Marchiaro, especialista en derecho municipal, dijo en declaraciones a FM Galena, que “esto es lo que siempre dicen los Tribunales y las Cámaras y las Cortes Supremas. Que se tiene que tomar una decisión que proteja a la gente: es decir, aplicar el derecho precautorio”.

Los ancedentes del fallo en Zenón Pereyra
Todo comienza en 2014. Norberto Oscar Bassi y Estefanía Bassi, padre e hija, habían presentado un amparo ambiental por cesación de contaminación en contra la Comuna de Zenón Pereyra, Carlos Schalbetter (alquilaba el campo), Luis Ballarino (dueño del campo), Ballarino Rural S.H. y “subsidiariamente” contra la provincia de Santa Fe. Los denunciantes se quejaban que las aplicaciones de 2-4D y glifosato les traían complicaciones respiratorias.
El juez de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de San Jorge, Daniel Marcelo Zoso, impuso un límite de 500 metros, tal cual lo establece la ley provincial 11.273 de fitosanitarios. Apelaron la medida, para que se amplíe este límite agronómico. Y el 12 de junio de 2020, la Cámara había anulado el fallo de primera instancia y se ordenó llevar “prudencialmente la distancia mínima a observar para las fumigaciones terrestres ­-respecto de la vivienda de los amparistas a los mil metros desde el límite exterior representado por la calle San Cayetano”.
Tomó como base la sentencia de la localidad de San Jorge, de 2009. Se basaban en “las mayores evidencias científicas existentes en torno a los efectos de los agroquímicos”, para realizar un “ajustamiento” de las distancias.
La Comuna presentó un recurso de inconstitucionalidad, apelando el fallo. Ahora, la Cámara de Apelaciones (con los votos de Eduardo Roberto Sodero, Luciano Francisco Pagliano, absteniéndose Armando Luis Drago), resolvió desestimarlo y dejar en firme este fallo con el límite de los 1.000 metros.
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Agrotóxicos: en Salta hay más diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas

Fecha de Publicación: 21/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La investigadora Mariana Schmidt dijo que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias".
Profesionales del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta y de la Atención Primaria de la Salud refirieron que hay un aumento de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas en el norte provincial. El dato surgió en la investigación científica “Regulaciones, políticas y conflictos por agroquímicos en Salta, Argentina”, publicada en la “Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales”, una edición de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Ecuador.
La investigación expone el debate sobre la aplicación de agrotóxicos en Salta en la producción agrícola en Salta y los conflictos que se generaron a raíz de esta situación.
Mariana Schmidt, investigadora del CONICET que además contó con financiamiento del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación para realizar esta investigación, es quien analizó los aspectos relacionados a la parte normativa, política institucional, judicial y social generada con la aplicación de las sustancias que se utilizan para la producción agrícola, sobre todo a gran escala.
La investigadora detalló en el relevamiento que “En entrevistas con profesionales de la salud del servicio de oncología pediátrica del Hospital Provincial Materno Infantil (HPMI), de la ciudad de Salta, y de Atención Primaria de la Salud del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), refirieron la existencia creciente de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas”.
Según este relevamiento, los profesionales señalaron que “la mayoría de los/as pacientes en oncología pediátrica en el HPMI provienen del departamento de San Martín (entre el 35 y el 40 por ciento), al tiempo que se registra gran cantidad de leucemias y linfomas en niños/as indígenas”.
Como conclusión de esta investigación que toca un tema del que poco se habla en la provincia y que es inherente al modelo de agronegocio que se desarrolla en Salta,  Schmidt entendió que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias” de este sistema.
Con una historia que empezó en la región pampeana una década antes que en el NOA, parece lógico considerar la posibilidad de evaluar en la población los efectos de la aplicación de estas sustancias. Sin embargo, casi no hay datos que provengan desde la salud para cuestionar el modelo impuesto en las zonas del Chaco salteño, actualmente en emergencia sanitaria en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán por las muertes evitables de las infancias originarias, en particular la wichí.

“Venenos útiles” y comunidades inconsultas
Al analizar la discusión legislativa en torno a las normativas que surgieron tras la estimación de los efectos nocivos de los fitosanitarios, agroquímicos o agrotóxicos, Schmidt hizo referencia a las controversias en el debate de la Ley 7.812, de 2013, cuyo objetivo es “proteger la salud humana regulando todas las acciones relacionadas con productos fitosanitarios para prevenir la contaminación del ambiente, los riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos”.
Entre los ejes del debate legislativo que tuvo lugar en 2012 se identificó como uno de los principales argumentos el “insuficiente grado de conocimiento y/o de certezas respecto de los daños causados por los agroquímicos”. En palabras de un diputado: “No van a encontrar una estadística porque nunca la hubo en la provincia, no hay un trabajo en concreto sobre los efectos producidos por estos productos en ninguna región de Salta (…) cuando nos reunimos la Comisión de Producción con el sector de la Salud, vinieron los médicos y les planteamos el hecho de no contar con una estadística para conocer las reacciones que pueden producir los productos fitosanitarios, porque como sabemos en los distintos lugares en donde hay mucha producción (…), existen distintas alergias que la gente ha comenzado a tener sobre todo en la piel y en las vías respiratorias, pero nos respondieron que no existe en la provincia un registro que nos informe las causas de la contaminación que está afectando al ser humano”.
De las versiones taquigráficas de 2012 surge también otro de los hechos que atraviesa la realidad cotidiana de habitantes cercanos a las fincas en producción que usaban “los envases (de agroquímicos) como parte del techo de la casa, para soportar alguna puerta o para cortarlos y usarlos como vasija”. Entre otras escenas, los legisladores describieron cómo “los aviones de fumigación pasan por sobre las poblaciones aborígenes, donde muchas veces no les da tiempo a levantar porque se encuentran con una comunidad viviendo en una cortina de 30 metros de ancho”. Se aludió al caso de departamentos sojeros como Anta, donde, desde hacía ya una década “la fumigación aérea causaba daños porque las poblaciones que están rodeadas de la actividad de la agricultura con el tiempo comenzaron a sentir los perjuicios que provocaban los productos químicos”.
En las modificaciones durante el tratamiento legislativo se cambió el término de “agroquímico” por el de “fitosanitarios”. “Si bien se justificó en la adecuación terminológica a otras normas en vigencia, no debemos dejar de destacar lo que esto implica, al suprimir toda referencia a su naturaleza química y/o tóxica para hacer lugar a una definición que los asimila más bien a ser un ‘medicamento para plantas’, al prescindir de sus connotaciones negativas”, sostuvo Schmidt. A la inversa, también con la discusión se cambió el verbo “comprobar” los efectos en la salud, por “detectar”. Las discusiones, añadió la investigadora, se vincularon entonces con la aplicación del principio precautorio en materia ambiental.
“Una certeza recorrió la mayoría de las alocuciones”, añadió Schmidt en el artículo. En este punto, el debate legislativo adhirió a la idea que “si bien la norma afecta intereses económicos privados, no va en contra de las fuerzas del trabajo”, en un contexto en el que impera la necesidad de continuar con las actividades productivas y aplicar “venenos útiles” con tal fin.
La investigadora analizó que si bien “se realizaron reuniones y se recibieron aportes, en su mayoría de entidades productivas, en ningún caso encontramos referencias a la participación de organizaciones vecinales de los principales centros urbanos, pueblos indígenas y/o campesinos que pudieran afectarse”

Control sí, pero sin recursos
En un relevamiento realizado a fines de 2019 a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la provincia, Schmidt indicó que se indagó sobre el modo de funcionamiento y alcances de los controles. “De acuerdo con la información que suministraron allí, son escasos los recursos (materiales y humanos) disponibles para afrontar el control y monitoreo de las más de un millón de hectáreas cultivadas, sostuvo.
Precisó que "Se realiza un promedio de 70 inspecciones anuales, en dependencia de la disponibilidad de vehículos: el programa no tiene movilidad propia y son extensas las distancias que separan a la capital provincial de las localidades afectadas por las fumigaciones. Entre las principales localidades a las cuales se llega por rutas asfaltadas están Las Lajitas (200 km de distancia), Orán (280 km) y Tartagal (360 km). Si la denuncia llegara desde una comunidad indígena como Tonono (en San Martín), son entre 500 y 600 km, en un viaje de entre siete y ocho horas, que requiere atravesar caminos de tierra de difícil tránsito en épocas de lluvia”, observó.
En esa misma línea señaló como otro obstáculo que las denuncias se pueden realizar solamente “a través de una presentación ante la División Rural y Ambiental de la Policía provincial, que elabora un acta y efectúa la derivación correspondiente, o mediante la denuncia personal y/o telefónica en la oficina central en Salta”.
El desarrollo del agronegocio en la provincia implicó deforestación, conflictos sobre la tenencia de tierras con comunidades originarias y campesinas, y 20 años de en los que falló en demostrar sus beneficios a las comunidades locales. Con la ampliación de la frontera agropecuaria se instaló la fumigación para mejorar los rindes de la producción.
Este y otros puntos se debatieron en un conversatorio que se desarrolló el 3 de diciembre pasado en Anta, el departamento que es el polo del modelo del agronegocio salteño, y en el que Schmidt expuso. Allí vecinos autoconvocadxs y organizaciones civiles dieron un paso en la necesidad del debate con especialistas con el fin de concientizar sobre un problema que los aflige, y los afecta.
La investigación completa de Schmidt puede leerse en https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/4939/3894
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"Ya cansa mostrar evidencias del daño de los agroquímicos en los humanos"

Fecha de Publicación: 16/12/2021
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


Científicos de distintas disciplinas que estudian las consecuencias del modelo agroindustrial responden a defensores de los venenos agrarios
La fuerte maniobra que se extendió durante las últimas semanas en medios hegemónicos y redes sociales para contraponer al trabajo de la campaña #BastaDeVenenos -que denunció la peligrosidad que acarrea el modelo de explotación agronómica industrializado- tuvo una fuerte respuesta por parte de reconocidas personalidades argentinas del mundo de la ciencia con trascendencia internacional. Los especialistas abundaron en referencias propias y de sus pares para advertir a la población y explicar los riesgos a los que se expone desde hace más de 20 años a las personas en Latinoamérica, con el actual sistema agrario basado en semillas modificadas genéticamente (OGM) y el complemento de uso de grandes cantidades de agrotóxicos. Esta realidad golpea principalmente a la Argentina, el país que en proporción a sus habitantes, más cantidad de agroquímicos utiliza en el mundo.
Sucedió entonces que, desde las principales organizaciones que promovieron y defienden ese sistema altamente contaminante -entre las que se pueden enumerar a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), entre otras, salieron a reivindicar la campaña #BastaDeMiedos para intentar contrarrestar el apoyo que logró #BastaDeVenenos que impulsan las comunidades fumigadas.
Puntualmente, lo que irritó a los defensores del sistema agroindustrial fue el contundente material de difusión de la problemática, entre el que se cuenta un video protagonizado por actores y personalidades de renombre en el que advierten sobre la peligrosidad de los venenos que se aplican en los cultivos. Ante esto, desde Casafe contraatacaron afirmando que “detrás de todos los alimentos y productos hay miles de profesionales del agro, científicos y reguladores que estudian durante muchos años para garantizar la seguridad de lo que consumimos y utilizamos”.
“Somos personas que, al igual que ustedes, se preocupan por lo que comemos, por el ambiente y por la salud. Por eso nosotros también decimos BASTA. Basta de estigmatización, basta de grietas, basta de argumentos sin ciencia, #BastaDeMiedos”, expresaron actores y personalidades.

Un video que inquieta
En tanto, desde Ciafa afirmaron: “No ponemos en duda la inquietud de las personalidades que participan en el video -Leonardo Sbaraglia, Julia Mengolini, Nora Cortiñas, Francis Mallman, Laura Azcurra, Hilda Lizarazu, Alejandro Bercovich y Susy Shock-, pero los argumentos esgrimidos no son fundados en conocimiento científico y lo que se consigue es generar miedo. Desde Ciafa manifestamos nuestra preocupación y nos oponemos a este tipo de campañas que difama a quienes día a día trabajan para una producción de alimentos sanos y sustentables”.
La confusión que se generó ante las declaraciones de estas cámaras, que pudieron sorprender a más de un desprevenido o desconocedor del tema, fue motivo para que en un reciente intercambio con científicos destacados de argentina, moderado por la investigadora y periodista especializada en cuestiones ambientales, Anabel Pomar, se expusiera parte de la profusa evidencia que la ciencia produjo al respecto. Incluso, sobre las pruebas científicas de la existencia de agrotóxicos en el ambiente, el agua, en los cursos de los ríos y en los cuerpos de personas que habitan en lugares totalmente alejados de zonas de producción agrícola.
Al respecto, la especialista Delia Aiassa (doctora en Ciencias Biológicas, profesora de Citogenética y Toxicología e investigadora del Departamento de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Río Cuarto) -considerada por sus pares como “una heroína nacional” debido a las presiones que sufrió luego de dar a conocer el resultado de sus trabajos- explicó que desde la genética como disciplina estudió el daño que puede producir la exposición a este tipo de sustancias tóxicas en poblaciones humanas como en otros organismos. También aportaron sus conocimientos el biólogo Rafael Lajmanovich, investigador principal del Conicet y profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral y Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas, investigador del Conicet y licenciado en química con orientación en química orgánica (los conceptos de estos últimos en un próximo informe de La Capital).

Efecto que rompe el ADN
En su exposición, Aiassa señaló: “Lo que encontramos en poblaciones humanas, tanto expuestas en contacto directo con estas sustancias como aquellas que viven en las cercanías de donde son usadas, es que el daño que se produce del material genético es mayor que una persona que no está en contacto con esos compuestos. Son elementos que causan un efecto que rompe el ADN de cada una de las células del organismo”.
“Ese daño genético en poblaciones humanas, si se mantiene en el tiempo, se traducirá en problemas reproductivos, cáncer y malformaciones en la descendencia o enfermedades genéticas consideradas raras, pero cada vez más habituales en estas poblaciones”, indicó y agregó que en los estudios “vemos lo mismo que los médicos y profesionales de la salud que atienden a estas personas. Hay mayor frecuencia que las que están acostumbrados a ver o presencia de neoplasias y cánceres”.
Para Aiassa, es posible hacer una asociación cuando existe una sustancia genotóxica que está causando un daño en el material genético y se mantiene en el tiempo. “Se llega así a estos problemas que son observados en la mayoría de las localidades que están rodeadas de campos de cultivo y donde se utilizan estos productos con frecuencia”, dijo.
La especialista comenzó a estudiar estos fenómenos en 2006 tras un estudio realizado en floricultores de Buenos Aires expuestos a agroquímicos y que presentaban daño genético por el contacto con sustancias empleadas como plaguicidas. En Córdoba no había reportes similares y su equipo fue el encargado de presentar los primeros resultados.
“Se repitieron entonces situaciones recortadas que ocurrieron en otros países del mundo. Es decir que no solo se dieron aquí, sino que se observaron daños sobre el material genético en poblaciones de otros países que están expuestas”, explicó.

Los niños
Según detalló Aiassa, es muy importante todo lo que se puede aportar sobre cuáles son las fuentes de exposición que tienen las personas. “Es sumamente valioso esto de decir que los agroquímicos existen y que está demostrado que están en las matrices ambientales, en el aire, el agua y el suelo”, señaló en relación al trabajo que realiza sobre el tema el científico Damián Marino (ver en la próxima entrega).
“En el caso de los niños, un grupo muy vulnerable, comenzamos a estudiarlo y fuimos interrumpidos cuando empezamos a dar los primeros resultados porque fue mal visto por «alarmar a la población sin sustento», según algunos sectores”, dijo la doctora.
La profesora de Citogenética y Toxicología, Delia Aiassa añadió: “Estudiábamos niños sanos, que viven a una distancia de entre 50 y 500 metros de donde se pulveriza. Incluso de lugares separados solo por una calle del campo. No se puede negar que los agroquímicos llegan a la población y mucho menos que la afecta, porque tienen una determinada clasificación como banda verde que sugiere que eso es inocuo. Eso no es así. La clasificación toxicológica que manejamos en Argentina no nos indica la verdadera peligrosidad que tienen esas sustancias”.
“Quedó demostrado perfectamente que el daño que tienen en sus cuerpos los niños que viven en estas condiciones ambientales (recibiendo las derivas más que otros que no tienen los campos productivos pegados a las zonas urbanas) tienen un daño en el material genético aumentado en relación a otros”, afirmó la bióloga.
Destacó que está sumamente demostrado que el daño se atribuye a los químicos del agro “porque no hay otra fuente de contaminación” y que en los niños de otras localidades donde no hay pulverizaciones cercanas “no hallamos daño genético”.
“No se puede negar que el daño que se encontró en los niños que viven en cercanías de campos pulverizados se asocia a la aspersión de agroquímicos. Eso está claro y, como otros científicos, estamos cansamos de mostrar evidencia. No solamente con nuestros trabajos sino con otros de la bibliografía internacional, que en estos últimos años creció muchísimo”, referenció.

Las distancias
“Lo que se tomó como referencia con nuestro trabajo en relación a las distancias -de aplicación de agrotóxicos- es un tema difícil. No se puede decir cuál es la distancia óptima para que no ocurra nada. Pero podemos señalar que hasta esa distancia (1.095 metros desde la zona pulverizada) había daño en los niños. Mientras más cercanos a la zona de pulverización, mayor es el daño encontrado”, indicó Aiassa.
También consideró que “es cierto que no le podemos «echar la culpa» solamente al glifosato, pero esa es la sustancia más utilizada. Pero además existe todo lo otro. Estamos expuestos a una mezcla de sustancias químicas que tienen efecto genotóxico, más allá de los casos agudos, cuyas condiciones están más que reportadas en la bibliografía”.
“En los casos que estudiamos existe un daño silencioso que, de mantenerse en esas condiciones, se sostendrá en el tiempo”, advirtió.
Asimismo, añadió que “en esa etapa de la niñez es probable que no se registren daños inmediatos, pero si a futuro, en la adolescencia y en la edad adulta. Se están viendo muchos problemas reproductivos en estas localidades y situaciones adversas para la salud cuando ocurren estas condiciones ambientales”.

Daño genotóxico
En un breve resumen, Aiassa “bajó” para el entendimiento popular el significado de daño genotóxico: “Cada una de nuestras células, en su núcleo contiene ADN que, en presencia de algunas sustancias que son llamadas genotóxicas, como los plaguicidas, tienen la capacidad de romperse. Se genera así una inestabilidad genética. Esas células con rupturas generalmente se mueren y se eliminan por un mecanismo de reparación del cuerpo. Pero si eso se mantiene llega un momento en que se fija ese daño y se manifiesta como algún tipo de neoplasia, o sea cáncer”.
“En los ensayos que hacemos en poblaciones humanas está más que probado que un aumento en ese daño genotóxico tiene un significado biológico que se traduce en riesgo de padecer cáncer en el mediano o largo plazo y también en la aparición de problemas reproductivos”, observó.
Por último, precisó: “Estudiamos aplicadores, personas adultas y niños expuestos y, en todos, encontramos que, en esas condiciones ambientales, hay un aumento de daño genético”.
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Alerta en Mar del Plata: Encontraron agroquímicos en el agua del barrio Playa Serena

Fecha de Publicación: 15/12/2021
Fuente: Diario Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


El agua del barrio Playa Serena de la ciudad de Mar del Plata está contaminada con agroquímicos.  En un análisis, hallaron concentraciones de 2.4D y de AMPA, un compuesto que se produce por la degradación de glifosato. Este año ya se había detectado la contaminación del agua en escuelas de Sierra de los Padres.
Se trata de un barrio que se encuentra a la vera de la ruta 11 y no es vecino de campos donde se fumigue. Un ejemplo de cómo los agroquímicos se trasladan y contaminan el medio ambiente. El tema puso en alerta a Mar del Plata ya que es una advertencia de que la situación que podría estar ocurriendo en otras zonas de la ciudad.
Las sospechas comenzaron por el aumento de algunos trastornos en niños y niñas. Alejandra es enfermera del Centro de Salud de Playa Serena y trabaja hace doce años en el programa de Desarrollo Infantil. Junto a una pediatra evalúan el peso, talla, perímetro cefálico, la vacunación y mediante otro pesquisan problemas inaparentes: miden el desarrollo de motricidad fina, gruesa y el desarrollo cognitivo y del lenguaje.
En los controles observaron que habían empezado a aumentar los chicos con problemas de neurodesarrollo. "Vivían en casas vecinas y nos llamó la atención. Hablamos con una especialista de La Plata y nos sugirió que buscáramos agroquímicos en el agua", contó.
Solicitaron los permisos para tomar muestras de agua en escuelas del barrio pero el trámite es demasiado engorroso. No avanzaba y como no querían individualizar la problemática en un domicilio particular, buscaron una institución que también fuera de uso público. Al final, tomaron la muestra en la sede de la sociedad de fomento.
El análisis se hizo en el INTA Balcarce y se detectó que están presentes nueve moléculas de plaguicidas o su producto de degradación. En la muestra, tanto el 2,4D como el AMPA (producto de degradación del glifosato) están en niveles superiores a los permitidos por la Comunidad Económica Europea (CEE).
Según el informe del INTA, el estudio toma como parámetro los índices de la CEE porque "Argentina no tiene legislación actualizada para todas las moléculas analizadas". Y además considera: "No debiéramos tener moléculas de síntesis química en las matrices ambientales, en este caso en el agua subterránea, por ello recomiendo re-analizar el agua en el futuro. Es importante chequear nuevamente esa alta concentración de 2,4D".

Argentina debería adoptar los niveles de Europa
La doctora en Biología, Mariana González, quien integra el Grupo Aguas de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata indicó que la normativa vigente del Código Alimentario Argentino es del año 1994, establece un valor de referencia de 100 ug/ L y no se ha actualizado.
En el año 2005, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, recomendó un nivel guía para agua subterránea destinada a consumo humano de 30 ug/L. Actualmente la Comunidad Económica Europea (CEE) establece un máximo de 0.1 ug /L para cada plaguicida individual y un máximo de 0.5 ug/L para el total de plaguicidas.
"Nosotros consideramos que Argentina debería adoptar los niveles de la CEE que implican una mayor protección del agua subterránea, un bien común así como la salud de la población. ¿O acaso, por alguna razón que desconocemos, seríamos más resistentes a los efectos de los plaguicidas que los europeos?", ironizó.
Alejandra, por su parte, aportó otro dato. "Hay estudios desde 2016 publicados por la Sociedad Argentina de Pediatría que establecen una relación entre 2.4D y problemas en el neurodesarrollo", advirtió.
Si bien no se puede hacer una asociación directa entre un agroquímico y los trastornos o patologías, "es una variable a tener en cuenta", indicó la profesional. Además, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS, en junio de 2015, clasificó al 2.4D como posiblemente cancerígeno para los seres humanos.
A su vez, informes de Universidades Nacionales y europeas, profesionales independientes de distintos países e, incluso, de laboratorios del CONICET demostraron que la exposición al glifosato produce cáncer, malformaciones, aborto espontáneo, Parkinson, muerte de células placentarias, afecciones al ADN e interferencia en la digestión.

La solución es urgente
En el barrio se reunieron diferentes asociaciones para tratar el tema como el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el grupo de Agroquímicos de la secretaría de Salud de la municipalidad, Paren de Fumigarnos y el grupo de fomentistas de zona sur.
La primera reunión fue el pasado 8 de diciembre. El sur tiene dificultades hace muchos años. "Alfar y San Jacinto cuentan con tanques de agua que provee OSSE pero Playa Serena, San Patricio, San Carlos y Costa Azul no. En principio se planteó la posibilidad de contar con esos tanques".
Por otra parte, van a trabajar en pos de contar con red de agua corriente y cloacas. También pondrán en conocimiento de la problemática a referentes políticos que ejercen cargos. "Ya sea para acompañar el reclamo a OSSE con el tendido del agua potable como para agilizar cuando hay una denuncia por fumigaciones que no respeten los mil metros".

¿Cuántos barrios estarán en la misma situación?
También preocupa y alarma la contaminación del agua porque Playa Serena no es una zona que sufra las fumigaciones que se suceden en otros sectores de la ciudad. El uso de agroquímicos es constante, por ejemplo, en Félix U Camet o Sierra de los Padres, en campos que suelen estar a pocos metros de las viviendas.
González, entonces, explicó por qué se da esta situación. "Tenemos que considerar que se encuentra a unos 3.7 Km de zonas productivas aledañas al final de los barrios de la zona Acantilados y a 2, 5 Km de la avenida Jorge Newbery donde existen numerosos barrios privados y el Club Golf. En todas estas actividades se utilizan herbicidas para mantener no solo cultivos sino el parquizado y mantenimiento de canchas de golf".
"El agua -continuó- se transporta superficialmente y la dirección en que lo hace está condicionada por la pendiente. La descarga es hacia el mar pero a la vez, como se evidencia en el arroyo Corrientes que corre desde la zona de Newbery y la 515 (cercano al golf) hacia el barrio Alfar, existe un movimiento hacia esa zona. En general, el flujo subterráneo suele seguir el mismo camino que observamos en superficie. Es decir que el agua subterránea en la zona está recibiendo aporte de agua que recorre zonas con actividades potencialmente contaminantes, aunque no sea evidente a simple vista esta relación".
¿Quién asegura que la situación no sea la misma en el resto de la ciudad? "Los resultados de Playa Serena y Zona Oeste Rural muestran cómo estos plaguicidas que vienen siendo aplicados en forma masiva desde hace años, llegan al agua subterránea, la situación en las zonas con auto abastecimiento por medio de perforaciones puede ser similar, dependerá también de la profundidad de la perforación", respondió González.
"En las zonas abastecidas por OSSE, al ser los pozos de extracción de profundidad mayor a los 100 metros, la probabilidad de detectar los plaguicidas disminuye. Igualmente no se estarían realizando monitoreos de la situación o si se realizan no es información pública disponible. Además, no puede descartarse que en el tiempo todas estas moléculas que aplicamos en superficie alcancen mayor profundidad afectando el acuífero en diferentes profundidades", manifestó.
Hace más de quince años que comenzaron los reclamos por el uso de agroquímicos en la ciudad. Sin embargo, no hay información acerca de los riesgos que corre el acuífero, uno de los mayores patrimonios ambientales de General Pueyrredon. Tampoco hay datos oficiales ni estudios de los posibles efectos de los agroquímicos en la salud de la población. Y menos una legislación actualizada, acorde a los principios precautorios y preventivos del derecho ambiental.
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Multa millonaria para Bayer Argentina: las causas   

Fecha de Publicación: 09/12/2021
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Buenos Aires


Multa millonaria para Bayer Argentina: las causas Durante los primeros días de septiembre de este año, la farmacéutica alemana Bayer anunció que por primera vez designaría un CEO de nacionalidad argentina para desempeñarse liderando la región del Cono Sur. Se trata de Juan Farinati, quien estaba designado como COO para la división Agro, y reemplazó así al belga Christophe Dumont, quien de todas formas continuará en el país hasta finales de año para facilitar la transición.
Es factible que de esta manera se busque acercar posiciones en el país y mitigar los efectos de la severa multa que fue aplicada a Bayer por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). El organismo divulgó en mayo, a través de su director ejecutivo, Juan Bradinelli, la nómina de las principales compañías que vulneraron la normativa de la Ley 27.729, que promueve la obligatoriedad de la recolección y el tratamiento de los envases que contengan o hayan contenido agrotóxicos.
Dicha ley es la única del país de Responsabilidad Extendida del Productor. Obliga así a las empresas que venden productos fitosanitarios a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases. En ese sentido, Bayer (que unificó bajo el paraguas de dicho nombre a su empresa Monsanto), lideró el ranking de irregularidades constatadas y multas correspondientes. La multa en cuestión superó el monto de los $ 132 millones.
Desde la OPDS comunicaron que la empresa hizo caso omiso a los preavisos que advertían sobre el desinterés por los desechos de productos sumamente perjudiciales. Señalan que la gravedad de la violación a la normativa se observa en sus efectos: "Los restos de producto que contienen estos recipientes los hacen peligrosos para la salud humana y el ambiente. Cuando no se gestionan adecuadamente, estos envases son enterrados, quemados a cielo abierto, arrojados en basurales destinados a residuos urbanos o en cualquier sitio. La reutilización doméstica, en muchos casos para almacenar agua para consumo humano o animal, implica su manipulación en el hogar por todos los miembros del grupo familiar. Esto se traduce en múltiples impactos en la salud (intoxicaciones, reacciones alérgicas, trastornos neurológicos o endócrinos; el caso de cuerpos gestantes, abortos espontáneos o malformaciones)", informaron desde el organismo provincial.
Dentro de los pilares de sustentabilidad de Bayer para la región, se menciona el compromiso constante con "una visión de salud para todos, hambre para nadie; promoviendo el crecimiento inclusivo y el uso responsable de los recursos para ayudar a las personas y al planeta a prosperar".
Sin embargo, ese lema entra en contradicción con la denuncia de diversas comunidades del interior del país, que se movilizaron el 11 de noviembre pasado al Congreso de la Nación para alertar sobre el envenenamiento sistemático que sufren las comunidades producto del uso de productos agrotóxicos que comercializa la empresa para fumigar las tierras de cultivo.
Estos episodios se agregan a una suma de polémicas y sanciones contra Bayer durante el último año: en Estados Unidos, la firma viene de obtener sentencias en contra en tres procesos distintos, conocidos como los casos Johnson, Pilliod y Hardeman, donde se vio obligada a resarcir por más de u$s 100 millones a los denunciantes. Se trata de tres de las víctimas del rasgo cancerígeno del glifosato, producto de la toxicidad de la formulación RoundUp.
La propia empresa reconoció que tiene más de 100.000 demandas activas dentro de Estados Unidos y dispone de un activo importante de recursos para cerrar las demandas legales en su contra.
En adición, en Argentina, la empresa se vio envuelta en otra polémica a comienzos de año que la forzó a retirar anuncios publicitarios: la Asociación de Agentes de Propaganda Médicas (AAPM) presentó una denuncia contra la campaña "Aspirineta te cuida", uno de productos estrella de la farmacéutica. En el anuncio, Bayer afirmaba que tomar este analgésico servía como "remedio" para combatir la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo.
El informe fue presentado desde la AAPM al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Dentro del mismo, se señalaba a la publicidad como "falsa y engañosa", siendo violatoria de la legislación y de resoluciones vigentes, ya que "los factores de riesgo descriptos (sedentarismo, obesidad, tabaquismo), no se resuelven con ácido acetilsalicílico, tal como sugiere la campaña".
La asociación calificó la publicidad como "temeraria e irresponsable", siendo que el propio fabricante ha reconocido que el compuesto de la Aspirineta, en dosis de consumo excesivo, puede provocar malestar o dolor gástrico, hemorragia gástrica o intestinal, trastornos en la piel y dificultades respiratorias, entre otras. Al tiempo de realizada la presentación, la publicidad desapareció de los medios audiovisuales.
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Comienza la semana de la concientización en el uso responsable de agroquímicos

Fecha de Publicación: 02/12/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El Gobierno del Chubut realiza la 8ª edición de la Semana de Concientización en el uso responsable de agroquímicos desde hoy al 5 de diciembre con talleres y capacitaciones para productores, manipuladores y aplicadores de agroquímicos, promotores ambientales, instituciones técnicas y municipios, asesores técnicos y estudiantes de carreras afines al agro.
El evento se realizará simultáneamente en toda la provincia, con difusión a través de redes sociales, actividades virtuales de alcance provincial y presenciales de alcance local.
Es organizada por la Subcomisión de Agroquímicos de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave) con la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, INTA, Senasa, Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Mercado Concentrador Chubut y municipios.
La misma comenzará con la capacitación virtual para personal de instituciones técnicas y municipios en Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (Ley Nacional), hoy lunes a las 10 horas, a cargo de Leandro Brambilla.
Mañana se realizará la capacitación presencial a pequeños productores hortícolas, operarios y productores minoristas en Buenas Prácticas Agrícolas en el Uso de Fitosanitarios, Triple Lavado de Envases Vacíos, Calibración de Equipos de Pulverización, en el Mercado Concentrador Chubut a las 11 horas por personal de la Subsecretaría de Agricultura e INTA. Las inscripciones se realizan al mail daysvchubut.@gmail.com.
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Agroquímicos: la Justicia suspendió las fumigaciones en campos de Presidencia Roca

Fecha de Publicación: 15/11/2021
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Se trata de una medida cautelar innovativa dictada por el juez de garantías subrogante de General San Martín, Luis Allende. El fallo se da luego de las denuncias por personas intoxicadas tras fumigaciones aéreas que serían ilegales en la zona de Presidencia Roca.
El juez de Garantías subrogante de la ciudad de General San Martín (Chaco), Luis Eugenio Allende, hizo lugar este miércoles a una medida cautelar innovativa y ordenó la suspensión de todo tipo de fumigación con agroquímicos “hasta tanto se verifique su realización conforme las normativas aplicables y con seguridad para el medio ambiente y la población en general”. La medida judicial comprende al Establecimiento “Don Panos”, Eduardo Eurnekian, Unitec Agro SA, Unitec Bio SA y Marpfra SA y en forma subsidiaria a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente del Chaco por presunta “violación al deber de cuidado y contralor”.
En su resolución, el juez libró oficios al Juzgado de Presidencia Roca para que notifique a los involucrados y fijó una primera audiencia para que los impulsores de la acción de amparo presten caución juratoria. En ese contexto, programó una audiencia para el próximo miércoles 17 de noviembre a las 11 horas, a la que deberán concurrir las partes interesadas.
La cautelar fue dictada como tutela anticipada en el marco del trámite de una acción de amparo impulsada por el concejal del Frente de Todos de Presidencia Roca, Gustavo Latapié y de Facundo Silvestri, con el patrocinio del abogado Juan Alberto Sánchez. En la presentación, solicitaron que de manera urgente “cesen las fumigaciones/pulverizaciones aéreas, terrestres con biocidas que vienen realizando en la zona rural y/o suburbana de la ciudad de Presidencia Roca llamada Colonia San Francisco y sobre el pueblo de Presidencia Roca hasta que se verifique la seguridad de las mismas y su no afectación a las comunidades lindantes y al medio ambiente”.
“En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el estudio de la cuestión, aparece con suficiente claridad que, los demandados se dedican a la actividad agrícola y por lo tanto usan fertilizantes, lo que debe suspenderse provisoriamente hasta tanto se dicte sentencia de fondo o los organismos determinen que los demandados cumplen con todos los recaudos y condiciones legales para el uso de las mismas”, sostiene el juez Allende entre sus fundamentos.
En ese contexto, agrega que “frente a la evidencia que surge de la documentación acompañada, con la que se ha acreditado con el grado de verosimilitud que la instancia requiere y teniendo gran relevancia la materia medioambiental, como también la salud de toda una ciudad y sus colonias aledañas, por lo que frente a la clara necesidad de contar con pruebas de los organismos públicos pertinentes que desacrediten el peligro social y medio ambiental”.
“Mantenerse dichas fumigaciones con agrotóxicos no resulta razonable, tampoco estrictamente necesaria, ni proporcional, y tampoco se ajustan a los derechos constitucionales que rige en la materia”, puntualiza el magistrado.
“Atento a lo expuesto y al peligro en la demora, comprobada la verosimilitud del derecho que se pretende asegurar, a fin de evitar circunstancias que hagan difícil o frustren en definitiva la realización de la tutela jurisdiccional de los accionantes y de toda la ciudad de Presidencia Roca y sus colonias, estimo que resulta procedente la medida cautelar peticionada”, dictaminó el juez en la medida cautelar dictada este miércoles.
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Multan por mas de 77 millones de pesos a 4 compañías que incumplieron con normas de manejo de agroquímicos

Fecha de Publicación: 13/11/2021
Fuente: Diario Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


Las firmas Basf Argentina S.A., Red Surcos S.A., Cofco International Argentina S.A. y Rotam Argentina S.R.L. recibieron sentencia de primera instancia, confirmando la sanción que les fuera impuesta por el OPDS por  infracción a la ley nacional 27.279, que obliga a las empresas que venden productos fitosanitarios (agroquímicos) a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases.
Las compañías mencionadas, representadas por la Fundación Campo Limpio, no adecuaron su gestión a la normativa vigente en el plazo previsto por la Ley y fueron multadas por $49.460.154 (Basf Argentina), $12.062.398 (Red Surcos), $8.992.755 (Rotam Argentina) y $6.982.356 (Cofco). La Justicia confirmó estas sanciones con una reducción de un diez por ciento “en función de lo resuelto en materia de atenuantes y agravantes”.
De los más de 13 millones de envases declarados y volcados al mercado de la provincia de Buenos Aires durante 2019, las empresas recolectaron poco más de 1 millón, lo que representa un aproximado de 8% del total de los envases que les correspondía gestionar. Más de 12 millones de envases fueron abandonados en los campos o pasaron a formar parte de circuitos ilegales de recolección, reciclado y disposición final de plástico y otros materiales. La gestión deficiente de este tipo de envases representa un peligro potencial para el ambiente y la salud.
El OPDS, como órgano ejecutor de la Ley Nacional 27.279 para todo el territorio bonaerense, llevó adelante en tiempo y forma los procesos de notificación (1110 notificaciones a 107 empresas apercibidas y/o sancionadas) y posteriormente, como señala la letra de la Ley, procedió a multar por un total de más de 700 millones de pesos a 26 empresas en infracción.
Durante la segunda quincena de octubre el fuero penal resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fundación Campo Limpio, fallando a favor de lo señalado por la resolución administrativa dictada por la Subsecretaría de Fiscalización y Evaluación Ambiental de OPDS.
En su fallo, el juez Tatarsky señala el incumplimiento de varios artículos de la Ley 27.279 por parte de las empresas y Campo Limpio, quien “no ofreció prueba alguna que desmienta los extremos afirmados por el informe (elevado por el OPDS), en tanto y en cuanto indicaban en lo esencial, que no se había adecuado el régimen legal dentro del plazo, y que incumplía con la debida gestión de los envases vacíos de los productos fitosanitarios que vendía”.
El fallo agrega que “…de lo señalado se advierte que el informe no es nulo -sino que, en tal caso, se lo debió desmentir prueba mediante- y de ello se deduce que no hay nulidad del procedimiento sancionatorio”.
La correcta implementación de un sistema de gestión de envases –obligación de las empresas, que OPDS controla- previene la contaminación del agua y el suelo, resguardando la salud de las y los trabajadores y productores agrícolas y de la población en general, preservando los ecosistemas y los servicios ecológicos. De esta manera se garantiza una gestión segura de los envases y se contribuye al circuito de recuperación y revalorización de residuos para la elaboración de nuevos productos en base a plástico reciclado.
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Paraná cumplió 200 martes protestando contra las fumigaciones con agroquímicos en la provincia

Fecha de Publicación: 11/11/2021
Fuente: eldiarioar.com
Provincia/Región: Entre Ríos


La "Ronda de los Martes" número 200, en reclamo de una transformación del modelo agropecuario predominante en la región, fue más concurrida de lo habitual, contó con fotografías de Pablo Piovano que grafican el efecto de los agroquímicos en las personas y fue replicada en numerosas otras ciudades entrerrianas.
La larga fila de personas con velas en las manos y la enorme pancarta que reclama "Paren de fumigar" dio un martes más la vuelta alrededor de la Casa de Gobierno de Entre Ríos en Paraná. Pero esta "Ronda de los Martes" contó con más participación de lo habitual porque fue una ronda especial: la número 200.  
En 2017, la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos "Basta es Basta", que agrupa a diferentes organizaciones ambientalistas y sociales de la provincia, le presentó al gobernador Gustavo Bordet un documento con 16 puntos en el que proponía iniciar una transformación del modelo agropecuario que se aplica en Entre Ríos, consistente básicamente en el cultivo extendido de soja y maíz transgénicos, con la aplicación de sus respectivos agroquímicos.
Pedían que se declarara la emergencia ambiental en la provincia, se realizaran programas y monitoreos de salud pública, en especial sobre trabajadores rurales y población vecina de los campos fumigados, se registraran tumores y nacimientos con malformaciones y su ubicación geográfica, se promovieran leyes efectivas para fomentar y proteger la agroecología y se prohibieran las pulverizaciones con insumos químicos sobre la población que contaminan los 41.500 km de ríos y arroyos que surcan la provincia y destruyen el sistema inmune y el suelo fértil, según diversos estudios científicos.
Con esos reclamos, comenzaron a dar vueltas los martes alrededor de la Casa de Gobierno, inspirados en las rondas que iniciaron las Madres de Plaza de Mayo hace 45 años.
"Lamentamos, 200 semanas después de haber iniciado esto, tener que decir que seguimos rondando sin ningún tipo de respuesta de parte del Gobierno, sin ningún tipo de política que inicie un cambio hacia una transición para un modelo productivo diferente al que predomina en estos territorios a base de venenos y transgénicos", explicó Daniela Verzeñassi, integrante de la Coordinadora.
"Todos los días recibimos mensajes de una nueva entrerriana, un nuevo entrerriano, un niño, una niña de nuestra provincia con el impacto de los venenos en sus cuerpos, entrerrianos y entrerrianas que denuncian la contaminación, el envenenamiento de sus producciones con fumigaciones colindantes a sus terrenos. O sea, este modelo sigue consolidándose, incrementando su daño sobre los ecosistemas, sobre los suelos, y su impacto directo en la salud de quienes lo habitamos", denunció a elDiarioAR.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó cinco sentencias favorables a la protección de niños y niñas ante las fumigaciones, por lo que la causa fue llevada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsada por el Foro Ecologista de Paraná, el gremio docente provincial Agmer y la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos. Por el momento, la Corte no se pronunció.
Las organizaciones sumaron además a su reclamo, hace unos meses, la Iniciativa Popular para declarar la emergencia ambiental en Entre Ríos y que la agricultura a base de químicos sea declarada una actividad peligrosa para la salud y el ambiente, la que invitaron a firmar también en esta jornada de lucha.
En esta ronda 200, que fue replicada además en otras ciudades entrerrianas como Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Concordia, San José, Villa Elisa y Gualeguaychú, entre otras, el impacto del modelo productivo se vio graficado con la muestra "El costo humano de los agrotóxicos", con las ya conocidas fotografías de Pablo Piovano tomadas en pueblos fumigados, que, además de exponerse en el sindicato docente Agmer, recorrieron diferentes puntos de la capital provincial: por la mañana, Casa de Gobierno, Tribunales y el Consejo General de Educación, y, por la tarde, la Peatonal San Martín.
 El evento contó además con un recital en el que participaron varios músicos locales como Carlos "Negro" Aguirre, Silvia "Rusa" Salomone y Luis Barbiero así como el mendocino Sebastián Narváez.
"Esta ronda es una confirmación de que los pueblos fumigados y el movimiento socio-ambiental en Entre Ríos siguen firmes, atentos a los avances de este modelo, siguen en la resistencia a estos impactos y a la consolidación de esta manera de producir y de enfermarnos y siguen insistiendo y construyendo caminos alternativos", aseguró Verzeñassi.
"Rondamos 200 veces frente a las puertas cerradas de la Casa Gris, frente a los corazones, los oídos y los micrófonos que se cierran ante el mayor conflicto ambiental de la provincia y quizás del país", señaló, en tanto, la Coordinadora en un comunicado. "Cuando la tierra y las nuevas generaciones nos lo demanden, cada quien sabrá si defendió la vida o se inclinó por el poder que destruye a la humanidad de pandemia en pandemia".
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Chaco: empresarios rurales fumigan sobre dos pueblos y 700 personas tuvieron que ser hospitalizadas

Fecha de Publicación: 08/11/2021
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Chaco


Desconociendo una medida cautelar del 2012 que limita la fumigación en la región, una avioneta de la Cabaña Don Panos de la empresa Unitec Agro fumigó con agrotóxicos sobre las poblaciones de Pampa del Indio y Presidencia Roca, al este de la provincia de Chaco. Días después, 700 personas tuvieron que ser hospitalizadas con cuadros de intoxicación, vómitos, diarrea y deshidratación. Vecinos y vecinas aseguran que las fumigaciones también secaron las huertas familiares, los árboles y los mini emprendimientos de zapallos, sandías, maíz y tabaco. «Es un hecho más de los que durante años ha cometido esta empresa. Debe hacerse un control y seguimiento epidemiológico de las personas afectadas», sostuvo en diálogo con ANRed Alejandra Gómez, integrante del equipo de coordinación de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo de Chaco. En tanto, la antropóloga Malena Castilla destacó: «gran parte es población rural dispersa, en zonas que bordean los campos de los empresarios sojeros que se establecieron sobre territorios indígenas ancestrales y de pequeños productores del Chaco». Por ANRed.
El medio local InfoQom detalló que las tres grandes fumigaciones las realizaron avionetas de la Cabaña Don Panos los días jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de octubre sobre las poblaciones de Pampa del Indio y Presidencia Roca, ubicadas en el departamento de Libertador General San Martín, al este de la provincia de Chaco, dado que los campos fumigados de la cabaña se encuentra en el límite entre ambas localidades.
Y al poco tiempo, comenzaron los síntomas: «el domingo, después del mediodía, empezaron manifestarse muchos niños con diarrea y vómitos. El lunes se veía cola de más de 50 personas en el hospital por la mañana y la tarde. El viernes 29 de octubre, siendo las 20, había niños y adultos internados en el hospital rural de Presidencia Roca con los mismos síntomas: vómitos, diarreas y deshidratación. Se estima que durante esa semana se atendieron alrededor de 700 personas», informó el medio.
«En mi caso particular, siempre tomo tereré frente a mi negocio y empezaban a caer las hojas de los árboles adentro de la jarra. Lo que no sabía es que las hojas estaban envenenadas», contaba uno de los vecinos fumigados, cuyos testimonios fueron difundidos por InfoQom. En tanto, otra persona afectada relataba: «mi hijo y yo estamos con diarrea y vómito y mucho dolor de panza. El agua de SAMEEEP muy probablemente está contaminada. La gente sin saber consume el agua», contó en referencia al servicio de agua brindado por el Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP). También se cita el testimonio de otro vecino: «como gente de campo para curarnos muchas veces nos preparamos te de hierbas y no nos dábamos cuenta que estamos todos envenenados”.
Además, el medio señaló también sobre la fumigación: «secó todo tipo de huertas familiares y mini emprendimientos de zapallos, sandías, maíz y tabaco. Los árboles adentro del pueblo se están quedando sin hojas y se están secando, otros están entristecidos y los más resistentes tienen las hojas quemadas. Pero se ve recién ahora, pasado los siete días».
De esta manera, la empresa Unitec Agro, que presidió Eduardo Eurnekián hasta 2020, violó (nuevamente, porque ya lo había hecho en 2018) la cautelar dictada en 2012 en la provincia, que limita la pulverización con agrotóxicos en ese establecimiento. «Hoy se cree que está alquilada por la empresa MAFRA», amplía InfoQom, y agrega: «la estancia Don Panos es utilizada por el actual gobernador Jorge Capitanich para hacer «base» en plena campaña proselitista. Allí incluso realiza algunas reuniones con su círculo íntimo o con otros dirigentes políticos».

«Es un hecho más de los que durante años ha cometido esta empresa: se debe hacer un control y seguimiento epidemiológico de las personas afectadas»
Desde ANRed consultamos por la situación a Alejandra Gómez, integrante del equipo de coordinación de la Red De Salud Popular Dr. Ramón Carrillo de Chaco, que se encarga de realizar charlas sobre atención primaria de la salud, atención primaria ambiental y en los territorios acompañar los procesos de denuncia colectivas por contaminación – principalmente, por agrotóxicos -, de las comunidades qom Campo Medina y Campo Nuevo de Pampa del Indio.
Gómez remarca que el conflicto por contaminación entre las poblaciones de la zona y la empresa viene de hace tiempo: «las primeras denuncias que se conocen en forma escrita contra el establecimiento Don Panos, que pertenecería a las firmas Unitec Agro y Unitec Bio, son las realizadas por las comunidades en los años 2010 y 2011. Hubo algunas denuncias anteriores, pero de forma individual o de familias, de estas comunidades y de Pampa Chica. En el año 2012 se dicta una medida cautelar, porque la denuncia se presentó vía la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín, restringiendo las fumigaciones en el límite con las comunidades de Campo Nuevo y Campo Medina por una distancia de 600 metros en una extensión de 2 mil metros del límite del establecimiento Don Panos con estas comunidades. Después de la cautelar, a instancias de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y Nación, se convoca a una asamblea a la que invitaron al gerente de la empresa Don Panos y las comunidades, donde se propuso la firma de un acuerdo. Las comunidades se negaron. En tanto, el gerente de la empresa sí firmó un compromiso ante las autoridades de extender la distancia de no fumigación que había fijado el fiscal, y evitar que la deriva llegue a las comunidades. Lamentablemente, a los tres o cuatro meses de la firma de este compromiso, volvieron a fumigar en noviembre de 2012. Se hizo la denuncia e intervino la Subsecretaría de Ambiente. Y luego se comenzó un proceso de recomposición de los sistemas productivos dañados. Hubo alguna fumigación en esta zona violando el compromiso, a la cautelar y la Ley de Biocidas, pero fueron fumigaciones esporádicas entre 2013 a 2018. En diciembre de 2018 se produce una nueva fumigación que afecta a las comunidades y desde allí, recién a partir de febrero de este año, observamos que empezaron a fumigar nuevamente esta zona con más intensidad y sin respetar para nada ninguna de las medidas«, relata.
En la misma línea, Gómez agrega sobre la última fumigación: «en el caso que ahora se conoce, las fumigaciones afectaron a Presidencia Roca y los cultivos de los pequeños productores de esta localidad. Se conoce por la masividad de afectaciones, y porque se producen los daños en la zona periurbana y urbana de Roca. Es un hecho más de los que durante años ha cometido esta empresa. Trasciende por la masividad de las personas afectadas tanto en la salud como en sus chacras. Actúa nuevamente la Subsecretaría de Ambiente de Chaco. Deberíamos ver cuál es el rol del municipio local, porque es la primer autoridad constituida constitucionalmente, que debería resguardar los derechos al ambiente y a la salud de quienes viven allí». Asimismo, agrega con respecto al relevamiento de las personas afectadas: «esperamos también que además de los relevamientos a los daños a los cultivos que se informaron que se están haciendo, se realicen los controles del estado de salud de la población, pero no al momento, porque sabemos que los agrotóxicos producen consecuencias en la salud que se manifiestan también a mediano y largo plazo. Entonces, se debe hacer un control y seguimiento epidemiológico de las personas afectadas. Hasta la fecha, la cantidad que ha trascendido es de los informes extraoficiales – porque no hay ningún informe oficial del Ministerio de Salud Pública -, que da cuenta de personas que asistieron al hospital de Presidencia Roca. Por otra parte, muchas personas que pueden ser afectadas, no necesariamente van hasta el centro asistencial. Los controles deben hacerse en el territorio y planificarse para poder relevar la mayor cantidad de datos posibles», señala.

«Son poblaciones que están completamente vulneradas a las que el agronegocio impacta diariamente en su vida»
En tanto, también consultada por ANRed, la antropóloga chaqueña Malena Castilla, amplía sobre la empresa fumigadora serial: «la empresa Unitec Agro está radicada en la zona desde los 90′ y a partir de 2010 comenzó un proceso de denuncias, sobre todo encabezados por la familia Peñaloza, que está al lado de Don Panos, donde se denunciaron las fumigaciones aéreas, y junto con estas denuncias, el Hospital de Pampa del Indio denunció una gran cantidad de casos de abortos espontáneos y enfermedades respiratorias. Habitantes de la localidad decían también que había muchos niños con manchas en la piel y erupciones producto de las fumigaciones. También más adelante se organizó un estudio del agua a cargo de un equipo de extensión de Ciencias Exactas, que detectaron presencia de glifosato en canillas comunitarias, en agua de algunas salas de salud, aljibes y pozos cisterna, con lo cual las fumigaciones alcanzaron al agua que consume esta población. La Ley de Biocidas de Chaco establece que las fumigaciones aéreas deben ser a 1500 metros, cuando hay población cercana, y a 500 metros por vía terrestre. Esto se fue violando sistemáticamente. Desde el 2002 hasta la actualidad se violaron. En el último periodo, se realizaron una serie de fumigaciones que fueron cada vez más brutales, que da como consecuencia el escenario que ahora se está visibilizando», destacó.
Castilla también destacó, como parte de esta problemática, la composición de la población afectada de la región: «gran parte de su población es población rural dispersa, en zonas que bordean los campos de los empresarios sojeros que se establecieron sobre territorios indígenas ancestrales y de pequeños productores del Chaco. Pero también cerca del 50 por ciento de la población de estas localidades es perteneciente a algún pueblo indígena. En este caso, en Pampa del Indio, es el Pueblo Qom. Y tiene otra particularidad, que es que cerca del 50 por ciento de la población de esta zona está por debajo de la línea de pobreza, con lo cual no llegan a cubrir sus necesidades básica, entre ellas, la del agua. Y acá aparece otra problemática, que es que a pesar de estar rodeados de ríos importantes de gran caudal, como el Río Bermejo y el Río Guaycurú, gran parte de la población no tiene acceso al agua porque, justamente, estos ríos están rodeados de campos privados a manos del agronegocio, sobre todo en estos períodos de grandes sequías y crisis hídrica. El agua a la que acceden es a agua que almacenan en aljibes y cisternas que está contaminada producto de las fumigaciones».
Asimismo, pone énfasis en que «estas fumigaciones también afectaron la producción familiar de huertas y animales domésticos, con lo cual la subsistencia de esas poblaciones se ve complemante en peligro, no sólo por el impacto que tienen en su salud estos agrotóxicos, sino también por los alimentos que producen y el agua que consumen», sostiene. Por todo lo señalado, considera que «son poblaciones que están completamente vulneradas por lo mencionado, porque el agronegocio impacta diariamente en su vida. Fundamentalmente, por esta cuestión hídrica y la disputa territorial, el agronegocio va acaparando los territorios indígenas y de los pequeños productores de manera contante a lo largo de los años, expulsándolos y obligándolos a migrar a otras zonas en condiciones de vulnerabilidad como son las grandes ciudades, entre ellas, la ciudad de Resistencia, donde se asientan en lugares con grandes necesidades».
Finalmente, la antropóloga también destaca que «los empresarios del agro están radicados y están con la connivencia de organismos del Estado, que acompañan este tipo de prácticas o hacen la vista gorda ante este tipo de violación de las restricciones«. Además, recuerda que «en los últimos años esta zona ha recibido un financiamiento muy importante del Banco Mundial, ejecutado por el gobierno provincial,  y nacional, con el que ha pavimentado la Ruta Provincial 3, que es por las que se accede a estas localidades. y también se pavimentó la que va desde la Ruta 3 hasta la puerta del establecimeinto de Don Panos, justamente para aumentar la productividad y comercialización de esta empresa. También hicieron obras hídricas, entre ellas, acueductos que no alcanzan a la población indígena de la zona, porque no están contempladas en base a las necesidades de la población de esta zona, pero que, según lo que dicen integrantes de las comunidades, sí alcanza a los empresarios del agro«. Por todo ellos, considera que «se trata de políticas orientadas a satisfacer a un sector en detrimento de otro«.
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Cañada de Gómez: imputaron a un productor agropecuario por contaminación con agroquímicos

Fecha de Publicación: 02/11/2021
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Es el primer proceso en Santa Fe que podría llegar a la condena del arrendatario, el propietario y el aplicador por los alcances de la ley de residuos peligrosos
Un productor agrario fue imputado penalmente en Cañada de Gómez por aplicar agrotóxicos en la vivienda de una familia poniendo en riesgo la salud de las personas, envenenar el agua, el suelo y el ambiente. La novedad surgió luego de una audiencia realizada el martes último en la que la Fiscalía, con el acompañamiento de la querella, solicitó la imputación atribuyéndole en calidad de autor el delito contemplado en el artículo 55 de la ley 24051 “de residuos peligrosos” por envenenamiento , adulteración o contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general . Además, se dispuso una medida cautelar que prohíbe aplicar cualquier tipo de agroquímicos a una distancia de 500 metros a contar del límite de la zona urbana.
El trámite judicial de primera instancia se basó en una investigación penal que logró producir y aportar prueba documental, testimonial, pericial e informativa que acredita los distintos hechos de fumigación de los cuales Norma Cabrera y su familia son víctimas desde 2015. En caso de que se determinar la responsabilidad se convertiría en la primera condena penal por fumigaciones con agrotóxicos en Santa Fe . La acusación Apunta Como Principales Responsables al arrendatario y productor agropecuario Jesús M., al Propietario del campo Carlos P. y al aplicador de agroquímicos Miguel A .
“La auténtica pesadilla toxicológica sanitaria que vive la familia Cabrera ya lleva seis años de historia y por lo menos dos episodios de fumigaciones concretas a 15 metros de distancia de la vivienda en la que viven (ubicada en avenida La Plata al 1700)”, explicó el abogado Rafael Colombo, quien participó de la audiencia junto a su par Lucas Micheloud en representación de Norma Cabrera, la multisectorial Paren de Fumigarnos y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Colombo, contó que “Las aspersiones comenzaron hace muchos años y continúan hasta la actualidad porque Norma denunció dos hechos más de fumigaciones durante septiembre y octubre de este año. Logramos acreditar y circunstanciar cada hecho de fumigación con fotos, con el testimonio de vecinos que narraron esos episodios y que al mismo tiempo también son víctimas”. Además, sumaron una pericia que acreditó que la denunciante tiene glifosato en su sangre y otra que detectó restos del mismo componente en el agua y en la tierra de su domicilio.

El más utilizado
“El glifosato es uno de los herbicidas más utilizado por el imputado como productor agrario y por eso se da también una relación de causalidad entre el hecho de la fumigación y el herbicida aplicado y la prueba incontrastable de carácter pericial científico que determina que Norma y el inmueble en el que ella y su familia habitan están repletos de residuos de glifosato y otros principios activos”, explicó Colombo.
Al cúmulo de pruebas presentaron también informe del director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Damián Verzeñassi, quien fue muy dirimente a los fines de acreditar los impactos toxicológicos de los agrotóxicos. Además, se contextualizó con informes y papers del ingeniero químico, Marcos Tomasoni, en relación a las derivas indeseadas de las aplicaciones que resultan incontrolables, más allá de los métodos de manejo.
Entre los aportes más importantes presentados hay numerosos informes médicos legales realizados sobre el estado de salud de Cabrera que acreditan sus distintos padecimientos en todos estos años. Hubo además un allanamiento en el campo del productor en el que se detectaron irregularidades que fueron sancionadas en el ámbito administrativo por el Ministerio de la Producción.
“Hay numerosa, incontrastable y contundente evidencia que prueba, sin dejar lugar a dudas, que las acciones que lleva a cabo el imputado en cuanto a su actividad agropecuaria se realizan de manera totalmente irresponsable e ilegal afectando particularmente la salud de Norma y la de su familia, conformada por su esposo, sus hijos y nietos”, relató el abogado y destacó que “hay implicancias de derechos fundamentales de los niños y adolescentes que se sumaron al resto de los motivos que llevaron a la Fiscalía y a la querella a solicitar la imputación al productor y arrendatario del campo en el que se llevan a cabo las aplicaciones”.

La cautelar
El otro punto importante es que en la audiencia el juez penal, Álvaro Campos, aceptó la solicitud del “cese de estado antijurídico”, una figura contemplada en el Código Procesal Penal (CCP) de Santa Fe y que básicamente consiste en una cautelar que se plantea sobre todo en aquellos ilícitos cuyas consecuencias son inmediatas y permanecen en el tiempo, mientras dura el trámite de la causa. El CPP establece así la necesidad de que los órganos del Estado eviten la continuación del delito y el padecimiento del daño que invoca la víctima.
Al respecto, Colombo precisó que “el juez aceptó literalmente la medida cautelar como lo propusieron la Fiscalía y la querella y que consiste en ordenarle al productor que cese en la aplicación de productos agrotóxicos de cualquier clase hasta una distancia de 500 metros a contar del límite de la zona urbana. Además, establece la obligación de que las aplicaciones que se realicen a partir de esa distancia se ejecuten con una metodología basada en el cumplimiento de la normativa vigente, sobre todo de la ordenanza local y la legislación provincial, que exista la receta extendida por un ingeniero agrónomo, que intervenga la Municipalidad a través de la autoridad de aplicación correspondiente y un informe de verificación dentro de las 48 horas. También exige dar aviso previo a la familia y que se tengan en cuenta la temperatura y la dirección del viento”.
“Este es un avance por demás significativo porque Norma venía siendo fumigada a 15 metros de distancia y después a 150. La denuncia fue presentada en octubre de 2018. Ese mismo mes se reformó una ordenanza de fitosanitarios de Cañada de Gómez ejemplar -sancionada 1987 y ratificada en 2016- que establecía tres mil metros de distancia mínima para la aplicación de biocidas y se retrotrajo el perímetro de proscripción a 150 metros. A eso lo vamos a cuestionar en sede civil porque es manifiestamente inconstitucional por el principio de progresividad y no regresión”, adelantó Colombo.
Explicó además que “en principio fumigaban a 15 metros, luego de la modificación de la normativa pasaron a 150 metros y ahora logramos que se fijen 500 metros, lo que va en línea con lo que dispone la normativa provincial, aunque muchos municipios y comunas de la provincia de Santa Fe suelen evadir fijando distancias menores de manera completamente inconstitucional”.
Para Colombo, lo más importante fue frenar la aspersión de agroquímicos que daña la salud de la familia Cabrera y la de su huerta y granja de animales. “Además, logramos la imputación del productor y señalamos que Norma viene sufriendo persecución política por parte del municipio de Cañada de Gómez. Hay una cierta condición de hostigamiento hacia esta familia que se encuentra en situación de manifiesta vulnerabilidad, no solo sanitaria sino también social”.

Próximos pasos
Durante la semana entrante la defensa tendrá la posibilidad de apelar la medida cautelar. Si no lo hace quedará firme y la causa se encaminará hacia un escenario de juicio. “En ese contexto, tanto la Fiscalía como la querella ratificaremos todas las actuaciones realizadas para probarlas en el marco de un juicio penal contra todos los actores involucrados”, anticipó Colombo.
“Jesus M. es el exponente del modelo de agroindustria de base biotecnológica que depende de la aplicación de millones de litros de plaguicidas tóxicos. Durante todos estos años los aplicó a sabiendas de que estaba dañando la salud de la familiaCabrera. Jamás tomó medida alguna ni dio aviso para minimizar los riesgos y así evitar que se produzcan consecuencias negativas sobre la salud y el ambiente. Nunca respetó las distancias mínimas de la legislación provincial y tampoco tuvo en cuenta la dirección del viento. Nunca le importó que inmediatamente frente al campo que arrienda y en el que aplican agrotóxicos de manera indiscriminada vive una familia compuesta por un matrimonio, sus hijos y sus nietos. No le importó que esa familia posea una pequeña y modesta granja para la cría de animales y que una huerta orgánica casi dejó de existir desde el comienzo de las aplicaciones ”, concluyó el abogado.

Antecedente
El primer antecedente en el país de un juicio similar se dio en Córdoba con la renombrada “Causa Gabrielli” en la que en 2012 se condenó a tres años de prisión, con ejecución condicional, al propietario de un campo y al piloto de una avioneta fumigadora. Se los inculpó por el delito de contaminación ambiental mediante fumigaciones ilegales, en un campo cercano al barrio periférico Ituzaingó Anexo.
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Insisten desde la Legislatura por la nueva Ley de Agrotóxicos

Fecha de Publicación: 26/10/2021
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe


El proyecto puede perder estado parlamentario. Presión por parte de agrupaciones ambientalistas
El proyecto para modificar la Ley de Agrotóxicos (formalmente llamada de Productos Fitosanitarios) y alejar las fumigaciones de zonas habitadas, casas y escuelas en Santa Fe podría volver a perder estado parlamentario por sexta vez de no tratarse antes del 30 de noviembre.
La iniciativa, que fue presentada por el diputado Carlos Del Frade en junio de 2020, corre riesgo de no avanzar. El mismo contempla algunos puntos fundamentales, entre los que se destaca que el Ministerio de Medio Ambiente sea el nuevo órgano de aplicación y control su implementación. Además, establece una serie de prohibiciones: fumigaciones a menos de 1500 de los lugares ya mencionados y también los depósitos de agroquímicos en áreas urbanas y fumigaciones aéreas, de tránsito y estacionamiento de “mosquitos” en áreas urbanas.
En los primeros días de octubre la Multisectorial Paren de Fumigarnos se manifestó y presionó a los diputados santafesinos para que se garantice su tratamiento. Quien recogió el guante en esta ocasión fue la legisladora Matilda Bruera quien alertó que la situación es "preocupante".
"Es uno de los temas centrales de la protección del ambiente en la provincia de Santa Fe, es la sexta vez, vergonzosamente es la sexta vez que va a perder estado parlamentario”, argumentó.
En ese sentido, Bruera agregó:  “Eso solo es una grave mancha para la historia de la legislatura santafesina, en una oportunidad anterior tuvo media sanción de Diputados y se frenó en el Senado, pero esta vez ni siquiera tiene dictamen de la comisión de Medio Ambiente, y esto es muy grave, que la comisión no tome como tema central la ley de agroquímicos es un tema muy grave”, expresó la diputada justicialista
Para Bruera, “aprobar la ley no es mas ni menos que poner un límite al envenenamiento que estamos sufriendo los santafesinos con esta fumigación tóxica que permanentemente nos castiga”.
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En Santa Fe, empresas agrarias siguen fumigando en los alrededores de las escuelas con los pibes adentro

Fecha de Publicación: 11/10/2021
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Santa Fe


Mientras esto ocurre, diferentes organizaciones afirman que el gobernador Perotti no quiere recibirlos para tratar el tema y que el Senado cajoneó una Ley que mitigaría la fumigación en zonas pobladas.
Un pueblo sublevado y silenciado al mismo tiempo, rechaza el avance de las empresas agrarias que tienen vía libre para contaminar los barrios más alejados de las Ciudades de Santa Fe. Una situación que los habitantes de la provincia vienen sufriendo desde el ingreso de Monsanto a la Argentina en 1995 durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem. Modelo agroquímico que se profundizó con el correr de los años, con la aparición de más productos de la familia de agrotóxicos, entre los que se encuentran las semillas RR modificadas genéticamente, la aparición de las firmas multinacionales del agro, como Syngenta y du pont, , entre otras tantas.
Este avance desmedido, ocurre incluso con la Ley vigente 11.273 conocida como Ley de Fitosanitarios, sancionada en el año 1995, para ponerle coto a la industria agroquímica en toda la jurisdicción. La norma contemplaba ciertas excepciones que habilitaban la fumigación con agrotóxicos de manera terrestre a menos de 500 metros de las zonas pobladas de manera terrestre, en caso de que no se pueda realizar mediante avionetas. Ante el reclamo de miles de personas, en el año 1997 la Provincia hizo un decreto reglamentario donde prohibía las excepciones de fumigación de la Ley, si en la zona se encontraban complejos habitacionales, deportivos, centros de salud y escuelas; pero ningún gobierno provincial cumplió con la reglamentación de ese decreto.
En definitiva: La actual ley habilita las aspersiones con agrotóxicos frente a los domicilios de los vecinos de los pueblos del interior de la provincia, y de las escuelas mientras los estudiantes están en clases. Este hecho causa alteraciones y enfermedades graves en el conjunto de la comunidad. La multisectorial “Paren de Fumigarnos Santa Fe” hace 11 años presentó un proyecto modificatorio que prohíbe fumigaciones con agroquímicos a menos de 1500 metros de pueblos, escuelas rurales, parques industriales, arroyos, ríos y humedales, así como su depósito en áreas urbanas. El próximo 30 de noviembre el proyecto corre peligro de volver a perder estado parlamentario por sexta vez consecutiva.
“Los agrotóxicos nos están matando. Tenemos muchas personas que atraviesan enfermedades graves como cáncer, grandes y chicos. El actual gobernador de la provincia, Omar Perotti, nos había prometido durante la campaña que nos íbamos a reunir para conversar sobre este tema y ahora nos cerró las puertas”, señala en diálogo con Tiempo Sergio Gorostio, integrante de Basta de Fumigarnos. La falta de leyes nacionales para la aplicación y regulación de agrotóxicos, deja una zona gris y poco clara para que las empresas avancen con las fumigaciones. Esto pese a la promulgación de la Ley general de ambiente 25.675 y la Ley de Residuos peligrosos 24051; que son poco  específicas. “nos movilizamos a la legislatura de la provincia de Santa Fe para que traten cuanto antes nuestro proyecto de Ley así evitamos que pierda nuevamente estado parlamentario. Necesitamos de esta Ley para que proteja a la población de los productos agroquímicos”, agrega Gorosito. “Es más, en 2019 el oficialismo presentó un proyecto similar al nuestro, obtuvo media sanción de diputados y el Senado lo cajoneó y se niega a tratarlo en el parlamento”.
Estos hechos tomaron mayor relevancia a nivel nacional, cuando en junio de este año, se conoció la noticia de que una escuela de Villa Amelia, sobre la Ruta 18, fue fumigada mientras los chicos tenían clases con las ventanas abiertas, dado que las autoridades escolares debían garantizar la ventilación cruzada para cumplir con los protocolos en medio de la emergencia sanitaria.
Un informe técnico realizado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), registró, a comienzo de este año, residuos de agroquímicos en el río Salado, a 40 kilómetros de la capital provincial. Desde diciembre de 2020, la población denunció la aparición de  miles de peces muertos en las costas del río. A raíz de este hecho, fue la propia  Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la encargada de exigir un estudio en las aguas. La investigación apuntó a comprender las causas de este aumento de la mortandad. Según la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia, “no hay ninguna duda de que fue por anoxia”, que es la falta de oxígeno que provoca la bajante del río. Pero, además, de los 116 compuestos que fueron sometidos a diferentes análisis, pudieron detectarse tres herbicidas y un fungicida, entre los que se encuentra el glifosato. Como resultado, todos los ríos que atraviesan zonas de cultivos agropecuarios intensos tienen residuos de agroquímicos que se derivan de la misma producción. El informe, detalla que en los peces muertos se detectaron restos del insecticida clorpirifos, en concentraciones de entre 30 y 80 miligramos, y herbicida 2,4-D en las branquias y en el hígado del pez sábalo. El muestreo se tomó sobre ejemplares muertos y sobre otros que manifestaban comportamientos extraños, y fueron seleccionados de diferentes sectores del puente de la Ruta 70, que conecta las localidades de Recreo y Esperanza. Por su parte, la respuesta de la cartera de Ambiente del Gobierno de Santa Fe, es que la mortandad de diferentes especies de peces es producto de las bajantes del río que deterioran la calidad del agua, y que no se generaron por los productos agrotóxicos.

Un estudio del CONICET encontró más especies con agrotóxicos
En un estudio publicado en el mes de mayo en la revista científica Water Air & Soil Pollution, investigadores del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL) y del CONICET, evaluaron los efectos de la exposición crónica a agroquímicos en dos especies de anfibios que habitan en arroceras de las provincias de Santa Fe. Los investigadores, seleccionaron individuos de Lysapsus limellum, una especie de rana que atraviesa su ciclo vital, desde la fase de renacuajo hasta adulto, en ambientes acuáticos como los que se generan en las arroceras. Son animales altamente susceptibles que habitan en dichos cultivos y que se encuentran diariamente expuestos a sustancias como Bentazon, Molinato, Propanil, Clomazone, 2,4-D y al Glifosato, entre otros químicos. La especie mostró diferentes alteraciones, producto de los agroquímicos, en su aparto reproductor y en el hígado.
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