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Intentarán prohibir fumigaciones aéreas en Mendoza
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Quieren prohibir la fumigación aérea con agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Desconocen fumigaciones ilegales en Buenos Aires
Vecinos de La Porteña manifestaron su enojo con la respuesta del Municipio por las fumigaciones
Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Volvieron a remarcar que el mosquito aplicó agroquímicos a tan sólo un metro de la Escuela 33 y que tienen pruebas de que así fue. Lamentaron que las autoridades no tomen con seriedad la denuncia que realizaron. “Tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, enfatizaron.
Luego de que los vecinos de La Porteña denunciaran la aplicación de glifosato a tan sólo un metro de la Escuela 33, desde el Municipio y Provincia fueron a inspeccionar el campo y aseguraron que corroboraron que se estaba cumpliendo la distancia de más de 150 metros respecto al establecimiento escolar sin aplicar agroquímicos, tal como lo establece la ordenanza. Sin embargo, los denunciantes expresaron su enojo e indignación por la respuesta oficial y reiteraron su reclamo.
Mediante un comunicado, expusieron que “debido a la respuesta del Municipio y de Fiscalización Vegetal en relación a nuestra denuncia, nosotros los vecinos denunciantes queremos que se sepa cómo fueron los hechos y en qué se sustenta nuestra denuncia”.
“Luego de varias reuniones donde debatimos acerca de las fumigaciones en el barrio, decidimos realizar una denuncia por el lote que linda a la Escuela 33, ya que no está respetando la distancia reglamentada para la aplicación de agroquímicos”, señalaron.
Y explicaron que el 4 de octubre presentaron una denuncia al Municipio por mesa de entradas firmada por más de 30 vecinos, solicitando que se multara al productor y que se les dé copia de la receta agronómica para saber qué tipo de agroquímico se había aplicado.
Cabe destacar que desde el Municipio en diálogo con El Eco de Tandil, negaron haber recibido esa denuncia, y manifestaron que la única que recibieron fue la del 27 de octubre, que se realizó posteriormente.
Sin embargo, los habitantes de la zona que llevaron adelante este reclamo expusieron en el comunicado que 25 días después de esa primera denuncia del 4 de octubre, el director de Medio Ambiente Héctor Creparula se comunicó telefónicamente con ellos para informarles que se multaría al responsable del campo, que era la primera vez que realizaba una multa de este tipo en Tandil, y que el monto de la multa sería dictaminada por un juez.
“Salimos a los medios de comunicación cuando nos enteramos que el productor realizó una descarga aduciendo que no se había aplicado glifosato en la distancia que establece la ordenanza. Pero en la foto que tenemos como prueba, se ve claramente el pasto de la escuela y el del lote en cuestión, quemado”, manifestaron.
Y añadieron que el 27 de octubre, un vecino pasó por la escuela y se encontró con un mosquito a punto de fumigar el lote lindero.
“Le preguntó qué es lo que estaba por aplicar, ‘el glifo’, le dijo. Inmediatamente le exigió que cumpliera con la distancia establecida. El aplicador dijo desconocer tal distancia por lo que el vecino le pidió que se comunicara con su patrón, quien inmediatamente aceptó el pedido, y se excusó en un malentendido. El vecino le pidió al aplicador que le diera el número de teléfono del responsable del lote, con quien acababa de hablar. Se lo dio, pero nunca pudimos comunicarnos con él. El número estaba equivocado. Ese día este vecino sacó una foto a la receta agronómica que tenía el aplicador, era glifosato”, expusieron.
Y explicaron que “si luego de la inspección que realizaron el lunes 11 de noviembre, consideran que no se incumplió con la ordenanza, ya que no hay signos de aplicación de agroquímicos, es porque un vecino detuvo esa aplicación. ¿Pero qué hay de las anteriores? Porque nuestra denuncia data del 4 de octubre por fumigaciones anteriores”.
“Somos un grupo vecinos, padres y madres de niños y niñas preocupados por la salud de todos. Cada minuto que le dedicamos a estas cuestiones es tiempo que le restamos a nuestros trabajos, y familias. Pero entendemos que esto es importante, tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, manifestaron.
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Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Volvieron a remarcar que el mosquito aplicó agroquímicos a tan sólo un metro de la Escuela 33 y que tienen pruebas de que así fue. Lamentaron que las autoridades no tomen con seriedad la denuncia que realizaron. “Tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, enfatizaron.
Luego de que los vecinos de La Porteña denunciaran la aplicación de glifosato a tan sólo un metro de la Escuela 33, desde el Municipio y Provincia fueron a inspeccionar el campo y aseguraron que corroboraron que se estaba cumpliendo la distancia de más de 150 metros respecto al establecimiento escolar sin aplicar agroquímicos, tal como lo establece la ordenanza. Sin embargo, los denunciantes expresaron su enojo e indignación por la respuesta oficial y reiteraron su reclamo.
Mediante un comunicado, expusieron que “debido a la respuesta del Municipio y de Fiscalización Vegetal en relación a nuestra denuncia, nosotros los vecinos denunciantes queremos que se sepa cómo fueron los hechos y en qué se sustenta nuestra denuncia”.
“Luego de varias reuniones donde debatimos acerca de las fumigaciones en el barrio, decidimos realizar una denuncia por el lote que linda a la Escuela 33, ya que no está respetando la distancia reglamentada para la aplicación de agroquímicos”, señalaron.
Y explicaron que el 4 de octubre presentaron una denuncia al Municipio por mesa de entradas firmada por más de 30 vecinos, solicitando que se multara al productor y que se les dé copia de la receta agronómica para saber qué tipo de agroquímico se había aplicado.
Cabe destacar que desde el Municipio en diálogo con El Eco de Tandil, negaron haber recibido esa denuncia, y manifestaron que la única que recibieron fue la del 27 de octubre, que se realizó posteriormente.
Sin embargo, los habitantes de la zona que llevaron adelante este reclamo expusieron en el comunicado que 25 días después de esa primera denuncia del 4 de octubre, el director de Medio Ambiente Héctor Creparula se comunicó telefónicamente con ellos para informarles que se multaría al responsable del campo, que era la primera vez que realizaba una multa de este tipo en Tandil, y que el monto de la multa sería dictaminada por un juez.
“Salimos a los medios de comunicación cuando nos enteramos que el productor realizó una descarga aduciendo que no se había aplicado glifosato en la distancia que establece la ordenanza. Pero en la foto que tenemos como prueba, se ve claramente el pasto de la escuela y el del lote en cuestión, quemado”, manifestaron.
Y añadieron que el 27 de octubre, un vecino pasó por la escuela y se encontró con un mosquito a punto de fumigar el lote lindero.
“Le preguntó qué es lo que estaba por aplicar, ‘el glifo’, le dijo. Inmediatamente le exigió que cumpliera con la distancia establecida. El aplicador dijo desconocer tal distancia por lo que el vecino le pidió que se comunicara con su patrón, quien inmediatamente aceptó el pedido, y se excusó en un malentendido. El vecino le pidió al aplicador que le diera el número de teléfono del responsable del lote, con quien acababa de hablar. Se lo dio, pero nunca pudimos comunicarnos con él. El número estaba equivocado. Ese día este vecino sacó una foto a la receta agronómica que tenía el aplicador, era glifosato”, expusieron.
Y explicaron que “si luego de la inspección que realizaron el lunes 11 de noviembre, consideran que no se incumplió con la ordenanza, ya que no hay signos de aplicación de agroquímicos, es porque un vecino detuvo esa aplicación. ¿Pero qué hay de las anteriores? Porque nuestra denuncia data del 4 de octubre por fumigaciones anteriores”.
“Somos un grupo vecinos, padres y madres de niños y niñas preocupados por la salud de todos. Cada minuto que le dedicamos a estas cuestiones es tiempo que le restamos a nuestros trabajos, y familias. Pero entendemos que esto es importante, tenemos derecho a un ambiente sano y saludable”, manifestaron.
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Siguen fumigando escuelas en Buenos Aires
Preocupación de vecinos de La Porteña por la fumigación con glifosato a sólo un metro de la Escuela Primaria 33
Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
“La población de la escuela está en peligro”, advirtieron. Ya expusieron que “no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”. Consideran fundamental que se modifique la ordenanza municipal.
Vecinos del paraje La Porteña le manifestaron a El Eco de Tandil su preocupación por la fumigación con glifosato que se viene realizando hace tiempo en un campo situado a tan sólo un metro de la Escuela 33, situada en el kilómetros 122 de la Ruta 30. Asimismo, aseguraron que ellos como frentistas que residen en la zona temen por los efectos en la salud a largo plazo que puedan provocar los agroquímicos que se están utilizando en diversos espacios rurales de la zona. Buscan que se modifique la ordenanza municipal.
Silvia Gómez, una de las vecinas, explicó que si bien hay varios campos en la zona que están siendo fumigados y que sienten el olor a veneno, tienen especial preocupación por el que está situado lindante a la Escuela 33, ya que no hay ni un metro de distancia con el establecimiento educativo.
“Están los niños expuestos a los venenos. Si bien se fumiga en general los fines de semana, el veneno queda, así que estamos pidiendo que aunque sea se respeten los 150 metros de distancia respecto a las escuelas, que establece la ordenanza actual”, argumentó.
Por su lado, Lucía Mestre contó que con los vecinos se vienen reuniendo hace ya algunos meses preocupados por esta problemática, luego de que comenzaron a sentir olor a veneno y a padecer diversas enfermedades respiratorias, a las que no le encontraban sentido hasta que se empezaron a informar respecto al glifosato y su implicancia en la salud.
La ordenanza
Frente a ese panorama, presentaron una carta al Municipio firmada por más de 30 familias hace aproximadamente un mes, en la cual solicitaban que se cumpliera con la distancia establecida en la ordenanza vigente de 150 metros respecto a escuelas y 300 respecto a zona urbana.
De cualquier modo, en el caso de la Escuela 33, esa distancia no se está cumpliendo.
“Hicimos una nota, la firmamos los vecinos, la llevamos al Municipio, luego de unos días el director de Medioambiente se comunicó con nosotros para informarnos que había sido sancionado el dueño del lote lindero a la escuela, y que esa sanción la iba a dictaminar un juez. Hasta ahí fue, entre comillas, nuestra primera victoria, pero inmediatamente nos enteramos de que el arrendatario de este campo hizo un descargo en donde desconocía haber realizado un tratamiento con agroquímicos con glifosato”, expuso.
Y agregó que “nosotros tenemos fotos, y una situación muy testimonial de un vecino que el domingo de las elecciones pasó por acá, y vio el mosquito fumigando. El que lo manejaba le dijo que estaba por echar el glifo. Luego, se comunicaron con el dueño que dijo que iba a dejar la distancia correspondiente, pero a los dos días de la sanción desconoció el haber aplicado veneno”.
“Estamos en peligro”
“Cualquier persona que entiende sabe que el pasto está quemado, que está sembrado y esto es una receta, no hay mucha creatividad personal, se sabe que es abc cuando se echa fertilizante, así que estamos muy preocupados porque la población de la escuela está en peligro. Los vecinos también estamos en peligro, es un tema que nos convoca hace ya unos meses y empezamos a escuchar que en Gardey está sucediendo lo mismo, en De la Canal también y nos estamos empezando a organizar”, aseguró.
Remarcó que la problemática los desanima porque “del otro lado hay un ser muy poderoso, y nosotros somos familias normales que estamos preocupados por nuestra salud y la de nuestros hijos, la de los trabajadores de la educación que vienen a esta institución”.
Silvia Gómez recordó que hubo una presentación formal en el Concejo Deliberante a través de la Banca XXI, el 15 de agosto, a través de la doctora Graciela Canziani y un grupo de estudio, donde se pidió básicamente cambiar la regulación vigente, porque “150 metros es muy poco, en los fallos que están saliendo en distintos pueblos o ciudades por lo menos la distancia es de 1500 a 2 mil metros de escuelas”.
“Es pobre la ordenanza que tenemos, dentro de los 300 metros se permite igual usar banda azul dentro de los cual está el glifosato porque lo categorizan como levemente nocivo pero en realidad hay estudios que demuestran que es muy nocivo. Se hace esa ley a favor de la producción agroquímica”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que “están saliendo ordenanzas a 1500, 2 mil metros, incluso algunas ciudades han logrado hasta 5 mil metros. Nosotros estamos apoyando la presentación del anteproyecto que hizo Graciela Canziani, y vamos a seguir con acciones para ayudarnos mutuamente. Justamente el 20 de noviembre tenemos una reunión con vecinos de otros sectores de Tandil con la misma problemática como para aunar fuerzas, y apoyar esta ordenanza que ya se presentó”.
En cuanto a la sanción al campo lindero a la escuela, afirmó que “eso pasa a Fiscalización Vegetal que tiene que comprobar si se está fumigando o no y eso va a caer en un juez que decidirá multar o no. Hay otros campos de la zona que también fumigan; muchos dejaron de fumigarse por quejas de vecinos, pero quedan otros que es muy fuerte el veneno que se siente. Sin embargo, están de alguna manera cumpliendo con esa ordenanza pero tampoco nos sirve, por eso queremos que se modifique”.
Una situación muy grave
Lucia Mestre indicó que “estamos en un momento donde toda la provincia está tratando estas cuestiones, justamente porque las poblaciones se están expandiendo y estamos llegando a los límites con estos campos. Los riesgos son muchísimos. Días atrás falleció la directora de una escuela rural en San Antonio de Areco a causa de los agroquímicos, que si bien no hay estudios que lo aseveren pero la aparición de cáncer y enfermedades respiratorias en pueblos fumigados son comunes”.
“Nosotros mismos no nos explicábamos el malestar, resfríos prolongados, dolores de cabeza constantes, hasta que empezamos a levantar la vista y ver un mosquito acá, otro allá, y empezamos a asociar”, manifestó.
Por su lado, Sebastián Jodra planteó que “algunas de las afecciones a la salud no son inmediatas, entonces es difícil dimensionarlas, pero los nenes vienen día a día a la escuela y no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”.
“Hay fallos en otras localidades dando cuenta de la vinculación directa del uso de agroquímicos y los daños a la salud”, sostuvo.
Silvia Gómez adelantó que van a “insistir por una ordenanza mejor. El grupo de Graciela Canziani hizo pruebas en 15 escuelas rurales y en todas encontraron agrotóxicos”.
Sebastián Jodra consideró que “Tandil está quedando muy atrás en comparación con otros distritos de la provincia. En este caso es aberrante la situación porque es directamente contra el alambrado, no hay posibilidad de que las aulas que están a 10 metros del alambre no tengan presencia de estos pesticidas dañinos para la salud. En relación al dueño del campo y los aplicadores, lo que están haciendo es desmedido porque no pueden argumentar no conocer”.
Por último, Lucía Mestre sostuvo que “nuestra ordenanza es limitada pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó a favor de una distancia de mil metros lindantes a establecimiento escolares y viviendas, hay una contradicción entre la ordenanza municipal y la provincia”.
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Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
“La población de la escuela está en peligro”, advirtieron. Ya expusieron que “no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”. Consideran fundamental que se modifique la ordenanza municipal.
Vecinos del paraje La Porteña le manifestaron a El Eco de Tandil su preocupación por la fumigación con glifosato que se viene realizando hace tiempo en un campo situado a tan sólo un metro de la Escuela 33, situada en el kilómetros 122 de la Ruta 30. Asimismo, aseguraron que ellos como frentistas que residen en la zona temen por los efectos en la salud a largo plazo que puedan provocar los agroquímicos que se están utilizando en diversos espacios rurales de la zona. Buscan que se modifique la ordenanza municipal.
Silvia Gómez, una de las vecinas, explicó que si bien hay varios campos en la zona que están siendo fumigados y que sienten el olor a veneno, tienen especial preocupación por el que está situado lindante a la Escuela 33, ya que no hay ni un metro de distancia con el establecimiento educativo.
“Están los niños expuestos a los venenos. Si bien se fumiga en general los fines de semana, el veneno queda, así que estamos pidiendo que aunque sea se respeten los 150 metros de distancia respecto a las escuelas, que establece la ordenanza actual”, argumentó.
Por su lado, Lucía Mestre contó que con los vecinos se vienen reuniendo hace ya algunos meses preocupados por esta problemática, luego de que comenzaron a sentir olor a veneno y a padecer diversas enfermedades respiratorias, a las que no le encontraban sentido hasta que se empezaron a informar respecto al glifosato y su implicancia en la salud.
La ordenanza
Frente a ese panorama, presentaron una carta al Municipio firmada por más de 30 familias hace aproximadamente un mes, en la cual solicitaban que se cumpliera con la distancia establecida en la ordenanza vigente de 150 metros respecto a escuelas y 300 respecto a zona urbana.
De cualquier modo, en el caso de la Escuela 33, esa distancia no se está cumpliendo.
“Hicimos una nota, la firmamos los vecinos, la llevamos al Municipio, luego de unos días el director de Medioambiente se comunicó con nosotros para informarnos que había sido sancionado el dueño del lote lindero a la escuela, y que esa sanción la iba a dictaminar un juez. Hasta ahí fue, entre comillas, nuestra primera victoria, pero inmediatamente nos enteramos de que el arrendatario de este campo hizo un descargo en donde desconocía haber realizado un tratamiento con agroquímicos con glifosato”, expuso.
Y agregó que “nosotros tenemos fotos, y una situación muy testimonial de un vecino que el domingo de las elecciones pasó por acá, y vio el mosquito fumigando. El que lo manejaba le dijo que estaba por echar el glifo. Luego, se comunicaron con el dueño que dijo que iba a dejar la distancia correspondiente, pero a los dos días de la sanción desconoció el haber aplicado veneno”.
“Estamos en peligro”
“Cualquier persona que entiende sabe que el pasto está quemado, que está sembrado y esto es una receta, no hay mucha creatividad personal, se sabe que es abc cuando se echa fertilizante, así que estamos muy preocupados porque la población de la escuela está en peligro. Los vecinos también estamos en peligro, es un tema que nos convoca hace ya unos meses y empezamos a escuchar que en Gardey está sucediendo lo mismo, en De la Canal también y nos estamos empezando a organizar”, aseguró.
Remarcó que la problemática los desanima porque “del otro lado hay un ser muy poderoso, y nosotros somos familias normales que estamos preocupados por nuestra salud y la de nuestros hijos, la de los trabajadores de la educación que vienen a esta institución”.
Silvia Gómez recordó que hubo una presentación formal en el Concejo Deliberante a través de la Banca XXI, el 15 de agosto, a través de la doctora Graciela Canziani y un grupo de estudio, donde se pidió básicamente cambiar la regulación vigente, porque “150 metros es muy poco, en los fallos que están saliendo en distintos pueblos o ciudades por lo menos la distancia es de 1500 a 2 mil metros de escuelas”.
“Es pobre la ordenanza que tenemos, dentro de los 300 metros se permite igual usar banda azul dentro de los cual está el glifosato porque lo categorizan como levemente nocivo pero en realidad hay estudios que demuestran que es muy nocivo. Se hace esa ley a favor de la producción agroquímica”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que “están saliendo ordenanzas a 1500, 2 mil metros, incluso algunas ciudades han logrado hasta 5 mil metros. Nosotros estamos apoyando la presentación del anteproyecto que hizo Graciela Canziani, y vamos a seguir con acciones para ayudarnos mutuamente. Justamente el 20 de noviembre tenemos una reunión con vecinos de otros sectores de Tandil con la misma problemática como para aunar fuerzas, y apoyar esta ordenanza que ya se presentó”.
En cuanto a la sanción al campo lindero a la escuela, afirmó que “eso pasa a Fiscalización Vegetal que tiene que comprobar si se está fumigando o no y eso va a caer en un juez que decidirá multar o no. Hay otros campos de la zona que también fumigan; muchos dejaron de fumigarse por quejas de vecinos, pero quedan otros que es muy fuerte el veneno que se siente. Sin embargo, están de alguna manera cumpliendo con esa ordenanza pero tampoco nos sirve, por eso queremos que se modifique”.
Una situación muy grave
Lucia Mestre indicó que “estamos en un momento donde toda la provincia está tratando estas cuestiones, justamente porque las poblaciones se están expandiendo y estamos llegando a los límites con estos campos. Los riesgos son muchísimos. Días atrás falleció la directora de una escuela rural en San Antonio de Areco a causa de los agroquímicos, que si bien no hay estudios que lo aseveren pero la aparición de cáncer y enfermedades respiratorias en pueblos fumigados son comunes”.
“Nosotros mismos no nos explicábamos el malestar, resfríos prolongados, dolores de cabeza constantes, hasta que empezamos a levantar la vista y ver un mosquito acá, otro allá, y empezamos a asociar”, manifestó.
Por su lado, Sebastián Jodra planteó que “algunas de las afecciones a la salud no son inmediatas, entonces es difícil dimensionarlas, pero los nenes vienen día a día a la escuela y no sabemos qué va a pasar con nuestros chicos de acá a 10 años, qué afecciones a la salud pueden llegar a tener, entonces la situación es muy grave”.
“Hay fallos en otras localidades dando cuenta de la vinculación directa del uso de agroquímicos y los daños a la salud”, sostuvo.
Silvia Gómez adelantó que van a “insistir por una ordenanza mejor. El grupo de Graciela Canziani hizo pruebas en 15 escuelas rurales y en todas encontraron agrotóxicos”.
Sebastián Jodra consideró que “Tandil está quedando muy atrás en comparación con otros distritos de la provincia. En este caso es aberrante la situación porque es directamente contra el alambrado, no hay posibilidad de que las aulas que están a 10 metros del alambre no tengan presencia de estos pesticidas dañinos para la salud. En relación al dueño del campo y los aplicadores, lo que están haciendo es desmedido porque no pueden argumentar no conocer”.
Por último, Lucía Mestre sostuvo que “nuestra ordenanza es limitada pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó a favor de una distancia de mil metros lindantes a establecimiento escolares y viviendas, hay una contradicción entre la ordenanza municipal y la provincia”.
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Córdoba en emergencia forestal
Emergencia Forestal: Córdoba ya perdió más del 95% de su bosque nativo
Fecha de Publicación: 04/11/2019
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Entre 2001 y 2018, pese a la legislación vigente sobre medioambiente, la provincia perdió 131 mil hectáreas de cobertura arbórea. Río Primero, Río Seco, Ischilín, Roque Sáenz Peña y Unión, representan el 56% de esas pérdidas.
“Qué linda esta plantita”, dice y la arranca de raíz con cuidado. La mete en una bolsa con tierra húmeda y la aromática, tras la caída del sol, viaja entre los bártulos con algún destino lejos del espacio nativo. La escena sobre la “Minthostachys verticillata”, conocida como peperina, es algo usual entre los visitantes de las sierras. Fascina el paisaje, la sombra, los mates con ese yuyito de aroma cordobés, pero cuesta proyectar cuánto de lo que nos rodea una tarde de verano en la sierras, va desapareciendo como la peperina.
A comienzos del siglo pasado Córdoba tenía cerca de 12 millones de hectáreas de bosques nativos originales. De ese total, hasta las mediciones hechas por el grupo de investigación liderado por Marcelo Zak y Marcelo Cabido, en el año 2000 determinó que en la provincia los bosques nativos ocupan solo un 3,6%. Es decir, solo unas 594 mil hectárea. La emergencia forestal no es un eufemismo del futuro, es ya tierra arrasada.
900 hectáreas de bosque nativo en 2018
En este siglo, entre 2001 y 2018, cuando más se sancionó legislación sobre la protección del medioambiente, la provincia perdió 131 mil hectáreas de cobertura arbórea. Durante este período, según registros de la organización internacional Global Forest Watch, Río Primero, Río Seco, Ischilín, Roque Sáenz Peña y Unión representaron el 56% de todas esas pérdidas, siendo Río Primero, el departamento más afectado.
Durante 2018, Córdoba perdió 889 hectáreas de bosque nativo. Con intensidad, como fue previo a la sanción de la Ley de Bosques, o a cuentagotas, como pasa ahora en la ilegalidad, el desmonte en la provincia avanza sigiloso.
“Entre los distintos momentos históricos de poblamiento, Córdoba perdió millones de hectáreas de ecosistemas naturales, tanto de bosques, como pastizales y humedales. La deforestación en los últimos 100 años, fue uno de los ejes, y el modelo basado en agroquímos intensificó el impacto, tanto en el medio natural que soporta esta producción, como en la salud de la cantidad de poblaciones relacionadas a esos sistemas agropecuarios”, dice el biólogo e investigador Cristian Schneider, quien también es miembro de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.
Factores de la destrucción
Según consigna la plataforma Montes de Córdoba, los factores que destruyen el bosque nativo son los incendios, la invasión de plantas exóticas, el crecimiento urbano, y el avance de las fronteras agropecuarias. Este último, es el que más incidió en la gran pérdida de los ecosistemas locales.
Se trata de un fenómeno que se dio principalmente a partir de la introducción del modelo agroindustrial con utilización de transgénicos. La soja desde la década del 90, por ejemplo, hizo que Córdoba se transformara.
Las zonas al sureste de la provincia comenzaron a tener cada vez más cultivo. Y eso generó una presión sobre el área norte de la provincia. Los sectores ganaderos se fueron moviendo hacia el norte, y esos corrimientos de las fronteras agropecuarias, como se suele llamar, generó una presión sobre esa zona. Desde Río primero hacia el norte hubo grandes deforestaciones.
Si se mira hacia el sureste de Córdoba, esta es un área donde se hacen cultivos hace más de 40 años donde habitan localidades sumamente pobladas que no tienen ningún porcentaje de bosque alrededor. Allí también se presenta una situación grave donde los cultivos extremadamente cerca de esas poblaciones, utilizan grandes cantidades de agroquímicos y no tienen protecciones forestales cerca de la ciudad.
En lo local, para Schneider hay una discusión de fondo que se tiene que dar sobre cómo se está encarando el desarrollo, las formas de vida y producción que demanda la ciudadanía en Córdoba. “Eso no significa que se tiene que producir de acuerdo a los códigos de este modelo basado siempre en el beneficio económico, más que en responder a determinadas necesidades de la población y generar modos sanos, y equilibrados de producción”, explica y agrega: “No hay que destruir lo que en realidad está dando oportunidad de producir”.
Una estructura que no termina en el suelo
El imaginario social muchas veces plantea que el bosque está solo representado por árboles, pero una cuestión importante a resaltar es que en realidad se trata de una estructura compleja, no es solo de árboles. Este punto no es menor a la hora de definir lo que se entiende por bosque nativo, sobre todo si se piensa cómo se define el mismo en las leyes sancionadas para su protección.
“Si uno define que en un bosque nativo solo se tiene que proteger árboles, eso deja fuera de la ley o desprotegidos, un montón de otras estructuras que también son importantes para el funcionamiento de los ecosistemas”, dice a este medio, el científico Lisandro Agost, que trabaja en el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables dependiente de la UNC y estudió durante años, el cambio de cobertura arbórea de Córdoba.
Si bien se piensa que los bosques nativos están constituidos solo por árboles, por ejemplo, en la Pampa de Achala que está formada por pastizales de altura, eso también parte de una cobertura boscosa nativa. “Un bosque está constituido por muchos estratos, están los árboles, arbustos, las enredaderas, las herbáceas, los pastos, y después tenés toda la estructura que está por debajo, un bosque no termina en el suelo, es decir, donde empieza a surgir la vegetación sino que por debajo del suelo están las raíces, y una cantidad de microorganismos constituyen también parte de un bosque nativo”, explica Agost.
Es por ello que si uno hace un corte de suelo en un monocultivo de soja, probablemente, encuentre muchos menos biodiversidad en las capas de tierra, en cambio "en un bosque nativo, los árboles pueden tener raíces tres veces más largas de lo que se ve por arriba, es decir, si un árbol tiene cinco metros, las raíces pueden llegar hasta más de 15 metros y conectarse en distancias muy grandes”, dice el investigador.
Tener claro este punto, hace cambiar la percepción de lo que se tiene que preservar en el territorio.
Sin implementación, no hay bosque nativo
La pérdida de los servicios ecosistémicos que prestan los bosques nativos a la sociedad, fue motivo de preocupación a nivel internacional desde los años setenta, por lo que la conservación y enriquecimiento de los bosques está incluida en la agenda ambiental internacional desde hace cinco décadas y ahora vuelve a alzar la voz bajo los planteos de miles de jóvenes alrededor del mundo, que demandan medidas concretas para atender la emergencia ambiental.
En el 2007 se sancionó la ley nacional 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” que fue reglamentada en 2009. En 2010, con algunas controversias por su alcance, Córdoba sancionó la ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y su decreto reglamentario 170/2011.
Anteriormente, la ley provincial 9.219 de 2005 y el decreto 10/2005 prohibieron el desmonte total dejando establecidos los términos de referencia para las intervenciones en bosques nativos. A esto se suma la Ley Agroforestal 10.467 y este año, la Unicameral provincial también le hizo lugar a la Ley de Agricultura Familiar. Sin embargo, desde 1990, Argentina es uno de los diez países que más desmontes sufrió a nivel mundial hasta el 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Juguetes del capitalismo
“Queda claro que la ley puede tener un discurso muy bonito, incluso si para sancionarla hubo participación y voces de distintos sectores, que no sucede muy seguido, pero es sabido que el capitalismo te da una herramienta pero es al mismo tiempo un juguete vacío y tenemos que estar atentos a no caer. La legislación actual a veces no se cumple por omisión del Gobierno, eso es terrible y es así cómo muchos colectivos llegan a judicializar la ausencia del Estado”, indica Schneider y agrega que más allá de la barrera de financiamiento que muchas veces argumenta el Estado, “hay una ausencia de esa intención de que la agenda política sea cierta, respecto a la política ambiental”.
“Hay un desinterés porque no hay intención de poder regular lo que significa la enorme presión que generan intereses económicos particulares en estos ecosistemas. Y contra eso no hay financiamiento que valga porque la Provincia puede recibir un montón de dinero y no destinarlo para lo que tiene que hacer, sino que no tiene interés en hacerlo”, explica el biólogo, para quien a la hora plantear soluciones a la emergencia ambiental, no puede haber pocas voces que se arroguen determinado conocimientos y visión particular de las medidas que hay que implementar.
“Tiene que haber procesos de trabajo en el territorio, no solo de diagnóstico sino a nivel de decisión donde se den estas participaciones en función de tener en claro que en otras escalas están ocurriendo cosas similares y la sumatoria de problemáticas y necesidades hace que el panorama sea bastante crítico, duro a nivel de lo que significa la crisis ambiental”, puntualiza Schneider.
En esa línea, Lisandro Agost, aporta que la irreversibilidad respecto a la situación de los bosques nativos, tiene que ver con que las políticas de Estado tengan un control constante y continuo para decidir que ciertas áreas sean de agricultura o de urbanización y los bosques sean protegidos, y ciertas zonas sean restauradas.
“Si hay predisposición, tiempo, inversión estatal, y se fomentan las investigaciones, se puede volver a un punto de reversibilidad del estado actual de la provincia”, dice y amplía: “Poniendo en perspectiva, en Córdoba tenemos menos del 3% de bosque nativo -considerando que desde los últimos registros, el desmonte avaza- y eso es una situación crítica frente a un contexto mundial de cambio climático global”.
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Un modelo rural para alimentar a pocos
Glifosato: un modelo que se intensifica en la explotación de los recursos naturales
Fecha de Publicación: 02/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura arrojan que el sistema alimentario agroindustrial solamente alimenta a un 30% de la población del mundo y utiliza la mayoría de tierras, agua y combustibles disponibles. La agricultura industrial utiliza el 75-80% de la tierra arable y el 70% de agua de uso agrícola. Sin embargo, el 70% de la población mundial se alimenta por los pequeños productores que no disponen de la mayoría de la biotecnología.
Una de las ventajas de la siembra tradicional era que al utilizar distintas alternativas evitaba que las malezas desarrollaran resistencia a los productos. Al unificarse el uso exclusivo del glifosato se generaron biotipos, primero tolerantes que requirieron aumentar la cantidad de producto y luego resistentes. Convirtiéndose en un circuito de producción que se intensifica en el uso de los recursos naturales. Con una relación insumo-producto ineficiente, consume mucha energía en su ciclo y hace un uso desmedido de agroquímicos y fertilizantes.
Inicialmente la parcela a sembrar debe ser deforestada. La deforestación reduce las materias orgánicas del suelo, dando una erosión con pérdida de la capacidad de retención del agua. Lo que genera inundaciones de cuencas, como se ha visto a lo largo de estos años en el país. Posteriormente la aplicación del glifosato en los suelos produce la esterilización de la tierra debido a la desaparición de bacterias. Vuelve inerte a la tierra y necesitada de fertilizantes ya que impide el proceso de descomposición natural.
Los fertilizantes requieren un gran uso de energía para su fabricación. Su elaboración produce el 2% de emisiones de gases de efecto invernadero, sumadas a las emisiones que se generan cuando son aplicados al suelo, que es aún mayor. Cada 100 kilos de fertilizantes nitrogenados que se aplican al suelo, 1 kilo termina en la atmósfera como óxido nitroso, un gas 300 veces más potente que el dióxido de carbono como gas con efecto invernadero.
En los últimos años la oferta de fertilizantes nitrogenados producidos a partir de gas natural comenzó a crecer y el proceso por el que se extrae el gas natural dependerá cada vez en mayor medida del fracking o fractura hidráulica.
El fracking pierde 60% más de gas metano que los pozos convencionales de extracción, y resulta de mayor efecto invernadero que el dióxido de carbono.
Al aumentar cada vez más la dependencia de la agricultura a los fertilizantes químicos derivados de combustibles fósiles, junto con la reciente aparición de los biocombustibles líquidos para el transporte derivados de cultivos agrícolas se han reafirmado los vínculos entre los mercados de productos agrícolas y los de productos energéticos.
Aunque se intente instalar en el imaginario social que es necesaria la forma de producción agroindustrial dependiente de la tecnología semilla transgénica-plaguicida para abastecer al mundo, no hay una sola hectárea de transgénicos que dé de comer a una de las tres mil millones de personas con hambre.
Los alimentos se han convertido en monocultivos de soja y maíz, de los cuales la mitad de su producción se la usa para alimentar animales y el resto para biocombustibles.
El biodiesel y el bioetanol, son los dos combustibles fabricados a partir de los cultivos de maíz, soja y girasol. La palabra biocombustible genera confusión porque dota al término de connotaciones positivas que no tiene. El prefijo “bio” se utiliza para los casos en que la producción es ecológica. Lo correcto es denominarlos agro-combustibles, ya que su producción a gran escala genera un impacto ambiental y social nocivo.
La producción de los agrocombustibles entra en competencia con la de los alimentos, en cuanto a la demanda de tierras para cultivos, lo que provoca una suba en el precio que incide en la composición de la canasta básica.
La ganadería que siempre había sido practicada en rotación con la agricultura, fue desplazada hacia otros territorios con ecosistemas más frágiles. La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial en feedlots, con graves impactos ambientales y sanitarios.
El crecimiento de las tecnologías no ha sido acompañado del conocimiento de todas sus implicancias e impactos, pero las tecnologías igual llegaron al mercado por su supuesta mayor eficiencia. El desafío actual es el de conseguir un verdadero crecimiento proveniente de una economía sostenible con el medio ambiente y la salud.
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Fecha de Publicación: 02/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura arrojan que el sistema alimentario agroindustrial solamente alimenta a un 30% de la población del mundo y utiliza la mayoría de tierras, agua y combustibles disponibles. La agricultura industrial utiliza el 75-80% de la tierra arable y el 70% de agua de uso agrícola. Sin embargo, el 70% de la población mundial se alimenta por los pequeños productores que no disponen de la mayoría de la biotecnología.
Una de las ventajas de la siembra tradicional era que al utilizar distintas alternativas evitaba que las malezas desarrollaran resistencia a los productos. Al unificarse el uso exclusivo del glifosato se generaron biotipos, primero tolerantes que requirieron aumentar la cantidad de producto y luego resistentes. Convirtiéndose en un circuito de producción que se intensifica en el uso de los recursos naturales. Con una relación insumo-producto ineficiente, consume mucha energía en su ciclo y hace un uso desmedido de agroquímicos y fertilizantes.
Inicialmente la parcela a sembrar debe ser deforestada. La deforestación reduce las materias orgánicas del suelo, dando una erosión con pérdida de la capacidad de retención del agua. Lo que genera inundaciones de cuencas, como se ha visto a lo largo de estos años en el país. Posteriormente la aplicación del glifosato en los suelos produce la esterilización de la tierra debido a la desaparición de bacterias. Vuelve inerte a la tierra y necesitada de fertilizantes ya que impide el proceso de descomposición natural.
Los fertilizantes requieren un gran uso de energía para su fabricación. Su elaboración produce el 2% de emisiones de gases de efecto invernadero, sumadas a las emisiones que se generan cuando son aplicados al suelo, que es aún mayor. Cada 100 kilos de fertilizantes nitrogenados que se aplican al suelo, 1 kilo termina en la atmósfera como óxido nitroso, un gas 300 veces más potente que el dióxido de carbono como gas con efecto invernadero.
En los últimos años la oferta de fertilizantes nitrogenados producidos a partir de gas natural comenzó a crecer y el proceso por el que se extrae el gas natural dependerá cada vez en mayor medida del fracking o fractura hidráulica.
El fracking pierde 60% más de gas metano que los pozos convencionales de extracción, y resulta de mayor efecto invernadero que el dióxido de carbono.
Al aumentar cada vez más la dependencia de la agricultura a los fertilizantes químicos derivados de combustibles fósiles, junto con la reciente aparición de los biocombustibles líquidos para el transporte derivados de cultivos agrícolas se han reafirmado los vínculos entre los mercados de productos agrícolas y los de productos energéticos.
Aunque se intente instalar en el imaginario social que es necesaria la forma de producción agroindustrial dependiente de la tecnología semilla transgénica-plaguicida para abastecer al mundo, no hay una sola hectárea de transgénicos que dé de comer a una de las tres mil millones de personas con hambre.
Los alimentos se han convertido en monocultivos de soja y maíz, de los cuales la mitad de su producción se la usa para alimentar animales y el resto para biocombustibles.
El biodiesel y el bioetanol, son los dos combustibles fabricados a partir de los cultivos de maíz, soja y girasol. La palabra biocombustible genera confusión porque dota al término de connotaciones positivas que no tiene. El prefijo “bio” se utiliza para los casos en que la producción es ecológica. Lo correcto es denominarlos agro-combustibles, ya que su producción a gran escala genera un impacto ambiental y social nocivo.
La producción de los agrocombustibles entra en competencia con la de los alimentos, en cuanto a la demanda de tierras para cultivos, lo que provoca una suba en el precio que incide en la composición de la canasta básica.
La ganadería que siempre había sido practicada en rotación con la agricultura, fue desplazada hacia otros territorios con ecosistemas más frágiles. La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial en feedlots, con graves impactos ambientales y sanitarios.
El crecimiento de las tecnologías no ha sido acompañado del conocimiento de todas sus implicancias e impactos, pero las tecnologías igual llegaron al mercado por su supuesta mayor eficiencia. El desafío actual es el de conseguir un verdadero crecimiento proveniente de una economía sostenible con el medio ambiente y la salud.
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Agroquímicos: justicia procesa a productores de Pergamino
Procesan a tres productores de Pergamino por contaminar con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia los considera penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente, generando graves problemas de salud en poblaciones cercanas a sus campo por la utilización de productos tóxicos.
Sabrina Ortiz ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida agrícola que actúa por contacto) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija adolescente, según el último análisis, tiene niveles de glifosato cien veces mayor de lo aconsejable para su peso. El hijo menor, de apenas siete años, ostenta el récord familiar: el glifosato que recorre su organismo es 120 veces más de lo inofensivo para su edad.
Desde 2011, Ortiz -hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino-viene denunciando las fumigaciones (además le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a dejar su casa) que derivaron, primero, en el fallo de un juez federal que suspendió la aplicación de agroquímicos en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, desde este martes, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
En el marco de la causa por las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida de Pergamino, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, ponderó la información aportada por un comité científico -integrado, entre otros, por investigadores del Conicet, especialistas en derivas y agroecología y médicos- y procesó sin prisión preventiva a tres productores rurales por considerarlos a "prima facie" coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno por tres millones de pesos.
Villafuerte Ruzo había ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en aquellos barrios luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice la provisión de agua potable".
En abril de este año, y luego de que el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuviera que "el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios”, los peritos de la Corte Suprema ratificaron que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida “no era apta para consumo humano”, luego de constatar la presencia de 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos.
Además del proceso y embargo a los productores, la justicia confirmó para la próxima semana la indagatoria a dos funcionarios del municipio de Pergamino, quienes se desempeñaban en la Dirección de Ambiente Rural, área encargada de realizar el control de las fumigaciones.
El mes pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 mil, de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia los considera penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente, generando graves problemas de salud en poblaciones cercanas a sus campo por la utilización de productos tóxicos.
Sabrina Ortiz ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida agrícola que actúa por contacto) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija adolescente, según el último análisis, tiene niveles de glifosato cien veces mayor de lo aconsejable para su peso. El hijo menor, de apenas siete años, ostenta el récord familiar: el glifosato que recorre su organismo es 120 veces más de lo inofensivo para su edad.
Desde 2011, Ortiz -hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino-viene denunciando las fumigaciones (además le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a dejar su casa) que derivaron, primero, en el fallo de un juez federal que suspendió la aplicación de agroquímicos en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, desde este martes, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
En el marco de la causa por las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida de Pergamino, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, ponderó la información aportada por un comité científico -integrado, entre otros, por investigadores del Conicet, especialistas en derivas y agroecología y médicos- y procesó sin prisión preventiva a tres productores rurales por considerarlos a "prima facie" coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno por tres millones de pesos.
Villafuerte Ruzo había ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en aquellos barrios luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice la provisión de agua potable".
En abril de este año, y luego de que el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuviera que "el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios”, los peritos de la Corte Suprema ratificaron que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida “no era apta para consumo humano”, luego de constatar la presencia de 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos.
Además del proceso y embargo a los productores, la justicia confirmó para la próxima semana la indagatoria a dos funcionarios del municipio de Pergamino, quienes se desempeñaban en la Dirección de Ambiente Rural, área encargada de realizar el control de las fumigaciones.
El mes pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 mil, de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Antes de irse, apuran la Ley Monsanto
Diputados: buscarán tratar la ley de semillas antes que se caiga el proyecto
Fecha de Publicación: 31/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo en la Cámara de Diputados intentará que el proyecto para modificar la actual ley de semillas pueda tratarse en el recinto de ese cuerpo legislativo y evitar que se caiga, algo que en lo formal podría ocurrir a fin de año si no hay un avance.
Si bien por ahora tras las elecciones del domingo pasado no hay una fecha concreta para sesiones en Diputados, Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, dijo a LA NACION que el oficialismo está detrás ese objetivo para semillas.
En noviembre de 2018, Cambiemos, en una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, logró emitir un dictamen para modificar la ley vigente desde 1973, sancionada cuando no existía la biotecnología agrícola y la soja apenas se sembraba en unas 400.000 hectáreas en todo el país, lejos de los 18 millones de hectáreas actuales.
Esa ley permite el uso propio gratuito, el derecho de los productores de guardarse parte de su cosecha de soja o trigo para usar como semilla en la siguiente campaña agrícola.
El dictamen de noviembre de 2018 hace una restricción del uso propio e introduce un pago por ello en favor de las empresas obtentoras de los productos. Deja afuera del pago a pueblos originarios, miembros de la agricultura familiar y los pequeños productores con una facturación hoy no superior a $10 millones.
Para el caso de los que tienen que pagar señala que las empresas deben establecer por cinco años el valor de la regalía que quieren cobrar, agotando todos los derechos en la semilla, y contempla que se pueda deducir de Ganancias la compra de semilla fiscalizada.
Los bloques opositores estuvieron en la reunión por el dictamen, pero no lo acompañaron. Este año hubo tres intentos para meter el tema en las pocas sesiones ordinarias que hubo en la Cámara, pero no fue posible por cambios de posturas en el peronismo que iba a acompañar. Además, el año electoral hizo que se registren muy pocas reuniones formales en la cámara.
Según el artículo primero de la ley 13.460 sobre la tramitación de asuntos en el Parlamento, "todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, se tendrá por caducado". Luego indica que solo si hubo sanción en una de las cámaras se puede prorrogar un año más.
"La voluntad política (del oficialismo) sigue para llegar a un acuerdo. Estamos preparados para llevar el proyecto al tratamiento y con la voluntad para aceptar modificaciones que sean necesarias. Lo podemos tratar ahora, si hay extraordinarias o con la nueva cámara (en este caso se tendría que hacer una ratificación del proyecto)", indicó Benedetti.
De esta manera, el diputado nacional por Juntos por el Cambio ratificó el interés del oficialismo de que el proyecto se trate.
En agosto pasado, el Gobierno amagó con un decreto presidencial para modificar la ley de semillas ante las demoras en el Congreso. Dio marcha atrás ante algunas objeciones de entidades de productores y de la industria semillera.
Tras el fallido decreto, hace unas semanas en plena campaña el presidente Mauricio Macri prometió una ley para actualizar semillas.
Benedetti se refirió precisamente a que en el país se demore más el tratamiento de este tema. "Hay una profunda inequidad mientras más nos demoremos; hay una sola empresa que cobra por el derecho del uso propio. Monsanto cobra sobre el uso propio con una condición dominante", apuntó el legislador.
Vale recordar que Monsanto, comprada por la alemana Bayer, lanzó en el país una soja resistente a insectos y comenzó a cobrar un canon por esa tecnología. En un tiempo hizo controles propios en los puertos hasta que una resolución oficial determinó que solo el Instituto Nacional de Semillas (Inase) puede realizar controles.
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Fecha de Publicación: 31/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo en la Cámara de Diputados intentará que el proyecto para modificar la actual ley de semillas pueda tratarse en el recinto de ese cuerpo legislativo y evitar que se caiga, algo que en lo formal podría ocurrir a fin de año si no hay un avance.
Si bien por ahora tras las elecciones del domingo pasado no hay una fecha concreta para sesiones en Diputados, Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, dijo a LA NACION que el oficialismo está detrás ese objetivo para semillas.
En noviembre de 2018, Cambiemos, en una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, logró emitir un dictamen para modificar la ley vigente desde 1973, sancionada cuando no existía la biotecnología agrícola y la soja apenas se sembraba en unas 400.000 hectáreas en todo el país, lejos de los 18 millones de hectáreas actuales.
Esa ley permite el uso propio gratuito, el derecho de los productores de guardarse parte de su cosecha de soja o trigo para usar como semilla en la siguiente campaña agrícola.
El dictamen de noviembre de 2018 hace una restricción del uso propio e introduce un pago por ello en favor de las empresas obtentoras de los productos. Deja afuera del pago a pueblos originarios, miembros de la agricultura familiar y los pequeños productores con una facturación hoy no superior a $10 millones.
Para el caso de los que tienen que pagar señala que las empresas deben establecer por cinco años el valor de la regalía que quieren cobrar, agotando todos los derechos en la semilla, y contempla que se pueda deducir de Ganancias la compra de semilla fiscalizada.
Los bloques opositores estuvieron en la reunión por el dictamen, pero no lo acompañaron. Este año hubo tres intentos para meter el tema en las pocas sesiones ordinarias que hubo en la Cámara, pero no fue posible por cambios de posturas en el peronismo que iba a acompañar. Además, el año electoral hizo que se registren muy pocas reuniones formales en la cámara.
Según el artículo primero de la ley 13.460 sobre la tramitación de asuntos en el Parlamento, "todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, se tendrá por caducado". Luego indica que solo si hubo sanción en una de las cámaras se puede prorrogar un año más.
"La voluntad política (del oficialismo) sigue para llegar a un acuerdo. Estamos preparados para llevar el proyecto al tratamiento y con la voluntad para aceptar modificaciones que sean necesarias. Lo podemos tratar ahora, si hay extraordinarias o con la nueva cámara (en este caso se tendría que hacer una ratificación del proyecto)", indicó Benedetti.
De esta manera, el diputado nacional por Juntos por el Cambio ratificó el interés del oficialismo de que el proyecto se trate.
En agosto pasado, el Gobierno amagó con un decreto presidencial para modificar la ley de semillas ante las demoras en el Congreso. Dio marcha atrás ante algunas objeciones de entidades de productores y de la industria semillera.
Tras el fallido decreto, hace unas semanas en plena campaña el presidente Mauricio Macri prometió una ley para actualizar semillas.
Benedetti se refirió precisamente a que en el país se demore más el tratamiento de este tema. "Hay una profunda inequidad mientras más nos demoremos; hay una sola empresa que cobra por el derecho del uso propio. Monsanto cobra sobre el uso propio con una condición dominante", apuntó el legislador.
Vale recordar que Monsanto, comprada por la alemana Bayer, lanzó en el país una soja resistente a insectos y comenzó a cobrar un canon por esa tecnología. En un tiempo hizo controles propios en los puertos hasta que una resolución oficial determinó que solo el Instituto Nacional de Semillas (Inase) puede realizar controles.
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Justicia entrerriana habilita fumigar cerca de escuelas
La Justicia falló a favor del decreto del gobierno entrerriano que organiza la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 30/10/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
La decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia entrerriano reconoce los límites para las pulverizaciones que dispuso la provincia y deja sin efecto el fallo anterior que había establecido una zona de exclusión de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres alrededor una escuela.
En un fallo unánime, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fallaron a favor del decreto del gobierno entrerriano que en agosto organizó la aplicación de agroquímicos en la provincia, luego de un fallo que fijó una zona de exclusión de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas alrededor de una escuela rural.
Los productores de Entre Ríos llevan meses protestando contra ese fallo judicial que se inició por un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Angmer). Argumentaron que la aplicación de esa disposición judicial dejaba fuera de producción más de 300.000 hectáreas; una superficie equiparable a toda el área que se siembra con trigo en la provincia.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hay una salvedad importante: se deberá calcula la zona en la que las aplicaciones están restringidas a partir del límite del establecimiento y no desde el casco de la escuela.
El decreto 2.230 establece límites concretos para las pulverizaciones.
Aplicaciones terrestres:
- Hay una zona de exclusio´n desde el límite de la escuela hasta un radio de 150 metros.
- Entre los 150 y los 600 metros, se permite solamente el uso de los productos grupo o clase III y IV (segu´n la clasificacio´n Senasa).
- De los 600 metros en adelante se pueden aplicar otros productos, siempre que estén aprobados por el Senasa.
Aplicaciones aéreas:
- Hay una zona de exclusión total de las aplicaciones de agroquímicos de 500 metros alrededor de una escuela.
- Desde 500 metros a 3.500 metros sólo se puede pulverizar con productos de los grupos III y IV.
- A partir de los 3.500 metros están permitidos todos los productos aprobados por el Senasa.
En diálogo con Clarín Rural, Mariela Gallinger, referente de la filial de Crespo de Federación Agraria, destacó que los jueces comprendieron las graves consecuencias sociales que implicaba el fallo anterior y dijo que también fue muy importante la movilización de los productores para que se comprenda el reclamo.
“Ahora queremos que el gobierno entrerriano reúna a todas las partes para avanzar y consensuar políticas de estado, como lo ha hecho Córdoba, en la gestión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el uso de los fitosanitarios. Sigo apostando a tender puentes de diálogo”, insistió Gallinger.
Andrés Domínguez, docente de Derecho de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de la Plata, analizó el fallo desde el punto jurídico. “Un elemento novedoso es que, sin dejar de lado un ápice de las normativas ambientales y ni bajar de rango los principios que se pretenden preservar, da cuerpo a otro enfoque sobre el rol que debe tener el Poder Judicial a la hora de actuar y fallar en casos ambientales”, explicó.
En su visión, se abre una puerta de solucio´n más duradera al conflicto, con un enfoque de avances progresivos, que tiene en cuenta la visio´n de todas las partes, intentando no dejar de lado la informacio´n científica ni el cuidado ambiental.
Pero también reconoció que no descarta la posibilidad de otros “fallos restrictivos hacia el futuro en Entre Ri´os y en otras jurisdicciones o bien en la esfera nacional”.
Este martes, los productores entregarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet para que convoque a los ambientalistas, agricultores, ingenieros agrónomos y científicos para que se puede avanzar en políticas de fondo en todo lo que tiene que ver con la producción sustentable y que respete el ambiente.
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Fecha de Publicación: 30/10/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
La decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia entrerriano reconoce los límites para las pulverizaciones que dispuso la provincia y deja sin efecto el fallo anterior que había establecido una zona de exclusión de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres alrededor una escuela.
En un fallo unánime, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fallaron a favor del decreto del gobierno entrerriano que en agosto organizó la aplicación de agroquímicos en la provincia, luego de un fallo que fijó una zona de exclusión de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas alrededor de una escuela rural.
Los productores de Entre Ríos llevan meses protestando contra ese fallo judicial que se inició por un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Angmer). Argumentaron que la aplicación de esa disposición judicial dejaba fuera de producción más de 300.000 hectáreas; una superficie equiparable a toda el área que se siembra con trigo en la provincia.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hay una salvedad importante: se deberá calcula la zona en la que las aplicaciones están restringidas a partir del límite del establecimiento y no desde el casco de la escuela.
El decreto 2.230 establece límites concretos para las pulverizaciones.
Aplicaciones terrestres:
- Hay una zona de exclusio´n desde el límite de la escuela hasta un radio de 150 metros.
- Entre los 150 y los 600 metros, se permite solamente el uso de los productos grupo o clase III y IV (segu´n la clasificacio´n Senasa).
- De los 600 metros en adelante se pueden aplicar otros productos, siempre que estén aprobados por el Senasa.
Aplicaciones aéreas:
- Hay una zona de exclusión total de las aplicaciones de agroquímicos de 500 metros alrededor de una escuela.
- Desde 500 metros a 3.500 metros sólo se puede pulverizar con productos de los grupos III y IV.
- A partir de los 3.500 metros están permitidos todos los productos aprobados por el Senasa.
En diálogo con Clarín Rural, Mariela Gallinger, referente de la filial de Crespo de Federación Agraria, destacó que los jueces comprendieron las graves consecuencias sociales que implicaba el fallo anterior y dijo que también fue muy importante la movilización de los productores para que se comprenda el reclamo.
“Ahora queremos que el gobierno entrerriano reúna a todas las partes para avanzar y consensuar políticas de estado, como lo ha hecho Córdoba, en la gestión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el uso de los fitosanitarios. Sigo apostando a tender puentes de diálogo”, insistió Gallinger.
Andrés Domínguez, docente de Derecho de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de la Plata, analizó el fallo desde el punto jurídico. “Un elemento novedoso es que, sin dejar de lado un ápice de las normativas ambientales y ni bajar de rango los principios que se pretenden preservar, da cuerpo a otro enfoque sobre el rol que debe tener el Poder Judicial a la hora de actuar y fallar en casos ambientales”, explicó.
En su visión, se abre una puerta de solucio´n más duradera al conflicto, con un enfoque de avances progresivos, que tiene en cuenta la visio´n de todas las partes, intentando no dejar de lado la informacio´n científica ni el cuidado ambiental.
Pero también reconoció que no descarta la posibilidad de otros “fallos restrictivos hacia el futuro en Entre Ri´os y en otras jurisdicciones o bien en la esfera nacional”.
Este martes, los productores entregarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet para que convoque a los ambientalistas, agricultores, ingenieros agrónomos y científicos para que se puede avanzar en políticas de fondo en todo lo que tiene que ver con la producción sustentable y que respete el ambiente.
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Misiones optó por no sembrar soja
Misiones decidió proteger su biodiversidad y no plantar soja como hacen otras provincias
Fecha de Publicación: 28/10/2019
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Lo señaló el Asesor en Relaciones Internacionales del Gobierno de Misiones, Patricio Lombardi, en declaraciones exclusivas a C6Digital desde Dubai donde se encuentra para acompañar a la delegación misionera que representa al país en el certamen internacional “Robótica First Global Challenge”, el Mundial de la especialidad que comenzará este jueves 24 en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.
Lombardi indicó que la tarea a su cargo tiene que ver con abrir puertas, especialmente internacionales. “Que es más difícil para las provincias. Para la Cancillería también es muy nuevo que los Estados provinciales se abran y tomen iniciativas. Estamos caminando este camino juntos”, subrayó.
El Asesor recordó que Misiones tiene inversiones de Dubai, concretamente en Puerto Iguazú y en el rubro hotelero.
En este sentido, esta inversión se utiliza a modo de promoción para otros interesados en emprendimientos en la provincia.
Según sostuvo, para Misiones las relaciones internacionales son tal vez más importantes que para cualquier otra provincia habida cuenta que limita con países extranjeros en el 90 por ciento de su territorio.
“Entonces, tener una oficina que se ocupe de las relaciones internacionales es clave. Dentro de eso, trabajamos codo a codo con la Cancillería, es un trabajo en conjunto que hacemos, con una coordinación con los diplomáticos argentinos que tienen su sede en el exterior para poder conjuntamente sacar lo mejor de este tipo de viaje que requiere mucha coordinación, adaptarse en usos y costumbre de otro país, como en este caso en Dubai”, señaló Lombardi.
Además, mencionó que Misiones tiene una joya a nivel mundial, como las Cataratas. “Pero tenemos algo que va más allá que va con nuestra selva, nuestro ambiente, nuestra idiosincrasia de proteger y no talar. Nos cuesta mucho dinero porque sería mucho más fácil bajar árboles y plantar sojas como hacen otras provincias”, observó.
También Lombardi recordó que fundó con el músico Charly Alberti la organización ambiental R21.
Lombardi destacó la importancia que toma la provincia en temáticas de vanguardia particularmente en lo que respecta a la Copa Robótica, certamen donde obtuvo el primer lugar en Buenos Aires lo que le valió representar a la Argentina en Dubai.
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Fecha de Publicación: 28/10/2019
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Lo señaló el Asesor en Relaciones Internacionales del Gobierno de Misiones, Patricio Lombardi, en declaraciones exclusivas a C6Digital desde Dubai donde se encuentra para acompañar a la delegación misionera que representa al país en el certamen internacional “Robótica First Global Challenge”, el Mundial de la especialidad que comenzará este jueves 24 en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.
Lombardi indicó que la tarea a su cargo tiene que ver con abrir puertas, especialmente internacionales. “Que es más difícil para las provincias. Para la Cancillería también es muy nuevo que los Estados provinciales se abran y tomen iniciativas. Estamos caminando este camino juntos”, subrayó.
El Asesor recordó que Misiones tiene inversiones de Dubai, concretamente en Puerto Iguazú y en el rubro hotelero.
En este sentido, esta inversión se utiliza a modo de promoción para otros interesados en emprendimientos en la provincia.
Según sostuvo, para Misiones las relaciones internacionales son tal vez más importantes que para cualquier otra provincia habida cuenta que limita con países extranjeros en el 90 por ciento de su territorio.
“Entonces, tener una oficina que se ocupe de las relaciones internacionales es clave. Dentro de eso, trabajamos codo a codo con la Cancillería, es un trabajo en conjunto que hacemos, con una coordinación con los diplomáticos argentinos que tienen su sede en el exterior para poder conjuntamente sacar lo mejor de este tipo de viaje que requiere mucha coordinación, adaptarse en usos y costumbre de otro país, como en este caso en Dubai”, señaló Lombardi.
Además, mencionó que Misiones tiene una joya a nivel mundial, como las Cataratas. “Pero tenemos algo que va más allá que va con nuestra selva, nuestro ambiente, nuestra idiosincrasia de proteger y no talar. Nos cuesta mucho dinero porque sería mucho más fácil bajar árboles y plantar sojas como hacen otras provincias”, observó.
También Lombardi recordó que fundó con el músico Charly Alberti la organización ambiental R21.
Lombardi destacó la importancia que toma la provincia en temáticas de vanguardia particularmente en lo que respecta a la Copa Robótica, certamen donde obtuvo el primer lugar en Buenos Aires lo que le valió representar a la Argentina en Dubai.
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Mar del Plata: fumigan a metros de una escuela
Fumigación a metros de una escuela: apuntan a Arroyo por la falta de control
Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: 0223
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos responsabilizaron al Intendente y a la provincia por la falta del cumplimiento de la cautelar. “No vemos que haya un cambio después de octubre”, admitieron.
Hace 10 días una auxiliar docente fue amenazada por tomar fotografías a un “mosquito” que fumigaba una escuela en el Paraje San Francisco. El grave hecho fue analizado desde la Asamblea Paren de Fumigarnos, que responsabilizaron al gobierno provincial y municipal por la falta de control.
“No tenemos conocimientos de una amenaza así, como la que sufrió la docente. Pero sí sabemos de la impunidad que tienen porque siguen fumigando. Existe una falta de control tanto de Policía Ambiental como de Gestión Ambiental: en muchos casos tergiversan la información, no van ante una denuncia o van tarde. No quieren controlar y eso es evidentemente una decisión política”, expresó en diálogo con 0223 Radio, Jorge Piccorelli de la Asamblea Paren de Fumigarnos.
En ese análisis, sostuvo que todos los organismos que están bajo la órbita provincial como la Policía Ecológica o municipal cómo la de Gestión Ambiental, "deben hacer cumplir la cautelar de la Suprema Corte Provincial, que impide fumigar a menos de 1000 metros de viviendas o establecimientos educativos”, precisó.
En relación a si las próximas elecciones en la Argentina pueden torcer el rumbo en materia agroambiental, Piccorelli expresó su pesimismo, ya que el problema “es estructural”.
“Esto viene en forma intensiva desde 1996 con la entrada de la soja con Felipe Solá como ministro de Agricultura Ganadería y Pesca. En la época de Cristina, vino Monsanto, que quiso instalar una planta en Malvinas Argentinas que la gente repudió. dijo Luego Cristina dijo no que Monsanto no sabía que había una Patagonia”, recordó con ironía.
Y remarcó: “Obviamente que este gobierno es peor porque puso CEOS en los cargos estratégicos. Y sabemos de qué se trata. Peor que Macri no creo que sea, pero ya se está diciendo que una de las empresas de las más conocidas (Singenta), daría un porcentaje al Estado para mitigar el hambre. Volvemos a repetir lo del 2001 con la soja y así también se propagó”, consideró.
“Si depende de los políticos, no creo que cambie. Sí como la gente se va movilizando, se va informando, se va metiendo en el tema. En la medida que desde abajo presionemos puede que los de arriba puedan ir cambiando”, señaló.
En relación a Mar del Plata, el referente de la Asamblea Paren de Fumigarnos recordó que “la Ordenanza que protegía los 1000 metros de los núcleos poblacionales fue votada por unanimidad en el 2008 y luego del tractorazo -porque se hizo la primer multa- fue derogada también por unanimidad. Y luego se votó la nueva que no protegía absolutamente nada, y fue votada por todos menos por Arroyo, que se opuso pero que hoy está actuando en su contra”.
En tal sentido, apuntó contra los concejales: “En ningún momento se quejaron cuando habían votado la ordenanza 18.740. Tampoco los Defensores del Pueblo, pasando de Mónica Felices o Beatriz Arza hasta acá, a excepción de los últimos años de la defensoría bonaerense. Ninguna parte gubernamental o administrativa se ha manifestado por las fumigaciones en el distrito”, cerró.
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Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: 0223
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos responsabilizaron al Intendente y a la provincia por la falta del cumplimiento de la cautelar. “No vemos que haya un cambio después de octubre”, admitieron.
Hace 10 días una auxiliar docente fue amenazada por tomar fotografías a un “mosquito” que fumigaba una escuela en el Paraje San Francisco. El grave hecho fue analizado desde la Asamblea Paren de Fumigarnos, que responsabilizaron al gobierno provincial y municipal por la falta de control.
“No tenemos conocimientos de una amenaza así, como la que sufrió la docente. Pero sí sabemos de la impunidad que tienen porque siguen fumigando. Existe una falta de control tanto de Policía Ambiental como de Gestión Ambiental: en muchos casos tergiversan la información, no van ante una denuncia o van tarde. No quieren controlar y eso es evidentemente una decisión política”, expresó en diálogo con 0223 Radio, Jorge Piccorelli de la Asamblea Paren de Fumigarnos.
En ese análisis, sostuvo que todos los organismos que están bajo la órbita provincial como la Policía Ecológica o municipal cómo la de Gestión Ambiental, "deben hacer cumplir la cautelar de la Suprema Corte Provincial, que impide fumigar a menos de 1000 metros de viviendas o establecimientos educativos”, precisó.
En relación a si las próximas elecciones en la Argentina pueden torcer el rumbo en materia agroambiental, Piccorelli expresó su pesimismo, ya que el problema “es estructural”.
“Esto viene en forma intensiva desde 1996 con la entrada de la soja con Felipe Solá como ministro de Agricultura Ganadería y Pesca. En la época de Cristina, vino Monsanto, que quiso instalar una planta en Malvinas Argentinas que la gente repudió. dijo Luego Cristina dijo no que Monsanto no sabía que había una Patagonia”, recordó con ironía.
Y remarcó: “Obviamente que este gobierno es peor porque puso CEOS en los cargos estratégicos. Y sabemos de qué se trata. Peor que Macri no creo que sea, pero ya se está diciendo que una de las empresas de las más conocidas (Singenta), daría un porcentaje al Estado para mitigar el hambre. Volvemos a repetir lo del 2001 con la soja y así también se propagó”, consideró.
“Si depende de los políticos, no creo que cambie. Sí como la gente se va movilizando, se va informando, se va metiendo en el tema. En la medida que desde abajo presionemos puede que los de arriba puedan ir cambiando”, señaló.
En relación a Mar del Plata, el referente de la Asamblea Paren de Fumigarnos recordó que “la Ordenanza que protegía los 1000 metros de los núcleos poblacionales fue votada por unanimidad en el 2008 y luego del tractorazo -porque se hizo la primer multa- fue derogada también por unanimidad. Y luego se votó la nueva que no protegía absolutamente nada, y fue votada por todos menos por Arroyo, que se opuso pero que hoy está actuando en su contra”.
En tal sentido, apuntó contra los concejales: “En ningún momento se quejaron cuando habían votado la ordenanza 18.740. Tampoco los Defensores del Pueblo, pasando de Mónica Felices o Beatriz Arza hasta acá, a excepción de los últimos años de la defensoría bonaerense. Ninguna parte gubernamental o administrativa se ha manifestado por las fumigaciones en el distrito”, cerró.
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Glifosato y paraquat en explosión de planta de agroquímicos
Un funcionario de Nación reconoció que la explosión de una planta de agroquímicos en Mercedes fue "grave"
Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: Blanco sobre Negro
Provincia/Región: Buenos Aires
El pasado 27 de septiembre explotó en Mercedes la planta de agroquímicos de la firma SIGMA SA. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación reconocieron que el episodio fue "grave" y que se están esperando los resultados los primeros estudios. En el lugar ardieron 30 mil litros de biodiesel y una cantidad desconocida de los herbicidas glifosato y paraquat. En el siniestro falleció un trabajador luego de sufrir graves quemaduras.
“No hay que generar pánico ni decir que no pasó nada. Lo que pasó fue grave y hay que ocuparse. Eso implica tareas urgentes pero también un monitoreo a corto, mediano y largo plazo. Hacer hoy una evaluación del impacto ambiental sería apresurado e imprudente”, aseguró a Télam el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino.
El funcionario indicó que la Subsecretaría se presentó por pedido de los vecinos “porque no tiene competencia en el hecho”. SIGMA Mercedes es una planta industrial tipo 3 cuya habilitación y control dependen del gobierno bonaerense a través del OPDS.
Trebino comunicó que este miércoles se realizó la toma de muestras de suelo y agua. Los resultados estarán “entre cinco a siete días hábiles”.
“También realizamos un relevamiento aéreo de toda la zona para analizar la topografía del terreno, uso del suelo, entre otras acciones”, describió el funcionario y agregó: “El problema son los líquidos que salieron de la planta y se depositaron en las cunetas del frente y del lateral izquierdo”.
Según un parte del Ministerio Público Fiscal de Mercedes, los primeros datos que se conocieron de los líquidos derramados indican que se trataría de “biodiesel, glifosato y componentes para el desarrollo del mismo producto”, a lo que desde Ambiente de Nación suman el paraquat, un herbicida de amonio altamente tóxico.
Respecto a la cantidad de sustancia derramada e incinerada se sabe que en el lugar había 30 mil litros de biodisel pero no hay precisiones sobre los agrotóxicos.
En el lugar falleció Rubén Ponce, de 42 años, un contratista que también oficiaba de sereno. Al momento del incendio intentó salvar una máquina y cayó a una zanja donde estaban los líquidos vertidos. Se quemó el 40 por ciento del cuerpo y tras permanecer internado seis días falleció.
El incendio en la planta de la empresa Sigma Agro SA, ubicada sobre la ruta 42 en el cruce con el acceso a la localidad La Verde, sucedió cerca de las 4.30 de la madrugada del viernes 27 y generó un fuego que alcanzó grandes proporciones. Tuvieron que intervenir delegaciones de Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles.
“La empresa removió las tierras de estos lugares y la acumuló en una zona impermeabilizada”, precisó Trevino. El municipio clausuró la planta el mismo día del día del siniestro y recién este martes se sumó la clausura de OPDS y Ambiente de Nación “para garantizar que la remediación sea la única actividad allí hasta que esté concluida”.
Por el incendio se abrió una causa “en pos de determinar si existieron negligencias o la comisión de delitos de acción pública” cuya investigación está realizando la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental.
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Fecha de Publicación: 15/10/2019
Fuente: Blanco sobre Negro
Provincia/Región: Buenos Aires
El pasado 27 de septiembre explotó en Mercedes la planta de agroquímicos de la firma SIGMA SA. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación reconocieron que el episodio fue "grave" y que se están esperando los resultados los primeros estudios. En el lugar ardieron 30 mil litros de biodiesel y una cantidad desconocida de los herbicidas glifosato y paraquat. En el siniestro falleció un trabajador luego de sufrir graves quemaduras.
“No hay que generar pánico ni decir que no pasó nada. Lo que pasó fue grave y hay que ocuparse. Eso implica tareas urgentes pero también un monitoreo a corto, mediano y largo plazo. Hacer hoy una evaluación del impacto ambiental sería apresurado e imprudente”, aseguró a Télam el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino.
El funcionario indicó que la Subsecretaría se presentó por pedido de los vecinos “porque no tiene competencia en el hecho”. SIGMA Mercedes es una planta industrial tipo 3 cuya habilitación y control dependen del gobierno bonaerense a través del OPDS.
Trebino comunicó que este miércoles se realizó la toma de muestras de suelo y agua. Los resultados estarán “entre cinco a siete días hábiles”.
“También realizamos un relevamiento aéreo de toda la zona para analizar la topografía del terreno, uso del suelo, entre otras acciones”, describió el funcionario y agregó: “El problema son los líquidos que salieron de la planta y se depositaron en las cunetas del frente y del lateral izquierdo”.
Según un parte del Ministerio Público Fiscal de Mercedes, los primeros datos que se conocieron de los líquidos derramados indican que se trataría de “biodiesel, glifosato y componentes para el desarrollo del mismo producto”, a lo que desde Ambiente de Nación suman el paraquat, un herbicida de amonio altamente tóxico.
Respecto a la cantidad de sustancia derramada e incinerada se sabe que en el lugar había 30 mil litros de biodisel pero no hay precisiones sobre los agrotóxicos.
En el lugar falleció Rubén Ponce, de 42 años, un contratista que también oficiaba de sereno. Al momento del incendio intentó salvar una máquina y cayó a una zanja donde estaban los líquidos vertidos. Se quemó el 40 por ciento del cuerpo y tras permanecer internado seis días falleció.
El incendio en la planta de la empresa Sigma Agro SA, ubicada sobre la ruta 42 en el cruce con el acceso a la localidad La Verde, sucedió cerca de las 4.30 de la madrugada del viernes 27 y generó un fuego que alcanzó grandes proporciones. Tuvieron que intervenir delegaciones de Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles.
“La empresa removió las tierras de estos lugares y la acumuló en una zona impermeabilizada”, precisó Trevino. El municipio clausuró la planta el mismo día del día del siniestro y recién este martes se sumó la clausura de OPDS y Ambiente de Nación “para garantizar que la remediación sea la única actividad allí hasta que esté concluida”.
Por el incendio se abrió una causa “en pos de determinar si existieron negligencias o la comisión de delitos de acción pública” cuya investigación está realizando la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental.
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Ley de Semillas: corporaciones para profundizar el extractivismo
Semillas: por qué las empresas quieren cambiar la ley
Fecha de Publicación: 14/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Un informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires muestra cómo la corporación de semillas y agroquímicos sigue pulseando por profundizar el modelo extractivista.
El de la soberanía alimentaria se impone como un tema de urgente tratamiento en un país con niveles de pobreza escandalosos, moral y ciudadanamente inaceptables. Concretamente, en una Argentina en la que pasan hambre 16,5 millones de personas en situación de pobreza. El asunto fue asumido como tema de campaña por el candidato con más chances de ser presidente, y en su complejidad dispara múltiples puntas que tocan, en todos los casos, cuestiones estructurales. Investigadores de las facultades de Filosofía y Letras y de Agronomía de la UBA han puesto el ojo en la Ley de Semillas, con el detallado informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires Sembrar vientos. Soberanía alimentaria y patentes en debate parlamentario. Allí denuncian los intentos de modificación de la ley de la actual gestión de gobierno, tanto por vía parlamentaria como, directamente, por un DNU que fue anunciado por los grandes medios y que finalmente quedó sin firmar. Y aunque los resultados de las PASO frenaron por el momento esos intentos de avance, la corporación de semillas y agroquímicos, que es un monstruo grande y pisa fuerte, sigue pulseando por profundizar el modelo extractivista. En este informe, que se presenta este viernes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, los investigadores explican por qué esos intereses son incompatibles con la idea de soberanía alimentaria.
“El discurso de los proyectos de ley de este tipo es el de las empresas: el argumento es que si no hay un cambio, no llega la tecnología. Se nos dio por encuestar a las empresas para preguntarles a ellas mismas qué tecnologías no tendríamos en la Argentina si no cambia la ley. En todos los casos, son exclusivamente de resistencia a otros herbicidas que no sean el glifosato. Tenemos un modelo de producción muy dependiente de agroquímicos, porque los dueños de las semillas son los mismos dueños de los agroquímicos”, apunta Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA.
La dimensión de esa concentración a escala planetaria, y el modo en que se aceleró en los últimos años, mueve a asombro: "Para 2005 la multinacional Monsanto había adquirido 27 empresas semilleras en el mundo, Bayer 21, Dow 12, Dupont 51, y Syngenta 20. De ese modo se aseguraron unir a la semilla con el paquete tecnológico que ellas mismas vendían al mercado. Además, la reducción en el número de empresas genera consecuencias económicas y biológicas indeseables", describe el informe. La concentración continuó: “En 2018 Bayer adquirió Monsanto, DOW y Dupont se fusionaron y Chemchina (la gigante agroquímica China) adquirió Syngenta y una de las semilleras argentinas más importantes, Nidera”. De este modelo de negocios se desprende que hoy en todo el mundo existen sólo tres empresas que concentran el 60 % de las ventas de semillas y el 70 % de los agroquímicos. “Desde esa posición dominante simulan una competencia entre sí, pero en realidad no es tal”, suma Schrauf.
¿Qué proponían, concretamente, los proyectos de modificación de la Ley de Semillas, la 20.247, sancionada en el 73 y reglamentada en el 78? "La principal modificación que planteaba el proyecto del Poder Ejecutivo es quitarle el derecho de uso propio de las semillas a los agricultores. Es decir, el productor debe volver a pagar si quiere sembrar la semilla que cosechó, se transfiere un beneficio de los agricultores a la industria semillera", describe Schrauf. El informe aclara que, como resultaría muy difícil sostener lisa y llanamente esta quita de derechos a los pequeños productores, el proyecto hablaba de “excepciones” para los pueblos originarios y la agricultura familiar. “Pero si en paralelo se les quita todo el apoyo técnico, si se desarma el INTA y los programas que los incluían, si se desmantela la Secretaría de la Agricultura Familiar, si se intenta permanentemente desplazarlos de sus tierras, carece de sentido hablar de excepciones”, advierte Alejandro Balazote, especialista en Antropología Rural de la Facultad de Filosofía y Letras. “De más está decir que el mercado nunca fue amigable con estos productores, pero la falta de regulaciones por parte del Estado dentro de la economía de Juntos por el Cambio lo volvió directamente hostil", concluye. "El proyecto también se justifica como un modo de modernizar la ley a la luz de los avances biotecnológicos. Pero no contiene ni un renglón sobre transgénesis, edición génica, 'grafting' o epigenética. Es decir, las nuevas tecnologías son parte de la argumentación de su necesidad de cambio, pero no forman parte de la letra de la nueva ley”, suma Schrauf.
"Las leyes de propiedad intelectual, especialmente las patentes, más que reconocimientos a la investigación, se constituyeron en herramientas de dominio del mercado. Cuando se posibilitó en Estados Unidos el patentamiento de genes y organismos, se aceleró la monopolización de la industria semillera. Una cuestión muy preocupante es la pérdida de diversidad genética de cultivos, pues estas compañías no están interesadas en cuidar el acervo genético una vez que consiguen una línea que tiene buen y estable rendimiento", advierte también el informe. Para los consumidores, el impacto cotidiano va desde las cuestiones aparentemente más básicas (los tomates que consumimos tienen menos sabor que antaño, por ejemplo), hasta las consecuencias aun no estudiadas en la salud de ciertas modificaciones de semillas.
Los “daños colaterales”, la pérdida de superficie de hectáreas de bosque nativo en la Argentina, el mentado “cambio climático”, la agroecología y las alternativas a la hegemonía, las experiencias de producción colectiva, como la de Unión de Trabajadores de la Tierra, además del engaño que suponen los intentos de modificación presentados como “Ley Inta” (como si este organismo, actualmente desfinanciado, fuese el mayor beneficiario de las posibles modificaciones”, también son temas analizados por diversos investigadores universitarios. Atenti con las ideas de “modernización”: suelen venir con viejas mañas bajo la manga.
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Repensar las emisiones de GEIs en la agricultura
Argentina avanza en su estrategia de desarrollo con bajas emisiones para la agricultura
Fecha de Publicación: 11/10/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Fue a través de una jornada realizada en el INTA con organismos públicos e instituciones referentes del sector.
Con vistas a aumentar esfuerzos en el marco de la estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo para el sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, se llevó a cabo una jornada con la participación de representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el INTA y la Fundación AVINA.
En la apertura del encuentro, Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, quien estuvo acompañado por Luis Urriza, subsecretario de Agricultura, señaló: “Lo que está en el horizonte son las estrategias de largo plazo, que son las que van a definir un perfil de hacia dónde va el mundo para combatir el cambio climático. La suma de todas ellas, a partir de la visión a 2050, determinará si podemos asegurar que el aumento de la temperatura sea de 2 grados o inferior”.
“Focalizamos nuestra estrategia a largo plazo fundamentalmente en los sectores de energía y de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. El objetivo es consensuar insumos para que el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el gabinete ampliado y las provincias, a través del Cofema, determinen cuál va a ser la mejor estrategia para Argentina”, concluyó el funcionario de la cartera de Ambiente.
Por su parte, Urriza sostuvo: “Esta es una agenda ambiental positiva, que integra a la comunidad en los desafíos que tenemos en materia de cambio climático”. Asimismo añadió: “Buscamos que la ganadería sea más eficiente y minimice sus emisiones”.
El objetivo del encuentro fue iniciar formalmente el proceso participativo de desarrollo de insumos técnicos en conjunto con las instituciones del sector presentando el plan y la dinámica propuesta de trabajo. El proceso busca promover el intercambio y la construcción de acuerdos y espacios de consenso con el fin de obtener un abanico de escenarios a 2050 que representen diversas visiones de país a largo plazo para el sector agro y bosques.
El contexto internacional y la estrategia nacional fueron abordados en un panel a cargo de Soledad Aguilar, directora nacional de Cambio Climático, y Nicolás Lucas, director de Producciones Sostenibles (MAGyP), quienes también disertaron en la apertura de la jornada. La misma fue organizada con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear en el marco del programa Partenariado Estratégico para la Implementación del Acuerdo de París.
Contexto
El Acuerdo de París invita a las Partes a aumentar sus esfuerzos para formular y comunicar estrategias nacionales de desarrollo con bajas en emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo (LTS). A su vez, invita a los miembros a comunicar sus LTS a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para 2020.
Estas visiones a largo plazo, y las opciones para alcanzarlas, deben basarse en datos y modelos sólidos, así como también en los aportes de los diferentes actores de la sociedad que desempeñarán un rol clave para alcanzar esa visión a largo plazo, fortaleciendo el diálogo entre la ciencia y la política. El objetivo global del proceso es proporcionar insumos técnicos para la formulación de la LTS nacional en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra a fin de presentar al Gabinete Nacional de Cambio Climático durante el 2020.
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Fecha de Publicación: 11/10/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Fue a través de una jornada realizada en el INTA con organismos públicos e instituciones referentes del sector.
Con vistas a aumentar esfuerzos en el marco de la estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo para el sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, se llevó a cabo una jornada con la participación de representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que conduce Sergio Bergman, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el INTA y la Fundación AVINA.
En la apertura del encuentro, Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, quien estuvo acompañado por Luis Urriza, subsecretario de Agricultura, señaló: “Lo que está en el horizonte son las estrategias de largo plazo, que son las que van a definir un perfil de hacia dónde va el mundo para combatir el cambio climático. La suma de todas ellas, a partir de la visión a 2050, determinará si podemos asegurar que el aumento de la temperatura sea de 2 grados o inferior”.
“Focalizamos nuestra estrategia a largo plazo fundamentalmente en los sectores de energía y de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. El objetivo es consensuar insumos para que el Gabinete Nacional de Cambio Climático, el gabinete ampliado y las provincias, a través del Cofema, determinen cuál va a ser la mejor estrategia para Argentina”, concluyó el funcionario de la cartera de Ambiente.
Por su parte, Urriza sostuvo: “Esta es una agenda ambiental positiva, que integra a la comunidad en los desafíos que tenemos en materia de cambio climático”. Asimismo añadió: “Buscamos que la ganadería sea más eficiente y minimice sus emisiones”.
El objetivo del encuentro fue iniciar formalmente el proceso participativo de desarrollo de insumos técnicos en conjunto con las instituciones del sector presentando el plan y la dinámica propuesta de trabajo. El proceso busca promover el intercambio y la construcción de acuerdos y espacios de consenso con el fin de obtener un abanico de escenarios a 2050 que representen diversas visiones de país a largo plazo para el sector agro y bosques.
El contexto internacional y la estrategia nacional fueron abordados en un panel a cargo de Soledad Aguilar, directora nacional de Cambio Climático, y Nicolás Lucas, director de Producciones Sostenibles (MAGyP), quienes también disertaron en la apertura de la jornada. La misma fue organizada con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear en el marco del programa Partenariado Estratégico para la Implementación del Acuerdo de París.
Contexto
El Acuerdo de París invita a las Partes a aumentar sus esfuerzos para formular y comunicar estrategias nacionales de desarrollo con bajas en emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo (LTS). A su vez, invita a los miembros a comunicar sus LTS a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para 2020.
Estas visiones a largo plazo, y las opciones para alcanzarlas, deben basarse en datos y modelos sólidos, así como también en los aportes de los diferentes actores de la sociedad que desempeñarán un rol clave para alcanzar esa visión a largo plazo, fortaleciendo el diálogo entre la ciencia y la política. El objetivo global del proceso es proporcionar insumos técnicos para la formulación de la LTS nacional en el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra a fin de presentar al Gabinete Nacional de Cambio Climático durante el 2020.
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Santiago del Estero: siguen desalojando campesinos
Destruyen casa de un campesino apresado por usurpación
Fecha de Publicación: 10/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Quince días estuvo detenido Marcelo Rueda, en el departamento Alberdi, Santiago del Estero. La casa materna fue volteada por las máquinas.
Marcelo Rueda fue detenido el 18 de septiembre pasado en Campo Mayo, cabecera del departamento santiagueño de Alberdi, en el marco de la orden de detención que libró el juez de Control y Garantías de la provincia, Darío Alarcón. La disposición surge de la causa que le inició por usurpación a él y a su hermano, Fabián Rueda, las empresas Las Guindas SA y Aceitera General Deheza SA. El 14 de septiembre, mientras Rueda trataba de evitr la detención que luego se concretó, las topadoras llegaron a la zona y voltearon su casa materna. El joven fue liberado el viernes, tras 15 días de detención.
Se trata de una problemática que se repite en el campesinado de la región, en Salta también, donde organizaciones de familias agricultoras y criadoras vienen soportando la judicialización de los conflictos por la tierra.
La abogada del MOCASE Vía Campesina, María José Venancio, informó a Salta/12 que el juez Alarcón mantuvo la acusación del fiscal Rubén Alfonso, de la circunscripción de Santiago del Estero Capital.
“No nos encontramos bajo ningún término ante una circunstancia de usurpación, o al menos no reúne los presupuestos mínimos como para encuadrar típicamente la circunstancia y la conducta o actividad de los señores involucrados”. La conclusión sobre la situación de los hermanos Rueda surge de un informe oficial de la intervención conjunta entre Secretaria de Derechos Humanos (Dirección de Abordaje Territorial), y el Comité de Emergencia dependiente de Jefatura de Gabinete y Dirección de Bosques santiagueñas.
Las entidades oficiales hicieron el informe tras el encuentro que tuvieron el 23 de septiembre pasado con familias campesinas de 11 comunidades de la zona. Estas familias serán afectadas por el desmonte que autorizó la Dirección de la Dirección General de Bosques y Fauna el 27 de mayo de 2019 y que se estima es sobre 18 mil hectáreas.
700 hectáreas arrasadas
El 23 de septiembre los integrantes de las comunidades lograron detener las siete topadoras que ingresaron al territorio. Sin embargo, ya se habían desmontado 700 hectáreas. La Dirección de Bosques dispuso oficialmente la suspensión del desmonte recién al otro día.
La actuación de la Dirección de Bosques está en la mira porque autorizó un desmonte en una zona que los registros oficiales indicaban era de conflictividad social. En 2009 el Comité de Emergencia ya había informado de las denuncias de los campesinos ante la apropiación de tierras de Hugo Acosta, ex titular registral de las tierras. Ya en aquel momento los funcionarios advertían que la zona estaba relevada en el marco de la Ley 26.160 de Propiedad Indígena y por lo tanto, al ser territorios comunitarios, mal podían ser divididos o sujetos a acuerdos. Las comunidades pastorean comunitariamente sus ganados en la zona y utilizan sus recursos. Acosta alambró el territorio, presentó “acuerdos” para mensurar las tierras y según los campesinos, mediante presiones los obligaba a firmar. Los que se negaron, como los Rueda, sufrieron denuncias falsas, persecuciones, detenciones, y algunos finalmente abandonaron su lugar de siempre.
Luego aparecieron las empresas Deheza y Las Guindas que según dijo Venancio, habrían comprado los títulos de las tierras en 2017. Fueron autorizados a desmontar en zona amarilla. Según explicaron Cariló Olaiz del Mocase y el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, cuando una finca está en esa categoría, si bien en principio no se puede desmontar, la ley santiagueña permite que la deforestación del 10 por ciento. No se conoce la extensión total de la finca. Giardini sostuvo que aunque desde la Mesa de Tierras de Santiago del Estero se solicitó informes a la Dirección de Bosques nunca hubo respuestas.
El mismo informe oficial del Comité de Emergencia y la Dirección de Bosques, en tanto, meritúa: “consideramos susceptible de revisión y cuestionamiento las aprobaciones de planes productivos en el sector, puesto que ante la existencia de tantos poseedores, resulta al menos difícil la aprobación de cualquier proyecto dado el impacto no solo ambiental sino también social en familias que declaran nunca haber sido convocadas a Audiencia Pública; al menos no por medios fehacientes”.
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Fecha de Publicación: 10/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Quince días estuvo detenido Marcelo Rueda, en el departamento Alberdi, Santiago del Estero. La casa materna fue volteada por las máquinas.
Marcelo Rueda fue detenido el 18 de septiembre pasado en Campo Mayo, cabecera del departamento santiagueño de Alberdi, en el marco de la orden de detención que libró el juez de Control y Garantías de la provincia, Darío Alarcón. La disposición surge de la causa que le inició por usurpación a él y a su hermano, Fabián Rueda, las empresas Las Guindas SA y Aceitera General Deheza SA. El 14 de septiembre, mientras Rueda trataba de evitr la detención que luego se concretó, las topadoras llegaron a la zona y voltearon su casa materna. El joven fue liberado el viernes, tras 15 días de detención.
Se trata de una problemática que se repite en el campesinado de la región, en Salta también, donde organizaciones de familias agricultoras y criadoras vienen soportando la judicialización de los conflictos por la tierra.
La abogada del MOCASE Vía Campesina, María José Venancio, informó a Salta/12 que el juez Alarcón mantuvo la acusación del fiscal Rubén Alfonso, de la circunscripción de Santiago del Estero Capital.
“No nos encontramos bajo ningún término ante una circunstancia de usurpación, o al menos no reúne los presupuestos mínimos como para encuadrar típicamente la circunstancia y la conducta o actividad de los señores involucrados”. La conclusión sobre la situación de los hermanos Rueda surge de un informe oficial de la intervención conjunta entre Secretaria de Derechos Humanos (Dirección de Abordaje Territorial), y el Comité de Emergencia dependiente de Jefatura de Gabinete y Dirección de Bosques santiagueñas.
Las entidades oficiales hicieron el informe tras el encuentro que tuvieron el 23 de septiembre pasado con familias campesinas de 11 comunidades de la zona. Estas familias serán afectadas por el desmonte que autorizó la Dirección de la Dirección General de Bosques y Fauna el 27 de mayo de 2019 y que se estima es sobre 18 mil hectáreas.
700 hectáreas arrasadas
El 23 de septiembre los integrantes de las comunidades lograron detener las siete topadoras que ingresaron al territorio. Sin embargo, ya se habían desmontado 700 hectáreas. La Dirección de Bosques dispuso oficialmente la suspensión del desmonte recién al otro día.
La actuación de la Dirección de Bosques está en la mira porque autorizó un desmonte en una zona que los registros oficiales indicaban era de conflictividad social. En 2009 el Comité de Emergencia ya había informado de las denuncias de los campesinos ante la apropiación de tierras de Hugo Acosta, ex titular registral de las tierras. Ya en aquel momento los funcionarios advertían que la zona estaba relevada en el marco de la Ley 26.160 de Propiedad Indígena y por lo tanto, al ser territorios comunitarios, mal podían ser divididos o sujetos a acuerdos. Las comunidades pastorean comunitariamente sus ganados en la zona y utilizan sus recursos. Acosta alambró el territorio, presentó “acuerdos” para mensurar las tierras y según los campesinos, mediante presiones los obligaba a firmar. Los que se negaron, como los Rueda, sufrieron denuncias falsas, persecuciones, detenciones, y algunos finalmente abandonaron su lugar de siempre.
Luego aparecieron las empresas Deheza y Las Guindas que según dijo Venancio, habrían comprado los títulos de las tierras en 2017. Fueron autorizados a desmontar en zona amarilla. Según explicaron Cariló Olaiz del Mocase y el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, cuando una finca está en esa categoría, si bien en principio no se puede desmontar, la ley santiagueña permite que la deforestación del 10 por ciento. No se conoce la extensión total de la finca. Giardini sostuvo que aunque desde la Mesa de Tierras de Santiago del Estero se solicitó informes a la Dirección de Bosques nunca hubo respuestas.
El mismo informe oficial del Comité de Emergencia y la Dirección de Bosques, en tanto, meritúa: “consideramos susceptible de revisión y cuestionamiento las aprobaciones de planes productivos en el sector, puesto que ante la existencia de tantos poseedores, resulta al menos difícil la aprobación de cualquier proyecto dado el impacto no solo ambiental sino también social en familias que declaran nunca haber sido convocadas a Audiencia Pública; al menos no por medios fehacientes”.
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Justicia nuevamente protege las escuelas entrerrianas
Otro freno a las fumigaciones cerca de las escuelas rurales
Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre Ríos y frena las fumigaciones con agrotóxicos. Se trata de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico- y establece la vigencia de 1000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las aéreas).
Desde hace más de un año en Entre Ríos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercanías de las escuelas. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos, porque no se miden efectos crónicos en la salud.
"No todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de niños, niñas y adolescentes) en las generaciones futuras", afirmó el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la población (y aún más de les niñes) está antes que la producción agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet, que había desoído dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explicó que ya no quiere sentencias judiciales.
"Señor Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de jóvenes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformación productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro", señaló la entidad.
El juez Virgilio Galanti cuestionó que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. "No se han realizado evaluaciones epidemiológicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos", alertó el juez en el fallo del 26 de septiembre.
Galanti abordó un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a través del Senasa --Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria--, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos. "La clasificación del Senasa es realizada bajo el método de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificación es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad", afirmó el juez.
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). "La 'Dosis Letal 50' nada nos dice sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestos a dosis pequeñas por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo", explicó.
Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad crónica. Souza Casadinho resaltó que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteración del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). Y recordó que tampoco se tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua, suelos ni el conocido efecto "saltamonte" (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extendió a 3000 metros en el caso de aplicaciones aéreas. La protección abarcó a las 1023 escuelas rurales de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvió a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoyó los fallos judiciales y redujo a sólo 100 metros las fumigaciones.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignoró el fallo del Superior Tribunal y emitió un nuevo decreto (2239/19), que habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.
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Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre Ríos y frena las fumigaciones con agrotóxicos. Se trata de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico- y establece la vigencia de 1000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las aéreas).
Desde hace más de un año en Entre Ríos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercanías de las escuelas. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos, porque no se miden efectos crónicos en la salud.
"No todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de niños, niñas y adolescentes) en las generaciones futuras", afirmó el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la población (y aún más de les niñes) está antes que la producción agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet, que había desoído dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explicó que ya no quiere sentencias judiciales.
"Señor Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de jóvenes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformación productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro", señaló la entidad.
El juez Virgilio Galanti cuestionó que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. "No se han realizado evaluaciones epidemiológicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos", alertó el juez en el fallo del 26 de septiembre.
Galanti abordó un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a través del Senasa --Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria--, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos. "La clasificación del Senasa es realizada bajo el método de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificación es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad", afirmó el juez.
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). "La 'Dosis Letal 50' nada nos dice sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestos a dosis pequeñas por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo", explicó.
Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad crónica. Souza Casadinho resaltó que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteración del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). Y recordó que tampoco se tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua, suelos ni el conocido efecto "saltamonte" (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extendió a 3000 metros en el caso de aplicaciones aéreas. La protección abarcó a las 1023 escuelas rurales de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvió a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoyó los fallos judiciales y redujo a sólo 100 metros las fumigaciones.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignoró el fallo del Superior Tribunal y emitió un nuevo decreto (2239/19), que habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.
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Desastre ambiental por explosión de fábrica de agrotóxicos
Desastre ambiental en la provincia de Vidal: “Es un accidente a nivel Chernobyl”
Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
Explotó una fábrica de agrotóxicos en Mercedes. Nadie del gobierno se acercó a la zona de desastre. Provocó la muerte de una persona y una debacle ambiental que pone en riesgo la salud de los habitantes del lugar.
Ocurrió el viernes 27 de septiembre, pero el cerco mediático que existe sobre los agrovenenos en Argentina, hizo que demorara su difusión. Explotó una fábrica de agrotóxicos en el partido bonaerense de Mercedes, que provocó la muerte de una persona y un desastre ambiental que pone en riesgo la salud de los habitantes del lugar.
Según publicó Radio Gráfica, Martin Barros, productor de semillas orgánicas de la zona afectada, expresó: “Toneladas de agrotóxicos concentrados ardieron, se gasificaron y diseminaron por el aire, es un accidente a nivel Chernobyl”.
El productor relató que, en la madrugada de ese viernes, en un hecho absolutamente tapado por los medios de comunicación, alrededor de las 4.30 de la madrugada, “temblaron las paredes y piso de mi casa. Apenas amaneció se podía ver la estela inmensa de humo negro y un olor muy intenso a agrotóxico”.
La mayor preocupación gira en torno a la contaminación que podrían sufrir las napas de agua: “No sabemos ni cuándo, cuánto ni cómo se afectarán, pero va a tener repercusiones graves en la comunidad, fauna silvestre, vegetación, etc.”, sostuvo.
“Desconozco por qué de ésto se está diciendo tan poco, estamos hablando de millones de agroquímicos de altísima toxicidad en el aire”, señaló Barros.
La planta incendiada está ubicada en la ruta 42, pertenece a la firma Sigma Agro SA, de capitales desconocidos, que controla el 40% del mercado argentino de Paraquat, un herbicida altamente tóxico.
La seguridad y habilitación de empresas de este tipo, están a cargo del gobierno provincial, de María Eugenia Vidal, que hasta el momento no ha actuado en el desastre: “Es un tema que excede al Municipio, incluso creo que le queda grande a la Provincia. Luego de esta tragedia, la remediación, requiere de un esfuerzo muy grande, creo que debería intervenir directamente Nación”, expresó el productor.
“Luego de esta tragedia, la remediación, requiere de un esfuerzo muy grande, creo que debería intervenir directamente Nación”, aseguró.
Barros además informó que este jueves, tras una semana de internación, y producto de las severas quemaduras sufridas durante la explosión, murió Rubén Ponce, de 42 años: “Oficiaba de sereno, pero en realidad era un contratista de máquinas viales, intento salvar una de sus máquinas del galpón que explotó y no sobrevivió”.
Si bien desde la intendencia a cargo de Juan Ignacio Ustarroz, se está trabajando en la recuperación y prevención del medioambiente, no hubo un correcto plan de evacuación, que debió haberse implementado el mismo día del accidente, aunque sea, de manera preventiva.
La zona del incendio está ubicada a 5 km del casco urbano de Mercedes y a 3,5 km de distancia Gowdlan y Altamira, poblaciones periurbanas que podrían estar en riesgo.
La magnitud del accidente implica que se tomen medidas de urgencia para prevenir a la comunidad: “El tiempo es acuciante, cada minuto que pasa el problema se acrecienta. Ya pasaron más de 20 camiones atmosféricos especiales para residuos peligrosos, y están removiendo barro, con retroexcavadoras y camiones, para trasladar los residuos a Campana, sin embargo, nada de eso alcanza”, señaló Barros.
Para finalizar, el productor informó que se están desarrollando reuniones seguidas con el intendente y sus secretarios municipales para informar y delinear las medidas a seguir, y que la actual prioridad es establecer un “monitoreo muy riguroso de la salud de las personas que vivimos cerca de este desastre”.
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Otro transgénico de Monsanto aprobado
Autorizan a Monsanto a vender una nueva semilla genéticamente modificada resistente al glifosato
Fecha de Publicación: 04/10/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Alimentos y Bioeconomía aprobó la comercialización de este producto resistente al glifosato y los lepidópteros. Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina
Luego de las evaluaciones que llevaron adelante la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, se determinó que la nueva semilla es resistente al glifosato y a los insectos lepidópteros (las mariposas).
Estas entidades aseguraron que los riesgos de bioseguridad derivados de este cultivo a gran escala no difieren significativamente de los inherentes al cultivo de maíz no genéticamente modificado, por lo que este nuevo desarrollo no debería presentar efectos adversos sobre el agroecosistema.
No obstante, la resolución aclara que la firma "deberá suministrar en forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja que pudiera afectar o invalidar las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización".
Por este motivo, la medida podría quedar sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información que da cuenta de un riesgo potencial en su aplicación.
"Los mejores rindes llegan con la incorporación de conocimiento al trabajo diario en el campo. Este anuncio tiene que ver con la importancia de seguir estimulando el desarrollo científico en un marco de una agroindustria sostenible", señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere. Y agregó: "Somos uno de los países líderes y referentes a nivel global en materia biotecnológica".
Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina, desde la primera soja RR, tolerante al glifosato, que se autorizó en 1996, según los registros de la Conabia.
Un dato relevante es que el ritmo de aprobación de OVGM se potenció durante la presidencia de Mauricio Macri: en cuatro años, se avalaron 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios (el 41%). De ellos, 18 fueron aprobados en los últimos dos años de gestión.
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Fecha de Publicación: 04/10/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Alimentos y Bioeconomía aprobó la comercialización de este producto resistente al glifosato y los lepidópteros. Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina
Luego de las evaluaciones que llevaron adelante la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, se determinó que la nueva semilla es resistente al glifosato y a los insectos lepidópteros (las mariposas).
Estas entidades aseguraron que los riesgos de bioseguridad derivados de este cultivo a gran escala no difieren significativamente de los inherentes al cultivo de maíz no genéticamente modificado, por lo que este nuevo desarrollo no debería presentar efectos adversos sobre el agroecosistema.
No obstante, la resolución aclara que la firma "deberá suministrar en forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja que pudiera afectar o invalidar las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización".
Por este motivo, la medida podría quedar sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información que da cuenta de un riesgo potencial en su aplicación.
"Los mejores rindes llegan con la incorporación de conocimiento al trabajo diario en el campo. Este anuncio tiene que ver con la importancia de seguir estimulando el desarrollo científico en un marco de una agroindustria sostenible", señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere. Y agregó: "Somos uno de los países líderes y referentes a nivel global en materia biotecnológica".
Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina, desde la primera soja RR, tolerante al glifosato, que se autorizó en 1996, según los registros de la Conabia.
Un dato relevante es que el ritmo de aprobación de OVGM se potenció durante la presidencia de Mauricio Macri: en cuatro años, se avalaron 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios (el 41%). De ellos, 18 fueron aprobados en los últimos dos años de gestión.
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UNNE demuestra daño genético por exposición a agroquímicos
Confirman indicios de daño genético por exposición a agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/10/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Un estudio realizado por científicos del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), presentado en el Congreso Nacional Bioquímico realizado en Resistencia (Chaco), reveló que se encontraron indicios de "daño genético" por exposición a agroquímicos.
El trabajo científico demostró una estimación del daño genético en personas expuestas a productos químicos y agentes “genotóxicos”, es decir aquellas sustancias que pueden unirse directamente al ADN causando mutaciones que pueden derivar o no en enfermedades oncológicas.
El estudio fue revelado por el doctor Horacio Lucero del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
La investigación se realizó con diez pacientes, de los cuales cinco están regularmente expuestos a los agroquímicos en zonas productivas del Chaco y los restantes cinco son habitantes de la ciudad de Resistencia.
“Se hallaron rastros de Glifosato y AMPA en todas las muestras de orina incluso en las personas del grupo control que vivieron siempre en Resistencia”, dice el informe difundido por la UNNE.
Según el equipo de investigadores esto abre la hipótesis de que la vía de ingreso de estos agroquímicos sería a través de los alimentos contaminados.
Los tres pacientes que presentaron algún agrotóxico en sangre (piretroides e insecticidas organofosforados) son los que demostraron mayores porcentajes de “aberraciones cromosómicas (AC)” o “micronúcleos (MN)”.
El estudio sobre agrotóxicos en sangre hace una aclaración: los compuestos organoclorados y organofosforados se miden en sangre porque son altamente persistentes y de difícil degradación, por lo tanto pueden indicar exposiciones no recientes, mientras que Glifosato de metabolismo más rápido se debe medir en orina y puede indicar exposiciones más inmediatas.
El número de pacientes estudiados es escaso para una interpretación estadística robusta, pero dado lo laborioso de contar 1.100 células por paciente y el costo de la medición de plaguicidas en laboratorio especializado, es un trabajo muy valioso por la combinación de datos de biomarcadores de daño junto con medición de plaguicidas en muestras biológicas.
Además de Lucero, el equipo de investigadores que participó del trabajo está conformado por Bettina Brusés; Laura Formichelli; José Espíndola; Mariana Cancian; Alejandra Gómez; María Seveso; Ana Black y Raúl Montenegro.
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Fecha de Publicación: 02/10/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Un estudio realizado por científicos del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), presentado en el Congreso Nacional Bioquímico realizado en Resistencia (Chaco), reveló que se encontraron indicios de "daño genético" por exposición a agroquímicos.
El trabajo científico demostró una estimación del daño genético en personas expuestas a productos químicos y agentes “genotóxicos”, es decir aquellas sustancias que pueden unirse directamente al ADN causando mutaciones que pueden derivar o no en enfermedades oncológicas.
El estudio fue revelado por el doctor Horacio Lucero del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
La investigación se realizó con diez pacientes, de los cuales cinco están regularmente expuestos a los agroquímicos en zonas productivas del Chaco y los restantes cinco son habitantes de la ciudad de Resistencia.
“Se hallaron rastros de Glifosato y AMPA en todas las muestras de orina incluso en las personas del grupo control que vivieron siempre en Resistencia”, dice el informe difundido por la UNNE.
Según el equipo de investigadores esto abre la hipótesis de que la vía de ingreso de estos agroquímicos sería a través de los alimentos contaminados.
Los tres pacientes que presentaron algún agrotóxico en sangre (piretroides e insecticidas organofosforados) son los que demostraron mayores porcentajes de “aberraciones cromosómicas (AC)” o “micronúcleos (MN)”.
El estudio sobre agrotóxicos en sangre hace una aclaración: los compuestos organoclorados y organofosforados se miden en sangre porque son altamente persistentes y de difícil degradación, por lo tanto pueden indicar exposiciones no recientes, mientras que Glifosato de metabolismo más rápido se debe medir en orina y puede indicar exposiciones más inmediatas.
El número de pacientes estudiados es escaso para una interpretación estadística robusta, pero dado lo laborioso de contar 1.100 células por paciente y el costo de la medición de plaguicidas en laboratorio especializado, es un trabajo muy valioso por la combinación de datos de biomarcadores de daño junto con medición de plaguicidas en muestras biológicas.
Además de Lucero, el equipo de investigadores que participó del trabajo está conformado por Bettina Brusés; Laura Formichelli; José Espíndola; Mariana Cancian; Alejandra Gómez; María Seveso; Ana Black y Raúl Montenegro.
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