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Nación financia obras ambientales en tres provincias
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Cabandié anunció obras y entrega de bienes en Salta, Chaco y Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 09/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Fue mediante una videoconferencia de la que participó el gobernador Jorge Capitanich y autoridades santiagueñas y salteñas. Las tres provincias recibirán una inversión total de $ 179 millones, otorgada por el BIRF y ejecutada por el Ministerio de Ambiente, para mejorar las condiciones de vida de numerosas comunidades rurales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, mediante una comunicación virtual con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y funcionarios de Santiago del Estero y Salta, encabezó el acto de firma de contratos para la adjudicación de pozos de agua, techos colectores y cocinas para más de 1500 familias campesinas e indígenas que viven en zonas de bosque nativo de dichas provincias.
La inversión total de las obras y bienes es de $ 179 millones, financiados por el Banco Mundial mediante el crédito BIRF 8493-AR. Este programa había sido subejecutado por la gestión anterior de la cartera de Ambiente, que había devuelto cerca de 40 millones de dólares. Además, la gestión precedente habían ejecutado estos fondos a un ritmo promedio de dos millones de dólares por año, mientras que ahora, por decisión de la actual gestión, ya se avanzaron en acciones por casi seis millones de dólares. Al respecto, el ministro Cabandié sostuvo que comienza a destrabarse “un préstamo que venía retrasado” destinado a la población más vulnerable de los bosques nativos.
Sobre las obras y bienes adjudicados, el titular de Ambiente afirmó: “Hoy dimos un gran paso y saldamos una deuda pendiente con las comunidades que habitan en nuestros bosques nativos”. “Las cocinas para reducir el consumo de leña y los techos recolectores de agua de lluvia son importantes, pero los pozos para el abastecimiento de agua tienen una importancia mayúscula, producto de lo que sucedió el último verano” en Salta. “Estamos saldando una deuda de muchos años, nos hemos propuesto llevar adelante siete pozos que son de mucha urgencia para que las comunidades locales tengan acceso a un derecho esencial, el agua”.
Por su parte, el gobernador Capitanich destacó con respecto a los beneficiarios que “además de pensar en el ambiente, se piensa en las personas que están muy alejadas de las grandes ciudades del país. Son familias humildes que esperan soluciones y medidas del Estado, acciones que les puedan cambiar la vida”.
Las obras de perforación profunda para el abastecimiento de agua con sistemas de bombeo alimentados por energía solar, que incluye el almacenamiento y el tratamiento de clorado para el consumo humano, demandan una inversión total de $ 112 millones y se estima un plazo de entrega por pozo de tres meses, que el ministro nacional pidió a los adjudicatarios sea respetado. Los siete pozos se emplazarán en el municipio de Santa Victoria del Este, del departamento salteño de Rivadavia, y beneficiarán a 500 familias.
Además se adjudicó el contrato a la empresa encargada de la provisión de cocinas para reducir el consumo de leña y mejorar las condiciones de salubridad en los procesos de cocción para más de 600 familias que habitan en el departamento de Rivadavia, Salta; el departamento de Güemes, Chaco; y los departamentos de Alberdi y Copo, Santiago del Estero.
En el acto, también rubricó la adjudicación la empresa que construirá los 17 techos de recolección de agua de lluvia. Se trata de tinglados de 160 m2 de superficie de captación y capacidad de almacenamiento de 40 mil litros de agua para 500 familias salteñas, chaqueñas y santiagueñas.
La iniciativa que cuenta con financiamiento del Banco Mundial es ejecutada a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad que busca fortalecer a comunidades rurales e indígenas que habitan zonas de bosques nativos. Martín Mónaco, director nacional de Bosques, sostuvo que la misma representa “una política para conservar los bosques mediante un aprovechamiento sostenible y con la gente que vive en zonas rurales, que tiene necesidades a cubrir y en eso el Estado tiene un rol central”.
Del acto participó de manera presencial en el Ministerio la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Soledad Cantero. Desde Chaco acompañó al gobernador la secretaria de Ambiente provincial, Marta Soneira. En representación del Gobierno de Salta participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal. Y por Santiago del Estero, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Argentino Cambrini.
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Paran desmonte en Santiago
Inspectores paralizaron desmontes ilegales en los Dptos. Copo y Moreno
Fecha de Publicación: 19/08/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
La Dirección de Bosques y Fauna, dependiente del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, realizó operativos en las localidades de El Caburé, Pampa de los Guanacos, Dpto. Copo y Otumpa, Dpto. Moreno, logrando paralizar desmontes que no contaban con la correspondiente autorización.
En El Caburé, dicha actividad se llevaba a cabo sin la autorización correspondiente, por un empresario ganadero, reincidente. Durante la actuación se logró paralizar un desarbustado de más de 100 hectáreas.
En la proximidad de la ciudad de Pampa de los Guanacos, se intervino en la detención de un desmonte de aproximadamente 120 ha., en el cual se detectó desmonte total con aprovechamiento de producto forestal. Se procedió al secuestro preventivo de la maquinaria, una topadora Caterpillar D7 con rolo desarbustador, paralizando totalmente la actividad ilegal.
Por último, unos kilómetros al norte de la localidad de Otumpa, se procedió a realizar las actuaciones al haberse detectado un desmonte ganadero sin autorización de aproximadamente 75 ha.
Se confeccionaron las correspondientes actas de infracción y secuestro en cada caso contra los responsables.
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Los desmontes siguen y crecen en la pandemia
“Salta es cómplice de un crimen ambiental”
Fecha de Publicación: 16/07/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Pese a que en otras provincias se determinó la suspensión de los desmontes, en Salta entienden que si existe autorización, la decisión final debe pasar por la Justicia y no por el Ejecutivo Provincial.
En enero de 2020 un informe de la asociación ambientalista Greenpeace indicaba que en Salta se habían deforestado 14.663,8 hectáreas durante todo 2019. En un nuevo informe, se sostiene que hasta mitad de este año ya se desmontaron 9.241 hectáreas. Para la entidad ambientalista, en Santiago del Estero, Salta, Formosa y el Chaco se desmontaron dos mil hectáreas más en esta mitad del año en curso, que en el mismo lapso de 2019.
Greenpeace había acusado de desmontar durante la cuarentena a algunos de los dueños de 32 fincas cuyas autorizaciones fueron suspendidas en 2018 por deforestar en zonas protegidas. Para el gobierno a cargo de Gustavo Sáenz, un instrumento legal emitido por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2019 rehabilitó las autorizaciones de desmonte. Esto permitió continuar con el paso de las topadoras en bosques ubicados en las llamadas zonas rojas y amarillas según lo establecido por el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Ante la rehabilitación de estas autorizaciones desde la actual gestión del gobierno provincial sostuvieron que no tenían potestad para detener los desmontes y que en todo caso la validez de hacerlo durante la cuarentena debería ser analizada por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.
"Los desmontes no son una actividad permitida en el marco de la cuarentena”, refutó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las interpretaciones que hacen a la hora de dar rienda suelta a los desmontes, existe aquella que los entiende como parte de la industria alimenticia y, por lo tanto, esencial. “La actividad de cambio de uso de suelo no es una actividad agropecuaria. Y aunque tengan permisos previos, deberían frenar. Varias provincias, como Chaco y Córdoba, a diferencia de Salta, están parando topadoras, multando y denunciando penalmente a los empresarios agropecuarios que deforestan. Es responsabilidad del gobierno de Salta frenar los desmontes, al no hacerlo están siendo cómplices de este crimen ambiental”, dijo Giardini al ser consultado por Salta/12.
El ambientalista recordó que las recategorizaciones prediales que hizo la provincia de Salta, y que permitieron desmontar en las 32 fincas mencionadas, fueron ilegales. La ilegalidad, agregó, fue confirmada “tanto por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación”. Entendió que aquellas resoluciones que rehabilitan los desmontes donde no deberían hacerse implican más una práctica que está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. “Ningún decreto o ley provincial tiene peso por encima de una ley nacional", señaló Giardini.
Por ahora, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia este año se conocieron pocos sumarios por desmontes ilegales. Uno de los últimos tiene que ver con una intromisión de máquinas en una zona considerada como de alto valor de conservación (roja) en Orán. El organismo ordenó la suspensión de los desmontes, que sin embargo continuaron por unos días más, pese a que se había dispuesto el inicio de un sumario y la suspensión. En este caso, el desmonte era de cien por cien metros, es decir, una hectárea.
Dos mil hectáreas más que en 2019
En el último monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace se reveló que a pesar de las restricciones se arrasaron más bosques este año que en el mismo período de 2019. La comparación de imágenes satelitales del norte del país, demostró que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.
Las provincias donde la organización realizó el monitoreo satelital son Santiago del Estero (15.157 hectáreas deforestadas), Salta (9.241 hectáreas), Formosa (8.842 hectáreas), y el Chaco (5.612 hectáreas), ya que concentran el 80% de los desmontes del país, por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería.
“Es sumamente grave que, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, estén deforestando más que el año pasado. Queda en evidencia la impunidad de grandes empresarios agropecuarios y la complicidad de los gobiernos provinciales en este crimen ambiental”, afirmó Giardini.
Greenpeace reveló que solo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se desmontaron 21.275 hectáreas, una superficie equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.
“Más desmontes significan más enfermedades, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Es completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria y climática que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más”, dijo Giardini.
La organización ambientalista está reclamando a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
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Fecha de Publicación: 16/07/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Pese a que en otras provincias se determinó la suspensión de los desmontes, en Salta entienden que si existe autorización, la decisión final debe pasar por la Justicia y no por el Ejecutivo Provincial.
En enero de 2020 un informe de la asociación ambientalista Greenpeace indicaba que en Salta se habían deforestado 14.663,8 hectáreas durante todo 2019. En un nuevo informe, se sostiene que hasta mitad de este año ya se desmontaron 9.241 hectáreas. Para la entidad ambientalista, en Santiago del Estero, Salta, Formosa y el Chaco se desmontaron dos mil hectáreas más en esta mitad del año en curso, que en el mismo lapso de 2019.
Greenpeace había acusado de desmontar durante la cuarentena a algunos de los dueños de 32 fincas cuyas autorizaciones fueron suspendidas en 2018 por deforestar en zonas protegidas. Para el gobierno a cargo de Gustavo Sáenz, un instrumento legal emitido por el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2019 rehabilitó las autorizaciones de desmonte. Esto permitió continuar con el paso de las topadoras en bosques ubicados en las llamadas zonas rojas y amarillas según lo establecido por el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Ante la rehabilitación de estas autorizaciones desde la actual gestión del gobierno provincial sostuvieron que no tenían potestad para detener los desmontes y que en todo caso la validez de hacerlo durante la cuarentena debería ser analizada por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia.
"Los desmontes no son una actividad permitida en el marco de la cuarentena”, refutó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las interpretaciones que hacen a la hora de dar rienda suelta a los desmontes, existe aquella que los entiende como parte de la industria alimenticia y, por lo tanto, esencial. “La actividad de cambio de uso de suelo no es una actividad agropecuaria. Y aunque tengan permisos previos, deberían frenar. Varias provincias, como Chaco y Córdoba, a diferencia de Salta, están parando topadoras, multando y denunciando penalmente a los empresarios agropecuarios que deforestan. Es responsabilidad del gobierno de Salta frenar los desmontes, al no hacerlo están siendo cómplices de este crimen ambiental”, dijo Giardini al ser consultado por Salta/12.
El ambientalista recordó que las recategorizaciones prediales que hizo la provincia de Salta, y que permitieron desmontar en las 32 fincas mencionadas, fueron ilegales. La ilegalidad, agregó, fue confirmada “tanto por la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Ministerio de Ambiente de la Nación”. Entendió que aquellas resoluciones que rehabilitan los desmontes donde no deberían hacerse implican más una práctica que está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. “Ningún decreto o ley provincial tiene peso por encima de una ley nacional", señaló Giardini.
Por ahora, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia este año se conocieron pocos sumarios por desmontes ilegales. Uno de los últimos tiene que ver con una intromisión de máquinas en una zona considerada como de alto valor de conservación (roja) en Orán. El organismo ordenó la suspensión de los desmontes, que sin embargo continuaron por unos días más, pese a que se había dispuesto el inicio de un sumario y la suspensión. En este caso, el desmonte era de cien por cien metros, es decir, una hectárea.
Dos mil hectáreas más que en 2019
En el último monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace se reveló que a pesar de las restricciones se arrasaron más bosques este año que en el mismo período de 2019. La comparación de imágenes satelitales del norte del país, demostró que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.
Las provincias donde la organización realizó el monitoreo satelital son Santiago del Estero (15.157 hectáreas deforestadas), Salta (9.241 hectáreas), Formosa (8.842 hectáreas), y el Chaco (5.612 hectáreas), ya que concentran el 80% de los desmontes del país, por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería.
“Es sumamente grave que, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, estén deforestando más que el año pasado. Queda en evidencia la impunidad de grandes empresarios agropecuarios y la complicidad de los gobiernos provinciales en este crimen ambiental”, afirmó Giardini.
Greenpeace reveló que solo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se desmontaron 21.275 hectáreas, una superficie equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.
“Más desmontes significan más enfermedades, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, y más desaparición de especies en peligro de extinción. Es completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria y climática que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más”, dijo Giardini.
La organización ambientalista está reclamando a los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Salta (Gustavo Sáenz), Formosa (Gildo Insfrán) y Chaco (Jorge Capitanich) que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes.
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La Corte ordena investigar contaminación del Salí-Dulce
Salí-Dulce: la Corte Suprema ordenó investigar contaminación de afluente
Fecha de Publicación: 17/06/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la contaminación de un basural cercano al río Famaillá, con residuos patológicos y domiciliarios, configura un delito ambiental que debe ser investigado por la Justicia federal de Tucumán. La sentencia emanada el 11/6 fue dividida, tres a dos.
El máximo tribunal del país determinó que la competencia es del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña.
De esta manera se zanjó un conflicto de competencia entre el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán y el Juzgado de Instrucción Penal y de Menores del Centro Judicial Monteros, en la causa en que se investiga una supuesta infracción a la ley 24.051, a raíz de un basural existente en la localidad de San José, provincia de Tucumán, donde se habría detectado la disposición de desechos por parte de la Municipalidad de Famaillá y de la finca citrícola San Miguel S.A.
El juez federal había declinado su competencia a favor de la justicia local con fundamento en que el hecho investigado no sería subsumible en las previsiones de la ley 24.051, dado que los residuos no reunían la calidad de ‘peligrosos’ en los términos de la norma citada, sino que se trataría de desechos domiciliarios, expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la referida legislación.
Sin embargo, el Juzgado provincial rechazó esa atribución de competencia al considerar que se había constatado la presencia de residuos que encuadran en la categoría de ‘residuos peligrosos’ en los términos del artículo 2º de la ley 24.051, conforme surgía de los informes periciales.
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Fecha de Publicación: 17/06/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la contaminación de un basural cercano al río Famaillá, con residuos patológicos y domiciliarios, configura un delito ambiental que debe ser investigado por la Justicia federal de Tucumán. La sentencia emanada el 11/6 fue dividida, tres a dos.
El máximo tribunal del país determinó que la competencia es del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña.
De esta manera se zanjó un conflicto de competencia entre el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán y el Juzgado de Instrucción Penal y de Menores del Centro Judicial Monteros, en la causa en que se investiga una supuesta infracción a la ley 24.051, a raíz de un basural existente en la localidad de San José, provincia de Tucumán, donde se habría detectado la disposición de desechos por parte de la Municipalidad de Famaillá y de la finca citrícola San Miguel S.A.
El juez federal había declinado su competencia a favor de la justicia local con fundamento en que el hecho investigado no sería subsumible en las previsiones de la ley 24.051, dado que los residuos no reunían la calidad de ‘peligrosos’ en los términos de la norma citada, sino que se trataría de desechos domiciliarios, expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la referida legislación.
Sin embargo, el Juzgado provincial rechazó esa atribución de competencia al considerar que se había constatado la presencia de residuos que encuadran en la categoría de ‘residuos peligrosos’ en los términos del artículo 2º de la ley 24.051, conforme surgía de los informes periciales.
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Los ingenios tucumanos nuevamente contaminan río
Contaminación del río Salí: cientos de peces aparecieron muertos en la cola del Frontal
Fecha de Publicación: 10/06/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Hugo Terán, pescador, denunció el caso ante la Secretaría de Medio Ambiente.
Apenas se habilitó la pesca deportiva, después de más de dos meses por la cuarentena, Hugo Terán no veía la hora de salir con su equipo deportivo. El sábado temprano inició el recorrido por el río Salí hacia el sur tucumano, pero la imagen catastrófica quedó en evidencia ante sus ojos, cuando descubrió que había peces muertos que chocaban en el gomón.
Decidió avanzar para ver cómo estaba más adelante y la escena fue peor, en la zona que los pescadores llaman "la cola del Frontal".
"Me indigna lo que hacen los ingenios", bramó Terán en diálogo con LA GACETA al denunciar la contaminación ambiental del río Salí.
"Habíamos salido con la expectativa de hacer pesca deportiva con devolución y nos damos con ese enorme volumen de peces muertos -explicó-. Eran miles y miles; la mayoría estaban muertos, pero algunos estaban sacando la boca a punto de morirse", detalló.
Terán, de 51 años, es un empresario de la industria del software y aficionado a la pesca deportiva. "Recorrimos río arriba con el gomón y fuimos golpeando los peces muertos", recordó.
"El origen del problema es la vinaza que arrojan los ingenios -afirmó Terán- como subproducto del alcohol; la vinaza le quita el oxígeno al agua y los peces no pueden respirar", resaltó.
Terán grabó un video y tomó imágenes del daño causado en las aguas del río (del lado tucumano). Dijo que envió las imágenes a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente para que se actúe de inmediato. Además planteó una contradicción de parte de las autoridades. "Hay un protocolo de protección medio ambiental, que por ejemplo te obliga a la pesca con devolución del dorado y, al final, esas medidas parecen ridículas ante un ingenio que contamina 100 kilómetros de río y mata millones de peces", aseguró.
¿Cómo se puede terminar con estas prácticas?
Tiene que haber más control de los organismos del Estado y que las sanciones sean efectivas contra las empresas que hacen este daño al medio ambiente, remarcó.
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Fecha de Publicación: 10/06/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Hugo Terán, pescador, denunció el caso ante la Secretaría de Medio Ambiente.
Apenas se habilitó la pesca deportiva, después de más de dos meses por la cuarentena, Hugo Terán no veía la hora de salir con su equipo deportivo. El sábado temprano inició el recorrido por el río Salí hacia el sur tucumano, pero la imagen catastrófica quedó en evidencia ante sus ojos, cuando descubrió que había peces muertos que chocaban en el gomón.
Decidió avanzar para ver cómo estaba más adelante y la escena fue peor, en la zona que los pescadores llaman "la cola del Frontal".
"Me indigna lo que hacen los ingenios", bramó Terán en diálogo con LA GACETA al denunciar la contaminación ambiental del río Salí.
"Habíamos salido con la expectativa de hacer pesca deportiva con devolución y nos damos con ese enorme volumen de peces muertos -explicó-. Eran miles y miles; la mayoría estaban muertos, pero algunos estaban sacando la boca a punto de morirse", detalló.
Terán, de 51 años, es un empresario de la industria del software y aficionado a la pesca deportiva. "Recorrimos río arriba con el gomón y fuimos golpeando los peces muertos", recordó.
"El origen del problema es la vinaza que arrojan los ingenios -afirmó Terán- como subproducto del alcohol; la vinaza le quita el oxígeno al agua y los peces no pueden respirar", resaltó.
Terán grabó un video y tomó imágenes del daño causado en las aguas del río (del lado tucumano). Dijo que envió las imágenes a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente para que se actúe de inmediato. Además planteó una contradicción de parte de las autoridades. "Hay un protocolo de protección medio ambiental, que por ejemplo te obliga a la pesca con devolución del dorado y, al final, esas medidas parecen ridículas ante un ingenio que contamina 100 kilómetros de río y mata millones de peces", aseguró.
¿Cómo se puede terminar con estas prácticas?
Tiene que haber más control de los organismos del Estado y que las sanciones sean efectivas contra las empresas que hacen este daño al medio ambiente, remarcó.
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Cuatro provincias unidas por la biodiversidad
Córdoba y otras tres provincias se unieron para proteger su biodiversidad
Fecha de Publicación: 26/05/2020
Fuente: El Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Córdoba
Córdoba. En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra cada 22 de mayo, las autoridades ambientales de las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Córdoba lanzaron conjuntamente el “Programa Regional de Protección de la Biodiversidad”, una novedosa iniciativa de conservación animal y vegetal y de competencia interprovincial.
Mediante videoconferencia los secretarios de Ambiente de las diferentes provincias acordaron las acciones del trabajo en equipo que se llevará adelante como estrategia de conservación considerando los ecosistemas e identificando cada región, más allá de los límites provinciales.
La mesa de trabajo estará integrada por expertos provenientes de instituciones científicas, académicas y de organismos estatales, quienes llevarán a cabo planes y proyectos consensuados para la extensa área natural que las cuatro jurisdicciones comparten: las Salinas Grandes y el Chaco Árido.
«Nos unimos entre las cuatro provincias para proteger la vida silvestre de este gran territorio. Lanzamos esta desafiante iniciativa aunando objetivos e implementando un sistema de gestión articulado para nuestros recursos naturales, una mirada que va más allá de los límites geográficos de cada gobierno», dijo el secretario de Ambiente de Córdoba, Juan Carlos Scotto.
En tanto, los secretarios de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, y de Catamarca, Nicolás Verón, expresaron la importancia del compromiso en este ámbito y los propósitos comunes que implica el programa que se enfocará sobre esta región cuatripartita.
A su turno, su par de Santiago del Estero, Carlos Salmoiraghi, sostuvo: «Está región resguarda la más variadas formas de vida, nuestra provincia celebra este hecho único de gestión conjunta para resguardar este lugar de gran valor para las generaciones presentes y las venideras».
Por último, el representante de la cartera ambiental Córdoba agregó: «El contexto de la pandemia nos invita a reflexionar sobre la protección de los ecosistemas y su impacto en la calidad de vida de las personas . Por eso, unir esfuerzos y comenzar a trabajar en materia de conservación es un paso necesario. El ambiente sano, es condición indispensable para nuestras vidas».
El proyecto ambiental rubricado en conjunto se destaca porque avanzará en la protección de especies de la fauna silvestre que se encuentran amenazadas o en riesgo de extinción, tales como: Chancho quimilero; Guanaco; Oso melero; Mara; Águila coronada.
También se proyecta crear la Reserva Interprovincial Salinas Grandes, área que ya es protegida en Córdoba y Santiago del Estero, pero que sumaran bajo normativas ambientales Catamarca y La Rioja. Así, este importante complejo salino, que constituye una gran cuenca, quedará preservado bajo una misma metodología por las cuatro provincias argentinas en las cuales se extiende.
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Fecha de Publicación: 26/05/2020
Fuente: El Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Córdoba
Córdoba. En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra cada 22 de mayo, las autoridades ambientales de las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Córdoba lanzaron conjuntamente el “Programa Regional de Protección de la Biodiversidad”, una novedosa iniciativa de conservación animal y vegetal y de competencia interprovincial.
Mediante videoconferencia los secretarios de Ambiente de las diferentes provincias acordaron las acciones del trabajo en equipo que se llevará adelante como estrategia de conservación considerando los ecosistemas e identificando cada región, más allá de los límites provinciales.
La mesa de trabajo estará integrada por expertos provenientes de instituciones científicas, académicas y de organismos estatales, quienes llevarán a cabo planes y proyectos consensuados para la extensa área natural que las cuatro jurisdicciones comparten: las Salinas Grandes y el Chaco Árido.
«Nos unimos entre las cuatro provincias para proteger la vida silvestre de este gran territorio. Lanzamos esta desafiante iniciativa aunando objetivos e implementando un sistema de gestión articulado para nuestros recursos naturales, una mirada que va más allá de los límites geográficos de cada gobierno», dijo el secretario de Ambiente de Córdoba, Juan Carlos Scotto.
En tanto, los secretarios de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, y de Catamarca, Nicolás Verón, expresaron la importancia del compromiso en este ámbito y los propósitos comunes que implica el programa que se enfocará sobre esta región cuatripartita.
A su turno, su par de Santiago del Estero, Carlos Salmoiraghi, sostuvo: «Está región resguarda la más variadas formas de vida, nuestra provincia celebra este hecho único de gestión conjunta para resguardar este lugar de gran valor para las generaciones presentes y las venideras».
Por último, el representante de la cartera ambiental Córdoba agregó: «El contexto de la pandemia nos invita a reflexionar sobre la protección de los ecosistemas y su impacto en la calidad de vida de las personas . Por eso, unir esfuerzos y comenzar a trabajar en materia de conservación es un paso necesario. El ambiente sano, es condición indispensable para nuestras vidas».
El proyecto ambiental rubricado en conjunto se destaca porque avanzará en la protección de especies de la fauna silvestre que se encuentran amenazadas o en riesgo de extinción, tales como: Chancho quimilero; Guanaco; Oso melero; Mara; Águila coronada.
También se proyecta crear la Reserva Interprovincial Salinas Grandes, área que ya es protegida en Córdoba y Santiago del Estero, pero que sumaran bajo normativas ambientales Catamarca y La Rioja. Así, este importante complejo salino, que constituye una gran cuenca, quedará preservado bajo una misma metodología por las cuatro provincias argentinas en las cuales se extiende.
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Mató a un puma y sus dos crías y presumió sus "trofeos"
Rompió la cuarentena para ir a cazar y mató a un puma y sus crías
Fecha de Publicación: 04/05/2020
Fuente: Diario el Libertador
Provincia/Región: Santiago del Estero
El hombre presumió sus "trofeos" a través de redes sociales. La Policía y la Subdirección de Fauna lo detuvieron.
El miércoles un hombre rompió la cuarentena por la pandemia de coronavirus para ir a cazar a unos montes de la localidad Villa Mailín, de Santiago del Estero, mató a un puma y sus dos crías y compartió las imágenes a través de las redes sociales, lo que provocó la indignación de los usuarios y vecinos de la zona.
Al viralizarse la imagen de los animales muertos, se alertó a la Subdirección de Fauna de la provincia, que de inmediato dispuso el envío de un inspector, para verificar lo acontecido.
Horas más tarde el poblador del departamento Avellaneda, quedó detenido a disposición de la Fiscalía, luego de haber admitido ser el autor de la caza de tres pumas, acusado de violar la ley 4802 de protección de fauna silvestre, y el artículo 205 del Código Penal, según informó el diario El Liberal.
El autor del hecho fue identificado como Cristian Ledesma, quien en su versión sostuvo que salió armado con la escopeta y disparo para defender a sus perros - de caza - porque el puma adulto los habría atacado para defender a su cría. Por su parte, los especialistas verificaron que los cachorros presentaban señales de haber sido atacados a golpes por lo que algo que hizo caer la explicación de Ledesma.
“El muchacho reconoció que salió a cazar temprano y que mató a estos animales cerca de las 13.30”, dijo Omar Núñez inspector de la Subdirección de Fauna.
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Fecha de Publicación: 04/05/2020
Fuente: Diario el Libertador
Provincia/Región: Santiago del Estero
El hombre presumió sus "trofeos" a través de redes sociales. La Policía y la Subdirección de Fauna lo detuvieron.
El miércoles un hombre rompió la cuarentena por la pandemia de coronavirus para ir a cazar a unos montes de la localidad Villa Mailín, de Santiago del Estero, mató a un puma y sus dos crías y compartió las imágenes a través de las redes sociales, lo que provocó la indignación de los usuarios y vecinos de la zona.
Al viralizarse la imagen de los animales muertos, se alertó a la Subdirección de Fauna de la provincia, que de inmediato dispuso el envío de un inspector, para verificar lo acontecido.
Horas más tarde el poblador del departamento Avellaneda, quedó detenido a disposición de la Fiscalía, luego de haber admitido ser el autor de la caza de tres pumas, acusado de violar la ley 4802 de protección de fauna silvestre, y el artículo 205 del Código Penal, según informó el diario El Liberal.
El autor del hecho fue identificado como Cristian Ledesma, quien en su versión sostuvo que salió armado con la escopeta y disparo para defender a sus perros - de caza - porque el puma adulto los habría atacado para defender a su cría. Por su parte, los especialistas verificaron que los cachorros presentaban señales de haber sido atacados a golpes por lo que algo que hizo caer la explicación de Ledesma.
“El muchacho reconoció que salió a cazar temprano y que mató a estos animales cerca de las 13.30”, dijo Omar Núñez inspector de la Subdirección de Fauna.
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Integrante del Mocase detenido ilegalmente
Detienen ilegalmente a un integrante del Mocase denunciado por Manaos
Fecha de Publicación: 20/03/2020
Fuente: Notas. Periodismo Popular
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se trata del responsable de la secretaría de Tierras y Derechos Humanos de la organización campesina quien fue detenido este martes por efectivos policiales sin presentar orden alguna a raíz de una denuncia del dueño de la compañía de gaseosas.
Sin presentar orden ni notificar a sus familiares, este martes fue detenido en su vivienda de la ciudad de Quimilí, Cariló Olaiz. Se trata de un miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase – VC). La irregular detención se originó por una denuncia de Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosas Manaos, quien desde hace años pretende quedarse ilegalmente con 500 hectáreas de bosque provincial en una finca donde viven 60 familias campesinas e indígenas.
“Denunciamos la impunidad sistemática de Orlando Canido, dueño de la Gaseosa Manaos y con un largo historial de violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas del norte argentino, que ayer mismo se reunió en Fiscalía de Estado de la Provincia con una de las abogadas de dicho organismos”, expresó el Mocase en un comunicado que contó con las firmas de adhesión de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Frente Nacional Campesino (FNC), entre otros.
A su vez, el mensaje denunció también la “complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial de Santiago del Estero” a quienes acusaron de favorecer siempre a terratenientes y empresas y actuar “contra las comunidades campesino indígenas”.
Este lunes Canido había pedido reunirse con la abogada Andrea Olmedo, asesora del fiscal de Estado y abogada que representa al Estado provincial en varias causas, muchas de ellas vinculadas a tierras fiscales. Al día siguiente, la fiscal Lorena Belkis ordenó el procedimiento donde fue detenido Cariló Olaiz quien junto a otros miembros del Mocase vienen defendiendo las tierras que Manaos pretende usurpar.
Un empresario con un largo historial de violencia e impunidad
Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa Manaos, presentó en 2014 un título de compra de un campo con dos lotes, de mil y de 1.163 hectáreas, ubicados en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña.
En paralelo, también presentó un proyecto agrícola a la Dirección de Bosques provincial que en un primer momento lo aprobó. Inmediatamente se inició el desmonte de 55 hectáreas que fueron frenadas por la resistencia del Mocase, quienes a su vez realizaron un reclamo judicial por la posesión de las tierras y denuncias a Canido. Frente a esta situación, la Dirección ordenó la suspensión del desmonte. Sin embargo, Canido se burló las regulaciones y avanzó sin realizar una audiencia pública. Desde entonces, los ataques de grupos armados a las comunidades campesino indígenas son sistemáticos.
A comienzos de 2016 el Mocase denunció que Canido pretendía desmontar cuatro mil hectáreas de monte nativo, donde habitan 60 familias. Asimismo informaron que sus topadoras ya habían “arrasado” 500 hectáreas “quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal ya que su permiso estaba suspendido desde octubre de 2014 por las denuncias realizadas por el Mocase”.
En julio de ese año, la comunidad Iacu Chiri – Bajo Hondo fue la víctima de una agresión de bandas armadas contratadas por Canido.
“Han roto las piletas donde beben los animales; creemos que han tirado veneno en el pozo; quemaron los corrales de las cabras y los chanchos; quemaron la casa que estaba levantando un compañero de la comunidad; y se han llevado la bomba de agua también”, denunciaron desde la organización en ese momento.
Vale recordar que también en octubre de 2014 se difundió un video donde se veía a paramilitares contratados por la empresa Manaos amedrentando campesinos. En aquella oportunidad el conflicto se dio en el territorio indígena del Lote 5 cerca de Quimilí. Ya por ese entonces el Mocase denunciaba a Canido quién se presentaba “siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y diciendo que compra tierra para Amado Boudou”.
Sin embargo en 2003 se había radicado la primera denuncia contra Canido por “hostigamiento y agresiones a pobladores”. Desde entonces los conflictos no han hecho más que agudizarse.
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Fecha de Publicación: 20/03/2020
Fuente: Notas. Periodismo Popular
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se trata del responsable de la secretaría de Tierras y Derechos Humanos de la organización campesina quien fue detenido este martes por efectivos policiales sin presentar orden alguna a raíz de una denuncia del dueño de la compañía de gaseosas.
Sin presentar orden ni notificar a sus familiares, este martes fue detenido en su vivienda de la ciudad de Quimilí, Cariló Olaiz. Se trata de un miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (Mocase – VC). La irregular detención se originó por una denuncia de Orlando Canido, dueño de la empresa de gaseosas Manaos, quien desde hace años pretende quedarse ilegalmente con 500 hectáreas de bosque provincial en una finca donde viven 60 familias campesinas e indígenas.
“Denunciamos la impunidad sistemática de Orlando Canido, dueño de la Gaseosa Manaos y con un largo historial de violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas del norte argentino, que ayer mismo se reunió en Fiscalía de Estado de la Provincia con una de las abogadas de dicho organismos”, expresó el Mocase en un comunicado que contó con las firmas de adhesión de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y el Frente Nacional Campesino (FNC), entre otros.
A su vez, el mensaje denunció también la “complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial de Santiago del Estero” a quienes acusaron de favorecer siempre a terratenientes y empresas y actuar “contra las comunidades campesino indígenas”.
Este lunes Canido había pedido reunirse con la abogada Andrea Olmedo, asesora del fiscal de Estado y abogada que representa al Estado provincial en varias causas, muchas de ellas vinculadas a tierras fiscales. Al día siguiente, la fiscal Lorena Belkis ordenó el procedimiento donde fue detenido Cariló Olaiz quien junto a otros miembros del Mocase vienen defendiendo las tierras que Manaos pretende usurpar.
Un empresario con un largo historial de violencia e impunidad
Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa Manaos, presentó en 2014 un título de compra de un campo con dos lotes, de mil y de 1.163 hectáreas, ubicados en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña.
En paralelo, también presentó un proyecto agrícola a la Dirección de Bosques provincial que en un primer momento lo aprobó. Inmediatamente se inició el desmonte de 55 hectáreas que fueron frenadas por la resistencia del Mocase, quienes a su vez realizaron un reclamo judicial por la posesión de las tierras y denuncias a Canido. Frente a esta situación, la Dirección ordenó la suspensión del desmonte. Sin embargo, Canido se burló las regulaciones y avanzó sin realizar una audiencia pública. Desde entonces, los ataques de grupos armados a las comunidades campesino indígenas son sistemáticos.
A comienzos de 2016 el Mocase denunció que Canido pretendía desmontar cuatro mil hectáreas de monte nativo, donde habitan 60 familias. Asimismo informaron que sus topadoras ya habían “arrasado” 500 hectáreas “quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal ya que su permiso estaba suspendido desde octubre de 2014 por las denuncias realizadas por el Mocase”.
En julio de ese año, la comunidad Iacu Chiri – Bajo Hondo fue la víctima de una agresión de bandas armadas contratadas por Canido.
“Han roto las piletas donde beben los animales; creemos que han tirado veneno en el pozo; quemaron los corrales de las cabras y los chanchos; quemaron la casa que estaba levantando un compañero de la comunidad; y se han llevado la bomba de agua también”, denunciaron desde la organización en ese momento.
Vale recordar que también en octubre de 2014 se difundió un video donde se veía a paramilitares contratados por la empresa Manaos amedrentando campesinos. En aquella oportunidad el conflicto se dio en el territorio indígena del Lote 5 cerca de Quimilí. Ya por ese entonces el Mocase denunciaba a Canido quién se presentaba “siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y diciendo que compra tierra para Amado Boudou”.
Sin embargo en 2003 se había radicado la primera denuncia contra Canido por “hostigamiento y agresiones a pobladores”. Desde entonces los conflictos no han hecho más que agudizarse.
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En el 2019 perdimos 80 mil hectáreas de bosques
Deforestación: aseguran que se perdieron más de 80 mil hectáreas en el norte del país en 2019
Fecha de Publicación: 27/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Un informe de Greenpeace reveló los números de deforestación. Chaco y Santiago del Estero, las provincias con más pérdida de bosques nativos de los últimos cuatro años.
Greenpeace difundió su informe anual de deforestación en el norte argentino, el cual reveló que, durante 2019, se perdieron 80.938 hectáreas de bosques en las cuatro provincias con más desmontes del país: Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta.
La organización ambientalista destaca que, si bien desde 2014 se registró una importante disminución de la deforestación, en 2019 un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques y alcanzaron las 27.704 hectáreas (Santiago del Estero 18.679 ha, Chaco 7.683 ha, Salta 1.326 ha, Formosa 16 ha).
Es importante destacar que todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales: Categorías I – Rojo y II – Amarillo.
Desde la sanción de la Ley de Bosques (2007) ya se desmontaron casi 1 millón de hectáreas de bosques protegidos.
“Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente”, advierten desde la organización y por otra parte agregaron que “en muchos casos, es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”.
Pérdidas de bosques nativos
Chaco, la provincia con más deforestación de los últimos cuatro años (130.000 hectáreas), ya perdió cerca de 2 millones de hectáreas. Le sigue Santiago del Estero con 127.527 hectáreas en los últimos cuatro años y junto a Chaco, son las que mayores perdidas tuvieron.
“Los ambiciosos planes de expansión de la ganadería intensiva en el norte del país van a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y ponen en riesgo a nuestros últimos bosques nativos. Resulta urgente la implementación de políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes”, sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
desmonte bosques inundacionesLa conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. “Sólo los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país”, destacaron los activistas.
“La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones”, agregó Giardini.
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Fecha de Publicación: 27/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Un informe de Greenpeace reveló los números de deforestación. Chaco y Santiago del Estero, las provincias con más pérdida de bosques nativos de los últimos cuatro años.
Greenpeace difundió su informe anual de deforestación en el norte argentino, el cual reveló que, durante 2019, se perdieron 80.938 hectáreas de bosques en las cuatro provincias con más desmontes del país: Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta.
La organización ambientalista destaca que, si bien desde 2014 se registró una importante disminución de la deforestación, en 2019 un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques y alcanzaron las 27.704 hectáreas (Santiago del Estero 18.679 ha, Chaco 7.683 ha, Salta 1.326 ha, Formosa 16 ha).
Es importante destacar que todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales: Categorías I – Rojo y II – Amarillo.
Desde la sanción de la Ley de Bosques (2007) ya se desmontaron casi 1 millón de hectáreas de bosques protegidos.
“Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente”, advierten desde la organización y por otra parte agregaron que “en muchos casos, es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”.
Pérdidas de bosques nativos
Chaco, la provincia con más deforestación de los últimos cuatro años (130.000 hectáreas), ya perdió cerca de 2 millones de hectáreas. Le sigue Santiago del Estero con 127.527 hectáreas en los últimos cuatro años y junto a Chaco, son las que mayores perdidas tuvieron.
“Los ambiciosos planes de expansión de la ganadería intensiva en el norte del país van a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y ponen en riesgo a nuestros últimos bosques nativos. Resulta urgente la implementación de políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes”, sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
desmonte bosques inundacionesLa conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. “Sólo los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país”, destacaron los activistas.
“La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones”, agregó Giardini.
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Conflicto por fumigaciones entre Tucumán y Santiago
Aviones tucumanos fumigan con agrotóxicos localidades del noroeste santiagueño
Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La población de Pozo Hondo se encuentra en alerta por enfermedades y culpan al agrotóxico de las fumigaciones. El padre Sergio Raffaelli encabeza la lucha a favor de los pobladores afectados.
Pobladores de Pozo Hondo y lugares aledaños del departamento Jiménez no la están pasando nada bien. Afirman que ésta es la peor época del año y en la que se exacerban los “síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones”. Todo ello, afirman, a causa de la actividad sojera de la zona, puntualmente de la fumigación de los campos con sustancias agrotóxicas.
Como si la salud de la población no fuera suficientemente alarmante ya, relatan que también se mueren sus animales y sus sembradíos se secan enseguida. Por ello, se encuentran en alerta y abiertamente en lucha contra la desmedida aplicación de las peligrosas sustancias tóxicas en campos muy cercanos a viviendas, escuelas y pobladores en general, que están seguros que aspiran involuntariamente esos venenos, especialmente en época estival, cuando arrecian las fumigaciones.
El cura del pueblo, padre Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando con el objetivo de ponerle fin a esta situación que provocó enormes inconvenientes de salud en varias personas de la zona desde hace varios años.
“En el pueblo estamos preocupados, en la zona suele llover desde noviembre hasta abril, y se siembra soja, los productores fumigan con las avionetas y largan un tóxico que genera enfermedades de distintos tipos en los pobladores. Se produce una contaminación en la gente, es un tema grave, la gente tiene los recipientes donde juntan agua al aire libre para beber, los animales toman agua en la represa contaminada, y esos animales después se lo comen, los utensilios están en una mesa bajo el árbol, lo poco que siembran se les quema enseguida, entonces se ve afectado el modelo de vida de producción de las familias de la zona. Lo más preocupante es el problema de salud de esas familias”, expresó con tono preocupado el padre.
Raffaelli es párroco de la parroquia La Merced; su trabajo pastoral llega a todos los parajes del departamento. “Con los vecinos hemos logrado armar una mesa de tierra en la parroquia donde nos reunimos mensualmente con las comunidades campesinas, el Inta, el comité de Emergencia. En la última reunión nos acompañó la fiscal federal, Dra. Indiana Garzón, el fiscal de la jurisdicción Río Hondo Jiménez, Dr. Ignacio Guzmán, y el Dr. Santucho de la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto de Niñez y Adolescencia por el tema de las escuelas y el derecho a la salud de los niños. Es una mesa ampliada. Tenemos pensado para el mes de febrero tener una reunión con la Secretaría de Agricultura de la Provincia que es el órgano de control y aplicación y cuenta con las normativas para regular el uso de las herramientas que deben utilizar para la fumigación”, amplió.
“Me cuesta creer que esta gente sea empresaria, la gente de bien da trabajo y persigue una función social, estos son especuladores financieros que poco tienen que ver con un trabajo empresarial. La Dra. Garzón les tomó la denuncia de los vecinos afectados, quienes dieron nombres de las fincas, empresarios. Los campos están ubicados en el límite de los departamentos Jiménez y Río Hondo y la provincia de Tucumán. Las fincas grandes abarcan las dos provincias. La mayoría de las avionetas son de Tucumán, despegan desde la vecina provincia. La fiscal Garzón nos manifestó que la Justicia Federal puede intervenir en este tipo de situaciones. Levantó todos elementos que le sirven como materia de denuncia para realizar allanamientos, investigar y pedir informes”, explicó el sacerdote.
Por último, el padre Raffaelli concluyó: “Estamos esperanzados de que esto tiene que parar, tenemos familias preocupadas por el deterioro de la salud, los agentes sanitarios de la zona pudieron registrar casos de niños que nacen con malformaciones, problemas respiratorios, enfermedad de la piel, la muerte de los animales. Sabemos que estamos luchando contra empresas grandes, pero seguiremos dando batalla”.
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Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La población de Pozo Hondo se encuentra en alerta por enfermedades y culpan al agrotóxico de las fumigaciones. El padre Sergio Raffaelli encabeza la lucha a favor de los pobladores afectados.
Pobladores de Pozo Hondo y lugares aledaños del departamento Jiménez no la están pasando nada bien. Afirman que ésta es la peor época del año y en la que se exacerban los “síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones”. Todo ello, afirman, a causa de la actividad sojera de la zona, puntualmente de la fumigación de los campos con sustancias agrotóxicas.
Como si la salud de la población no fuera suficientemente alarmante ya, relatan que también se mueren sus animales y sus sembradíos se secan enseguida. Por ello, se encuentran en alerta y abiertamente en lucha contra la desmedida aplicación de las peligrosas sustancias tóxicas en campos muy cercanos a viviendas, escuelas y pobladores en general, que están seguros que aspiran involuntariamente esos venenos, especialmente en época estival, cuando arrecian las fumigaciones.
El cura del pueblo, padre Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando con el objetivo de ponerle fin a esta situación que provocó enormes inconvenientes de salud en varias personas de la zona desde hace varios años.
“En el pueblo estamos preocupados, en la zona suele llover desde noviembre hasta abril, y se siembra soja, los productores fumigan con las avionetas y largan un tóxico que genera enfermedades de distintos tipos en los pobladores. Se produce una contaminación en la gente, es un tema grave, la gente tiene los recipientes donde juntan agua al aire libre para beber, los animales toman agua en la represa contaminada, y esos animales después se lo comen, los utensilios están en una mesa bajo el árbol, lo poco que siembran se les quema enseguida, entonces se ve afectado el modelo de vida de producción de las familias de la zona. Lo más preocupante es el problema de salud de esas familias”, expresó con tono preocupado el padre.
Raffaelli es párroco de la parroquia La Merced; su trabajo pastoral llega a todos los parajes del departamento. “Con los vecinos hemos logrado armar una mesa de tierra en la parroquia donde nos reunimos mensualmente con las comunidades campesinas, el Inta, el comité de Emergencia. En la última reunión nos acompañó la fiscal federal, Dra. Indiana Garzón, el fiscal de la jurisdicción Río Hondo Jiménez, Dr. Ignacio Guzmán, y el Dr. Santucho de la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto de Niñez y Adolescencia por el tema de las escuelas y el derecho a la salud de los niños. Es una mesa ampliada. Tenemos pensado para el mes de febrero tener una reunión con la Secretaría de Agricultura de la Provincia que es el órgano de control y aplicación y cuenta con las normativas para regular el uso de las herramientas que deben utilizar para la fumigación”, amplió.
“Me cuesta creer que esta gente sea empresaria, la gente de bien da trabajo y persigue una función social, estos son especuladores financieros que poco tienen que ver con un trabajo empresarial. La Dra. Garzón les tomó la denuncia de los vecinos afectados, quienes dieron nombres de las fincas, empresarios. Los campos están ubicados en el límite de los departamentos Jiménez y Río Hondo y la provincia de Tucumán. Las fincas grandes abarcan las dos provincias. La mayoría de las avionetas son de Tucumán, despegan desde la vecina provincia. La fiscal Garzón nos manifestó que la Justicia Federal puede intervenir en este tipo de situaciones. Levantó todos elementos que le sirven como materia de denuncia para realizar allanamientos, investigar y pedir informes”, explicó el sacerdote.
Por último, el padre Raffaelli concluyó: “Estamos esperanzados de que esto tiene que parar, tenemos familias preocupadas por el deterioro de la salud, los agentes sanitarios de la zona pudieron registrar casos de niños que nacen con malformaciones, problemas respiratorios, enfermedad de la piel, la muerte de los animales. Sabemos que estamos luchando contra empresas grandes, pero seguiremos dando batalla”.
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Santiago del Estero: siguen desalojando campesinos
Destruyen casa de un campesino apresado por usurpación
Fecha de Publicación: 10/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Quince días estuvo detenido Marcelo Rueda, en el departamento Alberdi, Santiago del Estero. La casa materna fue volteada por las máquinas.
Marcelo Rueda fue detenido el 18 de septiembre pasado en Campo Mayo, cabecera del departamento santiagueño de Alberdi, en el marco de la orden de detención que libró el juez de Control y Garantías de la provincia, Darío Alarcón. La disposición surge de la causa que le inició por usurpación a él y a su hermano, Fabián Rueda, las empresas Las Guindas SA y Aceitera General Deheza SA. El 14 de septiembre, mientras Rueda trataba de evitr la detención que luego se concretó, las topadoras llegaron a la zona y voltearon su casa materna. El joven fue liberado el viernes, tras 15 días de detención.
Se trata de una problemática que se repite en el campesinado de la región, en Salta también, donde organizaciones de familias agricultoras y criadoras vienen soportando la judicialización de los conflictos por la tierra.
La abogada del MOCASE Vía Campesina, María José Venancio, informó a Salta/12 que el juez Alarcón mantuvo la acusación del fiscal Rubén Alfonso, de la circunscripción de Santiago del Estero Capital.
“No nos encontramos bajo ningún término ante una circunstancia de usurpación, o al menos no reúne los presupuestos mínimos como para encuadrar típicamente la circunstancia y la conducta o actividad de los señores involucrados”. La conclusión sobre la situación de los hermanos Rueda surge de un informe oficial de la intervención conjunta entre Secretaria de Derechos Humanos (Dirección de Abordaje Territorial), y el Comité de Emergencia dependiente de Jefatura de Gabinete y Dirección de Bosques santiagueñas.
Las entidades oficiales hicieron el informe tras el encuentro que tuvieron el 23 de septiembre pasado con familias campesinas de 11 comunidades de la zona. Estas familias serán afectadas por el desmonte que autorizó la Dirección de la Dirección General de Bosques y Fauna el 27 de mayo de 2019 y que se estima es sobre 18 mil hectáreas.
700 hectáreas arrasadas
El 23 de septiembre los integrantes de las comunidades lograron detener las siete topadoras que ingresaron al territorio. Sin embargo, ya se habían desmontado 700 hectáreas. La Dirección de Bosques dispuso oficialmente la suspensión del desmonte recién al otro día.
La actuación de la Dirección de Bosques está en la mira porque autorizó un desmonte en una zona que los registros oficiales indicaban era de conflictividad social. En 2009 el Comité de Emergencia ya había informado de las denuncias de los campesinos ante la apropiación de tierras de Hugo Acosta, ex titular registral de las tierras. Ya en aquel momento los funcionarios advertían que la zona estaba relevada en el marco de la Ley 26.160 de Propiedad Indígena y por lo tanto, al ser territorios comunitarios, mal podían ser divididos o sujetos a acuerdos. Las comunidades pastorean comunitariamente sus ganados en la zona y utilizan sus recursos. Acosta alambró el territorio, presentó “acuerdos” para mensurar las tierras y según los campesinos, mediante presiones los obligaba a firmar. Los que se negaron, como los Rueda, sufrieron denuncias falsas, persecuciones, detenciones, y algunos finalmente abandonaron su lugar de siempre.
Luego aparecieron las empresas Deheza y Las Guindas que según dijo Venancio, habrían comprado los títulos de las tierras en 2017. Fueron autorizados a desmontar en zona amarilla. Según explicaron Cariló Olaiz del Mocase y el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, cuando una finca está en esa categoría, si bien en principio no se puede desmontar, la ley santiagueña permite que la deforestación del 10 por ciento. No se conoce la extensión total de la finca. Giardini sostuvo que aunque desde la Mesa de Tierras de Santiago del Estero se solicitó informes a la Dirección de Bosques nunca hubo respuestas.
El mismo informe oficial del Comité de Emergencia y la Dirección de Bosques, en tanto, meritúa: “consideramos susceptible de revisión y cuestionamiento las aprobaciones de planes productivos en el sector, puesto que ante la existencia de tantos poseedores, resulta al menos difícil la aprobación de cualquier proyecto dado el impacto no solo ambiental sino también social en familias que declaran nunca haber sido convocadas a Audiencia Pública; al menos no por medios fehacientes”.
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Fecha de Publicación: 10/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Quince días estuvo detenido Marcelo Rueda, en el departamento Alberdi, Santiago del Estero. La casa materna fue volteada por las máquinas.
Marcelo Rueda fue detenido el 18 de septiembre pasado en Campo Mayo, cabecera del departamento santiagueño de Alberdi, en el marco de la orden de detención que libró el juez de Control y Garantías de la provincia, Darío Alarcón. La disposición surge de la causa que le inició por usurpación a él y a su hermano, Fabián Rueda, las empresas Las Guindas SA y Aceitera General Deheza SA. El 14 de septiembre, mientras Rueda trataba de evitr la detención que luego se concretó, las topadoras llegaron a la zona y voltearon su casa materna. El joven fue liberado el viernes, tras 15 días de detención.
Se trata de una problemática que se repite en el campesinado de la región, en Salta también, donde organizaciones de familias agricultoras y criadoras vienen soportando la judicialización de los conflictos por la tierra.
La abogada del MOCASE Vía Campesina, María José Venancio, informó a Salta/12 que el juez Alarcón mantuvo la acusación del fiscal Rubén Alfonso, de la circunscripción de Santiago del Estero Capital.
“No nos encontramos bajo ningún término ante una circunstancia de usurpación, o al menos no reúne los presupuestos mínimos como para encuadrar típicamente la circunstancia y la conducta o actividad de los señores involucrados”. La conclusión sobre la situación de los hermanos Rueda surge de un informe oficial de la intervención conjunta entre Secretaria de Derechos Humanos (Dirección de Abordaje Territorial), y el Comité de Emergencia dependiente de Jefatura de Gabinete y Dirección de Bosques santiagueñas.
Las entidades oficiales hicieron el informe tras el encuentro que tuvieron el 23 de septiembre pasado con familias campesinas de 11 comunidades de la zona. Estas familias serán afectadas por el desmonte que autorizó la Dirección de la Dirección General de Bosques y Fauna el 27 de mayo de 2019 y que se estima es sobre 18 mil hectáreas.
700 hectáreas arrasadas
El 23 de septiembre los integrantes de las comunidades lograron detener las siete topadoras que ingresaron al territorio. Sin embargo, ya se habían desmontado 700 hectáreas. La Dirección de Bosques dispuso oficialmente la suspensión del desmonte recién al otro día.
La actuación de la Dirección de Bosques está en la mira porque autorizó un desmonte en una zona que los registros oficiales indicaban era de conflictividad social. En 2009 el Comité de Emergencia ya había informado de las denuncias de los campesinos ante la apropiación de tierras de Hugo Acosta, ex titular registral de las tierras. Ya en aquel momento los funcionarios advertían que la zona estaba relevada en el marco de la Ley 26.160 de Propiedad Indígena y por lo tanto, al ser territorios comunitarios, mal podían ser divididos o sujetos a acuerdos. Las comunidades pastorean comunitariamente sus ganados en la zona y utilizan sus recursos. Acosta alambró el territorio, presentó “acuerdos” para mensurar las tierras y según los campesinos, mediante presiones los obligaba a firmar. Los que se negaron, como los Rueda, sufrieron denuncias falsas, persecuciones, detenciones, y algunos finalmente abandonaron su lugar de siempre.
Luego aparecieron las empresas Deheza y Las Guindas que según dijo Venancio, habrían comprado los títulos de las tierras en 2017. Fueron autorizados a desmontar en zona amarilla. Según explicaron Cariló Olaiz del Mocase y el coordinador de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, cuando una finca está en esa categoría, si bien en principio no se puede desmontar, la ley santiagueña permite que la deforestación del 10 por ciento. No se conoce la extensión total de la finca. Giardini sostuvo que aunque desde la Mesa de Tierras de Santiago del Estero se solicitó informes a la Dirección de Bosques nunca hubo respuestas.
El mismo informe oficial del Comité de Emergencia y la Dirección de Bosques, en tanto, meritúa: “consideramos susceptible de revisión y cuestionamiento las aprobaciones de planes productivos en el sector, puesto que ante la existencia de tantos poseedores, resulta al menos difícil la aprobación de cualquier proyecto dado el impacto no solo ambiental sino también social en familias que declaran nunca haber sido convocadas a Audiencia Pública; al menos no por medios fehacientes”.
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Finalmente le otorgan probation a empresario contaminador
Otorgan probation a Rocchia Ferro en causa por contaminación de un pueblo
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de $18 millones, se pasó a $ 27 millones el año pasado y luego a más de $28,5 millones teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
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Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de $18 millones, se pasó a $ 27 millones el año pasado y luego a más de $28,5 millones teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
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El Salí-Dulce con buena salud
Control determinó niveles óptimos de oxígeno en efluente del Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 06/08/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Controles realizados en la jornada por el Programa de Monitoreo Permanente y Alerta temprana que realiza Defensoría del Pueblo en conjunto con el Ministerio del Agua, determinaron niveles óptimos de oxígeno en el río Gastona, efluente de la cuenca del río Salí-Dulce.
Ante la denuncia de un usuario de Facebook, identificado como Carlos Álvarez, de que en el río Gastona, cerca de su desembocadura en el río Salí (Tucumán), había un vuelco de desechos de un ingenio.
Desde el programa encargado de vigilar el cuidado ambiental de la cuenca, indicaron que el oxígeno disuelto es superior (4.75) al límite mínimo de 3 MG/L, en ese curso de agua que alimenta el sistema hídrico interprovincial.
Sin perjuicio de ello, hoy se realizará un nuevo control (se realizan mediciones de manera diaria), y la embarcación remontará aguas arriba el río Gastona, en jurisdicción de Tucumán, indicaron desde el programa provincial.
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Fecha de Publicación: 06/08/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Controles realizados en la jornada por el Programa de Monitoreo Permanente y Alerta temprana que realiza Defensoría del Pueblo en conjunto con el Ministerio del Agua, determinaron niveles óptimos de oxígeno en el río Gastona, efluente de la cuenca del río Salí-Dulce.
Ante la denuncia de un usuario de Facebook, identificado como Carlos Álvarez, de que en el río Gastona, cerca de su desembocadura en el río Salí (Tucumán), había un vuelco de desechos de un ingenio.
Desde el programa encargado de vigilar el cuidado ambiental de la cuenca, indicaron que el oxígeno disuelto es superior (4.75) al límite mínimo de 3 MG/L, en ese curso de agua que alimenta el sistema hídrico interprovincial.
Sin perjuicio de ello, hoy se realizará un nuevo control (se realizan mediciones de manera diaria), y la embarcación remontará aguas arriba el río Gastona, en jurisdicción de Tucumán, indicaron desde el programa provincial.
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Salí-Dulce: fiscal objeta “probation” de contaminadores
Fiscal objeta “probation” en una causa por contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a dos exdirectivos de un ingenio azucarero, acusados de contaminar la cuenca Salí - Dulce.
La resolución beneficia con una “probation” a dos empresarios, exdirectivos de la firma Azucarera Argentina SA, a cargo del ingenio La Corona.
El tribunal compuesto por Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Basbús, hizo lugar al pedido de la defensa de Silvio José Peluffo y Enrique Fausto González, quienes por el término de 3 años deberán realizar tareas comunitarias 8 horas mensuales, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Ambos tendrán que comprar elementos sanitarios para el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, por la suma de $150.000 cada uno.
Esta decisión fue objetada por el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez; y la querella -representada por la ex concejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto-, quienes se opusieron y exigieron que se haga el juicio oral y público. Así lo indicó a EL LIBERAL el fiscal Gustavo Gómez, quien consideró que no se tuvo en cuenta la dimensión del daño causado al medio ambiente.
El tribunal consideró que la suspensión del juicio a prueba “es una solución alternativa a la pena, menos gravosa y conducente a poner fin al conflicto”.
En los considerandos del fallo, se indica que la audiencia se llevó a cabo el día 27 de julio de 2019, en la oportunidad “el Tribunal entiende que debe quedar claro que la norma constitucional, que dispone la protección del medio ambiente, no implica que toda actividad que genere riesgo de ese tipo, deba ser objeto de protección penal, sino que la fijación del ámbito de protección de esa norma específica está a cargo del Congreso de la Nación”.
También afirma que “este mismo tribunal en esta causa había rechazado al pedido (de la defensa), por carecer de ofrecimiento concreto de los imputados. Al haberlo efectuado, y que consiste en $150.000 por cada uno, reunido por crédito bancario, acreditado en la audiencia, ya que uno de ellos es empleado bajo relación de dependencia con una remuneración estándar y el otro es jubilado, también con un ingreso equivalente, se ha cumplido con la norma que señala “en la medida de lo posible”.
La resolución agrega que “se suma a ello que se los imputó como directores de la empresa, con lo que es a esta ultima a la que se le podría haber exigido una reparación monetaria integral, ello sin perjuicio que tal persona jurídica ya no existe en el medio azucarero, por lo menos”.
Durante la instrucción de la causa que comenzó en 2008, la Justicia Federal de primera instancia, había señalado que estaba “probado que la fábrica arroja residuos tóxicos que desembocan al Río Gastona, y luego a la Cuenca del Río Salí-Dulce”.
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Vuelven a inspeccionar ingenios azucareros tucumanos
Inspeccionan ingenios azucareros de Tucumán para evitar contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Emergencia agropecuaria en cuatro provincias
La Nación declaró la emergencia agropecuaria en cuatro provincias
Fecha de Publicación: 15/03/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, firmó las resoluciones a través de la cuales se declaró el estado de emergencia y/o desastre para las provincias de Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero. Se trata de jurisdicciones que fueron afectadas en sus capacidades productivas e infraestructura por distintos eventos climatológicos como inundaciones, bajas temperaturas y/o granizo.
La medida se adoptó conforme a la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de evaluar las consecuencias generadas por distintos eventos climáticos en las cuatro provincias.
“Con la inmediata publicación de las declaraciones de emergencia habilitamos los mecanismos que prevé la Ley de Emergencia para brindar herramientas que ayudan a minimizar el impacto de los daños causados por las inclemencias climáticas a los productores de las provincias afectadas”, explicó el titular de la cartera agroindustrial.
Alcances
Santa Fe. En este caso se declaró la emergencia entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del corriente año por inundaciones, para los departamentos de la Capital, Garay, Las Colonias, San Justo, San Javier, San Martín (distritos Carlos Pellegrini, María Susana y Piamonte), San Cristóbal (distritos Aguara Grande, San Cristóbal, Las Avispas, Huanqueros, Villa Saralegui, La Lucila, Ñanducita, Colonia La Clara y Soledad), San Jerónimo (distritos Coronda y Larrechea) y Belgrano (distritos Bouquet, Montes de Oca y Tortugas).
Santiago del Estero. Será por el término de 12 meses a partir de enero de 2019 para las localidades de Cañada Escobar, Colonia Gamara, Clodomira del departamento de Banda; La Cañada, Hurito Huasi del departamento de Figueroa y Colonia El Simbolar, Fernández, Vilmer, Forres y Beltrán del departamento de Robles, afectadas en forma directa por las inundaciones de enero pasado.
Tucumán. La emergencia contempla la totalidad del territorio provincial por efecto de las bajas temperaturas y las precipitaciones intensas ocurridas durante octubre y noviembre del año pasado.
El período comprende del 1° de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019, para las producciones de arándanos, papas, garbanzos y trigo.
Mendoza. La declaración de emergencia es por los daños provocados por tormenta de granizo; el período de emergencia abarcará del 1° de enero al 31 de marzo de 2019, para las producciones agrícolas de bajo riesgo en algunos distritos de los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo, Junín, Maipú y Rivadavia.
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Fecha de Publicación: 15/03/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, firmó las resoluciones a través de la cuales se declaró el estado de emergencia y/o desastre para las provincias de Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero. Se trata de jurisdicciones que fueron afectadas en sus capacidades productivas e infraestructura por distintos eventos climatológicos como inundaciones, bajas temperaturas y/o granizo.
La medida se adoptó conforme a la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de evaluar las consecuencias generadas por distintos eventos climáticos en las cuatro provincias.
“Con la inmediata publicación de las declaraciones de emergencia habilitamos los mecanismos que prevé la Ley de Emergencia para brindar herramientas que ayudan a minimizar el impacto de los daños causados por las inclemencias climáticas a los productores de las provincias afectadas”, explicó el titular de la cartera agroindustrial.
Alcances
Santa Fe. En este caso se declaró la emergencia entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del corriente año por inundaciones, para los departamentos de la Capital, Garay, Las Colonias, San Justo, San Javier, San Martín (distritos Carlos Pellegrini, María Susana y Piamonte), San Cristóbal (distritos Aguara Grande, San Cristóbal, Las Avispas, Huanqueros, Villa Saralegui, La Lucila, Ñanducita, Colonia La Clara y Soledad), San Jerónimo (distritos Coronda y Larrechea) y Belgrano (distritos Bouquet, Montes de Oca y Tortugas).
Santiago del Estero. Será por el término de 12 meses a partir de enero de 2019 para las localidades de Cañada Escobar, Colonia Gamara, Clodomira del departamento de Banda; La Cañada, Hurito Huasi del departamento de Figueroa y Colonia El Simbolar, Fernández, Vilmer, Forres y Beltrán del departamento de Robles, afectadas en forma directa por las inundaciones de enero pasado.
Tucumán. La emergencia contempla la totalidad del territorio provincial por efecto de las bajas temperaturas y las precipitaciones intensas ocurridas durante octubre y noviembre del año pasado.
El período comprende del 1° de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019, para las producciones de arándanos, papas, garbanzos y trigo.
Mendoza. La declaración de emergencia es por los daños provocados por tormenta de granizo; el período de emergencia abarcará del 1° de enero al 31 de marzo de 2019, para las producciones agrícolas de bajo riesgo en algunos distritos de los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo, Junín, Maipú y Rivadavia.
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Rescatan 11 pumas en Santigo del Estero
Gendarmería rescató a 11 pumas de una finca en La Banda
Fecha de Publicación: 14/02/2019
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santigo del Estero
Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó este último viernes un procedimiento en una finca de la ciudad de La Banda por infracción a la ley provincial 4802 de protección de fauna silvestre.
Efectivos del Escuadrón Núcleo 59 Santiago del Estero, en conjunto con unidades investigativas de la fuerza con asiento en esta ciudad capital y la dirección de fauna provincial, allanaron una propiedad ubicada en la ruta provincial 93.
Allí encontraron seis jaulas conectadas entre sí, que contenían 11 ejemplares de puma "concolor".
El juzgado federal de Santiago del Estero dispuso que se labren actuaciones de rigor, debiendo permanecer los animales en depósito judicial en el lugar hasta que se gestione su devolución a su hábitat natural.
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Fecha de Publicación: 14/02/2019
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santigo del Estero
Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó este último viernes un procedimiento en una finca de la ciudad de La Banda por infracción a la ley provincial 4802 de protección de fauna silvestre.
Efectivos del Escuadrón Núcleo 59 Santiago del Estero, en conjunto con unidades investigativas de la fuerza con asiento en esta ciudad capital y la dirección de fauna provincial, allanaron una propiedad ubicada en la ruta provincial 93.
Allí encontraron seis jaulas conectadas entre sí, que contenían 11 ejemplares de puma "concolor".
El juzgado federal de Santiago del Estero dispuso que se labren actuaciones de rigor, debiendo permanecer los animales en depósito judicial en el lugar hasta que se gestione su devolución a su hábitat natural.
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560 ejemplares de loros habladores en un camión
Tráfico de fauna: Ambiente incautó más de 500 aves de un camión en la RN 9
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santiago del Estero - Buenos Aires
El operativo se realizó en la provincia de Buenos Aires; el vehículo de transporte de cargas provenía de Santiago del Estero.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), tomó intervención en un procedimiento que realizaba personal del Escuadrón de Seguridad Vial “San Nicolás” en el marco del Operativo “Viaje Seguro” dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los efectivos a cargo del control hallaron en el camión un total de 560 ejemplares de loros habladores dispuestos en cajas, que se mezclaban con la carga declarada de zapallos anko.
A partir del operativo instalado en el Km 225 de la RN 9, en proximidades al acceso de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, se procedió al control de un vehículo de transporte de cargas generales que venía de Santiago del Estero y que tenía como destino la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los efectivos que revisaban la carga consignada de 800 kg de zapallo anko dieron con 14 cajas de madera con red de alambre tejido, que contenían cada una 40 ejemplares de loros habladores (Amazona aestiva).
En total, el organismo de Ambiente logró recuperar 560 aves que no contaban con la documentación correspondiente que avalara la tenencia y el transporte por parte del conductor. En ese sentido, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman remarcó que “el trabajo que lleva adelante la Secretaría está orientado en la prevención y educación ambiental que busca disminuir la tenencia ilegal de animales, así como la lucha contra el tráfico de fauna”. “Nuestra prioridad es cuidar nuestros recursos naturales y, de esta manera, asegurar la salud humana preservando el ambiente”, afirmó el funcionario.
Los animales serán trasladados a un centro especializado para su revisión veterinaria y su rehabilitación.
Cabe señalar que el tráfico ilegal de vida silvestre es el tercer negocio ilícito más grande en el mundo. En Argentina, 9 de cada 10 animales capturados mueren antes de llegar a ser comercializados. De los que llegan a venderse en forma ilegal, 10 de cada 100 se recuperan y únicamente 5 % logra regresar a su hábitat.
La demanda de especies para mascotismo contribuye al comercio ilegal de animales. La Secretaría de Ambiente de la Nación es el órgano de aplicación de la Ley N.º 22421, que implementa la conservación de la fauna silvestre.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Santiago del Estero - Buenos Aires
El operativo se realizó en la provincia de Buenos Aires; el vehículo de transporte de cargas provenía de Santiago del Estero.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Cuerpo Especializado de Fiscalización y Control Ambiental (CEFCA), tomó intervención en un procedimiento que realizaba personal del Escuadrón de Seguridad Vial “San Nicolás” en el marco del Operativo “Viaje Seguro” dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Los efectivos a cargo del control hallaron en el camión un total de 560 ejemplares de loros habladores dispuestos en cajas, que se mezclaban con la carga declarada de zapallos anko.
A partir del operativo instalado en el Km 225 de la RN 9, en proximidades al acceso de la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, se procedió al control de un vehículo de transporte de cargas generales que venía de Santiago del Estero y que tenía como destino la provincia de Buenos Aires. En ese marco, los efectivos que revisaban la carga consignada de 800 kg de zapallo anko dieron con 14 cajas de madera con red de alambre tejido, que contenían cada una 40 ejemplares de loros habladores (Amazona aestiva).
En total, el organismo de Ambiente logró recuperar 560 aves que no contaban con la documentación correspondiente que avalara la tenencia y el transporte por parte del conductor. En ese sentido, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman remarcó que “el trabajo que lleva adelante la Secretaría está orientado en la prevención y educación ambiental que busca disminuir la tenencia ilegal de animales, así como la lucha contra el tráfico de fauna”. “Nuestra prioridad es cuidar nuestros recursos naturales y, de esta manera, asegurar la salud humana preservando el ambiente”, afirmó el funcionario.
Los animales serán trasladados a un centro especializado para su revisión veterinaria y su rehabilitación.
Cabe señalar que el tráfico ilegal de vida silvestre es el tercer negocio ilícito más grande en el mundo. En Argentina, 9 de cada 10 animales capturados mueren antes de llegar a ser comercializados. De los que llegan a venderse en forma ilegal, 10 de cada 100 se recuperan y únicamente 5 % logra regresar a su hábitat.
La demanda de especies para mascotismo contribuye al comercio ilegal de animales. La Secretaría de Ambiente de la Nación es el órgano de aplicación de la Ley N.º 22421, que implementa la conservación de la fauna silvestre.
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223 loros habladores en el baúl de un automóvil
Más de 200 loros habladores fueron rescatados del mercado negro
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Santiago del Estero
Los uniformados de la ciudad de Campo Gallo, en la provincia de Santiago del Estero, lograron truncar la comercialización de 223 especies del loro hablador. Las aves eran transportadas en el baúl de un automóvil por su vendedor y comprador. Los animales estaban destinados al mercado negro.
Las autoridades policiales efectuaron el procedimiento, en la Ruta Nacional N° 92 mientras efectuaban un control vehicular rutinario. Allí lograron detener la marcha de un automóvil marca Fiat, modelo Siena, color blanco.
Tras identificar a los dos individuos ocupantes de 38 y 68 años, oriundos de la provincia de Santa Fe, los efectivos policiales procedieron a requisar el vehículo. En el baúl del rodado encontraron la totalidad de 223 aves.
El conductor manifestó haber efectuado un contacto en la ciudad de Monte Quemado, también en Santiago del Estero, quien se los vendió y este a su vez a su acompañante. El destino de las aves sería la provincia de Santa Fe y posterior el mercado negro.
La policía de la provincia santiagueña dio inmediata intervención a la Fiscalía de Turno, quien dispuso el secuestro de los animales, la identificación de los sujetos y su posterior puesta en libertad.
En consecuencia, los guardianes del orden contactaron a los encargados de la Dirección de Fauna provincial en Santiago del Estero, quienes efectuaron las actas de secuestro. Mientras el rodado utilizado para el transporte también quedó retenido.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Santiago del Estero
Los uniformados de la ciudad de Campo Gallo, en la provincia de Santiago del Estero, lograron truncar la comercialización de 223 especies del loro hablador. Las aves eran transportadas en el baúl de un automóvil por su vendedor y comprador. Los animales estaban destinados al mercado negro.
Las autoridades policiales efectuaron el procedimiento, en la Ruta Nacional N° 92 mientras efectuaban un control vehicular rutinario. Allí lograron detener la marcha de un automóvil marca Fiat, modelo Siena, color blanco.
Tras identificar a los dos individuos ocupantes de 38 y 68 años, oriundos de la provincia de Santa Fe, los efectivos policiales procedieron a requisar el vehículo. En el baúl del rodado encontraron la totalidad de 223 aves.
El conductor manifestó haber efectuado un contacto en la ciudad de Monte Quemado, también en Santiago del Estero, quien se los vendió y este a su vez a su acompañante. El destino de las aves sería la provincia de Santa Fe y posterior el mercado negro.
La policía de la provincia santiagueña dio inmediata intervención a la Fiscalía de Turno, quien dispuso el secuestro de los animales, la identificación de los sujetos y su posterior puesta en libertad.
En consecuencia, los guardianes del orden contactaron a los encargados de la Dirección de Fauna provincial en Santiago del Estero, quienes efectuaron las actas de secuestro. Mientras el rodado utilizado para el transporte también quedó retenido.
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Avances del "Monitoreo ambiental" del Salí-Dulce
Reconocen avances del programa "Monitoreo ambiental"
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Con el objeto de terminar con el flagelo de la contaminación ambiental en la cuenca Salí-Dulce, se celebró el séptimo aniversario del programa "Monitoreo ambiental" que se desarrolla de manera conjunta entre la Defensoría del Pueblo de la provincia y el Ministerio del Agua y Ambiente, todo bajo tutela de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Participaron del acto, el defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel E. Suárez; el secretario del Agua y de Ambiente, Lic. Sergio Zaltz; el presidente del Tribunal de Cuentas y ex defensor del Pueblo, Dr. Martín Díaz Achával, y el secretario de Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalván, quienes, en la oportunidad de participar de un panel, aludieron a todo el proceso que significó la puesta en operaciones del monitoreo permanente, alerta temprana en el embalse y la inspección a industrias de la provincia de Tucumán.
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