Mostrando entradas con la etiqueta Santiago del Estero. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Santiago del Estero. Mostrar todas las entradas
El Ingenio La Florida será denunciado por Santiago
17:54 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Santiago ampliará su denuncia por un nuevo vuelco de vinaza del ingenio La Florida
Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: El Libral
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Ante un nuevo episodio de contaminación que se produjo en el departamento Jiménez por parte del ingenio La Florida, la provincia ampliará su presentación en la Justicia Federal santiagueña, en contra de los responsables del vuelco. Pero, además, exigirá que se garantice que no haya peligro de nuevos derrames y que para eso se tomen medidas efectivas como la clausura de las plantas industriales que tengan acumulado el desecho, de ser necesario.
Así lo adelantaron calificadas fuentes a EL LIBERAL, las que comentaron que el sábado pasado, pobladores de El Palomar, departamento Jiménez, observaron que a través del canal del Este, llegaba un hilo de vinaza, proveniente del ingenio La Florida, establecido en Tucumán y que es propiedad del empresario Jorge Rocchia Ferro.
Esta situación llegó a oídos de autoridades provinciales cuando ya se había radicado la denuncia por el anterior derrame de la citada planta industrial, semanas atrás.
Es por eso que se hará una ampliación de la presentación que efectuara el fiscal de Estado, Raúl Abate, el pasado miércoles.
Como se recordará, el funcionario pidió que se investigara a los responsables del derrame de más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegó a territorio santiagueño y que afectó a las localidades El Palomar y El Arenal, del departamento Jiménez.
No descartó que se pudiera avanzar contra la responsabilidad que les podría caber a funcionarios de Tucumán.
Además, en diálogo con la prensa, Abate fue tajante al decir que si no había una disposición final de la vinaza, se tenían que clausurar los ingenios que tengan acumulado ese residuo.
“Lo que pretende la provincia es la clausura de estos ingenios que tienen una gran cantidad de vinaza almacenada y que existe el potencial peligro de que esa vinaza sea volcada en forma dolosa o culposa en el mejor de los casos”, advirtió el funcionario provincial que también solicitó al fiscal federal, Pedro Simón, que se admitiera al Estado santiagueño como querellante en esta causa.
La nueva presentación apuntaría a que se clausuren las plantas que no garanticen que no habrá vuelcos de desechos en la cuenca Salí-Dulce y, en particular, que se extremen medidas para que La Florida no produzca más daño al ambiente santiagueño.
Riesgo latente
Es que, según comentaron dichas fuentes, hay preocupación porque a pesar de que finalizó la zafra en Tucumán, habría plantas que tienen melaza almacenada y podrían seguir produciendo bioetanol y con ello, grandes cantidades de vinaza que se sumarían a los miles de millones de litros que tienen acumuladas algunas fábricas. Ello, según el relevamiento que hiciera público el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával.
La vinaza es un subproducto de la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza que se extrae de la caña de azúcar y que arrojado en cursos hídricos, es tóxico porque consume el oxígeno y degrada el ambiente.
.
Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: El Libral
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Ante un nuevo episodio de contaminación que se produjo en el departamento Jiménez por parte del ingenio La Florida, la provincia ampliará su presentación en la Justicia Federal santiagueña, en contra de los responsables del vuelco. Pero, además, exigirá que se garantice que no haya peligro de nuevos derrames y que para eso se tomen medidas efectivas como la clausura de las plantas industriales que tengan acumulado el desecho, de ser necesario.Así lo adelantaron calificadas fuentes a EL LIBERAL, las que comentaron que el sábado pasado, pobladores de El Palomar, departamento Jiménez, observaron que a través del canal del Este, llegaba un hilo de vinaza, proveniente del ingenio La Florida, establecido en Tucumán y que es propiedad del empresario Jorge Rocchia Ferro.
Esta situación llegó a oídos de autoridades provinciales cuando ya se había radicado la denuncia por el anterior derrame de la citada planta industrial, semanas atrás.
Es por eso que se hará una ampliación de la presentación que efectuara el fiscal de Estado, Raúl Abate, el pasado miércoles.
Como se recordará, el funcionario pidió que se investigara a los responsables del derrame de más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegó a territorio santiagueño y que afectó a las localidades El Palomar y El Arenal, del departamento Jiménez.
No descartó que se pudiera avanzar contra la responsabilidad que les podría caber a funcionarios de Tucumán.
Además, en diálogo con la prensa, Abate fue tajante al decir que si no había una disposición final de la vinaza, se tenían que clausurar los ingenios que tengan acumulado ese residuo.
“Lo que pretende la provincia es la clausura de estos ingenios que tienen una gran cantidad de vinaza almacenada y que existe el potencial peligro de que esa vinaza sea volcada en forma dolosa o culposa en el mejor de los casos”, advirtió el funcionario provincial que también solicitó al fiscal federal, Pedro Simón, que se admitiera al Estado santiagueño como querellante en esta causa.
La nueva presentación apuntaría a que se clausuren las plantas que no garanticen que no habrá vuelcos de desechos en la cuenca Salí-Dulce y, en particular, que se extremen medidas para que La Florida no produzca más daño al ambiente santiagueño.
Riesgo latente
Es que, según comentaron dichas fuentes, hay preocupación porque a pesar de que finalizó la zafra en Tucumán, habría plantas que tienen melaza almacenada y podrían seguir produciendo bioetanol y con ello, grandes cantidades de vinaza que se sumarían a los miles de millones de litros que tienen acumuladas algunas fábricas. Ello, según el relevamiento que hiciera público el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával.
La vinaza es un subproducto de la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza que se extrae de la caña de azúcar y que arrojado en cursos hídricos, es tóxico porque consume el oxígeno y degrada el ambiente.
.
Etiquetas:
Tucumán dice que sancionó a 8 ingenios
Fecha de Publicación: 09/11/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Lo dijo en una reunión que mantuvo con el ombudsman Hugo Cabral. El funcionario ambiental dio un informe sobre los últimos sumarios iniciados a los industriales azucareros por contaminación.La contaminación por parte de los ingenios azucareros continúa. El secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, aseguró al defensor del Pueblo, Hugo Cabral, que inició sumarios y sanciones a ocho ingenios azucareros que “en forma desaprensiva” arrojaron residuos en la Cuenca Salí Dulce, en el marco del lavado de las fábricas.
En la reunión participaron ONG's ambientalistas, especialistas en la temática junto al foro de Participación Ciudadana, creado por la Defensoría del Pueblo.
El encuentro se produjo el miércoles por una invitación del ombudsman al funcionario ambientalista a fin de que brinde un pormenorizado informe sobre lo ocurrido recientemente en la Cuenca Salí Dulce.
.
Iran a la Justicia contra ingenios por el Sali-Dulce
Cuenca Salí-Dulce: El ombudsman santiagueño acudirá a la Justicia contra ingenios
Fecha de Publicación: 06/11/2012
Fuente: El Cívico
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Presentará una cautelar para evitar que el ingenio La Florida vuelque millones de litros de vinaza, que afectarán a dos localidades de Santiago
El defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, solicitará a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que tome "medidas ejemplares" contra los ingenios Leales y La Florida, ya que la semana pasada volvieron a arrojar desechos industriales en el arroyo Mixta y en el canal del Este, respectivamente.
El ombudsman santiagueño indicó además que solicitará una medida cautelar a la Justicia Federal, ya que asegura que el ingenio La Florida está opor volcar en forma inminente millones de litros de vinaza, lo que volverá afectar a las localidades santiagueñas de El Palomar y El Arenal.
Según Díaz Achával, los daños ocasionados por el ingenio Leales en El Palomar y El Arenal "son hechos que necesitan de medidas ejemplares, que esperamos que sean tomadas con firmeza, aplicando el principio precautorio que es el que rige el derecho ambiental".
En tanto, criticó el accionar de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán. "En el Leales se ha detectado un vuelco y ¿cuál es la medida de Tucumán?, cancelar el proceso de lavado en vez de clausurar la planta en forma provisoria y temporal hasta que se determine fehacientemente lo que sucede", se quejó.
.
Fecha de Publicación: 06/11/2012
Fuente: El Cívico
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Presentará una cautelar para evitar que el ingenio La Florida vuelque millones de litros de vinaza, que afectarán a dos localidades de Santiago El defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, solicitará a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que tome "medidas ejemplares" contra los ingenios Leales y La Florida, ya que la semana pasada volvieron a arrojar desechos industriales en el arroyo Mixta y en el canal del Este, respectivamente.
El ombudsman santiagueño indicó además que solicitará una medida cautelar a la Justicia Federal, ya que asegura que el ingenio La Florida está opor volcar en forma inminente millones de litros de vinaza, lo que volverá afectar a las localidades santiagueñas de El Palomar y El Arenal.
Según Díaz Achával, los daños ocasionados por el ingenio Leales en El Palomar y El Arenal "son hechos que necesitan de medidas ejemplares, que esperamos que sean tomadas con firmeza, aplicando el principio precautorio que es el que rige el derecho ambiental".
En tanto, criticó el accionar de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán. "En el Leales se ha detectado un vuelco y ¿cuál es la medida de Tucumán?, cancelar el proceso de lavado en vez de clausurar la planta en forma provisoria y temporal hasta que se determine fehacientemente lo que sucede", se quejó.
.
Nuevamente ingenios tucumanos contaminan
Ocho ingenios arrojaron desechos industriales
Fecha de Publicación: 04/11/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los establecimientos fueron multados porque tiraron residuos que quedaron en las instalaciones tras la finalización de la zafra. Desde el Gobierno, Montalván afirmó que se está cambiando la conducta industrial. Los objetivos para 2013
La zafra finalizó, pero los problemas ambientales continúan. Esta semana ocho ingenios fueron multados por el Estado, al considerarse que "sus conductas eran desaprensivas" frente a los compromisos asumidos para el cuidado ambiental. Así lo afirmó a LA GACETA el titular de Medio Ambiente, Alfredo Montalván. El funcionario detalló que se trata de sumarios iniciados contra los ingenios Leales, La Corona, Cruz Alta, Concepción, La Florida y San Juan, mientras que hay dos establecimientos también en esa línea, aunque se aguardan los resultados de laboratorio para establecer qué líquidos vertieron a arroyos y ríos de la Cuenca Salí-Dulce.
Montalván dijo que Medio Ambiente decidió paralizar el proceso de lavado del ingenio Leales al detectar que desde la planta se arrojaban otros desechos industriales, como los de la elaboración de alcohol. Pero descartó la expulsión de vinaza, como había denunciado el legislador radical Ariel García. "Si era vinaza, se clausuraba definitivamente".
En otro caso, el de La Florida, Montalván dijo que se le inició un sumario administrativo sancionatorio por la rotura de tapones de conducto de vinaza. "Se esparcían desechos hacia un canal que toma curso hacia Palomar, localidad de Santiago del Estero", puntualizó.
Los gobiernos tucumanos y santiagueño; organizaciones ambientales; industriales y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación suscribieron un convenio para el control de la contaminación. "Somos más exigentes y se están observando cambios en la conducta de los industriales. Por eso se procede con multas y otras sanciones para corregir aquellas conductas", afirmó Montalván.
Un informe
Al finalizar la zafra, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia presentó un informe al Ministerio de Desarrollo Productivo en el que se detalla que se realizaron 127 inspecciones y auditorias (21 a citrícolas, 100 a ingenios y destilerías y 6 a otras relacionadas con alimentos, papel y tratamiento de líquidos cloacales), en la mayoría de los casos, en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y Ambiente de la Nación.
En ese marco de inspecciones y controles hubo clausuras preventivas y multas. Así , desde fines de 2011 a la fecha, se multó a ingenios y citrícolas por un total de casi $ 1,2 millón. "Estas multas se hallan firmes y otras en proceso como ser comunicación para cobro judicial conforme a la nueva ley de trámite rápido y de embargo preventivo", remarcó el diagnóstico al que accedió nuestro diario. En ese mismo período de tiempo se realizaron ocho clausuras preventivas a ingenios y destiladoras y seis ingenios se hallan con instrucción de sumario por procesos relacionados con el lavado de fábrica que se realiza al final de cada zafra. "Estos procesos, que involucran la presencia de melados y cristalizados, duran entre 10 y 15 días y fueron detectados gracias al trabajo diario que realizan los equipos técnicos", especificó.
Todos los controles fueron posibles debido a que se contó con 15 equipos móviles de control que trabajaron las 24 horas durante toda la zafra 2012. "Esto implicó la realización de no menos de 2.400 monitoreos con mediciones in situ (en el lugar del muestreo) y muestras para análisis físico-químico en laboratorio", indicó. "Casi todas las intervenciones de un equipo técnico fue constatada por otro, para darle seguridad e integridad a la información sobre las que se tomaron las decisiones. Para esto último, se contó con equipos portátiles de campo y análisis de laboratorio con equipamiento de última generación a lo que se debe agregar monitoreo on line que están incorporando algunas empresas a raíz de disposiciones de la Secretaría", acotó.
"Puede afirmarse que el objetivo trazado para este año, relacionado con cachaza y vinaza cero, se cumplió ampliamente", enfatizó el área que conduce Montalván. El próximo paso previsto para la zafra 2013 es avanzar sobre otros controles particularmente de las cenizas, del efluente de lavado de caña y de recuperación de efluentes industriales.
.
Fecha de Publicación: 04/11/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los establecimientos fueron multados porque tiraron residuos que quedaron en las instalaciones tras la finalización de la zafra. Desde el Gobierno, Montalván afirmó que se está cambiando la conducta industrial. Los objetivos para 2013La zafra finalizó, pero los problemas ambientales continúan. Esta semana ocho ingenios fueron multados por el Estado, al considerarse que "sus conductas eran desaprensivas" frente a los compromisos asumidos para el cuidado ambiental. Así lo afirmó a LA GACETA el titular de Medio Ambiente, Alfredo Montalván. El funcionario detalló que se trata de sumarios iniciados contra los ingenios Leales, La Corona, Cruz Alta, Concepción, La Florida y San Juan, mientras que hay dos establecimientos también en esa línea, aunque se aguardan los resultados de laboratorio para establecer qué líquidos vertieron a arroyos y ríos de la Cuenca Salí-Dulce.
Montalván dijo que Medio Ambiente decidió paralizar el proceso de lavado del ingenio Leales al detectar que desde la planta se arrojaban otros desechos industriales, como los de la elaboración de alcohol. Pero descartó la expulsión de vinaza, como había denunciado el legislador radical Ariel García. "Si era vinaza, se clausuraba definitivamente".
En otro caso, el de La Florida, Montalván dijo que se le inició un sumario administrativo sancionatorio por la rotura de tapones de conducto de vinaza. "Se esparcían desechos hacia un canal que toma curso hacia Palomar, localidad de Santiago del Estero", puntualizó.
Los gobiernos tucumanos y santiagueño; organizaciones ambientales; industriales y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación suscribieron un convenio para el control de la contaminación. "Somos más exigentes y se están observando cambios en la conducta de los industriales. Por eso se procede con multas y otras sanciones para corregir aquellas conductas", afirmó Montalván.
Un informe
Al finalizar la zafra, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia presentó un informe al Ministerio de Desarrollo Productivo en el que se detalla que se realizaron 127 inspecciones y auditorias (21 a citrícolas, 100 a ingenios y destilerías y 6 a otras relacionadas con alimentos, papel y tratamiento de líquidos cloacales), en la mayoría de los casos, en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y Ambiente de la Nación.
En ese marco de inspecciones y controles hubo clausuras preventivas y multas. Así , desde fines de 2011 a la fecha, se multó a ingenios y citrícolas por un total de casi $ 1,2 millón. "Estas multas se hallan firmes y otras en proceso como ser comunicación para cobro judicial conforme a la nueva ley de trámite rápido y de embargo preventivo", remarcó el diagnóstico al que accedió nuestro diario. En ese mismo período de tiempo se realizaron ocho clausuras preventivas a ingenios y destiladoras y seis ingenios se hallan con instrucción de sumario por procesos relacionados con el lavado de fábrica que se realiza al final de cada zafra. "Estos procesos, que involucran la presencia de melados y cristalizados, duran entre 10 y 15 días y fueron detectados gracias al trabajo diario que realizan los equipos técnicos", especificó.
Todos los controles fueron posibles debido a que se contó con 15 equipos móviles de control que trabajaron las 24 horas durante toda la zafra 2012. "Esto implicó la realización de no menos de 2.400 monitoreos con mediciones in situ (en el lugar del muestreo) y muestras para análisis físico-químico en laboratorio", indicó. "Casi todas las intervenciones de un equipo técnico fue constatada por otro, para darle seguridad e integridad a la información sobre las que se tomaron las decisiones. Para esto último, se contó con equipos portátiles de campo y análisis de laboratorio con equipamiento de última generación a lo que se debe agregar monitoreo on line que están incorporando algunas empresas a raíz de disposiciones de la Secretaría", acotó.
"Puede afirmarse que el objetivo trazado para este año, relacionado con cachaza y vinaza cero, se cumplió ampliamente", enfatizó el área que conduce Montalván. El próximo paso previsto para la zafra 2013 es avanzar sobre otros controles particularmente de las cenizas, del efluente de lavado de caña y de recuperación de efluentes industriales.
.
Por la contaminación del Salí-Dulce van a la Corte
El saneamiento del Salí-Dulce, a la Corte
Fecha de Publicación: 31/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán Santiago del Estero - Nacional
Deberá definir si 33 empresas, Tucumán, Santiago del Estero y la Nación deben sanear el principal afluente de Mar Chiquita. Es un caso similar al del Riachuelo. Ingenios azucareros, los principales contaminadores. La consecuencia: mortandad de peces.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir si 33 empresas, las provincias de Tucumán y Santiago del Estero y la Nación deben sanear la cuenca Salí-Dulce, cuyas aguas desembocan en Mar Chiquita.
De esta forma, será el máximo órgano judicial el que le ponga el cascabel al gato, pues se trata de un problema complejo por ser una cuenca interprovincial, la más grande del país que no desemboca en el océano.
La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la demanda presentada por las fundaciones Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), de Córdoba, y la Fundación Ambiente y Desarrollo (Fundayd), de La Rioja.
Ahora será la Corte la que deba expedirse. Históricamente, nunca contradijo un dictamen de la Procuración. A fin de año aceptaría analizar la demanda y a principios de 2013 convocaría a las demandadas a que hagan su descargo.
“A nivel jurídico es un caso espejo al del Riachuelo. La Corte dictó la condena en un año e involucró a Ciudad y Provincia de Buenos Aires y la Nación. Esperamos que haya una resolución a principios de 2014 sobre el Salí-Dulce”, dijo Juan Picolotti, abogado de Cedha.
Picolotti también señaló algunas diferencias con el expediente del Riachuelo. “En el Riachuelo no se demanda a las empresas, por lo tanto no se las condenó. A su vez, es una cuenca más grande, pero el costo del saneamiento sería sustancialmente menor que en el Riachuelo, ya que allí hay que hacer un plan de cloacas por 1.500 millones de dólares y hay que reconvertir a más de tres mil empresas”, puntualizó.
Las empresas denunciadas en la demanda son 15 ingenios azucareros que también producen biocombustibles; ocho empresas citrícolas; ocho frigoríficos; una papelera, y una productora de levaduras.
A su vez, se demanda a Tucumán por ser la jurisdicción donde están instaladas estas fábricas a las cuales debería controlar. En Santiago del Estero está el embalse Río Hondo, donde se depositan estos contaminantes, con lo cual también fue demandada.
La Nación también figura en el recurso porque la cuenca es un recurso natural federal.
La principal medida de saneamiento consiste en la construcción de plantas de tratamiento de efluentes en las empresas. “El volcamiento de contaminantes es tan evidente que le cambia el color al agua y aumenta el caudal del río de manera imponente. Los peces muertos se miden por toneladas”, destacó Picolotti.
Zafra sucia. El período crítico ocurre durante la zafra, de octubre a marzo. Muchos de los ingenios elaboran etanol a partir de la caña de azúcar. El subproducto es la vinaza. Este año se producirán 200 millones de litros de etanol y por cada litro de biocombustible se generan 13 de vinaza.
La vinaza contiene altos niveles de materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, azufre y fósforo. Las algas utilizan estos elementos y también el oxígeno disuelto en el agua, con lo cual los peces mueren.
Enrique Bucher, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba que investigó la Mar Chiquita por años, asegura que no hay estudios que indiquen cuánta de esta contaminación llega al lago salado cordobés. “El río recorre muchos kilómetros hasta llegar, y al traer contaminantes orgánicos, estos se degradarían. A su vez, el embalse de Río Hondo retiene mucho. Pero deberían hacerse estudios para tener precisión”, dijo.
Algunas de las empresas funcionan desde hace tres décadas, pero su producción ha aumentado en los últimos años con el boom de los biocombustibles.
Construir una planta de tratamiento le costaría a cada planta unos cinco millones de dólares.
Comité y Defensoría
Comité. En 2007 se creó el Comité de la Cuenca Salí-Dulce, integrado por autoridades de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y la Nación. El objetivo es coordinar una gestión eficiente, sustentable y equitativa de la cuenca.
Defensores. En 2010, defensores del pueblo de la Nación y de las provincias involucradas reclamaron a las autoridades el saneamiento de la cuenca para evitar su contaminación.
.
Fecha de Publicación: 31/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán Santiago del Estero - Nacional
Deberá definir si 33 empresas, Tucumán, Santiago del Estero y la Nación deben sanear el principal afluente de Mar Chiquita. Es un caso similar al del Riachuelo. Ingenios azucareros, los principales contaminadores. La consecuencia: mortandad de peces.La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir si 33 empresas, las provincias de Tucumán y Santiago del Estero y la Nación deben sanear la cuenca Salí-Dulce, cuyas aguas desembocan en Mar Chiquita.
De esta forma, será el máximo órgano judicial el que le ponga el cascabel al gato, pues se trata de un problema complejo por ser una cuenca interprovincial, la más grande del país que no desemboca en el océano.
La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la demanda presentada por las fundaciones Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), de Córdoba, y la Fundación Ambiente y Desarrollo (Fundayd), de La Rioja.
Ahora será la Corte la que deba expedirse. Históricamente, nunca contradijo un dictamen de la Procuración. A fin de año aceptaría analizar la demanda y a principios de 2013 convocaría a las demandadas a que hagan su descargo.
“A nivel jurídico es un caso espejo al del Riachuelo. La Corte dictó la condena en un año e involucró a Ciudad y Provincia de Buenos Aires y la Nación. Esperamos que haya una resolución a principios de 2014 sobre el Salí-Dulce”, dijo Juan Picolotti, abogado de Cedha.
Picolotti también señaló algunas diferencias con el expediente del Riachuelo. “En el Riachuelo no se demanda a las empresas, por lo tanto no se las condenó. A su vez, es una cuenca más grande, pero el costo del saneamiento sería sustancialmente menor que en el Riachuelo, ya que allí hay que hacer un plan de cloacas por 1.500 millones de dólares y hay que reconvertir a más de tres mil empresas”, puntualizó.
Las empresas denunciadas en la demanda son 15 ingenios azucareros que también producen biocombustibles; ocho empresas citrícolas; ocho frigoríficos; una papelera, y una productora de levaduras.
A su vez, se demanda a Tucumán por ser la jurisdicción donde están instaladas estas fábricas a las cuales debería controlar. En Santiago del Estero está el embalse Río Hondo, donde se depositan estos contaminantes, con lo cual también fue demandada.
La Nación también figura en el recurso porque la cuenca es un recurso natural federal.
La principal medida de saneamiento consiste en la construcción de plantas de tratamiento de efluentes en las empresas. “El volcamiento de contaminantes es tan evidente que le cambia el color al agua y aumenta el caudal del río de manera imponente. Los peces muertos se miden por toneladas”, destacó Picolotti.
Zafra sucia. El período crítico ocurre durante la zafra, de octubre a marzo. Muchos de los ingenios elaboran etanol a partir de la caña de azúcar. El subproducto es la vinaza. Este año se producirán 200 millones de litros de etanol y por cada litro de biocombustible se generan 13 de vinaza.
La vinaza contiene altos niveles de materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, azufre y fósforo. Las algas utilizan estos elementos y también el oxígeno disuelto en el agua, con lo cual los peces mueren.
Enrique Bucher, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba que investigó la Mar Chiquita por años, asegura que no hay estudios que indiquen cuánta de esta contaminación llega al lago salado cordobés. “El río recorre muchos kilómetros hasta llegar, y al traer contaminantes orgánicos, estos se degradarían. A su vez, el embalse de Río Hondo retiene mucho. Pero deberían hacerse estudios para tener precisión”, dijo.
Algunas de las empresas funcionan desde hace tres décadas, pero su producción ha aumentado en los últimos años con el boom de los biocombustibles.
Construir una planta de tratamiento le costaría a cada planta unos cinco millones de dólares.
Comité y Defensoría
Comité. En 2007 se creó el Comité de la Cuenca Salí-Dulce, integrado por autoridades de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y la Nación. El objetivo es coordinar una gestión eficiente, sustentable y equitativa de la cuenca.
Defensores. En 2010, defensores del pueblo de la Nación y de las provincias involucradas reclamaron a las autoridades el saneamiento de la cuenca para evitar su contaminación.
.
Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial.
Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
.
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial. Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
.
Reclamaron por el proyecto de “emergencia territorial”
En defensa de los campesinos
Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
.
Fecha de Publicación: 17/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Santiago del Estero
Legisladores del oficialismo y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena reclamaron el tratamiento de un proyecto, presentado hace un año, que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con legisladores del Frente para la Victoria (FpV) pidieron ayer avanzar con un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias. El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”. También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. En el anexo de la Cámara baja, los diputados también repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales –en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca– que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”. Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
En diálogo con Página/12, Depetri dijo que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.
“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, agregó.
A su turno, el diputado Leonardo Grosso sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”. “Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó. Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.
.
Santiago del Estero y el abuso a campesinos
Denuncias de violencia contra campesinos
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
.
Fecha de Publicación: 16/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
En Santiago del Estero, el crimen de Galván fue una nueva etapa de una escalada originada por la extensión de la frontera agrícola. Organizaciones rurales reclaman al gobierno provincial que cumpla con la regularización de tierras.
El asesinato el miércoles pasado del campesino indígena Miguel Galván descubrió una vez más la escalada de violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas de Santiago del Estero. Represión, amenazas, desalojos, causas armadas, detenciones arbitrarias, golpizas e intentos de homicidio son sólo algunas de las prácticas de amedrentamiento utilizadas por empresarios en complicidad con jueces y policías provinciales. El problema, aseguran desde las organizaciones sociales, ha recrudecido principalmente en el norte de la provincia, donde tierras que no resultaban productivas para la siembra cobraron valor con la llegada de los agroquímicos y el boom de la soja. Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) exigen que el gobierno local aplique una política de inversión para los pequeños productores y que cumpla con los programas de regularización de la posesión de tierras.
Galván, campesino del pueblo indígena lule-vilela, de 40 años, murió el miércoles tras ser apuñalado en la yugular por un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño. El ataque se produjo en el paraje Simbol, del departamento de Copo, el mismo donde fuera asesinado hace menos de once meses el campesino indígena Cristian Ferreyra –también en el marco de su lucha en defensa de la tierra–, y tuvo lugar a pesar de que la familia de Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte, intentos de desalojo y golpizas por parte de grupos armados que intentaban echarlos de su comunidad.
“Era una muerte anunciada. Hace rato que los movimientos campesinos denunciamos que esto pasaría otra vez. El gobernador Gerardo Zamora y el Poder Judicial de la provincia son los responsables de las condiciones de violencia e indefensión en que se encuentran las comunidades rurales e indígenas. Siguen privilegiando la producción de soja por sobre los derechos de los campesinos que llevamos generaciones trabajando la tierra”, denunció Roger Almaraz, vocero del Mocase. En el caso de Galván, cuenta, ya habían intervenido el Comité de Emergencia, que depende de la gobernación y, por lo tanto, el crimen “debía haberse evitado”.
El problema viene desde los ’90, describe Almaraz. “Los empresarios codiciaban las tierras de los campesinos para la tala de bosques y la producción de ganado. Sin embargo, fue el corrimiento de la frontera agropecuaria lo que hizo que el problema tomara esta magnitud, porque los campos de los distritos del norte, antes ignorados, cobraron valor para la siembra de soja. Los empresarios echan a familias que vivieron y trabajaron en esos parajes por generaciones con total impunidad.”
Según cifras del Ministerio de Agricultura, en la primera década del siglo la superficie de cultivo de soja se cuadruplicó en la provincia, hasta llegar a una producción anual de 2.467.800 toneladas en 2010. “La cifra va a ir en aumento si se considera que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) prevé ganar aún más espacio para la soja, es decir, más desalojos y desmontes”, intuye el vocero del Mocase.
La organización denuncia que, en la actualidad, “el empresario utiliza 4 o 5 años la tierra, hasta que pierde sus virtudes, y luego la vende. Así extinguen nuestro hábitat y nos obligan a migrar a las villas de las ciudades, como la que se comenzó a formar en Monte Quemado (distrito de Copo)”. El Mocase exige, en ese sentido, que “el gobernador Gerardo Zamora articule un programa de producción para el crecimiento del sector, que permita que el monte sea preservado y que las 25 mil familias campesinas indígenas conserven su fuente de vida y su identidad”.
En Santiago del Estero las comunidades rurales representan, según la organización, entre el 35 y el 39 por ciento de los 896.461 habitantes que registró el censo de 2010 en la provincia. La mayor parte de las familias no posee títulos de propiedad, pero ha trabajado y vivido en esos campos por más de veinte años, plazo suficiente para ser considerados poseedores según la llamada “ley veinteñal”. Como pocos campesinos conocen o tienen los recursos para iniciar los trámites requeridos, la tarea de financiar e informar está en manos de un Registro de Poseedores creado en 2007. Sin embargo, “como el gobernador, que hace apenas un año prometía que duplicaría el equipo de trabajo para acelerar los trámites, no otorga el subsidio desde marzo, el organismo no funciona”, acusa el movimiento.
Las luchas por conservar la tierra, en tanto, están a la orden del día. El Comité de Emergencia dependiente de la gobernación ha contabilizado desde 2008 más de 400 casos de comunidades rurales en conflicto, aunque desde las entidades civiles se estima que la mayoría de los desplazamientos quedan invisibilizados porque las comunidades que desconocen sus derechos permiten que se las expulse sin defenderse. Cuando, en cambio, hay resistencia, profundiza Almaraz, los empresarios apelan a “la violencia de bandas armadas o a la criminalización de la legítima defensa, a través de falsas imputaciones por los delitos de usurpación, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Utilizan como quieren a la policía provincial y al Poder Judicial”.
El asesinato de Ferreyra, el 16 de noviembre de 2011, evidenció la gravedad de los conflictos en la zona. El Comité de Emergencia había alertado de la presencia de una banda armada en el Paraje San Antonio, distrito de Copo, que intentaba realizar el desmonte de un bosque nativo en tierras comunitarias. También lo había hecho el Mocase-Vía Campesina (VC), sin respuesta del gobierno. A once meses, “el atropello no ha cambiado: se meten en nuestras tierras, nos amenazan –entre otros a los familiares del joven Ferreyra, de 23 años, muerto– y tratan de echarnos mientras achican nuestro territorio”, explica a este diario Ricardo Cuéllar, representante del Mocase-VC. El 1º de julio, por ejemplo, Sixto Ruiz, un campesino también del distrito de Copo, fue baleado en su estancia por un grupo armado de alambradores que intentaba echarlo de su tierra. La bala le atravesó el pecho a un centímetro del corazón. Ruiz sobrevivió.
No fue el único caso que casi termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2011, Néstor Palacios “recibió un disparo cuando defendía los territorios de su comunidad frente al avance de los alambradores custodiados por una banda armada”, acusó el Mocase-VC.
.
Reclaman por los muertos del agronegocio
“Ni un muerto más por el agronegocio”
Fecha de Publicación: 13/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y organizaciones sociales y políticas se concentraron ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar, integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que también pertenecía la víctima.
Encabezado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y su expresión santiagueña, el Mocase-VC, cerca de las 14 arrancó el acto central en un escenario improvisado sobre la avenida Rivadavia, frente al Congreso. “Esta movilización la hacemos para repudiar la violencia que venimos sufriendo y que cada vez se lleva consigo más vidas”, expresó Cuellar. “Estamos conmovidos y hoy (por ayer) vinimos hasta Buenos Aires para buscar apoyo a nivel nacional, porque en nuestra provincia estamos olvidados por la política que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora, quien parece que se ha dejado dominar por todos los empresarios sojeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y a destruirla”, añadió.
“Denunciamos hace años que se venían instalando en nuestras tierras empresarios que tienen bandas armadas que nos vienen a provocar día tras día. De estos hechos, los funcionarios de Santiago del Estero están enterados, ya que ellos mismos crearon un Comité de Crisis (para gestionar el conflicto de tierras) y constataron la gravedad de los episodios que las familias campesinas venían denunciando por parte de empresarios y grupos armados que responden a ellos. Vemos que la policía y los jueces no actúan y tenemos que lamentar otra víctima en nuestras tierras”, agregó Cuellar. “No queremos contaminación, por eso exigimos a los gobiernos que nos respeten y nos entreguen lo nuestro”, añadió.
Por su parte, Marcelo Palmar, miembro del Mocase-VC, dijo que “el gobierno santiagueño pareciera que está más interesado en defender a los empresarios agropecuarios y a sus bandas armadas, que en escuchar nuestro reclamo y defender la vida”. “Ya no está quedando territorio en el norte de la provincia, porque los empresarios sojeros están avanzando indiscriminadamente alambrando el territorio de las comunidades indígenas apoyados, claramente, por los funcionarios locales que los avalan”, agregó.
Del acto también participaron las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle. “Basta de tapar a la gente que reclama sus tierras. Hoy pedimos que se cumpla el convenio 169 –que implica el reconocimiento de mayores derechos a los pueblos indígenas– y las leyes para la devolución de las tierras, para que se frenen los desalojos a los campesinos y a los pueblos indígenas”, dijo Cortiñas. “Esos desa-lojos llevan al malestar y luego a la muerte. Hay que luchar hasta vencer, para que los responsables devuelvan las tierras, para que no persigan y no maten”, añadió.
Además, Cortiñas sostuvo que Madres de Plaza de Mayo-LF “repudia esta muerte y la persecución en las muertes que ocurrieron en la colonia qom La Primavera, en Formosa, y las amenazas que sufre Félix Díaz”. Mirta Baravalle expresó que “las Madres lamentan que otro inocente muera por querer defender su territorio”. “Lamentablemente, los funcionarios ya sabían que podía haber otro crimen, dejando al desamparo emocional a toda su comunidad por la pérdida de un ser querido, y no hicieron nada por impedirlo.”
Julián Roqué, dirigente del Mocase-VC, señaló que “hay responsabilidades muy grandes y muy graves desde lo político por hechos que hoy tenemos que lamentar con muertes”. “Le decimos al gobernador Zamora que se tiene que hacer cargo políticamente del conflicto de tierras y hace vista al costado. Pedimos que cumpla con el deber de funcionario público, porque está para velar por los derechos humanos y por la vida de los campesinos”, añadió. Por su parte, Raimundo Laudero, integrante del MNCI de Mendoza, comentó que “hay otro compañero asesinado, víctima del avance del agronegocio y el capital sobre las familias campesinas”. “Mostramos nuestro repudio y exigimos el urgente tratamiento de la ‘ley para frenar los desalojos de comunidades campesinas’ (ver aparte), que se llama Cristian Ferreyra, en honor a nuestro compañero que también fue asesinado hace casi un año por un empresario sojero en Santiago del Estero”, agregó.
Participaron del encuentro agrupaciones políticas sociales como Movimiento Evita, Los Pibes, Partido Obrero, Proyecto Sur, entre otros, que junto a las organizaciones campesinas corearon “Ni un muerto más, la tierra es nuestra”. También adhirieron al pedido de justicia por Galván varios diputados nacionales. Los reclamos continuarán hoy desde las 8.30, cuando el Mocase-VC y diversas organizaciones sociales y políticas se concentren en el Parque Aguirre, en la capital santiagueña.
El asesinato de Galván ocurrió el último miércoles por la tarde y en la puerta de su casa, cuando un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño llegó a la casa de la víctima y lo mató de una puñalada en la yugular. La familia Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte y golpizas por parte del supuesto sicario y allegados a él. La Policía Regional Nº 5 de Monte Quemado “confirmó que se realizó la autopsia correspondiente a la víctima para determinar las causas del deceso, y que en los próximos días se darán a conocer los resultados”. Sin embargo, la policía local no brindó datos precisos sobre el supuesto autor material del crimen.
.
Fecha de Publicación: 13/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero
Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y organizaciones sociales y políticas se concentraron ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar, integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que también pertenecía la víctima.
Encabezado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y su expresión santiagueña, el Mocase-VC, cerca de las 14 arrancó el acto central en un escenario improvisado sobre la avenida Rivadavia, frente al Congreso. “Esta movilización la hacemos para repudiar la violencia que venimos sufriendo y que cada vez se lleva consigo más vidas”, expresó Cuellar. “Estamos conmovidos y hoy (por ayer) vinimos hasta Buenos Aires para buscar apoyo a nivel nacional, porque en nuestra provincia estamos olvidados por la política que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora, quien parece que se ha dejado dominar por todos los empresarios sojeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y a destruirla”, añadió.
“Denunciamos hace años que se venían instalando en nuestras tierras empresarios que tienen bandas armadas que nos vienen a provocar día tras día. De estos hechos, los funcionarios de Santiago del Estero están enterados, ya que ellos mismos crearon un Comité de Crisis (para gestionar el conflicto de tierras) y constataron la gravedad de los episodios que las familias campesinas venían denunciando por parte de empresarios y grupos armados que responden a ellos. Vemos que la policía y los jueces no actúan y tenemos que lamentar otra víctima en nuestras tierras”, agregó Cuellar. “No queremos contaminación, por eso exigimos a los gobiernos que nos respeten y nos entreguen lo nuestro”, añadió.
Por su parte, Marcelo Palmar, miembro del Mocase-VC, dijo que “el gobierno santiagueño pareciera que está más interesado en defender a los empresarios agropecuarios y a sus bandas armadas, que en escuchar nuestro reclamo y defender la vida”. “Ya no está quedando territorio en el norte de la provincia, porque los empresarios sojeros están avanzando indiscriminadamente alambrando el territorio de las comunidades indígenas apoyados, claramente, por los funcionarios locales que los avalan”, agregó.
Del acto también participaron las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle. “Basta de tapar a la gente que reclama sus tierras. Hoy pedimos que se cumpla el convenio 169 –que implica el reconocimiento de mayores derechos a los pueblos indígenas– y las leyes para la devolución de las tierras, para que se frenen los desalojos a los campesinos y a los pueblos indígenas”, dijo Cortiñas. “Esos desa-lojos llevan al malestar y luego a la muerte. Hay que luchar hasta vencer, para que los responsables devuelvan las tierras, para que no persigan y no maten”, añadió.
Además, Cortiñas sostuvo que Madres de Plaza de Mayo-LF “repudia esta muerte y la persecución en las muertes que ocurrieron en la colonia qom La Primavera, en Formosa, y las amenazas que sufre Félix Díaz”. Mirta Baravalle expresó que “las Madres lamentan que otro inocente muera por querer defender su territorio”. “Lamentablemente, los funcionarios ya sabían que podía haber otro crimen, dejando al desamparo emocional a toda su comunidad por la pérdida de un ser querido, y no hicieron nada por impedirlo.”
Julián Roqué, dirigente del Mocase-VC, señaló que “hay responsabilidades muy grandes y muy graves desde lo político por hechos que hoy tenemos que lamentar con muertes”. “Le decimos al gobernador Zamora que se tiene que hacer cargo políticamente del conflicto de tierras y hace vista al costado. Pedimos que cumpla con el deber de funcionario público, porque está para velar por los derechos humanos y por la vida de los campesinos”, añadió. Por su parte, Raimundo Laudero, integrante del MNCI de Mendoza, comentó que “hay otro compañero asesinado, víctima del avance del agronegocio y el capital sobre las familias campesinas”. “Mostramos nuestro repudio y exigimos el urgente tratamiento de la ‘ley para frenar los desalojos de comunidades campesinas’ (ver aparte), que se llama Cristian Ferreyra, en honor a nuestro compañero que también fue asesinado hace casi un año por un empresario sojero en Santiago del Estero”, agregó.
Participaron del encuentro agrupaciones políticas sociales como Movimiento Evita, Los Pibes, Partido Obrero, Proyecto Sur, entre otros, que junto a las organizaciones campesinas corearon “Ni un muerto más, la tierra es nuestra”. También adhirieron al pedido de justicia por Galván varios diputados nacionales. Los reclamos continuarán hoy desde las 8.30, cuando el Mocase-VC y diversas organizaciones sociales y políticas se concentren en el Parque Aguirre, en la capital santiagueña.
El asesinato de Galván ocurrió el último miércoles por la tarde y en la puerta de su casa, cuando un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño llegó a la casa de la víctima y lo mató de una puñalada en la yugular. La familia Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte y golpizas por parte del supuesto sicario y allegados a él. La Policía Regional Nº 5 de Monte Quemado “confirmó que se realizó la autopsia correspondiente a la víctima para determinar las causas del deceso, y que en los próximos días se darán a conocer los resultados”. Sin embargo, la policía local no brindó datos precisos sobre el supuesto autor material del crimen.
.
Otro campesino asesinado por el modelo rural
El modelo sumó otra víctima
Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: https://darioaranda.wordpress.com
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.
Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.
Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.
En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).
A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.
Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló”.
Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.
Muerte anunciada
“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de 2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.
El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.
Ver Nota Completa
.
Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: https://darioaranda.wordpress.com
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.
Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.
En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).
A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.
Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló”.
Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.
Muerte anunciada
“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de 2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.
El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.
Ver Nota Completa
.
Se fue Mussi e ingenios volcaron vinaza
Tras la visita de Mussi, hubo vuelcos de contaminantes
Fecha de Publicación: 21/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Se concretó en la ciudad de San Miguel de Tucumán la primera reunión en el marco del Procedimiento de Participación Ciudadana organizado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán en virtud del Convenio de Prevención de la Contaminación Industrial de la Cuenca Salí-Dulce. En ese marco, el presidente de la ONG ambiental Ave Fénix, Gustavo Masmud, denunció que tras la visita del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, los ingenios Corona y Trinidad volcaron efluentes industriales y que se vio perjudicado el río Gastona, tributario del embalse Río Hondo. Al respecto, autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce creen que se trataría de agua de lavado de caña y cenizas.
Así lo relató Martín Díaz Achával, defensor del Pueblo de Santiago del Estero, en diálogo con EL LIBERAL, al comentar sobre su participación en el encuentro, acompañando al defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, organizador de la reunión.
También estuvieron el secretario de Agua de Santiago del Estero, Abel Tévez; el ingeniero Juan Prado Iratchet, de la Federación de ONG ambientalistas de Tucumán; el profesor Gustavo Masmud de la ONG Ave Fénix; el ingeniero Jorge Albornoz, Norberto Primo de Fenut, y el ingeniero Franklin Adler.
.
Fecha de Publicación: 21/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Se concretó en la ciudad de San Miguel de Tucumán la primera reunión en el marco del Procedimiento de Participación Ciudadana organizado por la Defensoría del Pueblo de Tucumán en virtud del Convenio de Prevención de la Contaminación Industrial de la Cuenca Salí-Dulce. En ese marco, el presidente de la ONG ambiental Ave Fénix, Gustavo Masmud, denunció que tras la visita del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, los ingenios Corona y Trinidad volcaron efluentes industriales y que se vio perjudicado el río Gastona, tributario del embalse Río Hondo. Al respecto, autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce creen que se trataría de agua de lavado de caña y cenizas.Así lo relató Martín Díaz Achával, defensor del Pueblo de Santiago del Estero, en diálogo con EL LIBERAL, al comentar sobre su participación en el encuentro, acompañando al defensor del Pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, organizador de la reunión.
También estuvieron el secretario de Agua de Santiago del Estero, Abel Tévez; el ingeniero Juan Prado Iratchet, de la Federación de ONG ambientalistas de Tucumán; el profesor Gustavo Masmud de la ONG Ave Fénix; el ingeniero Jorge Albornoz, Norberto Primo de Fenut, y el ingeniero Franklin Adler.
.
Sali-Dulce: destacan avances en los ingenios
Mussi destacó avances, pero reclamó a tres ingenios más inversión
Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, encabezó la inspección a los ingenios azucareros con destilerías que adhirieron al plan Vinaza y Ceniza Cero, y en ese marco destacó el avance de obras, aunque llamó la atención a tres ingenios de los nueve que recorrió.
Como se recordará, estas obras fueron parte del acuerdo que firmaron ambas provincias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sayds) y la Defensoría del Pueblo, para producir el saneamiento de la cuenca Salí - Dulce, afectada por la actividad industrial tucumana, particularmente por los efluentes que arrojaban los ingenios.
El funcionario nacional estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával; el secretario del Agua, Abel Tévez y el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, por Santiago del Estero; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y el defensor Hugo Cabral, por Tucumán.
Durante la jornada de ayer, Mussi recorrió los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Trinidad, Santa Rosa, Bella Vista, Fronterita, Leales y Concepción.
En ese marco, Mussi realizó observaciones técnicas en cada una de las industrias visitadas, aunque llamó la atención en especial de los ingenios La Corona, San Juan y Santa Rosa, por la falta de inversión.
En diálogo con EL LIBERAL, Mussi resaltó que ‘hubo un cambio de actitud en los empresarios, ya que comenzaron a invertir’.
En el caso de La Corona, el funcionario indicó que ‘están prometiendo, les dimos 15 días para que presentaran un proyecto de vinazoducto y un mes para que terminaran el tema de la recuperación del agua del lavado de cenizas, están intimados; ellos sabrán lo que tienen que hacer y si no vendrá la multa y la suspensión de las tareas’.
Asimismo, sostuvo que ‘hay un cambio de actitud en los empresarios, porque comenzamos a ver que hay inversiones; estuvimos en Marapa y hubo una inversión cercana a los dos millones de dólares; en Santa Bárbara había una inversión mayor, de unos cuatro millones de dólares, hemos visto vinazoductos en los lugares, vimos fertirriego, hemos visto las piletas de decantación de cenizas, la recuperación del agua del lavado de cenizas y esos son pasos importantes’.
‘El ingenio La Corona es el que menos obras ha hecho todavía, nos dijeron que están estudiando, analizando, pero el tiempo pasa y todavía no hicieron nada’, indicó en tal sentido.
Por otra parte, Mussi señaló que desde la Secretaría de Ambiente ‘estamos realizando este trabajo a partir de una demanda que hubo en la Corte Suprema y nosotros estamos tratando de cumplir con la demanda, lo que no significa que terminemos ahí’.
En tal sentido precisó que ‘antes de fin de año se inaugura la planta San Felipe de Tucumán, que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una enorme inversión”.
Paralelamente, Mussi recordó que ‘Las Termas recibió doce millones de pesos para tratar residuos, estamos esperando a ver qué pasó con ese dinero, porque todavía estamos esperando los informes del municipio acerca de los trabajos que debía realizar; nos dicen que les faltan camiones para avanzar, pero nosotros no podemos realizar ese aporte”.
.
Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, encabezó la inspección a los ingenios azucareros con destilerías que adhirieron al plan Vinaza y Ceniza Cero, y en ese marco destacó el avance de obras, aunque llamó la atención a tres ingenios de los nueve que recorrió.Como se recordará, estas obras fueron parte del acuerdo que firmaron ambas provincias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sayds) y la Defensoría del Pueblo, para producir el saneamiento de la cuenca Salí - Dulce, afectada por la actividad industrial tucumana, particularmente por los efluentes que arrojaban los ingenios.
El funcionario nacional estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával; el secretario del Agua, Abel Tévez y el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, por Santiago del Estero; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y el defensor Hugo Cabral, por Tucumán.
Durante la jornada de ayer, Mussi recorrió los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Trinidad, Santa Rosa, Bella Vista, Fronterita, Leales y Concepción.
En ese marco, Mussi realizó observaciones técnicas en cada una de las industrias visitadas, aunque llamó la atención en especial de los ingenios La Corona, San Juan y Santa Rosa, por la falta de inversión.
En diálogo con EL LIBERAL, Mussi resaltó que ‘hubo un cambio de actitud en los empresarios, ya que comenzaron a invertir’.
En el caso de La Corona, el funcionario indicó que ‘están prometiendo, les dimos 15 días para que presentaran un proyecto de vinazoducto y un mes para que terminaran el tema de la recuperación del agua del lavado de cenizas, están intimados; ellos sabrán lo que tienen que hacer y si no vendrá la multa y la suspensión de las tareas’.
Asimismo, sostuvo que ‘hay un cambio de actitud en los empresarios, porque comenzamos a ver que hay inversiones; estuvimos en Marapa y hubo una inversión cercana a los dos millones de dólares; en Santa Bárbara había una inversión mayor, de unos cuatro millones de dólares, hemos visto vinazoductos en los lugares, vimos fertirriego, hemos visto las piletas de decantación de cenizas, la recuperación del agua del lavado de cenizas y esos son pasos importantes’.
‘El ingenio La Corona es el que menos obras ha hecho todavía, nos dijeron que están estudiando, analizando, pero el tiempo pasa y todavía no hicieron nada’, indicó en tal sentido.
Por otra parte, Mussi señaló que desde la Secretaría de Ambiente ‘estamos realizando este trabajo a partir de una demanda que hubo en la Corte Suprema y nosotros estamos tratando de cumplir con la demanda, lo que no significa que terminemos ahí’.
En tal sentido precisó que ‘antes de fin de año se inaugura la planta San Felipe de Tucumán, que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una enorme inversión”.
Paralelamente, Mussi recordó que ‘Las Termas recibió doce millones de pesos para tratar residuos, estamos esperando a ver qué pasó con ese dinero, porque todavía estamos esperando los informes del municipio acerca de los trabajos que debía realizar; nos dicen que les faltan camiones para avanzar, pero nosotros no podemos realizar ese aporte”.
.
Sali-Dulce: ahora apuntan a citrícolas y cloacas
Ponen la mira en citrícolas y sistema cloacal
Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Targa afirmó que en la situación actual no se alcanza a cubrir al 40% de San Miguel con el servicio de cloacas. Habría mejoras.
El embalse de Las Termas de Río Hondo presenta un fuerte olor nauseabundo debido a desechos cloacales que provienen de Tucumán y al bajo nivel de agua que presenta.
El director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, explicó a Nuevo Diario que “prácticamente ninguna de sus ciudades (tucumanas) tiene tratamientos cloacales. San Miguel sí, pero no alcanza a abastecer al 40 por ciento de la población”, señaló. También aclaró que esta contaminación es histórica y a ella se suman la generada por las industrias azucareras, citrícolas y alcoholeras, en las que producen vinaza, cenizas y otros elementos.
“Los contaminantes más fuerte y más rápido de atacar eran la vinaza y la ceniza, que este año, con la denuncia, los acuerdos firmados, más los controles que estamos haciendo, se logró prácticamente que no haya vinaza ni cenizas en los ríos. Recientemente hubo un vuelco de cenizas, pero se los multó y se corrigió inmediatamente”, aclaró.
Ahora, las citrícolas
Targa continuó explicando que ahora es el turno de las citrícolas “que están empezando a hacer tratamientos”, los mataderos y principalmente los desechos cloacales, de los cuales el 40 por ciento es prácticamente lo único que tiene tratamiento. Al respecto manifestó que se está realizando la obra de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales para el gran Tucumán y que “teóricamente estarían finalizándolo hasta fin de año, el cual disminuiría casi un 90 por ciento la contaminación de cloacas”.
El funcionario reconoció: “Eso lo conocíamos, lo sabemos y se está trabajando al respecto”, y explicó, “pero además el embalse de Las Termas, desde que lo cerraron, hace 40 años, viene recibiendo todos esos efluentes en los cuales muchos quedan depositados en el fondo”.
Año complicado
“Este es un año complicado porque ya tenemos elevadas temperaturas, ha llovido poco en todo lo que es la cuenca alta, entonces el embalse está con baja cantidad de agua. La contaminación cloacal que sigue, más los depósitos del fondo hacen que en este momento esté bastante complicado en ese sentido. Es decir que vamos a sentir olor a líquidos cloacales, aún cuando dejen de ingresar más desechos vamos a seguir sintiéndolos por los depósitos que existían por la baja cantidad de agua”, advirtió.
.
Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Targa afirmó que en la situación actual no se alcanza a cubrir al 40% de San Miguel con el servicio de cloacas. Habría mejoras. El embalse de Las Termas de Río Hondo presenta un fuerte olor nauseabundo debido a desechos cloacales que provienen de Tucumán y al bajo nivel de agua que presenta.
El director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, explicó a Nuevo Diario que “prácticamente ninguna de sus ciudades (tucumanas) tiene tratamientos cloacales. San Miguel sí, pero no alcanza a abastecer al 40 por ciento de la población”, señaló. También aclaró que esta contaminación es histórica y a ella se suman la generada por las industrias azucareras, citrícolas y alcoholeras, en las que producen vinaza, cenizas y otros elementos.
“Los contaminantes más fuerte y más rápido de atacar eran la vinaza y la ceniza, que este año, con la denuncia, los acuerdos firmados, más los controles que estamos haciendo, se logró prácticamente que no haya vinaza ni cenizas en los ríos. Recientemente hubo un vuelco de cenizas, pero se los multó y se corrigió inmediatamente”, aclaró.
Ahora, las citrícolas
Targa continuó explicando que ahora es el turno de las citrícolas “que están empezando a hacer tratamientos”, los mataderos y principalmente los desechos cloacales, de los cuales el 40 por ciento es prácticamente lo único que tiene tratamiento. Al respecto manifestó que se está realizando la obra de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales para el gran Tucumán y que “teóricamente estarían finalizándolo hasta fin de año, el cual disminuiría casi un 90 por ciento la contaminación de cloacas”.
El funcionario reconoció: “Eso lo conocíamos, lo sabemos y se está trabajando al respecto”, y explicó, “pero además el embalse de Las Termas, desde que lo cerraron, hace 40 años, viene recibiendo todos esos efluentes en los cuales muchos quedan depositados en el fondo”.
Año complicado
“Este es un año complicado porque ya tenemos elevadas temperaturas, ha llovido poco en todo lo que es la cuenca alta, entonces el embalse está con baja cantidad de agua. La contaminación cloacal que sigue, más los depósitos del fondo hacen que en este momento esté bastante complicado en ese sentido. Es decir que vamos a sentir olor a líquidos cloacales, aún cuando dejen de ingresar más desechos vamos a seguir sintiéndolos por los depósitos que existían por la baja cantidad de agua”, advirtió.
.
Sali-Dulce: inician controles a citrícolas
Santiago comenzó con los controles a las industrias citrícolas
Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce ampliaron los controles que se venían realizando a los ingenios, a las industrias citrícolas. El objetivo es comprobar si se realiza el tratamiento de los efluentes, como parte del plan para el saneamiento de ríos y arroyos de la cuenca y del embalse Río Hondo.
De esta forma se cumplió con un planteo de Santiago del Estero y con el mandato del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes en la última reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce habían pedido que se controle a las otras industrias tucumanas.
El director de Medio Ambiente provincial, Juan Carlos Targa, formó parte de los equipos técnicos y en diálogo con EL LIBERAL, señaló que las citrícolas también generan efluentes como los ingenios y que “algunas están haciendo tratamiento y otras no”. “Prácticamente todas han comenzado algún tipo de tratamiento y a estas industrias también se las están siguiendo”, manifestó.
Indicó que otras industrias también generan desechos industriales y que deben ser monitoreadas por las autoridades ambientales. En ese sentido, Targa fue tajante al afirmar: “Están todos conscientes de que vamos a ir por más (controles), hasta que se logre descontaminar la cuenca totalmente”.
“Así como se está haciendo con los ingenios, visitamos una de las citrícolas trabajando. Comenzando a hacer control sobre los tratamientos, aunque se ha hecho hincapié en la vinaza y ceniza (desechos de los ingenios), vamos a seguir por los otros efluentes porque no se puede hacer el saneamiento de la cuenca con el control solamente a dos tipos de desechos, hay que controlar todo”, señaló Targa.
“Las citrícolas puntualizó- saben que vamos por más y las autoridades de Tucumán están tratando de que todas cumplan con los regímenes de vuelcos o vertidos y que estén todas dentro de la ley”.
El director de Medio Ambiente advirtió que los efluentes de una citrícola, sobre todo las que producen jugos concentrados o demás, generan un efluente muy parecido, no igual, a la vinaza (desecho de la producción de alcohol con la melaza de caña) ya que también tiene mucha materia orgánica. “Pero es muy ácido, tiene otras características que lo hace difícil de tratar por un lado, y por otro, difícil de eliminar en el medio ambiente. Eso hace que sea un contaminante bien difícil de tratar”, explicó.
Targa mencionó que otras industrias que generan contaminación en Tucumán son los mataderos, pero también puso énfasis en los riesgos que provocan los desechos cloacales que se arrojan sin tratamiento. A ello, sumó el agua del lavado del ingenio, conocida como agua industrial, que también contiene contaminantes. “Siempre estamos hablando de contaminantes orgánicos, el problema más grave es que cuando llegan al agua, se descomponen y cuando van al embalse, desarrollan algas y demás. No es que hayamos encontrado tóxicos”.
Puntualmente, indicó que los líquidos cloacales además de que tienen mucha carga orgánica y por lo tanto, mucha demanda biológica de oxígeno (DBO), “tienen el peligro de las bacterias que puedan contener”.
.
Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce ampliaron los controles que se venían realizando a los ingenios, a las industrias citrícolas. El objetivo es comprobar si se realiza el tratamiento de los efluentes, como parte del plan para el saneamiento de ríos y arroyos de la cuenca y del embalse Río Hondo.De esta forma se cumplió con un planteo de Santiago del Estero y con el mandato del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes en la última reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce habían pedido que se controle a las otras industrias tucumanas.
El director de Medio Ambiente provincial, Juan Carlos Targa, formó parte de los equipos técnicos y en diálogo con EL LIBERAL, señaló que las citrícolas también generan efluentes como los ingenios y que “algunas están haciendo tratamiento y otras no”. “Prácticamente todas han comenzado algún tipo de tratamiento y a estas industrias también se las están siguiendo”, manifestó.
Indicó que otras industrias también generan desechos industriales y que deben ser monitoreadas por las autoridades ambientales. En ese sentido, Targa fue tajante al afirmar: “Están todos conscientes de que vamos a ir por más (controles), hasta que se logre descontaminar la cuenca totalmente”.
“Así como se está haciendo con los ingenios, visitamos una de las citrícolas trabajando. Comenzando a hacer control sobre los tratamientos, aunque se ha hecho hincapié en la vinaza y ceniza (desechos de los ingenios), vamos a seguir por los otros efluentes porque no se puede hacer el saneamiento de la cuenca con el control solamente a dos tipos de desechos, hay que controlar todo”, señaló Targa.
“Las citrícolas puntualizó- saben que vamos por más y las autoridades de Tucumán están tratando de que todas cumplan con los regímenes de vuelcos o vertidos y que estén todas dentro de la ley”.
El director de Medio Ambiente advirtió que los efluentes de una citrícola, sobre todo las que producen jugos concentrados o demás, generan un efluente muy parecido, no igual, a la vinaza (desecho de la producción de alcohol con la melaza de caña) ya que también tiene mucha materia orgánica. “Pero es muy ácido, tiene otras características que lo hace difícil de tratar por un lado, y por otro, difícil de eliminar en el medio ambiente. Eso hace que sea un contaminante bien difícil de tratar”, explicó.
Targa mencionó que otras industrias que generan contaminación en Tucumán son los mataderos, pero también puso énfasis en los riesgos que provocan los desechos cloacales que se arrojan sin tratamiento. A ello, sumó el agua del lavado del ingenio, conocida como agua industrial, que también contiene contaminantes. “Siempre estamos hablando de contaminantes orgánicos, el problema más grave es que cuando llegan al agua, se descomponen y cuando van al embalse, desarrollan algas y demás. No es que hayamos encontrado tóxicos”.
Puntualmente, indicó que los líquidos cloacales además de que tienen mucha carga orgánica y por lo tanto, mucha demanda biológica de oxígeno (DBO), “tienen el peligro de las bacterias que puedan contener”.
.
Sali-Dulce: Tucumán no asume su responsabilidad
Tucumán no asume su responsabilidad por contaminar las aguas
Fecha de Publicación: 09/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La insensatez humana parece no tener límites cuando de preservar el medio ambiente se trata, aún sabiendo que afecta a su propio entorno, compuesto por familiares directos, comprovincianos y vecinos.
Un grupo de empresarios, poderosos e influyentes, desde hace décadas, acostumbraron a utilizar las aguas de la cuenca Salí-Dulce como un desagüe natural de sustancias que contaminan. La mayoría de ellos está relacionada con la industrialización de la caña de azúcar, seguramente la principal actividad agroindustrial que da trabajo a innumerable cantidad de gente.
Una industria que creció bajo la protección permanente del Estado nacional, apoyada por todos los gobiernos desde el de Juan Carlos Onganía, que impulsó una millonaria política de susbsidios, allá por la década del 60.
Si bien, al inicio de las actividades se podría haber aducido el desconocimiento de que la actividad de la zafra azucarera traería aparejado un tremendo impacto para el medio ambiente tucumano-santiagueño, con el transcurso de los años las evidencias eran más que perceptibles.
El avance de las tecnologías y el abaratamiento de los costos de su implementación, evidencian palmariamente la esencia de argumentos de peso para no asumir con responsabilidad los deberes ineludibles de cualquier emprendimento industrial.
Un detallado y cimentado andamiaje legal que baja desde la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, hasta las leyes provinciales y ordenanzas municipales, construyeron un obstáculo infranqueable para que los jueces y las autoridades se comprometan y hagan cumplir las normas que previenen la contaminación o que la sancionan severamente en caso de que ocurra.
Sin embargo, a medida que la contaminación se hacía más evidente, los distintos gobiernos de Tucumán, prefirieron convertirse en apañadores de la contaminación de la industria de la caña de azúcar, que en defensores de los intereses de los tucumanos y santiagueños que sufren las consecuencias.
La gran excusa siempre fue la protección de una actividad que daba trabajo a miles y que en determinados momentos era la única que permitía subsistir a la provincia, como si debiera elegirse maquiavélicamente entre una u otra cosa.
En el medio, lo de siempre, empresarios “generosos” de apoyar campañas electorales de gobernantes, que luego estarían condicionados a actuar; jueces cada vez más dependientes del gobierno de turno y sociedades no muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Los resultados están a la vista y deberían avergonzarnos a todos, claro que en mayor medida a quienes el peso de la responsabilidad directa los involucra irremediablemente en graves delitos cometidos a lo largo de los años, por acción u omisión.
La cuenca Salí-Dulce se encuentra contaminada y el lago del embalse de Las Termas de Río Hondo, que comparte Santiago del Estero con Tucumán, va perdiendo su capacidad de acumulación de agua debido a la gran sedimentación que escurre por las aguas de los ríos que lo abastecen.
La máxima contaminación coincide, como una ironía de la vida, cuando Santiago del Estero impulsa, con extraordinario énfasis, el desarrollo turístico de Las Termas de Río Hondo y sus aguas termales de características únicas en el mundo.
El gobierno provincial ha puesto todos los esfuerzos y volcado innumerable cantidad de fondos en la realización de grandes obras públicas, tanto a nivel infraestructura básica como red cloacal, aeropuerto internacional, como recreativas en el caso de la costanera, el autódromo o los parques. Son de público conocimiento y no es necesario enumerarlas a todas.
La actividad privada también aporta lo suyo construyendo nuevos hoteles o remodelando los ya instalados, al igual que el comercio y los servicios.
En definitiva se ha hecho todo lo posible para que Las Termas de Río Hondo se convierta a futuro en un gran centro turístico nacional, con proyecciones internacionales.
Sólo empaña el brillo de tanto esfuerzo, la noticia reiterada de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que ante cada nuevo episodio se multiplica restándole imagen.
En estos días, nuevamente empresarios inescrupulosos de la industria azucarera tucumana arrojaron vinaza y cenizas que contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce, con una impunidad que habla a las claras de que el gobierno de Tucumán no está haciendo la cosas como corresponde, aún habiéndose comprometido a controlar celosamente lo que le compete.
Es cierto que a instancias del gobierno de Santiago del Estero, el apoyo del gobierno de la Nación y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han realizado importantes avances que permiten abonar la esperanza de controlar el problema en un palzo razonable.
Sin embargo, sigue ausente un férreo compromiso del gobierno tucumano para realizar la acción preventiva ineludible. Por el contrario se lo ve avanzando a regañadientes, como obligado por las circunstancias, disimulando sus intereses contrarios a la preservación del medio ambiente.
No ha tomado este tema como de afectación común, en lo que parece ser un constante menosprecio por su propia población y mucho más aún por la de Santiago del Estero. Las denuncias sólo se impulsan con firmeza desde Santiago del Estero, cuando ocurren en territorio tucumano, donde debería ser mucho más inmediato y efectivo el control.
La actitud del gobierno tucumano levanta la sospecha de que se aplica la política de que “ya pasará” la presión santiagueña y las cosas volverán a la normalidad de la contaminación como hecho irreversible.
De ahí que deberá ser la tenacidad y el control permanente, las herramientas que con inteligencia deberá sostener Santiago del Estero, para obligar a quienes tienen la responsabilidad empresarial y gubernamental respeten de una vez por todas el derecho a vivir libres de contaminación a dos provincias bellas en el más amplio de los conceptos.
.
Fecha de Publicación: 09/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La insensatez humana parece no tener límites cuando de preservar el medio ambiente se trata, aún sabiendo que afecta a su propio entorno, compuesto por familiares directos, comprovincianos y vecinos.Un grupo de empresarios, poderosos e influyentes, desde hace décadas, acostumbraron a utilizar las aguas de la cuenca Salí-Dulce como un desagüe natural de sustancias que contaminan. La mayoría de ellos está relacionada con la industrialización de la caña de azúcar, seguramente la principal actividad agroindustrial que da trabajo a innumerable cantidad de gente.
Una industria que creció bajo la protección permanente del Estado nacional, apoyada por todos los gobiernos desde el de Juan Carlos Onganía, que impulsó una millonaria política de susbsidios, allá por la década del 60.
Si bien, al inicio de las actividades se podría haber aducido el desconocimiento de que la actividad de la zafra azucarera traería aparejado un tremendo impacto para el medio ambiente tucumano-santiagueño, con el transcurso de los años las evidencias eran más que perceptibles.
El avance de las tecnologías y el abaratamiento de los costos de su implementación, evidencian palmariamente la esencia de argumentos de peso para no asumir con responsabilidad los deberes ineludibles de cualquier emprendimento industrial.
Un detallado y cimentado andamiaje legal que baja desde la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, hasta las leyes provinciales y ordenanzas municipales, construyeron un obstáculo infranqueable para que los jueces y las autoridades se comprometan y hagan cumplir las normas que previenen la contaminación o que la sancionan severamente en caso de que ocurra.
Sin embargo, a medida que la contaminación se hacía más evidente, los distintos gobiernos de Tucumán, prefirieron convertirse en apañadores de la contaminación de la industria de la caña de azúcar, que en defensores de los intereses de los tucumanos y santiagueños que sufren las consecuencias.
La gran excusa siempre fue la protección de una actividad que daba trabajo a miles y que en determinados momentos era la única que permitía subsistir a la provincia, como si debiera elegirse maquiavélicamente entre una u otra cosa.
En el medio, lo de siempre, empresarios “generosos” de apoyar campañas electorales de gobernantes, que luego estarían condicionados a actuar; jueces cada vez más dependientes del gobierno de turno y sociedades no muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Los resultados están a la vista y deberían avergonzarnos a todos, claro que en mayor medida a quienes el peso de la responsabilidad directa los involucra irremediablemente en graves delitos cometidos a lo largo de los años, por acción u omisión.
La cuenca Salí-Dulce se encuentra contaminada y el lago del embalse de Las Termas de Río Hondo, que comparte Santiago del Estero con Tucumán, va perdiendo su capacidad de acumulación de agua debido a la gran sedimentación que escurre por las aguas de los ríos que lo abastecen.
La máxima contaminación coincide, como una ironía de la vida, cuando Santiago del Estero impulsa, con extraordinario énfasis, el desarrollo turístico de Las Termas de Río Hondo y sus aguas termales de características únicas en el mundo.
El gobierno provincial ha puesto todos los esfuerzos y volcado innumerable cantidad de fondos en la realización de grandes obras públicas, tanto a nivel infraestructura básica como red cloacal, aeropuerto internacional, como recreativas en el caso de la costanera, el autódromo o los parques. Son de público conocimiento y no es necesario enumerarlas a todas.
La actividad privada también aporta lo suyo construyendo nuevos hoteles o remodelando los ya instalados, al igual que el comercio y los servicios.
En definitiva se ha hecho todo lo posible para que Las Termas de Río Hondo se convierta a futuro en un gran centro turístico nacional, con proyecciones internacionales.
Sólo empaña el brillo de tanto esfuerzo, la noticia reiterada de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que ante cada nuevo episodio se multiplica restándole imagen.
En estos días, nuevamente empresarios inescrupulosos de la industria azucarera tucumana arrojaron vinaza y cenizas que contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce, con una impunidad que habla a las claras de que el gobierno de Tucumán no está haciendo la cosas como corresponde, aún habiéndose comprometido a controlar celosamente lo que le compete.
Es cierto que a instancias del gobierno de Santiago del Estero, el apoyo del gobierno de la Nación y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han realizado importantes avances que permiten abonar la esperanza de controlar el problema en un palzo razonable.
Sin embargo, sigue ausente un férreo compromiso del gobierno tucumano para realizar la acción preventiva ineludible. Por el contrario se lo ve avanzando a regañadientes, como obligado por las circunstancias, disimulando sus intereses contrarios a la preservación del medio ambiente.
No ha tomado este tema como de afectación común, en lo que parece ser un constante menosprecio por su propia población y mucho más aún por la de Santiago del Estero. Las denuncias sólo se impulsan con firmeza desde Santiago del Estero, cuando ocurren en territorio tucumano, donde debería ser mucho más inmediato y efectivo el control.
La actitud del gobierno tucumano levanta la sospecha de que se aplica la política de que “ya pasará” la presión santiagueña y las cosas volverán a la normalidad de la contaminación como hecho irreversible.
De ahí que deberá ser la tenacidad y el control permanente, las herramientas que con inteligencia deberá sostener Santiago del Estero, para obligar a quienes tienen la responsabilidad empresarial y gubernamental respeten de una vez por todas el derecho a vivir libres de contaminación a dos provincias bellas en el más amplio de los conceptos.
.
Profundizarán el monitoreo de la cuenca Salí-Dulce
Profundizarán tareas de inspección y monitoreo de la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 21/08/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, brindó precisiones sobre las tareas de inspección de industrias alcoholeras y monitoreo de afluentes del río Salí; donde se han determinado varias anomalías, de las cuales siete derivaron en sanciones (multas y suspensiones) a industrias azucareras.
En ese sentido, se puntualizó que de los 11 ingenios que producen bioetanol, se verificó que más del 50 % está haciendo las inversiones necesarias para la ejecución de las obras del vinazoducto.
“Se pretende que aquel que no lo haga, no pueda producir en 2013”, afirmó el funcionario y adelantó que próximamente se implementará un acuerdo para el monitoreo de la cuenca Salí-
Dulce también por la noche, ya que actualmente se realiza de día.
Díaz Achával aseguró que “el sistema funciona lo suficientemente bien para determinar cualquier alteración química de las aguas, y el resultado está a la luz pública: donde desde hace un año no se registra mortandad de peces, ni se observan manchas en el embalse de Río Hondo”.
En declaraciones a la prensa, el ombudsman amplió detalles del reciente convenio suscripto con la Secretaría del Agua, indicando que “el mismo, con el importante apoyo del gobierno de la provincia, tiene por objeto institucionalizar y profundizar el trabajo conjunto que se viene desarrollando dado que, desde hace tiempo se vienen realizando tareas de monitoreo de industrias y control de la cuenca Salí-Dulce”.
“Desde principio de año -agregó- se vienen desarrollando inspecciones permanentes a 11 ingenios (que fueron visitados 6 veces cada uno) y monitoreos de afluentes, de lunes a lunes, con cuatro equipos de trabajo, recorriendo hasta 500 km por día en la provincia de Tucumán. La Secretaría del Agua coordina técnicamente y la Defensoría afectó a 18 personas de su planta de personal”.
.
Fecha de Publicación: 21/08/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, brindó precisiones sobre las tareas de inspección de industrias alcoholeras y monitoreo de afluentes del río Salí; donde se han determinado varias anomalías, de las cuales siete derivaron en sanciones (multas y suspensiones) a industrias azucareras.En ese sentido, se puntualizó que de los 11 ingenios que producen bioetanol, se verificó que más del 50 % está haciendo las inversiones necesarias para la ejecución de las obras del vinazoducto.
“Se pretende que aquel que no lo haga, no pueda producir en 2013”, afirmó el funcionario y adelantó que próximamente se implementará un acuerdo para el monitoreo de la cuenca Salí-
Dulce también por la noche, ya que actualmente se realiza de día.
Díaz Achával aseguró que “el sistema funciona lo suficientemente bien para determinar cualquier alteración química de las aguas, y el resultado está a la luz pública: donde desde hace un año no se registra mortandad de peces, ni se observan manchas en el embalse de Río Hondo”.
En declaraciones a la prensa, el ombudsman amplió detalles del reciente convenio suscripto con la Secretaría del Agua, indicando que “el mismo, con el importante apoyo del gobierno de la provincia, tiene por objeto institucionalizar y profundizar el trabajo conjunto que se viene desarrollando dado que, desde hace tiempo se vienen realizando tareas de monitoreo de industrias y control de la cuenca Salí-Dulce”.
“Desde principio de año -agregó- se vienen desarrollando inspecciones permanentes a 11 ingenios (que fueron visitados 6 veces cada uno) y monitoreos de afluentes, de lunes a lunes, con cuatro equipos de trabajo, recorriendo hasta 500 km por día en la provincia de Tucumán. La Secretaría del Agua coordina técnicamente y la Defensoría afectó a 18 personas de su planta de personal”.
.
Santiago sondea la energía geotérmica
Investigan la posibilidad de generar energía geotérmica
Fecha de Publicación: 18/08/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Realizaron primeros sondeos de investigación técnica, consistentes en determinar la factibilidad de encontrar vapores endógenos.
Especialistas en investigación geológica y minera de acuíferos termales y vapores endógenos realizaron en la ciudad de Las Termas de Río Hondo las primeras tareas de prospección y exploración de los recursos geotermales de la ciudad, con la intención de determinar fehacientemente sus características hidrogeológicas para poder aprovechar el uso de este tipo de energía alternativa para la provincia.
Por tal motivo, el Gobierno de la Provincia firmó un convenio y asistencia técnica para dicho trabajo, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología y Gestión Pública de la Provincia y la UNSE, a través del Departamento de Geología y Geotecnia y el Instituto de Tecnología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE y la Secretaria de Minería de la Nación.
Estudiar los reservorios
La investigación surgió a partir de indicios desde la Secretaría de Ciencia de Tecnología y el Instituto de Tecnología Aplicadas de la UNSE, que realizó el planteo a la Dirección de Minería de la Provincia y a la Secretaría de Minería de la Nación para investigar en profundidad sobre el tema.
Al respecto, el CPN Juan Carlos Costas señaló a Nuevo Diario , LV11 y FM 88.1que con gran expectativa, “se realizó la primera etapa de investigación mediante sondeos técnicos, a través de sensores que ayuden a determinar la existencia de vapores endógenos, las cuales generan energía alternativa”, precisó.
El proyecto prevé determinar el volumen del recurso, su sustentabilidad y perdurabilidad en el tiempo. Como antecedente, Costas comentó que en Las Termas de Río Hondo ya existía un pozo de alrededor de 800 metros y un estudio arrojó el dato que a dicha profundidad se registraba una temperatura de 79º.
En este plano, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) se encuentra abocada en los estudios magneto-telúricos mediante equipamientos especiales de sondeos técnicos para determinar dicho propósito de trabajo.
Costas indicó además que “los vapores endógenos se encuentran en grandes profundidades de la tierra” y recalcó que en Santiago “no tenemos pozos de 2 mil metros y la idea es que si los estudios son favorables, podamos buscar a partir de allí el apoyo de la Nación y de organismos técnicos como el Segemar, conjuntamente con UNSE y el Gobierno de la Provincia para apoyar férreamente este proyecto de investigación geotérmica”, concluyó.
.
Fecha de Publicación: 18/08/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Realizaron primeros sondeos de investigación técnica, consistentes en determinar la factibilidad de encontrar vapores endógenos.
Especialistas en investigación geológica y minera de acuíferos termales y vapores endógenos realizaron en la ciudad de Las Termas de Río Hondo las primeras tareas de prospección y exploración de los recursos geotermales de la ciudad, con la intención de determinar fehacientemente sus características hidrogeológicas para poder aprovechar el uso de este tipo de energía alternativa para la provincia.
Por tal motivo, el Gobierno de la Provincia firmó un convenio y asistencia técnica para dicho trabajo, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología y Gestión Pública de la Provincia y la UNSE, a través del Departamento de Geología y Geotecnia y el Instituto de Tecnología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE y la Secretaria de Minería de la Nación.
Estudiar los reservorios
La investigación surgió a partir de indicios desde la Secretaría de Ciencia de Tecnología y el Instituto de Tecnología Aplicadas de la UNSE, que realizó el planteo a la Dirección de Minería de la Provincia y a la Secretaría de Minería de la Nación para investigar en profundidad sobre el tema.
Al respecto, el CPN Juan Carlos Costas señaló a Nuevo Diario , LV11 y FM 88.1que con gran expectativa, “se realizó la primera etapa de investigación mediante sondeos técnicos, a través de sensores que ayuden a determinar la existencia de vapores endógenos, las cuales generan energía alternativa”, precisó.
El proyecto prevé determinar el volumen del recurso, su sustentabilidad y perdurabilidad en el tiempo. Como antecedente, Costas comentó que en Las Termas de Río Hondo ya existía un pozo de alrededor de 800 metros y un estudio arrojó el dato que a dicha profundidad se registraba una temperatura de 79º.
En este plano, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) se encuentra abocada en los estudios magneto-telúricos mediante equipamientos especiales de sondeos técnicos para determinar dicho propósito de trabajo.
Costas indicó además que “los vapores endógenos se encuentran en grandes profundidades de la tierra” y recalcó que en Santiago “no tenemos pozos de 2 mil metros y la idea es que si los estudios son favorables, podamos buscar a partir de allí el apoyo de la Nación y de organismos técnicos como el Segemar, conjuntamente con UNSE y el Gobierno de la Provincia para apoyar férreamente este proyecto de investigación geotérmica”, concluyó.
.
Dio bien el control a los ingendios
En control a ingenios no detectaron vinaza
Fecha de Publicación: 15/08/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Visitaron 4 de ellos y una citrícola. Explican el alcance de la tarea y los resultados técnicos.
Desde el Comité de Cuenca Salí-Dulce se continúa aplicando el plan de visita mensual a todas las empresas de Tucumán, principalmente a las que tienen destilería y producen vinaza, las que firmaron oportunamente un convenio con la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en el cual se comprometen a cumplir con el plan Vinaza y Ceniza 0, tendiente a que no lleguen estos productos al embalse de Río Hondo.
Al respecto, el director de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Carlos Targa, informó que se hace una inspección periódica y se trabaja con Ambiente de la Nación, autoridades de Tucumán, Defensoría del Pueblo y Medio Ambiente de Santiago.
Hace pocos días hicieron una visita a los ingenios Ñuñorco y Bella Vista, Marapa y La Florida, y a la citrícola Cota, con inspecciones generales que se inician a la mañana y concluyen por la noche.
Si bien en algunos se notó “alguna anomalía, en ninguno se detectó principalmente vinaza”.
Se hacen controles cuatro veces por día, con dos recorridos completos por cada industria, uno por la mañana y otro por la tarde.
Análisis integral
El funcionario del área de Ambiente informó que se analizan todos los aspectos, no solamente el punto de vuelco, sino el predio en general, evitando que se hagan bypass o puedan sacar contaminantes sin tratamiento, que luego son volcados a los efluentes de los ríos.
Targa explicó que se compara producción con los efluentes, ya que teniendo la cantidad de azúcar o alcohol producida, se obtiene también la cantidad de deshechos, que en el caso de la vinaza están geo-referenciados, desde donde se genera hasta su disposición en terreno, ya que se exige trazabilidad.
Para el funcionario, en general “se está cumpliendo este plan, lo mismo que con la ceniza, que es un poco más fácil pero se sigue constantemente el monitoreo”.
Además, la Provincia hace un monitoreo de los efluentes que llegan al embalse de Las Termas, con miembros del Comité de Cuenca, Secretaría del Agua y Defensoría del Pueblo.
También se realiza control y fiscalización a cargo de Tucumán, que es la autoridad de aplicación en su provincia.
.
Fecha de Publicación: 15/08/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Visitaron 4 de ellos y una citrícola. Explican el alcance de la tarea y los resultados técnicos. Desde el Comité de Cuenca Salí-Dulce se continúa aplicando el plan de visita mensual a todas las empresas de Tucumán, principalmente a las que tienen destilería y producen vinaza, las que firmaron oportunamente un convenio con la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en el cual se comprometen a cumplir con el plan Vinaza y Ceniza 0, tendiente a que no lleguen estos productos al embalse de Río Hondo.
Al respecto, el director de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Carlos Targa, informó que se hace una inspección periódica y se trabaja con Ambiente de la Nación, autoridades de Tucumán, Defensoría del Pueblo y Medio Ambiente de Santiago.
Hace pocos días hicieron una visita a los ingenios Ñuñorco y Bella Vista, Marapa y La Florida, y a la citrícola Cota, con inspecciones generales que se inician a la mañana y concluyen por la noche.
Si bien en algunos se notó “alguna anomalía, en ninguno se detectó principalmente vinaza”.
Se hacen controles cuatro veces por día, con dos recorridos completos por cada industria, uno por la mañana y otro por la tarde.
Análisis integral
El funcionario del área de Ambiente informó que se analizan todos los aspectos, no solamente el punto de vuelco, sino el predio en general, evitando que se hagan bypass o puedan sacar contaminantes sin tratamiento, que luego son volcados a los efluentes de los ríos.
Targa explicó que se compara producción con los efluentes, ya que teniendo la cantidad de azúcar o alcohol producida, se obtiene también la cantidad de deshechos, que en el caso de la vinaza están geo-referenciados, desde donde se genera hasta su disposición en terreno, ya que se exige trazabilidad.
Para el funcionario, en general “se está cumpliendo este plan, lo mismo que con la ceniza, que es un poco más fácil pero se sigue constantemente el monitoreo”.
Además, la Provincia hace un monitoreo de los efluentes que llegan al embalse de Las Termas, con miembros del Comité de Cuenca, Secretaría del Agua y Defensoría del Pueblo.
También se realiza control y fiscalización a cargo de Tucumán, que es la autoridad de aplicación en su provincia.
.
Avances en la Cuenca Salí-Dulce
El Comité de Cuenca Salí-Dulce presentó los avances para la recuperación del río
Fecha de Publicación: 27/07/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba
Con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se realizó ayer en la Capital Federal la presentación de los avances que viene realizando el Comité de Cuenca Salí-Dulce para la recuperación del río más importante de nuestra región.
El Comité de Cuenca está integrado por referentes de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.
En la reunión, el Jefe de Gabinete se interiorizó de las acciones que tienen como objetivo la protección y recuperación de la cuenca Salí Dulce, a través, entre otras medidas, del monitoreo de los avances de obras en ingenios de la zona para implementar planes de reconversión industrial. En especial, los controles apuntan a garantizar el tratamiento y disposición final de la vinaza y la cachaza -residuos provenientes de la producción del azúcar-, cuya eliminación total debe concretarse para 2013, de acuerdo a los plazos establecidos por el Gobierno.
Como se recordará, el río Dulce nace en el sur de la provincia de Salta, pasa por la provincia de Tucumán, donde es conocido con el nombre de Salí y, una vez que ingresa en la provincia de Santiago del Estero, tras superar el dique Frontal de Termas de Río Hondo, recibe el nombre de Dulce nuevamente. El principal río de la región recorre la vecina provincia con sentido Sureste, pasando por el aglomerado urbano que forman las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, para desembocar en la laguna Mar Chiquita, de Córdoba.
.
Fecha de Publicación: 27/07/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba
Con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se realizó ayer en la Capital Federal la presentación de los avances que viene realizando el Comité de Cuenca Salí-Dulce para la recuperación del río más importante de nuestra región.El Comité de Cuenca está integrado por referentes de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba.
En la reunión, el Jefe de Gabinete se interiorizó de las acciones que tienen como objetivo la protección y recuperación de la cuenca Salí Dulce, a través, entre otras medidas, del monitoreo de los avances de obras en ingenios de la zona para implementar planes de reconversión industrial. En especial, los controles apuntan a garantizar el tratamiento y disposición final de la vinaza y la cachaza -residuos provenientes de la producción del azúcar-, cuya eliminación total debe concretarse para 2013, de acuerdo a los plazos establecidos por el Gobierno.
Como se recordará, el río Dulce nace en el sur de la provincia de Salta, pasa por la provincia de Tucumán, donde es conocido con el nombre de Salí y, una vez que ingresa en la provincia de Santiago del Estero, tras superar el dique Frontal de Termas de Río Hondo, recibe el nombre de Dulce nuevamente. El principal río de la región recorre la vecina provincia con sentido Sureste, pasando por el aglomerado urbano que forman las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, para desembocar en la laguna Mar Chiquita, de Córdoba.
.
Desmontes no autorizados en Santiago
Fiscalía de Estado puso fin a desmontes no autorizados en el departamento Pellegrini
Fecha de Publicación: 20/07/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fiscalía de Estado de la Provincia, junto con la Dirección de Bosques y la Dirección de Tierras, realizaron un operativo con el fin de interrumpir los desmontes ilegales que se estaban efectuando en el departamento Pellegrini.
El procedimiento estuvo a cargo del Fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, a quien acompañaron el director de Bosques, Ing. Publio Araujo y otras autoridades de la Dirección de Tierras de la Provincia.
Con respecto al trabajo que se realizó ayer, el funcionario explicó: “De acuerdo con lo que nos dice la gente que fue contratada para efectuar el desmonte, estaríamos en alrededor de ochocientas a mil hectáreas. La empresa de la que se trataría sería Silger, que estaría posesionada en este terreno en virtud de una orden judicial, la cual se limitaría solamente al ingreso al campo, pero no para producir semejante o tamaño salvajismo”.
A continuación, Abate reveló que “no se encontraron ni los propietarios de la empresa que tendría el domino sobre el campo ni tampoco los propietarios de la empresa que han producido este desmonte”.
Acta de infracción
Asimismo, se refirió al procedimiento que se concreta cuando se descubre una situación irregular como la descrita. “El director de Bosques confeccionó las actas para ordenar que se apague el fuego, por el peligro que lleva de que este fuego se propague por los campos aledaños”.
“En cuanto al tema del desmonte -agregó- se secuestrarán las maquinarias y los equipos, y a su vez, se inicia el procedimiento administrativo tendiente a aplicar algún castigo a los responsables de este salvajismo desmedido, de este no querer a Santiago demostrado en este acto de tanta barbarie”.
Por otra parte, comentó: “Anteriormente estuvimos en un lugar llamado Valle Fértil, donde pudimos ver otro tipo de desmonte o un desmonte que estaba en otra etapa, porque no se había acordonado el producto y no había sido quemado”.
“Esta gente propietaria de este campo -concluyó el fiscal de Estado- había sido advertida por un desmonte que habían iniciado en el mes de marzo. Sin embargo, no titubearon en continuar y ahora han añadido al Valle Fértil un desmonte de casi trescientas hectáreas, en un lugar continuo llamado Santo Domingo”.
.
Fecha de Publicación: 20/07/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fiscalía de Estado de la Provincia, junto con la Dirección de Bosques y la Dirección de Tierras, realizaron un operativo con el fin de interrumpir los desmontes ilegales que se estaban efectuando en el departamento Pellegrini.El procedimiento estuvo a cargo del Fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, a quien acompañaron el director de Bosques, Ing. Publio Araujo y otras autoridades de la Dirección de Tierras de la Provincia.
Con respecto al trabajo que se realizó ayer, el funcionario explicó: “De acuerdo con lo que nos dice la gente que fue contratada para efectuar el desmonte, estaríamos en alrededor de ochocientas a mil hectáreas. La empresa de la que se trataría sería Silger, que estaría posesionada en este terreno en virtud de una orden judicial, la cual se limitaría solamente al ingreso al campo, pero no para producir semejante o tamaño salvajismo”.
A continuación, Abate reveló que “no se encontraron ni los propietarios de la empresa que tendría el domino sobre el campo ni tampoco los propietarios de la empresa que han producido este desmonte”.
Acta de infracción
Asimismo, se refirió al procedimiento que se concreta cuando se descubre una situación irregular como la descrita. “El director de Bosques confeccionó las actas para ordenar que se apague el fuego, por el peligro que lleva de que este fuego se propague por los campos aledaños”.
“En cuanto al tema del desmonte -agregó- se secuestrarán las maquinarias y los equipos, y a su vez, se inicia el procedimiento administrativo tendiente a aplicar algún castigo a los responsables de este salvajismo desmedido, de este no querer a Santiago demostrado en este acto de tanta barbarie”.
Por otra parte, comentó: “Anteriormente estuvimos en un lugar llamado Valle Fértil, donde pudimos ver otro tipo de desmonte o un desmonte que estaba en otra etapa, porque no se había acordonado el producto y no había sido quemado”.
“Esta gente propietaria de este campo -concluyó el fiscal de Estado- había sido advertida por un desmonte que habían iniciado en el mes de marzo. Sin embargo, no titubearon en continuar y ahora han añadido al Valle Fértil un desmonte de casi trescientas hectáreas, en un lugar continuo llamado Santo Domingo”.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios