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El Río Arenales en Salta sigue esperando justicia
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Río Arenales: Cuestionan que se cumpla el fallo de la Corte de Justicia
Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Las medidas previsionales que ordenó el juez Domínguez para evitar que la gente llegara hasta el río Arenales, tras la difusión del estudio del CIF sobre la contaminación de las aguas, se dieron unos meses antes de que la Corte de Justicia de la Provincia ratificara el fallo que había hecho este magistrado.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo del río Arenales y que hicieran un plan sanitario de emergencia y de monitoreo.
En el mismo fallo, la empresa Néstor A. Marozzi SA fue condenada a retirar el terraplén que hizo, avanzando sobre el cauce del río, en el sector del puente de la avenida Tavella. Según explicó el abogado Pedro Arancibia a El Tribuno, esto generó que se redujera el espacio para que el agua escurriera debidamente y provocó que el 31 de enero de 2011 se inundaran los barrios de la zona.
Esta resolución, que la Corte confirmó en noviembre del año pasado, surgió del amparo ambiental colectivo que presentaron 157 vecinos que sufrieron este anegamiento. La acción se inició por el nulo manejo del río, por la posibilidad de que la catástrofe se repitiera y por la contaminación de las aguas.
Con la única disidencia del juez Abel Cornejo, los restantes seis miembros de la Corte rechazaron las apelaciones que habían interpuesto la Provincia y Néstor A. Marozzi SA sobre el fallo de Domínguez.
La Municipalidad de Salta y Aguas del Norte no habían apelado la sentencia.
Arancibia consideró que, a pesar del fallo de la Corte, no aumentaron las acciones desde los estados provincial y municipal para sanear el río Arenales: "Es una negativa permanente. No hay nada significativo. Si se hace un relevamiento sobre qué obras o actividades se hicieron de entidad suficiente como para revertir el daño ambiental que hay, se va a ver que no hay ninguna significativa". El abogado denunció que "hay una falta de planificación total y un desinterés para con quienes viven cerca del río".
Acerca del terraplén que la empresa debía quitar, dijo: "Hizo una modificación pero fue un movimiento de tierra muy superficial, que no terminó de hacerse como corresponde".
El letrado consideró que es complicado definir quién determina lo que corresponde hacer: "Nosotros sabemos, por un perito de parte, que está hecho medio flojo, es lo mínimo, pero quien decide si está bien o mal hecho es una cuestión muy difícil. Tenemos que seguir discutiéndolo judicialmente porque van a hacer falta peritajes técnicos para determinar si una obra es suficiente o no para revertir el daño".
En relación con el control del cumplimiento de las medidas judiciales, el abogado analizó que es llamativo que la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales, creada por decreto 3.249 de 2011 para monitorear las medidas dispuestas judicialmente, estuviera compuesta por la Provincia, el municipio y Aguas del Norte, "es decir, por quienes serían los que incumplieron el deber de mantener indemne el ambiente".
"Es muy difícil pedirle a quien generó el daño que ahora lo reconozca y lo cumpla a rajatabla", opinó.
En perjuicio de la gente
El promotor del amparo consideró que la inacción no es solo en las obras sino también en la falta de control del cumplimiento de la orden judicial de que nadie se puede meter en un río contaminado: "En esto no tiene nada que ver la gente, que es víctima de esta situación. (El río) debería ser un lugar de esparcimiento. La gente tiene todo el derecho del mundo de contar con un lugar -como era antes- para refrescarse y esparcirse con sus familiares y amigos. Sin embargo, no puede disfrutar de eso, además del riesgo que implica para su salud: los metales pesados se acumulan en el cuerpo y el vertido de líquidos cloacales no tratados genera enfermedades".
Arancibia insistió en la inacción estatal, y aseguró que seguirá exigiendo justicia: "Se desentienden olímpicamente de las obligaciones. Hacen todo a la fuerza. Se tiran la pelota entre todos. Nadie se quiere hacer cargo de esa situación. La lucha diaria está en lograr que obedezcan una orden judicial recontraconfirmada. Esto no está apelado y significa que, si continúan en esta actitud de hacer caso omiso a una orden judicial, que es clarísima, nosotros insistiremos en el pedido de sanciones económicas".
El abogado reveló que se hizo una denuncia penal por el delito de contaminación de las aguas y por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"En el primer caso, de tipo culposo, porque no hacen nada para revertir esa situación y, en el segundo caso, es doloso porque es intencional la negativa de cumplir con una obligación del Estado, que es cuidarnos a todos de una afectación a la salud pública, entre otras cosas", señaló.
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En Salta por fin ponen una dura sanción por desmonte
Por desmonte ilegal, condenaron a un productor a reforestar 11 mil hectáreas en Salta
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La recomposición ambiental abarcará toda la finca, ubicada en el departamento San Martín, y será durante 30 años.
Ante el desmonte clandestino de 11 mil hectáreas en el norte de la provincia, el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial” y deberá reforestar esta superficie por el término de 30 años.
A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria, que tras una conciliación homologada por la Justicia, permitirá la recuperación del bosque arrasado.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desforestadas ilegalmente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
También se contempló un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
En caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un área basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros (…) se puede decir que estaba clasificado como en estado Bueno”.
A la condena en materia jurídica ambiental, le siguió una demanda civil contra el finquero por una cifra estimada en 171 millones de pesos, la cual surgió de un estudio a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado y estuvo realizado por técnicos del CIF, la Dirección Nacional de Bosques, el INTA, la UNSa y la U.B.A.
Durante los 30 años de reforestación, organismos provinciales y nacionales deberán auditar la ejecución del plan anualmente, quinquenalmente y al cierre final de la tarea. La aprobación definitiva del proceso estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
La recomposición ambiental abarcará toda la finca, ubicada en el departamento San Martín, y será durante 30 años.
Ante el desmonte clandestino de 11 mil hectáreas en el norte de la provincia, el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial” y deberá reforestar esta superficie por el término de 30 años.
A la sentencia le siguió una demanda civil millonaria, que tras una conciliación homologada por la Justicia, permitirá la recuperación del bosque arrasado.
En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desforestadas ilegalmente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.
También se contempló un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calculó la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
En caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.
Los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un área basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros (…) se puede decir que estaba clasificado como en estado Bueno”.
A la condena en materia jurídica ambiental, le siguió una demanda civil contra el finquero por una cifra estimada en 171 millones de pesos, la cual surgió de un estudio a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado y estuvo realizado por técnicos del CIF, la Dirección Nacional de Bosques, el INTA, la UNSa y la U.B.A.
Durante los 30 años de reforestación, organismos provinciales y nacionales deberán auditar la ejecución del plan anualmente, quinquenalmente y al cierre final de la tarea. La aprobación definitiva del proceso estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.
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Desmontes: Urtubey, presionado, multó a los Braun Peña
Urtubey multó a Braun Peña por los desmontes y lo obligó a reforestar las zonas afectadas
Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: La Politica On Line
Provincia/Región: Salta
El gobernador le aplicó una sanción por dos millones y medio de pesos, al empresario cercano al Gobierno.
Tras la fuerte campaña en contra de los desmontes en Salta, el Gobernador Urtubey finalmente decidió aplicar una fuerte sanción económica al empresario Alejandro Peña Braun y lo obligó a reforestar las 550 hectáreas afectadas.
La multa, que alcanza los $2.500.000, se produce por el escándalo de los desmontes a partir de la cual se violó tanto la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta como la Ley Nacional de Bosques.
"Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes. Hoy ganó la Ley de Bosques", celebró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El caso comenzó en enero de este año, cuando el entonces Ministerio de Medio Ambiente declaró ilegales los 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas.
No obstante, Greenpeace pudo comprobar mediante imágenes satelitales que el empresario no había cumplido con lo dispuesto, a partir de lo cual se desató un escándalo con escraches al Gobernador y críticas sobre el gobierno nacional por sus vínculos con el infractor.
Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas. Dueño de múltiples empresas, accedió a buenas oportunidades de negocios desde que Macri es presidente como por ejemplo, ser el proveedor de luces LED para el Estado.
Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente.
Para despegarse, Urtubey había anunciado un aumento del 100% de las áreas protegidas -a partir de lo cual afirmaba que Salta pasaba a ser "la provincia de mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de hectáreas"- que sin embargo no sirvió para frenar la campaña que juntó medio millón de firmas para pedir por la recomposición de los bosques afectados.
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Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: La Politica On Line
Provincia/Región: Salta
El gobernador le aplicó una sanción por dos millones y medio de pesos, al empresario cercano al Gobierno.
Tras la fuerte campaña en contra de los desmontes en Salta, el Gobernador Urtubey finalmente decidió aplicar una fuerte sanción económica al empresario Alejandro Peña Braun y lo obligó a reforestar las 550 hectáreas afectadas.
La multa, que alcanza los $2.500.000, se produce por el escándalo de los desmontes a partir de la cual se violó tanto la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta como la Ley Nacional de Bosques.
"Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes. Hoy ganó la Ley de Bosques", celebró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El caso comenzó en enero de este año, cuando el entonces Ministerio de Medio Ambiente declaró ilegales los 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas.
No obstante, Greenpeace pudo comprobar mediante imágenes satelitales que el empresario no había cumplido con lo dispuesto, a partir de lo cual se desató un escándalo con escraches al Gobernador y críticas sobre el gobierno nacional por sus vínculos con el infractor.
Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas. Dueño de múltiples empresas, accedió a buenas oportunidades de negocios desde que Macri es presidente como por ejemplo, ser el proveedor de luces LED para el Estado.
Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente.
Para despegarse, Urtubey había anunciado un aumento del 100% de las áreas protegidas -a partir de lo cual afirmaba que Salta pasaba a ser "la provincia de mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de hectáreas"- que sin embargo no sirvió para frenar la campaña que juntó medio millón de firmas para pedir por la recomposición de los bosques afectados.
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Abordaron en Salta la prueba pericial ambiental
Debate en Salta sobre peritaje ambiental
Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Profesionales de la provincia, nacionales e internacionales abordaron los desafíos actuales de la prueba pericial ambiental.
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que lidera el rabino Sergio Bergman, organizó con la Universidad Católica de Salta las jornadas internacionales de peritaje ambiental “Una visión técnico-científica de la justicia ambiental”. Los encuentros se llevaron a cabo los días 15 y 16 de noviembre, en el Aula Magna de la Universidad Católica Argentina de Salta.
La apertura estuvo a cargo de Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del organismo nacional ambiental, quien destacó la reciente firma del Acuerdo de Escazú por parte de Argentina y el proceso de ratificación en curso, como compromiso del país y la región hacia el estado de derecho ambiental. También resaltó la interdependencia de la tríada de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Durante las jornadas se realizaron exposiciones en torno a los desafíos del peritaje ambiental: los elementos a considerar, la experiencia europea y chilena; la valoración judicial-técnica de las pericias ambientales y la estimación económica del daño ambiental.
En la apertura también participaron Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta; y Paula Bibini, ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de esa provincia. Asimismo, el encuentro contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Fecha de Publicación: 24/11/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Profesionales de la provincia, nacionales e internacionales abordaron los desafíos actuales de la prueba pericial ambiental.
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que lidera el rabino Sergio Bergman, organizó con la Universidad Católica de Salta las jornadas internacionales de peritaje ambiental “Una visión técnico-científica de la justicia ambiental”. Los encuentros se llevaron a cabo los días 15 y 16 de noviembre, en el Aula Magna de la Universidad Católica Argentina de Salta.
La apertura estuvo a cargo de Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del organismo nacional ambiental, quien destacó la reciente firma del Acuerdo de Escazú por parte de Argentina y el proceso de ratificación en curso, como compromiso del país y la región hacia el estado de derecho ambiental. También resaltó la interdependencia de la tríada de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Durante las jornadas se realizaron exposiciones en torno a los desafíos del peritaje ambiental: los elementos a considerar, la experiencia europea y chilena; la valoración judicial-técnica de las pericias ambientales y la estimación económica del daño ambiental.
En la apertura también participaron Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta; y Paula Bibini, ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de esa provincia. Asimismo, el encuentro contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Fiesta del desmonte en Salta
Greenpeace representó “la fiesta del desmonte” y denunció que el salteño “Urtubey es cómplice de los criminales”
Fecha de Publicación: 10/11/2018
Fuente: Contexto Tucumán
Provincia/Región: Salta
Con una intervención callejera en el ingreso de la Casa de Salta, activistas de Greenpeace representaron la fiesta del desmonte liderada por el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey.
“La fiesta del desmonte suele ser exclusiva para los empresarios y productores agrícolas que, con el aval de los funcionarios, destruyen a su antojo los bosques salteños, a pesar de estar protegidos por la Ley Nacional de Bosques. Por eso, hoy quisimos mostrar la fiesta, para denunciar públicamente la impunidad con la que se manejan en relación a nuestros bosques. Mientras las lluvias inundan a Anta, la fiesta del desmonte continúa.”, expresó Diego Salas, director de desarrollo de Greenpeace.
Según la organización ecologista, en el norte argentino se concentra el 80% de la deforestación del país, en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
En el caso de Salta, ya fue deforestado el 30% de sus bosques nativos. De acuerdo a datos oficiales, se destruyeron 1.406.005 hectáreas entre 1998 y 2017 en la provincia, 70 veces la superficie de CABA. Desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, la mitad de los desmonte en Salta fueron ilegales.
A pesar de que tanto la Nación como la Provincia dictaron resoluciones que suspenden los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas y obligan a la remediación de las zonas afectadas, la deforestación continúa avanzando.
Tres de las 32 fincas son casos que ya habían sido denunciados en 2014 (1), las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).
“A pesar de sus promesas de detener el desmonte ilegal en su provincia, el gobernador Urtubey continúa siendo cómplice de estos criminales. Por eso, le exigimos que cumpla su rol y controle el cumplimiento de la normativa vigente, aplique multas significativas y los obligue a reforestar”, señaló Salas.
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política ambiental,
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Salta emplearábiodiésel en el transporte urbano
Salta utilizará biodiésel en el transporte urbano de pasajeros
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: El Santafesino
Provincia/Región: Salta
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. El ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
El gobernador Miguel Lifschitz, y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, suscribieron en la capital de la provincia norteña, un convenio a través del cual se transmite la experiencia del programa BioBus de Santa Fe para la implementación del uso de biodiésel en el transporte urbano de pasajeros salteño.
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. De esta manera se reducirían en un 15 por ciento las emisiones y el ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
Lifschitz agradeció la hospitalidad y la celebración del acuerdo, que dijo permitirá “confluir en objetivos comunes como el desarrollo de energías alternativas, responsabilidad que comparte el Estado provincial con operadores privados”.
El gobernador aseguró que la experiencia que se ya se aplica en Rosario y ahora en Salta tiene muchos antecedentes y “resultado exitoso”.
“Tenemos que promover las energías alternativas y limpias”, señaló, al tiempo que aseguró: “Estamos contribuyendo con el medio ambiente y con las economías regionales a través de la generación de empleo y la promoción de la actividad económica tan importante en estos tiempos”.
Santa Fe impulsora
A su turno, Urtubey destacó a Santa Fe como el principal impulsor de las energías renovables, y señaló: “Queremos sumarnos a ese trabajo, buscamos lograr que nuestros productores puedan encontrar mayores niveles de sustentabilidad”, y reiteró que “el federalismo no es solamente una vinculación vertical, hay que trabajar a nivel horizontal”.
Urtubey anunció que a partir de este jueves se va a implementar el sistema Ecos Bus en Salta con un colectivo articulado que funcionará al ciento por ciento de biodiésel, y 9 lo harán al 25 por ciento. En 6 meses se estima que la flota completa (620 unidades) llegue al 25 por ciento, y los articulados (10 unidades), al ciento por ciento.
Programa BioBus
En junio de 2018, Lifschitz firmó un convenio con representantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y a la Consultora ALG Ingeniería.
A partir de dicho acuerdo, más de 400 colectivos urbanos de las Empresas Mixtas y Semtur que prestan servicio en la ciudad de Rosario, comenzaron a funcionar con un 25% de biodiésel en su combustible, mientras que otras tres unidades lo hacen con el 100%.
De esta manera, el gobierno de Santa Fe reafirma una vez más su compromiso para lograr la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la mitigación de los efectos del cambio climático. Es por esto que, desde octubre de 2017, Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en ser parte de la Coalición de Estados Subnacionales “Under2”, cuyos integrantes se comprometen a trabajar colaborativamente en esta dirección y se expresó en esta firma de convenio.
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Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: El Santafesino
Provincia/Región: Salta
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. El ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
El gobernador Miguel Lifschitz, y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, suscribieron en la capital de la provincia norteña, un convenio a través del cual se transmite la experiencia del programa BioBus de Santa Fe para la implementación del uso de biodiésel en el transporte urbano de pasajeros salteño.
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. De esta manera se reducirían en un 15 por ciento las emisiones y el ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
Lifschitz agradeció la hospitalidad y la celebración del acuerdo, que dijo permitirá “confluir en objetivos comunes como el desarrollo de energías alternativas, responsabilidad que comparte el Estado provincial con operadores privados”.
El gobernador aseguró que la experiencia que se ya se aplica en Rosario y ahora en Salta tiene muchos antecedentes y “resultado exitoso”.
“Tenemos que promover las energías alternativas y limpias”, señaló, al tiempo que aseguró: “Estamos contribuyendo con el medio ambiente y con las economías regionales a través de la generación de empleo y la promoción de la actividad económica tan importante en estos tiempos”.
Santa Fe impulsora
A su turno, Urtubey destacó a Santa Fe como el principal impulsor de las energías renovables, y señaló: “Queremos sumarnos a ese trabajo, buscamos lograr que nuestros productores puedan encontrar mayores niveles de sustentabilidad”, y reiteró que “el federalismo no es solamente una vinculación vertical, hay que trabajar a nivel horizontal”.
Urtubey anunció que a partir de este jueves se va a implementar el sistema Ecos Bus en Salta con un colectivo articulado que funcionará al ciento por ciento de biodiésel, y 9 lo harán al 25 por ciento. En 6 meses se estima que la flota completa (620 unidades) llegue al 25 por ciento, y los articulados (10 unidades), al ciento por ciento.
Programa BioBus
En junio de 2018, Lifschitz firmó un convenio con representantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y a la Consultora ALG Ingeniería.
A partir de dicho acuerdo, más de 400 colectivos urbanos de las Empresas Mixtas y Semtur que prestan servicio en la ciudad de Rosario, comenzaron a funcionar con un 25% de biodiésel en su combustible, mientras que otras tres unidades lo hacen con el 100%.
De esta manera, el gobierno de Santa Fe reafirma una vez más su compromiso para lograr la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la mitigación de los efectos del cambio climático. Es por esto que, desde octubre de 2017, Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en ser parte de la Coalición de Estados Subnacionales “Under2”, cuyos integrantes se comprometen a trabajar colaborativamente en esta dirección y se expresó en esta firma de convenio.
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Sancionan minera que realizó trabajos ilegales en Cafayate
Suspenden y multan a la minera que realizó exploraciones ilegales en Cafayate
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Redescubrieron ranas marsupiales en las Yungas salteñas
Redescubrieron a la rana marsupial en las Yungas salteñas
Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Un grupo de investigadores del Instituto de Ecorregiones Andinas encontraron en las Yungas salteñas ejemplares de ranas marsupiales del género Gastrotheca, una especie amenazada, lo que representa una posibilidad para su conservación, según informó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En las selvas de las Yungas del noroeste del país habitan tres especies endémicas de ranas marsupiales del género Gastrotheca.
"Estos anfibios resultan únicos dentro de la biodiversidad del país debido a que las hembras de estas ranas marsupiales llevan a sus renacuajos dentro de un saco de piel que tienen en sus espaldas, para luego liberarlos ya bastante desarrollados en vertientes temporarias donde completan la metamorfosis o directamente 'parir' a los juveniles ya formados, según la especie", indicó Conicet.
A pesar de su singularidad, estas especies se encuentran amenazadas de extinción y en el caso de la Rana Marsupial del Baritú (Gastrotheca chrysosticta) no se había vuelto a observar en su hábitat natural en las Yungas de la provincia de Salta desde el último registro confirmado en el año 1993.
A finales del mes de agosto, un grupo de científicos del Instituto de Ecorregiones Andinas, integrado por Mauricio Akmentins, Martín Boullhesen y Sofía Bardavid, acompañados por personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) en calidad de asistentes a la investigación, Fernando Falke y personal de apoyo Clemente Espinoza, registraron ejemplares de Gastrotheca chrysosticta en el Parque Nacional Baritú.
El registro de una población saludable de esta especie desaparecida dentro del área de reserva natural estricta del parque Baritú (decreto 2.149/1990), representa una excelente chance para el futuro de la preservación a largo plazo de la rana marsupial del Baritú.
A su vez, la presencia de esta especie amenazada realza el valor de para la conservación de la biodiversidad de las selvas de las Yungas de este parque nacional.
Para más información, hacer clic en la nota científica publicada en el volumen 32 número 2 de la revista Cuadernos de Herpetología de la Asociación Herpetológica Argentina: Akmentins, M.S., M. Boullhesen, S. Bardavid, C.J. Espinoza & F. Falke. 2018. Rediscovery of Gastrotheca chrysosticta Laurent, 1976 (Anura: Hemiphractidae) in Baritú National Park, Salta, Argentina. Cuadernos de Herpetología: doi: 10.31017/CdH.2018.(2018-021).
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Fecha de Publicación: 02/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Un grupo de investigadores del Instituto de Ecorregiones Andinas encontraron en las Yungas salteñas ejemplares de ranas marsupiales del género Gastrotheca, una especie amenazada, lo que representa una posibilidad para su conservación, según informó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En las selvas de las Yungas del noroeste del país habitan tres especies endémicas de ranas marsupiales del género Gastrotheca.
"Estos anfibios resultan únicos dentro de la biodiversidad del país debido a que las hembras de estas ranas marsupiales llevan a sus renacuajos dentro de un saco de piel que tienen en sus espaldas, para luego liberarlos ya bastante desarrollados en vertientes temporarias donde completan la metamorfosis o directamente 'parir' a los juveniles ya formados, según la especie", indicó Conicet.
A pesar de su singularidad, estas especies se encuentran amenazadas de extinción y en el caso de la Rana Marsupial del Baritú (Gastrotheca chrysosticta) no se había vuelto a observar en su hábitat natural en las Yungas de la provincia de Salta desde el último registro confirmado en el año 1993.
A finales del mes de agosto, un grupo de científicos del Instituto de Ecorregiones Andinas, integrado por Mauricio Akmentins, Martín Boullhesen y Sofía Bardavid, acompañados por personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) en calidad de asistentes a la investigación, Fernando Falke y personal de apoyo Clemente Espinoza, registraron ejemplares de Gastrotheca chrysosticta en el Parque Nacional Baritú.
El registro de una población saludable de esta especie desaparecida dentro del área de reserva natural estricta del parque Baritú (decreto 2.149/1990), representa una excelente chance para el futuro de la preservación a largo plazo de la rana marsupial del Baritú.
A su vez, la presencia de esta especie amenazada realza el valor de para la conservación de la biodiversidad de las selvas de las Yungas de este parque nacional.
Para más información, hacer clic en la nota científica publicada en el volumen 32 número 2 de la revista Cuadernos de Herpetología de la Asociación Herpetológica Argentina: Akmentins, M.S., M. Boullhesen, S. Bardavid, C.J. Espinoza & F. Falke. 2018. Rediscovery of Gastrotheca chrysosticta Laurent, 1976 (Anura: Hemiphractidae) in Baritú National Park, Salta, Argentina. Cuadernos de Herpetología: doi: 10.31017/CdH.2018.(2018-021).
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En Salta, Urtubey sigue permitiendo el desmonte
Denuncian el desmonte ilegal de 700 hectáreas en bosques protegidos
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Minera ilegal en Cafayate: tiempo de descargo
Explotación minera ilegal en Cafayate: Hasta el viernes la empresa tiene para dar explicaciones
Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Lo confirmó el secretario de la cartera, Daniel Blasco. La notificación fue enviada el viernes y esperan el descargo correspondiente. Indicó que “la actividad está paralizada”, a la vez que las irregularidades “son muchas y variadas”.
Luego que vecinos de La Yesera denunciarán la presencia de máquinas buscando cobre y otros metales en la Quebrada de las Conchas, el secretario de Minería, Daniel Blasco, confirmó que la empresa Mina Franco, cuyo concesionario es Camilo Morales. El gobierno ratificó que la empresa trabajaba de manera ilegal por lo que se decidió paralizar la actividad y se evaluará las multas.
Finalmente, la Secretaría notificó oficialmente a los concesionarios por Minería Franco acerca de las irregularidades que cometieron y esperan los tiempos legales para recibir el descargo de la entidad, y así continuar con los pasos siguientes en el tema.
En un nuevo contacto que InformateSalta mantuvo con Blasco, éste precisó los detalles: “El día viernes de la semana pasada, ya fueron notificados los concesionarios sobre las irregularidades que hicieron en la zona de Guachipas y Cafayate”, indicó, a la vez que señaló que son muchas y variadas.
“Ahora están corriendo los tiempos legales para que hagan su descargo, ese tiempo vence este viernes a las 10”, agregó el funcionario. En cuanto a las sanciones, puntualizó que “como hay varios incumplimientos, tenemos que ir mirando punto por punto, como (por ejemplo) registrarse como explorador minero”.
Blasco aseveró que lo ocurrido semanas atrás “es un paso atrás para el sector minero, tratamos de generar confianza en el sector y este incumplimiento lo que hace es que la perdamos”.
En cuanto a cómo está la zona donde la empresa Mina Franco realizó sus intervenciones no autorizadas, el secretario informó que “la actividad está paralizada, estuvimos mirando otras pertenencias en el mismo sitio, ninguna que tengan algún permiso”.
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Increíble explicación oficial por minería en reserva salteña
Cafayate: según el Gobierno, la mina tenía una autorización que no fue respetada
Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
“Tenían permiso a un muestreo superficial”, dijo el secretario de Minería, Daniel Blanco, sobre los trabajos mineros en la Quebrada de las Conchas, frenados por vecinos y guardaparques.
El pueblo de Cafayate alertó sobre la exploración minera en la Quebrada de la Conchas, zona considerada reserva natural, y frenó el avance de las máquinas, el jueves pasado. Hoy, el Gobierno de la provincia confirmó que la empresa tenía una autorización desde Minería, pero no fue respetada, por lo que se tomarán medidas contra la compañía.
“El concesionario realizó actividades que no estaban autorizadas”, aseguró a LA GACETA, el secretario de Minería de Salta, Daniel Blasco, por lo que se determinó el cese de las actividades. Explicó que la Mina Franco tenía un permiso de exploración otorgado en 2015, y que fue renovado a principio de este año, pero los trabajos que realizó la semana pasada no correspondían a esa certificación.
“Técnicamente tenían permiso a un muestreo superficial, sin hacer pozo, sin alterar caminos, ni usar maquinarias y con el compromiso de comunicar los trabajos a la comunidad y a nosotros. Pero nada de eso se cumplió”, apuntó el funcionario.
Además dijo que, ayer, el personal de la secretaría, guardaparques y la policía de Cafayate inspeccionaron el lugar. “Y verificamos que el incidente ocurrió”, apuntó.
Blasco dijo que la empresa “estaba autorizada para estudiar el recurso, realizar un muestreo de superficie, pero metió campamento, la máquina y también hizo pozo”. Por esto se retiró al concesionario del lugar y se está “juntando la documentación para tomar las medidas del caso”, agregó.
El funcionario también comentó que hace 50 años, en esta zona se extrajo cobre artesanalmente, por lo que actualmente se observa “un túnel” allí.
Pero años más tarde, la Quebrada de las Conchas fue declarada reserva natural, lo que significa que es un área protegida y digna de conservar. Ante esto, comunidades originarias y vecinos de Cafayate y pueblos cercanos fueron a defender el sitio, rechazando toda actividad minera que significara la degradación del ambiente. Frenaron las máquinas y obligaron que se desarme el campamento.
“Hubo una expresa voluntad del pueblo que dijo ‘no a la minería’. Por eso, nos convocamos, porque la minería afecta a todo un pueblo y las riveras de los ríos Calchaquí y Las Conchas”, manifestó Juan Condorí, miembro de la comunidad diaguita calchaquí.
Al respecto, el secretario de Minería de Salta explicó que la declaración de Reserva natural (1995) aun no fue reglamentada. Es decir, el área protegida “no tiene reglamento que exprese qué se puede hacer y qué no en la zona”, aseguró. Por ello “se le otorgó la habilitación” a la empresa para realizar un muestreo.
Por último, dijo que la minera tiene cinco días para contestar los requerimientos del Estado y a partir de allí se tomarán medidas, las que pueden incluir una denuncia judicial si hubiera daños ambientales y responsabilidad civil. “Ahora, con este antecedente estamos más sobre el tema”, sostuvo.
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Fecha de Publicación: 21/09/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
“Tenían permiso a un muestreo superficial”, dijo el secretario de Minería, Daniel Blanco, sobre los trabajos mineros en la Quebrada de las Conchas, frenados por vecinos y guardaparques.
El pueblo de Cafayate alertó sobre la exploración minera en la Quebrada de la Conchas, zona considerada reserva natural, y frenó el avance de las máquinas, el jueves pasado. Hoy, el Gobierno de la provincia confirmó que la empresa tenía una autorización desde Minería, pero no fue respetada, por lo que se tomarán medidas contra la compañía.
“El concesionario realizó actividades que no estaban autorizadas”, aseguró a LA GACETA, el secretario de Minería de Salta, Daniel Blasco, por lo que se determinó el cese de las actividades. Explicó que la Mina Franco tenía un permiso de exploración otorgado en 2015, y que fue renovado a principio de este año, pero los trabajos que realizó la semana pasada no correspondían a esa certificación.
“Técnicamente tenían permiso a un muestreo superficial, sin hacer pozo, sin alterar caminos, ni usar maquinarias y con el compromiso de comunicar los trabajos a la comunidad y a nosotros. Pero nada de eso se cumplió”, apuntó el funcionario.
Además dijo que, ayer, el personal de la secretaría, guardaparques y la policía de Cafayate inspeccionaron el lugar. “Y verificamos que el incidente ocurrió”, apuntó.
Blasco dijo que la empresa “estaba autorizada para estudiar el recurso, realizar un muestreo de superficie, pero metió campamento, la máquina y también hizo pozo”. Por esto se retiró al concesionario del lugar y se está “juntando la documentación para tomar las medidas del caso”, agregó.
El funcionario también comentó que hace 50 años, en esta zona se extrajo cobre artesanalmente, por lo que actualmente se observa “un túnel” allí.
Pero años más tarde, la Quebrada de las Conchas fue declarada reserva natural, lo que significa que es un área protegida y digna de conservar. Ante esto, comunidades originarias y vecinos de Cafayate y pueblos cercanos fueron a defender el sitio, rechazando toda actividad minera que significara la degradación del ambiente. Frenaron las máquinas y obligaron que se desarme el campamento.
“Hubo una expresa voluntad del pueblo que dijo ‘no a la minería’. Por eso, nos convocamos, porque la minería afecta a todo un pueblo y las riveras de los ríos Calchaquí y Las Conchas”, manifestó Juan Condorí, miembro de la comunidad diaguita calchaquí.
Al respecto, el secretario de Minería de Salta explicó que la declaración de Reserva natural (1995) aun no fue reglamentada. Es decir, el área protegida “no tiene reglamento que exprese qué se puede hacer y qué no en la zona”, aseguró. Por ello “se le otorgó la habilitación” a la empresa para realizar un muestreo.
Por último, dijo que la minera tiene cinco días para contestar los requerimientos del Estado y a partir de allí se tomarán medidas, las que pueden incluir una denuncia judicial si hubiera daños ambientales y responsabilidad civil. “Ahora, con este antecedente estamos más sobre el tema”, sostuvo.
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Salta: minería ilegal y en una zona protegida
Investigan una explotación minera sin autorizar y en un lugar protegido
Fecha de Publicación: 19/09/2018
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
La información daba cuenta de una exploración minera en la Reserva Natural de la Quebrada de las Conchas, que no tendría autorización. Desde la Secretaría de Minería enviaron especialistas para verificar.
Según pudo conocer InformateSalta, en la Secretaría de Minería de la provincia se conoció la misma información que comenzó a viralizarse ayer, lo que activó una alerta y disparó una investigación al respecto.
Fuentes informaron que una comisión de geólogos está viajando hoy al lugar conocido como La Yesera, a inspeccionar y verificar esa denuncia.
Los primeros datos dan cuenta que antiguamente había una mina de cobre con una pequeña galería en el lugar, donde según las fotos, hoy se pueden ver máquinas y hasta una especie de campamento funcionando. "Esa planta de conservación de cobre funcionaba hace unos 40 años y ya en la década del 80’ esa mina fue eliminada del catastro por estar inactiva", dijo el jefe de Fiscalización de Minería.
La denuncia viral
"Sabias que en la Reserva Natural de la quebrada de las Conchas hoy se detectó una exploración con fines mineros? El lugar está ubicado frente de la Yesera allí hoy 13/09/2018 se detuvo una máquina que abría una huella en busca de lograr accesibilidad a una exploración de cobre y otros metales. No sé lo puede ver desde la ruta 68 ya que hay que entrar por un arroyo en donde luego se encuentra un campamento improvisado, y más arriba una máquina derribando montañas de paisaje.
El emprendimiento tiene el visto bueno de Minería de la provincia de Salta y autoridades de Guachipas (ya que esa parte es jurisdicción de ese Departamento)... Pero impacta directamente sobre la reserva natural de la que somos dueños todos los Salteños en donde se pone en peligro no solo el paisaje sino también la flora y fauna del lugar. Cual es el costo inmediato y a largo plazo que sufriremos los cafayateños con este tipo de actividad?
Porque las autoridades provinciales no hicieron público este tipo de maniobras que se ejecutan a espaldas de la comunidad? Que estamos dispuestos a hacer los cafayateños para defender está reserva natural q tantos beneficios nos brinda? Donde está la prensa?", decía un mensaje que se viralizó y generó la respuesta de las autoridades.
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Fecha de Publicación: 19/09/2018
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
La información daba cuenta de una exploración minera en la Reserva Natural de la Quebrada de las Conchas, que no tendría autorización. Desde la Secretaría de Minería enviaron especialistas para verificar.
Según pudo conocer InformateSalta, en la Secretaría de Minería de la provincia se conoció la misma información que comenzó a viralizarse ayer, lo que activó una alerta y disparó una investigación al respecto.
Fuentes informaron que una comisión de geólogos está viajando hoy al lugar conocido como La Yesera, a inspeccionar y verificar esa denuncia.
Los primeros datos dan cuenta que antiguamente había una mina de cobre con una pequeña galería en el lugar, donde según las fotos, hoy se pueden ver máquinas y hasta una especie de campamento funcionando. "Esa planta de conservación de cobre funcionaba hace unos 40 años y ya en la década del 80’ esa mina fue eliminada del catastro por estar inactiva", dijo el jefe de Fiscalización de Minería.
La denuncia viral
"Sabias que en la Reserva Natural de la quebrada de las Conchas hoy se detectó una exploración con fines mineros? El lugar está ubicado frente de la Yesera allí hoy 13/09/2018 se detuvo una máquina que abría una huella en busca de lograr accesibilidad a una exploración de cobre y otros metales. No sé lo puede ver desde la ruta 68 ya que hay que entrar por un arroyo en donde luego se encuentra un campamento improvisado, y más arriba una máquina derribando montañas de paisaje.
El emprendimiento tiene el visto bueno de Minería de la provincia de Salta y autoridades de Guachipas (ya que esa parte es jurisdicción de ese Departamento)... Pero impacta directamente sobre la reserva natural de la que somos dueños todos los Salteños en donde se pone en peligro no solo el paisaje sino también la flora y fauna del lugar. Cual es el costo inmediato y a largo plazo que sufriremos los cafayateños con este tipo de actividad?
Porque las autoridades provinciales no hicieron público este tipo de maniobras que se ejecutan a espaldas de la comunidad? Que estamos dispuestos a hacer los cafayateños para defender está reserva natural q tantos beneficios nos brinda? Donde está la prensa?", decía un mensaje que se viralizó y generó la respuesta de las autoridades.
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Salta lava su cara con la "Agencia de Protección Ambiental"
Ya funciona la Agencia de Protección Ambiental de Salta
Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La Agencia actuará garantizando el cumplimiento de las Leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La agencia creada por el gobernador de Salta, trabaja para que se cumplan las leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia dependiente del Ministerio de Producción. Tendrá la misión de prevenir, controlar y sancionar a quien produzca daños al ambiente en la provincia. Está ubicada en la capital, Santiago del Estero 2245, y opera durante días hábiles.
"Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos", destacó Juan Manuel Urtubey.
Ignacio Goitia, designado Director Ejecutivo de APAS dijo “Apuntamos a que el trabajo de la Agencia cuente con el involucramiento y aporte de asociaciones civiles para garantizar a los salteños un ambiente sustentable” y anticipó que planifican reuniones en este sentido para las cuales ya se cursaron invitaciones distintas asociaciones.
El funcionario adelantó que el trabajo estará enfocado en la lucha contra el desmonte y la tala ilegal; y al resto de las infracciones detalladas en las leyes ambientales de la provincia, por medio de acciones preventivas, controles coordinados con las fuerzas de seguridad y aplicación de sanciones. Además velará por el cumplimiento de las remediaciones y compensaciones impuestas a los infractores.
También se recopilará información para crear estadísticas y conformar las bases de datos necesarias para un mejor conocimiento de la situación y de los infractores ambientales en la provincia. El trabajo se realizará con participación y colaboración de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente.
Asimismo, el gobernador invitó a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. "En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes, finalizó Urtubey.
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Fecha de Publicación: 14/08/2018
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La Agencia actuará garantizando el cumplimiento de las Leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La agencia creada por el gobernador de Salta, trabaja para que se cumplan las leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia dependiente del Ministerio de Producción. Tendrá la misión de prevenir, controlar y sancionar a quien produzca daños al ambiente en la provincia. Está ubicada en la capital, Santiago del Estero 2245, y opera durante días hábiles.
"Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos", destacó Juan Manuel Urtubey.
Ignacio Goitia, designado Director Ejecutivo de APAS dijo “Apuntamos a que el trabajo de la Agencia cuente con el involucramiento y aporte de asociaciones civiles para garantizar a los salteños un ambiente sustentable” y anticipó que planifican reuniones en este sentido para las cuales ya se cursaron invitaciones distintas asociaciones.
El funcionario adelantó que el trabajo estará enfocado en la lucha contra el desmonte y la tala ilegal; y al resto de las infracciones detalladas en las leyes ambientales de la provincia, por medio de acciones preventivas, controles coordinados con las fuerzas de seguridad y aplicación de sanciones. Además velará por el cumplimiento de las remediaciones y compensaciones impuestas a los infractores.
También se recopilará información para crear estadísticas y conformar las bases de datos necesarias para un mejor conocimiento de la situación y de los infractores ambientales en la provincia. El trabajo se realizará con participación y colaboración de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente.
Asimismo, el gobernador invitó a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. "En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes, finalizó Urtubey.
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Desmonte, desertificación y pobreza en el Chaco salteño
La desertificación condena al Chaco salteño a la pobreza
Fecha de Publicación: 01/08/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Rivadavia tiene más de 200.000 hectáreas degradadas. El ganado criollo no tiene pasturas.El ambiente acorrala a familias campesinas. El 80% de los jóvenes emigra a centros urbanos.
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia le abrió un sumario por desarbustar sin permiso 24 hectáreas con las que los ingresos de su ganadería de subsistencia pasaron de 4.000 a 16.000 pesos por mes.
La superficie que desbajeró para poder sostener su hacienda con pasturas representa el 7% de las 350 hectáreas que un grupo de propietarios de Buenos Aires le donó en Capitán Pagé, a pocos kilómetros de Los Blancos, por los derechos posesorios que ella había heredado de su padre en la finca El Palo Santo.
La cesión, escriturada el 9 de octubre de 2013, no fue un acto de caridad, sino el resultado de un acuerdo en el que la campesina chaqueña renunció a reclamos por la ocupación anterior de tierras que los donantes (seis condóminos) adquirieron en 2008 sobre la ruta 81.
A los criollos nadie les regala nada. Están marginados hasta en las leyes de la Nación, y por eso más de uno se autorreconoció como aborigen para no terminar desterrado.
Por si fuesen pocos sus pesares, el ordenamiento territorial que se sancionó con la supuesta finalidad de garantizar manejos más racionales y sostenibles del ambiente los condena a seguir inmersos en la pobreza generacional de Rivadavia.
Argemina Gutiérrez viajó dos veces a la capital salteña con uno de sus hijos para gestionar un permiso en la Secretaría de Medio Ambiente, pero no se lo dieron porque su finca está pintada de amarillo en el mapa de ordenamiento territorial. "Ella hizo un cambio de uso de suelo sin autorización y por eso tiene abierto un sumario", señaló la jefa del Programa de Fiscalización y Control del organismo ambiental de la Provincia, Silvina Borelli, tras recordar que la ley de ordenamiento territorial prohíbe desmontes o desbajerados en las superficies categorizadas con mediano valor de conservación (amarillo).
Borelli precisó que hay cerca de 500 expedientes en trámite contra pequeños, medianos y grandes productores. "La ley provincial 7.543 de ordenamiento territorial de bosques rige para todos por igual", subrayó la funcionaria, y explicó que en áreas de mediano valor de conservación solo están permitidos aprovechamientos forestales y planes de manejo. Para estos últimos, los interesados deben presentar proyectos que luego de evaluaciones en campo se aprueban o rechazan.
Manejo recomendado
En su descargo, Argemina Gutiérrez sostuvo que no hizo ningún cambio en el uso del suelo de su propiedad, sino una mejora de manejo de la actividad con la que a duras penas subsiste. "Lo que hice en mi tierra fue un desarbustado recomendado por el INTA", afirmó la puestera chaqueña, en referencia a un rolado selectivo de baja intensidad (RBI) con el que raleó un poco de duraznillo para poder sembrar pasto.
El ingeniero agrónomo Fernando Cenci, quien asesoró a la puestera en su defensa, aseguró que "el desmalezado del monte y la implantación de pasturas equilibró la armonía vegetal que tenía el ambiente original de la zona hace un siglo". Según el profesional, la fracción en la que se ordenó a Argemina suspender las actividades se considera de mediano valor de conservación, pero no se aclara cuál es el valor a conservar. "Según el mapa que categoriza a la provincia de Salta, el catastro se encuentra en el amarillo social, ya que no tiene limitantes de pendiente, suelo ni otro factor que impida una producción ganadera sustentable con prácticas de manejo adecuadas", recalcó Cenci.
El paisaje común de sus espacios peridomésticos está definido hoy por grandes peladares y madrejones que cada vez tienen menos capacidad de reserva de agua, por los suelos que arrastra la erosión hídrica y se sedimentan en sus lechos. Cenci, quien asistió en implantaciones de pasturas a un medio centenar de puesteros de la zona, advirtió que los procesos de enlame “van en aumento tanto en intensidad como en superficie”.
En el municipio de Santa Victoria Este, otras 460 familias criollas conviven en iguales condiciones con más de 90 comunidades originarias de las etnias wichi, chorote, toba, tapiete y chulupí. En el extenso espacio de los ex lotes fiscales 55 y 14 se expresa otro de los problemas centrales del Chaco salteño: los conflictos de tierras. La inmensa mayoría de criollos no cuenta con títulos de propiedad, aunque sus posesiones se remontan a tres e incluso más generaciones. El Estado poco hizo en un siglo para regularizar la situación dominial de sus puestos. “Yo pude obtener mi título de propiedad por un acuerdo que firmé para poder estar tranquila, producir y vivir dignamente de mi actividad, como querían mis padres y mis abuelos, pero no me dejan hacer nada”, lamentó Argemina Gutiérrez.
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Fecha de Publicación: 01/08/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Rivadavia tiene más de 200.000 hectáreas degradadas. El ganado criollo no tiene pasturas.El ambiente acorrala a familias campesinas. El 80% de los jóvenes emigra a centros urbanos.
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia le abrió un sumario por desarbustar sin permiso 24 hectáreas con las que los ingresos de su ganadería de subsistencia pasaron de 4.000 a 16.000 pesos por mes.
La superficie que desbajeró para poder sostener su hacienda con pasturas representa el 7% de las 350 hectáreas que un grupo de propietarios de Buenos Aires le donó en Capitán Pagé, a pocos kilómetros de Los Blancos, por los derechos posesorios que ella había heredado de su padre en la finca El Palo Santo.
La cesión, escriturada el 9 de octubre de 2013, no fue un acto de caridad, sino el resultado de un acuerdo en el que la campesina chaqueña renunció a reclamos por la ocupación anterior de tierras que los donantes (seis condóminos) adquirieron en 2008 sobre la ruta 81.
A los criollos nadie les regala nada. Están marginados hasta en las leyes de la Nación, y por eso más de uno se autorreconoció como aborigen para no terminar desterrado.
Por si fuesen pocos sus pesares, el ordenamiento territorial que se sancionó con la supuesta finalidad de garantizar manejos más racionales y sostenibles del ambiente los condena a seguir inmersos en la pobreza generacional de Rivadavia.
Argemina Gutiérrez viajó dos veces a la capital salteña con uno de sus hijos para gestionar un permiso en la Secretaría de Medio Ambiente, pero no se lo dieron porque su finca está pintada de amarillo en el mapa de ordenamiento territorial. "Ella hizo un cambio de uso de suelo sin autorización y por eso tiene abierto un sumario", señaló la jefa del Programa de Fiscalización y Control del organismo ambiental de la Provincia, Silvina Borelli, tras recordar que la ley de ordenamiento territorial prohíbe desmontes o desbajerados en las superficies categorizadas con mediano valor de conservación (amarillo).
Borelli precisó que hay cerca de 500 expedientes en trámite contra pequeños, medianos y grandes productores. "La ley provincial 7.543 de ordenamiento territorial de bosques rige para todos por igual", subrayó la funcionaria, y explicó que en áreas de mediano valor de conservación solo están permitidos aprovechamientos forestales y planes de manejo. Para estos últimos, los interesados deben presentar proyectos que luego de evaluaciones en campo se aprueban o rechazan.
Manejo recomendado
En su descargo, Argemina Gutiérrez sostuvo que no hizo ningún cambio en el uso del suelo de su propiedad, sino una mejora de manejo de la actividad con la que a duras penas subsiste. "Lo que hice en mi tierra fue un desarbustado recomendado por el INTA", afirmó la puestera chaqueña, en referencia a un rolado selectivo de baja intensidad (RBI) con el que raleó un poco de duraznillo para poder sembrar pasto.
El ingeniero agrónomo Fernando Cenci, quien asesoró a la puestera en su defensa, aseguró que "el desmalezado del monte y la implantación de pasturas equilibró la armonía vegetal que tenía el ambiente original de la zona hace un siglo". Según el profesional, la fracción en la que se ordenó a Argemina suspender las actividades se considera de mediano valor de conservación, pero no se aclara cuál es el valor a conservar. "Según el mapa que categoriza a la provincia de Salta, el catastro se encuentra en el amarillo social, ya que no tiene limitantes de pendiente, suelo ni otro factor que impida una producción ganadera sustentable con prácticas de manejo adecuadas", recalcó Cenci.
El paisaje común de sus espacios peridomésticos está definido hoy por grandes peladares y madrejones que cada vez tienen menos capacidad de reserva de agua, por los suelos que arrastra la erosión hídrica y se sedimentan en sus lechos. Cenci, quien asistió en implantaciones de pasturas a un medio centenar de puesteros de la zona, advirtió que los procesos de enlame “van en aumento tanto en intensidad como en superficie”.
En el municipio de Santa Victoria Este, otras 460 familias criollas conviven en iguales condiciones con más de 90 comunidades originarias de las etnias wichi, chorote, toba, tapiete y chulupí. En el extenso espacio de los ex lotes fiscales 55 y 14 se expresa otro de los problemas centrales del Chaco salteño: los conflictos de tierras. La inmensa mayoría de criollos no cuenta con títulos de propiedad, aunque sus posesiones se remontan a tres e incluso más generaciones. El Estado poco hizo en un siglo para regularizar la situación dominial de sus puestos. “Yo pude obtener mi título de propiedad por un acuerdo que firmé para poder estar tranquila, producir y vivir dignamente de mi actividad, como querían mis padres y mis abuelos, pero no me dejan hacer nada”, lamentó Argemina Gutiérrez.
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El contaminado vertedero de Salta en la justicia
Contaminación en el Vertedero: una vecina le contó al juez los dramas que viven
Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se realizó una audiencia en el Poder Judicial en la que la Provincia reconoció que hay metales pesados.
En la Sala de Grandes Juicios de Ciudad Judicial se llevó a cabo una audiencia en la causa que investiga la posible contaminación del Vertedero San Javier. Entre las partes presentes, estuvieron los vecinos que iniciaron las acciones y aprovecharon para relatar los dramas que viven a diario.
Una vecina que vive en la segunda manzana del barrio Justicia, a unas cinco cuadras del Vertedero, en una casa que ya le fue preadjudicada por Tierra y Hábitat, contó que ella y todos los vecinos sufren la presencia de ratas y olores insoportables.
“Los chicos tienen problemas en la piel, les salen hongos en el cuero cabelludo y los médicos dicen que es por la tierra, porque juegan en el piso”, relató la mujer al juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Marcelo Domínguez.
Entre otros dramas que suelen padecer, la mujer mencionó que la basura se vuela por el viento constantemente y que, sobre todo en verano, los olores son muy fuertes.
Cuestionamientos a la infraestructura y a los controles
Quien también hizo uso de la palabra fue Hugo Rodríguez, un ex trabajador de Obras Sanitarias de Salta que se dedicaba a hacer inspecciones. Resaltó que desde que se privatizaron los servicios, los controles dejaron de funcionar como corresponde y que por eso hoy la contaminación es grande y letal, apuntando contra lo hecho por Aguas de Salta, Aguas del Norte y contra el Ente Regulador por hacer los controles suficientes.
“La evaporación de los líquidos lixiviados hace que la contaminación esté en el aire, por eso no alcanza con lavarse las manos”, señaló.
Luego de destacar la importancia social del agua, afirmó que la ciudad no cuenta con una buena infraestructura en la materia.
La audiencia se celebró por la acción que fue promovida en contra del municipio capitalino, la empresa Agrotécnica Fueguina, Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
Por eso estuvieron representantes de todas las partes y mientras Agrotécinca defendió su gestión, los emisarios provinciales reconocieron que en el Vertedero hay metales pesados.
Los representantes tanto de la municipalidad como de la empresa negaron la existencia de filtraciones de lixiviados que pudieran llegar al río Arenales y puntualizaron las condiciones arcillosas del suelo que impedirían las filtraciones. El río Arenales recorre 16 kilómetros de la ciudad de Salta.
Citaron que el líquido captado disminuye producto de la evaporación y advirtieron que se busca nueva tecnología para el tratamiento de los lixiviados. Este líquido queda en una pileta de captación.
Los representantes tanto de la Municipalidad como de la empresa negaron la existencia de filtraciones de lixiviados que pudieran llegar al río Arenales y puntualizaron las condiciones arcillosas del suelo que impedirían las filtraciones. El río Arenales recorre 16 kilómetros de la ciudad de Salta.
Citaron que el líquido captado disminuye producto de la evaporación y advirtieron que se busca nueva tecnología para el tratamiento de los lixiviados. Este líquido queda en una pileta de captación.
El juez resolvió ampliar los puntos de medición del estudio que le exigió a la empresa y advirtió que analizara hacer una inspección ocular en el lugar.
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Fecha de Publicación: 07/07/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se realizó una audiencia en el Poder Judicial en la que la Provincia reconoció que hay metales pesados.
En la Sala de Grandes Juicios de Ciudad Judicial se llevó a cabo una audiencia en la causa que investiga la posible contaminación del Vertedero San Javier. Entre las partes presentes, estuvieron los vecinos que iniciaron las acciones y aprovecharon para relatar los dramas que viven a diario.
Una vecina que vive en la segunda manzana del barrio Justicia, a unas cinco cuadras del Vertedero, en una casa que ya le fue preadjudicada por Tierra y Hábitat, contó que ella y todos los vecinos sufren la presencia de ratas y olores insoportables.
“Los chicos tienen problemas en la piel, les salen hongos en el cuero cabelludo y los médicos dicen que es por la tierra, porque juegan en el piso”, relató la mujer al juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Marcelo Domínguez.
Entre otros dramas que suelen padecer, la mujer mencionó que la basura se vuela por el viento constantemente y que, sobre todo en verano, los olores son muy fuertes.
Cuestionamientos a la infraestructura y a los controles
Quien también hizo uso de la palabra fue Hugo Rodríguez, un ex trabajador de Obras Sanitarias de Salta que se dedicaba a hacer inspecciones. Resaltó que desde que se privatizaron los servicios, los controles dejaron de funcionar como corresponde y que por eso hoy la contaminación es grande y letal, apuntando contra lo hecho por Aguas de Salta, Aguas del Norte y contra el Ente Regulador por hacer los controles suficientes.
“La evaporación de los líquidos lixiviados hace que la contaminación esté en el aire, por eso no alcanza con lavarse las manos”, señaló.
Luego de destacar la importancia social del agua, afirmó que la ciudad no cuenta con una buena infraestructura en la materia.
La audiencia se celebró por la acción que fue promovida en contra del municipio capitalino, la empresa Agrotécnica Fueguina, Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
Por eso estuvieron representantes de todas las partes y mientras Agrotécinca defendió su gestión, los emisarios provinciales reconocieron que en el Vertedero hay metales pesados.
Los representantes tanto de la municipalidad como de la empresa negaron la existencia de filtraciones de lixiviados que pudieran llegar al río Arenales y puntualizaron las condiciones arcillosas del suelo que impedirían las filtraciones. El río Arenales recorre 16 kilómetros de la ciudad de Salta.
Citaron que el líquido captado disminuye producto de la evaporación y advirtieron que se busca nueva tecnología para el tratamiento de los lixiviados. Este líquido queda en una pileta de captación.
Los representantes tanto de la Municipalidad como de la empresa negaron la existencia de filtraciones de lixiviados que pudieran llegar al río Arenales y puntualizaron las condiciones arcillosas del suelo que impedirían las filtraciones. El río Arenales recorre 16 kilómetros de la ciudad de Salta.
Citaron que el líquido captado disminuye producto de la evaporación y advirtieron que se busca nueva tecnología para el tratamiento de los lixiviados. Este líquido queda en una pileta de captación.
El juez resolvió ampliar los puntos de medición del estudio que le exigió a la empresa y advirtió que analizara hacer una inspección ocular en el lugar.
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Un chiste: Urtubey crea agencia para controlar los desmontes
Urtubey creará una agencia para controlar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Desmontes,
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Denuncian ante la CIDH "aprietes" por alerta de desmontes
Greenpeace denunció ante la CIDH aprietes de personas cercanas al Gobierno
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
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Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
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Innovadora protesta en Salta por los desmontes
Con una enorme puesta en escena, Greenpeace cuestionó a Urtubey en la Facultad de Derecho
Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Salta implementa acciones de protección para el yaguareté
Ambiente intensifica acciones para proteger al yaguareté en el norte
Fecha de Publicación: 23/05/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente de Salta
Provincia/Región: Salta
Guardaparques y técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable iniciaron proyectos de conservación y definieron el procedimiento ante ilícitos.
Programa INFOAMBIENTE ( Argentina )
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia llevó adelante una jornada en la que técnicos y guardaparques trabajaron en la identificación de las áreas en las que se presenta conflicto entre ganaderos y yaguareté; consensuaron los procedimientos ante ilícitos y dieron inicio al proyecto “Implementación de manejo del ganado bovino para la conservación del bosque nativo y el yaguareté”.
El proyecto se desarrolla en la Reserva Provincial Acambuco y lotes anexos; se trata de una experiencia piloto en la implementación de prácticas alternativas para disminuir la depredación del yaguareté sobre el ganado vacuno. Con este fin, y para conocer el estado actual en el que se encuentran los bosques del área de trabajo, las poblaciones de la fauna silvestre y evaluar los efectos de las prácticas ganaderas a implementarse, se instalaron 20 cámaras trampa en distintos sectores.
El yaguareté actualmente ocupa menos del 5% de distribución original en nuestro país, en Salta se encuentra la población más numerosa de este felino en las selvas de montaña o Yungas de los departamentos de Orán, Tartagal, Iruya y Santa Victoria. Su categoría de Monumento Natural implica la protección absoluta por parte de la provincia.
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Fecha de Publicación: 23/05/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente de Salta
Provincia/Región: Salta
Guardaparques y técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable iniciaron proyectos de conservación y definieron el procedimiento ante ilícitos.
Programa INFOAMBIENTE ( Argentina )
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia llevó adelante una jornada en la que técnicos y guardaparques trabajaron en la identificación de las áreas en las que se presenta conflicto entre ganaderos y yaguareté; consensuaron los procedimientos ante ilícitos y dieron inicio al proyecto “Implementación de manejo del ganado bovino para la conservación del bosque nativo y el yaguareté”.
El proyecto se desarrolla en la Reserva Provincial Acambuco y lotes anexos; se trata de una experiencia piloto en la implementación de prácticas alternativas para disminuir la depredación del yaguareté sobre el ganado vacuno. Con este fin, y para conocer el estado actual en el que se encuentran los bosques del área de trabajo, las poblaciones de la fauna silvestre y evaluar los efectos de las prácticas ganaderas a implementarse, se instalaron 20 cámaras trampa en distintos sectores.
El yaguareté actualmente ocupa menos del 5% de distribución original en nuestro país, en Salta se encuentra la población más numerosa de este felino en las selvas de montaña o Yungas de los departamentos de Orán, Tartagal, Iruya y Santa Victoria. Su categoría de Monumento Natural implica la protección absoluta por parte de la provincia.
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¿Se viene el aval de Ambiente para el desmonte en Salta?
Nación y Salta firmaron un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de la provincia
Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
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Fecha de Publicación: 19/05/2018
Fuente: argentina.gob.ar
Provincia/Región: Salta Nacional
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de la Nación junto al Gobierno de la provincia de Salta firmaron hoy un convenio de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques salteños.
El documento fue rubricado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman; el gobernador Juan Manuel Urtubey; el secretario de Coordinación General del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego; y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini.
El objetivo del acuerdo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Los gobiernos nacional y provincial se comprometieron a elaborar, a través de sus equipos técnicos, alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como “amarillas” en el marco normativo vigente.
Se acordó asimismo que el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, con la colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, instrumentarán un plan de restauración forestal en zonas degradadas.
Asimismo, y con la participación de la Asociación Prograno, representada por Santiago Bayón; la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), representada por Ignacio Pisani y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde, se firmó un acta complementaria en el marco del convenio citado.
El acta tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la provincia de Salta cumple con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
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