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Cuenca Arias - Arenales de Salta gravemente contaminada
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Cuenca Arias - Arenales: ¿quién se hace cargo de la contaminación?
Fecha de Publicación: 17/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El CIF confirmó la presencia de metales pesados en el cauce que atraviesa la ciudad, mientras la Provincia, la Municipalidad y las empresas privadas se pasan la pelota sobre jurisdicción y responsabilidades.
Son poco más de 16 kilómetros de río que atraviesan el ejido urbano salteño, una arteria moribunda a cielo abierto, con cauce diminuto en la temporada seca y que se desborda sobre los barrios bajos en los meses de lluvias. La cuenca Arias - Arenales, que recibe los efluentes cloacales de más de 600.000 personas, es también destino final de toneladas de desechos clandestinos -siempre contaminantes- volcados por algunos de esos miles que se amparan en el descontrol del Estado. Y en las orillas del sur de la ciudad, las que están bien lejos de las postales turísticas, el río acusa el impacto brutal de las industrias y de un basural colapsado que cada día recibe 800 toneladas de residuos sólidos.
Hace un mes, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público dio a conocer los resultados de un análisis de contaminación ordenado por el fiscal Federico Jovanovics: en el agua superficial y sedimentos encontraron cobre, nitritos, cinc en "valores muy preocupantes".
Estos metales pesados llegan al río por los lixiviados sin tratar de la basura acumulada, baterías, pilas, motores, desechos industriales y químicos. Lixiviado es el líquido que se produce cuando la humedad de lluvias o condensaciones se cuela por materiales sólidos, y arrastra con ella parte de esos materiales que atraviesa. Cuando llega a la tierra desnuda, esa contaminación se filtra hasta las napas subterráneas, se mueve debajo de la tierra y puede llegar a los ríos cercanos o contaminar las reservas acuíferas.
Cuando ingresan al cuerpo a través del agua, del aire o la piel, esos metales no pueden eliminarse nunca más. Dentro del organismo pueden causar desde alergias y problemas en la piel hasta cáncer, patologías nerviosas o malformaciones.
Por todo esto, y por los costos políticos y económicos que implica remediar el daño ambiental y sanitario provocado, nadie quiere ser responsable de la contaminación y los funcionarios se aprenden de memoria las normas, leyes y regulaciones que mejor explican que la papa caliente le corresponde al vecino.
El medio ambiente salteño, que debe ser protegido desde el poder ejecutivo a través de su ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, reparte entre sus secretarías el control y la salud de la tierra, el aire y el agua donde vivimos. Irene Soler, a cargo de Ambiente, habla de jurisdicciones, de responsabilidades, argumenta que no hay ningún fallo judicial que confirme la existencia de contaminación y señala que la salud del río le corresponde a la secretaría de Recursos Hídricos, que del basural se encargan los municipios y cita a la Ley 7070 para explicar por qué los metales pesados en el agua no tienen nada que ver con su área.
"Hay un código de aguas y el primer artículo dice que la protección de aguas superficiales, subterráneas y diques corresponde a la secretaría de recursos hídricos", dice la funcionaria a LA GACETA. "No tenemos los análisis del CIF para decir que existe la contaminación. Dicen que hay cobre, nitritos y cinc en niveles superiores a los que se marcan como valores guía para la vida acuática. También hay otros valores para la actividad recreativa, o el consumo de agua potable. Los más exigentes son para vida acuática, esos son los superiores", dice. Para pasarlo en limpio, la secretaria de Ambiente considera que la contaminación existe solamente para la vida acuática, pero no para el consumo humano o para actividades recreativas.
Algo similar afirma Alfredo Fuertes, responsable de Recursos Hídricos, pero que sin embargo considera posible que los valores encontrados pueden ser todavía mayores en el estudio realizado por el CIF y se muestra un poco más preocupado por el asunto.
"Antes del canal Tinkunaku ya tenemos valores de plomo por encima de lo normal. En lo que hace a los sedimentos, no tenemos parámetros, nos basamos en normas de Canadá, y estamos en valores admitidos. Hay que ver qué pasa en el Río Ancho, que antes de llegar a San Javier ya tenemos valores altos de aluminio", dice, pero aclara que su secretaría -en la que trabajan solamente cinco personas y debe monitorear el agua de toda la provincia- no tiene laboratorio capaz de analizar la presencia de metales pesados en el agua. Fue la denuncia penal la que movilizó los recursos para poner en marcha el análisis exahustivo de la cuenca.
Según los resultados, el sector está contaminado desde el canal de Tinkunaku hasta la unión del Arenales con el Río Ancho. "El vertedero es un factor de contaminación, porque frente a San Javier nos dieron valores por encima de lo permitido", asegura.
Desde el área de ambiente de la Municipalidad, Federico Casas respalda la posición de Agrotécnica Fueguina, concesionaria del vertedero, y asegura que los monitoreos que se realizan cada tres y cada seis meses -también con el laboratorio Induser- dan siempre valores normales.
El procedimiento es, sin embargo, un tanto discutible. En Induser, Darío Benítez cuenta a LA GACETA que los análisis que realizan en el vertedero son "lo que pide el cliente", que las muestras de agua "se toman de los pozos que nos indica el cliente", y dice desconocer la representatividad de las muestras en lo que a contaminación posible respecta. "No somos consultores ambientales. Hacemos lo que el cliente nos pide y si esos pozos testigo son suficientes o no, escapa a nuestro criterio. Nosotros sacamos las muestras y las analizamos, nada más", dice.
Los resultados se entregan a la Municipalidad y no hay otros controles sobre el predio. "Todos los análisis que hacemos ninguno nos muestra objetivamente que se hayan superado los parámetros admisibles, por lo tanto no tenemos pruebas fehacientes de contaminación. El CIF ha sido muy claro cuando informa que el ingreso de metales pesados es en una muestra de agua tomada aguas arriba del vertedero", dice Casas y con ese único dato, el de que se trate de muestras río arriba, le alcanza para estar convencido de que la contaminación no es responsabilidad del vertedero.
"Si tenés una muestra contaminada aguas arriba, eso va a persistir aguas abajo hasta que llegue a la desembocadura. El problema es donde ingresa la carga de contaminación", agrega. "Aguas arriba del vertedero está la planta depuradora de Aguas del Norte, entonces uno infiere que trae un importante aporte de materiales desde ese sector y es ahí donde hay que focalizar todos los estudios", señala desde el corner, con la pelota ya cabeceada al ejecutivo provincial.
"No se hizo un plan general de control del río. Hay organismos de la provincia que podrían haberlo hecho. Todos los monitoreos y análisis en los pozos, no muestran que exista esta contaminación desde las operaciones del relleno. No se trata de defender a una empresa o a la otra".
El nombre de Fuertes es uno de los que figura en la denuncia penal que presentaron hace un año legisladores del Partido Obrero y vecinos de la zona afectada por la contaminación, en contra de su persona y también contra Miguel Isa, Gustavo Sáenz, los hermanos Darío y Oscar García, responsables de Agrotécnica Fueguina.
Luego de la denuncia, hace un mes también se presentó una solicitud de amparo ambiental ante el juez Marcelo Domínguez, por las mismas causas. Cristina Foffani es una de las demandantes y cuenta a LA GACETA que el objetivo es emplazar a Sáenz a tomar medidas para proteger a los vecinos.
El objetivo central del pedido es detener la contaminación generada por el Vertedero San Javier, al que señalan como el principal factor de daño ambiental. "El intendente tiene que garantizar todas las medidas para que haya una cuarta trinchera, impermeabilizarla y disponer mediante relleno sanitario, captar los lixiviados, los gases y cumplir con la ordenanza 3276 que exige que en tres años se realice la totalidad de la separación en origen, en el 100% de los barrios", dice la concejala y enumera cuatro estudios que prueban la contaminación: los análisis del CIF, la tesis doctoral de la bióloga de la UNSa Laura Lamas, las auditorías del doctor en Medio Ambiente Lucas Seghezzo y los análisis de Induser realizados por la secretaría de Fuertes.
"Ya está demostrado que el río está contaminado con los efluentes cloacales de Aguas del Norte, con directa responsabilidad de la provincia que no realiza monitoreos, además de ser responsable de Aguas del Norte", dispara y la senadora Gabriela Cerrano completa la lectura política desde su posición: "el Estado provincial se muestra impotente para resolver el tema. Estamos hablando de metales pesados, que es muy grave y no queremos llegar a las consecuencias más graves cuando hay cáncer y retraso madurativo", dice. "Creo que de fondo no hay voluntad política para ir a fondo, ni desde la provincia ni del municipio. Sáenz sabiendo de esta situación le renovó el contrato a Agrotécnica Fueguina, entonces se trata de un beneficio directo a una empresa amiga, no hay otro motivo para que aun contaminando le renueven el contrato".
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Fecha de Publicación: 17/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El CIF confirmó la presencia de metales pesados en el cauce que atraviesa la ciudad, mientras la Provincia, la Municipalidad y las empresas privadas se pasan la pelota sobre jurisdicción y responsabilidades.
Son poco más de 16 kilómetros de río que atraviesan el ejido urbano salteño, una arteria moribunda a cielo abierto, con cauce diminuto en la temporada seca y que se desborda sobre los barrios bajos en los meses de lluvias. La cuenca Arias - Arenales, que recibe los efluentes cloacales de más de 600.000 personas, es también destino final de toneladas de desechos clandestinos -siempre contaminantes- volcados por algunos de esos miles que se amparan en el descontrol del Estado. Y en las orillas del sur de la ciudad, las que están bien lejos de las postales turísticas, el río acusa el impacto brutal de las industrias y de un basural colapsado que cada día recibe 800 toneladas de residuos sólidos.
Hace un mes, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público dio a conocer los resultados de un análisis de contaminación ordenado por el fiscal Federico Jovanovics: en el agua superficial y sedimentos encontraron cobre, nitritos, cinc en "valores muy preocupantes".
Estos metales pesados llegan al río por los lixiviados sin tratar de la basura acumulada, baterías, pilas, motores, desechos industriales y químicos. Lixiviado es el líquido que se produce cuando la humedad de lluvias o condensaciones se cuela por materiales sólidos, y arrastra con ella parte de esos materiales que atraviesa. Cuando llega a la tierra desnuda, esa contaminación se filtra hasta las napas subterráneas, se mueve debajo de la tierra y puede llegar a los ríos cercanos o contaminar las reservas acuíferas.
Cuando ingresan al cuerpo a través del agua, del aire o la piel, esos metales no pueden eliminarse nunca más. Dentro del organismo pueden causar desde alergias y problemas en la piel hasta cáncer, patologías nerviosas o malformaciones.
Por todo esto, y por los costos políticos y económicos que implica remediar el daño ambiental y sanitario provocado, nadie quiere ser responsable de la contaminación y los funcionarios se aprenden de memoria las normas, leyes y regulaciones que mejor explican que la papa caliente le corresponde al vecino.
El medio ambiente salteño, que debe ser protegido desde el poder ejecutivo a través de su ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, reparte entre sus secretarías el control y la salud de la tierra, el aire y el agua donde vivimos. Irene Soler, a cargo de Ambiente, habla de jurisdicciones, de responsabilidades, argumenta que no hay ningún fallo judicial que confirme la existencia de contaminación y señala que la salud del río le corresponde a la secretaría de Recursos Hídricos, que del basural se encargan los municipios y cita a la Ley 7070 para explicar por qué los metales pesados en el agua no tienen nada que ver con su área.
"Hay un código de aguas y el primer artículo dice que la protección de aguas superficiales, subterráneas y diques corresponde a la secretaría de recursos hídricos", dice la funcionaria a LA GACETA. "No tenemos los análisis del CIF para decir que existe la contaminación. Dicen que hay cobre, nitritos y cinc en niveles superiores a los que se marcan como valores guía para la vida acuática. También hay otros valores para la actividad recreativa, o el consumo de agua potable. Los más exigentes son para vida acuática, esos son los superiores", dice. Para pasarlo en limpio, la secretaria de Ambiente considera que la contaminación existe solamente para la vida acuática, pero no para el consumo humano o para actividades recreativas.
Algo similar afirma Alfredo Fuertes, responsable de Recursos Hídricos, pero que sin embargo considera posible que los valores encontrados pueden ser todavía mayores en el estudio realizado por el CIF y se muestra un poco más preocupado por el asunto.
"Antes del canal Tinkunaku ya tenemos valores de plomo por encima de lo normal. En lo que hace a los sedimentos, no tenemos parámetros, nos basamos en normas de Canadá, y estamos en valores admitidos. Hay que ver qué pasa en el Río Ancho, que antes de llegar a San Javier ya tenemos valores altos de aluminio", dice, pero aclara que su secretaría -en la que trabajan solamente cinco personas y debe monitorear el agua de toda la provincia- no tiene laboratorio capaz de analizar la presencia de metales pesados en el agua. Fue la denuncia penal la que movilizó los recursos para poner en marcha el análisis exahustivo de la cuenca.
Según los resultados, el sector está contaminado desde el canal de Tinkunaku hasta la unión del Arenales con el Río Ancho. "El vertedero es un factor de contaminación, porque frente a San Javier nos dieron valores por encima de lo permitido", asegura.
Desde el área de ambiente de la Municipalidad, Federico Casas respalda la posición de Agrotécnica Fueguina, concesionaria del vertedero, y asegura que los monitoreos que se realizan cada tres y cada seis meses -también con el laboratorio Induser- dan siempre valores normales.
El procedimiento es, sin embargo, un tanto discutible. En Induser, Darío Benítez cuenta a LA GACETA que los análisis que realizan en el vertedero son "lo que pide el cliente", que las muestras de agua "se toman de los pozos que nos indica el cliente", y dice desconocer la representatividad de las muestras en lo que a contaminación posible respecta. "No somos consultores ambientales. Hacemos lo que el cliente nos pide y si esos pozos testigo son suficientes o no, escapa a nuestro criterio. Nosotros sacamos las muestras y las analizamos, nada más", dice.
Los resultados se entregan a la Municipalidad y no hay otros controles sobre el predio. "Todos los análisis que hacemos ninguno nos muestra objetivamente que se hayan superado los parámetros admisibles, por lo tanto no tenemos pruebas fehacientes de contaminación. El CIF ha sido muy claro cuando informa que el ingreso de metales pesados es en una muestra de agua tomada aguas arriba del vertedero", dice Casas y con ese único dato, el de que se trate de muestras río arriba, le alcanza para estar convencido de que la contaminación no es responsabilidad del vertedero.
"Si tenés una muestra contaminada aguas arriba, eso va a persistir aguas abajo hasta que llegue a la desembocadura. El problema es donde ingresa la carga de contaminación", agrega. "Aguas arriba del vertedero está la planta depuradora de Aguas del Norte, entonces uno infiere que trae un importante aporte de materiales desde ese sector y es ahí donde hay que focalizar todos los estudios", señala desde el corner, con la pelota ya cabeceada al ejecutivo provincial.
"No se hizo un plan general de control del río. Hay organismos de la provincia que podrían haberlo hecho. Todos los monitoreos y análisis en los pozos, no muestran que exista esta contaminación desde las operaciones del relleno. No se trata de defender a una empresa o a la otra".
El nombre de Fuertes es uno de los que figura en la denuncia penal que presentaron hace un año legisladores del Partido Obrero y vecinos de la zona afectada por la contaminación, en contra de su persona y también contra Miguel Isa, Gustavo Sáenz, los hermanos Darío y Oscar García, responsables de Agrotécnica Fueguina.
Luego de la denuncia, hace un mes también se presentó una solicitud de amparo ambiental ante el juez Marcelo Domínguez, por las mismas causas. Cristina Foffani es una de las demandantes y cuenta a LA GACETA que el objetivo es emplazar a Sáenz a tomar medidas para proteger a los vecinos.
El objetivo central del pedido es detener la contaminación generada por el Vertedero San Javier, al que señalan como el principal factor de daño ambiental. "El intendente tiene que garantizar todas las medidas para que haya una cuarta trinchera, impermeabilizarla y disponer mediante relleno sanitario, captar los lixiviados, los gases y cumplir con la ordenanza 3276 que exige que en tres años se realice la totalidad de la separación en origen, en el 100% de los barrios", dice la concejala y enumera cuatro estudios que prueban la contaminación: los análisis del CIF, la tesis doctoral de la bióloga de la UNSa Laura Lamas, las auditorías del doctor en Medio Ambiente Lucas Seghezzo y los análisis de Induser realizados por la secretaría de Fuertes.
"Ya está demostrado que el río está contaminado con los efluentes cloacales de Aguas del Norte, con directa responsabilidad de la provincia que no realiza monitoreos, además de ser responsable de Aguas del Norte", dispara y la senadora Gabriela Cerrano completa la lectura política desde su posición: "el Estado provincial se muestra impotente para resolver el tema. Estamos hablando de metales pesados, que es muy grave y no queremos llegar a las consecuencias más graves cuando hay cáncer y retraso madurativo", dice. "Creo que de fondo no hay voluntad política para ir a fondo, ni desde la provincia ni del municipio. Sáenz sabiendo de esta situación le renovó el contrato a Agrotécnica Fueguina, entonces se trata de un beneficio directo a una empresa amiga, no hay otro motivo para que aun contaminando le renueven el contrato".
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Salta: Río Arenales contaminado con nitrito, cobre y cinc
La Justicia confirmó altos índices de contaminación cerca del vertedero San Javier
Fecha de Publicación: 16/09/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Son muestras tomadas en el Río Arenales. Encontraron valores “preocupantes” de nitrito, cobre y cinc.
Estudios técnicos aplicados sobre el río Arenales, en la parte anterior y posterior de la zona del vertedero San Javier, detectaron graves índices de contaminación según confirmó hoy la Justicia provincial.
El análisis de las muestras, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y por pedido del fiscal penal Federico Jovanovics, encontró valores “preocupantes” de nitritos, cobre y cinc.
A fines de julio pasado, el fiscal había pedido una investigación a los fines de establecer posibles niveles de contaminación de suelo y aguas subterráneas en cercanías del vertedero municipal ubicado en la zona sudeste de la ciudad.
Como resultado del análisis, el fiscal informó con gran preocupación la existencia de contaminación con metales pesados en el agua del río, tanto “aguas arribas” como en “aguas abajo” de la planta de tratamiento de residuos.
Según informó el Ministerio Público, esta situación abrió ahora un panorama más amplio respecto a los pasos a seguir para poder detectar el origen de la contaminación ambiental.
Con respecto a los niveles de contaminación, el fiscal detalló que se tomó como base los parámetros establecido en la Ley Nacional 24.051, norma a la cual la Provincia se encuentra adherida.
“Se halló nitritos, cobre y cinc. Lo llamativo es que en para los valores de los dos primeros contaminantes, superan en seis veces los valores guía”, explicó el fiscal y que para cinc los valores supera en más de diez veces el valor establecido.
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Fecha de Publicación: 16/09/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Son muestras tomadas en el Río Arenales. Encontraron valores “preocupantes” de nitrito, cobre y cinc.
Estudios técnicos aplicados sobre el río Arenales, en la parte anterior y posterior de la zona del vertedero San Javier, detectaron graves índices de contaminación según confirmó hoy la Justicia provincial.
El análisis de las muestras, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y por pedido del fiscal penal Federico Jovanovics, encontró valores “preocupantes” de nitritos, cobre y cinc.
A fines de julio pasado, el fiscal había pedido una investigación a los fines de establecer posibles niveles de contaminación de suelo y aguas subterráneas en cercanías del vertedero municipal ubicado en la zona sudeste de la ciudad.
Como resultado del análisis, el fiscal informó con gran preocupación la existencia de contaminación con metales pesados en el agua del río, tanto “aguas arribas” como en “aguas abajo” de la planta de tratamiento de residuos.
Según informó el Ministerio Público, esta situación abrió ahora un panorama más amplio respecto a los pasos a seguir para poder detectar el origen de la contaminación ambiental.
Con respecto a los niveles de contaminación, el fiscal detalló que se tomó como base los parámetros establecido en la Ley Nacional 24.051, norma a la cual la Provincia se encuentra adherida.
“Se halló nitritos, cobre y cinc. Lo llamativo es que en para los valores de los dos primeros contaminantes, superan en seis veces los valores guía”, explicó el fiscal y que para cinc los valores supera en más de diez veces el valor establecido.
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Planifican un Centro de Interpretación Ambiental en Salta
Crearán un Centro de Interpretación Ambiental
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
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Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
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Salta inaugura módulos solares en regiones alejadas
Módulos solares para 8.700 familias rurales
Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El Permer II también tiene proyectadas minirredes en distintas localidades de Salta.
A través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que maneja la Secretaría de Energía de la Nación con financiamiento del Banco Mundial, se instalarán 6.084 módulos solares en viviendas de Salta.
El coordinador de la Unidad Ejecutora provincial, Pierre Rieszer, detalló los alcances de tres contrataciones que se firmaron con las empresas Ennera, Mega y Enerray.
Los contratos contemplan la posibilidad de ampliar el número de familias beneficiarias en un 15% para atender mayores requerimientos. Las instalaciones comenzarían el próximo mes en distintas localidades.
A la par de los contratos firmados, se aguarda la licitación de otros 2.617 módulos para viviendas rurales de los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, San Martín y Rosario de la Frontera. Desde Salta se reiteraron pedidos para que la cartera nacional de Energía avance con el llamado público. Los sistemas de suministro energético residencial constarán de una generación fotovoltaica de 200 vatios pico (Wp), con todos sus dispositivos complementarios, cableados internos, tomacorrientes y lámparas LED.
Minirredes
En el marco del Permer II también están proyectadas varias minirredes. Una se emplazará en Luracatao para abastecer a 395 familias, establecimientos educativos y otros servicios públicos de esa localidad de Molinos. El proyecto que funcionarios de la Secretaría de Energía de la Provincia y de la Unidad Ejecutora del Permer expusieron ante autoridades comunales y vecinos de la zona prevé una generación fotovoltaica de 650 KWp para cubrir a Luracatao, Cabrería, Alumbre, La Puerta, Pata Pampa y Cuchillaco.
Otra minirred, con una generación fotovoltaica de 300 KWp y respaldo térmico, está proyectada para 160 familias de Iruya, Rodeo Colorado y Abra El Sauce.
En Santa Victoria Oeste, a la usina térmica allí existente se agregará una generación solar de 650 KWp para abastecer a 416 hogares de la localidad cabecera de ese departamento y extender el servicio a otras 176 familias de Racti, Acoite, La Huerta, Rodeo Pampa y El Puesto.
En Lizoite, está proyectada una generación hidráulica de 600 kw, con red de baja e instalaciones eléctricas internas, para 105 viviendas del lugar.
Para El Nogalar, en la jurisdicción de Los Toldos, se incluyó en el Permer II un proyecto de repotenciación que llevaría la generación hidráulica de esa localidad de 150 a 600 KW, con respaldo térmico, para asegurar el suministro eléctrico de 580 familias.
El Permer II, además, contempla la instalación de calefones solares en 313 escuelas y 111 puestos sanitarios relevados hasta ahora y sistemas de bombeo solar para comunidades de entre 50 y 100 familias dispersas en Rivadavia y otros departamentos de la provincia.
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Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El Permer II también tiene proyectadas minirredes en distintas localidades de Salta.
A través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que maneja la Secretaría de Energía de la Nación con financiamiento del Banco Mundial, se instalarán 6.084 módulos solares en viviendas de Salta.
El coordinador de la Unidad Ejecutora provincial, Pierre Rieszer, detalló los alcances de tres contrataciones que se firmaron con las empresas Ennera, Mega y Enerray.
Los contratos contemplan la posibilidad de ampliar el número de familias beneficiarias en un 15% para atender mayores requerimientos. Las instalaciones comenzarían el próximo mes en distintas localidades.
A la par de los contratos firmados, se aguarda la licitación de otros 2.617 módulos para viviendas rurales de los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, San Martín y Rosario de la Frontera. Desde Salta se reiteraron pedidos para que la cartera nacional de Energía avance con el llamado público. Los sistemas de suministro energético residencial constarán de una generación fotovoltaica de 200 vatios pico (Wp), con todos sus dispositivos complementarios, cableados internos, tomacorrientes y lámparas LED.
Minirredes
En el marco del Permer II también están proyectadas varias minirredes. Una se emplazará en Luracatao para abastecer a 395 familias, establecimientos educativos y otros servicios públicos de esa localidad de Molinos. El proyecto que funcionarios de la Secretaría de Energía de la Provincia y de la Unidad Ejecutora del Permer expusieron ante autoridades comunales y vecinos de la zona prevé una generación fotovoltaica de 650 KWp para cubrir a Luracatao, Cabrería, Alumbre, La Puerta, Pata Pampa y Cuchillaco.
Otra minirred, con una generación fotovoltaica de 300 KWp y respaldo térmico, está proyectada para 160 familias de Iruya, Rodeo Colorado y Abra El Sauce.
En Santa Victoria Oeste, a la usina térmica allí existente se agregará una generación solar de 650 KWp para abastecer a 416 hogares de la localidad cabecera de ese departamento y extender el servicio a otras 176 familias de Racti, Acoite, La Huerta, Rodeo Pampa y El Puesto.
En Lizoite, está proyectada una generación hidráulica de 600 kw, con red de baja e instalaciones eléctricas internas, para 105 viviendas del lugar.
Para El Nogalar, en la jurisdicción de Los Toldos, se incluyó en el Permer II un proyecto de repotenciación que llevaría la generación hidráulica de esa localidad de 150 a 600 KW, con respaldo térmico, para asegurar el suministro eléctrico de 580 familias.
El Permer II, además, contempla la instalación de calefones solares en 313 escuelas y 111 puestos sanitarios relevados hasta ahora y sistemas de bombeo solar para comunidades de entre 50 y 100 familias dispersas en Rivadavia y otros departamentos de la provincia.
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Salta vuelve atrás con la prohibición de las bolsas
Volvieron las bolsas plásticas para guardar las compras y así reutilizarlas para separar los residuos domésticos
Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Tras la vuelta de las bolsas plásticas a los supermercados y mayoristas, se retoma la posibilidad de que los consumidores separen la basura. Ecoplas, Asociación Civil sin fines de Lucro, advierte sobre la importancia de este ejercicio.
Luego de estar prohibidas en supermercados y mayoristas de la provincia de Salta, las bolsas plásticas volvieron en los colores negro y verde y serán útiles para separar los residuos húmedos y los reciclables en pos del medio ambiente. Este retorno se dio tras la aprobación de la Ordenanza 15.222, la cual permitirá que en el 85% de los hogares se sigan reutilizando las bolsas plásticas para los residuos.
Si tan solo el 70 % de los habitantes de Salta asume el desafío de separar los residuos plásticos se obtendrían aproximadamente 42 Tns por día de ese material. En particular, la provincia de Salta cuenta con una industria de reciclado plástico que puede procesar dichos materiales y no sólo ayudar al medio ambiente, sino también profundizar la generación de empleo.
Desde Ecoplas, una Asociación Civil sin fines de lucro, especializada en el medio ambiente y en el plástico, están de acuerdo con este cambio porque hay poca separación de los residuos en la población y contribuiría a aumentar la separación de todos los reciclables, incluidos los plásticos que es un material noble e inocuo.
Mario Tonelli, Director Ejecutivo de Ecoplas, advierte: “si la gente en sus casas continúa sin separar los residuos, estamos ante un crecimiento de la basura que se dispone ya sea en los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, lo cual es una pésima noticia para nuestro medio ambiente dado que no se recicla. Lo que ocurrió en Salta es una nueva oportunidad que debemos aprovechar para el cuidado del medio ambiente recuperando materiales nobles e inocuos como los plásticos, que son completamente reciclables”
Tonelli explicó que los consumidores, además, están expuestos a un gran riesgo para la salud. Las bolsas que se comercializan en los supermercados, supuestamente de tela, hay que lavarlas para su reutilización porque pueden provocar contaminación cruzada, además son más costosas.
Sergio Hilbrecht, Gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Plásticos (CAIP), explicó que “desde enero de 2017, fecha en la que empezó a regir la normativa que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en la línea de caja en los supermercados en la Ciudad de Buenos Aires, el sector fabricante de bolsas plásticas se ve amenazado en todo el país en función de las réplicas en el resto de las ciudades del país. Las Ciudades de Salta y Córdoba, en cambio tomaron el camino correcto de las bolsas plásticas verdes y negras para la separación de los residuos.”
Los envases plásticos en general no son un residuo, son un recurso, si se los separa correctamente en los hogares sirven de materia prima para la Industria del Reciclado Plástico y abren la posibilidad de que con ellos se puedan producir caños, bancos de plazas, bolsas de consorcio, durmientes, etc. Este concepto está en línea con la nueva tendencia mundial de la “Economía circular” dado que, materiales como el plástico, se pueden reciclar hasta 5 veces.
“La Ciudad de Salta es un modelo a seguir ya que con su Ordenanza promueve el Uso responsable y reciclado de las bolsas plásticas. Ecoplas presentó un ambicioso Plan de Educación a la Secretaria de Ambiente para enseñarles a los docentes y a los recuperadores urbanos de Salta a separar los residuos plásticos y su reciclado. El mismo contribuirá a que los docentes bajen la información a los niños y estos a sus padres, para generar una cadena de separación de los residuos. A su vez a los recuperadores urbanos de Salta para que conozcan los tipos de plásticos que van a recibir en la bolsa verde y abrir los canales para que puedan comercializarlos a la industria recicladora para contribuir a una economía circular”, aseveró Verónica Ramos, Gerente de Comunicaciones de Ecoplas.
Ecoplas creó la Certificación Plásticos Reciclables, comúnmente conocido como “la Manito”, que se aplica en el envase y facilitan la identificación de los materiales plásticos reciclables para que el consumidor separe de manera correcta en sus hogares. También agiliza la tarea de identificación, recolección y clasificación por parte del recuperador urbano. Alguno de los envases que tienen “la Manito” son las bolsas “camiseta” para supermercados, bolsas para envasados de alimentos, envases sachets y botellas de leche o yogur, bolsas para los comercios, paquete de azúcar, y más.
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Fecha de Publicación: 16/08/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Tras la vuelta de las bolsas plásticas a los supermercados y mayoristas, se retoma la posibilidad de que los consumidores separen la basura. Ecoplas, Asociación Civil sin fines de Lucro, advierte sobre la importancia de este ejercicio.
Luego de estar prohibidas en supermercados y mayoristas de la provincia de Salta, las bolsas plásticas volvieron en los colores negro y verde y serán útiles para separar los residuos húmedos y los reciclables en pos del medio ambiente. Este retorno se dio tras la aprobación de la Ordenanza 15.222, la cual permitirá que en el 85% de los hogares se sigan reutilizando las bolsas plásticas para los residuos.
Si tan solo el 70 % de los habitantes de Salta asume el desafío de separar los residuos plásticos se obtendrían aproximadamente 42 Tns por día de ese material. En particular, la provincia de Salta cuenta con una industria de reciclado plástico que puede procesar dichos materiales y no sólo ayudar al medio ambiente, sino también profundizar la generación de empleo.
Desde Ecoplas, una Asociación Civil sin fines de lucro, especializada en el medio ambiente y en el plástico, están de acuerdo con este cambio porque hay poca separación de los residuos en la población y contribuiría a aumentar la separación de todos los reciclables, incluidos los plásticos que es un material noble e inocuo.
Mario Tonelli, Director Ejecutivo de Ecoplas, advierte: “si la gente en sus casas continúa sin separar los residuos, estamos ante un crecimiento de la basura que se dispone ya sea en los basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios, lo cual es una pésima noticia para nuestro medio ambiente dado que no se recicla. Lo que ocurrió en Salta es una nueva oportunidad que debemos aprovechar para el cuidado del medio ambiente recuperando materiales nobles e inocuos como los plásticos, que son completamente reciclables”
Tonelli explicó que los consumidores, además, están expuestos a un gran riesgo para la salud. Las bolsas que se comercializan en los supermercados, supuestamente de tela, hay que lavarlas para su reutilización porque pueden provocar contaminación cruzada, además son más costosas.
Sergio Hilbrecht, Gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Plásticos (CAIP), explicó que “desde enero de 2017, fecha en la que empezó a regir la normativa que prohíbe la entrega de bolsas de plástico en la línea de caja en los supermercados en la Ciudad de Buenos Aires, el sector fabricante de bolsas plásticas se ve amenazado en todo el país en función de las réplicas en el resto de las ciudades del país. Las Ciudades de Salta y Córdoba, en cambio tomaron el camino correcto de las bolsas plásticas verdes y negras para la separación de los residuos.”
Los envases plásticos en general no son un residuo, son un recurso, si se los separa correctamente en los hogares sirven de materia prima para la Industria del Reciclado Plástico y abren la posibilidad de que con ellos se puedan producir caños, bancos de plazas, bolsas de consorcio, durmientes, etc. Este concepto está en línea con la nueva tendencia mundial de la “Economía circular” dado que, materiales como el plástico, se pueden reciclar hasta 5 veces.
“La Ciudad de Salta es un modelo a seguir ya que con su Ordenanza promueve el Uso responsable y reciclado de las bolsas plásticas. Ecoplas presentó un ambicioso Plan de Educación a la Secretaria de Ambiente para enseñarles a los docentes y a los recuperadores urbanos de Salta a separar los residuos plásticos y su reciclado. El mismo contribuirá a que los docentes bajen la información a los niños y estos a sus padres, para generar una cadena de separación de los residuos. A su vez a los recuperadores urbanos de Salta para que conozcan los tipos de plásticos que van a recibir en la bolsa verde y abrir los canales para que puedan comercializarlos a la industria recicladora para contribuir a una economía circular”, aseveró Verónica Ramos, Gerente de Comunicaciones de Ecoplas.
Ecoplas creó la Certificación Plásticos Reciclables, comúnmente conocido como “la Manito”, que se aplica en el envase y facilitan la identificación de los materiales plásticos reciclables para que el consumidor separe de manera correcta en sus hogares. También agiliza la tarea de identificación, recolección y clasificación por parte del recuperador urbano. Alguno de los envases que tienen “la Manito” son las bolsas “camiseta” para supermercados, bolsas para envasados de alimentos, envases sachets y botellas de leche o yogur, bolsas para los comercios, paquete de azúcar, y más.
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Sprite ¿cuándo vas a reforestar?
“¿Cuándo vas a reforestar?”
Fecha de Publicación: 11/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista tapó el cartel publicitario de Sprite ubicado ante el Obelisco con una bandera gigantesca para reclamar que la empresa, que dice ser sostenible, recupere las tres mil hectáreas dañadas por su proveedor de jugo.
Un grupo de activistas de Greenpeace desplegó ayer a la mañana una bandera de 20 metros cuadrados en el cruce de las avenidas Carlos Pellegrini y Roque Saenz Peña, frente al obelisco, con el texto: “Sprite ¿cuándo vas a reforestar?”. La intervención se realizó en el marco de la campaña de protección de Bosques en Argentina y la denuncia apuntó a Coca Cola Company por la compra de insumos a la empresa La Moraleja S.A., que con la connivencia del gobernador Juan Manuel Urtubey lleva desmontadas unas 3053 hectáreas de bosques en la provincia de Salta, algo prohibido desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007.
Los activistas treparon 30 metros hasta el borde de la enorme pantalla publicitaria, que suele iluminar la vereda y hasta al obelisco con el verde estridente de Sprite, para taparla con un cartel de un verde más pálido, con el dibujo de una topadora y árboles derribados. Greenpeace exige a la empresa de gaseosas que suspenda la relación comercial con el proveedor La Moraleja y que reforeste el predio desmontado ilegalmente. “Sprite dice ser una empresa sostenible, por eso queremos saber cuándo va a reforestar las 3 mil hectáreas de bosque que su proveedor desmontó ilegalmente en Salta”, aseguró el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini. El activista agregó que la empresa de gaseosas “debe actuar para que esta misma situación no pase en otras partes del mundo y adoptar una Política de Deforestación Cero como parte de su responsabilidad ambiental. Las empresas que destruyen bosques y los gobiernos que las autorizan deben hacerse cargo. Las cosas como son”.
En el informe “Desmonte S.A. El mapa del delito forestal en Argentina”, Greenpeace detalló el procedimiento que se siguió en la finca La Moraleja de Salta, “una estancia de 30 mil hectáreas ubicada en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas, adquirida en 1978 por empresarios españoles”. Esta empresa “es una de las principales proveedoras de jugo concentrado de limón de Coca Cola, con quienes tiene contrato por 20 años”, y “su objetivo es sumar 1000 hectáreas de limones en los próximos cuatro años”.
El informe explica que en 2009 los bosques de la finca fueron clasificados en la categoría I-Rojo (es decir, protegidos), pero en 2013 un documento del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable reveló que desde la prohibición hubo un “desmonte de aproximadamente 1872 hectáreas, aparentemente destinadas a agricultura y no al uso para el cual fue autorizado”. El litigio por ese terreno concluyó el 3 de enero de 2014 cuando el Ministerio de Ambiente de la provincia dictó la resolución 837, que según el informe “autorizó a realizar un cambio de uso de suelo para agricultura en una superficie de 1180,97 hectáreas de desmonte total neto”.
Por último, el informe advierte que en 2016 un documento del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos reveló que, “hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144894 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I–Rojo y II–Amarillo”.
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Fecha de Publicación: 11/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista tapó el cartel publicitario de Sprite ubicado ante el Obelisco con una bandera gigantesca para reclamar que la empresa, que dice ser sostenible, recupere las tres mil hectáreas dañadas por su proveedor de jugo.
Un grupo de activistas de Greenpeace desplegó ayer a la mañana una bandera de 20 metros cuadrados en el cruce de las avenidas Carlos Pellegrini y Roque Saenz Peña, frente al obelisco, con el texto: “Sprite ¿cuándo vas a reforestar?”. La intervención se realizó en el marco de la campaña de protección de Bosques en Argentina y la denuncia apuntó a Coca Cola Company por la compra de insumos a la empresa La Moraleja S.A., que con la connivencia del gobernador Juan Manuel Urtubey lleva desmontadas unas 3053 hectáreas de bosques en la provincia de Salta, algo prohibido desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007.
Los activistas treparon 30 metros hasta el borde de la enorme pantalla publicitaria, que suele iluminar la vereda y hasta al obelisco con el verde estridente de Sprite, para taparla con un cartel de un verde más pálido, con el dibujo de una topadora y árboles derribados. Greenpeace exige a la empresa de gaseosas que suspenda la relación comercial con el proveedor La Moraleja y que reforeste el predio desmontado ilegalmente. “Sprite dice ser una empresa sostenible, por eso queremos saber cuándo va a reforestar las 3 mil hectáreas de bosque que su proveedor desmontó ilegalmente en Salta”, aseguró el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini. El activista agregó que la empresa de gaseosas “debe actuar para que esta misma situación no pase en otras partes del mundo y adoptar una Política de Deforestación Cero como parte de su responsabilidad ambiental. Las empresas que destruyen bosques y los gobiernos que las autorizan deben hacerse cargo. Las cosas como son”.
En el informe “Desmonte S.A. El mapa del delito forestal en Argentina”, Greenpeace detalló el procedimiento que se siguió en la finca La Moraleja de Salta, “una estancia de 30 mil hectáreas ubicada en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas, adquirida en 1978 por empresarios españoles”. Esta empresa “es una de las principales proveedoras de jugo concentrado de limón de Coca Cola, con quienes tiene contrato por 20 años”, y “su objetivo es sumar 1000 hectáreas de limones en los próximos cuatro años”.
El informe explica que en 2009 los bosques de la finca fueron clasificados en la categoría I-Rojo (es decir, protegidos), pero en 2013 un documento del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable reveló que desde la prohibición hubo un “desmonte de aproximadamente 1872 hectáreas, aparentemente destinadas a agricultura y no al uso para el cual fue autorizado”. El litigio por ese terreno concluyó el 3 de enero de 2014 cuando el Ministerio de Ambiente de la provincia dictó la resolución 837, que según el informe “autorizó a realizar un cambio de uso de suelo para agricultura en una superficie de 1180,97 hectáreas de desmonte total neto”.
Por último, el informe advierte que en 2016 un documento del Ministerio de Ambiente sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos reveló que, “hasta la derogación de los decretos 2211/10 y 3136/11 a fines de 2014, el gobierno realizó cambios de categorías a nivel predial en 32 fincas (144894 hectáreas) y habilitó el desmonte neto de 81282 hectáreas sobre bosques nativos que estaban clasificados en las Categorías I–Rojo y II–Amarillo”.
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Establecen política para proteger al guacamayo verde
Protegen a los guacamayos verdes que hay en Salta, únicos en el país
Fecha de Publicación: 11/06/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Especialistas y funcionarios nacionales y provinciales planificaron estrategias de conservación. Apuntan a crear un área protegida en la zona de Caraparí, cerca de la Reserva de Acambuco.
Especialistas de todo el país trabajan en nuevas estrategias para la conservación del guacamayo verde y hay que resaltar que Salta cuenta con la única población de esta especie del país, que fue declarada monumento natural en 2008.
Existen aproximadamente unos 80 individuos de la especie en el departamento San Martín, mayormente en la zona de Caraparí, aunque no se descarta que haya algunos ejemplares más esparcidos en otras partes del norte del país, que no están cuantificados ni clasificados.
La iniciativa apunta especialmente a reforzar la presencia de guardaparques provinciales en la zona, la creación de un área protegida en Caraparí y la ejecución de diferentes proyectos de monitoreo.
Esto se suma a las tareas que se vienen realizando, de protección y control en el terreno, exploración de hábitats potenciales, como es el caso de Caraparí, y el establecimiento de sistemas de monitoreo. Además, se realizan tareas de sensibilización y capacitación de los principales actores de la sociedad civil y agentes de control en la protección de la especie y su hábitat.
Participaron de las reuniones especialistas como Flavio Moschione, Oscar Spitznagel, de Parques Nacionales; Ignacio Areta, jefe del programa; los guardaparques Marcelo Cuevas y Yanina Bonduri, del Sistema Provincial de Áreas Protegidas, y la secretaria de Ambiente, Irene Soler.
En Argentina habitan cinco especies de estas hermosas aves, de las cuales tres se encuentran en la categoría de especie amenazada, como la Anodorhynchus Glaucus, la Ara Militaris y la Primolius Maracaná. Su distribución se localiza en las Yungas, en el norte de Salta. El peligro de subsistencia se origina, fundamentalmente, en la modificación y fragmentación de los hábitats selváticos y montanos y también, en alguna medida, en la captura de ejemplares para su posterior comercialización.
La mayor población
La población de guacamayos verdes se localiza en la Reserva de Acambuco, según los estudios actuales. Los guardaparques pudieron observarlos por primera vez en 2007, cuando se contabilizaron en ese lugar unos 30 individuos, específicamente en la zona de las sierras de Caraparí y quebradas aledañas.
Fue uno de los hallazgos, en lo que a aves respecta, más importantes ocurridos en Salta en los últimos 80 años.
Si bien se trata de una especie que ya se encontraba en la lista de Avifauna Argentina, no eran más que observaciones esporádicas de individuos pequeños o grupos aislados en el norte salteño.
Estas aves miden aproximadamente 65 centímetros desde el pico hasta la punta de la cola, son monógamos y no ponen más de tres huevos al año. Además, explicaron los especialistas, se sabe que nidifican en los huecos de los troncos de los árboles o en los huecos de las rocas.
Entre los guardaparques que realizaron el descubrimiento se encontraban Maximiliano Navarro, Marcelo Gallegos, Diómedes Garay, Bidolfo Ortiz y Miguel Cueva.
Monumento natural
El guacamayo verde fue declarado monumento natural a través del decreto 4.402/11 del Ejecutivo provincial. Esta categorización, o clasificación, está destinada a los sitios, especies vivas de plantas y animales, ambientes naturales, rasgos paisajísticos y geológicos y yacimientos paleontológicos de relevancia e importancia científica, estética o cultural, a los cuales se les acuerda protección absoluta.
Por lo tanto, todos los ejemplares existentes deben ser considerados inviolables, no pudiendo realizarse con ellos actividad alguna, con excepción de la investigación científica, la educación e interpretación ambiental, el control y la vigilancia para la protección de la especie.
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Salta: los desmontes de Karlen en etapa crucial
La demanda millonaria contra Karlen por desmonte ilegal ingresó en una etapa decisiva
Fecha de Publicación: 02/06/2017
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
El Procurador General, Pablo López Viñals, ratificó que la demanda que se sigue en contra de Juan José Karlen por el daño ambiental provocado a causa del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en Dragones sigue vigente.
Viñals explicó que una primera negociación decayó debido a que el productor no se ajustó a las exigencias legales, no obstante y por orden del juzgado, se volvió a abrir una nueva conciliación, la cual está aún en trámite y se espera para los próximos días el arribo de un funcionario nacional del INTA, quien analizará el caso y emitirá una opinión sobre las tareas a desarrollar para la recuperación del ambiente dañado.
El juicio civil por este caso se encuentra en proceso de conciliación por segunda vez, ya que en la primera instancia surgida tras la condena de Karlen por el delito de desobediencia judicial, fue cerrada a instancias un informe técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales respecto a las tareas propuestas por el productor para recuperar el daño ambiental.
En vista de ello, el Procurador rechazó las presentaciones de la parte demandada, consideradas inconsistentes para la recuperación ambiental del terreno afectado y ordenó a la fiscalía civil de Tartagal, a cargo del fiscal Gonzalo Vega, que continúe el pleito.
Ante la información difundida días atrás por el matutino Nuevo Diario respecto a un supuesto cierre y “perdón” de parte de la Procuración General al productor condenado, López Viñals señaló que “dicha información es mendas y tendenciosa, pues el proceso de conciliación, abierto por segunda vez a instancia de la parte demandada y por orden del juzgado civil, aún se encuentra en curso”.
De esta manera, el Procurador aclaró la situación legal que rodea la demanda millonaria que aún se encuentra vigente, la cual incluye dos fallos a favor por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Cabe señalar que la conciliación es una instancia contemplada por la ley en los procesos judiciales civiles, y que debe hacerse previamente al dictado de una sentencia por parte de un juez, en este caso, la jueza Claudia Yance, del Juzgado Civil de Tartagal.
Como se informó desde este sitio, el Procurador y la fiscal civil de Tartagal impulsaron una demanda de 171 millones de pesos en contra de Juan José Karlen, condenado por el delito de desobediencia judicial a disposiciones emitidas por el la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, las que le impedían realizar desmontes en un terreno ubicado en la localidad de Dragones.
Karlen fue llevado a juicio a instancia del fiscal penal Pablo Cabot y condenado por el delito de desobediencia judicial el 2 de octubre del año 2015, sentencia que dejó abierta la posibilidad de llevar adelante una demanda civil destinada a lograr la recuperación ambiental del grave daño causado. Por su parte la Fiscalía de Estado demandó millonariamente a Karlen por la multa impuesta por Medio Ambiente. La reparación ambiental es llevada por la Procuración y la fiscalía civil.
En el juicio, la jueza interviniente ordenó, como manda el Código, el proceso de una conciliación en la cual el Procurador prefijó que sólo accedería si las tareas de Karlen entraban en la legalidad, es decir, atender a que lo único productivo que podía legalmente hacer ante de cometer la irregularidad era “ganadería integrada bajo monte”. Por ello, surgió la firma de un “convenio marco”, el cual estableció determinadas pautas de discusión, entre ellas se contempló el objetivo de lograr un paisaje de bosque nativo mediante un proceso de restauración y reconversión productiva.
No obstante, y como las propuestas del productor no se ajustaban a estos parámetros de recuperación ambiental del terreno desmontado ya prefijados, se terminó por realizar una presentación fiscal al juzgado, en la cual se dio por concluida la negociación ordenada.
Luego, y ante una serie de planteos de nulidad presentados por Karlen, la Procuración y la fiscalía avanzaron en el litigio respectivo de dichos recursos, los cuales finalmente fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con lo cual el caso quedó para concluir algunas pruebas y luego la sentencia.
Nueva conciliación
El 20 de diciembre del año pasado, sin embargo, Karlen volvió a insistir con un nuevo proceso de conciliación, a lo cual la jueza Yance, accedió y ordenó que las partes nuevamente discutan los términos a fin de arribar o no a una solución que permitan la recuperación ambiental de la zona afectada. El fiscal de Tartagal aceptó, aunque mantuvo la condición de solo acceder dentro del marco de legalidad convenido.
En esta nueva etapa, Karlen presentó nuevas propuestas que, a criterio de un informe realizado por peritos del CIF el 8 de marzo pasado, todavía fueron consideradas inconsistentes con respecto a la recuperación del daño causado en el ambiente. Por ello aconsejó nuevamente el rechazo de la propuesta interpuesta por la parte demandada.
Frente a este revés, Karlen volvió a insistir con un nuevo proyecto técnico y más social y ambiental, el cual también fue rechazado por los expertos del CIF el 7 de abril pasado. En su reporte, el CIF sostuvo que Karlen sigue apuntando a realizar acciones en las que se favorece la explotación ganadera y se deja de lado o se hace una menor inversión en la recuperación del bosque nativo y la cuestión social.
El estado de la causa, según se informó desde la Procuración, es informado de manera constante por el fiscal Vega, quien en los últimos días remitió un informe pormenorizado del estado de la causa. (Ver archivo) Documentos-Caso-Karlen
El 19 de abril pasado, en tanto, Karlen volvió a pedir al juzgado civil una prórroga para presentar una nueva propuesta. Mientras tanto y ante la falta de acuerdo, se dispuso incorporar la asistencia técnica del ingeniero, Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero. Este funcionario nacional del INTA ya recibió toda la información técnica y arribará en los próximos días a fin de conocer la situación en campo, estudiar las propuestas de Karlen y emitir una opinión sobre las acciones que se deben desarrollar para la recuperación ambiental y social de la zona desmontada.
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Fecha de Publicación: 02/06/2017
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
El Procurador General, Pablo López Viñals, ratificó que la demanda que se sigue en contra de Juan José Karlen por el daño ambiental provocado a causa del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en Dragones sigue vigente.
Viñals explicó que una primera negociación decayó debido a que el productor no se ajustó a las exigencias legales, no obstante y por orden del juzgado, se volvió a abrir una nueva conciliación, la cual está aún en trámite y se espera para los próximos días el arribo de un funcionario nacional del INTA, quien analizará el caso y emitirá una opinión sobre las tareas a desarrollar para la recuperación del ambiente dañado.
El juicio civil por este caso se encuentra en proceso de conciliación por segunda vez, ya que en la primera instancia surgida tras la condena de Karlen por el delito de desobediencia judicial, fue cerrada a instancias un informe técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales respecto a las tareas propuestas por el productor para recuperar el daño ambiental.
En vista de ello, el Procurador rechazó las presentaciones de la parte demandada, consideradas inconsistentes para la recuperación ambiental del terreno afectado y ordenó a la fiscalía civil de Tartagal, a cargo del fiscal Gonzalo Vega, que continúe el pleito.
Ante la información difundida días atrás por el matutino Nuevo Diario respecto a un supuesto cierre y “perdón” de parte de la Procuración General al productor condenado, López Viñals señaló que “dicha información es mendas y tendenciosa, pues el proceso de conciliación, abierto por segunda vez a instancia de la parte demandada y por orden del juzgado civil, aún se encuentra en curso”.
De esta manera, el Procurador aclaró la situación legal que rodea la demanda millonaria que aún se encuentra vigente, la cual incluye dos fallos a favor por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Cabe señalar que la conciliación es una instancia contemplada por la ley en los procesos judiciales civiles, y que debe hacerse previamente al dictado de una sentencia por parte de un juez, en este caso, la jueza Claudia Yance, del Juzgado Civil de Tartagal.
Como se informó desde este sitio, el Procurador y la fiscal civil de Tartagal impulsaron una demanda de 171 millones de pesos en contra de Juan José Karlen, condenado por el delito de desobediencia judicial a disposiciones emitidas por el la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, las que le impedían realizar desmontes en un terreno ubicado en la localidad de Dragones.
Karlen fue llevado a juicio a instancia del fiscal penal Pablo Cabot y condenado por el delito de desobediencia judicial el 2 de octubre del año 2015, sentencia que dejó abierta la posibilidad de llevar adelante una demanda civil destinada a lograr la recuperación ambiental del grave daño causado. Por su parte la Fiscalía de Estado demandó millonariamente a Karlen por la multa impuesta por Medio Ambiente. La reparación ambiental es llevada por la Procuración y la fiscalía civil.
En el juicio, la jueza interviniente ordenó, como manda el Código, el proceso de una conciliación en la cual el Procurador prefijó que sólo accedería si las tareas de Karlen entraban en la legalidad, es decir, atender a que lo único productivo que podía legalmente hacer ante de cometer la irregularidad era “ganadería integrada bajo monte”. Por ello, surgió la firma de un “convenio marco”, el cual estableció determinadas pautas de discusión, entre ellas se contempló el objetivo de lograr un paisaje de bosque nativo mediante un proceso de restauración y reconversión productiva.
No obstante, y como las propuestas del productor no se ajustaban a estos parámetros de recuperación ambiental del terreno desmontado ya prefijados, se terminó por realizar una presentación fiscal al juzgado, en la cual se dio por concluida la negociación ordenada.
Luego, y ante una serie de planteos de nulidad presentados por Karlen, la Procuración y la fiscalía avanzaron en el litigio respectivo de dichos recursos, los cuales finalmente fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con lo cual el caso quedó para concluir algunas pruebas y luego la sentencia.
Nueva conciliación
El 20 de diciembre del año pasado, sin embargo, Karlen volvió a insistir con un nuevo proceso de conciliación, a lo cual la jueza Yance, accedió y ordenó que las partes nuevamente discutan los términos a fin de arribar o no a una solución que permitan la recuperación ambiental de la zona afectada. El fiscal de Tartagal aceptó, aunque mantuvo la condición de solo acceder dentro del marco de legalidad convenido.
En esta nueva etapa, Karlen presentó nuevas propuestas que, a criterio de un informe realizado por peritos del CIF el 8 de marzo pasado, todavía fueron consideradas inconsistentes con respecto a la recuperación del daño causado en el ambiente. Por ello aconsejó nuevamente el rechazo de la propuesta interpuesta por la parte demandada.
Frente a este revés, Karlen volvió a insistir con un nuevo proyecto técnico y más social y ambiental, el cual también fue rechazado por los expertos del CIF el 7 de abril pasado. En su reporte, el CIF sostuvo que Karlen sigue apuntando a realizar acciones en las que se favorece la explotación ganadera y se deja de lado o se hace una menor inversión en la recuperación del bosque nativo y la cuestión social.
El estado de la causa, según se informó desde la Procuración, es informado de manera constante por el fiscal Vega, quien en los últimos días remitió un informe pormenorizado del estado de la causa. (Ver archivo) Documentos-Caso-Karlen
El 19 de abril pasado, en tanto, Karlen volvió a pedir al juzgado civil una prórroga para presentar una nueva propuesta. Mientras tanto y ante la falta de acuerdo, se dispuso incorporar la asistencia técnica del ingeniero, Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero. Este funcionario nacional del INTA ya recibió toda la información técnica y arribará en los próximos días a fin de conocer la situación en campo, estudiar las propuestas de Karlen y emitir una opinión sobre las acciones que se deben desarrollar para la recuperación ambiental y social de la zona desmontada.
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Los famosos limones a EEUU, a base de desmonte
Limones amargos a EEUU: Greenpeace denuncia a Urtubey por el desmonte de 3 mil hectáreas de zonas protegidas
Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que una empresa productora de limones desmontó ilegalmente 3 mil hectáreas en la provincia de Salta. Con la apertura de la exportación de limón a Estados Unidos queda habilitada a despachar su producción, a pesar del delito contra una ley ambiental nacional, con el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey.
La organización ecologista denunció que La Moraleja SA, de capitales españoles, deforestó en Salta más de 3 mil hectáreas protegidas por la Ley de Bosques. Los permisos fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior. Esta empresa está entre las que pretenden exportar su producción de limones a los Estados Unidos.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Moraleja es una estancia adquirida en 1978 por empresarios españoles, quienes están siendo investigados por la justicia de ese país por sospechas de corrupción y por falta de pago de créditos. Abarca 30.000 hectáreas y está ubicada cerca del Parque Nacional El Rey y la Reserva Nacional Pizarro, en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas. Actualmente cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura, mayormente soja transgénica, y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones.
Desde la sanción de la Ley de Bosques la superficie deforestada en la finca La Moraleja es de 3.053 hectáreas de bosques protegidos.
“Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”, afirmó Giardini.
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Fecha de Publicación: 27/05/2017
Fuente: Contexto (Tucumán)
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que una empresa productora de limones desmontó ilegalmente 3 mil hectáreas en la provincia de Salta. Con la apertura de la exportación de limón a Estados Unidos queda habilitada a despachar su producción, a pesar del delito contra una ley ambiental nacional, con el aval del gobernador Juan Manuel Urtubey.
La organización ecologista denunció que La Moraleja SA, de capitales españoles, deforestó en Salta más de 3 mil hectáreas protegidas por la Ley de Bosques. Los permisos fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior. Esta empresa está entre las que pretenden exportar su producción de limones a los Estados Unidos.
“Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Moraleja es una estancia adquirida en 1978 por empresarios españoles, quienes están siendo investigados por la justicia de ese país por sospechas de corrupción y por falta de pago de créditos. Abarca 30.000 hectáreas y está ubicada cerca del Parque Nacional El Rey y la Reserva Nacional Pizarro, en un área de transición entre el Bosque Chaqueño y la Selva de Yungas. Actualmente cuenta con 15.000 hectáreas de agricultura, mayormente soja transgénica, y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo limones.
Desde la sanción de la Ley de Bosques la superficie deforestada en la finca La Moraleja es de 3.053 hectáreas de bosques protegidos.
“Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que el Congreso de la Nación apruebe en forma urgente la Ley de Delitos Forestales, que busca penalizar a quienes realicen desmontes e incendios ilegales con 2 a 10 años de prisión”, afirmó Giardini.
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Originarios perdieron el 21% del chaco salteño
Determinan cuántas tierras perdieron las comunidades originarias
Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
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Fecha de Publicación: 15/05/2017
Fuente: UBA
Provincia/Región: Salta
Por primera vez, una investigación académica cuantificó las pérdidas del bosque en el Gran Chaco que afectan la subsistencia de las poblaciones locales e impactan sobre el ambiente, debido al avance de la agricultura. Alertan sobre la situación.
Una investigación advierte que las comunidades de pueblos originarios del chaco salteño perdieron el 21% de la superficie que tradicionalmente utilizaban para cazar, criar ganado y recolectar alimentos. Además, la degradación del bosque remanente impactó en la calidad de vida del 64% de las comunidades estudiadas. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los departamentos donde más avanzó la agricultura.
Los datos surgen de los estudios doctorales de María Vallejos, quien es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA). “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios, que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”, afirmó.
Las comunidades indígenas del Chaco son cazadoras-recolectoras y no es fácil determinar el área de bosque que necesitan para subsistir. Para definir esta superficie, se le entregaron GPS a distintos miembros de las comunidades, quienes mapearon los sitios de colección de leña, agua, frutos, madera, miel, peces y animales. Con esta información se estimó el área potencial de uso. Además, para analizar la pérdida de área demandada y el impacto sobre el bienestar de las comunidades, Vallejos cruzó esta información con el área deforestada en el período 2001-2015 y calculó las caídas en la productividad del bosque remanente mediante el uso de imágenes satelitales.
La docente afirmó que además de la pérdida de área por el avance de la agricultura, el 64% de las comunidades estudiadas se vieron afectadas por la disminución de la calidad del bosque remanente, ya que se deterioraron procesos que brindan beneficios directos como la provisión de alimentos o el control de inundaciones. En este sentido, el estudio también demostró que se está acortando la estación del año más productiva (cuando la provisión de servicios ecosistémicos es mayor). Estos impactos negativos afectaron diferencialmente a las diferentes zonas y grupos sociales
A través del análisis de los actores presentes en los cinco departamentos del Chaco Salteño se identificó a las comunidades indígenas -que hacen uso de los recursos naturales a nivel local- como el grupo más vulnerable frente a los cambios en el uso del suelo. “Las comunidades más afectadas se ubican en el área de estudio en donde la expansión agropecuaria es mayor”, puntualizó Vallejos.
“Es fundamental contar con evidencia científica para entender cómo los cambios en el uso del suelo afectan diferencialmente a los distintos actores sociales. Los resultados de esta tesis son útiles para entender y monitorear estos procesos, y para empoderar a los grupos más vulnerables, como también a los organismos de control y la justicia”, contó María, quien también es investigadora del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART-FAUBA). A su vez, ella resaltó el rol de la transmisión del conocimiento desde el ámbito científico hacia el de la gestión.
Desmonte sin fronteras
“Hasta el año 2012 se registraron 15,8 millones de hectáreas de cobertura original del Gran Chaco transformadas en cultivos o pasturas. También se determinó el porcentaje de deforestación anual máximo histórico en el Chaco paraguayo, que fue del 4% y ocurrió en el 2010”, destacó Vallejos a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos 30 años.
Además, la investigadora utilizó las imágenes para caracterizar la fragmentación del bosque: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”.
Vallejos afirmó que la región Chaqueña es el lugar de la Argentina con más conflictos por el uso del suelo. En este sentido, Vallejos agregó que los empresarios y productores que desmontan para establecer la producción extensiva aprovechan el potencial productivo de las tierras, los incentivos del mercado internacional de granos y, sobre todo, la ausencia o debilidad de políticas de protección y conservación del ambiente. Para María, luego de la Ley de Bosques, muchos capitales argentinos están empezando a invertir en Paraguay, en donde el control es menor. Incluso, existen inversiones argentinas en África para producir soja.
“El monitoreo de la deforestación es clave para entender la dinámica de los cambios en el uso del suelo y asistir al ordenamiento territorial”, dijo Vallejos al sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
Zonificar la actividad humana
“Nuestro estudio generó mecanismos para mapear a los actores territoriales, integrando aspectos biofísicos y sociales. Esto permite identificar sistemas socio-ecológicos que tienen un funcionamiento similar, es decir que comparten un determinado grado de resiliencia o de vulnerabilidad frente a las perturbaciones. Una unidad territorial en donde predominan empresas agrícolas no puede ser administrada de la misma manera que una en donde predominan comunidades indígenas”, dijo Vallejos, y añadió: “Es fundamental considerar la capacidad de las personas para soportar los impactos negativos naturales o los que causa la actividad humana en la zonificación”.
Por último, la docente destacó la importancia de la ciencia y la técnica en un contexto de conflictos presupuestarios e incertidumbre acerca del rumbo de los organismos de investigación en el país: “La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones. Para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas. Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios que se vienen realizando en la facultad tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales, cosa que era inesperada para mí en un principio. Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y para otro caso de deforestación en la Finca Cuchuy, en Salta, que actualmente sigue sin resolverse”.
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Inundaciones en Salta agravadas por el desmonte
Desmontes: la variable que agrava los temporales en Salta
Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Un biólogo y un especialista en recursos naturales explican la relación entre la pérdida de los bosques nativos con las inundaciones que asolan el norte provincial.
Uno de los estudios más impactantes del INTA indica que el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora. La tierra arrasada y compacta que deja el desmonte, poco y nada. El agua que sobra en la tierra es todo el monte perdido que no la puede tomar.
En septiembre de 2016, un informe del Banco Mundial señaló que entre 2001 y 2014 se perdió más del 12% de los bosques nativos de Argentina. Incluso después de que se promulgara la ley de Bosques, en 2007, una superficie de bosques equivalente a la provincia de Jujuy desapareció del paisaje, y todo sucedió en el NOA, la mayor parte en Santiago del Estero y Salta. El mismo informe indicó que las tasas más altas de deforestación de Sudamérica están en la región del chaco argentino, donde los bosques semiáridos son arrasados para habilitar el suelo fértil a la agricultura.
La catástrofe anunciada
La relación entre desmontes e inundaciones es directa, dice Enrique Derlindati, doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la UNSa, mientras explica de qué manera la pérdida de bosques nativos por desmontes o incendios se vincula con las inundaciones cada vez más graves en el norte de la provincia. "Cuando eliminas cobertura boscosa el suelo no retiene el agua. Lo que antes se absorbía, ahora se escurre y genera los problemas que estamos teniendo. Es muy difícil que la gente entienda que (las inundaciones) no son catástrofes. Esto se predijo a partir del reordenamiento territorial -indicado en la Ley de Bosques- pero hay pautas de manejo que no se respetan", agrega.
La manera de prevenir es, para el biólogo, con planificación, pero es pesimista en cuanto a las posibilidades reales de que esto suceda. "Hay muchos intereses en juego. Las asociaciones de productores agropecuarios presionan para que se liberen los permisos para desmontes y se hagan las recategorizaciones", dice, mientras los datos le dan la razón. Según datos publicados en el mismo estudio, entre enero y agosto de 2016, se desmontaron 60.188 hectáreas en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco para desarrollos agropecuarios. Un tercio se hizo de manera ilegal.
Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Conicet, coincide en el diagnóstico y agrega que las consecuencias de esa erosión por los desmontes se ven potenciadas por tratarse de lluvias tardías, que caen con mucha intensidad cuando los suelos ya están saturados de agua, como sucede hacia el final del verano. "En lo personal no tengo dudas de que las inundaciones fueron agravadas por la deforestación en las cuencas altas. De ahí a que se lo pueda demostrar, no es posible. Hay que ver las inundaciones en los últimos años y estudiarlo en particular. Muchas veces son lluvias que no son anómalas, pero al generarse mucha erosión superficial, laminar, la capa fértil del suelo se va con el agua, lo que produce además mucha erosión tipo cárcava, zanjones que atraviesan campos y los inutilizan porque generan cañadas nuevas. Hay procesos de compactación, el suelo se satura y colapsa, se pierde la estructura del suelo", agrega.
El desastre que viene
Además de las pérdidas materiales, humanas y ambientales, las inundaciones tienen efectos difíciles de predecir, como cambios en la composición de las especies y la proliferación de enfermedades, explica Derlindati. "No sabemos lo que puede pasar. Podés tener además a nivel local un aumento de la temperatura, porque si perdés bosque no solamente se deja de absorber humedad sino que tampoco se absorbe radiación, y la diferencia de temperatura es enorme con bosques o sin ellos", explica. "Antes todo el chaco salteño era una matriz continua con algunos sectores cultivados. Ahora es todo territorio de producción, con algunas partes de bosque, y al cambiar el paisaje cambia enormemente el sistema".
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Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Un biólogo y un especialista en recursos naturales explican la relación entre la pérdida de los bosques nativos con las inundaciones que asolan el norte provincial.
Uno de los estudios más impactantes del INTA indica que el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora. La tierra arrasada y compacta que deja el desmonte, poco y nada. El agua que sobra en la tierra es todo el monte perdido que no la puede tomar.
En septiembre de 2016, un informe del Banco Mundial señaló que entre 2001 y 2014 se perdió más del 12% de los bosques nativos de Argentina. Incluso después de que se promulgara la ley de Bosques, en 2007, una superficie de bosques equivalente a la provincia de Jujuy desapareció del paisaje, y todo sucedió en el NOA, la mayor parte en Santiago del Estero y Salta. El mismo informe indicó que las tasas más altas de deforestación de Sudamérica están en la región del chaco argentino, donde los bosques semiáridos son arrasados para habilitar el suelo fértil a la agricultura.
La catástrofe anunciada
La relación entre desmontes e inundaciones es directa, dice Enrique Derlindati, doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la UNSa, mientras explica de qué manera la pérdida de bosques nativos por desmontes o incendios se vincula con las inundaciones cada vez más graves en el norte de la provincia. "Cuando eliminas cobertura boscosa el suelo no retiene el agua. Lo que antes se absorbía, ahora se escurre y genera los problemas que estamos teniendo. Es muy difícil que la gente entienda que (las inundaciones) no son catástrofes. Esto se predijo a partir del reordenamiento territorial -indicado en la Ley de Bosques- pero hay pautas de manejo que no se respetan", agrega.
La manera de prevenir es, para el biólogo, con planificación, pero es pesimista en cuanto a las posibilidades reales de que esto suceda. "Hay muchos intereses en juego. Las asociaciones de productores agropecuarios presionan para que se liberen los permisos para desmontes y se hagan las recategorizaciones", dice, mientras los datos le dan la razón. Según datos publicados en el mismo estudio, entre enero y agosto de 2016, se desmontaron 60.188 hectáreas en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco para desarrollos agropecuarios. Un tercio se hizo de manera ilegal.
Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Conicet, coincide en el diagnóstico y agrega que las consecuencias de esa erosión por los desmontes se ven potenciadas por tratarse de lluvias tardías, que caen con mucha intensidad cuando los suelos ya están saturados de agua, como sucede hacia el final del verano. "En lo personal no tengo dudas de que las inundaciones fueron agravadas por la deforestación en las cuencas altas. De ahí a que se lo pueda demostrar, no es posible. Hay que ver las inundaciones en los últimos años y estudiarlo en particular. Muchas veces son lluvias que no son anómalas, pero al generarse mucha erosión superficial, laminar, la capa fértil del suelo se va con el agua, lo que produce además mucha erosión tipo cárcava, zanjones que atraviesan campos y los inutilizan porque generan cañadas nuevas. Hay procesos de compactación, el suelo se satura y colapsa, se pierde la estructura del suelo", agrega.
El desastre que viene
Además de las pérdidas materiales, humanas y ambientales, las inundaciones tienen efectos difíciles de predecir, como cambios en la composición de las especies y la proliferación de enfermedades, explica Derlindati. "No sabemos lo que puede pasar. Podés tener además a nivel local un aumento de la temperatura, porque si perdés bosque no solamente se deja de absorber humedad sino que tampoco se absorbe radiación, y la diferencia de temperatura es enorme con bosques o sin ellos", explica. "Antes todo el chaco salteño era una matriz continua con algunos sectores cultivados. Ahora es todo territorio de producción, con algunas partes de bosque, y al cambiar el paisaje cambia enormemente el sistema".
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Bergman defiende a Salta en cuanto a deforestación
“Salta, que venía bastante mal, no es la peor en deforestación", aseguró Sergio Bergman
Fecha de Publicación: 01/04/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta - Nacional
El ministro de Ambiente de la Nación se encuentra en la ciudad y dijo que “hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa” de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Ante los informes que advierten la alta tasa de deforestación en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, dijo: “en la última auditoría que hicimos, Salta, que venía bastante mal, no es la peor”.
Así lo aseguró el funcionario durante su visita en la capital salteña. "Es más estamos preocupados porque a la hora de hacer un ranking hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa (de ordenamiento territorial de bosques nativos) ni con la rendición de fondos”, manifestó a la prensa.
El ministro también se refirió a las expectativas que hay en ciertos sectores económicos de ampliar las áreas productivas. Dijo que tiene claro que Salta recibe una gran presión sobre la extensión de la barrera agropecuaria, pero aseveró que desde el Ministerio están dispuestos a ayudar a Salta a que tenga un manejo sustentable de los bosques “porque no podemos permitir seguir deforestando”.
El funcionario aseguró que desde el gobierno nacional se busca la conservación de los bosques nativos. “Vamos a enseñar a nuestros hijos que lo que hicimos antes no estaba bien pero que tenemos una modalidad de hacerlo mejor”, apuntó.
Asimismo, luego de una reunión con algunos intendentes de la provincia, detalló sobre la extensión de la red de cloacas a las localidades que aún no tienen. “Hay una transferencia de fondos del Ministerio de Interior desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de lo que es la coparticipación, son más de 3.000 millones de pesos que van a llegar en obras”, dijo.
Aunque inmediatamente después aclaró: “yo sé que la gente está a la expectativa porque hay una demora en el inicio de las obras, pero también es importante poder explicarlo; lo que se ha recibido de la gestión anterior no solo es el saqueo del Estado sino la imposibilidad de retomar de manera transparente las licitaciones de la obra pública, fue una acción de corrupción, tenemos gente procesada y esperamos que la justicia termine de mostrar quién tiene responsabilidad y culpabilidad”.
Por último, explicó que se reunió con algunos intendentes salteños y la dirigente del Pro en Salta, Bettina Romero, en la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina (Fundara), a fin de brindar “recursos técnicos” para que los municipios conformen consorcios y logren aplicar en el plan que busca erradicar los basurales a cielo abierto
“Para poder hacerlo hace falta fondos y estamos poniendo una agencia federal de gestión de residuos y un fondo de garantía para que los municipios, que no tienen capacidad propia de poder contratar empresas para hacer los cierres de los basurales, tengan apoyo financiero para hacerlo”, comentó el ministro, que además informo que este programa se financiará con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Fecha de Publicación: 01/04/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta - Nacional
El ministro de Ambiente de la Nación se encuentra en la ciudad y dijo que “hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa” de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Ante los informes que advierten la alta tasa de deforestación en la provincia, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, dijo: “en la última auditoría que hicimos, Salta, que venía bastante mal, no es la peor”.
Así lo aseguró el funcionario durante su visita en la capital salteña. "Es más estamos preocupados porque a la hora de hacer un ranking hay muchas provincias que no están cumpliendo con el mapa (de ordenamiento territorial de bosques nativos) ni con la rendición de fondos”, manifestó a la prensa.
El ministro también se refirió a las expectativas que hay en ciertos sectores económicos de ampliar las áreas productivas. Dijo que tiene claro que Salta recibe una gran presión sobre la extensión de la barrera agropecuaria, pero aseveró que desde el Ministerio están dispuestos a ayudar a Salta a que tenga un manejo sustentable de los bosques “porque no podemos permitir seguir deforestando”.
El funcionario aseguró que desde el gobierno nacional se busca la conservación de los bosques nativos. “Vamos a enseñar a nuestros hijos que lo que hicimos antes no estaba bien pero que tenemos una modalidad de hacerlo mejor”, apuntó.
Asimismo, luego de una reunión con algunos intendentes de la provincia, detalló sobre la extensión de la red de cloacas a las localidades que aún no tienen. “Hay una transferencia de fondos del Ministerio de Interior desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de lo que es la coparticipación, son más de 3.000 millones de pesos que van a llegar en obras”, dijo.
Aunque inmediatamente después aclaró: “yo sé que la gente está a la expectativa porque hay una demora en el inicio de las obras, pero también es importante poder explicarlo; lo que se ha recibido de la gestión anterior no solo es el saqueo del Estado sino la imposibilidad de retomar de manera transparente las licitaciones de la obra pública, fue una acción de corrupción, tenemos gente procesada y esperamos que la justicia termine de mostrar quién tiene responsabilidad y culpabilidad”.
Por último, explicó que se reunió con algunos intendentes salteños y la dirigente del Pro en Salta, Bettina Romero, en la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina (Fundara), a fin de brindar “recursos técnicos” para que los municipios conformen consorcios y logren aplicar en el plan que busca erradicar los basurales a cielo abierto
“Para poder hacerlo hace falta fondos y estamos poniendo una agencia federal de gestión de residuos y un fondo de garantía para que los municipios, que no tienen capacidad propia de poder contratar empresas para hacer los cierres de los basurales, tengan apoyo financiero para hacerlo”, comentó el ministro, que además informo que este programa se financiará con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Salta perdió el 40% de los servicios ecosistémicos
Comprueban que por desmontes disminuyó el 40% de los servicios ecosistémicos de Salta
Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
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Fecha de Publicación: 26/03/2017
Fuente: InfoCampos
Provincia/Región: Salta
Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en la Provincia de Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono.
En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio, seún informó la Agencia de Prensa y Divulgación Científica Sobre La Tierra (SLT).
“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.
Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.
“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina
Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.
“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.
Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.
“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.
“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
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Salta, líder en deforestación
La tasa de deforestación en Salta fue la más alta del mundo en los últimos años
Fecha de Publicación: 21/03/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se desmontaron 2,5% de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano fue 0,51% y la media mundial fue 0,20%.
En los últimos años, los bosques nativos de Salta mostraron gran interés, en especial en los sectores económicos, según demuestran diversos estudios de organizaciones no gubernamentales y científicas. Pero lejos de ser un dato positivo, esto reveló el gran avance de la frontera agropecuaria en pos de la deforestación y en detrimento del medio ambiente.
Según un estudio de investigadores de la provincia, en los últimos años la tasa de deforestación en la región del Chaco salteño fue la más alta del mundo. En Salta se desmontó el 2,5 % de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano en el mismo período fue del 0,51% y el promedio mundial fue 0,20%.
“Es decir que la tasa de deforestación anual en Salta supera en más de un 1000%” a la media global, indicó Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) y el Conicet.
De esta manera, Salta es la segunda provincia de la Argentina con mayor territorio desmontado después de Santiago del Estero, tal como lo muestran los siguientes gráficos realizados en base al informe de la ONG Global Forest Watch. Asimismo, se ubica entre las 15 regiones sudamericanas con mayor cantidad de desmonte.
En coincidencia con investigaciones locales, este informe también revela que en promedio se deforestaron 100.000 hectáreas por año, siendo el 2008 el período en el que más bosques se perdieron en la provincia (234.456 ha).
Ese fue el mismo año en el que se promulgó la Ley nacional de Bosques 26.331 -que regula la protección y el manejo de los bosques nativos-, luego de que un alud castigara a Tartagal. En su momento el gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió al hecho como un “desastre natural”. Seghezzo, al respecto, explicó que en estos casos existe una combinación de factores: a los periodos climáticos que siempre existieron, se le suma la desprotección de suelos por la deforestación, los factores climáticos extremos, las cuencas altas deforestadas y la urbanización de zonas que no debieron urbanizarse.
¿Por qué el fuerte crecimiento de desmonte en Salta?
El investigador científico dijo que la deforestación en la región se debe a varias razones. “Una de esas fue la incorporación de la soja transgénica a fines de los ´90, que se vende a alto precio y es uno de los commodities más solicitados en Asia y Europa. El otro punto es que el Chaco sudamericano, que se encuentra en la Argentina, Paraguay y parte de Bolivia y Brasil, es una zona del mundo donde aún hay tierra por deforestar; este es el segundo territorio más grande después del Amazonas”, dijo. Por eso “es una zona muy tentadora para deforestar para fines agrícolas y ganaderos”, agregó.
En este desalentador avance de la frontera agropecuaria, Seghezzo responsabilizó a los gobiernos de los últimos años, por sus “políticas ambientales sumamente débiles a nivel nación y provincial que han confinado la zona del Chaco salteño y Santiago del Estero a los intereses empresariales”. Y además desplazaron a comunidades indígenas y familias criollas de la región como consecuencia de los desmontes, según resaltó.
“Ni siquiera la ley de bosque ni los fallos de la Corte de Justicia de 2009 de la nación pudieron detener el desmonte significativamente; hubo una pequeña merma, pero la tasa de desforestación anual sigue siendo superior al promedio mundial”, señaló el experto en Ciencias del Medio Ambiente.
La proyección en el futuro de los bosques nativos, según el investigador, no es más auspiciosa, dado que “hay mucha presión de sectores productivos para aumentar las zonas de deforestación”.
Otra de las organizaciones internacionales que también viene cuestionando la desprotección de los bosques en la región es Greenpeace, que en varias oportunidades denunció desmontes ilegales en Salta.
En julio de 2014, por ejemplo, denunció que en sólo dos meses se habían desmontado 6350 hectáreas de bosques protegidos por la Ley y que otras 120.000 hectáreas estaban en riesgo porque el gobierno de Salta había autorizado el paso de topadoras. “Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si todas las provincias desmontarán al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, dijo en su oportunidad, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Aquel año, una fuerte campaña gráfica y de intervención en espacios públicos, organizada por la ONG, mostraba a Urtubey en un inodoro que tenía inscripta la frase “ley de bosques”. Poco tiempo después, el mandatario derogó el decreto de recategorización de las zonas rojas y amarillas, dio marcha atrás a la instrumentación de un mecanismo que permitía ajustes a medida en el ordenamiento territorial de bosques nativos salteños, en contradicción a la Ley Nacional 26.331.
Al respecto, Seghezzo opinó: “en el caso de Salta si no hubiera sido por Greenpeace, hubiera sido peor”. Pero a la vez advirtió que, en esta labor por la protección de los bosques, “no es una batalla que estemos ganando”.
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Fecha de Publicación: 21/03/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Se desmontaron 2,5% de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano fue 0,51% y la media mundial fue 0,20%.
En los últimos años, los bosques nativos de Salta mostraron gran interés, en especial en los sectores económicos, según demuestran diversos estudios de organizaciones no gubernamentales y científicas. Pero lejos de ser un dato positivo, esto reveló el gran avance de la frontera agropecuaria en pos de la deforestación y en detrimento del medio ambiente.
Según un estudio de investigadores de la provincia, en los últimos años la tasa de deforestación en la región del Chaco salteño fue la más alta del mundo. En Salta se desmontó el 2,5 % de los bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano en el mismo período fue del 0,51% y el promedio mundial fue 0,20%.
“Es decir que la tasa de deforestación anual en Salta supera en más de un 1000%” a la media global, indicó Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) y el Conicet.
De esta manera, Salta es la segunda provincia de la Argentina con mayor territorio desmontado después de Santiago del Estero, tal como lo muestran los siguientes gráficos realizados en base al informe de la ONG Global Forest Watch. Asimismo, se ubica entre las 15 regiones sudamericanas con mayor cantidad de desmonte.
En coincidencia con investigaciones locales, este informe también revela que en promedio se deforestaron 100.000 hectáreas por año, siendo el 2008 el período en el que más bosques se perdieron en la provincia (234.456 ha).
Ese fue el mismo año en el que se promulgó la Ley nacional de Bosques 26.331 -que regula la protección y el manejo de los bosques nativos-, luego de que un alud castigara a Tartagal. En su momento el gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió al hecho como un “desastre natural”. Seghezzo, al respecto, explicó que en estos casos existe una combinación de factores: a los periodos climáticos que siempre existieron, se le suma la desprotección de suelos por la deforestación, los factores climáticos extremos, las cuencas altas deforestadas y la urbanización de zonas que no debieron urbanizarse.
¿Por qué el fuerte crecimiento de desmonte en Salta?
El investigador científico dijo que la deforestación en la región se debe a varias razones. “Una de esas fue la incorporación de la soja transgénica a fines de los ´90, que se vende a alto precio y es uno de los commodities más solicitados en Asia y Europa. El otro punto es que el Chaco sudamericano, que se encuentra en la Argentina, Paraguay y parte de Bolivia y Brasil, es una zona del mundo donde aún hay tierra por deforestar; este es el segundo territorio más grande después del Amazonas”, dijo. Por eso “es una zona muy tentadora para deforestar para fines agrícolas y ganaderos”, agregó.
En este desalentador avance de la frontera agropecuaria, Seghezzo responsabilizó a los gobiernos de los últimos años, por sus “políticas ambientales sumamente débiles a nivel nación y provincial que han confinado la zona del Chaco salteño y Santiago del Estero a los intereses empresariales”. Y además desplazaron a comunidades indígenas y familias criollas de la región como consecuencia de los desmontes, según resaltó.
“Ni siquiera la ley de bosque ni los fallos de la Corte de Justicia de 2009 de la nación pudieron detener el desmonte significativamente; hubo una pequeña merma, pero la tasa de desforestación anual sigue siendo superior al promedio mundial”, señaló el experto en Ciencias del Medio Ambiente.
La proyección en el futuro de los bosques nativos, según el investigador, no es más auspiciosa, dado que “hay mucha presión de sectores productivos para aumentar las zonas de deforestación”.
Otra de las organizaciones internacionales que también viene cuestionando la desprotección de los bosques en la región es Greenpeace, que en varias oportunidades denunció desmontes ilegales en Salta.
En julio de 2014, por ejemplo, denunció que en sólo dos meses se habían desmontado 6350 hectáreas de bosques protegidos por la Ley y que otras 120.000 hectáreas estaban en riesgo porque el gobierno de Salta había autorizado el paso de topadoras. “Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Si todas las provincias desmontarán al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, dijo en su oportunidad, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Aquel año, una fuerte campaña gráfica y de intervención en espacios públicos, organizada por la ONG, mostraba a Urtubey en un inodoro que tenía inscripta la frase “ley de bosques”. Poco tiempo después, el mandatario derogó el decreto de recategorización de las zonas rojas y amarillas, dio marcha atrás a la instrumentación de un mecanismo que permitía ajustes a medida en el ordenamiento territorial de bosques nativos salteños, en contradicción a la Ley Nacional 26.331.
Al respecto, Seghezzo opinó: “en el caso de Salta si no hubiera sido por Greenpeace, hubiera sido peor”. Pero a la vez advirtió que, en esta labor por la protección de los bosques, “no es una batalla que estemos ganando”.
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Salta: Metán creará un cuerpo de guardias ambientales
Está en marcha la creación de guardias ambientales
Fecha de Publicación: 13/03/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Se trata de inspectores de ambos sexos que trabajarán para evitar la contaminación y defender la ecología. Uno de sus desafíos serán los basurales clandestinos.
El Concejo Deliberante de San José de Metán comenzó a analizar un proyecto para la creación de un cuerpo de guardias ambientales municipales.
El objetivo es preservar el patrimonio natural, evitando su contaminación, participando en la defensa ecológica de la ciudad; garantizando el cumplimiento del derecho de los vecinos a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
La iniciativa es del concejal del Frente Plural José María Issa, fue tratada en la sesión del miércoles pasado y girada a la comisión de legislación para su estudio y análisis.
"El cuerpo de guardias ambientales estará integrado por un grupo de inspectores o guardias, de ambos sexos, de nuestra ciudad, que serán capacitados. Los interesados en formar parte serán evaluados para cumplir con idoneidad la función requerida. Entre sus funciones se encuentran evaluar y efectuar las acciones necesarias con el fin de minimizar y/o remediar todas las emergencias medioambientales que se produzcan", explicó el concejal Issa.
Basurales clandestinos
Una de las problemáticas que más preocupa a los vecinos de San José de Metán son los basurales clandestinos a cielo abierto que existen y se siguen formando en distintos sectores de la ciudad. El edil considera que se necesita un grupo de especialistas que trabaje exclusivamente para resolver estos inconvenientes y para generar conciencia en la comunidad.
"Este grupo va a organizar actividades para toda la comunidad, promoviendo el respeto y el cuidado por el medio natural. Además de verificar el cumplimiento de las ordenanzas en materia ambiental y aplicar las sanciones correspondientes a los que no las cumplan", remarcó Issa.
La creación de este grupo ambiental viene siendo requerida en la localidad del sur provincial por instituciones como los Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano.
Lo que el proyecto contempla es que los inspectores trabajen principalmente en prevención y realice campañas de concientización sobre los derechos y deberes que los vecinos tienen.
"También los integrantes de este grupo especial deberán delimitar y proteger las áreas naturales promoviendo su conocimiento, organizando y facilitando el ingreso responsable con fines turísticos y educativos. Deberán efectuar denuncias antes autoridades provinciales o nacionales cuando se detecten infracciones contra el medioambiente ocurridas en espacios provinciales o nacionales", señaló el concejal en el proyecto.
El edil explicó que los inspectores podrán trabajar también, por ejemplo, en la preservación y el cuidado de especies como los tucanes, que actualmente se encuentran en gran cantidad en la zona urbana de Metán. Muchos de estos animales son atrapados, heridos o muertos, por lo que es necesario protegerlos.
Vecinos que colaboran
El proyecto también demanda un compromiso de los vecinos a los que se pedirá que colaboren en las acciones para proteger el medio ambiente y la fauna de la zona. "Los vecinos que deseen formalizar una denuncia o prevenir un suceso, podrán hacerlo en forma escrita ante la autoridad de aplicación municipal o telefónicamente al número perteneciente a la Municipalidad que se determine, la que trasmitirá la denuncia a los guardias am bientales", dijo Issa.
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Fecha de Publicación: 13/03/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Se trata de inspectores de ambos sexos que trabajarán para evitar la contaminación y defender la ecología. Uno de sus desafíos serán los basurales clandestinos.
El Concejo Deliberante de San José de Metán comenzó a analizar un proyecto para la creación de un cuerpo de guardias ambientales municipales.
El objetivo es preservar el patrimonio natural, evitando su contaminación, participando en la defensa ecológica de la ciudad; garantizando el cumplimiento del derecho de los vecinos a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
La iniciativa es del concejal del Frente Plural José María Issa, fue tratada en la sesión del miércoles pasado y girada a la comisión de legislación para su estudio y análisis.
"El cuerpo de guardias ambientales estará integrado por un grupo de inspectores o guardias, de ambos sexos, de nuestra ciudad, que serán capacitados. Los interesados en formar parte serán evaluados para cumplir con idoneidad la función requerida. Entre sus funciones se encuentran evaluar y efectuar las acciones necesarias con el fin de minimizar y/o remediar todas las emergencias medioambientales que se produzcan", explicó el concejal Issa.
Basurales clandestinos
Una de las problemáticas que más preocupa a los vecinos de San José de Metán son los basurales clandestinos a cielo abierto que existen y se siguen formando en distintos sectores de la ciudad. El edil considera que se necesita un grupo de especialistas que trabaje exclusivamente para resolver estos inconvenientes y para generar conciencia en la comunidad.
"Este grupo va a organizar actividades para toda la comunidad, promoviendo el respeto y el cuidado por el medio natural. Además de verificar el cumplimiento de las ordenanzas en materia ambiental y aplicar las sanciones correspondientes a los que no las cumplan", remarcó Issa.
La creación de este grupo ambiental viene siendo requerida en la localidad del sur provincial por instituciones como los Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano.
Lo que el proyecto contempla es que los inspectores trabajen principalmente en prevención y realice campañas de concientización sobre los derechos y deberes que los vecinos tienen.
"También los integrantes de este grupo especial deberán delimitar y proteger las áreas naturales promoviendo su conocimiento, organizando y facilitando el ingreso responsable con fines turísticos y educativos. Deberán efectuar denuncias antes autoridades provinciales o nacionales cuando se detecten infracciones contra el medioambiente ocurridas en espacios provinciales o nacionales", señaló el concejal en el proyecto.
El edil explicó que los inspectores podrán trabajar también, por ejemplo, en la preservación y el cuidado de especies como los tucanes, que actualmente se encuentran en gran cantidad en la zona urbana de Metán. Muchos de estos animales son atrapados, heridos o muertos, por lo que es necesario protegerlos.
Vecinos que colaboran
El proyecto también demanda un compromiso de los vecinos a los que se pedirá que colaboren en las acciones para proteger el medio ambiente y la fauna de la zona. "Los vecinos que deseen formalizar una denuncia o prevenir un suceso, podrán hacerlo en forma escrita ante la autoridad de aplicación municipal o telefónicamente al número perteneciente a la Municipalidad que se determine, la que trasmitirá la denuncia a los guardias am bientales", dijo Issa.
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Salta impulsa la energía sola en zonas rurales
En Salta se instalarán más de 9.000 paneles solares para familias que viven en zonas rurales
Fecha de Publicación: 11/03/2017
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Salta
Los beneficiarios están distribuidos en los 23 departamentos de la provincia. El programa es financiado por el Banco Mundial. Más familias podrían incorporarse a este beneficio.
La Secretaría de Energía y el Ente Regulador de los Servicios Públicos confirmaron que a lo largo del presente año se instalarán en zonas rurales de Salta un total de 9.000 equipos fotovoltaicos en poblaciones rurales. La inversión se realizará en el marco del Programa PERMER II (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), que es financiado por un crédito del Banco Mundial.
A través de dos licitaciones que se encuentran en marcha, se confirmó que los primeros 6.000 equipos se instalarán a vecinos de los departamentos de Anta, La Caldera, Los Andes, La Poma, Chicoana, Rosario de Lerma, Cerrillos, Metán, La Candelaria, Guachipas, La Viña, Capital, General Güemes, San Carlos, Rivadavia, Molinos, Cafayate y Cachi. En todos los casos, está previsto que la totalidad de las instalaciones se ejecuten en el transcurso de este año.
Por otra parte, otros 2.600 sistemas se instalarán en los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, San Martín y Rosario de la Frontera. Estas jurisdicciones fueron seleccionadas para llevar a cabo un Estudio de Impacto cuya ejecución ya fue adjudicada. Por ese motivo, el cronograma de instalaciones será diferente al de los anteriores.
En todos los departamentos está prevista la incorporación de hasta un 15% de sistemas adicionales para aquellas familias que aún no hayan solicitado los sistemas.
En Salta este Programa subsidia la provisión e instalación de sistemas fotovoltaicos individuales, miniredes con generación mini hidráulica, solar o híbridas, sistemas solares para fines térmicos (cocinas parabólicas, hornos solares, termotanques solares), sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua potable para pequeñas comunidades donde ya exista el servicio y sistemas fotovoltaicos para proyectos productivos.
La puesta en marcha de cada proyecto se lleva adelante de manera articulada entre la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) de la Secretaría de Energía de Nación y la de la provincia.
El PERMER permite el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, de manera limpia y renovable, constituyendo así una política de inclusión social que genera una mayor igualdad de oportunidades y una mejora en la calidad de vida de la población.
Para mayor información concurrir a las oficinas de la Unidad Ejecutora del PERMER Salta, Mitre 1231 (Ente Regulador de Servicios Públicos), o comunicarse con la línea gratuita 0800-444-7400.
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Fecha de Publicación: 11/03/2017
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Salta
Los beneficiarios están distribuidos en los 23 departamentos de la provincia. El programa es financiado por el Banco Mundial. Más familias podrían incorporarse a este beneficio.
La Secretaría de Energía y el Ente Regulador de los Servicios Públicos confirmaron que a lo largo del presente año se instalarán en zonas rurales de Salta un total de 9.000 equipos fotovoltaicos en poblaciones rurales. La inversión se realizará en el marco del Programa PERMER II (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), que es financiado por un crédito del Banco Mundial.
A través de dos licitaciones que se encuentran en marcha, se confirmó que los primeros 6.000 equipos se instalarán a vecinos de los departamentos de Anta, La Caldera, Los Andes, La Poma, Chicoana, Rosario de Lerma, Cerrillos, Metán, La Candelaria, Guachipas, La Viña, Capital, General Güemes, San Carlos, Rivadavia, Molinos, Cafayate y Cachi. En todos los casos, está previsto que la totalidad de las instalaciones se ejecuten en el transcurso de este año.
Por otra parte, otros 2.600 sistemas se instalarán en los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, San Martín y Rosario de la Frontera. Estas jurisdicciones fueron seleccionadas para llevar a cabo un Estudio de Impacto cuya ejecución ya fue adjudicada. Por ese motivo, el cronograma de instalaciones será diferente al de los anteriores.
En todos los departamentos está prevista la incorporación de hasta un 15% de sistemas adicionales para aquellas familias que aún no hayan solicitado los sistemas.
En Salta este Programa subsidia la provisión e instalación de sistemas fotovoltaicos individuales, miniredes con generación mini hidráulica, solar o híbridas, sistemas solares para fines térmicos (cocinas parabólicas, hornos solares, termotanques solares), sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua potable para pequeñas comunidades donde ya exista el servicio y sistemas fotovoltaicos para proyectos productivos.
La puesta en marcha de cada proyecto se lleva adelante de manera articulada entre la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP) de la Secretaría de Energía de Nación y la de la provincia.
El PERMER permite el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, de manera limpia y renovable, constituyendo así una política de inclusión social que genera una mayor igualdad de oportunidades y una mejora en la calidad de vida de la población.
Para mayor información concurrir a las oficinas de la Unidad Ejecutora del PERMER Salta, Mitre 1231 (Ente Regulador de Servicios Públicos), o comunicarse con la línea gratuita 0800-444-7400.
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Metan: piden emergencia ecológica por maltrado a tucanes
Proponen que se declare emergencia ecológica en la zona
Fecha de Publicación: 10/03/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Mientras bandadas de hermosos tucanes siguen en la zona urbana metanense, los concejales tienen en el orden del día un proyecto para declarar la emergencia ecológica para el municipio. "Lo que pretendo es que se declare zona protegida a las áreas naturales del cordón montañoso, cuya fauna se encuentra amenazada, tanto como los sectores que se deforestan", dijo el autor del proyecto, Marcos Gramaglia.
La iniciativa se encuentra en estudio y contempla dos zonas: de sur a norte, desde el Arroyo de las Cañas hasta el Arroyo de las Tipas, en tanto al oeste desde la falda y hasta las cumbres de las sierras subandinas, limitando con la cordillera oriental. Se pretende que esta amplia área sea catalogada como reserva natural y paisaje protegido.
Tucanes urbanos
Nuevamente y como viene ocurriendo en los últimos años, se observan bandadas de tucanes en plena zona urbana. Las hermosas aves, de enormes y pronunciados picos color naranja, viven en las serranías del oeste. Según los especialistas, llegan a la zona urbana en busca de alimento en ciertas épocas del año.
Desde hace tiempo, vecinos y ambientalistas de la zona están preocupados por la captura y posterior matanza de los tucanes, pese a que su pico no tiene ningún valor comercial, como erróneamente se cree.
Hubo ataques con gomeras y rifles de aire comprimido y algunos los atraparon para comercializarlos en el mercado negro nacional, porque su captura está prohibida.
Otros los atrapan como mascotas, pero el destino es morir al poco tiempo, como ocurrió en varios casos, ya que se trata de aves muy delicadas que se estresan mucho ante el contacto con los humanos.
Frente a esta situación, solicitaron a las autoridades que las cuiden y preserven.
Contradictoriamente, mientras Turismo municipal trabaja para promocionar el avistaje de aves, otros atentan contra distintas especies como éstas.
Antecedentes
En septiembre de 2013, vecinos y concejales metanenses exigieron protección para tucanes, loros y otras aves que, a consecuencia de los incendios registrados en las serranías, huyeron hacia la ciudad y fueron atrapadas por desaprensivos para su posterior comercialización ilegal.
En aquella oportunidad, barrios, espacios verdes y hasta el centro de la ciudad, fueron los lugares elegidos por las aves ante el avance de las llamas y del humo que destruyeron su hábitat natural en los cerros.
"Lo lamentable, es que muchas personas atacaron a las aves", dijo en esa oportunidad la exconcejal Marisa Bernasar ante la consulta deEl Tribuno.
Preocupada por la situación, la edil presentó, junto al exconcejal de la UCR, Marcos Toledo, un proyecto para que el municipio adhiera a Ley Provincial de Medio Ambiente (7.070) y de Protección de la Fauna Silvestre (5.310).
Remarcaron que la extinción de numerosos animales es por la caza indiscriminada, entre los cuales se encuentran factores diversos: por ser considerados plaga, por ser tomadas como especies de comercialización y por la falta de una conducta responsable y toma de conciencia sobre la protección del ambiente.
Maltrato inexplicable
En agosto del año pasado, un grupo de chicos atrapó a un hermoso ejemplar de tucán. Lo golpearon y le cortaron las plumas de las alas para que no pudiera volar. La Policía lo rescató y lo llevó a un veterinario, pero el animal murió por las heridas y el estrés que sufrió.
La situación causó una gran indignación en la ciudad cuando una joven que aparentemente presenció esa atrocidad subió la grabación en Instagram.
La Policía intervino en el caso cuando personal de la división de Seguridad Urbana realizaba un patrullaje preventivo en inmediaciones de las calles San Martín y Joaquín V. González y observó al grupo, quienes escaparon al observar a los uniformados y abandonaron al ave totalmente golpeada. Los efectivos también se comunicaron con la Estación de Fauna Autóctona provincial, quienes previeron buscar al ejemplar al día siguiente, pero lamentablemente murió como consecuencia del maltrato.
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Fecha de Publicación: 10/03/2017
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Mientras bandadas de hermosos tucanes siguen en la zona urbana metanense, los concejales tienen en el orden del día un proyecto para declarar la emergencia ecológica para el municipio. "Lo que pretendo es que se declare zona protegida a las áreas naturales del cordón montañoso, cuya fauna se encuentra amenazada, tanto como los sectores que se deforestan", dijo el autor del proyecto, Marcos Gramaglia.
La iniciativa se encuentra en estudio y contempla dos zonas: de sur a norte, desde el Arroyo de las Cañas hasta el Arroyo de las Tipas, en tanto al oeste desde la falda y hasta las cumbres de las sierras subandinas, limitando con la cordillera oriental. Se pretende que esta amplia área sea catalogada como reserva natural y paisaje protegido.
Tucanes urbanos
Nuevamente y como viene ocurriendo en los últimos años, se observan bandadas de tucanes en plena zona urbana. Las hermosas aves, de enormes y pronunciados picos color naranja, viven en las serranías del oeste. Según los especialistas, llegan a la zona urbana en busca de alimento en ciertas épocas del año.
Desde hace tiempo, vecinos y ambientalistas de la zona están preocupados por la captura y posterior matanza de los tucanes, pese a que su pico no tiene ningún valor comercial, como erróneamente se cree.
Hubo ataques con gomeras y rifles de aire comprimido y algunos los atraparon para comercializarlos en el mercado negro nacional, porque su captura está prohibida.
Otros los atrapan como mascotas, pero el destino es morir al poco tiempo, como ocurrió en varios casos, ya que se trata de aves muy delicadas que se estresan mucho ante el contacto con los humanos.
Frente a esta situación, solicitaron a las autoridades que las cuiden y preserven.
Contradictoriamente, mientras Turismo municipal trabaja para promocionar el avistaje de aves, otros atentan contra distintas especies como éstas.
Antecedentes
En septiembre de 2013, vecinos y concejales metanenses exigieron protección para tucanes, loros y otras aves que, a consecuencia de los incendios registrados en las serranías, huyeron hacia la ciudad y fueron atrapadas por desaprensivos para su posterior comercialización ilegal.
En aquella oportunidad, barrios, espacios verdes y hasta el centro de la ciudad, fueron los lugares elegidos por las aves ante el avance de las llamas y del humo que destruyeron su hábitat natural en los cerros.
"Lo lamentable, es que muchas personas atacaron a las aves", dijo en esa oportunidad la exconcejal Marisa Bernasar ante la consulta deEl Tribuno.
Preocupada por la situación, la edil presentó, junto al exconcejal de la UCR, Marcos Toledo, un proyecto para que el municipio adhiera a Ley Provincial de Medio Ambiente (7.070) y de Protección de la Fauna Silvestre (5.310).
Remarcaron que la extinción de numerosos animales es por la caza indiscriminada, entre los cuales se encuentran factores diversos: por ser considerados plaga, por ser tomadas como especies de comercialización y por la falta de una conducta responsable y toma de conciencia sobre la protección del ambiente.
Maltrato inexplicable
En agosto del año pasado, un grupo de chicos atrapó a un hermoso ejemplar de tucán. Lo golpearon y le cortaron las plumas de las alas para que no pudiera volar. La Policía lo rescató y lo llevó a un veterinario, pero el animal murió por las heridas y el estrés que sufrió.
La situación causó una gran indignación en la ciudad cuando una joven que aparentemente presenció esa atrocidad subió la grabación en Instagram.
La Policía intervino en el caso cuando personal de la división de Seguridad Urbana realizaba un patrullaje preventivo en inmediaciones de las calles San Martín y Joaquín V. González y observó al grupo, quienes escaparon al observar a los uniformados y abandonaron al ave totalmente golpeada. Los efectivos también se comunicaron con la Estación de Fauna Autóctona provincial, quienes previeron buscar al ejemplar al día siguiente, pero lamentablemente murió como consecuencia del maltrato.
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Puna salteña en la mira canadiense por el litio
Minera canadiense comenzará a sondear reservas de litio en la Puna salteña
Fecha de Publicación: 28/02/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
En los últimos días, Argentina Lithium, compañía subsidiaria de Groso Group, comunicó que obtuvo el permiso correspondiente para que el grupo canadiense comience con los trabajos de exploración para el proyecto "Arizaro Lithium”, en el Salar de Arizaro.
Dicho anuncio establece que "la compañía está movilizando equipos para crear rutas de acceso en la propiedad de 20.500 hectáreas. Se espera que los trabajos de exploración detallados comiencen a mediados de febrero. Lo cual incluirá un muestreo geoquímico cerca de la superficie y un sondeo geofísico de eléctrico vertical (VES) para delinear las zonas conductoras a profundidad que pueden albergar salmueras con litio".
Además explica que los datos de esta primera etapa se utilizarán con el propósito de definir objetivos para un programa de perforación que está previsto para principios del segundo trimestre de 2017.
Por su parte, Nikolaos Cacos, Presidente y CEO de la empresa, comentó: "Estamos muy contentos de dar el primer paso en un programa de exploración sistemática para investigar el Proyecto Arizaro para salmueras ricas en litio".
Argentina Lithium tendrá la opción de obtener una participación de 100% en el proyecto Arizaro Lithium Brine, incluyendo 20.500 hectáreas en el núcleo central del Salar de Arizaro, el más grande de Argentina y el tercero en el "Triángulo de Litio", formado por el Salar de Uyuni, en Bolivia; el Salar de Atacama, en Chile; y los salares de la Puna argentina.
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Fecha de Publicación: 28/02/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
En los últimos días, Argentina Lithium, compañía subsidiaria de Groso Group, comunicó que obtuvo el permiso correspondiente para que el grupo canadiense comience con los trabajos de exploración para el proyecto "Arizaro Lithium”, en el Salar de Arizaro.
Dicho anuncio establece que "la compañía está movilizando equipos para crear rutas de acceso en la propiedad de 20.500 hectáreas. Se espera que los trabajos de exploración detallados comiencen a mediados de febrero. Lo cual incluirá un muestreo geoquímico cerca de la superficie y un sondeo geofísico de eléctrico vertical (VES) para delinear las zonas conductoras a profundidad que pueden albergar salmueras con litio".
Además explica que los datos de esta primera etapa se utilizarán con el propósito de definir objetivos para un programa de perforación que está previsto para principios del segundo trimestre de 2017.
Por su parte, Nikolaos Cacos, Presidente y CEO de la empresa, comentó: "Estamos muy contentos de dar el primer paso en un programa de exploración sistemática para investigar el Proyecto Arizaro para salmueras ricas en litio".
Argentina Lithium tendrá la opción de obtener una participación de 100% en el proyecto Arizaro Lithium Brine, incluyendo 20.500 hectáreas en el núcleo central del Salar de Arizaro, el más grande de Argentina y el tercero en el "Triángulo de Litio", formado por el Salar de Uyuni, en Bolivia; el Salar de Atacama, en Chile; y los salares de la Puna argentina.
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Urtubey acciona contra derechos de pueblos originarios
Preso por reclamar derechos
Fecha de Publicación: 16/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.
Cesar Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario.
La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días.
Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde.
Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.
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Fecha de Publicación: 16/02/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.
Cesar Arias, dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de “amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”, lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches, narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el empresario.
La fiscal Lorena Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos. Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce días.
Hernán Mascietti es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis Ortega Velarde.
Por Twitter, Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas. “Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe, vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas, las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza. “Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7 de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión, tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34. En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y algunos medios de comunicación no les guste”.
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