Mostrando entradas con la etiqueta Salta. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Salta. Mostrar todas las entradas
Denuncia formal de los nuevos desmontes de Braun Peña
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Greenpeace denunció formalmente ante el gobierno de Salta un nuevo desmonte ilegal en finca Cuchuy
Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La ONG entregó el miércoles una denuncia formal a la Dra. Paula Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, sobre el desmonte ilegal que sigue avanzando en la finca Cuchuy, perteneciente al empresario Alejandro Braun Peña; y le reclamó que “como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y haga cumplir la normativa forestal vigente”.
Pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, las topadoras siguen avanzando en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña. El empresario es primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de varias empresas vinculadas a la familia Macri
La organización ecologista advirtió al ministerio que detectó, mediante sobrevuelos realizados durante el mes de febrero, el desmonte de 300 hectáreas en la estancia, y adjuntó documentación que lo comprueba. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
“La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados”, se expresó en un extracto de la misiva entregada al ministerio.
A su vez, la denuncia hizo mención a la decisión tomada por la provincia para frenar el desmonte en estas fincas.
“Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que ‘suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy’”.
.
Fecha de Publicación: 26/02/2018
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
La ONG entregó el miércoles una denuncia formal a la Dra. Paula Bibini, Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, sobre el desmonte ilegal que sigue avanzando en la finca Cuchuy, perteneciente al empresario Alejandro Braun Peña; y le reclamó que “como máxima autoridad ambiental de la provincia, cumpla y haga cumplir la normativa forestal vigente”.
Pese a las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, las topadoras siguen avanzando en la finca Cuchuy, propiedad de Alejandro Braun Peña. El empresario es primo del jefe de gabinete de la Nación e integrante del directorio de varias empresas vinculadas a la familia Macri
La organización ecologista advirtió al ministerio que detectó, mediante sobrevuelos realizados durante el mes de febrero, el desmonte de 300 hectáreas en la estancia, y adjuntó documentación que lo comprueba. La deforestación en la finca, denunció la organización, continuó a pesar de las resoluciones de las autoridades nacionales y provinciales.
“La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; y declaró ilegales los 32 permisos otorgados por Salta para deforestar en áreas protegidas; e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados”, se expresó en un extracto de la misiva entregada al ministerio.
A su vez, la denuncia hizo mención a la decisión tomada por la provincia para frenar el desmonte en estas fincas.
“Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta emitió la Resolución N° 19 y anunció públicamente que ‘suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente. La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo. En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy’”.
.
Los Braun Peña sigue desmontando Salta
Braun Peña sigue desmontando
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
.
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
.
Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Salta
|
0
comentarios
Ya hay 8500 afectados por la crecida del Pilcomayo
Salta: ya son 8500 los afectados por la crecida del río Pilcomayo
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta
Ya son unas 8000 personas las afectadas por la crecida del río Pilcomayo, en el norte salteño. Tras llegar a su pico histórico, hoy tendía a estabilizarse, aunque la fuerza del agua arrasó parajes enteros situados en la costa de Santa Victoria Este.
La Cruz Roja Argentina advirtió que "la situación humanitaria es muy compleja". La organización en conjunto con la Gendarmería Nacional y el Ejército, armaron un campamento a la vera de la ruta 54, al altura del kilómetro 79, para asistir a las familias que perdieron todo y a las que se autoevacuaron allí. Además, algunas de las evacuados fueron desplazadas a Tartagal, Aguaray y Campo Duran.
En el lugar, las familias "disponen de servicios esenciales y reciben alimentos y atención de salud básica", indicó la secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La colaboración de las fuerzas de seguridad se extiende a otros centros que se montaron para atender a los afectados y, al mismo tiempo, los efectivos realizan relevamientos en las zonas más castigadas con el objetivo de ampliar la asistencia a la población.
A través de helicópteros se realizan vuelos sanitarios para sacar a personas que padecen distintas enfermedades y permanecen aislados. Mientras, se asisten con elementos de primera necesidad a los aislados de Santa Victoria Este y de las comunidades de San Luis y Las Vertientes.
La ruta 54 fue cortada en varios tramos por la fuerza de la crecida del río que desde el jueves superó sus niveles históricos y arrasó numerosos parajes en la costa del municipio de Santa Victoria Este.
Ayuda nacional y provincial
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación despachó un cargamento con tirantes, colchones, frazadas, elementos de higiene personal y módulos de alimentos; en tanto, funcionarios de la cartera viajarán en las próximas horas para coordinar con las autoridades salteñas un mayor nivel de asistencia.
El Ministerio de Salud de la Nación, envió pastillas potabilizadoras y distintas partidas de suero antiofídico para atender mordeduras de serpientes. En trabajo mancomunado, el Ministerio de Salud Pública de Salta realiza en cada punto, un control de cada persona que ingresa al tiempo que efectúa una campaña de vacunación.
También colaboran equipos especializados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y funcionarios de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior. Agentes de Gendarmería ayudan a restablecer la conectividad vial.
"El Estado y las organizaciones que trabajamos en la zona hemos tomado todas las medidas para atender este desastre, priorizando salvaguardar la vida de las personas en la región, pero aún hay comunidades aisladas e incomunicadas" comentó Cristian Bolado, Director de Respuesta a Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina.
"El foco está en Santa Victoria Este, zona que abarca pequeñas y medianas comunidades, pero también se encuentra afectada gran parte del norte de Salta; día a día la situación evoluciona de manera diversa, por lo cual estamos evaluando permanentemente esta emergencia", agregó Bolado.
Por su parte, la Cruz Roja notificó que "existen vacíos humanitarios significativos en materia de agua, saneamiento, promoción de la salud y alojamiento temporal, entre otras"; a pesar de que el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Salta, y otras fuerzas y organizaciones se encuentran trabajando en la respuesta a la Emergencia.
Equipos de salud trabajan en puestos médicos de avanzada, dispuestos estratégicamente en distintas localidades de los departamentos San Martín y Rivadavia, para asistir a las familias evacuadas y afectadas por las inundaciones.
------------------------------------------------------------------------
Afirman que el fenómeno de "La Niña" causa las inundaciones en Salta
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
El SMN confirma la relación del fenómeno y las lluvias del noroeste. El pronóstico para los próximos meses.
La crecida del río Pilcomayo llegó a su pico histórico y dejó pueblos aislados. Salta es la provincia más afectada, pero el drama se vive también en Chaco, Tucumán, Formosa y el sur de Bolivia. En medio de una desesperada búsqueda de soluciones, también suelen señalarse culpables. Y, a nivel climático, una de las causas es el llamado "fenómeno de La Niña".
"Cuando hay fenómeno de La Niña, en Argentina se da la señal que estamos teniendo: puede llover mucho en el Noroeste (NOA), lo que coincide o refuerza el período de lluvias --que en el NOA es en el verano--. Entonces, las lluvias se ven favorecidas en Salta, Jujuy, Tucumán. También está pasando que se ven las lluvias inhibidas en el litoral y Buenos Aires. Y además se promueven las altas temperaturas en la Patagonia", explica a Clarín Ignacio López Amorín, meteorólogo y difusor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
"Todas las señales que tiene el fenómeno de La Niña en esta época del año se están verificando. Por lo tanto, la respuesta es que sí está relacionado", subraya el meteorólogo, en referencia a la problemática en las provincias del norte argentino.
La Niña es un fenómeno de interacción océano-atmósfera que se caracteriza por la aparición de temperaturas oceánicas superficiales inusualmente bajas en el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial. Provoca anomalías climáticas de distinto tipo, hasta incrementa los ciclones tropicales en el Caribe.
Las condiciones actuales son consistentes con una fase fría o "Niña débil". En diciembre de 2017 el enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar en las regiones Niño se había debilitado, pero en enero volvió a intensificarse. La atmósfera volvió a responder a dicho enfriamiento a través del Índice de Oscilación del Sur, que terminó en enero con valores acordes a una fase Niña.
En el NOA, el fenómeno empezó en enero y sigue hasta marzo. Ahora, en febrero, estamos transitando el momento más fuerte.
La Niña llegó también a Bolivia, que ya declaró una alerta nacional. Las inundaciones afectan a 50 mil personas en siete regiones de ese país. "El movimiento del aire producido por los sistemas de presión que se dan cuando el fenómeno de La Niña está presente en esta época del año, es lo que origina las precipitaciones", sostiene López Amorin.
¿Qué pasará en los próximos meses? Para febrero, marzo y abril, el informe trimestral del SMN indica precipitaciones por encima de lo normal en el NOA. "Vamos a continuar con el mismo patrón. El informe indica una probabilidad muy alta de tener lluvias muy importantes, hasta abril inclusive", dice López Amorin. "En parte porque es la época, y en parte porque es reforzada por la circulación que promueve el fenómeno de La Niña", continúa.
Durante el otoño, finalmente llegaría el alivio. "Después de abril, por climatología deja de llover, porque lo normal es que llueva en el verano", explica el meteorólogo. "Es una Niña que es tardía y de corta duración. Ningún modelo computacional está extendiéndola más allá de abril. Es probable que entremos en una neutralidad", concluye.
.
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta
Ya son unas 8000 personas las afectadas por la crecida del río Pilcomayo, en el norte salteño. Tras llegar a su pico histórico, hoy tendía a estabilizarse, aunque la fuerza del agua arrasó parajes enteros situados en la costa de Santa Victoria Este.
La Cruz Roja Argentina advirtió que "la situación humanitaria es muy compleja". La organización en conjunto con la Gendarmería Nacional y el Ejército, armaron un campamento a la vera de la ruta 54, al altura del kilómetro 79, para asistir a las familias que perdieron todo y a las que se autoevacuaron allí. Además, algunas de las evacuados fueron desplazadas a Tartagal, Aguaray y Campo Duran.
En el lugar, las familias "disponen de servicios esenciales y reciben alimentos y atención de salud básica", indicó la secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La colaboración de las fuerzas de seguridad se extiende a otros centros que se montaron para atender a los afectados y, al mismo tiempo, los efectivos realizan relevamientos en las zonas más castigadas con el objetivo de ampliar la asistencia a la población.
A través de helicópteros se realizan vuelos sanitarios para sacar a personas que padecen distintas enfermedades y permanecen aislados. Mientras, se asisten con elementos de primera necesidad a los aislados de Santa Victoria Este y de las comunidades de San Luis y Las Vertientes.
La ruta 54 fue cortada en varios tramos por la fuerza de la crecida del río que desde el jueves superó sus niveles históricos y arrasó numerosos parajes en la costa del municipio de Santa Victoria Este.
Ayuda nacional y provincial
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación despachó un cargamento con tirantes, colchones, frazadas, elementos de higiene personal y módulos de alimentos; en tanto, funcionarios de la cartera viajarán en las próximas horas para coordinar con las autoridades salteñas un mayor nivel de asistencia.
El Ministerio de Salud de la Nación, envió pastillas potabilizadoras y distintas partidas de suero antiofídico para atender mordeduras de serpientes. En trabajo mancomunado, el Ministerio de Salud Pública de Salta realiza en cada punto, un control de cada persona que ingresa al tiempo que efectúa una campaña de vacunación.
También colaboran equipos especializados del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y funcionarios de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior. Agentes de Gendarmería ayudan a restablecer la conectividad vial.
"El Estado y las organizaciones que trabajamos en la zona hemos tomado todas las medidas para atender este desastre, priorizando salvaguardar la vida de las personas en la región, pero aún hay comunidades aisladas e incomunicadas" comentó Cristian Bolado, Director de Respuesta a Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina.
"El foco está en Santa Victoria Este, zona que abarca pequeñas y medianas comunidades, pero también se encuentra afectada gran parte del norte de Salta; día a día la situación evoluciona de manera diversa, por lo cual estamos evaluando permanentemente esta emergencia", agregó Bolado.
Por su parte, la Cruz Roja notificó que "existen vacíos humanitarios significativos en materia de agua, saneamiento, promoción de la salud y alojamiento temporal, entre otras"; a pesar de que el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Salta, y otras fuerzas y organizaciones se encuentran trabajando en la respuesta a la Emergencia.
Equipos de salud trabajan en puestos médicos de avanzada, dispuestos estratégicamente en distintas localidades de los departamentos San Martín y Rivadavia, para asistir a las familias evacuadas y afectadas por las inundaciones.
------------------------------------------------------------------------
Afirman que el fenómeno de "La Niña" causa las inundaciones en Salta
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Salta
El SMN confirma la relación del fenómeno y las lluvias del noroeste. El pronóstico para los próximos meses.
La crecida del río Pilcomayo llegó a su pico histórico y dejó pueblos aislados. Salta es la provincia más afectada, pero el drama se vive también en Chaco, Tucumán, Formosa y el sur de Bolivia. En medio de una desesperada búsqueda de soluciones, también suelen señalarse culpables. Y, a nivel climático, una de las causas es el llamado "fenómeno de La Niña".
"Cuando hay fenómeno de La Niña, en Argentina se da la señal que estamos teniendo: puede llover mucho en el Noroeste (NOA), lo que coincide o refuerza el período de lluvias --que en el NOA es en el verano--. Entonces, las lluvias se ven favorecidas en Salta, Jujuy, Tucumán. También está pasando que se ven las lluvias inhibidas en el litoral y Buenos Aires. Y además se promueven las altas temperaturas en la Patagonia", explica a Clarín Ignacio López Amorín, meteorólogo y difusor del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
"Todas las señales que tiene el fenómeno de La Niña en esta época del año se están verificando. Por lo tanto, la respuesta es que sí está relacionado", subraya el meteorólogo, en referencia a la problemática en las provincias del norte argentino.
La Niña es un fenómeno de interacción océano-atmósfera que se caracteriza por la aparición de temperaturas oceánicas superficiales inusualmente bajas en el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial. Provoca anomalías climáticas de distinto tipo, hasta incrementa los ciclones tropicales en el Caribe.
Las condiciones actuales son consistentes con una fase fría o "Niña débil". En diciembre de 2017 el enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar en las regiones Niño se había debilitado, pero en enero volvió a intensificarse. La atmósfera volvió a responder a dicho enfriamiento a través del Índice de Oscilación del Sur, que terminó en enero con valores acordes a una fase Niña.
En el NOA, el fenómeno empezó en enero y sigue hasta marzo. Ahora, en febrero, estamos transitando el momento más fuerte.
La Niña llegó también a Bolivia, que ya declaró una alerta nacional. Las inundaciones afectan a 50 mil personas en siete regiones de ese país. "El movimiento del aire producido por los sistemas de presión que se dan cuando el fenómeno de La Niña está presente en esta época del año, es lo que origina las precipitaciones", sostiene López Amorin.
¿Qué pasará en los próximos meses? Para febrero, marzo y abril, el informe trimestral del SMN indica precipitaciones por encima de lo normal en el NOA. "Vamos a continuar con el mismo patrón. El informe indica una probabilidad muy alta de tener lluvias muy importantes, hasta abril inclusive", dice López Amorin. "En parte porque es la época, y en parte porque es reforzada por la circulación que promueve el fenómeno de La Niña", continúa.
Durante el otoño, finalmente llegaría el alivio. "Después de abril, por climatología deja de llover, porque lo normal es que llueva en el verano", explica el meteorólogo. "Es una Niña que es tardía y de corta duración. Ningún modelo computacional está extendiéndola más allá de abril. Es probable que entremos en una neutralidad", concluye.
.
Productores salteños enojados con Bergman y Urtubey
Prohibición de desmontes: productores salteños aseguran que se afecta el desarrollo de la provincia
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
.
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
.
Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Salta
|
0
comentarios
Urtubey se hecha atrás: ordena parar desmonte de Braun Peña
El gobierno de Urtubey intimó a Braun Peña para que frene el desmonte
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
.
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
.
Etiquetas:
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
Salta
|
0
comentarios
Salta: el río Arenales sin nadie que lo cuide
El Estado hace vista gorda a la contaminación del río Arenales
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La Justicia no se interesa en identificar las fuentes de los volcamientos para frenarlos.Organismos se pasan la pelota mientras la salud está en vilo en barrios ribereños.
La contaminación del río Arenales y del dique Cabra Corral ocupó a fiscales y jueces, tanto federales como provinciales, desde tempranas épocas de la presa inaugurada en 1973. A lo largo de cuatro décadas, trabajos científicos dieron cuenta de la progresiva degradación de los cursos de la alta cuenca del Juramento y los daños causados en el ambiente, la vida acuática y la salud pública por descargas cloacales crudas, volcamientos industriales nocivos y agrotóxicos desechados sin control.
Otras investigaciones pusieron el acento en los lixiviados desprendidos de los vertederos de la ciudad de Salta y en los descomunales volúmenes de residuos arrastrados hacia el gran espejo de agua por los ríos Rosario, Chicoana y Pulares.
Por años, municipios del Valle de Lerma usaron a esos y otros cauces como basurales a cielo abierto. Ningún tribunal respondió a las denuncias y las evidencias fueron borradas, año tras año, por las quemas y crecidas.
La contaminación bacteriológica y con metales pesados está sobradamente probada en el río Arenales, tanto por estudios que encararon investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), como por análisis que ordenó la Justicia ante denuncias más recientes.
Sin embargo, nadie se interesa en identificar las fuentes de contaminación y parar los volcamientos ilegales.
Metales pesados
Informes que giró el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) al juez Marcelo Domínguez dieron cuenta de niveles de metales pesados que superan hasta en decenas de veces los límites permitidos. Los criterios con que se eligieron los puntos del muestreo, lamentablemente, impedirán que las fuentes contaminantes puedan ser identificadas como se debe.
Las conclusiones del Departamento Técnico Científico del CIF fueron presentadas en septiembre de 2017 como una revelación novedosa, desprendida del amparo que promovieron concejales del Partido Obrero, un mes antes, por presuntas deficiencias y negligencias en la operación del relleno sanitario.
Los datos que informó el fiscal penal Federico Jovanovics no fueron distintos a los que había difundido el Ministerio Público, un año antes, en relación con otra causa que tiene como actores a vecinos de Ceferino y barrios aledaños desde 2011.
También en ese expediente, la mira del sistema judicial quedó enfocada casi exclusivamente en las responsabilidades que son de competencia municipal, porque Aguas del Norte quedó redimida de sus descargas cloacales crudas con una modesta inversión focalizada en la zona de Ceferino.
Así, con la contaminación bacteriológica soslayada y el foco puesto solo en el relleno sanitario, aquel informe del CIF dio pie a una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.
En septiembre último, sobre idénticas bases, el fiscal Jovanovics encaró otra investigación penal en la que la contaminación del río Arenales se determinó, según su propia aclaración, "con dos muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero".
Los organismos provinciales denunciados usaron el mismo criterio para tirar las responsabilidades al municipio, que el pasado 16 de noviembre presentó al juez Domínguez un extenso descargo.
El descargo municipal
El escrito no desconoce la severa contaminación del Arenales, que a estas alturas se ve hasta desde el espacio, como mostró El Tribuno en un informe publicado el 26 de noviembre último. Sí objeta la inexistencia de conclusiones científicas determinantes sobre las filtraciones de lixiviados y otras irregularidades denunciadas en el relleno que recibe diariamente cerca de 850 toneladas de residuos recolectados en Salta, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.
El descargó municipal también se apoyó en la falta de una investigación exhaustiva que confirme o descarte la vinculación del vertedero con las afecciones respiratorias, gastrointestinales y dérmicas denunciadas en barrios cercanos.
Las conclusiones de los análisis realizados por el CIF también fueron presentadas ante el juez como paradójica certificación de que existen, aguas arriba del vertedero, fuentes contaminantes que esperan ser identificadas.
Una de ellas es la planta depuradora de líquidos cloacales que colinda con el relleno sanitario. Solo tiene capacidad para tratar los efluentes de 290.000 personas, pero la capital tiene más del doble de habitantes.
Desde su caño de descargas hacia el dique Cabra Corral se observa un abrupto cambio de tonalidad en las aguas del Arenales. La turbiedad concuerda con elevados indicadores de contaminación que midió el laboratorio Bioagronort, en agosto de 2017, en las cercanías de las instalaciones de Aguas del Norte. “La contaminación que arrastra el río Arenales aguas arriba del relleno sanitario es muy elevada, con altos valores de materia orgánica (DQO y DBO) y un gran aporte de bacterias del tipo coliformes fecales, que permiten inferir que pueden provenir de cloacales mal tratados. Al ser el aporte tan elevado, podemos tener un indicio de que, por la carga y el volumen, pueden ser de un tratamiento de líquidos cloacales que no cumple con los parámetros de vuelco a río”, concluyó el laboratorio en el informe que elevó al Municipio.
Las muestras tomadas por el CIF en el mismo sector del río también reflejaron la contaminación, pero los técnicos y fiscales del Ministerio Público no parecen haberse interesado en los altísimos niveles bacteriológicos que complican a la empresa provincial Aguas del Norte.
De esa forma, lejos identificar las diferentes fuentes de contaminación, para frenar los volcamientos irregulares y determinar fehacientemente las responsabilidades, distintos poderes Estado condenan a barrios enteros, a cientos de familias, a miles de niños y niñas, a seguir conviviendo con un ambiente cada vez más insano.
.
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La Justicia no se interesa en identificar las fuentes de los volcamientos para frenarlos.Organismos se pasan la pelota mientras la salud está en vilo en barrios ribereños.
La contaminación del río Arenales y del dique Cabra Corral ocupó a fiscales y jueces, tanto federales como provinciales, desde tempranas épocas de la presa inaugurada en 1973. A lo largo de cuatro décadas, trabajos científicos dieron cuenta de la progresiva degradación de los cursos de la alta cuenca del Juramento y los daños causados en el ambiente, la vida acuática y la salud pública por descargas cloacales crudas, volcamientos industriales nocivos y agrotóxicos desechados sin control.
Otras investigaciones pusieron el acento en los lixiviados desprendidos de los vertederos de la ciudad de Salta y en los descomunales volúmenes de residuos arrastrados hacia el gran espejo de agua por los ríos Rosario, Chicoana y Pulares.
Por años, municipios del Valle de Lerma usaron a esos y otros cauces como basurales a cielo abierto. Ningún tribunal respondió a las denuncias y las evidencias fueron borradas, año tras año, por las quemas y crecidas.
La contaminación bacteriológica y con metales pesados está sobradamente probada en el río Arenales, tanto por estudios que encararon investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), como por análisis que ordenó la Justicia ante denuncias más recientes.
Sin embargo, nadie se interesa en identificar las fuentes de contaminación y parar los volcamientos ilegales.
Metales pesados
Informes que giró el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) al juez Marcelo Domínguez dieron cuenta de niveles de metales pesados que superan hasta en decenas de veces los límites permitidos. Los criterios con que se eligieron los puntos del muestreo, lamentablemente, impedirán que las fuentes contaminantes puedan ser identificadas como se debe.
Las conclusiones del Departamento Técnico Científico del CIF fueron presentadas en septiembre de 2017 como una revelación novedosa, desprendida del amparo que promovieron concejales del Partido Obrero, un mes antes, por presuntas deficiencias y negligencias en la operación del relleno sanitario.
Los datos que informó el fiscal penal Federico Jovanovics no fueron distintos a los que había difundido el Ministerio Público, un año antes, en relación con otra causa que tiene como actores a vecinos de Ceferino y barrios aledaños desde 2011.
También en ese expediente, la mira del sistema judicial quedó enfocada casi exclusivamente en las responsabilidades que son de competencia municipal, porque Aguas del Norte quedó redimida de sus descargas cloacales crudas con una modesta inversión focalizada en la zona de Ceferino.
Así, con la contaminación bacteriológica soslayada y el foco puesto solo en el relleno sanitario, aquel informe del CIF dio pie a una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.
En septiembre último, sobre idénticas bases, el fiscal Jovanovics encaró otra investigación penal en la que la contaminación del río Arenales se determinó, según su propia aclaración, "con dos muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero".
Los organismos provinciales denunciados usaron el mismo criterio para tirar las responsabilidades al municipio, que el pasado 16 de noviembre presentó al juez Domínguez un extenso descargo.
El descargo municipal
El escrito no desconoce la severa contaminación del Arenales, que a estas alturas se ve hasta desde el espacio, como mostró El Tribuno en un informe publicado el 26 de noviembre último. Sí objeta la inexistencia de conclusiones científicas determinantes sobre las filtraciones de lixiviados y otras irregularidades denunciadas en el relleno que recibe diariamente cerca de 850 toneladas de residuos recolectados en Salta, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.
El descargó municipal también se apoyó en la falta de una investigación exhaustiva que confirme o descarte la vinculación del vertedero con las afecciones respiratorias, gastrointestinales y dérmicas denunciadas en barrios cercanos.
Las conclusiones de los análisis realizados por el CIF también fueron presentadas ante el juez como paradójica certificación de que existen, aguas arriba del vertedero, fuentes contaminantes que esperan ser identificadas.
Una de ellas es la planta depuradora de líquidos cloacales que colinda con el relleno sanitario. Solo tiene capacidad para tratar los efluentes de 290.000 personas, pero la capital tiene más del doble de habitantes.
Desde su caño de descargas hacia el dique Cabra Corral se observa un abrupto cambio de tonalidad en las aguas del Arenales. La turbiedad concuerda con elevados indicadores de contaminación que midió el laboratorio Bioagronort, en agosto de 2017, en las cercanías de las instalaciones de Aguas del Norte. “La contaminación que arrastra el río Arenales aguas arriba del relleno sanitario es muy elevada, con altos valores de materia orgánica (DQO y DBO) y un gran aporte de bacterias del tipo coliformes fecales, que permiten inferir que pueden provenir de cloacales mal tratados. Al ser el aporte tan elevado, podemos tener un indicio de que, por la carga y el volumen, pueden ser de un tratamiento de líquidos cloacales que no cumple con los parámetros de vuelco a río”, concluyó el laboratorio en el informe que elevó al Municipio.
Las muestras tomadas por el CIF en el mismo sector del río también reflejaron la contaminación, pero los técnicos y fiscales del Ministerio Público no parecen haberse interesado en los altísimos niveles bacteriológicos que complican a la empresa provincial Aguas del Norte.
De esa forma, lejos identificar las diferentes fuentes de contaminación, para frenar los volcamientos irregulares y determinar fehacientemente las responsabilidades, distintos poderes Estado condenan a barrios enteros, a cientos de familias, a miles de niños y niñas, a seguir conviviendo con un ambiente cada vez más insano.
.
Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña
Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
.
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
.
Etiquetas:
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
Salta
|
0
comentarios
El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
.
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
.
Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
.
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
.
Grave situación ambiental en Salta con empresa de agua
Buscan una nueva forma de remediar el daño ambiental
Fecha de Publicación: 25/11/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El lunes de la semana pasada el Concejo Deliberante de Salta capital presentó una denuncia contra Aguas del Norte por los piletones ubicados en el barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.
"Nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, conforme a la Ley 7.070 de protección del medio ambiente, que establece que en el caso de que un funcionario tome conocimiento de un daño ambiental lo denuncie. En la misma esgrimimos el principio de "contaminador pagador", que significa que quien genere una alteración ambiental no permitida deberá pagar por las acciones de prevención y será responsable de los daños ocasionados. Solicitamos al Ministerio, en este caso, que la empresa Aguas del Norte lo haga", explicó a El Tribuno el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada.
"Le pedimos al Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación, que verifique el daño, lo cual se logra con una visita. También buscamos que se ocupe de intimar, aplicar sanciones para que quien lo produjo lo repare, a fin de que la situación cese. En caso de que no avancemos, recurriremos a la Justicia", recalcó.
"Muchos años atrás los piletones eran utilizados para desechos cloacales por la empresa de aguas. Luego se dejaron de utilizar y se construyó una planta depuradora mucho más atrás. El problema es que los piletones quedaron ahí y nadie se hace responsable. En 2007 el Concejo Deliberante sacó una resolución que expresaba que la empresa debía hacerse cargo y dar una solución, pero pasaron 10 años y el agua sigue ahí. La situación se agrava y por esa razón presenté este último proyecto con el fin de que el Concejo presente la denuncia. Los concejales apoyaron la misma", detalló el concejal.
"Me contacté con la empresa Aguas del Norte tras visitar el barrio a principios de este año y me explicaron que habían realizado estudios desde una universidad y que los líquidos se drenarían solos, que iban a terminar secándose, pero ya pasaron 10 años desde que el Concejo sacó la primera resolución y el problema continúa", sostuvo.
"Las lluvias alimentan los piletones. El problema no retrocede, no se drena nada, la contaminación es tremenda y, para peor, el lugar es utilizado como microbasural, porque hay gente que lleva hasta animales muertos y los deja ahí", describió el concejal.
Desde Aguas del Norte
"Las autoridades deben eliminar, sacar estas aguas contaminadas que están detenidas aquí. Tienen que rellenar los piletones, que le causan daño a todos los vecinos de la zona norte. Cuando comience la época de lluvias será un caos", anticipó Ricardo Mamaní, uno de los vecinos de la zona afectado por la contaminación y los insectos.
Desde el área de Comunicaciones de la empresa Aguas del Norte, en tanto, expresaron a El Tribuno que están dispuestos a aportar información del caso, con datos específicos sobre investigaciones al respecto y que brindarán una respuesta que está siendo elaborada desde el departamento legal de la empresa en los próximos días.
Problema sin resolución
En 2007, mediante una resolución, el Concejo Deliberante solicitó a la empresa Aguas del Norte la urgente solución a las filtraciones de desechos almacenados en los piletones del barrio 17 de oOctubre. El líquido llega a las napas subterráneas y también contamina los suelos. Esto produce problemas como sarna y alergia.
.
Fecha de Publicación: 25/11/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El lunes de la semana pasada el Concejo Deliberante de Salta capital presentó una denuncia contra Aguas del Norte por los piletones ubicados en el barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.
"Nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia, conforme a la Ley 7.070 de protección del medio ambiente, que establece que en el caso de que un funcionario tome conocimiento de un daño ambiental lo denuncie. En la misma esgrimimos el principio de "contaminador pagador", que significa que quien genere una alteración ambiental no permitida deberá pagar por las acciones de prevención y será responsable de los daños ocasionados. Solicitamos al Ministerio, en este caso, que la empresa Aguas del Norte lo haga", explicó a El Tribuno el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada.
"Le pedimos al Ministerio de Ambiente, como autoridad de aplicación, que verifique el daño, lo cual se logra con una visita. También buscamos que se ocupe de intimar, aplicar sanciones para que quien lo produjo lo repare, a fin de que la situación cese. En caso de que no avancemos, recurriremos a la Justicia", recalcó.
"Muchos años atrás los piletones eran utilizados para desechos cloacales por la empresa de aguas. Luego se dejaron de utilizar y se construyó una planta depuradora mucho más atrás. El problema es que los piletones quedaron ahí y nadie se hace responsable. En 2007 el Concejo Deliberante sacó una resolución que expresaba que la empresa debía hacerse cargo y dar una solución, pero pasaron 10 años y el agua sigue ahí. La situación se agrava y por esa razón presenté este último proyecto con el fin de que el Concejo presente la denuncia. Los concejales apoyaron la misma", detalló el concejal.
"Me contacté con la empresa Aguas del Norte tras visitar el barrio a principios de este año y me explicaron que habían realizado estudios desde una universidad y que los líquidos se drenarían solos, que iban a terminar secándose, pero ya pasaron 10 años desde que el Concejo sacó la primera resolución y el problema continúa", sostuvo.
"Las lluvias alimentan los piletones. El problema no retrocede, no se drena nada, la contaminación es tremenda y, para peor, el lugar es utilizado como microbasural, porque hay gente que lleva hasta animales muertos y los deja ahí", describió el concejal.
Desde Aguas del Norte
"Las autoridades deben eliminar, sacar estas aguas contaminadas que están detenidas aquí. Tienen que rellenar los piletones, que le causan daño a todos los vecinos de la zona norte. Cuando comience la época de lluvias será un caos", anticipó Ricardo Mamaní, uno de los vecinos de la zona afectado por la contaminación y los insectos.
Desde el área de Comunicaciones de la empresa Aguas del Norte, en tanto, expresaron a El Tribuno que están dispuestos a aportar información del caso, con datos específicos sobre investigaciones al respecto y que brindarán una respuesta que está siendo elaborada desde el departamento legal de la empresa en los próximos días.
Problema sin resolución
En 2007, mediante una resolución, el Concejo Deliberante solicitó a la empresa Aguas del Norte la urgente solución a las filtraciones de desechos almacenados en los piletones del barrio 17 de oOctubre. El líquido llega a las napas subterráneas y también contamina los suelos. Esto produce problemas como sarna y alergia.
.
Denuncian afección a la salud en basural salteño
Denuncian que el vertedero San Javier enferma a los niños de barrio Justicia
Fecha de Publicación: 11/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Los vecinos de la zona sudeste de la ciudad afirman que sus hijos sufren problemas respiratorios y tienen enfermedades en la piel. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas", cuentan.
La trinchera de basura del Vertedero San Javier, plazas y canchas de fútbol plagadas de residuos, muchos yuyos y pocos árboles rodean a Justicia, un barrio situado en la zona sudeste de la ciudad, donde más de 350 familias viven sumergidas en un tierral que los margina y, según cuentan, los enferma.
Sostienen que respiran un aire contaminado con el que están obligados a convivir y que repercute en la salud, especialmente de los niños y niñas con bajas defensas. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas y granitos”, relata una vecina.
Justicia es un barrio relativamente nuevo. Desde hace cinco años está habitado por familias que antes vivían en el asentamiento San Juan. Llegaron allí luego de que el Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Tierra y Hábitat, les entregara 356 módulos habitacionales, que algunos pudieron ampliar.
No tienen un centro de salud donde atenderse. Lo más cercano es el Hospital Papa Francisco o las salitas de villa Solidaridad y Primera Junta. Además, hace tiempo piden que se asfalte la calle por donde circula el colectivo. Piensan que de esa manera pueden evitar que se levante la polvareda que, según ellos y los médicos que atienden a sus pequeños, está contaminada de hongos y bacterias que ocasionan enfermedades dermatológicas y problemas respiratorios.
LA GACETA visitó Justicia y conversó con cuatro mamás Aída González, Vanesa Silvestre, Fernanda Chocobar y Mariel Nolasco, que contaron cómo es vivir al margen y en el olvido de la sociedad.
.
Fecha de Publicación: 11/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Los vecinos de la zona sudeste de la ciudad afirman que sus hijos sufren problemas respiratorios y tienen enfermedades en la piel. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas", cuentan.
La trinchera de basura del Vertedero San Javier, plazas y canchas de fútbol plagadas de residuos, muchos yuyos y pocos árboles rodean a Justicia, un barrio situado en la zona sudeste de la ciudad, donde más de 350 familias viven sumergidas en un tierral que los margina y, según cuentan, los enferma.
Sostienen que respiran un aire contaminado con el que están obligados a convivir y que repercute en la salud, especialmente de los niños y niñas con bajas defensas. “Acá es normal que los chicos tengan ronchas y granitos”, relata una vecina.
Justicia es un barrio relativamente nuevo. Desde hace cinco años está habitado por familias que antes vivían en el asentamiento San Juan. Llegaron allí luego de que el Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Tierra y Hábitat, les entregara 356 módulos habitacionales, que algunos pudieron ampliar.
No tienen un centro de salud donde atenderse. Lo más cercano es el Hospital Papa Francisco o las salitas de villa Solidaridad y Primera Junta. Además, hace tiempo piden que se asfalte la calle por donde circula el colectivo. Piensan que de esa manera pueden evitar que se levante la polvareda que, según ellos y los médicos que atienden a sus pequeños, está contaminada de hongos y bacterias que ocasionan enfermedades dermatológicas y problemas respiratorios.
LA GACETA visitó Justicia y conversó con cuatro mamás Aída González, Vanesa Silvestre, Fernanda Chocobar y Mariel Nolasco, que contaron cómo es vivir al margen y en el olvido de la sociedad.
.
Milo Lockett se sumo a los reclamos contra Coca Cola
El artista Milo Lockett reclamó la reforestación de un desmonte en Salta
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
.
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
.
Campesinado salteño, nuevamente denuncia desmontes
Desmontes en el norte provincial generan cruces entre el gobierno y originarios
Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
.
Fecha de Publicación: 02/11/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Los pobladores denuncian la tala ilegal en Saucelito, mientras que desde el ministerio de Ambiente aseguran que esa deforestación está autorizada desde 2013.
En Saucelito, en el departamento de Orán, las topadoras siguen talando bosques nativos para el uso agropecuario de las tierras. Según los pobladores originarios, este desmonte es ilegal. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente y Producción de la provincia aseguran que esta práctica fue autorizada desde 2013.
José Villarreal, vecino de este paraje ubicado a más de 230 kilómetros de la ciudad de Salta, denuncia desde hace algunos años el avance indiscriminado de las máquinas que talan el monte. Dijo a LA GACETA que esta desforestación se lleva a cabo en una zona roja del ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo que significaría que se realiza en un área prohibida por la legislación.
“Están meta plantar soja”, manifestó. “Con una orden de una recategorización de 2012 dicen que tienen autorización”, agregó Villarreal, quien contó que son vecinos de la ciudad de Orán que están desmontando los terrenos identificados con los catastros N° 27997 / 98.
Al respecto, la secretaria de Ambiente, Irene Soler dijo a LA GACETA que conoce la denuncia y quién es el que la realiza. Ante esto, la funcionaria informó que chequeó el dato el pasado viernes y aseguró que ésta tala está autorizada por el gobierno desde 2013, un año antes del decreto de la Provincia que prohibía nuevas recategorizaciones prediales que habilitaban desmontes en áreas con algún valor de conservación (áreas rojas o amarillas).
“Su autorización sigue vigente”, dijo Soler. “La gente se confunde cuando hay una ejecución de desmonte de fincas recategorizadas antes del 2014”, agregó.
Según explicó, las desforestaciones autorizadas antes del decreto pueden estar siendo ejecutadas en la actualidad, dado que una vez habilitadas no se procede a desmontar todo el terreno de ua saola vez. "Se realizan por módulos", apuntó; es decir que se tala cada cierta cantidad de hectáreas y tras un periodo de monitoreo. “Ese señor hace la denuncia hace mucho tiempo, al mismo productor que tiene una finca grande”, sostuvo la funcionaria, quien dijo no recordar cuántas hectáreas tienen este permiso cuestionado por los pobladores de Saucelito.
.
Salta tendrá la 'Reserva del Guacamayo Verde'
Se creará la 'Reserva del Guacamayo Verde'
Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta
Provincia/Región: Salta
La especie se consideraba extinta en el país, cuando fue descubierta por guardaparques provinciales. Se prepara la declaración de una nueva reserva provincial que protegerá los lugares donde nidifica.
Con el objetivo es proteger al Guacamayo Verde (Ara militaris), la Secretaria de Ambiente la provincia, trabaja en la definición de criterios, para zonificar y establecer pautas para el manejo de la región donde habita el ave, y su futura inclusión en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP).
Para esto, profesionales del SIPAP, biodiversidad, guardaparques y la Comisión de Guacamayo Verde, viajan al Norte de la provincia donde verificaran los sitios en los que se deberá incrementar la protección de la especie. Identificando dormideros, sitios de nidificación y alimentación, especialmente durante los periodos críticos de disponibilidad de alimento.
El guacamayo verde es el segundo psitácido argentino de mayor tamaño y una de las aves más vistosas del país, esta especie se creía extinta hasta que en 2007 guardaparques de Reserva Acambuco, registraron la presencia de la única población en Argentina, restringida a una pequeña porción al norte de las Yungas. Fue declarada Monumento Natural Provincial en 2011.
.
Fecha de Publicación: 26/10/2017
Fuente: Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta
Provincia/Región: Salta
La especie se consideraba extinta en el país, cuando fue descubierta por guardaparques provinciales. Se prepara la declaración de una nueva reserva provincial que protegerá los lugares donde nidifica.
Con el objetivo es proteger al Guacamayo Verde (Ara militaris), la Secretaria de Ambiente la provincia, trabaja en la definición de criterios, para zonificar y establecer pautas para el manejo de la región donde habita el ave, y su futura inclusión en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP).
Para esto, profesionales del SIPAP, biodiversidad, guardaparques y la Comisión de Guacamayo Verde, viajan al Norte de la provincia donde verificaran los sitios en los que se deberá incrementar la protección de la especie. Identificando dormideros, sitios de nidificación y alimentación, especialmente durante los periodos críticos de disponibilidad de alimento.
El guacamayo verde es el segundo psitácido argentino de mayor tamaño y una de las aves más vistosas del país, esta especie se creía extinta hasta que en 2007 guardaparques de Reserva Acambuco, registraron la presencia de la única población en Argentina, restringida a una pequeña porción al norte de las Yungas. Fue declarada Monumento Natural Provincial en 2011.
.
Cuenca Arias - Arenales de Salta gravemente contaminada
Cuenca Arias - Arenales: ¿quién se hace cargo de la contaminación?
Fecha de Publicación: 17/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El CIF confirmó la presencia de metales pesados en el cauce que atraviesa la ciudad, mientras la Provincia, la Municipalidad y las empresas privadas se pasan la pelota sobre jurisdicción y responsabilidades.
Son poco más de 16 kilómetros de río que atraviesan el ejido urbano salteño, una arteria moribunda a cielo abierto, con cauce diminuto en la temporada seca y que se desborda sobre los barrios bajos en los meses de lluvias. La cuenca Arias - Arenales, que recibe los efluentes cloacales de más de 600.000 personas, es también destino final de toneladas de desechos clandestinos -siempre contaminantes- volcados por algunos de esos miles que se amparan en el descontrol del Estado. Y en las orillas del sur de la ciudad, las que están bien lejos de las postales turísticas, el río acusa el impacto brutal de las industrias y de un basural colapsado que cada día recibe 800 toneladas de residuos sólidos.
Hace un mes, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público dio a conocer los resultados de un análisis de contaminación ordenado por el fiscal Federico Jovanovics: en el agua superficial y sedimentos encontraron cobre, nitritos, cinc en "valores muy preocupantes".
Estos metales pesados llegan al río por los lixiviados sin tratar de la basura acumulada, baterías, pilas, motores, desechos industriales y químicos. Lixiviado es el líquido que se produce cuando la humedad de lluvias o condensaciones se cuela por materiales sólidos, y arrastra con ella parte de esos materiales que atraviesa. Cuando llega a la tierra desnuda, esa contaminación se filtra hasta las napas subterráneas, se mueve debajo de la tierra y puede llegar a los ríos cercanos o contaminar las reservas acuíferas.
Cuando ingresan al cuerpo a través del agua, del aire o la piel, esos metales no pueden eliminarse nunca más. Dentro del organismo pueden causar desde alergias y problemas en la piel hasta cáncer, patologías nerviosas o malformaciones.
Por todo esto, y por los costos políticos y económicos que implica remediar el daño ambiental y sanitario provocado, nadie quiere ser responsable de la contaminación y los funcionarios se aprenden de memoria las normas, leyes y regulaciones que mejor explican que la papa caliente le corresponde al vecino.
El medio ambiente salteño, que debe ser protegido desde el poder ejecutivo a través de su ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, reparte entre sus secretarías el control y la salud de la tierra, el aire y el agua donde vivimos. Irene Soler, a cargo de Ambiente, habla de jurisdicciones, de responsabilidades, argumenta que no hay ningún fallo judicial que confirme la existencia de contaminación y señala que la salud del río le corresponde a la secretaría de Recursos Hídricos, que del basural se encargan los municipios y cita a la Ley 7070 para explicar por qué los metales pesados en el agua no tienen nada que ver con su área.
"Hay un código de aguas y el primer artículo dice que la protección de aguas superficiales, subterráneas y diques corresponde a la secretaría de recursos hídricos", dice la funcionaria a LA GACETA. "No tenemos los análisis del CIF para decir que existe la contaminación. Dicen que hay cobre, nitritos y cinc en niveles superiores a los que se marcan como valores guía para la vida acuática. También hay otros valores para la actividad recreativa, o el consumo de agua potable. Los más exigentes son para vida acuática, esos son los superiores", dice. Para pasarlo en limpio, la secretaria de Ambiente considera que la contaminación existe solamente para la vida acuática, pero no para el consumo humano o para actividades recreativas.
Algo similar afirma Alfredo Fuertes, responsable de Recursos Hídricos, pero que sin embargo considera posible que los valores encontrados pueden ser todavía mayores en el estudio realizado por el CIF y se muestra un poco más preocupado por el asunto.
"Antes del canal Tinkunaku ya tenemos valores de plomo por encima de lo normal. En lo que hace a los sedimentos, no tenemos parámetros, nos basamos en normas de Canadá, y estamos en valores admitidos. Hay que ver qué pasa en el Río Ancho, que antes de llegar a San Javier ya tenemos valores altos de aluminio", dice, pero aclara que su secretaría -en la que trabajan solamente cinco personas y debe monitorear el agua de toda la provincia- no tiene laboratorio capaz de analizar la presencia de metales pesados en el agua. Fue la denuncia penal la que movilizó los recursos para poner en marcha el análisis exahustivo de la cuenca.
Según los resultados, el sector está contaminado desde el canal de Tinkunaku hasta la unión del Arenales con el Río Ancho. "El vertedero es un factor de contaminación, porque frente a San Javier nos dieron valores por encima de lo permitido", asegura.
Desde el área de ambiente de la Municipalidad, Federico Casas respalda la posición de Agrotécnica Fueguina, concesionaria del vertedero, y asegura que los monitoreos que se realizan cada tres y cada seis meses -también con el laboratorio Induser- dan siempre valores normales.
El procedimiento es, sin embargo, un tanto discutible. En Induser, Darío Benítez cuenta a LA GACETA que los análisis que realizan en el vertedero son "lo que pide el cliente", que las muestras de agua "se toman de los pozos que nos indica el cliente", y dice desconocer la representatividad de las muestras en lo que a contaminación posible respecta. "No somos consultores ambientales. Hacemos lo que el cliente nos pide y si esos pozos testigo son suficientes o no, escapa a nuestro criterio. Nosotros sacamos las muestras y las analizamos, nada más", dice.
Los resultados se entregan a la Municipalidad y no hay otros controles sobre el predio. "Todos los análisis que hacemos ninguno nos muestra objetivamente que se hayan superado los parámetros admisibles, por lo tanto no tenemos pruebas fehacientes de contaminación. El CIF ha sido muy claro cuando informa que el ingreso de metales pesados es en una muestra de agua tomada aguas arriba del vertedero", dice Casas y con ese único dato, el de que se trate de muestras río arriba, le alcanza para estar convencido de que la contaminación no es responsabilidad del vertedero.
"Si tenés una muestra contaminada aguas arriba, eso va a persistir aguas abajo hasta que llegue a la desembocadura. El problema es donde ingresa la carga de contaminación", agrega. "Aguas arriba del vertedero está la planta depuradora de Aguas del Norte, entonces uno infiere que trae un importante aporte de materiales desde ese sector y es ahí donde hay que focalizar todos los estudios", señala desde el corner, con la pelota ya cabeceada al ejecutivo provincial.
"No se hizo un plan general de control del río. Hay organismos de la provincia que podrían haberlo hecho. Todos los monitoreos y análisis en los pozos, no muestran que exista esta contaminación desde las operaciones del relleno. No se trata de defender a una empresa o a la otra".
El nombre de Fuertes es uno de los que figura en la denuncia penal que presentaron hace un año legisladores del Partido Obrero y vecinos de la zona afectada por la contaminación, en contra de su persona y también contra Miguel Isa, Gustavo Sáenz, los hermanos Darío y Oscar García, responsables de Agrotécnica Fueguina.
Luego de la denuncia, hace un mes también se presentó una solicitud de amparo ambiental ante el juez Marcelo Domínguez, por las mismas causas. Cristina Foffani es una de las demandantes y cuenta a LA GACETA que el objetivo es emplazar a Sáenz a tomar medidas para proteger a los vecinos.
El objetivo central del pedido es detener la contaminación generada por el Vertedero San Javier, al que señalan como el principal factor de daño ambiental. "El intendente tiene que garantizar todas las medidas para que haya una cuarta trinchera, impermeabilizarla y disponer mediante relleno sanitario, captar los lixiviados, los gases y cumplir con la ordenanza 3276 que exige que en tres años se realice la totalidad de la separación en origen, en el 100% de los barrios", dice la concejala y enumera cuatro estudios que prueban la contaminación: los análisis del CIF, la tesis doctoral de la bióloga de la UNSa Laura Lamas, las auditorías del doctor en Medio Ambiente Lucas Seghezzo y los análisis de Induser realizados por la secretaría de Fuertes.
"Ya está demostrado que el río está contaminado con los efluentes cloacales de Aguas del Norte, con directa responsabilidad de la provincia que no realiza monitoreos, además de ser responsable de Aguas del Norte", dispara y la senadora Gabriela Cerrano completa la lectura política desde su posición: "el Estado provincial se muestra impotente para resolver el tema. Estamos hablando de metales pesados, que es muy grave y no queremos llegar a las consecuencias más graves cuando hay cáncer y retraso madurativo", dice. "Creo que de fondo no hay voluntad política para ir a fondo, ni desde la provincia ni del municipio. Sáenz sabiendo de esta situación le renovó el contrato a Agrotécnica Fueguina, entonces se trata de un beneficio directo a una empresa amiga, no hay otro motivo para que aun contaminando le renueven el contrato".
.
Fecha de Publicación: 17/10/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El CIF confirmó la presencia de metales pesados en el cauce que atraviesa la ciudad, mientras la Provincia, la Municipalidad y las empresas privadas se pasan la pelota sobre jurisdicción y responsabilidades.
Son poco más de 16 kilómetros de río que atraviesan el ejido urbano salteño, una arteria moribunda a cielo abierto, con cauce diminuto en la temporada seca y que se desborda sobre los barrios bajos en los meses de lluvias. La cuenca Arias - Arenales, que recibe los efluentes cloacales de más de 600.000 personas, es también destino final de toneladas de desechos clandestinos -siempre contaminantes- volcados por algunos de esos miles que se amparan en el descontrol del Estado. Y en las orillas del sur de la ciudad, las que están bien lejos de las postales turísticas, el río acusa el impacto brutal de las industrias y de un basural colapsado que cada día recibe 800 toneladas de residuos sólidos.
Hace un mes, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público dio a conocer los resultados de un análisis de contaminación ordenado por el fiscal Federico Jovanovics: en el agua superficial y sedimentos encontraron cobre, nitritos, cinc en "valores muy preocupantes".
Estos metales pesados llegan al río por los lixiviados sin tratar de la basura acumulada, baterías, pilas, motores, desechos industriales y químicos. Lixiviado es el líquido que se produce cuando la humedad de lluvias o condensaciones se cuela por materiales sólidos, y arrastra con ella parte de esos materiales que atraviesa. Cuando llega a la tierra desnuda, esa contaminación se filtra hasta las napas subterráneas, se mueve debajo de la tierra y puede llegar a los ríos cercanos o contaminar las reservas acuíferas.
Cuando ingresan al cuerpo a través del agua, del aire o la piel, esos metales no pueden eliminarse nunca más. Dentro del organismo pueden causar desde alergias y problemas en la piel hasta cáncer, patologías nerviosas o malformaciones.
Por todo esto, y por los costos políticos y económicos que implica remediar el daño ambiental y sanitario provocado, nadie quiere ser responsable de la contaminación y los funcionarios se aprenden de memoria las normas, leyes y regulaciones que mejor explican que la papa caliente le corresponde al vecino.
El medio ambiente salteño, que debe ser protegido desde el poder ejecutivo a través de su ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, reparte entre sus secretarías el control y la salud de la tierra, el aire y el agua donde vivimos. Irene Soler, a cargo de Ambiente, habla de jurisdicciones, de responsabilidades, argumenta que no hay ningún fallo judicial que confirme la existencia de contaminación y señala que la salud del río le corresponde a la secretaría de Recursos Hídricos, que del basural se encargan los municipios y cita a la Ley 7070 para explicar por qué los metales pesados en el agua no tienen nada que ver con su área.
"Hay un código de aguas y el primer artículo dice que la protección de aguas superficiales, subterráneas y diques corresponde a la secretaría de recursos hídricos", dice la funcionaria a LA GACETA. "No tenemos los análisis del CIF para decir que existe la contaminación. Dicen que hay cobre, nitritos y cinc en niveles superiores a los que se marcan como valores guía para la vida acuática. También hay otros valores para la actividad recreativa, o el consumo de agua potable. Los más exigentes son para vida acuática, esos son los superiores", dice. Para pasarlo en limpio, la secretaria de Ambiente considera que la contaminación existe solamente para la vida acuática, pero no para el consumo humano o para actividades recreativas.
Algo similar afirma Alfredo Fuertes, responsable de Recursos Hídricos, pero que sin embargo considera posible que los valores encontrados pueden ser todavía mayores en el estudio realizado por el CIF y se muestra un poco más preocupado por el asunto.
"Antes del canal Tinkunaku ya tenemos valores de plomo por encima de lo normal. En lo que hace a los sedimentos, no tenemos parámetros, nos basamos en normas de Canadá, y estamos en valores admitidos. Hay que ver qué pasa en el Río Ancho, que antes de llegar a San Javier ya tenemos valores altos de aluminio", dice, pero aclara que su secretaría -en la que trabajan solamente cinco personas y debe monitorear el agua de toda la provincia- no tiene laboratorio capaz de analizar la presencia de metales pesados en el agua. Fue la denuncia penal la que movilizó los recursos para poner en marcha el análisis exahustivo de la cuenca.
Según los resultados, el sector está contaminado desde el canal de Tinkunaku hasta la unión del Arenales con el Río Ancho. "El vertedero es un factor de contaminación, porque frente a San Javier nos dieron valores por encima de lo permitido", asegura.
Desde el área de ambiente de la Municipalidad, Federico Casas respalda la posición de Agrotécnica Fueguina, concesionaria del vertedero, y asegura que los monitoreos que se realizan cada tres y cada seis meses -también con el laboratorio Induser- dan siempre valores normales.
El procedimiento es, sin embargo, un tanto discutible. En Induser, Darío Benítez cuenta a LA GACETA que los análisis que realizan en el vertedero son "lo que pide el cliente", que las muestras de agua "se toman de los pozos que nos indica el cliente", y dice desconocer la representatividad de las muestras en lo que a contaminación posible respecta. "No somos consultores ambientales. Hacemos lo que el cliente nos pide y si esos pozos testigo son suficientes o no, escapa a nuestro criterio. Nosotros sacamos las muestras y las analizamos, nada más", dice.
Los resultados se entregan a la Municipalidad y no hay otros controles sobre el predio. "Todos los análisis que hacemos ninguno nos muestra objetivamente que se hayan superado los parámetros admisibles, por lo tanto no tenemos pruebas fehacientes de contaminación. El CIF ha sido muy claro cuando informa que el ingreso de metales pesados es en una muestra de agua tomada aguas arriba del vertedero", dice Casas y con ese único dato, el de que se trate de muestras río arriba, le alcanza para estar convencido de que la contaminación no es responsabilidad del vertedero.
"Si tenés una muestra contaminada aguas arriba, eso va a persistir aguas abajo hasta que llegue a la desembocadura. El problema es donde ingresa la carga de contaminación", agrega. "Aguas arriba del vertedero está la planta depuradora de Aguas del Norte, entonces uno infiere que trae un importante aporte de materiales desde ese sector y es ahí donde hay que focalizar todos los estudios", señala desde el corner, con la pelota ya cabeceada al ejecutivo provincial.
"No se hizo un plan general de control del río. Hay organismos de la provincia que podrían haberlo hecho. Todos los monitoreos y análisis en los pozos, no muestran que exista esta contaminación desde las operaciones del relleno. No se trata de defender a una empresa o a la otra".
El nombre de Fuertes es uno de los que figura en la denuncia penal que presentaron hace un año legisladores del Partido Obrero y vecinos de la zona afectada por la contaminación, en contra de su persona y también contra Miguel Isa, Gustavo Sáenz, los hermanos Darío y Oscar García, responsables de Agrotécnica Fueguina.
Luego de la denuncia, hace un mes también se presentó una solicitud de amparo ambiental ante el juez Marcelo Domínguez, por las mismas causas. Cristina Foffani es una de las demandantes y cuenta a LA GACETA que el objetivo es emplazar a Sáenz a tomar medidas para proteger a los vecinos.
El objetivo central del pedido es detener la contaminación generada por el Vertedero San Javier, al que señalan como el principal factor de daño ambiental. "El intendente tiene que garantizar todas las medidas para que haya una cuarta trinchera, impermeabilizarla y disponer mediante relleno sanitario, captar los lixiviados, los gases y cumplir con la ordenanza 3276 que exige que en tres años se realice la totalidad de la separación en origen, en el 100% de los barrios", dice la concejala y enumera cuatro estudios que prueban la contaminación: los análisis del CIF, la tesis doctoral de la bióloga de la UNSa Laura Lamas, las auditorías del doctor en Medio Ambiente Lucas Seghezzo y los análisis de Induser realizados por la secretaría de Fuertes.
"Ya está demostrado que el río está contaminado con los efluentes cloacales de Aguas del Norte, con directa responsabilidad de la provincia que no realiza monitoreos, además de ser responsable de Aguas del Norte", dispara y la senadora Gabriela Cerrano completa la lectura política desde su posición: "el Estado provincial se muestra impotente para resolver el tema. Estamos hablando de metales pesados, que es muy grave y no queremos llegar a las consecuencias más graves cuando hay cáncer y retraso madurativo", dice. "Creo que de fondo no hay voluntad política para ir a fondo, ni desde la provincia ni del municipio. Sáenz sabiendo de esta situación le renovó el contrato a Agrotécnica Fueguina, entonces se trata de un beneficio directo a una empresa amiga, no hay otro motivo para que aun contaminando le renueven el contrato".
.
Salta: Río Arenales contaminado con nitrito, cobre y cinc
La Justicia confirmó altos índices de contaminación cerca del vertedero San Javier
Fecha de Publicación: 16/09/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Son muestras tomadas en el Río Arenales. Encontraron valores “preocupantes” de nitrito, cobre y cinc.
Estudios técnicos aplicados sobre el río Arenales, en la parte anterior y posterior de la zona del vertedero San Javier, detectaron graves índices de contaminación según confirmó hoy la Justicia provincial.
El análisis de las muestras, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y por pedido del fiscal penal Federico Jovanovics, encontró valores “preocupantes” de nitritos, cobre y cinc.
A fines de julio pasado, el fiscal había pedido una investigación a los fines de establecer posibles niveles de contaminación de suelo y aguas subterráneas en cercanías del vertedero municipal ubicado en la zona sudeste de la ciudad.
Como resultado del análisis, el fiscal informó con gran preocupación la existencia de contaminación con metales pesados en el agua del río, tanto “aguas arribas” como en “aguas abajo” de la planta de tratamiento de residuos.
Según informó el Ministerio Público, esta situación abrió ahora un panorama más amplio respecto a los pasos a seguir para poder detectar el origen de la contaminación ambiental.
Con respecto a los niveles de contaminación, el fiscal detalló que se tomó como base los parámetros establecido en la Ley Nacional 24.051, norma a la cual la Provincia se encuentra adherida.
“Se halló nitritos, cobre y cinc. Lo llamativo es que en para los valores de los dos primeros contaminantes, superan en seis veces los valores guía”, explicó el fiscal y que para cinc los valores supera en más de diez veces el valor establecido.
.
Fecha de Publicación: 16/09/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Son muestras tomadas en el Río Arenales. Encontraron valores “preocupantes” de nitrito, cobre y cinc.
Estudios técnicos aplicados sobre el río Arenales, en la parte anterior y posterior de la zona del vertedero San Javier, detectaron graves índices de contaminación según confirmó hoy la Justicia provincial.
El análisis de las muestras, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y por pedido del fiscal penal Federico Jovanovics, encontró valores “preocupantes” de nitritos, cobre y cinc.
A fines de julio pasado, el fiscal había pedido una investigación a los fines de establecer posibles niveles de contaminación de suelo y aguas subterráneas en cercanías del vertedero municipal ubicado en la zona sudeste de la ciudad.
Como resultado del análisis, el fiscal informó con gran preocupación la existencia de contaminación con metales pesados en el agua del río, tanto “aguas arribas” como en “aguas abajo” de la planta de tratamiento de residuos.
Según informó el Ministerio Público, esta situación abrió ahora un panorama más amplio respecto a los pasos a seguir para poder detectar el origen de la contaminación ambiental.
Con respecto a los niveles de contaminación, el fiscal detalló que se tomó como base los parámetros establecido en la Ley Nacional 24.051, norma a la cual la Provincia se encuentra adherida.
“Se halló nitritos, cobre y cinc. Lo llamativo es que en para los valores de los dos primeros contaminantes, superan en seis veces los valores guía”, explicó el fiscal y que para cinc los valores supera en más de diez veces el valor establecido.
.
Planifican un Centro de Interpretación Ambiental en Salta
Crearán un Centro de Interpretación Ambiental
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
.
Fecha de Publicación: 13/09/2017
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta
La obra se realizará en la Reserva Natural Las Costas. Además se harán remodelaciones en la Estación de Fauna y senderos naturales
La secretaria de Ambiente de la Provincia, Irene Soler, informó que ya fue elegida la empresa que diseñará el Master Plan de obras en Reserva Las Costas; plan que tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación Ambiental, senderos educativos, parque educativo-recreativo e importantes remodelaciones por un monto de más de dos millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de este proyecto, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable y la Secretaría de Ambiente buscan promover el conocimiento de los ambientes naturales de la provincia y de la fauna silvestre por medio de información de calidad en un sitio seguro y accesible para turistas y salteños. Hace poco se realizó la entrega de indumentaria, calzados y equipamiento contra incendios forestales, de primeros auxilios y de rescate en alturas a guardaparques.
“Estamos contentos porque hemos avanzado con este proyecto para Finca las Costas que es la reserva de agua más importante que tiene el departamento capital, provee agua al 40% de la población, así que es una reserva muy importante del punto de vista ambiental y es un lugar que es considerado interesante por el BID para realizar educación ambiental, porque es ahí donde está la estación de fauna y es un sitio muy atractivo y cerca de la ciudad”, mencionó la funcionaria.
Soler destacó la importancia de la reserva natural al ser un lugar muy frecuentado por los salteños durante los fines de semana principalmente. Aclaró que “en la reserva está prohibido cazar, pescar, hacer fuego y acampar”. Los visitantes pasan el día conociendo la flora y fauna del lugar. Mientras que hay empresas turísticas que ofrecen circuitos de trekking, donde los interesados pueden caminar y hacer recorridos cortos.
La secretaria de Ambiente informó también que en el lugar se puede encontrar laurel de la falda, nogal criollo, cedro salteño, alisos y pino de cerro y una variada fauna como puma, pecarí de collar y corzuela. También se destacan pava de monte, cóndor andino, picaflor cometa y pájaros carpinteros. Fue creada para conservar los bosques de yungas y la fuente de agua potable de la ciudad de Salta y San Lorenzo.
.
Salta inaugura módulos solares en regiones alejadas
Módulos solares para 8.700 familias rurales
Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El Permer II también tiene proyectadas minirredes en distintas localidades de Salta.
A través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que maneja la Secretaría de Energía de la Nación con financiamiento del Banco Mundial, se instalarán 6.084 módulos solares en viviendas de Salta.
El coordinador de la Unidad Ejecutora provincial, Pierre Rieszer, detalló los alcances de tres contrataciones que se firmaron con las empresas Ennera, Mega y Enerray.
Los contratos contemplan la posibilidad de ampliar el número de familias beneficiarias en un 15% para atender mayores requerimientos. Las instalaciones comenzarían el próximo mes en distintas localidades.
A la par de los contratos firmados, se aguarda la licitación de otros 2.617 módulos para viviendas rurales de los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, San Martín y Rosario de la Frontera. Desde Salta se reiteraron pedidos para que la cartera nacional de Energía avance con el llamado público. Los sistemas de suministro energético residencial constarán de una generación fotovoltaica de 200 vatios pico (Wp), con todos sus dispositivos complementarios, cableados internos, tomacorrientes y lámparas LED.
Minirredes
En el marco del Permer II también están proyectadas varias minirredes. Una se emplazará en Luracatao para abastecer a 395 familias, establecimientos educativos y otros servicios públicos de esa localidad de Molinos. El proyecto que funcionarios de la Secretaría de Energía de la Provincia y de la Unidad Ejecutora del Permer expusieron ante autoridades comunales y vecinos de la zona prevé una generación fotovoltaica de 650 KWp para cubrir a Luracatao, Cabrería, Alumbre, La Puerta, Pata Pampa y Cuchillaco.
Otra minirred, con una generación fotovoltaica de 300 KWp y respaldo térmico, está proyectada para 160 familias de Iruya, Rodeo Colorado y Abra El Sauce.
En Santa Victoria Oeste, a la usina térmica allí existente se agregará una generación solar de 650 KWp para abastecer a 416 hogares de la localidad cabecera de ese departamento y extender el servicio a otras 176 familias de Racti, Acoite, La Huerta, Rodeo Pampa y El Puesto.
En Lizoite, está proyectada una generación hidráulica de 600 kw, con red de baja e instalaciones eléctricas internas, para 105 viviendas del lugar.
Para El Nogalar, en la jurisdicción de Los Toldos, se incluyó en el Permer II un proyecto de repotenciación que llevaría la generación hidráulica de esa localidad de 150 a 600 KW, con respaldo térmico, para asegurar el suministro eléctrico de 580 familias.
El Permer II, además, contempla la instalación de calefones solares en 313 escuelas y 111 puestos sanitarios relevados hasta ahora y sistemas de bombeo solar para comunidades de entre 50 y 100 familias dispersas en Rivadavia y otros departamentos de la provincia.
.
Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
El Permer II también tiene proyectadas minirredes en distintas localidades de Salta.
A través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que maneja la Secretaría de Energía de la Nación con financiamiento del Banco Mundial, se instalarán 6.084 módulos solares en viviendas de Salta.
El coordinador de la Unidad Ejecutora provincial, Pierre Rieszer, detalló los alcances de tres contrataciones que se firmaron con las empresas Ennera, Mega y Enerray.
Los contratos contemplan la posibilidad de ampliar el número de familias beneficiarias en un 15% para atender mayores requerimientos. Las instalaciones comenzarían el próximo mes en distintas localidades.
A la par de los contratos firmados, se aguarda la licitación de otros 2.617 módulos para viviendas rurales de los departamentos Santa Victoria, Iruya, Orán, San Martín y Rosario de la Frontera. Desde Salta se reiteraron pedidos para que la cartera nacional de Energía avance con el llamado público. Los sistemas de suministro energético residencial constarán de una generación fotovoltaica de 200 vatios pico (Wp), con todos sus dispositivos complementarios, cableados internos, tomacorrientes y lámparas LED.
Minirredes
En el marco del Permer II también están proyectadas varias minirredes. Una se emplazará en Luracatao para abastecer a 395 familias, establecimientos educativos y otros servicios públicos de esa localidad de Molinos. El proyecto que funcionarios de la Secretaría de Energía de la Provincia y de la Unidad Ejecutora del Permer expusieron ante autoridades comunales y vecinos de la zona prevé una generación fotovoltaica de 650 KWp para cubrir a Luracatao, Cabrería, Alumbre, La Puerta, Pata Pampa y Cuchillaco.
Otra minirred, con una generación fotovoltaica de 300 KWp y respaldo térmico, está proyectada para 160 familias de Iruya, Rodeo Colorado y Abra El Sauce.
En Santa Victoria Oeste, a la usina térmica allí existente se agregará una generación solar de 650 KWp para abastecer a 416 hogares de la localidad cabecera de ese departamento y extender el servicio a otras 176 familias de Racti, Acoite, La Huerta, Rodeo Pampa y El Puesto.
En Lizoite, está proyectada una generación hidráulica de 600 kw, con red de baja e instalaciones eléctricas internas, para 105 viviendas del lugar.
Para El Nogalar, en la jurisdicción de Los Toldos, se incluyó en el Permer II un proyecto de repotenciación que llevaría la generación hidráulica de esa localidad de 150 a 600 KW, con respaldo térmico, para asegurar el suministro eléctrico de 580 familias.
El Permer II, además, contempla la instalación de calefones solares en 313 escuelas y 111 puestos sanitarios relevados hasta ahora y sistemas de bombeo solar para comunidades de entre 50 y 100 familias dispersas en Rivadavia y otros departamentos de la provincia.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios