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Salta: más de 800 hectáreas desmontadas en solo 15 días
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En 15 días desmontaron más de 800 hectáreas en Salta
Fecha de Publicación: 16/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Parte de la deforestación es adjudicada al presidente de la Sociedad Rural Salteña. Desde el gobierno provincial se enviará la información al Ministerio Público Fiscal, dado que podría haber violación de la cuarentena
En las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, atravesadas en parte por el Chaco Americano, se detectaron desmontes de un total de 2.172 hectáreas entre el 15 y el 31 de marzo, es decir, en parte del lapso que involucra la cuarentena que se inició el 20 de marzo en el país.
En Salta se desmontaron un total de 839 hectáreas, de las cuales 130 fueron registradas en la finca San Francisco, del departamento San Martín. Según la organización ambientalista Greenpeace, esta finca es de propiedad de Ignacio García del Río, quien es a su vez presidente de la Sociedad Rural Salteña y miembro de PROGRANO, entidad que nuclea a los grandes productores de Salta y Jujuy.
Las imágenes satelitales muestran que los desmontes en la finca San Francisco se realizaron entre el 13 y 23 de marzo uno, y entre el 23 y 25 de marzo el segundo.
El de esta propiedad “es el único caso en el que sabemos fehacientemente de quien es la finca, porque estuvimos ahí”, dijo a Salta/12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Queda por ahora analizar la ubicación del resto de superficies desmontadas.
El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, por su parte, adelantó a este medio que se remitirán las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Esto porque se realizaron durante la cuarentena y con eso se habrían violado la disposiciones del gobierno nacional de aislamiento social obligatorio, por la pandemia del coronavirus. “Se elaboraron informes internos. Están autorizados en la gestión anterior. El motivo es incumplimiento de la cuarentena. Actuará el Ministerio Público y le proporcionaremos la información de soliciten”, agregó Aldazábal al responder vía redes sociales a las consultas realizadas.
Una autorización incierta
Giardini recordó que la recategorización y posterior autorización del desmonte en la finca de García del Río ya había sido cuestionada en 2013. Esta fue una de las superficies que estaba en amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. Los desmontes estaban prohibidos en esta categoría y en la roja. Sin embargo, durante su gobierno Juan Manuel Urtubey dictó en 2011 dos decretos que permitieron la recategorización de zonas rojas o amarillas (es decir, en las que se prohibía el desmonte), a verdes (para desmontar).
Con estas modificaciones mediante, la finca de García del Río junto a otros 31 establecimientos agropecuarios fueron beneficiados para desmontar.
Al iniciar 2018 el ex ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, instó al gobierno de Urtubey a suspender los desmontes que había permitido mediante esas recategorizaciones.
A regañadientes, el gobierno de Urtubey aceptó la observación. El 24 de enero de 2018 la Secretaría de Ambiente emitió la resolución Nº 19 del Ministerio de Producción, Trabajo, y Desarrollo Sustentable que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”. En el anexo del decreto se mencionaba las 32 fincas enmarcadas en esta resolución. Si bien no sale mencionada la finca San Francisco como tal, Giardini explicó que esta es un desmembramiento de la finca Caraguatá, que aparece en el listado detallado por el Ministerio de Ambiente de la Nación al momento de pedir suspender los desmontes.
Lejos de aceptar que las recategorizaciones implicaban un efecto regresivo para el OTBN, y amparándose en el principio de autonomía provincial, en el instrumento legal salteño se afirmó que las “resoluciones cuestionadas gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, y su validez no puede ser alterada por un acto administrativo emanado de una autoridad nacional no competente al efecto”. Sin embargo, se resolvió la “suspensión de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo cuestionadas”.
En parte de los considerandos de la resolución provincial se habló de que “correspondería disponer provisoriamente la suspensión de las autorizaciones de recategorizaciones”, pero en ningún momento se habló de un tiempo determinado.
“No sabemos si se liberó alguna (de las 32 fincas en donde se suspendieron las autorizaciones de desmontes), para seguir deforestando”, dijo Giardini. Desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, en tanto, se afirmó que la autorización de desmonte de la finca es de 2011.
Efecto inundación
Entre los argumentos que adujo Greenpeace en 2013 para refutar la recategorización de los montes de la finca San Francisco se encuentra el hecho de que la superficie limita con el ex lote fiscal 14, y cualquier modificación en esta parte incide en el territorio de uso ancestral de las comunidades indígenas de esa zona. Es sobre las más de 640 mil hectáreas que forman parte de los ex lotes fiscales 55 y 14 (ubicados en el departamento Rivadavia), que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló recientemente a favor de las comunidades originarias.
Conocedores de esta causa sostuvieron que en principio el desmonte a realizar no complicaría el trabajo de reubicación que las familias criollas deben hacer en los próximos seis años. Sin embargo, recordaron que en 2013 se refutó la autorización de este desmonte en razón de que favorecería el escurrimiento de las aguas sobre los ex lotes fiscales y, por lo tanto, provocaría inundaciones en perjuicio de las comunidades que habitan el ex lote fiscal 14.
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Fecha de Publicación: 16/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Parte de la deforestación es adjudicada al presidente de la Sociedad Rural Salteña. Desde el gobierno provincial se enviará la información al Ministerio Público Fiscal, dado que podría haber violación de la cuarentena
En las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, atravesadas en parte por el Chaco Americano, se detectaron desmontes de un total de 2.172 hectáreas entre el 15 y el 31 de marzo, es decir, en parte del lapso que involucra la cuarentena que se inició el 20 de marzo en el país.
En Salta se desmontaron un total de 839 hectáreas, de las cuales 130 fueron registradas en la finca San Francisco, del departamento San Martín. Según la organización ambientalista Greenpeace, esta finca es de propiedad de Ignacio García del Río, quien es a su vez presidente de la Sociedad Rural Salteña y miembro de PROGRANO, entidad que nuclea a los grandes productores de Salta y Jujuy.
Las imágenes satelitales muestran que los desmontes en la finca San Francisco se realizaron entre el 13 y 23 de marzo uno, y entre el 23 y 25 de marzo el segundo.
El de esta propiedad “es el único caso en el que sabemos fehacientemente de quien es la finca, porque estuvimos ahí”, dijo a Salta/12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Queda por ahora analizar la ubicación del resto de superficies desmontadas.
El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, por su parte, adelantó a este medio que se remitirán las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Esto porque se realizaron durante la cuarentena y con eso se habrían violado la disposiciones del gobierno nacional de aislamiento social obligatorio, por la pandemia del coronavirus. “Se elaboraron informes internos. Están autorizados en la gestión anterior. El motivo es incumplimiento de la cuarentena. Actuará el Ministerio Público y le proporcionaremos la información de soliciten”, agregó Aldazábal al responder vía redes sociales a las consultas realizadas.
Una autorización incierta
Giardini recordó que la recategorización y posterior autorización del desmonte en la finca de García del Río ya había sido cuestionada en 2013. Esta fue una de las superficies que estaba en amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. Los desmontes estaban prohibidos en esta categoría y en la roja. Sin embargo, durante su gobierno Juan Manuel Urtubey dictó en 2011 dos decretos que permitieron la recategorización de zonas rojas o amarillas (es decir, en las que se prohibía el desmonte), a verdes (para desmontar).
Con estas modificaciones mediante, la finca de García del Río junto a otros 31 establecimientos agropecuarios fueron beneficiados para desmontar.
Al iniciar 2018 el ex ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, instó al gobierno de Urtubey a suspender los desmontes que había permitido mediante esas recategorizaciones.
A regañadientes, el gobierno de Urtubey aceptó la observación. El 24 de enero de 2018 la Secretaría de Ambiente emitió la resolución Nº 19 del Ministerio de Producción, Trabajo, y Desarrollo Sustentable que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”. En el anexo del decreto se mencionaba las 32 fincas enmarcadas en esta resolución. Si bien no sale mencionada la finca San Francisco como tal, Giardini explicó que esta es un desmembramiento de la finca Caraguatá, que aparece en el listado detallado por el Ministerio de Ambiente de la Nación al momento de pedir suspender los desmontes.
Lejos de aceptar que las recategorizaciones implicaban un efecto regresivo para el OTBN, y amparándose en el principio de autonomía provincial, en el instrumento legal salteño se afirmó que las “resoluciones cuestionadas gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, y su validez no puede ser alterada por un acto administrativo emanado de una autoridad nacional no competente al efecto”. Sin embargo, se resolvió la “suspensión de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo cuestionadas”.
En parte de los considerandos de la resolución provincial se habló de que “correspondería disponer provisoriamente la suspensión de las autorizaciones de recategorizaciones”, pero en ningún momento se habló de un tiempo determinado.
“No sabemos si se liberó alguna (de las 32 fincas en donde se suspendieron las autorizaciones de desmontes), para seguir deforestando”, dijo Giardini. Desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, en tanto, se afirmó que la autorización de desmonte de la finca es de 2011.
Efecto inundación
Entre los argumentos que adujo Greenpeace en 2013 para refutar la recategorización de los montes de la finca San Francisco se encuentra el hecho de que la superficie limita con el ex lote fiscal 14, y cualquier modificación en esta parte incide en el territorio de uso ancestral de las comunidades indígenas de esa zona. Es sobre las más de 640 mil hectáreas que forman parte de los ex lotes fiscales 55 y 14 (ubicados en el departamento Rivadavia), que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló recientemente a favor de las comunidades originarias.
Conocedores de esta causa sostuvieron que en principio el desmonte a realizar no complicaría el trabajo de reubicación que las familias criollas deben hacer en los próximos seis años. Sin embargo, recordaron que en 2013 se refutó la autorización de este desmonte en razón de que favorecería el escurrimiento de las aguas sobre los ex lotes fiscales y, por lo tanto, provocaría inundaciones en perjuicio de las comunidades que habitan el ex lote fiscal 14.
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La Barrick explorará proyecto minero en Salta
La minera canadiense Barrick Gold explorará un nuevo proyecto de plata en la provincia de Salta
Fecha de Publicación: 16/04/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Salta
La minera canadiense Barrick Gold anunció que explorará un proyecto minero ubicado en la provincia de Salta y cuyo nombre es El Quevar.
La compañía llegó a un acuerdo con Golden Minerals, la firma que hasta el momento estaba a cargo del emprendimiento. De esta manera, Barrick Gold se quedó con un 70% de la propiedad del proyecto de plata, plomo y zinc.
Para hacerse del 70% del proyecto de plata en Salta, Barrick Gold invirtió u$s1 millón. "De conformidad con una transacción de colocación privada a un precio de u$s0,21 por acción", explicó en un comunicado.
Según el acuerdo, la empresa canadiense tendrá que invertir u$s10 millones en exploración en un período de en ocho años. Los desembolsos se organizarán de la siguiente manera: u$s500.00 en el primer y segundo año; u$s1 millón en el tercero y cuarto año; y u$s2 millones en el sexto, séptimo y octavo año. "Los montos pueden gastarse antes de lo requerido", señala el comunicado.
El último año, Barrick deberá presentar el estudio de prefactibilidad "que cumpla con NI 43-101 que describe una operación potencialmente rentable con recursos minerales de no menos de 2 millones de onzas equivalentes de oro".
En la nueva firma que realizará el proyecto de plata en Salta, el 70% es de Barrick Gold y el 30% restante es de Golden Minerals, cuya sede se encuentra en Estados Unidos.
"La financiación se dividirá en proporción a la propiedad de cada accionista", aclara el comunicado.
El Quevar es un proyecto de plata que comenzó en 2004 y está ubicado a 90 kilómetros de la localidad de San Antonio de los Cobres, en la puna salteña, indica EconoJournal.
Tiene una superficie de casi 70.000 (entre 14 concesiones de explotación y 6 de exploración) hectáreas y está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Veladero, con extensión de vida
La empresa Barrick anunció el mes pasado la extensión por 10 años de la vida útil de la mina de oro Veladero en la provincia de San Juan, lo que demandará obras de desarrollo destinadas a incrementar su producción hasta las 500.000 onzas al año.
Así lo anunció esta tarde el presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow, mediante una videoconferencia abierta desde las oficinas que la minera posee en Santiago de Chile, un recurso al que se apeló debido a las restricciones que se deben cumplir para evitar la propagación del coronavirus.
Bristow también reveló que la compañía completó un estudio sobre el proyecto binacional Pascua Lama, que arrojó que el emprendimiento por el momento "no cumple con los criterios de inversión utilizando los parámetros actuales", por lo que se comprometió a seguir trabajando para transformar esos recursos "en una oportunidad para los dos países".
"Nuestro objetivo inmediato es extender la vida de la mina de Veladero más allá de 2030 y elevarla a un activo de primer nivel", dijo Bristow al explicar que la revisión incluyó la reinterpretación de la geología de la mina y una campaña de perforación en los territorios ubicados entre unos 4.500 metros de altura.
Para esta tarea se establecieron equipos de exploración y gestión de recursos para identificar depósitos satélites, es decir en torno al desarrollo de la mina que comenzó a producir en 2005, y que demostraron tienen el potencial de producir un aumento de los recursos y las reservas.
"Suplimos el agotamiento de la producción anual y agregamos 1,4 millones de onzas al plan aprobado año tras año, lo que permite extender la vida útil y llevarla más allá de 2030 y elevar su ranking a un activo de nivel 1", explicó Bristow al realizar el anuncio.
Sobre el proyecto de ampliación de Veladero, Bristow dijo que el nuevo valle de lixiviación demandará una inversión de US$ 145 millones, de los cuales ya se concretaron trabajos por US$ 93 millones con un 63% de avance.
Estos trabajos crearon nuevas oportunidades de empleo, ya que el número de operarios directos y contratistas aumentó de más de 1.400 personas en 2019 hasta llegar a casi 5.000 en la actualidad.
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Fecha de Publicación: 16/04/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Salta
La minera canadiense Barrick Gold anunció que explorará un proyecto minero ubicado en la provincia de Salta y cuyo nombre es El Quevar.
La compañía llegó a un acuerdo con Golden Minerals, la firma que hasta el momento estaba a cargo del emprendimiento. De esta manera, Barrick Gold se quedó con un 70% de la propiedad del proyecto de plata, plomo y zinc.
Para hacerse del 70% del proyecto de plata en Salta, Barrick Gold invirtió u$s1 millón. "De conformidad con una transacción de colocación privada a un precio de u$s0,21 por acción", explicó en un comunicado.
Según el acuerdo, la empresa canadiense tendrá que invertir u$s10 millones en exploración en un período de en ocho años. Los desembolsos se organizarán de la siguiente manera: u$s500.00 en el primer y segundo año; u$s1 millón en el tercero y cuarto año; y u$s2 millones en el sexto, séptimo y octavo año. "Los montos pueden gastarse antes de lo requerido", señala el comunicado.
El último año, Barrick deberá presentar el estudio de prefactibilidad "que cumpla con NI 43-101 que describe una operación potencialmente rentable con recursos minerales de no menos de 2 millones de onzas equivalentes de oro".
En la nueva firma que realizará el proyecto de plata en Salta, el 70% es de Barrick Gold y el 30% restante es de Golden Minerals, cuya sede se encuentra en Estados Unidos.
"La financiación se dividirá en proporción a la propiedad de cada accionista", aclara el comunicado.
El Quevar es un proyecto de plata que comenzó en 2004 y está ubicado a 90 kilómetros de la localidad de San Antonio de los Cobres, en la puna salteña, indica EconoJournal.
Tiene una superficie de casi 70.000 (entre 14 concesiones de explotación y 6 de exploración) hectáreas y está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Veladero, con extensión de vida
La empresa Barrick anunció el mes pasado la extensión por 10 años de la vida útil de la mina de oro Veladero en la provincia de San Juan, lo que demandará obras de desarrollo destinadas a incrementar su producción hasta las 500.000 onzas al año.
Así lo anunció esta tarde el presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow, mediante una videoconferencia abierta desde las oficinas que la minera posee en Santiago de Chile, un recurso al que se apeló debido a las restricciones que se deben cumplir para evitar la propagación del coronavirus.
Bristow también reveló que la compañía completó un estudio sobre el proyecto binacional Pascua Lama, que arrojó que el emprendimiento por el momento "no cumple con los criterios de inversión utilizando los parámetros actuales", por lo que se comprometió a seguir trabajando para transformar esos recursos "en una oportunidad para los dos países".
"Nuestro objetivo inmediato es extender la vida de la mina de Veladero más allá de 2030 y elevarla a un activo de primer nivel", dijo Bristow al explicar que la revisión incluyó la reinterpretación de la geología de la mina y una campaña de perforación en los territorios ubicados entre unos 4.500 metros de altura.
Para esta tarea se establecieron equipos de exploración y gestión de recursos para identificar depósitos satélites, es decir en torno al desarrollo de la mina que comenzó a producir en 2005, y que demostraron tienen el potencial de producir un aumento de los recursos y las reservas.
"Suplimos el agotamiento de la producción anual y agregamos 1,4 millones de onzas al plan aprobado año tras año, lo que permite extender la vida útil y llevarla más allá de 2030 y elevar su ranking a un activo de nivel 1", explicó Bristow al realizar el anuncio.
Sobre el proyecto de ampliación de Veladero, Bristow dijo que el nuevo valle de lixiviación demandará una inversión de US$ 145 millones, de los cuales ya se concretaron trabajos por US$ 93 millones con un 63% de avance.
Estos trabajos crearon nuevas oportunidades de empleo, ya que el número de operarios directos y contratistas aumentó de más de 1.400 personas en 2019 hasta llegar a casi 5.000 en la actualidad.
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Proyectos de litio frenados por el Coronavirus
Efecto Covid-19: un grupo minero francés le pone freno a una inversión de USD600 millones en Salta
Fecha de Publicación: 11/04/2020
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Salta
La empresa Eramet desistirá del proyecto, el menos, hasta que el panorama esté un poco más claro. El complejo productivo de litio iba a comenzar a operar el año que viene
El negocio del litio es uno de los que mayor potencial de crecimiento mostró en los últimos años, sin embargo, la pandemia de coronavirus también interrumpe proyectos en ese segmento.
El grupo minero francés Eramet desistirá de construir una fábrica de producción de litio en Argentina, como consecuencia de la incertidumbre que provoca en la economía mundial la pandemia de coronavirus.
El proyecto, que iba a demandar una inversión de USD600 millones, se iba a ubicar en Salta. La decisión, que tiene por fin "preservar la tesorería" del grupo, implica una pérdida de 150 millones de euros para la compañía, indicó Eramet en un comunicado.
"En el contexto actual de la crisis sanitaria" hay "una gran incertidumbre en la economía mundial y en particular en los mercados de materias primas, incluido el litio", indicó el comunicado de la empresa.
"Por lo tanto, el consejo de administración de Eramet tomó la decisión de no iniciar la construcción de la planta de producción de litio en Argentina", agregó.
Sin embargo, el proyecto no parece definitivamente enterrado ya que, según el comunicado, la planta piloto, que está funcionando desde hace cuatro meses seguirá su actividad "para terminar de recoger los resultados del proceso en curso".
Además Eramet señaló que tomará todas las disposiciones necesarias hacia "las comunidades locales y los proveedores para permitir un seguimiento y un relanzamiento del proceso en las mejores condiciones cuando sea posible".
El proyecto de Eramat se llama Centenario-Ratones y tenía como objetivo iniciar operaciones en 2021, con una capacidad instalada de 20.000 toneladas LCE.
En la actualidad, la capacidad instalada de producción de litio a nivel nacional se ubica en 42.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), y las exportaciones en 2018 totalizaron USD251 millones.
En la Argentina existen proyectos para explotar litio en 23 salares ubicados en el territorio de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. De estos proyectos, Olaroz en Jujuy y Fénix en Catamarca, son los únicos que ya se encuentran en fase productiva.
Fénix es operada por la estadounidense Livent Corp (perteneciente a FMC), y cuenta con una capacidad instalada de 22.000 toneladas LCE, mientras que el yacimiento Olaroz está a cargo de la minera australiana Orocobre, la japonesa Toyota y la nacional Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), y actualmente su capacidad instalada es de 17.500 toneladas LCE.
Las dos minas cuentan con planes de expansión para alcanzar la capacidad instalada de 40.000 toneladas LCE cada una: en el caso de Olaroz se espera llegar a este objetivo en 2020, y en la mina Fénix en 2022.
Además del proyecto de Eramet, también está en construcción Cauchari-Olaroz, en Jujuy, desarrollado por la canadiense Litium Americas, la china Ganfeng y la jujeña Jemse, que planeaban entrar en operación este año, con una capacidad instalada de 25.000 toneladas.
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Fecha de Publicación: 11/04/2020
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Salta
La empresa Eramet desistirá del proyecto, el menos, hasta que el panorama esté un poco más claro. El complejo productivo de litio iba a comenzar a operar el año que viene
El negocio del litio es uno de los que mayor potencial de crecimiento mostró en los últimos años, sin embargo, la pandemia de coronavirus también interrumpe proyectos en ese segmento.
El grupo minero francés Eramet desistirá de construir una fábrica de producción de litio en Argentina, como consecuencia de la incertidumbre que provoca en la economía mundial la pandemia de coronavirus.
El proyecto, que iba a demandar una inversión de USD600 millones, se iba a ubicar en Salta. La decisión, que tiene por fin "preservar la tesorería" del grupo, implica una pérdida de 150 millones de euros para la compañía, indicó Eramet en un comunicado.
"En el contexto actual de la crisis sanitaria" hay "una gran incertidumbre en la economía mundial y en particular en los mercados de materias primas, incluido el litio", indicó el comunicado de la empresa.
"Por lo tanto, el consejo de administración de Eramet tomó la decisión de no iniciar la construcción de la planta de producción de litio en Argentina", agregó.
Sin embargo, el proyecto no parece definitivamente enterrado ya que, según el comunicado, la planta piloto, que está funcionando desde hace cuatro meses seguirá su actividad "para terminar de recoger los resultados del proceso en curso".
Además Eramet señaló que tomará todas las disposiciones necesarias hacia "las comunidades locales y los proveedores para permitir un seguimiento y un relanzamiento del proceso en las mejores condiciones cuando sea posible".
El proyecto de Eramat se llama Centenario-Ratones y tenía como objetivo iniciar operaciones en 2021, con una capacidad instalada de 20.000 toneladas LCE.
En la actualidad, la capacidad instalada de producción de litio a nivel nacional se ubica en 42.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), y las exportaciones en 2018 totalizaron USD251 millones.
En la Argentina existen proyectos para explotar litio en 23 salares ubicados en el territorio de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. De estos proyectos, Olaroz en Jujuy y Fénix en Catamarca, son los únicos que ya se encuentran en fase productiva.
Fénix es operada por la estadounidense Livent Corp (perteneciente a FMC), y cuenta con una capacidad instalada de 22.000 toneladas LCE, mientras que el yacimiento Olaroz está a cargo de la minera australiana Orocobre, la japonesa Toyota y la nacional Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), y actualmente su capacidad instalada es de 17.500 toneladas LCE.
Las dos minas cuentan con planes de expansión para alcanzar la capacidad instalada de 40.000 toneladas LCE cada una: en el caso de Olaroz se espera llegar a este objetivo en 2020, y en la mina Fénix en 2022.
Además del proyecto de Eramet, también está en construcción Cauchari-Olaroz, en Jujuy, desarrollado por la canadiense Litium Americas, la china Ganfeng y la jujeña Jemse, que planeaban entrar en operación este año, con una capacidad instalada de 25.000 toneladas.
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Chaco salteño: CorteIDH dio a la razón a indígenas
La Corte Interamericana le dio a la razón a comunidades indígenas
Fecha de Publicación: 04/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El Estado argentino fue declarado responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, la identidad cultural, el ambiente sano, la alimentación y al agua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 (matrículas catastrales 175 y 5557), del departamento Rivadavia, en el Chaco salteño.
El tribunal internacional dispuso medidas de reparación: ordenó que "con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de seis años", el Estado argentino "concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común".
También ordenó que el Estado "Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial".
La Corte Interamericana dispuso que esta misma sentencia es una forma de reparación y ordenó también a Argentina "abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas".
Agua segura y alimentos
El fallo llegó en momentos en que los habitantes de esa zona soportan una crisis social y sanitaria de envergadura, incluso con la muerte de niños y niñas por causas vinculadas a la desnutrición. Y precisamente, el Tribunal sostuvo que la presencia de animales vacunos, los alambrados y la tala ilegal privan a los habitantes indígenas del goce de sus derechos, y le ordenó al Estado argentino "presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación" y "formule un plan de acción para atender esas situaciones y comience su implementación". También ordenó que en el plazo máximo de un año "establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada" así como crear un fondo de desarrollo comunitario.
La sentencia fue notificada hoy a las partes. La Corte Intermericana "encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas", y también, al derecho a la garantía judicial del plazo razonable. Esto último es porque la Corte de Justicia de Salta se tomó tres años para resolver un amparo presentado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.
Es la primera vez que en un caso contencioso, la CorteIDH analiza los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El reclamo de reconocimiento de la propiedad del territorio de ocupación ancestral fue impulsado por comunidades de los pueblos Wichí (o mataco, en la designación occidental), Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, o toba), Niwackle (chulupí) y Tapy’y (tapiete).
El territorio, en el extremo noroeste de la provincia, limita con Paraguay y Bolivia, teniendo como centro a la localidad de Santa Victoria Este, comprende 643 mil en donde el Estado argentino construyó el puente internacional de Misión La Paz, que une a Argentina con Paraguay, "sin previa consulta" a las comunidades. "Se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629", sostuvo la Corte, que precisó que a partir de inicios del siglo XX esta tierra fue ocupada por criollos.
Un largo proceso
La CorteIDH recordó que el reclamo indígena, el primero de Argentina que llega hasta este Tribunal, fue formalizado en 1991. En 1992 las comunidades se organizaron en Lhaka Honhat, coordinada por el ya histórico líder wichí Francisco Pérez, para exigir el título comunitario de las tierras.
"Durante los más de 28 años que han transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad reclamada", sostuvo la Corte. Entre esas idas y venidas, se destacaron las acciones del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, que buscó fraccionar el territorio y entregar títulos individuales a indígenas y criollos.
En 2007, Lakha Honhat y la Organización de Familias Criollas acordaron que las comunidades se quedarían con 400 mil hectáreas y las restantes 243 mil serían para los criollos. Este acuerdo fue luego refrendado por instrumentos legales del gobierno de Salta.
La Corte Interamericana valoró estos acuerdos, porque "tiene(n) potencialidad para permitir al Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implicados", y resaltó que el "Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a las comunidades indígenas, pero al hacerlo debe observar también los derechos de la población criolla".
Propiedad comunitaria
Sin embargo, el Tribunal observó que "no ha concluido el proceso para concretar la propiedad comunitaria. Luego de más de 28 años desde que se reclamara el reconocimiento de la propiedad, (...) no ha sido garantizado plenamente. El territorio no ha sido titulado de forma adecuada, de modo de brindar seguridad jurídica, no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros", sostuvo.
La CorteIDH evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Consideró que esta falencia hizo que las comunidades indígenas "no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad", y concluyó "entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno".
En cuanto al derecho a un ambiente sano, la identidad cultural y a la alimentación y el agua, el Tribunal sostuvo que el Estado argentino tuvo una "falta de efectividad" para impedir prácticas como la tala ilegal, y que esta falla "se enmarca, además, en una situación en que Argentina no ha garantizado a las comunidades indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio", con lo que violó el artículo 26 de la Convención Americana.
Entre otras medidas de reparación, el Tribunal también dispuso que en un plazo máximo de seis meses, Argentina deberá hacer publicaciones de esta sentencia y difundirla por los medios que estén a su alcance, "en lenguas indígenas y en español"; y "en un plazo razonable" debe aprobar medidas legislativas para "dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena".
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Fecha de Publicación: 04/04/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
El Estado argentino fue declarado responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, la identidad cultural, el ambiente sano, la alimentación y al agua.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 (matrículas catastrales 175 y 5557), del departamento Rivadavia, en el Chaco salteño.
El tribunal internacional dispuso medidas de reparación: ordenó que "con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo de seis años", el Estado argentino "concluya las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas sobre su territorio. El titulo debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común".
También ordenó que el Estado "Remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que ello sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros tres años y, en cualquier caso, procurando el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla, lo que implica posibilitar el reasentamiento o acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura predial".
La Corte Interamericana dispuso que esta misma sentencia es una forma de reparación y ordenó también a Argentina "abstenerse de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena o que puedan afectar su existencia, valor, uso o goce, sin la previa provisión de información a las comunidades indígenas víctimas, así como de la realización de consultas previas adecuadas, libres e informadas".
Agua segura y alimentos
El fallo llegó en momentos en que los habitantes de esa zona soportan una crisis social y sanitaria de envergadura, incluso con la muerte de niños y niñas por causas vinculadas a la desnutrición. Y precisamente, el Tribunal sostuvo que la presencia de animales vacunos, los alambrados y la tala ilegal privan a los habitantes indígenas del goce de sus derechos, y le ordenó al Estado argentino "presentar a la Corte un estudio que identifique situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación" y "formule un plan de acción para atender esas situaciones y comience su implementación". También ordenó que en el plazo máximo de un año "establezca acciones que deben instrumentarse para la conservación de aguas y para evitar y remediar su contaminación; garantizar el acceso permanente a agua potable; evitar que continúe la pérdida o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a alimentación nutricional y culturalmente adecuada" así como crear un fondo de desarrollo comunitario.
La sentencia fue notificada hoy a las partes. La Corte Intermericana "encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas", y también, al derecho a la garantía judicial del plazo razonable. Esto último es porque la Corte de Justicia de Salta se tomó tres años para resolver un amparo presentado por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat.
Es la primera vez que en un caso contencioso, la CorteIDH analiza los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El reclamo de reconocimiento de la propiedad del territorio de ocupación ancestral fue impulsado por comunidades de los pueblos Wichí (o mataco, en la designación occidental), Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, o toba), Niwackle (chulupí) y Tapy’y (tapiete).
El territorio, en el extremo noroeste de la provincia, limita con Paraguay y Bolivia, teniendo como centro a la localidad de Santa Victoria Este, comprende 643 mil en donde el Estado argentino construyó el puente internacional de Misión La Paz, que une a Argentina con Paraguay, "sin previa consulta" a las comunidades. "Se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629", sostuvo la Corte, que precisó que a partir de inicios del siglo XX esta tierra fue ocupada por criollos.
Un largo proceso
La CorteIDH recordó que el reclamo indígena, el primero de Argentina que llega hasta este Tribunal, fue formalizado en 1991. En 1992 las comunidades se organizaron en Lhaka Honhat, coordinada por el ya histórico líder wichí Francisco Pérez, para exigir el título comunitario de las tierras.
"Durante los más de 28 años que han transcurrido desde entonces, la política estatal respecto a la propiedad indígena ha ido cambiando, y el Estado ha llevado a cabo distintas actuaciones en relación con la propiedad reclamada", sostuvo la Corte. Entre esas idas y venidas, se destacaron las acciones del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, que buscó fraccionar el territorio y entregar títulos individuales a indígenas y criollos.
En 2007, Lakha Honhat y la Organización de Familias Criollas acordaron que las comunidades se quedarían con 400 mil hectáreas y las restantes 243 mil serían para los criollos. Este acuerdo fue luego refrendado por instrumentos legales del gobierno de Salta.
La Corte Interamericana valoró estos acuerdos, porque "tiene(n) potencialidad para permitir al Estado cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos implicados", y resaltó que el "Estado debe cumplir sus obligaciones respecto a las comunidades indígenas, pero al hacerlo debe observar también los derechos de la población criolla".
Propiedad comunitaria
Sin embargo, el Tribunal observó que "no ha concluido el proceso para concretar la propiedad comunitaria. Luego de más de 28 años desde que se reclamara el reconocimiento de la propiedad, (...) no ha sido garantizado plenamente. El territorio no ha sido titulado de forma adecuada, de modo de brindar seguridad jurídica, no se ha demarcado y subsiste la permanencia de terceros", sostuvo.
La CorteIDH evaluó también que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Consideró que esta falencia hizo que las comunidades indígenas "no contaran con una tutela efectiva de su derecho de propiedad", y concluyó "entonces, que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno".
En cuanto al derecho a un ambiente sano, la identidad cultural y a la alimentación y el agua, el Tribunal sostuvo que el Estado argentino tuvo una "falta de efectividad" para impedir prácticas como la tala ilegal, y que esta falla "se enmarca, además, en una situación en que Argentina no ha garantizado a las comunidades indígenas la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio", con lo que violó el artículo 26 de la Convención Americana.
Entre otras medidas de reparación, el Tribunal también dispuso que en un plazo máximo de seis meses, Argentina deberá hacer publicaciones de esta sentencia y difundirla por los medios que estén a su alcance, "en lenguas indígenas y en español"; y "en un plazo razonable" debe aprobar medidas legislativas para "dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena".
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El aislamiento suma problemas a los wichís
Los wichís, el coronavirus y el nuevo rostro de la muerte
Fecha de Publicación: 01/04/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Salta
La población wichí que habita el monte chaqueño vive en aislamiento y suma muertos, pero no por el coronavirus. Desde hace tiempo que la desnutrición y la tuberculosis están golpeando con dureza a las comunidades del Impenetrable. Acá hay un asesino más cercano y peligroso que el COVID-19: el hambre.
En los últimos tres días, murieron tres niños. Un pequeño de seis meses falleció el martes 24 de marzo en el Hospital Santa Victoria Este, un día después, murió un niño de un año y tres meses en la comunidad Vertiente Chica y ayer, murió la hermana de esté último, una niña de cinco años.
El desmonte agotó los pocos recursos que tenían las poblaciones del monte y cada vez se hace más difícil la subsistencia de las comunidades originarias.
La falta de agua y recursos económicos juega un papel fundamental, la muerte no distingue edades y lo que más escasea es la vida. Muchas comunidades tienen enfermos crónicos que sobreviven día a día sin medicación, hasta que un día el cuerpo no aguanta más y ahora la muerte sumó un nuevo rostro.
La cercanía de Embarcación con las comunidades, preocupa a los médicos de Misión Chaqueña. Y es que si el coronavirus llega a esta población donde es importante la población originaria, hay riesgo de que terminen infectando a sus familiares en el monte y eso provocaría un verdadero desastre humanitario.
El peligro acecha y todos lo saben. Pero esta realidad no solo afecta a los Wichís, también a los Qom. En Chaco, una de las provincias que concentra la mayor cantidad de muertes e infectados con COVID-19, hay grandes asentamientos de población originaria a menos de una hora de la ciudad de Resistencia.
La situación se agrava porque muchos están obligados a viajar con cierta frecuencia a las ciudades para conseguir alimentos y hacer changas y otros, reciben la visita de sus familiares que vienen de localidades donde hay casos sospechosos y contagios.
El doctor Rodolfo Franco es médico de la Misión Chaqueña y Carboncito y dijo a El Diario: “Estamos trabajando con las dos comunidades, donde viven alrededor de seis mil personas y muchísimos niños. Son familias numerosas y tenemos varios problemas, la desnutrición crónica de los habitantes que tienen hematoclitos bajos, anemia porque no comen carne (pese a que antes eran muy carnívoros) y enfermedades provocadas por el desmonte del Chaco Salteño”.
“Son muy susceptibles a las enfermedades y hasta hace muy poco, teníamos problema con el agua. Ahora el Ejército Argentino está proveyendo de agua potable a las comunidades y ojalá que se construya una planta potablizadora para toda la región, donde hay alrededor de quince mil personas repartidas en varias comunidades. Hoy estamos con el tema del coronavirus y la gente está aislada, pese a que siempre estamos aislados. La población más cercana es Embarcación, que está a cincuenta kilómetros. La gente ahora no está yendo al pueblo y esperamos que el coronavirus no llegue para estos lados. Es una población mal alimentada, con poca higiene porque no hay recolección de residuos y con falencias de vivienda (muchos viven en tiendas de naylon), podría provocar muchos problemas de mortalidad”, reconoció el médico.
“La gente no tiene miedo, pero son muy respetuosos de lo que está pasando. En la medida de lo posible, se están quedando en sus casas cumpliendo con la cuarentena y los cultos fueron cerrados. Creo que hay una enseñanza, un modelo que ellos marcan, en cuanto a respetar lo que está sucediendo pero no dejarse arrinconar por el miedo”, explicó Camila Liberal, presidenta de la ONG Deuda Interna.
“Las circunstancias de aislamiento y la falta de alimentos agudiza una situación histórica: el hambre. No tienen acceso al trabajo informal, cesaron sus tareas y padecen el aumento de los precios y la especulación. Esto complejiza las posibilidades de alimentarse en términos familiares”, agregó.
”También hay una cuestión particular en el departamento San Martín (cerca de la ciudad de Embarcación) donde se encuentran las comunidades de la cuenca del Río Bermejo y en particular, poblaciones como La Esperanza, Carboncito y Misión Chaqueña, donde el alimento llega por transporte público. Lo que esta sucediendo es que estan viniendo de otras comunidades a vender productos en camioneta. Llega gente desde la ciudad de Orán, donde hubo un caso de coronavirus, para vender productos y es un amenaza. Sinceramente, creo que esta epidemia en algún punto no es novedad para los wichís, a ellos los persigue la muerte desde hace mucho tiempo con una epidemia que es curable, que puede revertirse y que tiene como solución políticas públicas y el diseño de una planificación seria para terminar con el hambre”, completó.
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Fecha de Publicación: 01/04/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Salta
La población wichí que habita el monte chaqueño vive en aislamiento y suma muertos, pero no por el coronavirus. Desde hace tiempo que la desnutrición y la tuberculosis están golpeando con dureza a las comunidades del Impenetrable. Acá hay un asesino más cercano y peligroso que el COVID-19: el hambre.
En los últimos tres días, murieron tres niños. Un pequeño de seis meses falleció el martes 24 de marzo en el Hospital Santa Victoria Este, un día después, murió un niño de un año y tres meses en la comunidad Vertiente Chica y ayer, murió la hermana de esté último, una niña de cinco años.
El desmonte agotó los pocos recursos que tenían las poblaciones del monte y cada vez se hace más difícil la subsistencia de las comunidades originarias.
La falta de agua y recursos económicos juega un papel fundamental, la muerte no distingue edades y lo que más escasea es la vida. Muchas comunidades tienen enfermos crónicos que sobreviven día a día sin medicación, hasta que un día el cuerpo no aguanta más y ahora la muerte sumó un nuevo rostro.
La cercanía de Embarcación con las comunidades, preocupa a los médicos de Misión Chaqueña. Y es que si el coronavirus llega a esta población donde es importante la población originaria, hay riesgo de que terminen infectando a sus familiares en el monte y eso provocaría un verdadero desastre humanitario.
El peligro acecha y todos lo saben. Pero esta realidad no solo afecta a los Wichís, también a los Qom. En Chaco, una de las provincias que concentra la mayor cantidad de muertes e infectados con COVID-19, hay grandes asentamientos de población originaria a menos de una hora de la ciudad de Resistencia.
La situación se agrava porque muchos están obligados a viajar con cierta frecuencia a las ciudades para conseguir alimentos y hacer changas y otros, reciben la visita de sus familiares que vienen de localidades donde hay casos sospechosos y contagios.
El doctor Rodolfo Franco es médico de la Misión Chaqueña y Carboncito y dijo a El Diario: “Estamos trabajando con las dos comunidades, donde viven alrededor de seis mil personas y muchísimos niños. Son familias numerosas y tenemos varios problemas, la desnutrición crónica de los habitantes que tienen hematoclitos bajos, anemia porque no comen carne (pese a que antes eran muy carnívoros) y enfermedades provocadas por el desmonte del Chaco Salteño”.
“Son muy susceptibles a las enfermedades y hasta hace muy poco, teníamos problema con el agua. Ahora el Ejército Argentino está proveyendo de agua potable a las comunidades y ojalá que se construya una planta potablizadora para toda la región, donde hay alrededor de quince mil personas repartidas en varias comunidades. Hoy estamos con el tema del coronavirus y la gente está aislada, pese a que siempre estamos aislados. La población más cercana es Embarcación, que está a cincuenta kilómetros. La gente ahora no está yendo al pueblo y esperamos que el coronavirus no llegue para estos lados. Es una población mal alimentada, con poca higiene porque no hay recolección de residuos y con falencias de vivienda (muchos viven en tiendas de naylon), podría provocar muchos problemas de mortalidad”, reconoció el médico.
“La gente no tiene miedo, pero son muy respetuosos de lo que está pasando. En la medida de lo posible, se están quedando en sus casas cumpliendo con la cuarentena y los cultos fueron cerrados. Creo que hay una enseñanza, un modelo que ellos marcan, en cuanto a respetar lo que está sucediendo pero no dejarse arrinconar por el miedo”, explicó Camila Liberal, presidenta de la ONG Deuda Interna.
“Las circunstancias de aislamiento y la falta de alimentos agudiza una situación histórica: el hambre. No tienen acceso al trabajo informal, cesaron sus tareas y padecen el aumento de los precios y la especulación. Esto complejiza las posibilidades de alimentarse en términos familiares”, agregó.
”También hay una cuestión particular en el departamento San Martín (cerca de la ciudad de Embarcación) donde se encuentran las comunidades de la cuenca del Río Bermejo y en particular, poblaciones como La Esperanza, Carboncito y Misión Chaqueña, donde el alimento llega por transporte público. Lo que esta sucediendo es que estan viniendo de otras comunidades a vender productos en camioneta. Llega gente desde la ciudad de Orán, donde hubo un caso de coronavirus, para vender productos y es un amenaza. Sinceramente, creo que esta epidemia en algún punto no es novedad para los wichís, a ellos los persigue la muerte desde hace mucho tiempo con una epidemia que es curable, que puede revertirse y que tiene como solución políticas públicas y el diseño de una planificación seria para terminar con el hambre”, completó.
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Dura realidad de los recuperadores informales
"La cadena de subsistencia está quebrada"
Fecha de Publicación: 23/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta - Nacional
Con la pandemia del coronavirus, el Gobierno nacional y el provincial han pedido a la población que se quede en casa, sin embargo, siguen sin implementarse medidas que garanticen el alimento y los insumos necesarios a trabajadores informales
Es el caso de 163 recuperadores de la basura que realizaban la clasificación en el Vertedero San Javier para después vender lo que conseguían y tener un ingreso diario. Desde el miércoles ya no pueden hacerlo. También es la situación de cartoneros y carreros que colectaban residudos en el centro de la ciudad y no pueden ingresar porque está vallado.
El referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), Rodrigo García, sostuvo que la situación "es caótica en todo sentido y más para trabajadores de la economía popular". Planteó que necesitan un plan de contingencia por parte del gobierno de la Nación, que tiene 7 millones de trabajadores en la informalidad. y también de Salta, una de las provincias que tiene más empleo no registrado. "La cadena de subsistencia está quebrada. No están tranquilizando a todo este sector de la población", afirmó.
Pasadas las 21 de ayer, el presidente Alberto Fernández dijo que en los próximos días anunciará medidas para trabajadores y trabajadoras informales y reconoció que no había tenido en cuenta al sector hasta el momento.
"Cartoneros, carreros, recicladores, verduleros, fruteros, vendedores ambulantes, cortadores de pasto", todos están imposibilitados de salir a la calle a buscar el ingreso diario con el que venían subsistiendo hasta antes de la pandemia. García planteó que los gobiernos "no tienen un plan de contingencia para eso" y no han previsto ni un reparto de comida. ¿Cuánto pueden aguantar?, ¿una semana, 4 o 5 días?, 15 días así no pueden llegar a soportar. La ausencia del gobierno provincial es indignante", manifestó el referente.
"La intendenta Bettina Romero no sé dónde está", expresó García. El referente dijo que ante la falta de accionar del gobierno provincial y del municipal necesitan un permiso especial para entregar bolsones que el MTE recibe de la Nación a la gente que trabaja en el vertedero y son parte de la organización, aunque señaló que estos alimentos no bastarán para cubrir las necesidades.
Nada para llevar a casa
"Nos dijeron desde la cooperativa que no vayamos a trabajar hasta el 31 de marzo, somos 79 mujeres, hay unas 20 mamás solteras sin ayuda. Lamentablemente no hay nada para llevar a la casa. Es una situación muy difícil. Al no trabajar no podemos vender", sostuvo una trabajadora que clasifica y recupera la basura en el Vertedero San Javier. Ella prefirió que no se publique su nombre.
Los recuperadores de la basura que trabajan en el vertedero están agrupados en tres cooperativas: Ceferino Namuncurá, Recuperadores de Residuos de Sata y Materiales Reciclables de Salta. Estas integran a la vez la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la CTEP.
"Desde el miércoles, estamos sin trabajar. No tenemos que acercarnos al vertedero o nos van a suspender de las cooperativas. No se dan cuenta que hay muchas familias que dependen de ahí. Lo que me gustaría es que el Gobierno realmente vea qué va a comer la gente si no puede ir a trabajar, ¿cómo vamos a hacer para comprar alimentos?. ¿Qué van a hacer las madres que están solas?. Que el Gobierno trate de ver la manera de ayudarnos a quienes trabajamos en negro", manifestó la trabajadora.
García explicó que la mayoría de los recuperadores y recuperadoras de la basura no son beneficiarios del salario social complementario. Dijo que no todos cobran la Asignación Universal por Hijo, ni tienen la tarjeta Alimentar, y a quienes los perciben tampoco les va a alcanzar para hacer frente a los gastos en esta cuarentena.
El referente sostuvo que hay incapacidad del gobierno provincial, porque si no contienen a los sectores excluídos van a tener una "marcha de hambrientos" y consideró que es probable que las respuestas que preparen sea la represión con las fuerzas de seguridad.
"En el MTE no recibimos nada de intendencia ni de Gobernación a pesar de que hemos hecho pedidos de mercadería", contó García. La organización tiene 4 merenderos (1 en el barrio 20 de Junio, 3 en el barrio 26 de Marzo, donde asisten 50 niños y niñas). También realizan ollas populares en los barrios Virgen de Urkupiña, Santa Mónica, San Rafael y 20 de Junio, de donde llevan la comida más 300 personas, detalló el referente. Dijo que reciben de la Nación lo justo de mercadería y que aportan del bolsillo de los y las integrantes de la organización para comprar la carne.
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Fecha de Publicación: 23/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta - Nacional
Con la pandemia del coronavirus, el Gobierno nacional y el provincial han pedido a la población que se quede en casa, sin embargo, siguen sin implementarse medidas que garanticen el alimento y los insumos necesarios a trabajadores informales
Es el caso de 163 recuperadores de la basura que realizaban la clasificación en el Vertedero San Javier para después vender lo que conseguían y tener un ingreso diario. Desde el miércoles ya no pueden hacerlo. También es la situación de cartoneros y carreros que colectaban residudos en el centro de la ciudad y no pueden ingresar porque está vallado.
El referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), Rodrigo García, sostuvo que la situación "es caótica en todo sentido y más para trabajadores de la economía popular". Planteó que necesitan un plan de contingencia por parte del gobierno de la Nación, que tiene 7 millones de trabajadores en la informalidad. y también de Salta, una de las provincias que tiene más empleo no registrado. "La cadena de subsistencia está quebrada. No están tranquilizando a todo este sector de la población", afirmó.
Pasadas las 21 de ayer, el presidente Alberto Fernández dijo que en los próximos días anunciará medidas para trabajadores y trabajadoras informales y reconoció que no había tenido en cuenta al sector hasta el momento.
"Cartoneros, carreros, recicladores, verduleros, fruteros, vendedores ambulantes, cortadores de pasto", todos están imposibilitados de salir a la calle a buscar el ingreso diario con el que venían subsistiendo hasta antes de la pandemia. García planteó que los gobiernos "no tienen un plan de contingencia para eso" y no han previsto ni un reparto de comida. ¿Cuánto pueden aguantar?, ¿una semana, 4 o 5 días?, 15 días así no pueden llegar a soportar. La ausencia del gobierno provincial es indignante", manifestó el referente.
"La intendenta Bettina Romero no sé dónde está", expresó García. El referente dijo que ante la falta de accionar del gobierno provincial y del municipal necesitan un permiso especial para entregar bolsones que el MTE recibe de la Nación a la gente que trabaja en el vertedero y son parte de la organización, aunque señaló que estos alimentos no bastarán para cubrir las necesidades.
Nada para llevar a casa
"Nos dijeron desde la cooperativa que no vayamos a trabajar hasta el 31 de marzo, somos 79 mujeres, hay unas 20 mamás solteras sin ayuda. Lamentablemente no hay nada para llevar a la casa. Es una situación muy difícil. Al no trabajar no podemos vender", sostuvo una trabajadora que clasifica y recupera la basura en el Vertedero San Javier. Ella prefirió que no se publique su nombre.
Los recuperadores de la basura que trabajan en el vertedero están agrupados en tres cooperativas: Ceferino Namuncurá, Recuperadores de Residuos de Sata y Materiales Reciclables de Salta. Estas integran a la vez la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la CTEP.
"Desde el miércoles, estamos sin trabajar. No tenemos que acercarnos al vertedero o nos van a suspender de las cooperativas. No se dan cuenta que hay muchas familias que dependen de ahí. Lo que me gustaría es que el Gobierno realmente vea qué va a comer la gente si no puede ir a trabajar, ¿cómo vamos a hacer para comprar alimentos?. ¿Qué van a hacer las madres que están solas?. Que el Gobierno trate de ver la manera de ayudarnos a quienes trabajamos en negro", manifestó la trabajadora.
García explicó que la mayoría de los recuperadores y recuperadoras de la basura no son beneficiarios del salario social complementario. Dijo que no todos cobran la Asignación Universal por Hijo, ni tienen la tarjeta Alimentar, y a quienes los perciben tampoco les va a alcanzar para hacer frente a los gastos en esta cuarentena.
El referente sostuvo que hay incapacidad del gobierno provincial, porque si no contienen a los sectores excluídos van a tener una "marcha de hambrientos" y consideró que es probable que las respuestas que preparen sea la represión con las fuerzas de seguridad.
"En el MTE no recibimos nada de intendencia ni de Gobernación a pesar de que hemos hecho pedidos de mercadería", contó García. La organización tiene 4 merenderos (1 en el barrio 20 de Junio, 3 en el barrio 26 de Marzo, donde asisten 50 niños y niñas). También realizan ollas populares en los barrios Virgen de Urkupiña, Santa Mónica, San Rafael y 20 de Junio, de donde llevan la comida más 300 personas, detalló el referente. Dijo que reciben de la Nación lo justo de mercadería y que aportan del bolsillo de los y las integrantes de la organización para comprar la carne.
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Salta: 30 causas judiciales por desmanejo de los residuos
Basurales a cielo abierto y vertido de cloacas a los ríos
Fecha de Publicación: 04/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La Procuración General convocó a fiscales para unificar criterios respecto la normativa referida a rellenos sanitarios, cursos de agua y otras problemáticas similares.
“El municipio deposita la basura que recolecta en los domicilios en un vertedero que se encuentra en la ribera del río”. Respecto a las cloacas, “el procedimiento que aplica (el municipio), es a través de un camión atmosférico, con el cual efectúa el vaciamiento de los pozos ciegos de los domicilios de los vecinos y luego realiza el vertido de estos residuos en crudo directamente en el río”.
Estas afirmaciones surgen del informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP), que evaluó el cumplimiento de la ley provincial de Medio Ambiente 7070 en el municipio de El Tala (ubicado en el departamento La Candelaria, en el sur de la provincia), durante 2016. En ese ejido urbano desde 1986 “está fuera de servicio la red cloacal que tenía el municipio y actualmente se está gestionando su reactivación. Los vecinos cuentan con un sistema de pozo ciego, realizado por ellos mismos”. Respecto de la “disposición de residuos”, el informe de la AGP indica que “en el camino que lleva desde el pueblo hasta el vertedero se observan basurales clandestinos donde la gente del lugar arroja basura”.
30 causas
Aunque preocupa, la realidad hasta aquí expuesta en Salta es más común de lo que parece. Sin tomar este informe de la AGP, desde la Procuración General de la provincia se informó que en las fiscalías hay al menos 30 causas por daños ambientales referidas a basurales.
El viernes que pasó se convocó a los fiscales a cargo de actuaciones referidas a la gestión de los residuos y su impacto en el ambiente y que en su mayoría se originaron con la información recabada por la Relatoría Ambiental de la Procuración General de la Provincia, a cargo de Sebastián Lloret.
“Lo novedoso es que es la primera vez que desde la Procuración se pide llamar a todos los fiscales a fin de contrastar acciones y criterios de trabajo”, dijo Lloret al ser consultado por Salta/12 respecto del encuentro. Para ello se contó con la presencia de miembros que componen el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), desde donde se expusieron ejemplos, criterios y problemáticas que involucran los basurales.
En el encuentro se recordó que la gestión de residuos domiciliarios “recae bajo la competencia de los municipios, los que están habilitados y monitoreados por la administración pública provincial”. La provincia se rige por un Plan Estratégico Provincial diagramado conforme las pautas mínimas exigidas por la Nación.
Contrariaramente a lo que sucede en la realidad de muchos municipios, se indicó que la ley dispone que “los rellenos sanitarios no pueden estar en cursos de agua y sí deben ubicarse en sitios alejados de ciudades o pueblos”. Además, deben cumplir con requisitos como: estudios de impacto ambiental y social (EIAS), con participación social previa en audiencias públicas. También, indicó la Procuración, deben realizarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.
Responsabilidades sin compartir
El marco ideal que establece la ley se aleja de la realidad de los municipios. En diálogo con Salta /12, el abogado Luis Segovia, especialista en derecho ambiental y representante de vecinos en la causa que se sigue por el vertedero San Javier (donde se trata la basura de la capital salteña y alrededores), hizo su análisis de la situación.
Por un lado, entendió que podrían imputarse presuntas irregularidades financieras a los municipios cuando se trata de cumplir con la ley ambiental. Sin embargo, afirmó que también se debe observar la capacidad económica de las comunas para cumplir con las obligaciones que se previeron desde el año 2004, cuando surgió la ley nacional 25916, que dispone cómo hacer el tratamiento de los residuos.
Puso de ejemplo la condena ya ratificada por la Corte de Justicia de Salta en 2018 contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo. En la condena se disponía que en un plazo prudencial se instrumente un programa de tratamiento de residuos en ese municipio. Cornejo terminó su gestión sin cumplirla.
Para Segovia, el problema pasa no solo por no querer, sino por no contar con los fondos para hacerlo. “Hay una disparidad de criterios de la provincia para ayudar a los municipios” con la disposición de sus residuos. En opinión del abogado, muchos de esos criterios dependen del ánimo y simpatía de turno del gobierno provincial con el jefe comunal de turno. Los fondos nacionales e internacionales son canalizados por el administrador provincial hacia los municipios. En manos de la provincia queda solo el “monitoreo” o “asesoramiento” de las acciones, y los administradores provinciales se despegan de responsabilidad alguna por la contaminación que generan los basurales a cielo abierto.
“A los municipios aislados y sin recursos les va a resultar imposible”, generar el tratamiento de residuos, pues es una realidad que incluso sucede en aquellos municipios adonde el dinero sí llegó, sostuvo Segovia. Señaló al caso de Cafayate, ciudad turística y cabecera del departamento homónimo en los Valles Calchaquíes. Recordó que el año pasado se inició una investigación judicial porque se habían incendiado residuos que habían sido mal gestionados. “Cafayate sí recibió fondos que la provincia obtuvo de Nación”, dijo Segovia, quien reconoció que durante la gestión del kirchnerismo a nivel nacional fue cuando más dinero se envió a las provincias para el tratamiento de residuos. “Valió que cuenten con una de las plantas más grandes de gestión en un consorcio que involucra a Cafayate, Animaná y San Carlos”, sostuvo. Pero, a su entender, la gestión de residuos de todos modos se hizo mal.
El diputado provincial con mandato cumplido Arturo Borelli había presentado en 2019 un proyecto con el objetivo de crear un consorcio metropolitano de la capital salteña donde la provincia fue incluida con responsabilidades compartidas. “De hecho, es lo que funciona hoy en Buenos Aires”, dijo el abogado.
Como asesor de Borelli, Segovia recordó que se hizo una reunión en la Cámara de Diputados con el fin de tratar el proyecto con los responsables de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Los funcionarios se negaron a la posibilidad de un trabajo de colaboración con los municipios “y se rasgaron las vestiduras hablando de la autonomía municipal”, contó. “No quisieron reconocer que (la política respecto de los basurales), fue un fracaso a nivel de las competencias”.
Mientras tanto, la preocupación mayor es la contaminación de las napas de aguas subterráneas, en donde los límites de las jurisdicciones se terminan por diluir.
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Fecha de Publicación: 04/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La Procuración General convocó a fiscales para unificar criterios respecto la normativa referida a rellenos sanitarios, cursos de agua y otras problemáticas similares.
“El municipio deposita la basura que recolecta en los domicilios en un vertedero que se encuentra en la ribera del río”. Respecto a las cloacas, “el procedimiento que aplica (el municipio), es a través de un camión atmosférico, con el cual efectúa el vaciamiento de los pozos ciegos de los domicilios de los vecinos y luego realiza el vertido de estos residuos en crudo directamente en el río”.
Estas afirmaciones surgen del informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP), que evaluó el cumplimiento de la ley provincial de Medio Ambiente 7070 en el municipio de El Tala (ubicado en el departamento La Candelaria, en el sur de la provincia), durante 2016. En ese ejido urbano desde 1986 “está fuera de servicio la red cloacal que tenía el municipio y actualmente se está gestionando su reactivación. Los vecinos cuentan con un sistema de pozo ciego, realizado por ellos mismos”. Respecto de la “disposición de residuos”, el informe de la AGP indica que “en el camino que lleva desde el pueblo hasta el vertedero se observan basurales clandestinos donde la gente del lugar arroja basura”.
30 causas
Aunque preocupa, la realidad hasta aquí expuesta en Salta es más común de lo que parece. Sin tomar este informe de la AGP, desde la Procuración General de la provincia se informó que en las fiscalías hay al menos 30 causas por daños ambientales referidas a basurales.
El viernes que pasó se convocó a los fiscales a cargo de actuaciones referidas a la gestión de los residuos y su impacto en el ambiente y que en su mayoría se originaron con la información recabada por la Relatoría Ambiental de la Procuración General de la Provincia, a cargo de Sebastián Lloret.
“Lo novedoso es que es la primera vez que desde la Procuración se pide llamar a todos los fiscales a fin de contrastar acciones y criterios de trabajo”, dijo Lloret al ser consultado por Salta/12 respecto del encuentro. Para ello se contó con la presencia de miembros que componen el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), desde donde se expusieron ejemplos, criterios y problemáticas que involucran los basurales.
En el encuentro se recordó que la gestión de residuos domiciliarios “recae bajo la competencia de los municipios, los que están habilitados y monitoreados por la administración pública provincial”. La provincia se rige por un Plan Estratégico Provincial diagramado conforme las pautas mínimas exigidas por la Nación.
Contrariaramente a lo que sucede en la realidad de muchos municipios, se indicó que la ley dispone que “los rellenos sanitarios no pueden estar en cursos de agua y sí deben ubicarse en sitios alejados de ciudades o pueblos”. Además, deben cumplir con requisitos como: estudios de impacto ambiental y social (EIAS), con participación social previa en audiencias públicas. También, indicó la Procuración, deben realizarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.
Responsabilidades sin compartir
El marco ideal que establece la ley se aleja de la realidad de los municipios. En diálogo con Salta /12, el abogado Luis Segovia, especialista en derecho ambiental y representante de vecinos en la causa que se sigue por el vertedero San Javier (donde se trata la basura de la capital salteña y alrededores), hizo su análisis de la situación.
Por un lado, entendió que podrían imputarse presuntas irregularidades financieras a los municipios cuando se trata de cumplir con la ley ambiental. Sin embargo, afirmó que también se debe observar la capacidad económica de las comunas para cumplir con las obligaciones que se previeron desde el año 2004, cuando surgió la ley nacional 25916, que dispone cómo hacer el tratamiento de los residuos.
Puso de ejemplo la condena ya ratificada por la Corte de Justicia de Salta en 2018 contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo. En la condena se disponía que en un plazo prudencial se instrumente un programa de tratamiento de residuos en ese municipio. Cornejo terminó su gestión sin cumplirla.
Para Segovia, el problema pasa no solo por no querer, sino por no contar con los fondos para hacerlo. “Hay una disparidad de criterios de la provincia para ayudar a los municipios” con la disposición de sus residuos. En opinión del abogado, muchos de esos criterios dependen del ánimo y simpatía de turno del gobierno provincial con el jefe comunal de turno. Los fondos nacionales e internacionales son canalizados por el administrador provincial hacia los municipios. En manos de la provincia queda solo el “monitoreo” o “asesoramiento” de las acciones, y los administradores provinciales se despegan de responsabilidad alguna por la contaminación que generan los basurales a cielo abierto.
“A los municipios aislados y sin recursos les va a resultar imposible”, generar el tratamiento de residuos, pues es una realidad que incluso sucede en aquellos municipios adonde el dinero sí llegó, sostuvo Segovia. Señaló al caso de Cafayate, ciudad turística y cabecera del departamento homónimo en los Valles Calchaquíes. Recordó que el año pasado se inició una investigación judicial porque se habían incendiado residuos que habían sido mal gestionados. “Cafayate sí recibió fondos que la provincia obtuvo de Nación”, dijo Segovia, quien reconoció que durante la gestión del kirchnerismo a nivel nacional fue cuando más dinero se envió a las provincias para el tratamiento de residuos. “Valió que cuenten con una de las plantas más grandes de gestión en un consorcio que involucra a Cafayate, Animaná y San Carlos”, sostuvo. Pero, a su entender, la gestión de residuos de todos modos se hizo mal.
El diputado provincial con mandato cumplido Arturo Borelli había presentado en 2019 un proyecto con el objetivo de crear un consorcio metropolitano de la capital salteña donde la provincia fue incluida con responsabilidades compartidas. “De hecho, es lo que funciona hoy en Buenos Aires”, dijo el abogado.
Como asesor de Borelli, Segovia recordó que se hizo una reunión en la Cámara de Diputados con el fin de tratar el proyecto con los responsables de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Los funcionarios se negaron a la posibilidad de un trabajo de colaboración con los municipios “y se rasgaron las vestiduras hablando de la autonomía municipal”, contó. “No quisieron reconocer que (la política respecto de los basurales), fue un fracaso a nivel de las competencias”.
Mientras tanto, la preocupación mayor es la contaminación de las napas de aguas subterráneas, en donde los límites de las jurisdicciones se terminan por diluir.
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Desbordes del Río Seco: sin gestión y en zona de desmontes
Un curso de agua sin medición y con crecidas fuertes por desmontes
Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Especialistas que conocen del comportamiento de este río explicaron algunas particularidades del curso de agua que se inicia en Bolivia.
El río Seco aparece en el municipio boliviano de Yacuiba, en la frontera con Argentina. Entra por el valle al oeste de la serranía de Tartagal (valle del río Seco), en el departamento San Martín y cruza la ruta 34 al sur de su intersección con la ruta nacional 81.
Las cañadas que conducen los desbordes después de Embarcación, van por el sur de los pueblos asentados en la ruta 81. Sus aguas recorren una zona de pequeños productores y pueblos asentados en las rutas nacionales 81 y 34.
Como lo indica su nombre, no suele preocupar porque rara vez lleva agua. Pues sólo aparece con las lluvias en las serranías que están detrás de Tartagal. Pero cuando crece, empieza a cargar las aguas y distribuirlas por distintas cañadas que perjudican a las poblaciones rurales de estas zonas.
“No hay ningún tipo de estación meteorológica para medir” el cauce de este río, dijo Luis María de la Cruz, director de la Fundación para la Gestión e Investigación Regional (FUNGIR), y administrador del sistema de monitoreo participativo y alerta temprana del río Pilcomayo.
El especialista sostuvo que el curso del río Seco se inicia en una zona donde residen familias campesinas y resulta difícil contar con un sistema de alerta. Como solía crecer sólo en ocasiones (incluso hubo hasta diez años en que no creció), no se le brinda demasiada importancia.
El problema es que cuando crece empieza a recorrer algunas zonas donde el desmonte abunda. Es una de las características de la ruta nacional 81, en donde se encuentra Hickman, localidad de Embarcación (en el departamento San Martín), que fue inundada a raíz de la crecida de este río.
“Los desmontes aceleran el flujo del agua y no retienen nada, lo que explica que, aguas abajo, al sur de Hickman, se inunden cada vez más”, explicó de la Cruz tras realizar la lectura de mapas satelitales que muestran el curso de estas aguas.
Incluso indicó que en su recorrido carga las aguas de una laguna ubicada al norte de Embarcación. Esto podría complicar a la ciudad norteña si las crecidas continúan. Los sistemas de cañadas que forman parte de esa misma crecida también complican a Hickman y Dragones, también sobre la ruta 81.
“En 2005 el río Seco se llevó un puente” recordó De la Cruz. Afirmó que desde 2018 hasta 2020 hubo crecidas. Aunque la de este año está demostrando ser mucho peor que las de 2018 y 2019.
Alud, pérdidas y ganancias
El río Seco afectó hace unos días a las familias campesinas de Campichuelo, también de Embarcación. En este caso ellos están ubicados en inmediaciones de la ruta nacional 34, que cruza la 81. Esta vez la crecida dejó a las familias Tejerina y Gareca sin nada, pues el agua vino acompañada de barro y subió el nivel del suelo hasta los alambrados. Las dos familias perdieron los pozos de agua.
Raúl Marinconz, uno de los técnicos despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), durante la gestión macrista y conocedor de la zona, afirmó que estas son consecuencias de los desmontes. Pero en el caso en particular de la ruta 34, agregó que se suma otra complicación. Los finqueros cavan zanjas con el fin de que no se inunden los campos de soja, o de otras producciones destinadas a la exportación. El río entonces pasa con mayor fuerza por la ruta y el desborda e inunda los distintos puestos campesinos. De hecho, explicó, fue esta situación la que generó el corte de ruta sobre la 34 hace una semana y media.
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Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Especialistas que conocen del comportamiento de este río explicaron algunas particularidades del curso de agua que se inicia en Bolivia.
El río Seco aparece en el municipio boliviano de Yacuiba, en la frontera con Argentina. Entra por el valle al oeste de la serranía de Tartagal (valle del río Seco), en el departamento San Martín y cruza la ruta 34 al sur de su intersección con la ruta nacional 81.
Las cañadas que conducen los desbordes después de Embarcación, van por el sur de los pueblos asentados en la ruta 81. Sus aguas recorren una zona de pequeños productores y pueblos asentados en las rutas nacionales 81 y 34.
Como lo indica su nombre, no suele preocupar porque rara vez lleva agua. Pues sólo aparece con las lluvias en las serranías que están detrás de Tartagal. Pero cuando crece, empieza a cargar las aguas y distribuirlas por distintas cañadas que perjudican a las poblaciones rurales de estas zonas.
“No hay ningún tipo de estación meteorológica para medir” el cauce de este río, dijo Luis María de la Cruz, director de la Fundación para la Gestión e Investigación Regional (FUNGIR), y administrador del sistema de monitoreo participativo y alerta temprana del río Pilcomayo.
El especialista sostuvo que el curso del río Seco se inicia en una zona donde residen familias campesinas y resulta difícil contar con un sistema de alerta. Como solía crecer sólo en ocasiones (incluso hubo hasta diez años en que no creció), no se le brinda demasiada importancia.
El problema es que cuando crece empieza a recorrer algunas zonas donde el desmonte abunda. Es una de las características de la ruta nacional 81, en donde se encuentra Hickman, localidad de Embarcación (en el departamento San Martín), que fue inundada a raíz de la crecida de este río.
“Los desmontes aceleran el flujo del agua y no retienen nada, lo que explica que, aguas abajo, al sur de Hickman, se inunden cada vez más”, explicó de la Cruz tras realizar la lectura de mapas satelitales que muestran el curso de estas aguas.
Incluso indicó que en su recorrido carga las aguas de una laguna ubicada al norte de Embarcación. Esto podría complicar a la ciudad norteña si las crecidas continúan. Los sistemas de cañadas que forman parte de esa misma crecida también complican a Hickman y Dragones, también sobre la ruta 81.
“En 2005 el río Seco se llevó un puente” recordó De la Cruz. Afirmó que desde 2018 hasta 2020 hubo crecidas. Aunque la de este año está demostrando ser mucho peor que las de 2018 y 2019.
Alud, pérdidas y ganancias
El río Seco afectó hace unos días a las familias campesinas de Campichuelo, también de Embarcación. En este caso ellos están ubicados en inmediaciones de la ruta nacional 34, que cruza la 81. Esta vez la crecida dejó a las familias Tejerina y Gareca sin nada, pues el agua vino acompañada de barro y subió el nivel del suelo hasta los alambrados. Las dos familias perdieron los pozos de agua.
Raúl Marinconz, uno de los técnicos despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), durante la gestión macrista y conocedor de la zona, afirmó que estas son consecuencias de los desmontes. Pero en el caso en particular de la ruta 34, agregó que se suma otra complicación. Los finqueros cavan zanjas con el fin de que no se inunden los campos de soja, o de otras producciones destinadas a la exportación. El río entonces pasa con mayor fuerza por la ruta y el desborda e inunda los distintos puestos campesinos. De hecho, explicó, fue esta situación la que generó el corte de ruta sobre la 34 hace una semana y media.
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La agroindustria irracional mata y un ejemplo son los wichí
Afirman que el desmonte es una de las principales causas de la desnutrición de los wichí
Fecha de Publicación: 17/02/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Salta
Referentes indígenas y profesionales de la Salud aseguraron que el desmonte en los últimos 10 años, el uso de agrotóxicos en los cultivos de soja y porotos, la falta de agua potable, la prohibición de cortar maderas utilizadas en la elaboración de artesanias y una cobertura médica insuficiente son algunas causas que llevaron a las muertes por desnutrición de la población wichí.
Al menos 32 niños wichi están internados por desnutrición aseguró el ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo tras conocerse la noticia de que siete niños habían muerto por este motivo, por lo que el ministro de Defensa Agustín Rossi viajó hoy a Salta para supervisar las tareas de perforación de pozos para la obtención de agua potable.
Rodolfo Franco, un médico que vive en Misión Chaqueña, dependiente del municipio salteño de Embarcación; hace siete años que atiende a la gente del lugar y creó, junto a su esposa wichí, un merendero en su casa para alimentar a niños y niñas del lugar.
"La causa de la desnutrición es el desmonte. El monte era su habitat alli tenían su forma habitual de alimentarse a través de la caza, la pesca y la recolección y ya no lo tienen",dijo a Télam.
"Algunas personas en las comunidades lograron armar chacras familiares al conseguir pozos de agua, pero después fueron abandonándolas porque es muy difícil sostenerlas; hay que comprar semillas y un montón de cosas más, y desde el momento que se siembra hasta la cosecha pasa mucho tiempo", contó.
El médico aseguró a que "entre Misión Chaqueña y Misión Carboncito, a 50 kilómetros de Embarcación, suman 6.000 habitantes y yo soy el único médico".
"Mision Carboncito tendrá ahora unos cinco o seis niños de muy bajo peso, otros 70 menores de tres años de bajo peso y unos quinientos niños mayores de tres años con distintos grados de desnutrición", detalló.
A su vez, indicó que en Misión Chaqueña "hay cerca de 150 niños menores de tres años con bajo peso, 10 con muy bajo peso, y están pasando hambre, sumado a los cuadros de tuberculosis que hay en la zona".
"El estado no hace controles de salud a los niños de tres a doce años, así que estimo que habrá alrededor de mil pibes con desnutrición", aseguró.
Por su parte Medardo Avila Vazquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados señaló que "se desmontaron más de 1.200.000 hectáreas de monte en los últimos 10 años, entre lo que es la yunga del pedemonte de la cordillera, mas el monte chaqueño".
"Ahí viven unos 60.000 wichí que están en un nivel de vulnerabilidad muy grande al destruirse su habitat por el agronegocio", afirmó.
"La gente que antes llevaba una forma de vida adaptada dentro del monte ahora sobrevive como pueden porque incluso cargan agua de donde consiguen con bidones que antes contenían agrotóxicos para las plantaciones", indicó.
Incluso "hay registros de animales nacidos con malformaciones debido al glifosato"
Por su parte Modesto Rojas, cacique wichí de la comunidad Fwolit ubicada a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Nacional 86, en la localidad de Tartagal, contó que en esa zona " viven mas o menos 37 comunidades, la mayoria wichí, un comunidad tapiete y tres comunidades guaraní".
Indicó que "aún no llegó la ayuda a todas las comunidades" y relató: "acabo de llegar de la comunidad El Arenal donde no tienen agua potable y los chicos estaban llorando de hambre".
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Fecha de Publicación: 17/02/2020
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Salta
Referentes indígenas y profesionales de la Salud aseguraron que el desmonte en los últimos 10 años, el uso de agrotóxicos en los cultivos de soja y porotos, la falta de agua potable, la prohibición de cortar maderas utilizadas en la elaboración de artesanias y una cobertura médica insuficiente son algunas causas que llevaron a las muertes por desnutrición de la población wichí.
Al menos 32 niños wichi están internados por desnutrición aseguró el ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo tras conocerse la noticia de que siete niños habían muerto por este motivo, por lo que el ministro de Defensa Agustín Rossi viajó hoy a Salta para supervisar las tareas de perforación de pozos para la obtención de agua potable.
Rodolfo Franco, un médico que vive en Misión Chaqueña, dependiente del municipio salteño de Embarcación; hace siete años que atiende a la gente del lugar y creó, junto a su esposa wichí, un merendero en su casa para alimentar a niños y niñas del lugar.
"La causa de la desnutrición es el desmonte. El monte era su habitat alli tenían su forma habitual de alimentarse a través de la caza, la pesca y la recolección y ya no lo tienen",dijo a Télam.
"Algunas personas en las comunidades lograron armar chacras familiares al conseguir pozos de agua, pero después fueron abandonándolas porque es muy difícil sostenerlas; hay que comprar semillas y un montón de cosas más, y desde el momento que se siembra hasta la cosecha pasa mucho tiempo", contó.
El médico aseguró a que "entre Misión Chaqueña y Misión Carboncito, a 50 kilómetros de Embarcación, suman 6.000 habitantes y yo soy el único médico".
"Mision Carboncito tendrá ahora unos cinco o seis niños de muy bajo peso, otros 70 menores de tres años de bajo peso y unos quinientos niños mayores de tres años con distintos grados de desnutrición", detalló.
A su vez, indicó que en Misión Chaqueña "hay cerca de 150 niños menores de tres años con bajo peso, 10 con muy bajo peso, y están pasando hambre, sumado a los cuadros de tuberculosis que hay en la zona".
"El estado no hace controles de salud a los niños de tres a doce años, así que estimo que habrá alrededor de mil pibes con desnutrición", aseguró.
Por su parte Medardo Avila Vazquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados señaló que "se desmontaron más de 1.200.000 hectáreas de monte en los últimos 10 años, entre lo que es la yunga del pedemonte de la cordillera, mas el monte chaqueño".
"Ahí viven unos 60.000 wichí que están en un nivel de vulnerabilidad muy grande al destruirse su habitat por el agronegocio", afirmó.
"La gente que antes llevaba una forma de vida adaptada dentro del monte ahora sobrevive como pueden porque incluso cargan agua de donde consiguen con bidones que antes contenían agrotóxicos para las plantaciones", indicó.
Incluso "hay registros de animales nacidos con malformaciones debido al glifosato"
Por su parte Modesto Rojas, cacique wichí de la comunidad Fwolit ubicada a la altura del kilómetro 5 de la Ruta Nacional 86, en la localidad de Tartagal, contó que en esa zona " viven mas o menos 37 comunidades, la mayoria wichí, un comunidad tapiete y tres comunidades guaraní".
Indicó que "aún no llegó la ayuda a todas las comunidades" y relató: "acabo de llegar de la comunidad El Arenal donde no tienen agua potable y los chicos estaban llorando de hambre".
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Los desmontes matan en Salta
Salta: hay seis niños wichi fallecidos, la deforestación mata
Fecha de Publicación: 05/02/2020
Fuente: Agencia Coranto
Provincia/Región: Salta
Los desmontes en el norte argentino representan un problema para todo el país, como explicamos en esta nota la deforestación es un tema muy grave
“Los medios hablan de seis niños wichis que murieron en Salta, pero hay muchos más que los precedieron en esta injusta realidad; niños cuyo bienestar desapareció junto a su territorio, niños que antes de nacer ya sufren el despojo que implica la desaparición del monte; niños sin derecho a comer porque les destruyeron su almacén natural; niños sin derecho al agua porque muchas veces los sojeros contaminan sus fuentes naturales. Los wichis necesitan del bosque para poder subsistir”.
La que habla es Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, la persona que más atención presta al avance implacable del desmonte en el norte del país, denunciando el daño ambiental, condenando el abandono de los pueblos originarios. Una razón íntima la justifica: “Como descendiente de indígenas que se quedaron sin selva, puedo decir lo difícil que es sobrevivir sin el hogar, el gran estrés que persiste en el alma por generaciones, y lo importante que es el monte para seguir siendo, para ser la persona que uno vino a ser”.
El hambre es la razón urgente. La muerte temprana de chicos wichis y los muchos –demasiados– internados con distintos cuadros de desnutrición eclipsa cualquier análisis, clausura los debates. Sin embargo, son las propias víctimas las que advierten que existe una causa mucho más profunda que permanece convenientemente invisible.
“Los Estados nacional, provincial y municipales no quieren ver lo que está pasando. Muestran las muertes de los chicos, pero no cuentan que en esta zona todas las empresas tiran tóxicos, por ejemplo, al río Bermejo, con total libertad. Lo que está matando a la gente es el cáncer de la contaminación; las personas tienen enfermedad en el cuerpo, no pueden comer, no pueden hacer fuerza. Ningún Estado prestó atención a esto y sólo se enfocaron en el desmonte, en la tala de madera, y en la siembra de soja, porotos, maíz. Así arrastraron todo el monte y esa es la causa más grande de lo que nos pasa”, dice Leonardo Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina y referente de la comunidad wichi de El Tráfico, a 45 kilómetros de Embarcación, de donde eran algunos de los chicos muertos.
La “emergencia sociosanitaria” declarada por el gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín tiene una particularidad que ayuda a entender: los dos últimos son los más desmontados en la provincia. Sólo en los últimos cuatro años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques.
Mucho tuvieron que ver los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el exgobernador Juan Manuel Urtubey –ahora radicado en España–, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreciendo intereses de amigos poderosos, como Alejandro Braun Peña, primo del exjefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, o directamente los de su familia, como cuando benefició a sus hermanos sancionando una “ley de reordenamiento territorial”, permitiéndoles desforestar en áreas hasta ese entonces prohibidas.
“En la zona este y noreste de Salta hay una verdadera crisis humanitaria crónica; no es que ahora se están muriendo niños de desnutrición, sino que se vienen muriendo desde hace diez años. Esto pasa porque en ese sector de la Argentina, el agronegocio decidió expandirse desmontando masivamente, despojando a los nativos de sus tierras, dejándolos sin comida ni agua, ni siquiera un lugar donde vivir. Los abrevaderos, las lagunas y todo lo que eran reservas naturales ahora son sembradíos de soja, maíz, poroto. Para los wichis no ha quedado nada”, explica Medardo Ávila Vázquez, pediatra y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
“Los wichis son históricamente un pueblo recolector-cazador que difícilmente pueda subsistir si ha sido despojado de sus territorios. Además, sufren las grandes sequías, que después son seguidas de graves inundaciones; con esos cambios extremos viene a su vez el agravamiento de las enfermedades; a ellos les resulta muy difícil salir de sus relictos de bosques, donde se encuentran refugiados. Son víctimas de todos estos abusos, externos a su cultura”, se queja Cruz.
“Lo único que hizo el Estado –insiste Ávila Vázquez– es fomentar el agronegocio, y los indios son un problema, una carga. Por eso quieren que se vayan para la ciudad. Pero estos indios no se van, a diferencia de otras culturas más avanzadas de pueblos originarios, estos nativos del monte tienden a quedarse, esperanzados de volver a conseguir un espacio donde puedan vivir. El Estado se encuentra con este problema y lo único que hace es provocar que las comunidades desaparezcan, que mueran, como está ocurriendo”. «
El agronegocio desmontó, en los últimos diez años 1.200.000 hectáreas de bosque salteño, y desalojó a alrededor de 100 mil personas de distintas comunidades indígenas que ocupaban esos territorios. Las empresas, algunas vinculadas a hombres poderosos como Marcos Peña, Juan Manuel Urtubey y Alfredo Olmedo, han sembrado un millón de hectáreas de soja maíz y porotos.
Luego de que Médicos Sin Fronteras recibiera una carta de referentes indígenas solicitando su intervención en Salta, la organización respondió que “luego de establecer contacto con diversas autoridades provinciales y con organizaciones sociales que se encuentran en la zona, se ha optado por no realizar una misión exploratoria (paso previo a la apertura de una misión) en esa región” del país.
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Fecha de Publicación: 05/02/2020
Fuente: Agencia Coranto
Provincia/Región: Salta
Los desmontes en el norte argentino representan un problema para todo el país, como explicamos en esta nota la deforestación es un tema muy grave
“Los medios hablan de seis niños wichis que murieron en Salta, pero hay muchos más que los precedieron en esta injusta realidad; niños cuyo bienestar desapareció junto a su territorio, niños que antes de nacer ya sufren el despojo que implica la desaparición del monte; niños sin derecho a comer porque les destruyeron su almacén natural; niños sin derecho al agua porque muchas veces los sojeros contaminan sus fuentes naturales. Los wichis necesitan del bosque para poder subsistir”.
La que habla es Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, la persona que más atención presta al avance implacable del desmonte en el norte del país, denunciando el daño ambiental, condenando el abandono de los pueblos originarios. Una razón íntima la justifica: “Como descendiente de indígenas que se quedaron sin selva, puedo decir lo difícil que es sobrevivir sin el hogar, el gran estrés que persiste en el alma por generaciones, y lo importante que es el monte para seguir siendo, para ser la persona que uno vino a ser”.
El hambre es la razón urgente. La muerte temprana de chicos wichis y los muchos –demasiados– internados con distintos cuadros de desnutrición eclipsa cualquier análisis, clausura los debates. Sin embargo, son las propias víctimas las que advierten que existe una causa mucho más profunda que permanece convenientemente invisible.
“Los Estados nacional, provincial y municipales no quieren ver lo que está pasando. Muestran las muertes de los chicos, pero no cuentan que en esta zona todas las empresas tiran tóxicos, por ejemplo, al río Bermejo, con total libertad. Lo que está matando a la gente es el cáncer de la contaminación; las personas tienen enfermedad en el cuerpo, no pueden comer, no pueden hacer fuerza. Ningún Estado prestó atención a esto y sólo se enfocaron en el desmonte, en la tala de madera, y en la siembra de soja, porotos, maíz. Así arrastraron todo el monte y esa es la causa más grande de lo que nos pasa”, dice Leonardo Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios de Argentina y referente de la comunidad wichi de El Tráfico, a 45 kilómetros de Embarcación, de donde eran algunos de los chicos muertos.
La “emergencia sociosanitaria” declarada por el gobernador Gustavo Sáenz en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín tiene una particularidad que ayuda a entender: los dos últimos son los más desmontados en la provincia. Sólo en los últimos cuatro años, Salta arrasó con casi 80 mil hectáreas de bosques.
Mucho tuvieron que ver los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el exgobernador Juan Manuel Urtubey –ahora radicado en España–, autorizando el trabajo de topadoras en zonas protegidas por la Ley de Bosques, favoreciendo intereses de amigos poderosos, como Alejandro Braun Peña, primo del exjefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, o directamente los de su familia, como cuando benefició a sus hermanos sancionando una “ley de reordenamiento territorial”, permitiéndoles desforestar en áreas hasta ese entonces prohibidas.
“En la zona este y noreste de Salta hay una verdadera crisis humanitaria crónica; no es que ahora se están muriendo niños de desnutrición, sino que se vienen muriendo desde hace diez años. Esto pasa porque en ese sector de la Argentina, el agronegocio decidió expandirse desmontando masivamente, despojando a los nativos de sus tierras, dejándolos sin comida ni agua, ni siquiera un lugar donde vivir. Los abrevaderos, las lagunas y todo lo que eran reservas naturales ahora son sembradíos de soja, maíz, poroto. Para los wichis no ha quedado nada”, explica Medardo Ávila Vázquez, pediatra y coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
“Los wichis son históricamente un pueblo recolector-cazador que difícilmente pueda subsistir si ha sido despojado de sus territorios. Además, sufren las grandes sequías, que después son seguidas de graves inundaciones; con esos cambios extremos viene a su vez el agravamiento de las enfermedades; a ellos les resulta muy difícil salir de sus relictos de bosques, donde se encuentran refugiados. Son víctimas de todos estos abusos, externos a su cultura”, se queja Cruz.
“Lo único que hizo el Estado –insiste Ávila Vázquez– es fomentar el agronegocio, y los indios son un problema, una carga. Por eso quieren que se vayan para la ciudad. Pero estos indios no se van, a diferencia de otras culturas más avanzadas de pueblos originarios, estos nativos del monte tienden a quedarse, esperanzados de volver a conseguir un espacio donde puedan vivir. El Estado se encuentra con este problema y lo único que hace es provocar que las comunidades desaparezcan, que mueran, como está ocurriendo”. «
El agronegocio desmontó, en los últimos diez años 1.200.000 hectáreas de bosque salteño, y desalojó a alrededor de 100 mil personas de distintas comunidades indígenas que ocupaban esos territorios. Las empresas, algunas vinculadas a hombres poderosos como Marcos Peña, Juan Manuel Urtubey y Alfredo Olmedo, han sembrado un millón de hectáreas de soja maíz y porotos.
Luego de que Médicos Sin Fronteras recibiera una carta de referentes indígenas solicitando su intervención en Salta, la organización respondió que “luego de establecer contacto con diversas autoridades provinciales y con organizaciones sociales que se encuentran en la zona, se ha optado por no realizar una misión exploratoria (paso previo a la apertura de una misión) en esa región” del país.
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Aprietes del agronegocio salteño en Las Lajitas
Las Lajitas: empresario del agronegocio denunciado por amenazas
Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
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Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
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El mejoramiento del basural salteño en la nada
El depósito que sacaría al vertedero del colapso quedó en foja cero
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Se dio marcha atrás con la licitación para comprar la geomembrana que permite habilitar una nueva trinchera. Hace un año que el San Javier trabaja por fuera de su capacidad. La Justicia pidió informes.
Mediante una resolución, se dejó sin efecto el proceso de licitación para la compra de la geomembrana impermeabilizante que permitía habilitar la trinchera 4 del vertedero San Javier para seguir depositando la basura. Sin este nuevo espacio, el relleno sanitario seguirá trabajando por fuera de su capacidad.
El juez que lleva adelante la causa por contaminación que iniciaron los vecinos contra la empresa que está cargo del servicio, Agrotécnica Fueguina, y la Municipalidad pidió informes. Marcelo Domínguez le dio al municipio tres días hábiles para responder el pedido bajo apercibimiento o multas en caso de no contestar.
En el último boletín oficial de la gestión saencista, se dio a conocer que mediante la resolución 3.042, la subsecretaría de contrataciones dejaba sin efecto la licitación que tenía como "presupuesto oficial autorizado" más de 29 millones de pesos.
Se argumentó la resolución en un pedido expreso del subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos, Normando Zúñiga, de dejar sin efecto el proceso, del director general de Asesoría Legal de la Secretaria de Hacienda que sugirió lo mismo y por un pedido de informe del Tribunal de Cuentas.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas intercede en el proceso de adquisición de la compra de la geomembrana.
En abril del 2017, dictó la resolución 5.505 con la cual pudo tirar abajo la intención de la municipalidad de hacerse cargo de la compra. En aquella oportunidad el organismo observó que "no se encuentra justificado jurídicamente que corresponda a esta Municipalidad" financiar la geomembrana;e indicó que le correspondía a Agrotécnica.
Desde aquel momento la adquisición de la geomembrana comenzó un peregrinar que se vislumbraba cerca de resolverse. A pesar de la primera observación del Tribunal de Cuentas, ante los requerimientos del juez Marcelo Domínguez, el municipio se comprometió a costear el elemento impermeabilizante y aseguró que ya estaba abierto el proceso licitatorio. Sin embargo, con esta última resolución, el proceso volvió a cero.
Desde el tribunal de Cuentas aseguraron que la observación que hicieron en esta oportunidad no tiene que ver con quién la financia sino con que las ofertas de las empresas licitantes fueron presentadas en dólares. "Nosotros en el informe planteamos que no se podía determinar el costo real de la membrana por la cotización en dólares, que se debe determinar el monto real al momento de la operatoria. Había que hacer una actualización de valores", explicó Sócrates Paputsakis, vocal del Tribunal de Cuentas.
Consultado sobre si el financiamiento de la Municipalidad de la geomembrana no iría en contra del primer cuestionamiento que hizo el Tribunal de Cuentas en 2017; el funcionario desmintió la resolución 5.505, y aseguró que en "ningún momento se planteó la compra de la geomembrana, sino la construcción del vertedero 4 que incluía el cavado, la obra completa. Estaba cotizada como una obra de la que se tenía que hacer cargo el municipio", aseveró.
Al no poder habilitar la trinchera cuatro, en 2016 se reabrió la trinchera uno, que había sido cerrada en 1999. A principios de 2018, el coordinador del vertedero, Julio Cabral, indicó que le quedaba un año de vida útil. Es decir que hace casi un año que el vertedero trabaja por fuera de su capacidad.
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Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Se dio marcha atrás con la licitación para comprar la geomembrana que permite habilitar una nueva trinchera. Hace un año que el San Javier trabaja por fuera de su capacidad. La Justicia pidió informes.
Mediante una resolución, se dejó sin efecto el proceso de licitación para la compra de la geomembrana impermeabilizante que permitía habilitar la trinchera 4 del vertedero San Javier para seguir depositando la basura. Sin este nuevo espacio, el relleno sanitario seguirá trabajando por fuera de su capacidad.
El juez que lleva adelante la causa por contaminación que iniciaron los vecinos contra la empresa que está cargo del servicio, Agrotécnica Fueguina, y la Municipalidad pidió informes. Marcelo Domínguez le dio al municipio tres días hábiles para responder el pedido bajo apercibimiento o multas en caso de no contestar.
En el último boletín oficial de la gestión saencista, se dio a conocer que mediante la resolución 3.042, la subsecretaría de contrataciones dejaba sin efecto la licitación que tenía como "presupuesto oficial autorizado" más de 29 millones de pesos.
Se argumentó la resolución en un pedido expreso del subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos, Normando Zúñiga, de dejar sin efecto el proceso, del director general de Asesoría Legal de la Secretaria de Hacienda que sugirió lo mismo y por un pedido de informe del Tribunal de Cuentas.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas intercede en el proceso de adquisición de la compra de la geomembrana.
En abril del 2017, dictó la resolución 5.505 con la cual pudo tirar abajo la intención de la municipalidad de hacerse cargo de la compra. En aquella oportunidad el organismo observó que "no se encuentra justificado jurídicamente que corresponda a esta Municipalidad" financiar la geomembrana;e indicó que le correspondía a Agrotécnica.
Desde aquel momento la adquisición de la geomembrana comenzó un peregrinar que se vislumbraba cerca de resolverse. A pesar de la primera observación del Tribunal de Cuentas, ante los requerimientos del juez Marcelo Domínguez, el municipio se comprometió a costear el elemento impermeabilizante y aseguró que ya estaba abierto el proceso licitatorio. Sin embargo, con esta última resolución, el proceso volvió a cero.
Desde el tribunal de Cuentas aseguraron que la observación que hicieron en esta oportunidad no tiene que ver con quién la financia sino con que las ofertas de las empresas licitantes fueron presentadas en dólares. "Nosotros en el informe planteamos que no se podía determinar el costo real de la membrana por la cotización en dólares, que se debe determinar el monto real al momento de la operatoria. Había que hacer una actualización de valores", explicó Sócrates Paputsakis, vocal del Tribunal de Cuentas.
Consultado sobre si el financiamiento de la Municipalidad de la geomembrana no iría en contra del primer cuestionamiento que hizo el Tribunal de Cuentas en 2017; el funcionario desmintió la resolución 5.505, y aseguró que en "ningún momento se planteó la compra de la geomembrana, sino la construcción del vertedero 4 que incluía el cavado, la obra completa. Estaba cotizada como una obra de la que se tenía que hacer cargo el municipio", aseveró.
Al no poder habilitar la trinchera cuatro, en 2016 se reabrió la trinchera uno, que había sido cerrada en 1999. A principios de 2018, el coordinador del vertedero, Julio Cabral, indicó que le quedaba un año de vida útil. Es decir que hace casi un año que el vertedero trabaja por fuera de su capacidad.
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Salta: los bosques en las rutas
Los bosques nativos, en camiones sobre la ruta
Fecha de Publicación: 10/12/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La tala del monte y los bosques en distintos puntos de la provincia quedan evidenciados cuando la policía secuestra grandes cantidades de madera de bosques nativos sin guías ni permisos legales.
En este contexto los diversos operativos dieron cuenta de miles de kilos de carbón vegetal y de madera en rollo, sobre todo de madera dura.
En el marco de los operativos de seguridad que se llevan a cabo en todo el territorio de la provincia, personal policial realizó diversos controles vehiculares, uno de ellos en la localidad de Morillo y otro en El Quebrachal. Se procedió al secuestro de más de 1.700 productos forestales y 22.000 kg de carbonilla vegetal.
El pasado sábado, cerca de las 2.45 de la madrugada, en inmediaciones de ruta provincial 132. altura del kilómetro 7 de la localidad de Morillo, personal de la comisaría 44 incautó de 1.700 postes de la especie de palo santo, que eran transportados en dos camiones con acoplados, y que al solicitarle la documentación correspondiente no coincidían con los datos antes descriptos.
Los postes habrían sido obtenidos ilegalmente de desmontes ilegales en el Chaco salteño que en los últimos 10 años fueron diezmadas las hectáreas de bosques nativos, las que luego de desmontadas son utilizadas para la agricultura a gran escala.
El Quebrachal
Por otra parte, en El Quebrachal a las 17.45, se realizó un control vehicular a cargo del director de Unidad Regional 5. El operativo se realizó sobre ruta 16, km 580, en cercanías al acceso a la localidad sureña, a un camión marca Scania que transportaba 22.000 kg de carbonilla vegetal, entre la caja y el acoplado, no contando con guía de transporte que avale dicho cargamento, por lo que preventivamente fue secuestrado.
De consulta judicial con la Fiscalía Penal de cada jurisdicción, procedieron a labrar acta de infracción respectiva, y al secuestro de los productos.
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Salta: vertedero judicializado sin nada resuelto
Confirman que la trinchera IV del vertedero no se habilitará este año
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Salta: audiencia por el basural de San Javier
Nueva audiencia por la contaminación en el vertedero San Javier
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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El Arenales contaminado con metales pesados
Advierten que el río Arenales tiene metales difíciles de remover
Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Una técnica del CIF habló de la importancia de monitorear los sedimentos del cauce de agua, ya que los metales pesados se adhieren a estos y dificultan su saneamiento. Pidió más prevención.
Una técnica del área de Ambiente del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal, comparó la situación de contaminación en la que estaría el río Arenales con la del Riachuelo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayer, por la mañana, se realizó una audiencia en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, en el marco de un amparo ambiental colectivo iniciado por 157 vecinos afectados por el desborde de este río a fines de enero de 2011. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, seguirá escuchando a las partes el 16 de diciembre, desde las 8.30, y quedó a disposición para nuevas inspecciones oculares.
Jimena Gato, funcionaria del CIF, advirtió que sería importante monitorear los sedimentos del cauce de agua que atraviesa la ciudad, ya que los metales pesados que están presentes en el líquido tienden a adherirse de manera natural a los sustratos sólidos.
Consultada sobre la posibilidad de quitar los metales pesados de los sedimentos, mencionó el caso porteño: "El Riachuelo es difícil de sanear, porque todos los metales pesados migraron a los sedimentos. En el momento en que una remueve los sedimentos, los metales vuelven a la matriz líquida del curso de agua".
Por eso, consideró que hay que tomar medidas preventivas, como detectar todas las industrias que están en el cauce urbano del río y analizar si vierten desechos a las cloacas o si están registradas como generadoras de residuos peligrosos.
Incluyó en este grupo a las que trabajan con agroquímicos. "Eso puede dar una idea de cómo monitorear y muestrear", aseguró.
La experta habló sobre un informe del CIF, de febrero de este año, en el que se develó la presencia excesiva de coliformes fecales y nitritos en el río Arenales. Mencionó que no había cartelería en la ribera para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de bañarse. "Si hay coliformes, el baño puede ser peligroso", advirtió.
El secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Gastón Galíndez, señaló que los carteles que colocaron fueron vandalizados. A pocos metros, los vecinos lo negaban con la cabeza.
El representante de la comuna dijo que los vecinos son los responsables de ensuciar la ribera del río e incluyó entre ellos a una persona que está en situación de calle y vive debajo de un puente.
Sin fondos
Un funcionario del área de monitoreo de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia señaló que la contaminación del río Arenales empieza a la altura de Santa Lucía; que alrededor de la avenida Discepolo hay una presencia elevada de sales y metales pesados y que la capacidad de la planta depuradora de líquidos cloacales está sobrepasada. Consideró que, si esta se ampliara, mejoraría mucho la situación.
Representantes de Aguas del Norte reconocieron que en la actualidad no hay fondos para la ampliación de la planta depuradora y dijeron que insistirán en la obtención de créditos para efectuarla.
El 22 de marzo, durante una inspección ocular en la ribera, los funcionarios se comprometieron a ejecutar obras para que los vecinos no sufran inundaciones esta temporada.
Verónica Moyano, vecina del barrio 13 de Abril, mencionó que desde entonces "no se hizo saneamiento, limpieza, nada". Reclamó por un canal que los mismos funcionarios reconocieron que está mal hecho. "¿Esperan que nos inundemos de nuevo?", preguntó.
Alertado sobre familias que siguen asentándose en la ribera del Arenales, el juez expresó que es urgente evitar que más personas se instalen a vivir allí. Consideró que una medida judicial sería efectiva para desalojar a un hombre que vive con su grupo familiar dentro del área inundable.
Planes para limpiar el cauce
Funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos dijeron que hay una obra preadjudicada a la empresa Norte Áridos, por 7 millones de pesos, para limpiar el cauce del río, 270 metros aguas arriba y otros tantos aguas abajo del puente de la avenida Tavella.
Aseguraron que con esta obra, que durará 60 días corridos, quedarán libres las dos terceras partes que están cubiertas de piedras y malezas e impiden que, cuando el río crece, el agua escurra sin provocar daños.
El secretario Oscar Dean reconoció que no sabe cuándo comenzará la obra, aunque la temporada de lluvias es inminente. Consultado por el cambio de gestión a nivel provincial, que será en menos de un mes, dijo que “estima” que el próximo gobierno seguirá con este trabajo.
Tras la inundación de 2011, vecinos de una decena de barrios iniciaron un amparo ambiental colectivo por el nulo manejo del río, la posibilidad de que esto se repitiera y la contaminación. En la acción, requirieron la “estabilización y saneamiento de la cuenca del río Arenales”.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo, un plan sanitario de emergencia y otro de monitoreo. En el mismo fallo, condenó a la empresa Néstor A. Marozzi SA a retirar el terraplén que hizo sobre el cauce.
En noviembre de 2018, rechazando las apelaciones interpuestas por la Provincia y Marozzi SA, la Corte de Justicia confirmó esta resolución, con la única disidencia del entonces juez y hoy procurador Abel Cornejo.
En abril del año pasado, tras la difusión de un estudio del CIF que reveló la situación “alarmante” del río Arenales por los niveles altos de metales pesados y de bacterias peligrosas para la salud, Domínguez ordenó medidas previsionales para impedir que las personas estuvieran en contacto con las aguas contaminadas.
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Fecha de Publicación: 16/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Una técnica del CIF habló de la importancia de monitorear los sedimentos del cauce de agua, ya que los metales pesados se adhieren a estos y dificultan su saneamiento. Pidió más prevención.
Una técnica del área de Ambiente del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del Ministerio Público Fiscal, comparó la situación de contaminación en la que estaría el río Arenales con la del Riachuelo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayer, por la mañana, se realizó una audiencia en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, en el marco de un amparo ambiental colectivo iniciado por 157 vecinos afectados por el desborde de este río a fines de enero de 2011. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, seguirá escuchando a las partes el 16 de diciembre, desde las 8.30, y quedó a disposición para nuevas inspecciones oculares.
Jimena Gato, funcionaria del CIF, advirtió que sería importante monitorear los sedimentos del cauce de agua que atraviesa la ciudad, ya que los metales pesados que están presentes en el líquido tienden a adherirse de manera natural a los sustratos sólidos.
Consultada sobre la posibilidad de quitar los metales pesados de los sedimentos, mencionó el caso porteño: "El Riachuelo es difícil de sanear, porque todos los metales pesados migraron a los sedimentos. En el momento en que una remueve los sedimentos, los metales vuelven a la matriz líquida del curso de agua".
Por eso, consideró que hay que tomar medidas preventivas, como detectar todas las industrias que están en el cauce urbano del río y analizar si vierten desechos a las cloacas o si están registradas como generadoras de residuos peligrosos.
Incluyó en este grupo a las que trabajan con agroquímicos. "Eso puede dar una idea de cómo monitorear y muestrear", aseguró.
La experta habló sobre un informe del CIF, de febrero de este año, en el que se develó la presencia excesiva de coliformes fecales y nitritos en el río Arenales. Mencionó que no había cartelería en la ribera para alertar a los ciudadanos sobre los riesgos de bañarse. "Si hay coliformes, el baño puede ser peligroso", advirtió.
El secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Gastón Galíndez, señaló que los carteles que colocaron fueron vandalizados. A pocos metros, los vecinos lo negaban con la cabeza.
El representante de la comuna dijo que los vecinos son los responsables de ensuciar la ribera del río e incluyó entre ellos a una persona que está en situación de calle y vive debajo de un puente.
Sin fondos
Un funcionario del área de monitoreo de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia señaló que la contaminación del río Arenales empieza a la altura de Santa Lucía; que alrededor de la avenida Discepolo hay una presencia elevada de sales y metales pesados y que la capacidad de la planta depuradora de líquidos cloacales está sobrepasada. Consideró que, si esta se ampliara, mejoraría mucho la situación.
Representantes de Aguas del Norte reconocieron que en la actualidad no hay fondos para la ampliación de la planta depuradora y dijeron que insistirán en la obtención de créditos para efectuarla.
El 22 de marzo, durante una inspección ocular en la ribera, los funcionarios se comprometieron a ejecutar obras para que los vecinos no sufran inundaciones esta temporada.
Verónica Moyano, vecina del barrio 13 de Abril, mencionó que desde entonces "no se hizo saneamiento, limpieza, nada". Reclamó por un canal que los mismos funcionarios reconocieron que está mal hecho. "¿Esperan que nos inundemos de nuevo?", preguntó.
Alertado sobre familias que siguen asentándose en la ribera del Arenales, el juez expresó que es urgente evitar que más personas se instalen a vivir allí. Consideró que una medida judicial sería efectiva para desalojar a un hombre que vive con su grupo familiar dentro del área inundable.
Planes para limpiar el cauce
Funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos dijeron que hay una obra preadjudicada a la empresa Norte Áridos, por 7 millones de pesos, para limpiar el cauce del río, 270 metros aguas arriba y otros tantos aguas abajo del puente de la avenida Tavella.
Aseguraron que con esta obra, que durará 60 días corridos, quedarán libres las dos terceras partes que están cubiertas de piedras y malezas e impiden que, cuando el río crece, el agua escurra sin provocar daños.
El secretario Oscar Dean reconoció que no sabe cuándo comenzará la obra, aunque la temporada de lluvias es inminente. Consultado por el cambio de gestión a nivel provincial, que será en menos de un mes, dijo que “estima” que el próximo gobierno seguirá con este trabajo.
Tras la inundación de 2011, vecinos de una decena de barrios iniciaron un amparo ambiental colectivo por el nulo manejo del río, la posibilidad de que esto se repitiera y la contaminación. En la acción, requirieron la “estabilización y saneamiento de la cuenca del río Arenales”.
En agosto de 2017, Domínguez ordenó a la Provincia, a la Municipalidad y a Aguas del Norte que presentaran y ejecutaran un plan de manejo, un plan sanitario de emergencia y otro de monitoreo. En el mismo fallo, condenó a la empresa Néstor A. Marozzi SA a retirar el terraplén que hizo sobre el cauce.
En noviembre de 2018, rechazando las apelaciones interpuestas por la Provincia y Marozzi SA, la Corte de Justicia confirmó esta resolución, con la única disidencia del entonces juez y hoy procurador Abel Cornejo.
En abril del año pasado, tras la difusión de un estudio del CIF que reveló la situación “alarmante” del río Arenales por los niveles altos de metales pesados y de bacterias peligrosas para la salud, Domínguez ordenó medidas previsionales para impedir que las personas estuvieran en contacto con las aguas contaminadas.
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Salta: muchos incendios con poca superficie afectada
Hubo 117 incendios forestales y 265 hectáreas quemadas
Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Según la Subsecretaría de Prevención y Emergencias, el primer caso ocurrió en mayo.Recomiendan a los vecinos no prender fuego. La quema de pastizales está prohibida.
En lo que va del año hubo 117 incendios forestales de distintas magnitudes y un total de 265 hectáreas quemadas en la capital salteña, según registros de la Subsecretaría de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta. Las zonas más afectadas han sido el sur y sureste.
El primero de los focos ígneos se detectó el 26 de mayo pasado en el barrio Constitución, en la zona este. En ese caso una quema de basura tomó parte de un pastizal en un espacio verde, lo que hizo necesaria la intervención de los bomberos voluntarios "Martín Miguel de Gemes".
Con relación a las hectáreas quemadas, el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, explicó: "Han resultado quemadas producto de la mano del hombre. En un 80% de los casos se trata de una acción negligente, es decir, algún vecino que desconoce que está prohibida la quema de pastizales en espacios públicos o de basura, restos de poda y el 20% restante producto de quienes lo hicieron intencionalmente. Cada vez que hay un incendio se activa un protocolo de trabajo del que participan diferentes organismos".
De las 265 hectáreas quemadas, 25 corresponden a la parte baja del cerro San Bernardo. Fueron consumidas por las llamas el 23 de octubre pasado, cuando aparentemente una persona encendió al menos tres focos ígneos distantes entre ellos. Dado que estaban situados en una ladera y había una leve brisa, el fuego se descontroló y exterminó la flora y fauna del lugar, según explicó el subsecretario Kripper.
"De todos los incendios intencionales en los que hemos intervenido, se registró la demora de un hombre en un caso ocurrido en el parque Los Lapachos del Portezuelo Chico. Intervino personal de la comisaría 9. Ese fue el único incendio en el que se detectó a la persona causante", dijo Kripper.
Agosto pasado se caracterizó por los cambios bruscos de temperaturas, el viento Zonda y el polvo en suspensión.
En este sentido, Kripper indicó: "Las elevadas temperaturas empezaron en ese "miniveranito' que tuvimos en agosto. Tanto el pastizal como las ramas y hojas de los árboles más pequeños se secan mucho, se predispone todo lo que es el combustible y se genera una probabilidad alta de incendio ante la presencia de cualquier foco ígneo o factor destellante"
Ante la problemática de los incendios forestales, la prevención es fundamental, más aún en la estación seca.
"La primer y mejor recomendación para que no haya incendios es no prender fuego, evitarlo. Además, hay que recordar que está prohibida la quema de pastizales, de restos de poda y basura en espacios verdes. Es importante saber que cada vez que se prende fuego hay un riesgo innecesario que se genera", hizo hincapié Kripper.
El funcionario también remarcó que en esta época es alta la probabilidad de que cualquier incendio se descontrole y genere mayores riesgos. "Tenemos temperaturas elevadas, baja humedad y presencia de viento constante, así que es importante ser muy prudente con esta situación", insistió.
Campaña para concientizar
A pocas horas de producido el incendio en la parte baja del cerro San Bernardo, el 23 de octubre pasado, los concejales capitalinos aprobaron una resolución presentada por la edil Mónica Torfe (UCPS) solicitando al Ejecutivo municipal que se implemente una campaña para concientizar sobre incendios urbanos y forestales. La resolución contiene un llamado a la reflexión a la comunidad y requiere a la intendencia realizar una amplia difusión en medios y pantallas LED instaladas en unidades de transporte de pasajeros de esta ciudad y por la página web del municipio. Además, se propone que se invite a las demás municipalidades de la provincia a adoptar idénticas medidas.
Al ser consultado sobre el proyecto, el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, respondió: “Creo que todas las iniciativas son oportunas pero esto también demuestra la falta de información con la que cuentan los concejales a la hora de tomar decisiones, ya que desde Prevención y Emergencias todos los años capacitamos en tres materias a los alumnos: reducción de riesgos, RCP y concientización en materia de incendios forestales, más aún este año con lo que ha sucedido en el Amazonas”.
El funcionario considera que “la iniciativa tendría que haber sido más precisa, específica, esto significa: colocar las recomendaciones en el reverso de las boletas de los impuestos inmobiliarios o de automotor, como se ha hecho en otras materias, solicitar al área de Prensa de la Municipalidad que se destine determinada cantidad significativa de anuncios para la concientización y hacer efectiva la publicidad en la cartelería pública de la Municipalidad”.
“Es importante sentarse a hablar con los actores que trabajan a diario para hacer algo más completo en materia de promoción y concientización”, finalizó Nicolás Kripper.
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Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
Según la Subsecretaría de Prevención y Emergencias, el primer caso ocurrió en mayo.Recomiendan a los vecinos no prender fuego. La quema de pastizales está prohibida.
En lo que va del año hubo 117 incendios forestales de distintas magnitudes y un total de 265 hectáreas quemadas en la capital salteña, según registros de la Subsecretaría de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta. Las zonas más afectadas han sido el sur y sureste.
El primero de los focos ígneos se detectó el 26 de mayo pasado en el barrio Constitución, en la zona este. En ese caso una quema de basura tomó parte de un pastizal en un espacio verde, lo que hizo necesaria la intervención de los bomberos voluntarios "Martín Miguel de Gemes".
Con relación a las hectáreas quemadas, el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, explicó: "Han resultado quemadas producto de la mano del hombre. En un 80% de los casos se trata de una acción negligente, es decir, algún vecino que desconoce que está prohibida la quema de pastizales en espacios públicos o de basura, restos de poda y el 20% restante producto de quienes lo hicieron intencionalmente. Cada vez que hay un incendio se activa un protocolo de trabajo del que participan diferentes organismos".
De las 265 hectáreas quemadas, 25 corresponden a la parte baja del cerro San Bernardo. Fueron consumidas por las llamas el 23 de octubre pasado, cuando aparentemente una persona encendió al menos tres focos ígneos distantes entre ellos. Dado que estaban situados en una ladera y había una leve brisa, el fuego se descontroló y exterminó la flora y fauna del lugar, según explicó el subsecretario Kripper.
"De todos los incendios intencionales en los que hemos intervenido, se registró la demora de un hombre en un caso ocurrido en el parque Los Lapachos del Portezuelo Chico. Intervino personal de la comisaría 9. Ese fue el único incendio en el que se detectó a la persona causante", dijo Kripper.
Agosto pasado se caracterizó por los cambios bruscos de temperaturas, el viento Zonda y el polvo en suspensión.
En este sentido, Kripper indicó: "Las elevadas temperaturas empezaron en ese "miniveranito' que tuvimos en agosto. Tanto el pastizal como las ramas y hojas de los árboles más pequeños se secan mucho, se predispone todo lo que es el combustible y se genera una probabilidad alta de incendio ante la presencia de cualquier foco ígneo o factor destellante"
Ante la problemática de los incendios forestales, la prevención es fundamental, más aún en la estación seca.
"La primer y mejor recomendación para que no haya incendios es no prender fuego, evitarlo. Además, hay que recordar que está prohibida la quema de pastizales, de restos de poda y basura en espacios verdes. Es importante saber que cada vez que se prende fuego hay un riesgo innecesario que se genera", hizo hincapié Kripper.
El funcionario también remarcó que en esta época es alta la probabilidad de que cualquier incendio se descontrole y genere mayores riesgos. "Tenemos temperaturas elevadas, baja humedad y presencia de viento constante, así que es importante ser muy prudente con esta situación", insistió.
Campaña para concientizar
A pocas horas de producido el incendio en la parte baja del cerro San Bernardo, el 23 de octubre pasado, los concejales capitalinos aprobaron una resolución presentada por la edil Mónica Torfe (UCPS) solicitando al Ejecutivo municipal que se implemente una campaña para concientizar sobre incendios urbanos y forestales. La resolución contiene un llamado a la reflexión a la comunidad y requiere a la intendencia realizar una amplia difusión en medios y pantallas LED instaladas en unidades de transporte de pasajeros de esta ciudad y por la página web del municipio. Además, se propone que se invite a las demás municipalidades de la provincia a adoptar idénticas medidas.
Al ser consultado sobre el proyecto, el subsecretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, respondió: “Creo que todas las iniciativas son oportunas pero esto también demuestra la falta de información con la que cuentan los concejales a la hora de tomar decisiones, ya que desde Prevención y Emergencias todos los años capacitamos en tres materias a los alumnos: reducción de riesgos, RCP y concientización en materia de incendios forestales, más aún este año con lo que ha sucedido en el Amazonas”.
El funcionario considera que “la iniciativa tendría que haber sido más precisa, específica, esto significa: colocar las recomendaciones en el reverso de las boletas de los impuestos inmobiliarios o de automotor, como se ha hecho en otras materias, solicitar al área de Prensa de la Municipalidad que se destine determinada cantidad significativa de anuncios para la concientización y hacer efectiva la publicidad en la cartelería pública de la Municipalidad”.
“Es importante sentarse a hablar con los actores que trabajan a diario para hacer algo más completo en materia de promoción y concientización”, finalizó Nicolás Kripper.
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