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El balance habitacional en el Ríachuelo en negativo
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Retroceso: cada vez más familias viven en riesgo ambiental a orillas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Curtiembres denunciadas en Lomas de Zamora
Alerta por contaminación en zona de curtiembres
Fecha de Publicación: 26/09/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La Patrulla Ambiental del organismo nacional, junto al OPDS y la Policía Ecológica, concretó dos operativos en el distrito, tras lo cual clausuraron una empresa y aplicaron sanciones a otra.
Alertados por denuncias vecinales, la Patrulla Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Policía Ecológica, intensificó los controles en la zona de curtiembres de Lomas de Zamora, donde clausuró un establecimiento.
El caso más grave es el de Laex SA, dedicada al procesamiento de grasas y sebo vacuno para el consumo, de la que señalaron que tenía “una gestión ambiental totalmente desastrosa” y que “no cumple con ninguna de las normas”.
Los agentes detectaron de inmediato las falencias denunciadas por los vecinos, que se quejaban por los fuertes olores y la descarga de efluentes sin tratamiento en el arroyo Santa Catalina. En el predio de Costa 47, se pudo encontrar gran cantidad de grasa cruda vertida a cielo abierto y en descomposición, tanques con filtraciones y que no contaban con sistema de tratamiento. Además, se encontró un conducto hacia el arroyo Santa Catalina, que se presume conducía el descarte de la producción del sebo.
A raíz de otra denuncia se fiscalizaron el proceso de producción y las plantas de tratamiento de efluentes de SADESA SA (curtiembre), Camilo Ferrón y Conté Todo. En la última, los inspectores identificaron un efluente amarillento (azufre) y grandes volúmenes de escombros y residuos, un pasivo ambiental que afecta de forma directa el cauce del Unamuno.
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Fecha de Publicación: 26/09/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La Patrulla Ambiental del organismo nacional, junto al OPDS y la Policía Ecológica, concretó dos operativos en el distrito, tras lo cual clausuraron una empresa y aplicaron sanciones a otra.
Alertados por denuncias vecinales, la Patrulla Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Policía Ecológica, intensificó los controles en la zona de curtiembres de Lomas de Zamora, donde clausuró un establecimiento.
El caso más grave es el de Laex SA, dedicada al procesamiento de grasas y sebo vacuno para el consumo, de la que señalaron que tenía “una gestión ambiental totalmente desastrosa” y que “no cumple con ninguna de las normas”.
Los agentes detectaron de inmediato las falencias denunciadas por los vecinos, que se quejaban por los fuertes olores y la descarga de efluentes sin tratamiento en el arroyo Santa Catalina. En el predio de Costa 47, se pudo encontrar gran cantidad de grasa cruda vertida a cielo abierto y en descomposición, tanques con filtraciones y que no contaban con sistema de tratamiento. Además, se encontró un conducto hacia el arroyo Santa Catalina, que se presume conducía el descarte de la producción del sebo.
A raíz de otra denuncia se fiscalizaron el proceso de producción y las plantas de tratamiento de efluentes de SADESA SA (curtiembre), Camilo Ferrón y Conté Todo. En la última, los inspectores identificaron un efluente amarillento (azufre) y grandes volúmenes de escombros y residuos, un pasivo ambiental que afecta de forma directa el cauce del Unamuno.
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Patrullas ambientales para el Riachuelo
Saneamiento del Riachuelo: la Acumar presenta nuevas patrullas ambientales
Fecha de Publicación: 11/09/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Harán recorridos nocturnos y los fines de semana; los ambientalistas insisten en que es necesario reformar la normativa
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) relanza su alicaída gestión con la mira puesta en el control industrial. El organismo tripartito, conformado por los estados nacional, bonaerense y porteño encargado de sanear el río más contaminado de la Argentina, aggiornó los móviles para detectar vuelcos ilegales de las industrias, especialmente las de la cuenca alta, conformada por los partidos bonaerenses de Marcos Paz, Cañuelas, General Las Heras, San Vicente, Ezeiza y La Matanza.
El nuevo esquema de control consiste en repartir los 40 inspectores del organismo en diferentes horarios, incluidas algunas noches y fines de semana, al tiempo que suma agentes de otras jurisdicciones como el Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds), la Autoridad del Agua bonaerense y la Agencia de Protección Ambiental porteña (Apra).
"Se trata de una refuncionalización de lo que había. El horario de inspección era de 8 a 13 de lunes a viernes; hemos diseñado un esquema de inspecciones de 8 a 20 y estamos programando poder hacerlas los fines de semana y por las noches", explicó Federico Gatti Lavisse, director general ambiental de Acumar que debe controlar unas 16.000 empresas radicadas en la cuenca.
El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 y casi una década después los avances son escasos. Precisamente uno de los puntos flacos es la contaminación industrial de las aguas que no se detiene. "La volatilidad institucional de Acumar no ayuda. Ya vamos siete presidentes en siete años. Si cada uno que viene encamina el plan hacia otro lado, no colabora con el plan que tiene muchas falencias", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), una de las ONG que conforma el Cuerpo Colegiado que debe controlar la ejecución del fallo judicial que siguen los juzgados federales a cargo de Sergio Torres y de Jorge Rodríguez.
La presentación de los vehículos, que lucen nuevo plotteado, y del cuerpo de inspectores estuvo a cargo de Dorina Bonetti, la politóloga que asumió como presidenta del organismo luego de la renuncia de Gladys González, que competirá por un lugar en el Senado, representando a Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires. La funcionaria es una estrecha colaboradora de González, que sigue de cerca la gestión del organismo, y es una persona de confianza de Carlos Grosso, consultor del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Muchos arriesgan que si el partido oficialista no consigue el triunfo electoral el mes próximo, la ex interventora del SOMU podría regresar al Riachuelo.
La polémica por los controles a las industrias no son solo por la corrupción y la posible caja que representan para los inspectores. Hay cuestiones técnicas y legales que ponen en duda que los límites impuestos por las leyes sean eficaces.
"El Riachuelo es un río de llanura y las empresas no pueden tirar la cantidad de líquido contaminante que quieran, aunque cumplan con la norma. Primero debe determinarse la carga que el río soporta (se denomina carga másica), una deuda de este plan de saneamiento", agregó Nápoli.
Gatti Lavisse explicó que se está trabajando por subcuenca y que existe una nueva normativa que entrará en vigor cuando ese estudio esté completo: "Creemos que para mediados del año próximo tendremos la información total de la cuenca".
La nueva norma a la que se refiere el funcionario es la 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Según interpreta el Cuerpo Colegiado esa disposición no solo no mejora la proyección de la contaminación, sino que la empeora. "Es una norma que no cambia en nada la que está vigente. Si se sigue inspeccionando con las resoluciones vigentes las empresas que opten por un plan de reconversión industrial van a tener que cambiarlo cuando esté el estudio completo del río. No tiene sentido. Es claro que no hay una voluntad de avanzar contra la contaminación industrial, más allá de los discursos", dijo Nápoli.
El Cuerpo Colegiado emitió hace dos meses un duro informe respecto del cumplimiento del plan de saneamiento. Por caso mencionó que la concreción de las 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo", y que de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca solo fueron realojados una parte. Aunque la Corte lo ordenó expresamente, las ONG señalaron que la Acumar no logró "identificar de manera específica la población en riesgo", y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental, ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
El organismo tripartito estuvo bajo la dirección de González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti, quien llegó en lugar de Amílcar López. En un año y ocho meses Cambiemos puso al frente del organismo a cuatro funcionarios. Uno de los argumentos del fracaso de la gestión eran las internas que se generaban con el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, hoy corrido de la escena que tiene al frente al vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana.
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Fecha de Publicación: 11/09/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Harán recorridos nocturnos y los fines de semana; los ambientalistas insisten en que es necesario reformar la normativa
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) relanza su alicaída gestión con la mira puesta en el control industrial. El organismo tripartito, conformado por los estados nacional, bonaerense y porteño encargado de sanear el río más contaminado de la Argentina, aggiornó los móviles para detectar vuelcos ilegales de las industrias, especialmente las de la cuenca alta, conformada por los partidos bonaerenses de Marcos Paz, Cañuelas, General Las Heras, San Vicente, Ezeiza y La Matanza.
El nuevo esquema de control consiste en repartir los 40 inspectores del organismo en diferentes horarios, incluidas algunas noches y fines de semana, al tiempo que suma agentes de otras jurisdicciones como el Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds), la Autoridad del Agua bonaerense y la Agencia de Protección Ambiental porteña (Apra).
"Se trata de una refuncionalización de lo que había. El horario de inspección era de 8 a 13 de lunes a viernes; hemos diseñado un esquema de inspecciones de 8 a 20 y estamos programando poder hacerlas los fines de semana y por las noches", explicó Federico Gatti Lavisse, director general ambiental de Acumar que debe controlar unas 16.000 empresas radicadas en la cuenca.
El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 y casi una década después los avances son escasos. Precisamente uno de los puntos flacos es la contaminación industrial de las aguas que no se detiene. "La volatilidad institucional de Acumar no ayuda. Ya vamos siete presidentes en siete años. Si cada uno que viene encamina el plan hacia otro lado, no colabora con el plan que tiene muchas falencias", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), una de las ONG que conforma el Cuerpo Colegiado que debe controlar la ejecución del fallo judicial que siguen los juzgados federales a cargo de Sergio Torres y de Jorge Rodríguez.
La presentación de los vehículos, que lucen nuevo plotteado, y del cuerpo de inspectores estuvo a cargo de Dorina Bonetti, la politóloga que asumió como presidenta del organismo luego de la renuncia de Gladys González, que competirá por un lugar en el Senado, representando a Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires. La funcionaria es una estrecha colaboradora de González, que sigue de cerca la gestión del organismo, y es una persona de confianza de Carlos Grosso, consultor del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Muchos arriesgan que si el partido oficialista no consigue el triunfo electoral el mes próximo, la ex interventora del SOMU podría regresar al Riachuelo.
La polémica por los controles a las industrias no son solo por la corrupción y la posible caja que representan para los inspectores. Hay cuestiones técnicas y legales que ponen en duda que los límites impuestos por las leyes sean eficaces.
"El Riachuelo es un río de llanura y las empresas no pueden tirar la cantidad de líquido contaminante que quieran, aunque cumplan con la norma. Primero debe determinarse la carga que el río soporta (se denomina carga másica), una deuda de este plan de saneamiento", agregó Nápoli.
Gatti Lavisse explicó que se está trabajando por subcuenca y que existe una nueva normativa que entrará en vigor cuando ese estudio esté completo: "Creemos que para mediados del año próximo tendremos la información total de la cuenca".
La nueva norma a la que se refiere el funcionario es la 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Según interpreta el Cuerpo Colegiado esa disposición no solo no mejora la proyección de la contaminación, sino que la empeora. "Es una norma que no cambia en nada la que está vigente. Si se sigue inspeccionando con las resoluciones vigentes las empresas que opten por un plan de reconversión industrial van a tener que cambiarlo cuando esté el estudio completo del río. No tiene sentido. Es claro que no hay una voluntad de avanzar contra la contaminación industrial, más allá de los discursos", dijo Nápoli.
El Cuerpo Colegiado emitió hace dos meses un duro informe respecto del cumplimiento del plan de saneamiento. Por caso mencionó que la concreción de las 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo", y que de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca solo fueron realojados una parte. Aunque la Corte lo ordenó expresamente, las ONG señalaron que la Acumar no logró "identificar de manera específica la población en riesgo", y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental, ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
El organismo tripartito estuvo bajo la dirección de González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti, quien llegó en lugar de Amílcar López. En un año y ocho meses Cambiemos puso al frente del organismo a cuatro funcionarios. Uno de los argumentos del fracaso de la gestión eran las internas que se generaban con el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, hoy corrido de la escena que tiene al frente al vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana.
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Clausuran predio de la SRA por contaminar arroyo
Acumar clausuró predios de la Sociedad Rural de Cañuelas
Fecha de Publicación: 13/08/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) realizó hoy un operativo de inspección y clausura en un sector de la Sociedad Rural de Cañuelas destinado al lavado de ganado y en un lavadero de camiones que volcaban vertidos sin tratar en el Arroyo Cebey.
Sobre los establecimientos de la Sociedad Rural de Cañuelas pesaban varias denuncias anónimas y deberán presentar un plan de Adecuación Ambiental, informó Acumar a través de un comunicado.
"Nos propusimos tomar la Cuenca Alta y particularmente la Cuenca del Arroyo Cebey como testigo y prioridad en el saneamiento, para alcanzar nuestros objetivos de calidad de agua y demostrar que se puede tener un Cuenca sin contaminación", expresó el director de Fiscalización y Control Ambiental del organismo, Hernán Asencio, durante el operativo de control que culminó con dos clausuras en Cañuelas.
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Fecha de Publicación: 13/08/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) realizó hoy un operativo de inspección y clausura en un sector de la Sociedad Rural de Cañuelas destinado al lavado de ganado y en un lavadero de camiones que volcaban vertidos sin tratar en el Arroyo Cebey.
Sobre los establecimientos de la Sociedad Rural de Cañuelas pesaban varias denuncias anónimas y deberán presentar un plan de Adecuación Ambiental, informó Acumar a través de un comunicado.
"Nos propusimos tomar la Cuenca Alta y particularmente la Cuenca del Arroyo Cebey como testigo y prioridad en el saneamiento, para alcanzar nuestros objetivos de calidad de agua y demostrar que se puede tener un Cuenca sin contaminación", expresó el director de Fiscalización y Control Ambiental del organismo, Hernán Asencio, durante el operativo de control que culminó con dos clausuras en Cañuelas.
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Riachuelo: prometen relocalizar las familias en dos años
Larreta promete mudar a todas las familias de la orilla del Riachuelo para 2019
Fecha de Publicación: 24/07/2017
Fuente: LPO
Provincia/Región: Riachuelo
Horacio Rodríguez Larreta planea trasladar en los próximos dos años a todas las familias que viven en el Camino de Sirga, a la vera del contaminado Riachuelo . "Nuestro objetivo es que no quede nadie para 2019", adelantaron a LPO desde el gobierno porteño. El IVC tiene más de 1400 casas en carpeta.
La cuenca del Riachuelo es uno de los puntos más complicados de la Ciudad. El río se transformó en una de los cauces más contaminados del mundo luego de décadas en que las empresas y municipios vertieron todo tipo de desechos en sus aguas.
En 2008 el fallo Mendoza, dictado por la Corte Suprema obligó a los gobiernos nacional, porteño, bonaerense y a todos los municipios que están sobre la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo a participar del saneamiento del río.
El fallo también exige que todos los habitantes del camino de Sirga sean relocalizados, una tarea que marchó muy lentamente durante las dos gestiones de Mauricio Macri al frente de la Ciudad. Hasta ahora 566 familias dejaron sus hogares a la vera del Riachuelo y aún 1294 familias están a la espera.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tiene a cargo la relocalización de los pobladores y la construcción de las nuevas viviendas. El organismo gestionado por el joven Ignacio Maquieyra está construyendo 675 viviendas, tiene 421 licitadas y hay otras 421 que están aún en proyecto.
El camino de Sirga es la franja de 15 metros desde la orilla de un río que estar liberada para uso público. En el caso del Riachuelo hay varios asentamientos como El Pueblito, Luján, Magaldi, Villa 26 y, el principal, la Villa 21-24.
Algunas familias fueron reubicadas en los barrios de Pompeya y Lugano, en los complejos San Francisco, Padre Mugica, Piletones.
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Fecha de Publicación: 24/07/2017
Fuente: LPO
Provincia/Región: Riachuelo
Horacio Rodríguez Larreta planea trasladar en los próximos dos años a todas las familias que viven en el Camino de Sirga, a la vera del contaminado Riachuelo . "Nuestro objetivo es que no quede nadie para 2019", adelantaron a LPO desde el gobierno porteño. El IVC tiene más de 1400 casas en carpeta.
La cuenca del Riachuelo es uno de los puntos más complicados de la Ciudad. El río se transformó en una de los cauces más contaminados del mundo luego de décadas en que las empresas y municipios vertieron todo tipo de desechos en sus aguas.
En 2008 el fallo Mendoza, dictado por la Corte Suprema obligó a los gobiernos nacional, porteño, bonaerense y a todos los municipios que están sobre la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo a participar del saneamiento del río.
El fallo también exige que todos los habitantes del camino de Sirga sean relocalizados, una tarea que marchó muy lentamente durante las dos gestiones de Mauricio Macri al frente de la Ciudad. Hasta ahora 566 familias dejaron sus hogares a la vera del Riachuelo y aún 1294 familias están a la espera.
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tiene a cargo la relocalización de los pobladores y la construcción de las nuevas viviendas. El organismo gestionado por el joven Ignacio Maquieyra está construyendo 675 viviendas, tiene 421 licitadas y hay otras 421 que están aún en proyecto.
El camino de Sirga es la franja de 15 metros desde la orilla de un río que estar liberada para uso público. En el caso del Riachuelo hay varios asentamientos como El Pueblito, Luján, Magaldi, Villa 26 y, el principal, la Villa 21-24.
Algunas familias fueron reubicadas en los barrios de Pompeya y Lugano, en los complejos San Francisco, Padre Mugica, Piletones.
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Inicio de una obra clave para sanear el Riachuelo
Cómo será la red cloacal que permitiría finalmente limpiar el Riachuelo
Fecha de Publicación: 22/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
La obra impactará en la limpieza del río porque eliminará los desechos cloacales que hoy son dispuestos en el ese curso de agua.
Los trabajos incluyen 40 kilómetros de túneles que llevarán, a través de un emisario de 12 kilómetros, lejos de la costa del Río de la Plata, los residuos cloacales tratados en la planta de saneamiento de Dock Sud.
Actualmente, los desechos se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres cloacas máximas que están saturadas. Dos empezaron a funcionar a fines del siglo XIX y principios del XX y la restante en 1946. Y se calcula que más de un 95 por ciento de la contaminación del río es consecuencia del vuelco sin restricción de aguas no tratadas y líquidos cloacales.
¿Cómo impactará?
La obra ayudará en la limpieza del Riachuelo porque eliminará los desechos cloacales que hoy son dispuestos en el ese curso de agua.
Eso tendrá una marca incidencia en las condiciones ambientales y en la salud de la población que vive cerca de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuyo curso hídrico se encuentra en proceso de saneamiento.
También posibilitará alivianar el trabajo de la Planta de Berazategui, con lo cual a futuro se van a poder incorporar 1,5 millones personas al servicio de cloacas.
El Sistema Riachuelo forma parte del Plan Nacional del Agua, que tiene como principal objetivo llegar con agua potable al 100 por ciento y con cloacas al 75 por ciento de las ciudades de todo el país hacia 2022.
Una vez en funcionamiento, el sistema contará con una capacidad de transporte y tratamiento de 2,3 millones de m3/día (27m3/seg) para beneficio directo e inmediato de la calidad de vida de millones de habitantes que viven en la margen izquierda del Riachuelo en términos de salud pública, impactos positivos en el medio ambiente y desarrollo social efectivo.
La construcción del emisario se ha previsto en dos tramos: un conducto de transporte, en túnel, de aproximadamente 10,5 km de longitud y 4300 mm de diámetro interno que se extenderá desde la salida de la estación de bombeo de la Planta Riachuelo con una dirección general Sudoeste-Noreste; y un tramo de difusión de 1,5 km, que tendrá 31 difusores que permitirán lograr una mezcla íntima del efluente con el agua del Río de la Plata para completar el tratamiento.
¿Cómo se construirá?
La totalidad de los 12 kilómetros de túnel serán construidos mediante máquina tunelera del tipo TBM EPB y colocación simultánea de dovelas prefabricadas.
Para muchos de los elementos se empleará una metodología innovadora, ejecutándose desde dentro del túnel mediante el empuje de caños de acero de 63 centímetros de diámetro y una longitud aproximada de 28 metros hasta aflorar sobre el lecho del río.
A posteriori se instalarán las rosetas con seis puertos cada una que posibilitarán la adecuada dilución del efluente.
Como parte integrante del alcance de este contrato, se ha desarrollado el acondicionamiento del predio de aproximadamente 450 metros por 250 metros donde se construirá la futura Planta de Pretratamiento.
Para ello, fue necesario construir una defensa costera de seis metros de altura sobre el frente del Río de la Plata y posterior relleno por detrás de esta y hasta la línea de costa preexistente, que involucra más de 350 mil metros cúbicos de arena, suelo de aporte y rocas de distinta graduación.
La ejecución de la obra tendrá un plazo mínimo de 5 años y generará 1500 puestos de trabajo entre obreros, técnicos y profesionales de distintas áreas.
Las obras del Sistema Riachuelo se desarrollan en tres lotes. El primero, que transporta efluentes servidos, comienza en el límite entre CABA y La Matanza y recorre toda la ciudad hasta Dock Sud. Descomprime las cloacas máximas con más de 30 kilómetros de túneles.
Los otros dos se encuentran en Dock Sud. El segundo abarca la planta de tratamiento y las estaciones elevadoras de entrada y salida, mientras que el tercero es el emisario, en la planta Riachuelo.
Las obras de los lotes 1 y 3 son financiadas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Banco Mundial, mientras que los trabajos del lote 2 son íntegramente financiados por el Estado.
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Fecha de Publicación: 22/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
La obra impactará en la limpieza del río porque eliminará los desechos cloacales que hoy son dispuestos en el ese curso de agua.
Los trabajos incluyen 40 kilómetros de túneles que llevarán, a través de un emisario de 12 kilómetros, lejos de la costa del Río de la Plata, los residuos cloacales tratados en la planta de saneamiento de Dock Sud.
Actualmente, los desechos se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres cloacas máximas que están saturadas. Dos empezaron a funcionar a fines del siglo XIX y principios del XX y la restante en 1946. Y se calcula que más de un 95 por ciento de la contaminación del río es consecuencia del vuelco sin restricción de aguas no tratadas y líquidos cloacales.
¿Cómo impactará?
La obra ayudará en la limpieza del Riachuelo porque eliminará los desechos cloacales que hoy son dispuestos en el ese curso de agua.
Eso tendrá una marca incidencia en las condiciones ambientales y en la salud de la población que vive cerca de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuyo curso hídrico se encuentra en proceso de saneamiento.
También posibilitará alivianar el trabajo de la Planta de Berazategui, con lo cual a futuro se van a poder incorporar 1,5 millones personas al servicio de cloacas.
El Sistema Riachuelo forma parte del Plan Nacional del Agua, que tiene como principal objetivo llegar con agua potable al 100 por ciento y con cloacas al 75 por ciento de las ciudades de todo el país hacia 2022.
Una vez en funcionamiento, el sistema contará con una capacidad de transporte y tratamiento de 2,3 millones de m3/día (27m3/seg) para beneficio directo e inmediato de la calidad de vida de millones de habitantes que viven en la margen izquierda del Riachuelo en términos de salud pública, impactos positivos en el medio ambiente y desarrollo social efectivo.
La construcción del emisario se ha previsto en dos tramos: un conducto de transporte, en túnel, de aproximadamente 10,5 km de longitud y 4300 mm de diámetro interno que se extenderá desde la salida de la estación de bombeo de la Planta Riachuelo con una dirección general Sudoeste-Noreste; y un tramo de difusión de 1,5 km, que tendrá 31 difusores que permitirán lograr una mezcla íntima del efluente con el agua del Río de la Plata para completar el tratamiento.
¿Cómo se construirá?
La totalidad de los 12 kilómetros de túnel serán construidos mediante máquina tunelera del tipo TBM EPB y colocación simultánea de dovelas prefabricadas.
Para muchos de los elementos se empleará una metodología innovadora, ejecutándose desde dentro del túnel mediante el empuje de caños de acero de 63 centímetros de diámetro y una longitud aproximada de 28 metros hasta aflorar sobre el lecho del río.
A posteriori se instalarán las rosetas con seis puertos cada una que posibilitarán la adecuada dilución del efluente.
Como parte integrante del alcance de este contrato, se ha desarrollado el acondicionamiento del predio de aproximadamente 450 metros por 250 metros donde se construirá la futura Planta de Pretratamiento.
Para ello, fue necesario construir una defensa costera de seis metros de altura sobre el frente del Río de la Plata y posterior relleno por detrás de esta y hasta la línea de costa preexistente, que involucra más de 350 mil metros cúbicos de arena, suelo de aporte y rocas de distinta graduación.
La ejecución de la obra tendrá un plazo mínimo de 5 años y generará 1500 puestos de trabajo entre obreros, técnicos y profesionales de distintas áreas.
Las obras del Sistema Riachuelo se desarrollan en tres lotes. El primero, que transporta efluentes servidos, comienza en el límite entre CABA y La Matanza y recorre toda la ciudad hasta Dock Sud. Descomprime las cloacas máximas con más de 30 kilómetros de túneles.
Los otros dos se encuentran en Dock Sud. El segundo abarca la planta de tratamiento y las estaciones elevadoras de entrada y salida, mientras que el tercero es el emisario, en la planta Riachuelo.
Las obras de los lotes 1 y 3 son financiadas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Banco Mundial, mientras que los trabajos del lote 2 son íntegramente financiados por el Estado.
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Es oficial el traslado de más pobladores del Riachuelo
Reubicarán a más familias de la vera del Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Los vecinos de la Villa 26, ubicada entre la calle Perdriel, el paredón de la calle Pedro de Luján y el Riachuelo, van siendo trasladados desde hace dos años hacia complejos habitacionales que van siendo inaugurados en predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad.
Ya en enero de 2015, 125 familias fueron reubicadas en un complejo de Barracas, y ahora le llegó el turno al resto de los habitantes de la zona.
En este marco, el viernes último, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la disposición conjunta n° 746/IVC/17 que establece que las autoridades se encargarán de mudar a 64 familias de la Villa 26 al complejo habitacional construido en la calle San Antonio 721, en el barrio de Barracas “en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo de la Ciudad” y solicita un servicio de traslado para tal fin.
Por otro lado, mediante la disposición conjunta n° 747/IVC/17 se solicita “servicio de mudanza para 54 familias pertenecientes a la Villa 26 a fin de trasladarlas hacia Complejo Lacarra 2047 en el barrio porteño de Parque Avellaneda- en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires”.
De esta manera, 118 familias podrán comenzar a vivir alejadas de la contaminación de esa zona, al mismo tiempo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa ayudando a los vecinos de esa zona a llegar a mejores lugares, donde podrán preservar su salud.
En ambos casos, los interesados en prestar el servicio pueden presentar su propuestas hasta 30 días después de realizado el llamado, siempre teniendo en cuenta que la mudanza se llevará a cabo entre octubre de 2017 y marzo de 2018.
En 2008, la Corte Suprema estableció que el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios bonaerenses a través de los que se extiende la cuenca Matanza Riachuelo y 44 empresas que vierten allí sus desechos, debían hacerse cargo del traslado de los habitantes de la Villa 26, a fin de preservar su salud.
Asimismo, la Corte dispuso que a medida que se concretara el traslado de la población, debía construirse en la margen del Riachuelo, el denominado “Camino de sirga”, un acceso que permita al personal especializado limpiar la orilla del río para luego continuar con las aguas.
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Fecha de Publicación: 19/07/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Los vecinos de la Villa 26, ubicada entre la calle Perdriel, el paredón de la calle Pedro de Luján y el Riachuelo, van siendo trasladados desde hace dos años hacia complejos habitacionales que van siendo inaugurados en predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad.
Ya en enero de 2015, 125 familias fueron reubicadas en un complejo de Barracas, y ahora le llegó el turno al resto de los habitantes de la zona.
En este marco, el viernes último, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la disposición conjunta n° 746/IVC/17 que establece que las autoridades se encargarán de mudar a 64 familias de la Villa 26 al complejo habitacional construido en la calle San Antonio 721, en el barrio de Barracas “en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo de la Ciudad” y solicita un servicio de traslado para tal fin.
Por otro lado, mediante la disposición conjunta n° 747/IVC/17 se solicita “servicio de mudanza para 54 familias pertenecientes a la Villa 26 a fin de trasladarlas hacia Complejo Lacarra 2047 en el barrio porteño de Parque Avellaneda- en virtud de la contaminación ambiental y sanitaria de la cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires”.
De esta manera, 118 familias podrán comenzar a vivir alejadas de la contaminación de esa zona, al mismo tiempo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa ayudando a los vecinos de esa zona a llegar a mejores lugares, donde podrán preservar su salud.
En ambos casos, los interesados en prestar el servicio pueden presentar su propuestas hasta 30 días después de realizado el llamado, siempre teniendo en cuenta que la mudanza se llevará a cabo entre octubre de 2017 y marzo de 2018.
En 2008, la Corte Suprema estableció que el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios bonaerenses a través de los que se extiende la cuenca Matanza Riachuelo y 44 empresas que vierten allí sus desechos, debían hacerse cargo del traslado de los habitantes de la Villa 26, a fin de preservar su salud.
Asimismo, la Corte dispuso que a medida que se concretara el traslado de la población, debía construirse en la margen del Riachuelo, el denominado “Camino de sirga”, un acceso que permita al personal especializado limpiar la orilla del río para luego continuar con las aguas.
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El Riachuelo fuente interminable de incumplimientos
Riachuelo: fuertes críticas al organismo encargado de sanearlo
Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
A nueve años del fallo de la Corte que ordena limpiarlo, ONG alertan sobre faltas
El 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar el Riachuelo, la cuenca más contaminada de la Argentina, pero el saneamiento parece cada vez más lejano y el futuro asoma desolador. Eso es lo que se desprende de un informe elaborado por las organizaciones sociales y ambientales que forman el Cuerpo Colegiado al cumplirse nueve años de aquel fallo por el que los titulares de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debieron responder ante el máximo tribunal en diciembre pasado.
Cuestionamientos sobre el control de vertidos y emisiones, la presencia de basurales a cielo abierto, el plan de relocalización de las familias que viven sobre el lecho del río y las dificultades para identificar la población en riesgo, entre otros, son los puntos salientes del documento firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación Vecinos La Boca.
"La resolución adoptada por Acumar (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), a la cual nuestro país ha adherido", se lee en el documento difundido ayer. Desde el organismo rechazaron esta acusación y argumentaron que se cumple con la ley nacional 26.011 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que obliga a fijar medidas para reducir o eliminar la producción y uso de los distintos productos químicos.
"Es una de las deudas ambientales más grandes del país. Y es el reflejo claro del fracaso de las políticas que heredamos. La intervención de la Justicia es una prueba de que esa forma de hacer política fracasó. Hoy, vemos el fracaso cada vez que caminamos la cuenca", argumentó Dorina Bonetti, directora general de Gestión Política y Social de Acumar.
De acuerdo con las organizaciones sociales y ambientales, el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo de 2010 que prevía la construcción de 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo" y de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca sólo fueron realojados una parte. Según indicaron, esta situación cuenta con el agravante de que más de la mitad de los basurales a cielo abierto que habían sido removidos volvieron a estar en actividad.
Para el Cuerpo Colegiado, a casi una década del fallo de la Corte Suprema, no se logró "identificar de manera específica la población en riesgo" y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
Acumar se encuentra bajo la dirección de Gladys González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti. Hasta ese momento Acumar dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la órbita de Sergio Bergman. González dejará su cargo para asumir los compromisos de candidata a senadora.
"Pasa el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que esto es una sentencia judicial", dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en diciembre de 2016 durante la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se rindan cuentas sobre el fallo de 2008.
El diagnóstico de los funcionarios de la Acumar fue alarmante: un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, con problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino, y sólo el 20% de la sentencia cumplida.
Dos siglos de promesas
Los planes de limpieza comenzaron hace 200 años
1811 El Primer Triunvirato se compromete a limpiar el Riachuelo debido a la contaminación producida por curtiembres, mataderos y saladeros. Fue la primera promesa.
1987 Los gobiernos de la Nación, Provincia y Ciudad firman un convenio para resolver, en 20 años, los problemas ambientales con una inversión de 1000 millones de dólares.
1993 María Julia Alsogaray, por entonces secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, prometió la limpieza y saneamiento del Riachuelo en 1000 días.
2008 La Corte Suprema ordena que los tres gobiernos lleven adelante las tareas de saneamiento.
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Fecha de Publicación: 10/07/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
A nueve años del fallo de la Corte que ordena limpiarlo, ONG alertan sobre faltas
El 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar el Riachuelo, la cuenca más contaminada de la Argentina, pero el saneamiento parece cada vez más lejano y el futuro asoma desolador. Eso es lo que se desprende de un informe elaborado por las organizaciones sociales y ambientales que forman el Cuerpo Colegiado al cumplirse nueve años de aquel fallo por el que los titulares de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debieron responder ante el máximo tribunal en diciembre pasado.
Cuestionamientos sobre el control de vertidos y emisiones, la presencia de basurales a cielo abierto, el plan de relocalización de las familias que viven sobre el lecho del río y las dificultades para identificar la población en riesgo, entre otros, son los puntos salientes del documento firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación Vecinos La Boca.
"La resolución adoptada por Acumar (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), a la cual nuestro país ha adherido", se lee en el documento difundido ayer. Desde el organismo rechazaron esta acusación y argumentaron que se cumple con la ley nacional 26.011 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que obliga a fijar medidas para reducir o eliminar la producción y uso de los distintos productos químicos.
"Es una de las deudas ambientales más grandes del país. Y es el reflejo claro del fracaso de las políticas que heredamos. La intervención de la Justicia es una prueba de que esa forma de hacer política fracasó. Hoy, vemos el fracaso cada vez que caminamos la cuenca", argumentó Dorina Bonetti, directora general de Gestión Política y Social de Acumar.
De acuerdo con las organizaciones sociales y ambientales, el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo de 2010 que prevía la construcción de 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo" y de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca sólo fueron realojados una parte. Según indicaron, esta situación cuenta con el agravante de que más de la mitad de los basurales a cielo abierto que habían sido removidos volvieron a estar en actividad.
Para el Cuerpo Colegiado, a casi una década del fallo de la Corte Suprema, no se logró "identificar de manera específica la población en riesgo" y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
Acumar se encuentra bajo la dirección de Gladys González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti. Hasta ese momento Acumar dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la órbita de Sergio Bergman. González dejará su cargo para asumir los compromisos de candidata a senadora.
"Pasa el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que esto es una sentencia judicial", dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en diciembre de 2016 durante la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se rindan cuentas sobre el fallo de 2008.
El diagnóstico de los funcionarios de la Acumar fue alarmante: un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, con problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino, y sólo el 20% de la sentencia cumplida.
Dos siglos de promesas
Los planes de limpieza comenzaron hace 200 años
1811 El Primer Triunvirato se compromete a limpiar el Riachuelo debido a la contaminación producida por curtiembres, mataderos y saladeros. Fue la primera promesa.
1987 Los gobiernos de la Nación, Provincia y Ciudad firman un convenio para resolver, en 20 años, los problemas ambientales con una inversión de 1000 millones de dólares.
1993 María Julia Alsogaray, por entonces secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, prometió la limpieza y saneamiento del Riachuelo en 1000 días.
2008 La Corte Suprema ordena que los tres gobiernos lleven adelante las tareas de saneamiento.
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Riachuelo: hace 9 años el Estado incumple un fallo
Crónica de un barrio invisibilizado
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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Riachuelo: impulsan el Plan Sanitario Ambiental
ACUMAR y el Ministerio de Salud de la Provincia impulsan el Plan Sanitario Ambiental para la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Nacional
ACUMAR y la cartera de salud de la Provincia firmaron un convenio para crear Corredores Sanitarios que fortalezcan la salud ambiental en la Cuenca. La iniciativa se suma al trabajo llevado adelante con los camiones y las Unidades Sanitarias.
La presidenta de ACUMAR, Gladys González, junto a la ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmaron un convenio para poner en marcha el Plan Sanitario Ambiental. Esto fortalecerá la atención de salud de los habitantes de los 14 municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo a través de Corredores Sanitarios que conformarán una línea de cuidados preventivos.
El convenio firmado entre ACUMAR y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incluirá el trabajo de las unidades sanitarias de los 14 municipios de la Cuenca, como primer nivel de atención de las personas en riesgo sociosanitario para su posterior derivación en efectores de mayor complejidad. Esta iniciativa se suma a la actividad que ACUMAR ya viene realizando con sus camiones en diferentes municipios brindando atención de salud primaria, odontológica y veterinaria.
“Hoy dimos una muestra más de lo que podemos lograr juntos, en equipo con la Provincia de Buenos Aires y los municipios, poniendo por delante el bienestar de los que más lo necesitan. Mediante este convenio integramos los servicios de salud en una red de atención que complementará los recursos disponibles y hará más eficiente la atención sanitaria de los vecinos”, expresó Gladys González.
Esta estrategia exige que todos los actores intervinientes identifiquen los efectores de salud capaces de dar respuesta a los pacientes derivados por ACUMAR a partir de las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo, las cuales se están llevando a cabo en los barrios más vulnerables de la Cuenca. Las evaluaciones permiten caracterizar los aspectos de salud, estado nutricional, crecimiento físico, desarrollo neurocognitivo y análisis toxicológico.
Con la firma del convenio se avanza en la articulación necesaria para el logro de los objetivos definidos en el marco del PISA 2016 orientado a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa Mendoza.
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Fecha de Publicación: 27/06/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Nacional
ACUMAR y la cartera de salud de la Provincia firmaron un convenio para crear Corredores Sanitarios que fortalezcan la salud ambiental en la Cuenca. La iniciativa se suma al trabajo llevado adelante con los camiones y las Unidades Sanitarias.
La presidenta de ACUMAR, Gladys González, junto a la ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmaron un convenio para poner en marcha el Plan Sanitario Ambiental. Esto fortalecerá la atención de salud de los habitantes de los 14 municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo a través de Corredores Sanitarios que conformarán una línea de cuidados preventivos.
El convenio firmado entre ACUMAR y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incluirá el trabajo de las unidades sanitarias de los 14 municipios de la Cuenca, como primer nivel de atención de las personas en riesgo sociosanitario para su posterior derivación en efectores de mayor complejidad. Esta iniciativa se suma a la actividad que ACUMAR ya viene realizando con sus camiones en diferentes municipios brindando atención de salud primaria, odontológica y veterinaria.
“Hoy dimos una muestra más de lo que podemos lograr juntos, en equipo con la Provincia de Buenos Aires y los municipios, poniendo por delante el bienestar de los que más lo necesitan. Mediante este convenio integramos los servicios de salud en una red de atención que complementará los recursos disponibles y hará más eficiente la atención sanitaria de los vecinos”, expresó Gladys González.
Esta estrategia exige que todos los actores intervinientes identifiquen los efectores de salud capaces de dar respuesta a los pacientes derivados por ACUMAR a partir de las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo, las cuales se están llevando a cabo en los barrios más vulnerables de la Cuenca. Las evaluaciones permiten caracterizar los aspectos de salud, estado nutricional, crecimiento físico, desarrollo neurocognitivo y análisis toxicológico.
Con la firma del convenio se avanza en la articulación necesaria para el logro de los objetivos definidos en el marco del PISA 2016 orientado a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa Mendoza.
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Acumar limpiará decenas de puntos de arroje de RSU
Acumar saneará más de 280 puntos de arrojo en la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 10/06/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Gladys González presentó hoy junto a intendentes de la Cuenca el nuevo programa de apoyo a los servicios locales de gestión de residuos que incluye el trabajo de más de 70 camiones volcadores y compactadores, que trabajarán en los 14 municipios de la Cuenca, bajo el control de ACUMAR y CEAMSE.
La presidenta de ACUMAR, Gladys González, dio inicio formal esta mañana al servicio que involucra la limpieza, saneamiento y transferencia de residuos sólidos urbanos en la Cuenca Matanza Riachuelo. El servicio incluye el trabajo de más de 70 camiones volcadores y compactadores, que trabajarán en los 14 municipios de la Cuenca, bajo el control de ACUMAR y CEAMSE. ACUMAR saneará más de 280 puntos de arrojo y microbasurales en la Cuenca Matanza Riachuelo.
Acompañaron los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Ezeiza, Alejandro Granados; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Presidente Perón, Aníbal Regueiro; de Gral. Las Heras, Javier Osuna; de Cañuelas, Marisa Fassi y de San Vicente, Mauricio Gómez. También se hicieron presentes autoridades de ACUMAR, nacionales, provinciales y municipales.
“Los camiones y palas que hoy iniciaron sus trabajos reforzarán el servicio de recolección en cada municipio y permitirán ampliar la cobertura alcanzando barrios y localidades que hasta hoy no contaban con recolección domiciliaria”, expresó Gladys González. Y agregó: “Esto significa una ayuda concreta para que cada municipio pueda mejorar la gestión de residuos y así poder cumplir con su responsabilidad”.
El servicio también contempla el trabajo de transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en municipios de la Cuenca Alta que hoy carecen de este recurso, lo que permitirá efectivamente cerrar los basurales municipales a cielo abierto.
Finalmente, en la zona de La Salada, en Lomas de Zamora, se recolectarán los residuos generados en el área comercial, en puntos predeterminados por los feriantes, separando al mismo tiempo los restos textiles para su reutilización.
El programa forma parte de la estrategia de gestión de residuos que se implementa en la Cuenca, en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental que la ACUMAR lleva adelante y que tiene entre sus objetivos la limpieza de basurales, márgenes y espejo de agua, así como para la reducción de la generación y el reciclado de residuos.
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Fecha de Publicación: 10/06/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Gladys González presentó hoy junto a intendentes de la Cuenca el nuevo programa de apoyo a los servicios locales de gestión de residuos que incluye el trabajo de más de 70 camiones volcadores y compactadores, que trabajarán en los 14 municipios de la Cuenca, bajo el control de ACUMAR y CEAMSE.
La presidenta de ACUMAR, Gladys González, dio inicio formal esta mañana al servicio que involucra la limpieza, saneamiento y transferencia de residuos sólidos urbanos en la Cuenca Matanza Riachuelo. El servicio incluye el trabajo de más de 70 camiones volcadores y compactadores, que trabajarán en los 14 municipios de la Cuenca, bajo el control de ACUMAR y CEAMSE. ACUMAR saneará más de 280 puntos de arrojo y microbasurales en la Cuenca Matanza Riachuelo.
Acompañaron los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Ezeiza, Alejandro Granados; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Presidente Perón, Aníbal Regueiro; de Gral. Las Heras, Javier Osuna; de Cañuelas, Marisa Fassi y de San Vicente, Mauricio Gómez. También se hicieron presentes autoridades de ACUMAR, nacionales, provinciales y municipales.
“Los camiones y palas que hoy iniciaron sus trabajos reforzarán el servicio de recolección en cada municipio y permitirán ampliar la cobertura alcanzando barrios y localidades que hasta hoy no contaban con recolección domiciliaria”, expresó Gladys González. Y agregó: “Esto significa una ayuda concreta para que cada municipio pueda mejorar la gestión de residuos y así poder cumplir con su responsabilidad”.
El servicio también contempla el trabajo de transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en municipios de la Cuenca Alta que hoy carecen de este recurso, lo que permitirá efectivamente cerrar los basurales municipales a cielo abierto.
Finalmente, en la zona de La Salada, en Lomas de Zamora, se recolectarán los residuos generados en el área comercial, en puntos predeterminados por los feriantes, separando al mismo tiempo los restos textiles para su reutilización.
El programa forma parte de la estrategia de gestión de residuos que se implementa en la Cuenca, en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental que la ACUMAR lleva adelante y que tiene entre sus objetivos la limpieza de basurales, márgenes y espejo de agua, así como para la reducción de la generación y el reciclado de residuos.
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Recalculan la evaluación del aire para el riachuelo
Calidad de aire: Reunión con el Comité Académico Asesor
Fecha de Publicación: 08/06/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
El equipo técnico de ACUMAR presentó los aspectos principales incorporados en la propuesta, y se repasaron algunas cuestiones de normativa internacional comparada que fue tenida en cuenta para su elaboración.
Autoridades del área técnica del Organismo, representantes de universidades públicas, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (APRA), y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires participaron el 1 de junio en la sede de ACUMAR, de una reunión de presentación por parte de la Autoridad de Cuenca de una propuesta de actualización de la normativa de calidad de aire actualmente vigente (Resolución Presidencia ACUMAR N°2/2007).
El equipo técnico de ACUMAR presentó los aspectos principales incorporados en la propuesta, y se repasaron algunas cuestiones de normativa internacional comparada que fue tenida en cuenta para su elaboración.
La normativa en cuestión incorpora nuevos parámetros, contempla el principio de progresividad con metas intermedias a ser alcanzadas a lo largo de tres etapas, y establece la creación de una Comisión Revisora Permanente, integrada por especialistas a cargo del seguimiento de su cumplimiento y de los plazos definidos por ésta.
El proceso de trabajo de actualización de la normativa continuará el miércoles 21 de junio, donde los otros actores involucrados en la revisión tendrán la posibilidad de realizar observaciones y propuestas en relación a la misma.
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Legislatura pide informes sobre el Riachuelo
Pedido de informes por la contaminación del Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/05/2017
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Riachuelo
Lo aprobó la Comisión de Ambiente de la Legislatura, que preside María Inés Gorbea. Se denunció que ACUMAR estableció cambios normativos que implican un retroceso en el proceso de saneamiento del río
La Comisión de Ambiente dela Legislatura porteña, que preside María Inés Gorbea, aprobó este martes un pedido de informe al Poder Ejecutivo porteño solicitándole que explique cuál ha sido la posición de los responsables de la Ciudad en la Agencia nacional que recientemente decidió autorizar el vuelco en el río de contaminantes prohibidos internacionalmente.
A través de la Resolución 46/2017, la Autoridad de la Cuenca (ACUMAR) estableció cambios normativos que implican un retroceso en el proceso de saneamiento: ahora las industrias pueden arrojar a los cursos de agua contaminantes hasta ahora prohibidos. Los denominados “contaminantes orgánicos persistentes”, de los cuales el más conocido es el DDT. ACUMAR también ha decidido mantener el permiso a los establecimientos de la cuenca para volcar volúmenes de agua contaminada sin tomar en cuenta la capacidad de depuración de las aguas.
Los legisladores escucharon un detallado y crítico informe de dos especialistas Andrés Nápoli, Director de la organización Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y de Raúl Estrada Oyuela, diplomático de larga especialización en el tema. Y ahora aspiran a conocer cuál ha sido la postura sostenida por los representantes de la Ciudad en el Directorio de ACUMAR durante las deliberaciones que han llevado a la formulación de esa cuestionada Resolución.
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Fecha de Publicación: 19/05/2017
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Riachuelo
Lo aprobó la Comisión de Ambiente de la Legislatura, que preside María Inés Gorbea. Se denunció que ACUMAR estableció cambios normativos que implican un retroceso en el proceso de saneamiento del río
La Comisión de Ambiente dela Legislatura porteña, que preside María Inés Gorbea, aprobó este martes un pedido de informe al Poder Ejecutivo porteño solicitándole que explique cuál ha sido la posición de los responsables de la Ciudad en la Agencia nacional que recientemente decidió autorizar el vuelco en el río de contaminantes prohibidos internacionalmente.
A través de la Resolución 46/2017, la Autoridad de la Cuenca (ACUMAR) estableció cambios normativos que implican un retroceso en el proceso de saneamiento: ahora las industrias pueden arrojar a los cursos de agua contaminantes hasta ahora prohibidos. Los denominados “contaminantes orgánicos persistentes”, de los cuales el más conocido es el DDT. ACUMAR también ha decidido mantener el permiso a los establecimientos de la cuenca para volcar volúmenes de agua contaminada sin tomar en cuenta la capacidad de depuración de las aguas.
Los legisladores escucharon un detallado y crítico informe de dos especialistas Andrés Nápoli, Director de la organización Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y de Raúl Estrada Oyuela, diplomático de larga especialización en el tema. Y ahora aspiran a conocer cuál ha sido la postura sostenida por los representantes de la Ciudad en el Directorio de ACUMAR durante las deliberaciones que han llevado a la formulación de esa cuestionada Resolución.
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Denuncian a González por autorización de vertido
Denuncian a Gladys González por autorizar a empresas a contaminar el Riachuelo
Fecha de Publicación: 04/05/2017
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de la Cuenta Matanza Riachuelo (Acumar), a cargo de Gladys González, autorizó a las industrias a verter siete sustancias contaminantes que se encuentran prohibidas desde hace años, lo que generó duras críticas desde las Ong ambientalistas que forman parte del proceso de saneamiento del Riachuelo y hasta un pedido de renuncia formulado desde el propio macrismo.
El reclamo tiene que ver con una resolución de González, que flexibiliza los límites del vertido de efluentes líquidos al Riachuelo, y no toma en cuenta el impacto total de la contaminación, sino solamente que los niveles de tóxicos que arrojan las empresas no estén por encima de los valores máximos permitidos.
Desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una de las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para evaluar la gestión de saneamiento, explicaron que no solo debe medirse el nivel de toxicidad en el lugar de las descargas, sino que debe evaluarse "el impacto sobre el total de la masa de agua, porque la contaminación se acumula".
Desde FARN, otra ONG del grupo, Andrés Nápoli aclaró: "Lo importante es ver cuántos contaminantes puede absorber el río para distribuir esas cuotas entre los agentes contaminantes. Acá se hace al revés, se les dice a las empresas cuánto pueden contaminar sin calcular la carga total de contaminantes del río".
Pero lo que más sorprendió es que se agregaron nuevos elementos a la lista de químicos que las industrias están autorizados a arrojar al Riachuelo y que son aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration, en su mayoría prohibidos durante la década del 90 por sus altísimos niveles de contaminación.
Finalmente, las Ong remarcaron que hay una contradicción en la resolución, porque cita como antecedente a la Ley 26.011 que aprueba el Convenio de Estocolmo, una norma que va en sentido contrario a lo que autorizó el organismo que conduce la ex diputada nacional.
No es la primera vez que González es cuestionada al frente de un organismo. Anteriormente fue la interventora del Sindicato de Obreros Maríticos Unidos (SOMU) y según las denuncias su gestión permitió la continuidad de los negocios turbios iniciados por Omar "El Caballo" Suarez, el ex secretario general, actualmente detenido.
Vale remarcar que la titular del Acumar es actualmente una de las elegidas por la gobernadora María Eugenia Vidal para formar parte de las listas legislativas de cara a las elecciones de este año, por lo que sectores cercanos al gobierno aseguran que todos los cuestionamientos son de carácter político, sin embargo, desde el macrismo de Avellaneda el concejal Daniel García también pidió la renuncia de la funcionaria.
"Demostró que no tiene idoneidad, ya que es una politóloga ocupando el lugar que debiera ser para un ambientalista", dijo el edil, que ya había denunciado a González por pedir coimas estando al frente del SOMU.
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Acumar autoriza volvamiento de contaminantes
Acumar autorizó a verter al Riachuelo siete sustancias contaminantes prohibidas desde hace años
Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Son elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín
"Vergonzosa". El adjetivo elegido es contundente. Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza una reciente resolución de Acumar que, entre otras cosas, autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.
Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron ayer con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Primera cuestión: el Cuerpo Colegiado reprobó la forma en que se miden los elementos, ya que se fijaron los límites de concentración de contaminantes "sin considerar la masa total descargada ni el efecto tóxico de los contaminantes". Esto que parece técnico y difícil de entender lo explicó a Infobae María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una de las cinco ONG que intervinieron. "Lo que la Corte insiste desde el principio es que no sólo se hagan muestreos puntuales en el lugar de las descargas, sino que se evalúe el impacto sobre el total de la masa de agua, porque la contaminación se acumula", precisó. "A mayor saturación de tóxicos, más dificultades de oxigenación del total de la masa", añadió.
Desde FARN, otra ONG del grupo, Andrés Nápoli aclaró: "Lo importante es ver cuántos contaminantes puede absorber el río para distribuir esas cuotas entre los agentes contaminantes. Acá se hace al revés, se les dice a las empresas cuánto pueden contaminar sin calcular la carga total de contaminantes del río".
Sin embargo, lo que más llamó la atención es que las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.
No objetante, hay una contradicción. Porque la misma resolución menciona entre sus antecedentes a la ley 26.011, que es la que aprobó el Convenio de Estocolmo y cuyos objetivos no son compatibles con lo que aprobó ACUMAR. "No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro", subrayó el documento de las ONG, al que Infobae tuvo acceso.
En la reunión, Gladys González alegó que se incluyeron esos parámetros para que los inspectores lo verifiquen, pero las ONG le contestaron que, de ser cierto el argumento, en todo caso deberían incluir esa función en el reglamento de inspecciones y no en la norma que regula la calidad del agua. Al parecer, la presidente de Acumar prometió reformar la resolución.
Hay otra cuestión que alarmó a las ONG. La resolución divide la cuenca en tres tramos y establece cuatro categorías de calidad de agua. Cada tramo tiene distintas metas en cuanto a la calidad de agua a la que aspira a llegar con el tiempo. Más allá de que los plazos son excesivamente amplios (entre 7 y 15 años), el Cuerpo Colegiado criticó que el anexo III establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos contaminantes como arsénico total, cadmio total o mercurio total. Y para algunos usos también considera que no es importante analizar la presencia de coliformes fecales y escherichia coli.
A su vez, las ONG remarcaron, además, que para el uso II y III, que implican contacto con el agua, se admite la presencia de nitrógeno amoniacal, nitrato, escherichia coli, fósforo total, cromo y plomo.
El documento también hace hincapié en la forma de medir la presencia de aceites y grasas. Dice la resolución que "no deben estar presentes en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el olor". Por ende, el parámetro queda supeditado a un análisis subjetivo y no científico.
Una novedad: esta mañana, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a cargo la ejecución de una parte del fallo "Mendoza" de la Corte Suprema, le pidió al Cuerpo Colegiado que emita una opinión formal de la resolución. Será, como anticipa el documento repasado en este artículo, lapidable. Todo, mientras Gladys González se empieza a pegar a la gobernadora María Eugenia Vidal para recorrer la provincia de Buenos Aires y ponerse el traje de candidato. La pregunta, entonces, es si lo que ocurrió en Acumar desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional, provincial y porteño, será parte de la campaña o volverá a ser invisibilizado.
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Fecha de Publicación: 30/04/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Son elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín
"Vergonzosa". El adjetivo elegido es contundente. Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron con dureza una reciente resolución de Acumar que, entre otras cosas, autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años.
Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron ayer con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Primera cuestión: el Cuerpo Colegiado reprobó la forma en que se miden los elementos, ya que se fijaron los límites de concentración de contaminantes "sin considerar la masa total descargada ni el efecto tóxico de los contaminantes". Esto que parece técnico y difícil de entender lo explicó a Infobae María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), una de las cinco ONG que intervinieron. "Lo que la Corte insiste desde el principio es que no sólo se hagan muestreos puntuales en el lugar de las descargas, sino que se evalúe el impacto sobre el total de la masa de agua, porque la contaminación se acumula", precisó. "A mayor saturación de tóxicos, más dificultades de oxigenación del total de la masa", añadió.
Desde FARN, otra ONG del grupo, Andrés Nápoli aclaró: "Lo importante es ver cuántos contaminantes puede absorber el río para distribuir esas cuotas entre los agentes contaminantes. Acá se hace al revés, se les dice a las empresas cuánto pueden contaminar sin calcular la carga total de contaminantes del río".
Sin embargo, lo que más llamó la atención es que las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration. La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.
No objetante, hay una contradicción. Porque la misma resolución menciona entre sus antecedentes a la ley 26.011, que es la que aprobó el Convenio de Estocolmo y cuyos objetivos no son compatibles con lo que aprobó ACUMAR. "No se explica ni puede advertirse cuál es el propósito de establecer límites permitidos de concentración para sustancias que nunca deberían ser vertidas. Se trata de sustancias que tienen restricciones y prohibiciones en legislaciones de distintos países, incluyendo el nuestro", subrayó el documento de las ONG, al que Infobae tuvo acceso.
En la reunión, Gladys González alegó que se incluyeron esos parámetros para que los inspectores lo verifiquen, pero las ONG le contestaron que, de ser cierto el argumento, en todo caso deberían incluir esa función en el reglamento de inspecciones y no en la norma que regula la calidad del agua. Al parecer, la presidente de Acumar prometió reformar la resolución.
Hay otra cuestión que alarmó a las ONG. La resolución divide la cuenca en tres tramos y establece cuatro categorías de calidad de agua. Cada tramo tiene distintas metas en cuanto a la calidad de agua a la que aspira a llegar con el tiempo. Más allá de que los plazos son excesivamente amplios (entre 7 y 15 años), el Cuerpo Colegiado criticó que el anexo III establece que para ninguno de los usos de la cuenca es relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos contaminantes como arsénico total, cadmio total o mercurio total. Y para algunos usos también considera que no es importante analizar la presencia de coliformes fecales y escherichia coli.
A su vez, las ONG remarcaron, además, que para el uso II y III, que implican contacto con el agua, se admite la presencia de nitrógeno amoniacal, nitrato, escherichia coli, fósforo total, cromo y plomo.
El documento también hace hincapié en la forma de medir la presencia de aceites y grasas. Dice la resolución que "no deben estar presentes en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el olor". Por ende, el parámetro queda supeditado a un análisis subjetivo y no científico.
Una novedad: esta mañana, el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que tiene a cargo la ejecución de una parte del fallo "Mendoza" de la Corte Suprema, le pidió al Cuerpo Colegiado que emita una opinión formal de la resolución. Será, como anticipa el documento repasado en este artículo, lapidable. Todo, mientras Gladys González se empieza a pegar a la gobernadora María Eugenia Vidal para recorrer la provincia de Buenos Aires y ponerse el traje de candidato. La pregunta, entonces, es si lo que ocurrió en Acumar desde la asunción de Cambiemos a nivel nacional, provincial y porteño, será parte de la campaña o volverá a ser invisibilizado.
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Créditos para adecuarse ambientalmente en el Riachuelo
Las empresas de la Cuenca Matanza Riachuelo tendrán acceso a créditos para adecuarse ambientalmente
Fecha de Publicación: 15/04/2017
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Presidente de ACUMAR, Gladys González, firmó un convenio con Aleandra Scafati, presidente de BA Desarrollo, para facilitar el acceso al financiamiento a los establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo que deban adecuar ambientalmente sus procesos productivos.
“Logrando simplificar el acceso al crédito estamos sumando una nueva herramienta para todas aquellas industrias que quieren seguir desarrollándose en la Cuenca” afirmó la presidente de ACUMAR, Gladys González. “A través de este acuerdo que se suma a otra serie de medidas que tiene el Organismo para que las empresas se reconviertan, se da un paso más para alcanzar el objetivo de dejar de contaminar y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Cuenca, promoviendo que cada vez más empresas trabajen de manera armónica con el ambiente”, finalizó Gladys González.
ACUMAR tiene facultades de regulación y control respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la Cuenca. El convenio firmado contempla que los establecimientos radicados en la región identificados como agentes contaminantes y que deben encarar un plan de adecuación para minimizar los impactos ambientales que provocan puedan acceder a los créditos ofrecidos por BA Desarrollo.
Esta herramienta también estará disponible para aquellos interesados en implementar programas de optimización de la gestión ambiental y/o considerar la relocalización de empresas a parques industriales y la modernización de las instalaciones.
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Fecha de Publicación: 15/04/2017
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Riachuelo
La Presidente de ACUMAR, Gladys González, firmó un convenio con Aleandra Scafati, presidente de BA Desarrollo, para facilitar el acceso al financiamiento a los establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo que deban adecuar ambientalmente sus procesos productivos.
“Logrando simplificar el acceso al crédito estamos sumando una nueva herramienta para todas aquellas industrias que quieren seguir desarrollándose en la Cuenca” afirmó la presidente de ACUMAR, Gladys González. “A través de este acuerdo que se suma a otra serie de medidas que tiene el Organismo para que las empresas se reconviertan, se da un paso más para alcanzar el objetivo de dejar de contaminar y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Cuenca, promoviendo que cada vez más empresas trabajen de manera armónica con el ambiente”, finalizó Gladys González.
ACUMAR tiene facultades de regulación y control respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la Cuenca. El convenio firmado contempla que los establecimientos radicados en la región identificados como agentes contaminantes y que deben encarar un plan de adecuación para minimizar los impactos ambientales que provocan puedan acceder a los créditos ofrecidos por BA Desarrollo.
Esta herramienta también estará disponible para aquellos interesados en implementar programas de optimización de la gestión ambiental y/o considerar la relocalización de empresas a parques industriales y la modernización de las instalaciones.
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Justicia ordena medidas por la causa Riachuelo
Ordenan una serie de medidas en el marco de la ejecución del fallo de la Corte en la causa Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/04/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Riachuelo
Fueron dispuestas por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón. Entre otras, refieren a la erradicación de basurales, a la presentación de informes trimestrales y de un plan para la conclusión de unidades sanitarias ambientales
El juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, ordenó una serie de medidas en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza”, donde ordenara la puesta en marcha de un plan de saneamiento ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Las medidas refieren a la presentación de informes trimestrales y de un plan para la conclusión de unidades sanitarias ambientales, a la verificación de las clausuras de establecimientos y a la erradicación de basurales, entre otras.
En la resolución, el magistrado hace saber a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que deberá dar cumplimiento a las medidas allí expresadas en los plazos establecidos, bajo pena de fijar multas personales a los funcionarios responsables.
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Fecha de Publicación: 09/04/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Riachuelo
Fueron dispuestas por el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón. Entre otras, refieren a la erradicación de basurales, a la presentación de informes trimestrales y de un plan para la conclusión de unidades sanitarias ambientales
El juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, ordenó una serie de medidas en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza”, donde ordenara la puesta en marcha de un plan de saneamiento ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Las medidas refieren a la presentación de informes trimestrales y de un plan para la conclusión de unidades sanitarias ambientales, a la verificación de las clausuras de establecimientos y a la erradicación de basurales, entre otras.
En la resolución, el magistrado hace saber a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que deberá dar cumplimiento a las medidas allí expresadas en los plazos establecidos, bajo pena de fijar multas personales a los funcionarios responsables.
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Acumar pisa el acelerador, por lo menos para la foto
Aceleran las obras del Sistema Riachuelo para concluirlas en 2021
Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Riachuelo
La presidente de ACUMAR, Gladys González, Rogelio Frigerio y Sergio Bergman recorrieron el Sistema Riachuelo, el cual "logrará incorporar 1,5 millones de habitantes a la red de desagües cloacales".
La presidente de ACUMAR, Gladys González, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio recorrieron junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, las obras que conformarán el “Sistema Riachuelo”.
“Esta obra va a darle oxígeno a un sistema cloacal saturado y mejorará la calidad de vida de muchos vecinos de la Cuenca. La llegada de la tuneladora, con la que se realizará el canal colector, es el hito que nos deja más cerca de dejar de contaminar nuestra Cuenca y mejorar la vida de los vecinos”, expresó Gladys González.
“El Sistema Riachuelo logrará incorporar 1,5 millones de habitantes a la red de desagües cloacales y mejorará el servicio para más de 4 millones de personas. Junto al equipo de AySa nos hemos comprometido a acelerar el proceso y así cumplir el plazo establecido para llegar a 2021 con el sistema ya funcionando”, remarcó Gladys González.
La tuneladora será utilizada para construir la cuarta cloaca máxima de la Ciudad, que presta servicios a toda el área metropolitana y los partidos lindantes del Riachuelo.
El Sistema Riachuelo está compuesto por un plan de tres etapas que solucionará la saturación del sistema de cloacas del área metropolitana de Buenos Aires. La primera incluye el Colector Margen Izquierdo y el Desvío Colector Baja Costanera y posibilitará la recolección y el transporte de más de 2 millones de m3 de líquidos cloacales. La segunda etapa consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud. Por último, el Emisario Subfluvial asegurará la disposición adecuada de los efluentes tratados 11 kilómetros dentro del Río del Plata.
Por su parte, también participaron el presidente de AySA, José Luis Inglese, y el gerente del proyecto Cuenca Matanza Riachuelo del Banco Mundial, Christophe Prevost.
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Fecha de Publicación: 06/04/2017
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Riachuelo
La presidente de ACUMAR, Gladys González, Rogelio Frigerio y Sergio Bergman recorrieron el Sistema Riachuelo, el cual "logrará incorporar 1,5 millones de habitantes a la red de desagües cloacales".
La presidente de ACUMAR, Gladys González, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio recorrieron junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, las obras que conformarán el “Sistema Riachuelo”.
“Esta obra va a darle oxígeno a un sistema cloacal saturado y mejorará la calidad de vida de muchos vecinos de la Cuenca. La llegada de la tuneladora, con la que se realizará el canal colector, es el hito que nos deja más cerca de dejar de contaminar nuestra Cuenca y mejorar la vida de los vecinos”, expresó Gladys González.
“El Sistema Riachuelo logrará incorporar 1,5 millones de habitantes a la red de desagües cloacales y mejorará el servicio para más de 4 millones de personas. Junto al equipo de AySa nos hemos comprometido a acelerar el proceso y así cumplir el plazo establecido para llegar a 2021 con el sistema ya funcionando”, remarcó Gladys González.
La tuneladora será utilizada para construir la cuarta cloaca máxima de la Ciudad, que presta servicios a toda el área metropolitana y los partidos lindantes del Riachuelo.
El Sistema Riachuelo está compuesto por un plan de tres etapas que solucionará la saturación del sistema de cloacas del área metropolitana de Buenos Aires. La primera incluye el Colector Margen Izquierdo y el Desvío Colector Baja Costanera y posibilitará la recolección y el transporte de más de 2 millones de m3 de líquidos cloacales. La segunda etapa consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud. Por último, el Emisario Subfluvial asegurará la disposición adecuada de los efluentes tratados 11 kilómetros dentro del Río del Plata.
Por su parte, también participaron el presidente de AySA, José Luis Inglese, y el gerente del proyecto Cuenca Matanza Riachuelo del Banco Mundial, Christophe Prevost.
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Riachuelo: hay una nueva normativa de vertido
Acumar estableció una nueva normativa de vertido y calidad de agua para la Cuenca
Fecha de Publicación: 02/04/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Este martes se dio a conocer la resolución 46-E/2017 mediante la cual la Autoridad de Cuenca define los límites admisibles que deben cumplir los efluentes de todos los establecimientos de la Cuenca según parámetros físico-químicos, orgánicos e inorgánicos. El fin es garantizar que los cursos de agua puedan recibir esa carga másica sin sufrir deterioros que implican un perjuicio para el ambiente y la vida de los ciudadanos y de las futuras generaciones.
Si bien el organismo tenía legislación sobre vertido de efluentes líquidos, la misma resultó inadecuada como herramienta de efectivo control en cuanto a la regulación del caudal de carga contaminante en la Cuenca. La resolución en cuestión que deroga toda la normativa anterior de ACUMAR sobre la materia prevé su implementación en etapas, respetando el principio de progresividad establecido en la Ley General del Ambiente.
En ese mismo sentido, ya se encuentra en etapa de evaluación por un Comité de Expertos el Proyecto de Resolución que establece la normativa para calidad de aire en la Cuenca, algo que sin dudas resulta una deuda pendiente a la fecha.
Al respecto, la Presidente de ACUMAR, la licenciada Gladys González expresó "estamos enfrentando el desafío de transformar lo que alguna vez se llamó “el ícono de la contaminación”, y lo estamos haciendo con acciones concretas que nos permitan resolver los problemas de la Cuenca hoy, pero pensando en el mañana, de ahí la importancia de esta actualización normativa".
La nueva normativa, además, establece nuevas metas de calidad del agua superficial a alcanzar en el río, ya que profundiza la meta fijada por la resolución 3/2009 donde se fijaba la meta de lograr un Uso IV (“Apta para actividades recreativas pasivas”), e incorpora la meta de alcanzar en el mediano y largo plazo un Uso III (“Apta para actividades recreativas sin contacto directo”) en la Cuenca media y baja, y de Uso II (“Apta para actividades recreativas con contacto directo en la cuenca alta”).
Luego de muchos años se ha logrado dar un avance significativo en este punto y cumplir con esta demanda, que además de la Corte Suprema de Justicia efectuara en el 2015 el Cuerpo Colegiado, integrado por el Defensor del Pueblo de la Nación, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación Vecinos de la Boca (AVLB), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace Argentina.
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Fecha de Publicación: 02/04/2017
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Este martes se dio a conocer la resolución 46-E/2017 mediante la cual la Autoridad de Cuenca define los límites admisibles que deben cumplir los efluentes de todos los establecimientos de la Cuenca según parámetros físico-químicos, orgánicos e inorgánicos. El fin es garantizar que los cursos de agua puedan recibir esa carga másica sin sufrir deterioros que implican un perjuicio para el ambiente y la vida de los ciudadanos y de las futuras generaciones.
Si bien el organismo tenía legislación sobre vertido de efluentes líquidos, la misma resultó inadecuada como herramienta de efectivo control en cuanto a la regulación del caudal de carga contaminante en la Cuenca. La resolución en cuestión que deroga toda la normativa anterior de ACUMAR sobre la materia prevé su implementación en etapas, respetando el principio de progresividad establecido en la Ley General del Ambiente.
En ese mismo sentido, ya se encuentra en etapa de evaluación por un Comité de Expertos el Proyecto de Resolución que establece la normativa para calidad de aire en la Cuenca, algo que sin dudas resulta una deuda pendiente a la fecha.
Al respecto, la Presidente de ACUMAR, la licenciada Gladys González expresó "estamos enfrentando el desafío de transformar lo que alguna vez se llamó “el ícono de la contaminación”, y lo estamos haciendo con acciones concretas que nos permitan resolver los problemas de la Cuenca hoy, pero pensando en el mañana, de ahí la importancia de esta actualización normativa".
La nueva normativa, además, establece nuevas metas de calidad del agua superficial a alcanzar en el río, ya que profundiza la meta fijada por la resolución 3/2009 donde se fijaba la meta de lograr un Uso IV (“Apta para actividades recreativas pasivas”), e incorpora la meta de alcanzar en el mediano y largo plazo un Uso III (“Apta para actividades recreativas sin contacto directo”) en la Cuenca media y baja, y de Uso II (“Apta para actividades recreativas con contacto directo en la cuenca alta”).
Luego de muchos años se ha logrado dar un avance significativo en este punto y cumplir con esta demanda, que además de la Corte Suprema de Justicia efectuara en el 2015 el Cuerpo Colegiado, integrado por el Defensor del Pueblo de la Nación, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación Vecinos de la Boca (AVLB), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace Argentina.
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En Dock Sud contruirían una planta de tratamiento del Riachuelo
Planta de tratamiento del Riachuelo estará en Dock Sud
Fecha de Publicación: 27/03/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
El gobierno nacional presentó el inicio de las obras del Sistema Matanza-Riachuelo, destinado, entre otras cosas, al saneamiento de las aguas que desembocan en el Río de la Plata.
Además de la construcción de una planta de pretratamiento en Dock Sud, se prevé la creación de un sistema de cañerías que, en total, superarán los 30 kilómetros de extensión.
Este proyecto es uno de los más postergados, ya que tenía orden de inicio y se había licitado en 2012. La demora hizo el crédito otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
De acuerdo a las autoridades de AySA, el ente a cargo de las obras, el Sistema estará finalizado para 2021. Tendrá un costo total de 1.200 millones de dólares, que serán cubiertos con fondos del Estado nacional y créditos otorgados por e BIRF.
Una de las partes más importantes de la iniciativa es el levantamiento de la planta de pretratamiento. El edificio será el encargado de bombear los afluentes cloacales que ingresarán desde una gran cañería, realizar trabajos de tratamiento como desarenización y desengrasamiento y volver a bombearla por otro túnel que liberará la corriente en el Río de la Plata.
Este primer conducto es otro de los puntos centrales del proyecto: se trata de un canal subterráneo de unos 16 kilómetros de extensión que irá desde el límite de la Matanza directamente hasta la planta.
El objetivo de esta cañería, denominada Colector Margen Izquierdo, es interceptar la corriente que circula por dos de las tres Cloacas Máximas que tiene AySA actualmente, aliviando así el trabajo de la central en Berazategui. De esta manera, aseguran, se beneficiará a 4.5 millones de personas.
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Fecha de Publicación: 27/03/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
El gobierno nacional presentó el inicio de las obras del Sistema Matanza-Riachuelo, destinado, entre otras cosas, al saneamiento de las aguas que desembocan en el Río de la Plata.
Además de la construcción de una planta de pretratamiento en Dock Sud, se prevé la creación de un sistema de cañerías que, en total, superarán los 30 kilómetros de extensión.
Este proyecto es uno de los más postergados, ya que tenía orden de inicio y se había licitado en 2012. La demora hizo el crédito otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
De acuerdo a las autoridades de AySA, el ente a cargo de las obras, el Sistema estará finalizado para 2021. Tendrá un costo total de 1.200 millones de dólares, que serán cubiertos con fondos del Estado nacional y créditos otorgados por e BIRF.
Una de las partes más importantes de la iniciativa es el levantamiento de la planta de pretratamiento. El edificio será el encargado de bombear los afluentes cloacales que ingresarán desde una gran cañería, realizar trabajos de tratamiento como desarenización y desengrasamiento y volver a bombearla por otro túnel que liberará la corriente en el Río de la Plata.
Este primer conducto es otro de los puntos centrales del proyecto: se trata de un canal subterráneo de unos 16 kilómetros de extensión que irá desde el límite de la Matanza directamente hasta la planta.
El objetivo de esta cañería, denominada Colector Margen Izquierdo, es interceptar la corriente que circula por dos de las tres Cloacas Máximas que tiene AySA actualmente, aliviando así el trabajo de la central en Berazategui. De esta manera, aseguran, se beneficiará a 4.5 millones de personas.
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