Rechazan avance del Oleoducto Vaca Muerta Sur: «no es legal ni legítima ni pública: esta audiencia no tiene validez»

Fecha de Publicación: 24/04/2023
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén


Asambleas socioambientales, multisectoriales, organismos de derechos humanos y sindicatos de la provincia de Río Negro y Neuquén expresaron su rechazo a la audiencia que tuvo lugar el jueves 20 de abril, convocada por la provincia de Neuquén, para presentar el Estudio de Impacto Ambiental del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur propuesto por YPF, que empezaría en el yacimiento Loma Campana de Añelo y finalizaría con un gran puerto de exportación petrolera el Golfo San Matías. «El estudio evalúa tan sólo 127 de los 700 kilómetros totales del ducto. De esta manera, no tiene en cuenta los impactos acumulativos ni una evaluación ambiental estratégica. Tampoco los impactos asociados, como la cantidad de nuevos pozos de fracking para extraer el crudo que se transporte, la traza que impactará sobre la principal cuenca hídrica de la región, la planta de acopio en Punta Colorada, los caños que se introducen en el mar para cargar los barcos y el puerto», señalan. Por ANRed.
Así se expresaron en un comunicado conjunto: «la audiencia convocada por la provincia de Neuquén para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur no tiene en cuenta la totalidad de los impactos del proyecto, no tiene real interés de promover la participación y no atiende el derecho a la consulta previa de las comunidades. Así, el mecanismo pierde todo sentido. La audiencia, convocada presencialmente en un hotel de Añelo el jueves 20 de abril a las 10.30, es un paso necesario para avanzar con el oleoducto propuesto por YPF, que empezaría en el yacimiento Loma Campana de Añelo y finalizaría con un gran puerto de exportación petrolera el Golfo San Matías», detallan.
«La audiencia pone en debate el EIA de una parte del proyecto: evalúa tan sólo 127 de los 700 kilómetros totales del ducto. De esta manera, no tiene en cuenta los impactos acumulativos ni una evaluación ambiental estratégica. Tampoco los impactos asociados, como la cantidad de nuevos pozos de fracking para extraer el crudo que se transporte, la traza que impactará sobre la principal cuenca hídrica de la región, la planta de acopio en Punta Colorada, los caños que se introducen en el mar para cargar los barcos y el puerto. ¿Ante una intervención quirúrgica compleja, podrían asegurar que no habrá mala praxis con tan solo conocer una foto de la mano y el bisturí del médico? Sabemos que todavía no está concluído el trabajo de análisis del proyecto en la Costa Atlántica», señalan.
Asimismo, recordaron que «vecinas y vecinos de las provincias de Neuquén y Río Negro, presentaron distintas notas reclamando que se suspenda la audiencia en pos de que se garantice un real derecho a la participación por medio de la modalidad mixta: presencial y virtual«. En ese sentido, destacan: «las presentaciones buscaban garantizar la participación de personas que no pudieron acercarse al lugar, ubicado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén y a unos 700 km de donde el proyecto terminará. La respuesta ha sido desconocer el reclamo. Este derecho a la participación es una garantía constitucional que, además, está reconocido por acuerdos supranacionales como el Acuerdo Escazú, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y La Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. En todos esos acuerdos se intima a los Estados a garantizar la mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre todo en materia ambiental».
También remarcaron que «la audiencia convocada no respeta el derecho indígena», dado que «el EIA reconoce que la traza proyectada afecta el territorio de la comunidad mapuche Lof Fvta Xayen (en el paraje Tratayen)». Pese a eso, denuncian: «no se ha realizado la Consulta, Previa, Libre e Informada, un derecho otorgado por la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso, la comunidad afectada también reclamó mediante nota al ministro del área el lunes 17 de abril que suspenda el llamado a audiencia hasta que se realice la consulta en la comunidad».
Finalmente, las asambleas sostienen que «el proyecto de oleoducto y puerto no hubiera sido posible sin la apurada e ilegal modificación de la Ley 3.308 de Río Negro que defendía el Golfo de este tipo de intervenciones». «Ante esa resolución legislativa – agregan – distintas organizaciones presentaron en diciembre de 2022 un pedido de inconstitucionalidad ante Superior Tribunal de Justicia rionegrino del cual aún no hubo fallo. Entendemos que no existen garantías de libre proceso mientras la justicia no resuelva el pedido de inconstitucionalidad».
Por todo lo señalado es que denuncian que «la audiencia no es legal, ni legítima, ni pública, ni tiene validez», y convocan «a la ciudadanía, vecinos y vecinas preocupados por el ambiente y el desarrollo de nuestros territorios a sumarse».
Las asambleas socioambientales, multisectoriales, organismos de derechos humanos y sindicatos de la provincia de Río Negro que firmaron la declaración son la Multisectorial Golfo San Matías, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, LA Confederación Mapuce de Neuquen-Zonal Xawvnko, el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), la Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, UnTER Valle Medio, el Movimiento Ecuménico de DD.HH. Regional Viedma y Patagones, la APDH Alto Valle, las Asambleas de la Curru Leufú, la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, la Asamblea Antimegaminería de Bariloche, la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta, la Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci), la Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, la Asamblea Socioambiental de Cipolletti, la Asamblea Permanente por el Río Colorado, la Asamblea Socioambiental Valle Medio, la Asamblea Ambiental Interpueblos de Ingeniero Huergo, Villa Regina, Godoy y Chichinales, la Asamblea del Valle de Conesa, la Asamblea del Coli Leuvu de Catriel y la Asamblea por el Agua Comarca de Viedma.
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Vaca Muerta tendrá su primera audiencia pública del año por el oleoducto de YPF a la costa

Fecha de Publicación: 19/04/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro


La audiencia pública será de forma presencial este jueves 20 de abril en Añelo. En total el ducto recorrerá 128 kilómetros entre Neuquén y Río Negro. Está disponible un formulario para participar con comentarios y consultas a través de la web.
Este jueves 20 de abril tendrá lugar la primera audiencia pública en Neuquén. Será de la mano del oleducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará la formación con las costas rionegrinas. En esta ocasión se retomará el Estudio de Impacto Ambiental para el Tramo 1 de la obra que irá desde Loma Campana hasta Allen. La instancia pública será presencial y tendrá lugar en Añelo a las 10:30.
La convocatoria tendrá lugar en las instalaciones del hotel Da Vinci de Añelo, complejo ubicado a la altura del cruce de las rutas 7 y 17. En la página web de la secretaría de Ambiente de Neuquén se encuentra el estudio de impacto ambiental que presentó YPF y que puede ser consultado aquí. A su vez, está disponible un formulario para realizar consultas o comentarios hasta el 19 de abril.
Según detallaron, la obra está planificada para generar el menor impacto posible en la flora y fauna de la zona, y para ello se prevé que la traza del oleoducto se realice en forma paralela a las ya existentes. Buscarán «la mínima remoción de la superficie vegetal en el sector«, indica el escrito. Para ello utilizará de forma compartida los caminos de inspección que hay en la zona.
Este Tramo 1 al que apunta la audiencia pública consiste en un oleoducto de 127 kilómetros que partirá desde el área insignia de YPF en Vaca Muerta, como es Loma Campana, y culminará en la zona de Allen. En ese punto se podrá vincular con la red existente de Oleoductos del Valle (Oldelval).
El plan contempla un oleoducto de 20 pulgadas que partirá desde la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) de Loma Campana hasta un primer punto en la Estación de Bombeo de Lago Pellegrini. Este segmento tendrá una extensión de 87 kilómetros y comprenderá los 45,1 kilómetros que la obra recorrerá en la provincia de Neuquén.
El ducto tendrá una capacidad total de transporte de 62.300 metros cúbicos, es decir hasta 392.000 barriles de petróleo por día. A este objetivo se llegará de forma progresiva según explicaron desde YPF.
La firma de mayoría estatal marcó que mantendrán en todo el trazado los distanciamientos de seguridad recomendados respecto de las instalaciones existentes para asegurar «la accesibilidad a los puesteros locales identificados en el área de influencia directa del proyecto y tomando los máximos recaudos en zonas de cruces de caminos, ductos, rutas provinciales y nacionales».

Qué sucede con la audiencia del oleoducto en Río Negro
La audiencia pública por el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur en Río Negro iba a celebrarse el 21 de marzo pasado. Sin embargo, la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia comunicó a pocos días de la convocatoria que la audiencia se suspendía.
Según pudo averiguar este medio en diálogos anteriores con fuentes del gobierno provincial, la suspensión de la fecha de la audiencia se definió tras una recomendación de la fiscalía de Estado y fue por un tema “estrictamente” legal. Desde el gobierno habían confirmado que la empresa presentó toda la información sobre el proyecto “en tiempo y forma”.
Según confirmaron la audiencia tendría una nueva fecha. Sin embargo, desde entonces no se ha confirmado el día para su reprogramación. En Río Negro el oleoducto recorrerá un total de 82 kilómetros, es decir la mayor parte de la línea, y tendrá en Allen la vinculación con la red de Oldelval.
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Río Negro: rechazan la instalación de un proyecto sobre hidrógeno verde en un área protegida

Fecha de Publicación: 05/04/2023
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Río Negro


El gobierno de Arabela Carreras cedió terrenos fiscales para que se instale una empresa privada. Advertencia de ambientalistas y organizaciones de derechos humanos
En la provincia de Río Negro se suceden, en número creciente y alarmante, diversos proyectos vinculados a la megaminería, principalmente en áreas naturales. Sin embargo, a pesar del notable impacto ambiental que implican, no hay restricción ni controles que limiten su acción, sino, todo lo contrario, cuentan con la reciprocidad de las autoridades provinciales para extender sus desarrollos.
Por lo tanto, son los propios habitantes los que intentan, por sus pocos medios, frenar una avanzada que arrasa en territorio rionegrino. Nada cambió, suelen responder al unísono las asambleas ecologistas de diferentes puntos de Río Negro, en referencia a las prácticas de exploración y extracción de minerales.
La práctica se profundizó con la afluencia de una alarmante cantidad de propuestas. Las más considerables tienen lugar en Ingeniero Jacobacci, donde se asienta el proyecto Calcatreu, vinculado al oro y a la plata, y en Valcheta, con la iniciativa llamada Amarillo Grande, relacionada con el uranio.
Simultáneamente, emerge una presunta actividad protectora del medio ambiente, conocida como “hidrógeno verde”, que se plasma en parques eólicos. Una muestra de ello tiene lugar en un área natural protegida de 625.000 hectáreas en la meseta de Samuncurá. Al respecto, Leonardo Salgado, investigador del Conicet, señaló que “al ser áreas protegidas, deberían protegerse de proyectos como estos”.
Al parecer, la inmensa extensión de estos sectores naturales representa la excusa perfecta para que la gobernación ceda parte de estos a empresas privadas. En este sentido, Salgado, también miembro de una asamblea ambientalista, remarcó que “ya la gobernadora (Arabela Carreras) había declarado que el área natural protegida es muy grande. Una burrada, ¿para qué establecieron esos límites?”.
La maniobra minera del “hidrógeno verde” implica “la sentencia de muerte a los cóndores reintroducidos, la fragmentación del hábitat y la profundización del proceso de desertización que vive la meseta”, reveló el ecologista. Por si fuera poco, en el valle del Río Negro avanza el fracking, método extractivista que consiste en “la explotación no convencional de petróleo y gas a través de la fractura hidráulica, mediante la utilización de miles de litros de agua y de cianuro”, reveló Jorge Paulic, integrante de la organización Ecosocialista.
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Río Negro y Neuquén quieren sumarse al tren del litio

Fecha de Publicación: 30/03/2023
Fuente: Energía ON - Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén


Una empresa canadiense apuesta a explorar el litio en depósitos de roca dura en tres provincias patagónicas. En la actualidad, los proyectos más prometedores para extraer este metal se ubican en el norte del país.
Con una demanda mundial del litio en crecimiento, la minera canadiense Green Shift Commodities anunció haber cerrado la adquisición de áreas en Río Negro, Neuquén y Chubut para explorar el metal en depósitos de roca dura. Se trata de las acciones que obtuvo de otra minera del mismo país llamada LFP Resources, que posee unas 300.000 hectáreas con potencial en las tres provincias.
Argentina se ubica en tercer lugar dentro de las productoras de litio de los salares en Latinoamérica. En la actualidad, los proyectos se ubican en tres provincias: Salta, Jujuy y Catamarca. En las últimas hay dos iniciativas ya en producción que buscan expandirse: se trata de las instalaciones de la empresa australiana Allkem en Jujuy, y la que está a cargo de la estadounidense Livent, en Catamarca.
Por otra parte, hay cinco proyecto en marcha. Ahora la canadiense Green Shift apuesta por tres provincias ubicadas en el sur del país.
La firma adquirió todas las acciones en circulación de la otra minera a cambio de un pago inicial de 75.000 dólares y la emisión de 17.500.000 acciones ordinarias de la canadiense a un precio estimado de C$0,14. El precio de cierre de las acciones ordinarias en el mercado bursatil TSX Venture Exchange se acordó el día anterior al cierre de la operación.
A su vez, como parte del acuerdo pactado, Green Shift tiene el derecho de adquirir unas 200.000 hectáreas adicionales en las provincias para sumar a la iniciativa bautizada como Proyecto Río Negro. Tendrá la posibilidad de hacer dos acuerdos de opción separados por 50.000 dólares, quedando en 25.000 bajo cada contrato.
Ante el crecimiento de proyectos en carpeta en el norte del país, esta exploración podría resultar clave para la región patagónica. A diferencia de las otras provincias que extraen el litio de salares, este obtendría el metal a través del depósito de roca dura.
Para ello deberían realizar una extracción más convencional a través de minas a cielo abierto o subterránea y por ende el proceso será más costoso. Sin embargo, este tipo de depósitos cuentan con una concentración de litio en pegmatitas considerablemente más alto que en las salmueras.

Cómo iniciarán las tareas de exploración del proyecto Río Negro
Desde la firma explicaron que ya establecieron programas de trabajo para comenzar «de inmediato». La canadiense planea movilizar equipos de campo a Río Negro para iniciar su programa de exploración Fase 1 que durará tres meses. El plan de trabajo consiste en prospección, muestreo de roca por esquirla y excavación de zanjas en las áreas de mayor prioridad ubicadas en el Proyecto Río Negro.
Tienen previsto iniciar los trabajos alrededor del municipio de Comallo, en Río Negro. Utilizarán un analizador LIBS (una espectroscopia de descomposición inducida por láser), lo que proporciona una estimación en tiempo real del grado de litio. Así los equipos de campo evaluarán el potencial y priorizarán los objetivos para el trabajo futuro.
Después los equipos de campo enviarán muestras de las áreas prioritarias para la determinación del grado de litio a un laboratorio certificado independiente. Se estima que los ensayos oficiales en laboratorios suelen tardar aproximadamente seis semanas.
El CEO y director de la minera, Trumbull Fisher remarcó que “estamos encantados de anunciar la adquisición exitosa del proyecto de litio Río Negro en Argentina. Esto marca un hito importante para la minera a medida que continuamos ejecutando nuestra estrategia de crecimiento y expandiendo nuestra presencia en el sector del litio«. Agregó que esperan comenzar la exploración «de manera inminente”.
El flamante presidente ejecutivo de la minera para la región, Peter Mullens, comentó: “Estoy emocionado de asumir el cargo de presidente ejecutivo de Green Shift luego del cierre de Río Negro. Argentina tiene un potencial excepcional para el descubrimiento y la producción de litio tanto en salmuera como en roca dura. Espero ayudar a guiar a la compañía hacia un futuro exitoso».

Los detalles del proyecto de litio en Río Negro
Green Shift destacó el potencial de las tierras: el proyecto puede cubrir más de 500.000 hectáreas con 19 cuerpos de pegmatita separados identificados con resultados de análisis de 60 muestras de fragmentos de roca. Estas fueron tomadas durante la exploración previa del proyecto y van desde 0,6 % Li2O a 4,1 % Li2O, con un promedio de 2,0 % Li2O, rangos aún no confirmados por la firma.
Las pegmatitas de litio en la zona fueron «descubiertas y muestreadas en la década de 1960 por el gobierno argentino, además de decenas de kilómetros adicionales» de áreas con características geológicas y geofísicas similares, comentaron desde la firma.
En efecto, se han cartografiado más de 800 estructuras (posibles cuerpos de pegmatitas) a través de la interpretación de imágenes de satélite en el campo de pegmatitas MC. Este trabajo mostró que las estructuras identificadas tienen una longitud total de más de 100 kilómetros. Green Shieft destacó que la zona es de buen acceso durante todo el año y tiene «una amplia infraestructura».
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Proyectan una Reserva Natural para proteger la colonia de loros barranqueros en El Cóndor

Fecha de Publicación: 27/03/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El Municipio de Viedma envió ese proyecto al Concejo Deliberante y ya tomó contacto con el doctor en biología Juan Masello, investigador del Instituto Max Planck de Alemania.
El Municipio de Viedma elevó al Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza para crear la Reserva Natural Municipal «Acantilado de los Loros» para proteger y preservar la zona de nidificación de la colonia de loros barranqueros mas grande del mundo.
El intendente Pedro Pesatti envió el proyecto durante esta jornada con la intención de iniciar acciones frente al cambio climático, tendientes a mitigar los efectos sobre el monte nativo y la colonia de loros.
La comuna viedmense tomó contacto y recibió el asesoramiento del doctor en biología Juan Masello, investigador del Instituto Max Planck de Alemania y máximo referente en el estudio de los loros barranqueros. En noviembre de 2021 se reunió con el intendente Pedro Pesatti y le manifestó la necesidad de crear un área de protección de la especie.
«Luego de un largo proceso, principalmente político, académico y científico, hemos llegado a este proyecto que busca proteger no solo a la colonia de loros, sino promover la conservación de la biodiversidad regional dando un claro y contundente mensaje: el Gobierno de Viedma asume las riendas de las políticas públicas ambientales», expresó el jefe comunal.
Recordó que «hace dos años atrás iniciamos el proyecto Senderos del Monte, con la apertura del Centro de Valoración del Monte rionegrino en el Balneario El Cóndor. En el mismo se recolectaron, germinaron y plantaron mas 1100 ejemplares de plantas nativas en la zona de acantilados, y se encuentra el pleno desarrollo un proyecto para instalar una Estación Biológica para el estudio y monitoreo de la avifauna local, con servicios incluidos para los turistas», indicó Gastón Gutiérrez, secretario de Servicios, Espacio Público y Ambiente de la comuna viedmense.
Viedma cuenta con el antecedente de una iniciativa en la Legislatura de Río Negro en el año 2009 que buscaba crear el Área Natural Protegida Isla Villarino – Barranca Sur, para proteger el estuario del río Negro en la desembocadura, y el primer tramo de acantilados de la zona costera.
Ese proyecto de ley fue aprobado en primera vuelta, pero no fue tratado nuevamente por pedido expreso del vicegobernador Mendioroz y la Municipalidad de Viedma, porque vecinos reclamaban que no iban a poder seguir utilizando vehículos y cuatriciclos en las playas.
Luego de 14 años, se retoma esta iniciativa por parte del Gobierno de Viedma, para trabajar específicamente sobre la zona de acantilados, sin acciones meramente restrictivas, sino con objetivos de regulación de actividad en el marco del Turismo Sostenible, la protección de la avifauna y la flora nativa, así como la promoción de la actividad científica y académica.
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El Ministerio de Ambiente presentó una denuncia para que se investiguen los incendios forestales en El Bolsón

Fecha de Publicación: 10/03/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Río Negro - Nacional


La medida fue presentada hoy ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).
A raíz de los incendios forestales ocurridos en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, presentó una denuncia ante la UFIMA, con el fin que se investigue a los responsables de iniciar los focos ígneos en esa zona.
La medida considera como un delito de acción pública prender fuego en zonas forestales y se basa en la Ley de Régimen de Representación del Estado en Juicio n.° 17516 que establece que el Estado podrá asumir el carácter de parte o de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público. Además, incluye la presentación de pruebas documentales y solicita que las mismas sean tenidas en consideración al momento que se inicie la investigación.
El pasado domingo, quedó detenido el presunto autor de las llamas que originaron el foco ígneo en un camping ubicado en Cascada Escondida, a diez kilómetros al noroeste de El Bolsón, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por la causa caratulada como “daños por incendio agravado”. Se trata de un hombre de 30 años que inició el incendio presuntamente de manera intencional. Su domicilio en el barrio de San José, ubicado en la misma localidad, fue allanado el lunes por la Gendarmería Nacional. Además, el Gobierno provincial de Río Negro informó que la Justicia trabaja en la imputación de otras dos personas sospechosas de participar en el hecho.
Cabe destacar que, desde de la aparición de los primeros focos ígneos en la zona mencionada, el pasado 5 de marzo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que pertenece al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, brinda asistencia en territorio. Allí operaron en el combate de los incendios seis medios aéreos —tres aviones hidrantes AT-802, un avión anfibio AT-802 y dos helicópteros con helibalde—; 130 combatientes, 41 pertenecientes al SNMF y la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado que actúa bajo la órbita de la cartera ambiental nacional; personal de apoyo técnico y logístico afectado al combate de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro, bomberos voluntarios, Protección Civil, Parques Nacionales y la Brigada Nacional Sur.
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Mapuches alzan la voz por la minería y el hidrógeno verde

Fecha de Publicación: 09/03/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Reclaman al Gobierno la consulta previa, libre e informada. Ya hay un amparo judicial en trámite y preparan nuevas acciones para ser escuchados antes de que se concreten los proyectos.
Las comunidades mapuches están en alerta. El avance de los proyectos mineros de oro, plata y litio en Río Negro y la propuesta para la producción de hidrógeno verde motivaron una serie de reclamos que parten de la exigencia de una “consulta previa, libre e informada” que en algunos casos llegó a la Justicia, sin definición todavía.
A fines de 2021, siete comunidades mapuches fueron a la Justicia con un recurso de amparo para frenar las tareas de exploración minera en la Región Sur que afectaba sus territorios. En primera instancia, el Juzgado Multifueros de El Bolsón hizo lugar a una medida cautelar que puso un freno a las tareas, pero el STJ lo revocó en junio de 2022, aunque desde entonces no volvieron a ingresar a los campos las empresas con permisos de cateos mineros.
Mientras tanto, el caso sigue la maraña judicial con audiencias de partes (la última se realizó el 17 de febrero) que todavía no termina en una definición respecto de la consulta previa.
Ahora, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro prepara con sus abogados un nuevo amparo, esta vez por el proyecto que busca litio en la zona de Mamuel Choique donde está la comunidad Negpun Curra, que sumará también otras comunidades afectadas por el mega proyecto minero Calcatreu, que sigue con tareas de exploración en la región.
“El amparo es para frenar esto y discutirlo, queremos una consulta previa, libre e informada”, dijo a RÍO NEGRO Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche, quien remarcó que “según el convenio 169 de la OIT las comunidades tienen el derecho de dar el consentimiento o no a proyectos de esta característica, y la herramienta es la consulta previa”.
El referente mapuche recordó experiencias en las que se concretó la consulta previa que ahora reclaman ante varios proyectos. Así se hizo para trasladar a las comunidades de Pilquiniyeu del Limay, cuando se construyó la represa en la década del ‘90; en Colhan Conué por un parque fotovoltaico; en Cerro Alto por el parque eólico (que no se concretó finalmente) y recientemente para crear el parque nacional Islote Lobos (aunque cuestionan la falta de un estudio antropológico).
Según apuntó, el Gobierno provincial “desconoce a las comunidades y al derecho indígena” al cuestionar la consulta previa que se reclama por vía judicial.

Una nueva discusión
El hidrógeno verde es otro desarrollo al que prestan atención las comunidades. Carriqueo enfatizó que se necesita la consulta previa: “La desinformación es tan grande que nada bueno viene de la desinformación”, afirmó.
Las comunidades pidieron al Gobierno “generar encuentros zonales para trabajar el proceso de consulta previa”, afirmó el referente mapuche remitiéndose a la decisión del acta del Parlamento Mapuche reunido en junio del año pasado.
La gobernadora Arabela Carreras, en su discurso de apertura de sesiones, mencionó este tema y dijo que el Gobierno “espera la respuesta formal por parte de las organizaciones indígenas acerca del modelo de consulta previa”.
Daniel Sanguinetti, secretario de estado de Planificación, que lleva adelante el proyecto de hidrógeno verde, especificó a RÍO NEGRO que por los “canales oficiales” en el diálogo entre el Ministerio de Gobierno y el Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci) “se entregó un borrador de protocolo respecto de cómo realizar la consulta previa. La idea es que revisen, validen, corrijan, hagan una contrapropuesta y a partir de ahí tener el formato para la consulta”. Afirmó que no hubo respuesta.
Para Carriqueo la respuesta está con la premisa de hacer consultas zonales que debería garantizar el Estado. Recordó alguna reunión el año pasado con Mercedes Iberó, que depende del área de Planificación, donde se les entregó “folletería” informativa únicamente.
Las comunidades denuncian que, a pesar de no tener esa consulta previa, ya se realizaron bases de cemento para instalar las torres de medición de viento para el proyecto de hidrógeno verde en lugares de la Meseta de Somuncura donde hay comunidades. “Una consultora contratada por la empresa Fortescue hizo firmar autorizaciones legando incluso a exigir firmas de personas que no saben leer ni escribir”, afirmó Carriqueo.
En este sentido, Sanguinetti dijo que la autorización otorgada a la empresa abarca solo tierras fiscales y se había constatado con anterioridad esa condición a través de documentación de la Dirección de Tierras. Dijo desconocer si puntualmente en algún lugar que se construyeron bases, había comunidades y alentó a que, de ser así, deberían realizar la denuncia formal.
Con el proyecto de hidrógeno verde hay reparos previos que Carriqueo enumera como la objeción que la producción de la energía limpia no quedará para las comunidades de la zona, la generación de puestos de empleo anunciados que cree que no se ajusta a la realidad y los efectos ambientales y sociales que producirá la instalación de parques eólicos en la Meseta de Somuncura, un área protegida con especies únicas. Pero las comunidades no son taxativas en su rechazo, quieren conocer detalles y dar la discusión.

El “modelo” es el debate
Más allá de este dilema, Carriqueo insistió que lo que se discute es “el modelo de extractivismo, no solo del gobierno provincial sino también del nacional”.
Recordó que además del impulso a la minería que realiza la provincia, con decenas de permisos de exploración, el plan del hidrógeno verde tiene la misma línea porque los recursos que saldrán de Río Negro “irán a Europa”.
“Tenemos una concepción distinta del territorio, el Estado dice que los recursos que están debajo de la superficie son del Estado y para los mapuches todo forma parte del espacio territorial, lo que está en la superficie y lo de abajo”, explicó y concluyó: “Estamos pagando el costo del progreso, pero ¿en qué condiciones?”.

“El gobierno de Carreras es más violento”
En su discurso, Arabela Carreras habló de un “diálogo permanente” con las comunidades mapuches de la provincia. “El objetivo es incorporar sus visiones y propuestas a la toma de decisiones y así lograr el mayor consenso social posible, involucrando a todas y todos”, dijo en el discurso de apertura de sesiones al referirse al proyecto de hidrógeno verde. Del otro lado, no ven tan amena la relación.
“El gobierno de Carreras es más violento en sus acciones directas que las que tuvo Weretilneck, pero el proyecto del extractivismo es de los dos”, afirmó Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro.
Remarcó que la provincia incumplió con los puntos acordados a abordar ni bien asumió la gobernadora, en enero de 2020. Se trataba de avanzar en el relevamiento indígena (que no se concretó en esta gestión y se mantienen las diferencias por el manejo de los fondos y la gestión); profundizar la educación intercultural bilingüe; garantizar la consulta previa, libre e informada; fortalecer el Codeci e impulsar proyectos productivos con las comunidades.
“A pesar de todo mantenemos el diálogo y lo mantuvimos cuando tenían rodeada a Natividad Antual en Jacobacci, cuando se ordenaron desalojos impulsados por la provincia y cuando mataron a Elías Garay, donde el Estado también tiene responsabilidad”, dijo Carriqueo quien habló de “racismo” en el gobierno de Carreras.
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Pasó un año y la producción de Hidrógeno Verde se demora en Río Negro

Fecha de Publicación: 03/01/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La provincia anunció en noviembre de 2021 una mega inversión para desarrollar esta energía renovable de la mano de una empresa australiana. La demora de la ley de regulación nacional para la industria frenó el impulso inicial.
Pasó más de un año y la producción de Hidrógeno Verde en Río Negro no desembarcó con la potencia que se esperaba tras el anuncio realizado en la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow. Termina el 2022 sin ley de regulación de esta energía renovable porque el proyecto continúa en análisis en el ministerio de Economía, sin asomar por el Congreso de la Nación.
La mega inversión de 8.000 millones de dólares, que pretendía realizar la empresa australiana Fortescue, es incipiente y los puestos de trabajo generados hasta ahora están muy lejos de los 15.000 prometidos en noviembre del año pasado. Solo medio centenar de profesionales están abocados a estudios vinculados a este desarrollo y en Sierra Grande esperan el cambio de su matriz económica que los ilusionó un año atrás.
“Tuvimos un montón de avances a lo largo de este año, en enero se presentó la iniciativa privada que se aprobó por unanimidad en la Legislatura, se creó una comisión, se comenzaron a realizar estudios sobre la base de permisos, hicimos aportes sustantivos al proyecto de ley de regulación nacional y ahora esperamos esa ley de promoción y fomento que debe sancionar el Congreso”, afirmó a RÍO NEGRO el secretario de Estado de Planificación, Daniel Sanguinetti.
El plan original tenía un esquema progresivo de inversiones. Se trata de un proyecto a “mediano plazo”, insistió Sanguinetti quien remarcó que se trabaja de manera “seria, con todos los estudios, con información para tener licencia social”.

La inversión actual
En la práctica, hoy la empresa Fortescue cuenta con seis mástiles de viento instalados, dos de ellos en la zona de Punta Colorada y otros 4 en tierras privadas que la empresa compró y que están por fuera del proyecto original, por lo que sus permisos van por otra vía.
El proyecto plantea la instalación de 17 mástiles de medición de vientos. Sanguinetti explicó que la mayoría estarían emplazados en la Meseta de Somuncura y “si bien no hay impacto según el plan de manejo vigente, que es del año 2006, decidimos actualizarlo y esperar”.
Para eso se contrataron unos 45 profesionales de la Universidad de Río Negro que realizan nuevos estudios de diversas características vinculadas al ambiente, pero también a la vida silvestre como el sobrevuelo de los cóndores que transitan por esa zona.
Sanguinetti destacó esta “actualización del plan de manejo” como una medida de relevancia para avanzar en un “cuidado y prolijo” desarrollo del Hidrógeno Verde en Río Negro. También destacó que con los profesionales en campo se genera un movimiento económico en la Región Sur.
“Vamos a esperar este estudio actualizado y mientras tanto se avanza con la instalación de mástiles por fuera de esa área y con otras tareas. Es mejor esperar, ir firmes, con responsabilidad, certeza y con estudios científicos que lo avalen”, indicó el funcionario.
En paralelo, también se realizan estudios de relieve de suelo en la zona de Punta Colorada donde se va a construir el nuevo puerto para la exportación de este producto.

La ley de regulación de la producción queda para 2023
El proyecto de regulación de producción de Hidrógeno Verde se posterga para el 2023 a pesar de que el Gobierno de Río negro y la empresa Fortescue Future Industries esperaban la normativa este año para avanzar en su anunciado megaproyecto, centralizado en Sierra Grande.
Nunca expuesto públicamente, pero la firma reguló este año el avance del proyecto, que denomina Pampas, a lograr precisar el encuadramiento de la actividad y producción que pretende instalar en Río Negro.
Entre sus expresiones públicas, a mediados del 2022, el Gerente Regional de Gobierno de Fortescue en la Región Latinoamérica, Sebastián Delgui, declaró a RÍO NEGRO el deseo de la firma “de tener la ley culminando el año”.
En ese momento, la iniciativa no estaba y, ahora, si bien existe un texto avanzado en Economía, no hay presentación gubernamental en el Congreso. Fuentes de la cartera de Energía señalaron a RÍO NEGRO que era intención agilizar ley para este año, pero finalmente no se podrá concretar ya que sigue en análisis, circulando el borrador en diversos despachos.
Días atrás, el ministerio que conduce Sergio Massa remitió un anteproyecto al senador Alberto Weretilneck con las modificaciones introducidas al borrador inicial para volver a Economía después de su revisión y allí continúa en análisis.
El secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti, dijo que también el gobierno tuvo en sus manos el borrador e hicieron “aportes sustantivos”. Lo trabajó junto a la provincia de Tierra del Fuego, que tiene también un proyecto para el Hidrógeno Verde.
Aclaró que “hay puntos que no acordamos, pero esperamos que Nación, que tiene la facultad de crear el marco regulatorio con una ley que sea de fomento y promoción, finalmente impulse la ley. Estamos expectantes”.
Sanguinetti habló de una premura por ese marco regulatorio y generar condiciones propicias para el desarrollo de esta industria novedosa ante el apremio de competidores cercanos como Brasil, Chile y Colombia que también buscan desarrollar el Hidrógeno Verde.
Para el funcionario la ley debería otorgar “estabilidad por los próximos 30 años” a los posibles inversores y anheló que se replique la experiencia rionegrina de que salga con un mayoritario consenso en el Congreso.

Los orígenes y el borrador de la normativa
La base del trámite en evaluación de la cartera de Sergio Massa, concretamente en la Secretaría de Energía que conduce Flavia Royón, fue una presentación del senador Alberto Weretilneck para establecer el marco regulatorio del Hidrógeno Verde en Argentina.
Esta labor tuvo su inicio en un encuentro del presidente Alberto Fernández con la gobernadora Arabela Carreras, quién insistió en la ley nacional, con participación del senador. Esa reunión, realizada en la Quinta de Olivos, estuvo marcada -realmente- como la primera gestión oficial del mandatario nacional, tras la abrupta salida del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Llegó, días después, Massa a esa cartera y, a fines de agosto, Weretilneck le entregó una carpeta con su idea de la ley “de Promoción de Hidrógeno”, de 53 artículos, donde se precisan tipos de producción; exenciones e incentivos; un régimen de retenciones y derechos de importación, como también, condiciones de seguridad, con sus eventuales sanciones.
Desde entonces, Royón avanzó en Economía con sus análisis técnicos y con intercambios con las distintas empresas con proyectos anunciados en el país, como Fortescue. Un contrapunto radica en los beneficios, como también, en los límites del intercambio de divisas, entre ellas, los envíos al exterior donde las firmas piden liberación para cumplir con el financiamiento que requieran para sus inversiones.
En la entrevista, Delgui había enumerado algunos otros puntos, como el “modelo impositivo, si se paga IVA, si hay devolución”, como también, admitió la cuestión de las retenciones. “Queremos tener un mayor detalle de qué estamos hablando con las retenciones. Este número hay que ponerlo en el modelo de negocio final”, decía y remarcaba que “no se está pidiendo nada extraordinario del esfuerzo del Estado Nacional”.
En septiembre, luego de un encuentro con Massa y Royón, la gobernadora Carreras decía que se “está cerca” y adelantaba el envío del proyecto al Congreso para “las próximas semanas”. Insistía así que se está “dentro de los plazos” porque pretendía su tratamiento en el 2022 para alejarlo del proceso electoral. “Sería ideal este año y separarlo de la grieta, que se profundizará en el 2023”, remarcó Carreras.
La legislación nacional daría previsión a la Fortescue para concluir sus cálculos y, entre cosas, resolver el estudio final de factibilidad de la inversión, anunciada en 8.400 millones.
Además, la norma habilitaría a Río Negro para avanzar en el llamado a licitación para formalizar el proyecto de Fortescue, cuya iniciativa privada fue aprobada por la Legislatura en abril, y cumplir con los trámites de la concesión de la zona Franca de Sierra Grande.

La Provincia renovó permisos y la empresa seguirá con estudios
En noviembre del 2021, la gobernadora Arabela Carreras autorizó a Fortescue para el “uso de tierras fiscales” con “el objetivo de cumplir” con “estudios de prefactibilidad vinculados al proyecto de producción de hidrógeno verde”.
El plazo de utilización era de un año y, concluido ese plazo, los relevamientos no se finalizaron, porque la empresa reguló también sus tiempos frente a las demoras advertidas por el Estado, especialmente de Nación con la ley de regulación.
Ahora, la mandataria firmó el decreto N° 1337 donde se extiende el permiso Argentina Fortescue Future Industries SA por otros dos años.
La norma original fue presentada y entregada por la mandataria a la CEO de FFI, Julie Shuttlewort cuando visitó Río Negro para su presentación del megaproyecto, con la presencia también del aún ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
La autorización inicial era por un año y, ahora, se prórroga por otros años. En especial, se preveían estudios “de los recursos eólico necesarios para establecer dónde sería posible y conveniente construir los parques para la generación de la energía eléctrica”.
También aquellas evaluaciones de “prefactibilidad para la construcción de las líneas de transmisión de la electricidad generada en los parques eólicos”.
Los permisos se mantienen en evaluaciones para “el emplazamiento de la planta de producción de Hidrógeno Verde y sus productos derivados”, como también, las evaluaciones “para determinar la infraestructura portuaria que haga posible el transporte y comercialización de los productos verdes elaborados”.
La normativa rionegrina aclara que serán “análisis eléctricos, topográficos, geotécnicos, hidrológicos, batimétricos, medioambientales, arqueológicos, ornitológicos, paleontológicos y sociales”.
Por su parte, Fortescue “se compromete a utilizar las propiedades exclusivamente” para cumplir con esos “estudios y deberá informar a las autoridades provinciales el cronograma de trabajo antes del inicio de tareas, identificando precisamente el área a intervenir, las acciones de sensibilización y comunicación social con las poblaciones cercanas”.
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No a Portezuelo del Viento: el favor político de Alberto Fernández y el futuro de los millones de Mendoza

Fecha de Publicación: 02/01/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza - Nacional


Alberto Fernández laudó contra Mendoza, pero Portezuelo del Viento ya era una obra abandonada por problemas ambientales, legales y políticos. El presidente se atribuyó para sí y para el PJ todos los costos políticos y, nuevamente, festejan en Casa de Gobierno. Qué puede pasar con los 1.023 millones.
El laudo de Alberto Fernández tiene efectos prácticos neutros, pues Portezuelo del Viento ya era una obra abandonada, pero repercusiones políticas importantes para el presente y el futuro. Y curiosamente pueden celebrar los que más se quejan: con su decisión, contraria a los intereses de Mendoza, el presidente absorbe todos los costos políticos por el fracaso de un proceso que tuvo muchos problemas, incluso más allá de los vaivenes políticos nacionales. En el peronismo local, suman un lastre más gracias a las decisiones de Casa Rosada. Aún falta una respuesta concreta sobre el pedido subsidiario que hizo Rodolfo Suarez; que se permita el uso de los recursos para otras obras que no necesariamente sean hídricas de generación hidroeléctricas. Esa es la cláusula "maldita" para el peronismo, porque permitiría ejecutar un plan de inversión que reimpulse al Gobierno que lo haga.
Portezuelo del Viento ya era una obra inviable desde lo ambiental (el volumen actual del río impedía su llenado y generaría menos energía de la prevista), desde lo político y sobre todo desde lo jurídico. Más allá del laudo, La Pampa tenía recursos judiciales activos en la Corte Suprema que podrían trabar la obra si alguna vez se iniciaba. Pero aún antes el proyecto tenía problemas: una licitación poco clara, un oferente único y un precio exorbitante que luego fue "rectificado" sin mayores explicaciones. Para darse una idea, los 1.023 millones de dólares que Mendoza tiene disponibles no "alcanzarían" para todos los trabajos que se habían propuesto. En el medio quedó en el aire el consorcio formado para hacer esa obra y que era liderado "espiritualmente" por Impsa, que tenía a Ceosa y Obras Andinas como eje y a la china Sinohydro como padrino y garante.
Portezuelo iba a estar en el Río Grande, un curso de agua que es parte de la cuenca del Colorado y cuya administración está a cargo del COIRCO, un ente interprovincial. En la gestión de Mauricio Macri todos (Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza) menos La Pampa estaban de acuerdo en hacer la obra. Mauricio Macri laudó a favor de Mendoza, aunque pidiendo estudios ambientales y consensos. Con el cambio de gobierno en 2019 la tendencia también se revirtió y todos menos Mendoza pasaron a estar en desacuerdo. El reclamo era que hacía falta un estudio de impacto ambiental integral, algo que la Provincia ya daba por cumplido. Mendoza pidió el laudo de Alberto Fernández y, con largas demoras, se concretó ayer.

El destino de los millones
La historia es larga y las demoras tienen que ver con los tropiezos que Mendoza ha tenido en las últimas décadas. Mendoza tenía el derecho de ser indemnizada por los perjuicios que generó la promoción industrial en provincias vecinas. El juicio lo inició Arturo Lafalla, estaba casi ganado y Julio Cobos firmó un convenio extrajudicial con Néstor Kirchner para que en vez de dinero se financiara la represa Portezuelo del Viento. Pasaron 12 años sin que se concrete y en 2019 Macri y Cornejo firmaron el convenio que le puso montos a ese resarcimiento. Eran 1.023 millones de dólares a pagar en cuotas cuatrimestrales. Mendoza ya tiene casi 600 de esos millones y en 2023 vienen los desembolsos más importantes
El laudo permite una vuelta de página. La orden del Presidente no se cumplirá. Es decir, Mendoza no hará un nuevo estudio de impacto ambiental y Portezuelo del Viento quedará archivado. Esa versión y también la "original", que era una represa de otras características y dimensiones. Automáticamente liberará los recursos para pensar otra "obra hidroeléctrica" para Mendoza. Allí la clave es el artículo 3 del convenio firmado en 2019 entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo. La cláusula tercera tiene algo virtuoso: dice que los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibirá son para Portezuelo del Viento u otra obra hídrica de generación de energía. Es decir, sin Portezuelo los dólares se pueden usar. Lo malo de la cláusula es el corset: que solo es para obras de generación hidroeléctrica.
Rodolfo Suarez quiere que en su gestión alguna obra se inicie. Eligió la represa El Baqueano, sobre el Río Diamante, porque el proyecto es menos complejo que otras más importantes como la represa Uspallata. El costo rondaría los 500 millones de dólares y lo más complejo sería la realización de un túnel de 12 kilómetros. Esa obra no agregaría ahorro de agua, sino que más energía a una cuenca que ya tiene tres centrales. Aún no están los estudios de factibilidad, pero Suarez quiere licitarla a principios del año que viene.
Alfredo Cornejo, que es candidato a gobernador por el oficialismo, tiene la idea de usar esos recursos para cualquier tipo de obra. Puede ser a través de alguna addenda firmada con quien sea presidente. Con Alberto Fernández eso parece complicado. Pero el año que viene hay elecciones y en diciembre de 2023 puede volver a darse vuelta todo. En el medio, según reconocen en el Gobierno, ni siquiera existe la capacidad de "gastar" los dólares ahorrados por falta de proyectos. Aún con El Baqueano en pie, a la provincia le quedarían casi 600 millones de dólares para invertir. Una oportunidad que no se va a repetir.

Más Información:

- Ambito - Alberto Fernández dictó el laudo por Portezuelo de Viento y pidió un estudio ambiental
Se debe a la controversia surgida en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Los gobernadores de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa habían solicitado el análisis ambiental. 

- MendoVoz - Para Suarez, el laudo presidencial "es decirle no a Portezuelo del Viento"
Este jueves, el presidente Alberto Fernández dictó el laudo arbitral solicitado por Mendoza sobre Portezuelo del Viento. En ese marco, ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del río Colorado como condición para aprobar la construcción de la megaobra.
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Se agranda el litio: una minera apuesta a explorar el metal en Río Negro, Neuquén y Chubut

Fecha de Publicación: 19/12/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén - Chubut


La firma canadiense Green Shift Commodities anunció haber adquirido áreas para explorar el litio en depósitos de roca dura. Estudiarán 480.000 hectáreas, en su mayoría ubicadas en Río Negro.
La minera canadiense Green Shift Commodities anunció haber adquirido áreas en Río Negro, Neuquén y Chubut para explorar el litio en depósitos de roca dura. Se trata de 458.000 hectáreas divididas entre las tres provincias. Desde el gobierno de Río Negro confirmaron que ya hay solicitudes presentadas que cumplen los requisitos legales. Por su parte, referentes de Neuquén afirmaron no haber recibido peticiones para la exploración.
La firma anunció haber adquirido las acciones de otra minera canadiense, LFP Resources. Se trata de terrenos ya estudiados, en los que se confirmó la presencia de pegmatita de litio. Estas fueron «descubiertas y muestreadas en la década de 1960 por el gobierno argentino, además de decenas de kilómetros adicionales» de áreas con características geológicas y geofísicas similares, marcaron en un comunicado.
La secretaría de Energía de Río Negro confirmó este anuncio a Energía On y explicó que las empresas que operarán en representación de Green Shift son Formentera SA y Electric Metals SA.
Estas firmas son las que están haciendo las solicitudes de los derechos mineros en Río Negro. A su vez, «están haciendo las presentaciones de los cateos y de los programas mínimos«, remarcaron.
La presentación de documentación está siendo evaluada por la secretaría de Minería de Río Negro. «Las solicitudes que van cumpliendo con los requisitos legales, son ubicadas dentro del Catastro Minero«, detallaron. En particular, la firma Electric Metals «ya está haciendo algunas aproximaciones a la comunidad en conjunto con la secretaría de Minería».
Los trabajos de esta empresa se están llevando a cabo cerca de la localidad Mamuel Choique pero todavía «no son trabajos prospectivos, ni exploratorios en campo«, aclararon.
Desde la firma canadiense destacaron que las reservas en esta zona junto con «La Pintada» cuentan con «19 diques de pegmatita conocidos que arrojaron una graduación de hasta 4.76%» de óxido de litio (Li2O).
A su vez, un nuevo mapeo «ha identificado docenas de posibles diques de pegmatita no probados adicionales y ha identificado el potencial de mineralización de litio diseminado en granito en esta área», aseguraron. Green Shield destacó que la zona es de buen acceso durante todo el año y tiene «una amplia infraestructura».
Por otro lado, el director provincial de Minería de la provincia que capitaliza a Vaca Muerta como es Neuquén, Carlos Portilla, señaló a Energía On que «no tenemos ninguna información ni tampoco tenemos registrado alguna solicitud de cateo para exploración«.
A su vez, la empresa LPF Resocurces «no hacía este tipo de trabajos en Neuquén. Puede ser que se haya hecho en otra provincia», refirió.

Las expectativas de la empresa
«El paquete de terrenos a escala de distrito que estamos adquiriendo ofrece el potencial para explorar áreas conocidas de litio y, al mismo tiempo, asegura un cinturón completo que aún no se ha explorado metódicamente», subrayó el director ejecutivo de la firma, Trumbull Fisher. Buscarán aplicar «de inmediato programas de trabajo para probar el potencial del área», detalló.
El área se ubica en un cinturón intrusivo «conocido por albergar mineralización de litio. Se han cartografiado más de 800 estructuras (posibles cuerpos de pegmatitas) a través de la interpretación de imágenes de satélite», indicaron. Una visita presencial al área les permitió verificar «la existencia de muchas de las estructuras objetivo identificadas en las imágenes de satélite».
En el país, la obtención de litio se produce en los salares de la Puna, al norte. Australia, el principal productor de litio del mundo, realiza la extracción del recurso desde pegmatitas, método potencial a ser aplicado en las 480.000 hectáreas que adquirió la empresa.
Este último se caracteriza por ser un método más costoso en términos relativos pero con menor tiempo de reacción a los «shocks de demanda«, según indicaron en un informe del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
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Acusan al municipio de Bariloche de autorizar proyectos inmobiliarios en perjuicio del bosque nativo

Fecha de Publicación: 02/12/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Organizaciones ambientalistas acusaron al Ejecutivo municipal de habilitar emprendimientos privados en zonas restringidas.
Mediante una carta pública difundida esta semana, varias organizaciones ambientalistas acusaron al Ejecutivo municipal de “violar la ley” que preserva los recursos forestales al habilitar emprendimientos privados en zonas restringidas y denunciaron que su intención, junto al gobierno provincial, es “atentar contra los niveles de protección de nuestros bosques”.
Señalaron que en una reunión de comisión realizada en el Concejo semanas atrás el subsecretario de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana, Claudio Romero, “confesó” que trabaja junto a técnicos de la provincia en la reformulación de la ley provincial 4552 “a fin de intentar disminuir el grado de protección del cual gozan extensas áreas boscosas de Bariloche”.
Citaron como un antecedente de gravedad la tragedia del complejo Villa Huinid, donde un deslave ocurrido en junio pasado le costó la vida a tres turistas uruguayos, y observaron que a las autoridades “no les alcanza con violar la ley, concediéndole licencia a un privado para construir en el kilómetro 1 de avenida de los Pioneros en zona amarilla, en la cual por ley está prohibido el desmonte”.
Las zonas definidas como “amarillas”, según la ley de Bosques, tienen un estatus de protección intermedio entre las “rojas” y las “verdes”. El mapa que define los límites de cada área debió ser actualizado y aprobado por la legislatura provincial en 2015. Ese ordenamietno todavia está pendiente y según la ley -subrayan los firmantes del comunicado-, las juirisdicciones “no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de bosques nativos”, pese a lo cual los desmontes en Bariloche “siguieron y aumentaron”.
Romero dijo que el “manifiesto” que firman Arbol de Pie, los vecinos pro reservas naturales urbanas El Trébol y Morenito Ezquerra, Jovenes por Bariloche, el Movimiento Vecinal Participativo y el Observatorio por los Derechos de la ciudad le causó “sorpresa” y se funda en una lectura errónea de sus palabras.
Durante el encuentro con los concejales el funcionario habia dicho que tiene hoy a su cargo un trabajo de reelaboración de la normativa y actualización del ordenamiento de bosques, junto a la subsecretaría de Recursos Forestales de Río Negro, y que “hay una superficie importante donde la ley puede aplicarse sin desmedro de los usos urbanos”.
Explicó que la idea es que en los sectores amarillos “aparezcan usos posibles que no estén directamente vinculados a la producción primaria”, sino enfocados en lo que denominó “servicios periurbanos”.
Ante una consulta de este medio, Romero dijo hoy que para las áreas amarillas la ley no habilita el cambio de uso del suelo pero sí “cierta explotación del bosque nativo, con plan de manejo y garantía de permanencia del bosque”, aunque observó que esos permisos están pensados “para espacios rurales”.
El planteo del Ejecutivo municipal en Bariloche “y lo mismo pasa en otras localidades” de la región, es el de “iaginar otros usos relacionados con la vida urbana” para las áreas categorizadas como amarillas, que en esta ciudad abarcan una importante extensión.
A modo de ejemplos Romero señaló que podrían autorizarse proyectos de “equipamiento, de residencia en muy baja densidad en convivencia con el bosque, o podría ser también un hotel boutique, con el correspondiente plan de manejo de la parcela”.
Aclaró que sobre todo eso no existen definiciones y “hay que trabajarlo”. Subrayó que desde lo técnico el trabajo consistiría en buscar una correspondencia entre lo que la ley ya autoriza para zonas amarillas en ámbito rural, adaptadas a un entorno urbano.
Sobre el ataque que le dedicaron las organizaciones Romero dijo que lo experimentó como un “agravio” y que le llama la atención que “se hayan acordado recién ahora, varias semanas después” de lo que dijo en la reunión, desarrollada a fines de octubre. También dijo que tiene buena relación con la mayoría y que la subsecretaría a su cargo “siempre estuvo abierta a todo tipo de diálogo”.
Opinó que “la interpretación que hicieron es sesgada”, que sus expresiones “no fueron una confesión” (como dice la nota) y lo atribuyó a un clima de recelo y “desconfianza” que considera injustificado. “Cada uno escucha lo que quiere escuchar” dijo Romero, para defender los lineamientos que expuso ante el Concejo y se preguntó “de dónde sacaron que eso es no cuidar el bosque”.
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Río Negro: reclamos por los impactos de la empresa de arenas de fracking NRG

Fecha de Publicación: 03/11/2022
Fuente: AN Red
Provincia/Región: Río Negro


En Allen, epicentro del fracking en la provincia, vecinas de distintos barrios se organizaron ante la invasión de camiones de arenas de sílice. Alrededor de cien vehículos cargados con unas cincuenta toneladas atraviesan diariamente la ciudad. Denuncian la falta de respuestas y el maltrato de las autoridades locales y provinciales. Por Martín Álvarez Mullally.
Los ruidos son insoportables, en las viviendas se habla a los gritos y los televisores están al máximo. Las camas vibran, las paredes se están rajando y los techos suenan. Los barrios de Allen viven en una nube de polvillo constante que penetra en todos los rincones. Les niñes en la calle jugando es una postal del pasado. El tráfico de camiones de arenas de sílice que genera la empresa NRG es estresante para quienes viven en la zona. Y el cuadro se torna más preocupante en la medida en la que se evidencia que ni la Intendencia, ni la Provincia, están dispuestas a tomar medidas que atenten contra la rentabilidad de la empresa para preservar a la población.
Marcela Garcia es productora frutícola y vive desde hace sesenta años en Calle rural 17, trayecto que conecta la Ruta nacional 22 con la provincial 65. Según ella, la llegada de NRG al Parque Industrial Norte de Allen fue la gota que rebalsó el vaso. Primero pasaban los camiones con materiales para las obras de reforma de la Ruta 22 que llevan más de una década. Luego construyeron el gasoducto entre la planta de Estación Fernández Oro y el gasoducto troncal Neuba, y unos meses después, el acueducto que lleva el agua a la planta de arenas. Ahora, desde 2020 cuando comenzó a operar NRG, hay un tránsito de ochenta camiones diarios. Marcela García no es la única enojada. “Somos unos diez productores, más toda la gente que vive ahí, debemos ser unos cuarenta”, relata. Y explica que en la etapa de cosecha el polvillo daña la fruta durante el transporte, lo que implica que haya dejado de ser fruta de primera, exportable.
A partir de los reclamos de las vecinas en articulación con productores y la Asociación de Productores del Alto Valle (APAV) consiguieron reunirse con NRG, Vialidad Nacional, la Secretaría de Minería, el Consorcio de Riego y Concejo Deliberante. La respuesta fue trasladar parte del tránsito a la calle Martín Fierro. Sin embargo, siguen pasando los camiones que NRG terceriza.
“Nos está afectando en la salud, en nuestra calidad de vida. No podemos estar tranquilos, estamos todo el tiempo pensando que se nos viene la casa abajo, qué problemas de salud nos va a traer esto”, aporta Verónica Zapata mientras recorre las rajaduras de todas las paredes de su casa. Verónica vive en una hermosa esquina de la calle Martín Fierro en la que con mucho esfuerzo acaban de construir una ampliación.  En su casa vibra todo, los cuadros, los vasos, los platos, la cama. “Hemos reclamado al municipio y no hay solución alguna”, explica. “¿Qué pasa si se cae una casa?”, le plantearon a Mauricio Morales, el presidente del Concejo Deliberante: “el municipio lo cubre”, respondió el funcionario. “¿Qué pasa si alguien fallece en esa caída?”, repreguntó Verónica. “El municipio lo cubre”, volvió a responder el funcionario. “Me respondió así, sin reparo alguno, con un desprecio por la vida que quedé sorprendida”, dice la vecina.
Graciela Cancelieri es otra de las pobladoras que impulsa los reclamos. Vive en la calle Perón cerca del paso de los camiones y padece los mismo problemas. Para ella las leyes están escritas pero las decisiones políticas no las cumplen. “Nuestra Carta Orgánica municipal tiene un capítulo sobre ambiente y nuestra Constitución provincial es referencia en sus capítulos sobre ambiente, porque habla de `delito ecológico´ que otras constituciones no lo tienen”, explica. Buenas leyes en malas manos, la constante en una provincia donde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Dina Migani, es dueña de una empresa de servicios que les vende químicos para fracking a las mismas empresas que, según su función pública, debería controlar.

Las formas del carácter extractivo
Las vecinas denuncian maltrato institucional y falta de seriedad de parte de NRG, el Deliberante, la intendenta Liliana Martín y Dina Migani. Dicen que en las reuniones dilatan las respuestas, evaden sus responsabilidades y prometen cosas que no cumplen. Para Cancelieri es algo que se repite. “Así como fue la política para instalar al fracking, están haciendo ahora con las arenas. Allen ya es una zona de sacrificio”, afirma.
Ante los reclamos, resolvieron regar las calles con una mezcla de residuos de pulpa moldeada. “Un producto sucio, oloroso, horrible’”, describen. La idea era que funcione como fijador para no tener que regar muchas veces. Pero una vez seco, el polvillo aparecía igual con mucho mal olor y se pegaba en todos lados.
En este peregrinar institucional, en 2020 lograron juntar al Secretario de Obras Públicas, al de Planeamiento, al de Gobierno y al de Tránsito. Las hicieron esperar más de tres horas para que se vayan, pero ellas se quedaron e hicieron un acta con los acuerdos: riego de calles, descenso de las velocidades de circulación, cese de tránsito pesado y asfalto. Nada se cumplió. “Vino la pandemia y se paró todo, menos los camiones”, relata Marcela García.
Romina Reus vive a pasos de la calle Martín Fierro y también describe el periplo que hizo para buscar alguna respuesta. “Llame a la municipalidad y me dijeron que ellos no se encargaban de esto, que era área de la provincia y que tenían una resolución. Me mandaron la resolución que son nueve páginas nada más, donde no hay Estudio de Impacto Ambiental”. Llamó a la delegación central de la Secretaría de Ambiente que queda en Viedma, le contestó una persona que no sabía lo que era una evaluación de impacto ambiental y que le dijo que no podía entregarle información a cualquier persona. Que si quería ver el legajo, tenía que ir hasta Viedma, a 550 km de distancia. Finalmente entregó una nota en la delegación de la localidad de Fernández Oro dirigida a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, pero todavía no obtuvo respuesta.
En septiembre de 2021, Dina Migani promulgó la Resolución 975 -la que le entregaron a Reus- que establece el recorrido desde las canteras Bauti, en la meseta rionegrina, hasta la Planta de lavado, secado y clasificación de NRG, en el Parque Industrial de Allen. Allí consta la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y del “Plan Transitorio de Transporte de Arenas” que implica dos etapas y habilita el paso por la zona urbana y rural desde las que surgen las protestas de las vecinas. Así será hasta que NRG acondicione un camino alternativo que la empresa Oldelval tiene en la traza del oleoducto.
En septiembre de 2022, Rocio Barrios fue parte de la delegación que asistió al Concejo Deliberante. También vive en la calle Martín Fierro y cuenta que cuando mencionaron la resolución que habilitó el transito temporal por el ejido, notaron que los concejales “no tenían idea”. “Nos enojamos porque sentíamos que no nos estaban escuchando y se excusaron diciendo que estaban buscando la información”, explica. Y agrega que cuando relató lo que viven y padecen, el Presidente del Concejo se enojó y manifestó vehemente que no iba a responder porque ella estaba diciendo “barrabasadas y faltándoles el respeto”.
Algo similar le ocurrió cuando fue a visitar a la intendenta Liliana Martín que la acusó de “maleducada” por un comunicado que Barrios había mandado a una radio. Rocío Barrios se sorprendió en aquel encuentro de que la intendenta no conociera la logística del transporte de la que, según Martín, es la inversión más importante de la historia de Allen. “¿Cómo habilitó los permisos entonces? Nos da mucha indignación e impotencia cómo nos tratan”, concluye.
Otro maltrato provino de NRG. Su gerente de relaciones institucionales Pablo Casals, ex Secretario de Planificación del ex gobernador Alberto Weretilneck, puso en duda a las vecinas y les exigió material fotográfico que respalde lo que denuncian.
NRG no respondió las consultas que le realizamos para la realización de este artículo. Igual que había sucedido cuando publicamos otro en enero.

Preocupación por la salud de la población
Una de las mayores preocupaciones son los impactos sanitarios. Algunos fueron inmediatos. Marcela Garcia cuenta que su vecina Clarisa tiene 78 años y en 1977 en San Juan sufrió el terremoto de 7,4 que dejó un saldo de 65 muertos y más de 300 heridos. Ahora, con la invasión de camiones de arenas, Clarisa no puede dormir, su casa vibra y ella teme que se le derrumbe encima. “Fue al médico y la mandaron a un psiquiatra para que le receten pastillas para dormir. Para nosotras es terrible, una vecina de esa edad, que trabajó toda la vida en la producción y nunca  necesitó pastillas”, cuenta Marcela García. “¿La solución es empastillar a Clarisa? Porque hay muchas Clarisas en Allen”, concluye.
Rocío Barrios estudia medicina y para ella es preocupante lo que puede implicar que esto continúe. Su hermano tiene sensibilidad auditiva y está viviendo con los oídos tapados. “Tenemos alteraciones en el ciclo de sueño, eso nos repercute emocionalmente, psicológicamente, físicamente, es muy desgastante”, manifiesta. Explica que las arenas de sílice generan daños pulmonares, que esas afecciones avanzan de manera lenta y silenciosa hasta que se manifiestan en fibrosis, que es un deterioro importante en la capacidad pulmonar.
Por su parte, para Graciela Cancelieri reclamar es un acción preventiva ante el potencial contaminador de las arenas: “Nosotras no queremos tener a las personas enfermas, queremos prevenir que eso pase”.

NRG, el enigma
¿Quiénes son los dueños de NRG? Detrás del interrogante, surgen nombres de conocidos políticos que no aparecen en los registros. Entre 2019 y 2020, los empresarios César Oscar Güercio y Damián Strier constituyeron las firmas NRG Argentina, NRG Energía, NRG Air, NRG Construcciones, NRG Materiales, NRG Servicios Petroleros, NRG Transportes, NRG Ultra, NRG Metals Argentina, NRG Oil&Gas, NRG Global. Estas compañías cubren el amplio espectro del negocio de la arena, desde la cantera hasta los pozos de fracking. La financiación proviene de un fondo de inversión canadiense, los dueños no tienen experiencia comercial previa en el sector. Güercio fue dueño de una empresa que vendía pasajes turísticos, fue empleado de Schlumberger entre 2009 y 2012. Strier, por su parte, es docente, tiene un postdoctorado en energías renovables y pasó por la empresa Roch.
La planta de tratamiento, lavado y clasificación de Allen ocupa un predio de 140 hectáreas. Además, poseé otras 260 hectáreas de canteras y una planta en Ibicuy, en Entre Ríos, y 4100 hectáreas en la meseta de Río Negro. En las plantas hay problemas con los residuos de las arenas.
Además, las plantas consumen grandes cantidades de agua para  el lavado de las arenas. En el caso de Allen, en abril de 2021, Güercio obtuvo del Departamento Provincial de Aguas un permiso para el uso de 200m³/hora de agua del río Negro y del sistema de riego. El mismo día, la intendenta Martín solicitó el uso de 300 m³/hora para el mismo predio, por lo que NRG cuenta con la autorización oficial para captar 500 m³/hora.
Pero NRG no solo lava arenas, la empresa fue allanada por Gendarmería Nacional y la AFIP en todas sus sedes en junio de 2022. El allanamiento se realizó a partir de una  denuncia sobre lavado de activos y fuga de divisas a través de sobreprecios en la importación superiores al 300% del valor real. Este año, fue durante varios meses la mayor importadora de equipos del extranjero del sector energético. El Ministro de Economía, Sergio Massa, la denunció por contrabando, lavado de activos y fuga en el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos.
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Revés judicial para Joe Lewis: ordenan reabrir el camino de acceso a Lago Escondido

Fecha de Publicación: 14/09/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013. Río Negro tiene tres meses para garantizar que el empresario inglés permita el paso por lo que considera su propiedad.
La justicia de Bariloche ratificó este lunes 12 de septiembre un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, en disputa judicial con el empresario inglés Joe Lewis.
Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia, consignó la agencia Télam.
El fallo ratifica la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel).
Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013.
En julio pasado, organizaciones sociales y políticas, centrales sindicales y gremios habían reclamado a la Cámara que emitiera una sentencia en el juicio por el libre acceso al Lago Escondido, una resolución que de acuerdo a los plazos procesales debía haberse conocido a principios de junio.
Los firmantes advirtieron que la Cámara de Bariloche debía "decidir sobre los insólitos planteos de (Joseph) Lewis para no acatar la sentencia del año 2013, mediante la cual el juez de Ejecución de Bariloche Carlos Marcelo Cuellar determinó que el Gobierno de Río Negro debía garantizar el acceso libre y seguro al Lago Escondido, por las distintas vías existentes, en un plazo de 90 días".

La polémica en Lago Escondido
En la causa se reclama que el Estado provincial implemente lo dispuesto por la Justicia rionegrina hace casi diez años, para garantizar el acceso al Lago Escondido y el uso público de los senderos que llevan hasta ese espejo de agua.
El expediente está caratulado como "Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/ ejecución de sentencia".
Los dos caminos que permitan llegar hasta ese espejo de agua de singular belleza están ubicados en el área cordillerana de Río Negro, dentro de la propiedad de alrededor de 8 mil hectáreas del magnate inglés.
Desde hace años se realiza la llamada 'Marcha de la Soberanía', que reúne a personas de diversos puntos del país con el objetivo de llegar a Lago Escondido a través de los dos senderos que la Justicia provincial reconoció como públicos para practicar allí deportes náuticos, entre otras actividades.
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Pese al rechazo de organismos ambientales, cambian una ley para permitir la actividad hidrocarburífera en el Golfo San Matías

Fecha de Publicación: 13/09/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Río Negro


La Legislatura de Río Negro aprobó una modificación legal que, según organizaciones ambientales y sociales, impacta en áreas naturales protegidas; el objetivo es hacer un oleoducto y un puerto petrolero
La Legislatura de Río Negro aprobó en segunda vuelta el proyecto que incluye modificaciones a la Ley 3.308, que protegía al Golfo San Matías de actividades hidrocarburíferas. Organizaciones ambientales y sociales denuncian que la decisión representa una amenaza para el ecosistema, al tiempo que resulta inconstitucional porque “viola principios básicos de jurisprudencia”.
Promulgada en agosto de 1999, la ley 3.308 consta de un único artículo y prohíbe “las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos” en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino.
Tal como advirtieron diversas organizaciones ambientalistas, la modificación aprobada ayer en Viedma permitirá que YPF construya un oleoducto y un puerto petrolero en Punta Colorada, a 35 km de Sierra Grande, desde donde se podrá exportar el petróleo que se extrae en Vaca Muerta.
“Estas modificaciones van en contra de la normativa nacional en materia ambiental. El Principio de Progresividad consagrado en el artículo 4 de la Ley 25.675 General del Ambiente establece que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. El carácter abrupto de la resolución tomada por la Legislatura de Río Negro entra en tensión con la posibilidad de cumplir con este principio”, indicaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
En diálogo con LA NACION, Fabricio Di Giacomo, representante de la Multisectorial Golfo San Matías, sumó: “El proyecto aprobado tiene un objetivo muy claro que es poder sacar el petróleo extraído con el fracking, una técnica altamente nociva para el ecosistema. La idea es sacarlo por nuestro golfo, uno de los últimos bastiones ecosistémicos libres de contaminación hidrocarburífera”.
Desde la Multisectorial Golfo San Matías –formada por distintos vecinos de las localidades de San Antonio Oeste, Las Grutas y alrededores– vienen denunciando las irregularidades vinculadas con el proyecto de modificación de la ley 3.308, que ya había sido aprobado en primera vuelta el 25 de agosto. En ambas sesiones se produjo la misma votación: 3 abstenciones, 41 votos a favor y 1 en contra, del legislador Pablo Barreno.
“Creemos que la colocación de un oleoducto dentro del mar territorial rionegrino traerá consecuencias nefastas no solo para la flora y fauna local (allí hay 4 áreas naturales protegidas, un parque nacional, también es la ruta de la ballena franca austral, que es Monumento Natural), sino también para todas las fuentes de trabajo que se desarrollan en la región, que estimamos en alrededor de 50.000, entre turismo, pesca y otras actividades. Ese número contrasta con los 100 puestos de trabajo que ofrece YPF una vez que la planta esté en funcionamiento”, señaló Di Giacomo.
Asimismo, desde FARN pusieron el acento en que las modificaciones a la ley 3.308 se oponen al principio de no regresión consagrado en 2018 en el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. A través de un comunicado, la organización explicó que ese acuerdo, aprobado en 2020 por la Ley 27.566, declara que no puede haber retrocesos en los niveles de protección ambiental alcanzados a partir de su sanción, y que las decisiones sobre cuestiones ambientales no pueden ser tomadas a espaldas de la sociedad y sin considerar su debida participación.
“Esta aprobación muestra la falta de planificación para hacer frente a la realidad climática actual, en donde cada vez sentimos más los impactos del cambio climático. La destrucción de la naturaleza pareciera ser el único plan que tienen las autoridades provinciales y estatales para salir de una crisis económica”, dijo Santiago Cané, coordinador de Asuntos Legales de FARN.
Y agregó: “Continuamos perpetuando un modelo absolutamente dependiente de los combustibles fósiles cuando es necesario y urgente que el mundo gire hacia otras alternativas energéticas más limpias y que no provoquen los desastres ambientales que vemos en todo el mundo”.
En el mismo sentido, Di Giacomo advirtió que no hay ningún proyecto que involucre oleoductos y terminales de carga y descarga de petróleo que no haya contaminado a nivel mundial: “El simple hecho de que los barcos entren y salgan en una zona donde está la ruta de las ballenas francas australes genera una contaminación en las aguas que va a ser irreversible, contaminando incluso al área de Península Valdés, en Chubut, que es Patrimonio de la Humanidad”.
Al finalizar la sesión de ayer en la legislatura, el vicegobernador rionegrino Alejandro Palmieri destacó la aprobación del proyecto de ley, al considerar que “permitirá que la provincia fiscalice los ductos que la atraviesan y que sea destino de inversiones hidrocarburíferas para la exportación desde la costa atlántica”.
A su vez, el representante de la Multisectorial Golfo San Matías manifestó que las empresas multinacionales que invierten en Vaca Muerta tienen prohibida la técnica del fracking en sus países de origen por ser extremadamente contaminante: “Aquí hay un interés político y económico muy fuerte que justifica cualquier tipo de proyecto. Hablan de fiscalizar los oleoductos cuando, en realidad, hay una ley que prohíbe que haya oleoductos con salida al mar. Hablan de fiscalizar y, a fines de 2021, hubo un accidente en Catriel y la medida de contención que dispusieron para un tubo de petróleo que perdía fue poner una pileta Pelopincho”.
Diversas personas que viven en San Antonio Oeste, Las Grutas y zonas aledañas se dirigieron ayer a Viedma con la intención de participar de la sesión en la Legislatura y luego denunciaron que fueron amedrentados. “Queríamos participar como ciudadanos, pero personal de seguridad junto con la Policía nos cerraron la puerta. Dijeron que tenían la orden de no dejar entrar a nadie”, contó Di Giacomo. Los manifestantes permanecieron entonces en la calle.
“Nuestra actitud fue absolutamente pacífica, había niños, gente mayor, estudiantes, distintas asociaciones. Luego llegó, de manera avasallante, gente de la Uocra, con tambores, banderas y bengalas. Al rato, se acercaron a la vereda de la Legislatura y nos empezaron a correr con sus banderas de forma agresiva. Después quisieron contar que hubo una marcha por el Sí y otra por el No. No fue así. Nosotros tenemos muchas argumentaciones; ellos no sabían ni por qué estaban ahí”, afirmó Di Giacomo.
Finalmente, desde la Multisectorial Golfo San Matías añadieron que avanzarán por la vía legal, ya que creen “firmemente en la inconstitucionalidad de la modificación de la ley 3.308″.
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