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Alerta sobre la situación de lo empresas de biocombustibles
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Biocombustibles: alertan que tras el congelamiento de precios hay 60.000 empleos en riesgo
Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) alertó que en el sector productor de biocombustibles, que tiene su mayor producción en esa provincia, están en riesgo 60.000 empleos directos.
La advertencia es por el congelamiento de precios que, igual que las naftas y el gasoil, también afecta a esta actividad. Ayer, en referencia al biodiésel, que se usa en la mezcla al 10% con el gasoil, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) había señalado que las firmas están paralizadas y le apuntó a la extensión a los precios de los biocombustibles del congelamiento dispuesto por 90 días por el Gobierno para las naftas y el gasoil.
"Los pequeños y medianos productores de biodiésel nos vemos afectados una vez más por las decisiones arbitrarias, discriminatorias, unilaterales e intempestivas del gobierno nacional: la extensión al precio de los biocombustibles del congelamiento de los precios del gasoil y las naftas nos deja sin recursos para mantener nuestra producción y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Hoy, todo el sector del biodiésel para el mercado interno está paralizado", dijo Cepreb.
En este contexto, Fisfe indicó que "todas las industrias del sector en la Argentina, en su mayoría pymes, hoy están trabajando a pérdida".
Además, precisó que "hay 60.000 empleos directos en riesgo" en la actividad. "Son 54 plantas de biocombustibles, de las cuales 19 plantas son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe", afirmó Fisfe.
Los industriales venían reclamando porque el Gobierno modificó tres veces las fórmulas de cálculo para el precio de los biocombustibles, dejando valores por debajo de los costos. Ahora se suma el reclamo por el congelamiento de precios.
"Las empresas quieren acompañar este triste momento económico que vive el país, pero para ello necesitan poder trabajar y dar empleo, aún sin renta alguna. En este momento, por las variables de la macroeconomía, ninguna tiene más resto. Y de no mediar medidas urgentes, la situación se hará más complicada aún", indicó Fisfe.
Para esa cámara, si para el jueves próximo no hay alguna medida o solución ante la crisis "se paralizará por completo la actividad".
Vale recordar que el sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006, que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno.
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Fecha de Publicación: 03/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) alertó que en el sector productor de biocombustibles, que tiene su mayor producción en esa provincia, están en riesgo 60.000 empleos directos.
La advertencia es por el congelamiento de precios que, igual que las naftas y el gasoil, también afecta a esta actividad. Ayer, en referencia al biodiésel, que se usa en la mezcla al 10% con el gasoil, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) había señalado que las firmas están paralizadas y le apuntó a la extensión a los precios de los biocombustibles del congelamiento dispuesto por 90 días por el Gobierno para las naftas y el gasoil.
"Los pequeños y medianos productores de biodiésel nos vemos afectados una vez más por las decisiones arbitrarias, discriminatorias, unilaterales e intempestivas del gobierno nacional: la extensión al precio de los biocombustibles del congelamiento de los precios del gasoil y las naftas nos deja sin recursos para mantener nuestra producción y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Hoy, todo el sector del biodiésel para el mercado interno está paralizado", dijo Cepreb.
En este contexto, Fisfe indicó que "todas las industrias del sector en la Argentina, en su mayoría pymes, hoy están trabajando a pérdida".
Además, precisó que "hay 60.000 empleos directos en riesgo" en la actividad. "Son 54 plantas de biocombustibles, de las cuales 19 plantas son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe", afirmó Fisfe.
Los industriales venían reclamando porque el Gobierno modificó tres veces las fórmulas de cálculo para el precio de los biocombustibles, dejando valores por debajo de los costos. Ahora se suma el reclamo por el congelamiento de precios.
"Las empresas quieren acompañar este triste momento económico que vive el país, pero para ello necesitan poder trabajar y dar empleo, aún sin renta alguna. En este momento, por las variables de la macroeconomía, ninguna tiene más resto. Y de no mediar medidas urgentes, la situación se hará más complicada aún", indicó Fisfe.
Para esa cámara, si para el jueves próximo no hay alguna medida o solución ante la crisis "se paralizará por completo la actividad".
Vale recordar que el sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006, que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno.
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Código Minero: Nación y provincias acuerdan revisarlo
Nación y provincias acuerdan revisar el Código Minero junto al sector privado
Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de avanzar en la modernización de la actividad para mejorar las prácticas sectoriales, las provincias se reunieron con el Gobierno, para debatir la reforma de largo plazo que será analizada y consensuada junto al sector privado.
El gobierno nacional y las provincias acordaron revisar el Código Minero a través de una reforma normativa de largo plazo que será analizada, debatida y consensuada junto al sector privado.
Así lo informó el Ministerio de Producción, luego de que la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, encabezara la primera mesa de trabajo con las provincias para iniciar la etapa de revisión del Código y avanzar en su modernización, en base a las mejores prácticas sectoriales.
“La minería nos enfrenta a nuevos desafíos y nos da la oportunidad de debatir, analizar y acordar cuáles son las condiciones apropiadas de desarrollo de la actividad con un marco legal que garantice la aplicación de las mejores prácticas disponibles junto a los protagonistas, que son las provincias”, sostuvo Sánchez, informó el Ministerio a través de un comunicado.
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Fecha de Publicación: 02/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de avanzar en la modernización de la actividad para mejorar las prácticas sectoriales, las provincias se reunieron con el Gobierno, para debatir la reforma de largo plazo que será analizada y consensuada junto al sector privado.
El gobierno nacional y las provincias acordaron revisar el Código Minero a través de una reforma normativa de largo plazo que será analizada, debatida y consensuada junto al sector privado.
Así lo informó el Ministerio de Producción, luego de que la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, encabezara la primera mesa de trabajo con las provincias para iniciar la etapa de revisión del Código y avanzar en su modernización, en base a las mejores prácticas sectoriales.
“La minería nos enfrenta a nuevos desafíos y nos da la oportunidad de debatir, analizar y acordar cuáles son las condiciones apropiadas de desarrollo de la actividad con un marco legal que garantice la aplicación de las mejores prácticas disponibles junto a los protagonistas, que son las provincias”, sostuvo Sánchez, informó el Ministerio a través de un comunicado.
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El extractivismo no se toca. Fernández con mineras
Alberto Fernández dio señales a favor de la explotación minera
Fecha de Publicación: 31/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con las gobernadoras de Catamarca, Lucía Corpacci, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, junto con representantes de empresas mineras radicadas en ambas provincias, a quienes dijo que "la única solución" para el futuro del país es "exportar".
Fernández remarcó que la "única solución para el futuro de la Argentina es exportar" y anunció: "Estamos trabajando para que las inversiones en Vaca Muerta y en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica".
Además, el candidato del Frente de Todos les pidió a los gobernadores y empresas que hagan un "esfuerzo conjunto" y "una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad".
Durante el encuentro, que se llevó a cabo ayer al mediodía en el Hotel Howard Johnson de la calle Florida, Alberto Fernández pidió "avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería".
Del encuentro, además de las gobernadoras, participaron representantes de las empresas YMAD, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group y Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold, Glencore. También directivos de la Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolás SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold.
El objetivo del encuentro fue dialogar "acerca de la actualidad, proyecciones y necesidades del sector minero en el corto, mediano y largo plazo". La idea es que los empresarios expresasen las realidades y puntos de vista del sector. Esta es la primera reunión del candidato con empresas mineras en el contexto electoral. Durante el encuentro, Fernández les planteó a los empresarios que desde hace seis meses vienen trabajando en normas que den previsibilidad a la actividad minera para los próximos 10 años.
Indicó que viene trabajando desde hace seis meses en normas sobre el yacimiento Vaca Muerta y otras para el explotación del litio y el silicio, que "son posibilidades que vemos de producción, exportación e ingreso de divisas".
Solicitó tanto a los gobernadores como a los empresarios que expliquen la importancia de la actividad minera para la economía y lograr consenso social para su explotación.
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Fecha de Publicación: 31/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con las gobernadoras de Catamarca, Lucía Corpacci, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, junto con representantes de empresas mineras radicadas en ambas provincias, a quienes dijo que "la única solución" para el futuro del país es "exportar".
Fernández remarcó que la "única solución para el futuro de la Argentina es exportar" y anunció: "Estamos trabajando para que las inversiones en Vaca Muerta y en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica".
Además, el candidato del Frente de Todos les pidió a los gobernadores y empresas que hagan un "esfuerzo conjunto" y "una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad".
Durante el encuentro, que se llevó a cabo ayer al mediodía en el Hotel Howard Johnson de la calle Florida, Alberto Fernández pidió "avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería".
Del encuentro, además de las gobernadoras, participaron representantes de las empresas YMAD, Galan Lithium, Neo Lithium Corp, Liex SA, Lundin Group, Minera Esperanza, Lake Resources, Grosso Group y Loma Negra, Posco, Yamana, Galaxy, Circum Pacific y Buena Vista Gold, Glencore. También directivos de la Minera Alumbrera, Livent Corp, Antofalla Minerals, Anglogold Ashanti, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz, Panamerican Silver, Don Nicolás SA, Newmont Goldcorp y Yamana Gold.
El objetivo del encuentro fue dialogar "acerca de la actualidad, proyecciones y necesidades del sector minero en el corto, mediano y largo plazo". La idea es que los empresarios expresasen las realidades y puntos de vista del sector. Esta es la primera reunión del candidato con empresas mineras en el contexto electoral. Durante el encuentro, Fernández les planteó a los empresarios que desde hace seis meses vienen trabajando en normas que den previsibilidad a la actividad minera para los próximos 10 años.
Indicó que viene trabajando desde hace seis meses en normas sobre el yacimiento Vaca Muerta y otras para el explotación del litio y el silicio, que "son posibilidades que vemos de producción, exportación e ingreso de divisas".
Solicitó tanto a los gobernadores como a los empresarios que expliquen la importancia de la actividad minera para la economía y lograr consenso social para su explotación.
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Grave: gobierno casi modifica la ley de semillas por decreto
A último momento, el Gobierno frenó un decreto para modificar la ley de semillas
Fecha de Publicación: 30/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno desistió de una convocatoria al campo donde se iba a anunciar un decreto de necesidad y urgencia para modificar la actual ley de semillas luego de que había cursado las invitaciones al sector.
Para este jueves, a las 13.45, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, habían sido convocadas las empresas semilleras y entidades del sector para el anuncio de la modificación de la ley.
El 5 del actual, LA NACION anticipó que el jefe del Estado había contemplado la posibilidad de un decreto sobre el tema luego de que en el Congreso no se avanzó en el tratamiento de una nueva ley.
El año pasado, el oficialismo logró emitir un dictamen para modificar la normativa vigente desde 1973, cuando no existía la biotecnología y la soja apenas despuntaba en el país, con menos de 400.000 hectáreas (hoy, la superficie ronda los 18 millones de hectáreas, según las campañas).
El oficialismo alcanzó a fin de 2018 un dictamen que limita el uso propio (el derecho contemplado en la ley de 1973 por la cual un productor se puede guardar parte de la cosecha de trigo o soja para volver a usar como semilla en la siguiente campaña) y lo grava, salvo para pueblos originarios, agricultores familiares y productores que no superen un nivel de $4,8 millones de facturación.
Además, estableció con ese dictamen que por cinco años las empresas debían contemplar en la bolsa de semillas el valor que pretendían cobrar en concepto de regalías por la tecnología incorporada.
Pese al dictamen conseguido en el Congreso, el Gobierno nunca pudo llevarlo al recinto, aunque intentó poner el tema en la agenda de sesiones. El peronismo no prestó los votos necesarios para el quorum. El oficialismo solo tenía 109 voluntades.
Fuentes consultadas habían señalado a LA NACION que el decreto del presidente Mauricio Macri iba a tomar como base el dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sin embargo, según trascendió, en el decreto no se iban a incluir algunos aspectos que estaban en el dictamen que molestaron a sectores del ruralismo y a empresas. Entre otros, en el dictamen se contemplaba una desgravación de Ganancias en la compra de semillas. En tanto, al sector industrial le habría molestado que se incluyera una prohibición para los controles privados.
La industria semillera ha venido reclamando una nueva ley para poder seguir trayendo tecnologías al país.
Hoy la venta de semillas fiscalizadas de soja, sin contar los acuerdos de regalías entre las empresas y los productores, ronda el 20% de la superficie de siembra, un porcentaje que en el sector consideran bajo.
El resto del mercado se divide entre el uso propio amparado en la misma ley de semillas y el circuito ilegal.
En valor, el mercado de semillas de soja ronda los US$200 millones, pero en la industria creen que, si se formalizara todo, podría ascender a unos US$1000 millones.
El de las semillas ha sido un tema complicado para el Gobierno. Apenas asumió, en diciembre de 2015, tuvo que afrontar un conflicto con la multinacional Monsanto y convencer a la empresa, hoy controlada por la alemana Bayer, de que desistiera de hacer controles privados en los puertos para detectar si la soja tenía una tecnología suya resistente a insectos.
Controles
Con una resolución para prohibir cualquier control privado no autorizado y ordenar que pasaran por la órbita del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Gobierno logró bajar la tensión con la compañía, que no obstante retiró del proceso de aprobación, ante la falta de un nuevo marco regulatorio por semillas, una soja que mejora el control de malezas.
Otras empresas también tienen frenadas nuevas tecnologías para el país hasta que se presente un nuevo marco para la propiedad intelectual.
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Los bosques siguen cayendo
Bosques: el Gran Chaco es uno de los 11 lugares con mayor deforestación
Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras el mundo se estremece por los incendios en el Amazonas, los bosques nativos de la Argentina también se encuentran bajo asedio.
Informes oficiales y estudios realizados por institutos científicos y ONG muestran que se pierden anualmente cientos de miles de hectáreas de estos tesoros de la naturaleza que brindan servicios indispensables para la vida y el desarrollo socioeconómico.
Después del Amazonas, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano y la que despierta mayor preocupación. Es uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un trabajo de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Otro estudio, esta vez de Greenpeace, advirtió a comienzos de este año que en el norte del país cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, y que el 36,3% de la superficie deforestada durante el lapso analizado correspondió a bosques nativos.
La ecorregión chaqueña se extiende en gran parte de la Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil, y sus bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales la hacen algo único en el mundo.
Es, también, el mayor reservorio de bosque nativo que tiene el país. "A pesar de ser un área semidesértica por los parámetros climáticos, sostiene árboles con las maderas más duras del mundo", comenta Gustavo Sosa, ingeniero forestal y fundador de Inbioar, una compañía de investigación y desarrollo de herbicidas naturales.
Se calcula que "entre 2007 y 2014 se registró allí una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques a una tasa anual de desmonte comparable con la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo -subraya Manuel Jaramillo, director de la FVSA-. De continuar con la misma tendencia, para 2028 se producirá una pérdida adicional de cuatro millones de hectáreas".
Y con el bosque se perderá su capacidad de capturar dióxido de carbono (gas de efecto invernadero), la biodiversidad que alberga y su acción regulatoria de la hidrología de la llanura. También dejarán de existir otros bienes no materiales, pero que influyen en la calidad de vida y pueden impulsar industrias como el turismo.
"A estos ecosistemas les pedimos varias cosas -explica Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo e investigador superior del Conicet en la Universidad Nacional de San Luis-. La más exigente es guardar la biblioteca prístina de la vida para las generaciones que vendrán. Eso podemos resolverlo preservando porcentajes de alrededor del 10% del bosque. También esperamos que guarde carbono, para lo que necesitamos superficies mucho más grandes. Y para que cumpla su función hidrológica se requiere como mínimo salvaguardar entre el 20% y el 50% de su superficie".
Además, según explica el investigador, los bosques tienen influencia en el clima, aunque todavía no se entiende exactamente cómo. "Por ejemplo -agrega-, sabemos que una parte importante de las lluvias en Salta, Santiago del Estero y hasta San Luis viene del Amazonas. Es decir que bosques lejanos pueden tener efectos sobre las precipitaciones a distancia. También, sobre las condiciones de temperatura".
El país tiene hoy unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada "ley de bosques", sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. Es una categorización que deben hacer las provincias y consiste en asignarle un color a cada zona de acuerdo con sus usos posibles: desde la conservación (rojo) hasta la posibilidad de transformación para la agricultura (verde), pasando por el uso sustentable (amarillo).
"Del total, alrededor de 11 millones de hectáreas son de zonas verdes -dice Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales del ex-Ministerio de Ambiente-. Hasta 2014 o 2015, se deforestaban anualmente alrededor de 300.000 hectáreas; hoy, esa cifra está entre 150.000 y 170.000. Pero la ley no hay que mirarla solamente por los números de deforestación. El gran desafío es qué tipo de producción habilitamos en las áreas amarillas, porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque. Lo que estamos buscando es el manejo con ganadería integrada, una modalidad a la que ya adhirieron 10 provincias".
Jaramillo, por su parte, considera que aunque hubo avances todavía resta hacer funcionar el sistema de asignación de recursos que dispone la ley para las áreas amarillas y rojas. "El presupuesto creció en valores absolutos, pero disminuyó en valores relativos -puntualiza-. Es necesario que crezcan los fondos y que las provincias sean mucho más ágiles en implementarlos y rendirlos".
Pero, a pesar de lo delicado de la situación, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, aunque el avance de la actividad agrícola y ganadera hace retroceder los bosques, no necesariamente están perdidos para siempre. "En ecosistemas como el chaqueño, la tierra que hoy es agrícola puede volver a ser bosque; es un error pensar lo contrario -dice Jobbágy-. Son secos y naturalmente hay fuegos, por lo que tienen capacidad de recuperarse".
Además, los científicos también desafían la idea de que es imposible articular la actividad productiva con la protección de la naturaleza. "No es una cosa o la otra -destaca Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural del Conicet-. Podemos implementar formas de producir promoviendo la biodiversidad".
Y afirma Jobbágy: "Para hacerlo posible, será necesaria una discusión muy profunda entre los actores que están en el territorio. En nuestro Chaco, el problema es que la producción se da en escala industrial, es diferente de lo que ocurre con la agricultura familiar que se puede practicar en África. Tenemos que promover acuerdos. Es difícil y no hay recetas automáticas".
Precisamente, en un documento distribuido ayer a la tarde de cara a las elecciones, la FVSA consigna: "Necesitamos instaurar un nuevo pacto entre la naturaleza y las personas que permita revertir la disminución de la biodiversidad de la Tierra. En particular, los cambios de uso del suelo -conversión y degradación de los ecosistemas naturales- y la forma en la que generamos, transmitimos y consumimos energía. Estos son los sistemas que tenemos que reordenar si la Argentina quiere crecer de manera sostenida".
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Pedido a Diputados por la ley nacional de gestión de envases
Envases: en busca de la responsabilidad del productor
Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Diecisiete organizaciones reclaman a la Cámara de Diputados que se avance en el tratamiento de una ley nacional de gestión de envases.
Su objetivo: que las marcas se hagan cargo de los residuos de sus propios productos.
De una bolsa de residuos domiciliarios, en promedio, el 60% son envases. Bebidas, artículos de limpieza, envases y más envases. Las botellas de un sólo uso, elaboradas con plástico PET, son las predominantes entre ellos. Hoy no existe una ley en el país que regule su tratamiento. Una vez cumplido su uso, pasan a ser basura y su gestión queda librada a los circuitos locales de recolección y reciclaje. Frente a ello, 17 organizaciones presentaron una carta ante la Cámara de Diputados argumentando la necesidad de contar con una normativa que garantice su necesaria gestión.
“El debate que se ha dado históricamente sobre la gestión de envases se centra en definir quién va a ser el productor responsable por ese residuo que se genera”, explica Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, una de las organizaciones firmantes, y subraya: “Al definir una red, cuando todos son responsables, no hay nadie responsable”.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases y Envases Post Consumo, bajo autoría de la diputada María Emilia Soria, se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP). Es decir, que quien introduce un producto envasado al mercado, considere entre sus costos el residuo que genera. El espíritu del principio es preventivo: generar menos residuos. Presentado el año pasado, el proyecto aún espera y por ello las organizaciones han realizado el pedido de convocatoria a una reunión conjunta para acelerar el debate sobre éste y otro proyecto vinculado a la misma temática, presentado por el diputado Facundo Moyano, con especial foco en la inclusión social.
Bilbao diferencia que, bajo ese principio, el proyecto de Soria identifica al envasador como el responsable de la red: “Es importante desde el punto de vista del impacto en el ambiente, porque el envasador es el que determina toda la cadena. Hay un montón de características que hoy la empresa las define por marketing. Si tuvieran internalizado el costo de lo que es el residuo, van a cambiar su diseño para que sus productos puedan ser reciclados más fácilmente y para generar menos basura”. Según las organizaciones, “hoy el peso económico de la gestión lo afrontan los municipios, comprometiendo entre el 5 y 25% del presupuesto local”.
La lentitud en el tratamiento de proyectos de ley vinculados a cuestiones ambientales no es excluyente a este tema. Según un análisis del Círculo de Políticas Ambientales, “una cantidad significativa de proyectos de ley relativos a la cuestión ambiental (biodiversidad, contaminación, energía y cambio climático, entre otros) no avanza en el trámite parlamentario por diversas cuestiones”. Conforme el reporte, algunos proyectos llevan más de 20 años siendo presentados una y otra vez por distintos legisladores, y no terminan convirtiéndose en normas. Tal es el caso de la gestión de envases. Incluso, algunas de las leyes sancionadas en pos del cuidado del ambiente tienen luego un mínimo de cumplimiento. Pese a ello, Bilbao se muestra optimista respecto de la necesidad de avanzar en una agenda ambiental legislativa: “Las leyes son la única manera de garantizar algún tipo de régimen a futuro. Como sociedad civil, tenemos que seguir los temas para que se cumplan. La única manera de que se puedan instalar políticas públicas, especialmente en estos temas, es a través de leyes”.
Con fecha 6 de agosto pasado, la carta estuvo dirigida al diputado nacional Alejandro Echegaray, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara. Las organizaciones firmantes fueron Fundación Vida Silvestre, Surfrider Foundation Argentina, Fundación FRAAM, Refugio del Sudoeste, AquaMarina, Aves Argentinas, Jardín Botánico Bahía Blanca, Asociación Naturalistas Geselinos, Global Penguin Society, Fundacion Temaikén, Fundación Cambio Democrático, Museo de Ciencias, Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, WCS, Fundación Patagonia Natural y Círculo de Políticas Ambientales.
Los envases representan aproximadamente el 30% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Garantizar su correcta gestión, bajo una responsabilidad extendida al productor, permitirá contribuir al desarrollo de una economía circular en la que los artículos vuelven a adquirir valor en los procesos, se reduce la cantidad de residuos y se privilegia el cuidado del ambiente.
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Fecha de Publicación: 29/08/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Diecisiete organizaciones reclaman a la Cámara de Diputados que se avance en el tratamiento de una ley nacional de gestión de envases.
Su objetivo: que las marcas se hagan cargo de los residuos de sus propios productos.
De una bolsa de residuos domiciliarios, en promedio, el 60% son envases. Bebidas, artículos de limpieza, envases y más envases. Las botellas de un sólo uso, elaboradas con plástico PET, son las predominantes entre ellos. Hoy no existe una ley en el país que regule su tratamiento. Una vez cumplido su uso, pasan a ser basura y su gestión queda librada a los circuitos locales de recolección y reciclaje. Frente a ello, 17 organizaciones presentaron una carta ante la Cámara de Diputados argumentando la necesidad de contar con una normativa que garantice su necesaria gestión.
“El debate que se ha dado históricamente sobre la gestión de envases se centra en definir quién va a ser el productor responsable por ese residuo que se genera”, explica Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, una de las organizaciones firmantes, y subraya: “Al definir una red, cuando todos son responsables, no hay nadie responsable”.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases y Envases Post Consumo, bajo autoría de la diputada María Emilia Soria, se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP). Es decir, que quien introduce un producto envasado al mercado, considere entre sus costos el residuo que genera. El espíritu del principio es preventivo: generar menos residuos. Presentado el año pasado, el proyecto aún espera y por ello las organizaciones han realizado el pedido de convocatoria a una reunión conjunta para acelerar el debate sobre éste y otro proyecto vinculado a la misma temática, presentado por el diputado Facundo Moyano, con especial foco en la inclusión social.
Bilbao diferencia que, bajo ese principio, el proyecto de Soria identifica al envasador como el responsable de la red: “Es importante desde el punto de vista del impacto en el ambiente, porque el envasador es el que determina toda la cadena. Hay un montón de características que hoy la empresa las define por marketing. Si tuvieran internalizado el costo de lo que es el residuo, van a cambiar su diseño para que sus productos puedan ser reciclados más fácilmente y para generar menos basura”. Según las organizaciones, “hoy el peso económico de la gestión lo afrontan los municipios, comprometiendo entre el 5 y 25% del presupuesto local”.
La lentitud en el tratamiento de proyectos de ley vinculados a cuestiones ambientales no es excluyente a este tema. Según un análisis del Círculo de Políticas Ambientales, “una cantidad significativa de proyectos de ley relativos a la cuestión ambiental (biodiversidad, contaminación, energía y cambio climático, entre otros) no avanza en el trámite parlamentario por diversas cuestiones”. Conforme el reporte, algunos proyectos llevan más de 20 años siendo presentados una y otra vez por distintos legisladores, y no terminan convirtiéndose en normas. Tal es el caso de la gestión de envases. Incluso, algunas de las leyes sancionadas en pos del cuidado del ambiente tienen luego un mínimo de cumplimiento. Pese a ello, Bilbao se muestra optimista respecto de la necesidad de avanzar en una agenda ambiental legislativa: “Las leyes son la única manera de garantizar algún tipo de régimen a futuro. Como sociedad civil, tenemos que seguir los temas para que se cumplan. La única manera de que se puedan instalar políticas públicas, especialmente en estos temas, es a través de leyes”.
Con fecha 6 de agosto pasado, la carta estuvo dirigida al diputado nacional Alejandro Echegaray, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara. Las organizaciones firmantes fueron Fundación Vida Silvestre, Surfrider Foundation Argentina, Fundación FRAAM, Refugio del Sudoeste, AquaMarina, Aves Argentinas, Jardín Botánico Bahía Blanca, Asociación Naturalistas Geselinos, Global Penguin Society, Fundacion Temaikén, Fundación Cambio Democrático, Museo de Ciencias, Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, WCS, Fundación Patagonia Natural y Círculo de Políticas Ambientales.
Los envases representan aproximadamente el 30% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Garantizar su correcta gestión, bajo una responsabilidad extendida al productor, permitirá contribuir al desarrollo de una economía circular en la que los artículos vuelven a adquirir valor en los procesos, se reduce la cantidad de residuos y se privilegia el cuidado del ambiente.
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Ríos contaminados con agroquímicos en la pampa húmeda
El río pampeano más contaminado con plaguicidas está en Córdoba
Fecha de Publicación: 28/08/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La presencia de plaguicidas actuales, como la cipermetrina y también otros ya prohibidos por su alta toxicidad, como el endosulfán, hace del río Suquía la cuenca hídrica más contaminada con pesticidas de la pampa argentina.
El dato surge de una revisión realizada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La conclusión es que el río que atraviesa la ciudad de Córdoba representa un riesgo muy alto para la vida acuática.
El trabajo recopiló estudios científicos que analizaron la presencia de insecticidas y de herbicidas en 66 puntos de ríos de las provincias de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Entre Ríos en los últimos 12 años.
Con estos datos se calculó un coeficiente de riesgo; esto es, una relación entre la concentración de plaguicidas medida en los sitios y la concentración que se sabe que es tóxica para la vida acuática.
El cálculo se hizo tanto para plaguicidas de uso actual como para plaguicidas totales, es decir, incluyendo sustancias que ya están prohibidas.
De los 66 puntos, 13 presentaron un muy alto riesgo para la vida acuática si se tienen en cuenta sólo los plaguicidas actuales. La cifra sube a 22, si en la cuenta también se incluyen los productos que ya están prohibidos.
Las mediciones en el río Suquía fueron las más altas si se consideran concentraciones de plaguicidas totales. En tanto, para el río Ctalamochita, el riesgo fue medio.
Fernando Iturburu, investigador del Conicet en Mar del Plata, fue el primer autor del trabajo. Explica que los datos para el Suquía también son muy altos si sólo se tienen en cuenta los plaguicidas actuales, aunque son parecidos a los encontrados en el río Paraná y en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Valeria Ame, investigadora de Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, codirigió el trabajo de Iturburu. Asegura que los niveles detectados en el Suquía pueden ser consecuencia de la historia de uso de plaguicidas en la cuenca y que todavía están presentes compuestos de alta toxicidad ya prohibidos.
“Es esperable que con el tiempo los agroquímicos ya prohibidos vayan decayendo y por lo tanto baje el riesgo. Los nuevos plaguicidas que se incorporen, por lo general, son más amigables con el ambiente porque son más biodegradables y menos tóxicos”, explica.
Iturburu aclara que este estudio no habla de riesgo para las personas. “Si bien los seres humanos estamos en contacto con el agua y la consumimos, no somos organismos acuáticos”, detalla.
De todas formas, asegura que los datos de este estudio son una señal para profundizar las mediciones y eventualmente tomar decisiones de protección de la cuenca.
El estudio fue publicado hace algunas semanas en la revista científica Science of the Total Environment.
Las sustancias
Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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Agroindustria sigue preocupado por el nuevo Código Penal
Analizaron el capítulo ambiental del proyecto de reforma del Código Penal
Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), en conjunto con la Fundación Expoterra, organizó ayer el "Taller Proyecto de Reforma de Código Penal: Delitos contra el Ambiente".
El encuentro fue para presentar en el marco del proyecto de reforma del Código Penal los contenidos del Capítulo Ambiental y sus implicancias en el sector agropecuario y agroindustrial, según informó el CPIA.
"Los productores y los ingenieros agrónomos debemos cuidar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables", indicó Fernando Vilella, presidente del CPIA.
Según se informó en marzo pasado, cuando se presentó la iniciativa, la reforma del Código Penal prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida. La modificación considera al ambiente como un bien jurídico protegido.
Además, se establece pena de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona y también se tipifica la contaminación ambiental imprudente.
Asimismo, están contemplados los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa.
"Todos los códigos penales modernos tienen su capítulo ambiental", dijo Patricia Llerena, camarista Penal de la Nación. "No hay delito sin ley penal previa", agregó.
Por su parte, Carlos Alberto Luisoni, auxiliar Letrado del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, remarcó que "si no hay afectación, no hay delito". Añadió: "Existen riesgos permitidos aceptados por la sociedad en función de la utilidad a la misma".
En tanto, José Alberto Esain, docente de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, señaló que "en la Argentina no existe el derecho penal ambiental, a diferencia de otros países donde aparece el mandato en su Constitución".
"Con el nuevo proyecto de Código Penal, el ambiente es un bien jurídico colectivo y autónomo. Se tienen que cumplir distintas condiciones para que sea delito, el derecho penal es última ratio", precisó.
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Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), en conjunto con la Fundación Expoterra, organizó ayer el "Taller Proyecto de Reforma de Código Penal: Delitos contra el Ambiente".
El encuentro fue para presentar en el marco del proyecto de reforma del Código Penal los contenidos del Capítulo Ambiental y sus implicancias en el sector agropecuario y agroindustrial, según informó el CPIA.
"Los productores y los ingenieros agrónomos debemos cuidar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables", indicó Fernando Vilella, presidente del CPIA.
Según se informó en marzo pasado, cuando se presentó la iniciativa, la reforma del Código Penal prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida. La modificación considera al ambiente como un bien jurídico protegido.
Además, se establece pena de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona y también se tipifica la contaminación ambiental imprudente.
Asimismo, están contemplados los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa.
"Todos los códigos penales modernos tienen su capítulo ambiental", dijo Patricia Llerena, camarista Penal de la Nación. "No hay delito sin ley penal previa", agregó.
Por su parte, Carlos Alberto Luisoni, auxiliar Letrado del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, remarcó que "si no hay afectación, no hay delito". Añadió: "Existen riesgos permitidos aceptados por la sociedad en función de la utilidad a la misma".
En tanto, José Alberto Esain, docente de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, señaló que "en la Argentina no existe el derecho penal ambiental, a diferencia de otros países donde aparece el mandato en su Constitución".
"Con el nuevo proyecto de Código Penal, el ambiente es un bien jurídico colectivo y autónomo. Se tienen que cumplir distintas condiciones para que sea delito, el derecho penal es última ratio", precisó.
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Pesca: un acuerdo internacional que benefia al país
El Acuerdo que discute la ONU favorecerá a la pesca argentina
Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: Revista Puerto
Provincia/Región: Nacional
El convenio sobre Conservación de la Biodiversidad en Alta Mar que se está definiendo en Nueva York, se discute desde 2004 y nuestro país fue un férreo impulsor. Será fundamental para proteger los intereses de conservación y pesqueros nacionales y regionales. Es una herramienta contra la pesca Ilegal que no pone en riesgo la soberanía.
El Yun Mao es un modesto pesquero taiwanés de unos 40 metros de eslora. Opera al borde de Zona Económica Exclusiva de Brasil, Uruguay o Argentina, aunque a veces lo hace adentrándose ilegalmente al mar jurisdiccional de estos países. El Yun Mao cuenta con permiso de pesca de una reconocida Organización Regional de Pesca, la ICCAT, y tiene permiso de importación otorgado por la Unión Europea.
El Yun Mao, que está subsidiado por su Estado de bandera, un rico país del hemisferio norte, utiliza mano de obra esclava procedente de Filipinas e Indonesia. Nadie sabe exactamente qué pesca, cómo, dónde o cuánto, tampoco qué especies descarta. Se sospecha que captura atún, pez espada y tiburones mediante palangre, que realiza aleteo a bordo, que mata albatros y otras especies acompañantes, y que su basura la descarga en alta mar.
También que blanquea su captura en un Puerto de Conveniencia, que pese a haber ratificado el Acuerdo Rector de Puerto para Prevenir la Pesca INDNR de la FAO, no controla lo que el Yun Mao descarga, mucho menos cuando se trata de los restos de marinos que no soportaron las condiciones de vida a bordo.
El Yun Mao destruye el ecosistema marino de los países de la región, captura especies que habitan dentro de las ZEE, como en su zona contigua, compite ilegítimamente en los mercados internacionales, y deja sin trabajo a los pescadores locales.
No existe ningún tipo de control sobre las actividades depredatorias del Yun Mao, así como tampoco de otros miles de barcos que operan con peores impactos que el de este.
Es evidente que la manera descontrolada y destructiva en la que se explotan los recursos que viven en casi la mitad de la superficie del planeta (más del 40%), es insostenible. Esta región es patrimonio de toda la humanidad, pero tan solo cinco países capturan el 80% de la pesca en aguas internacionales.
Es necesario preservar los océanos y terminar con las actividades de explotación insostenibles, ya sea ambiental, social o económicamente. La posibilidad de un acuerdo global vinculante presenta una oportunidad única para restringir la acción de embarcaciones como el Yun Mao.
El Proceso de discusión del Acuerdo
La Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) nace por la necesidad de un marco que regule en alguna manera el aprovechamiento y la conservación de los recursos marinos en zonas fuera de la jurisdicción de los Estados.
Esta región hoy se encuentra parcialmente regulada, por múltiples organizaciones y acuerdos que se orientan al manejo de una pesquería, o un ecosistema, operando como parches inconexos e instaurados por grupos de países, los cuales muchas veces fracasan en su misión. No existiendo un organismo que con la adhesión de todas las partes haya abordado exitosamente la solución a lo que hoy da por llamarse el ‘lejano oeste’, en donde cualquiera hace lo que quiere con los recursos que son patrimonio de toda la humanidad.
En 2004 la Asamblea General de la ONU encomendó a un ‘Grupo de Trabajo Informal Ad Hoc’ la tarea de estudiar la temática relacionada a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, como ser la pesca destructiva e INDNR, la creación de Áreas Marinas Protegidas, y el aprovechamiento equitativo de los recursos genéticos marinos.
En la cuarta reunión de este grupo, en 2011 se adoptó por consenso un «paquete» de temáticas que se incluirían en caso de avanzar en un posible acuerdo para la conservación y uso sostenible de la BBNJ. El paquete incluía el acceso a los recursos genéticos marinos y su aprovechamiento equitativo, los estudios de impacto ambiental, la creación de Áreas Marinas Protegidas y la transferencia de conocimiento y tecnología.
Esta etapa sirvió para que en la Declaración final de la Cumbre de la Tierra de Río+20 en 2012, se estableciera que la ONU comenzaría la discusión formal de si era necesaria una herramienta jurídica para conservar y asegurar el uso sostenible de la biodiversidad en alta mar. En la Cumbre, el último párrafo por redactar de toda la Declaración fue el referido a este Acuerdo; Argentina y Brasil lideraron el bloque en favor de un Acuerdo sólido y se enfrentaron a la extraña alianza de Estados Unidos, Rusia y Venezuela que lideraban a los que pretendían diluirlo.
Ya con la orden de avanzar, en 2013 se iniciaron las sesiones en Nueva York, las que en enero de 2015 concluyeron con la decisión por consenso de que se avance en un acuerdo jurídicamente vinculante, aprobado por la Asamblea General en junio de ese año. El mismo que esta semana se encuentra en avanzado proceso de definiciones en la ONU.
La Cancillería Argentina ha jugado un papel protagonista destacable en todas las instancias del proceso, como se pudo apreciar durante la presidencia del G77 entre 2011 y 2012.
Qué dice el Acuerdo
Literalmente, el objetivo del acuerdo es asegurar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional mediante la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y la promoción de la cooperación y coordinación internacionales.
El Acuerdo busca Promover un enfoque holístico e intersectorial de la gestión de los océanos. Dicho en otras palabras, que lo que hoy está siendo depredado por unos pocos, sea protegido y usado sosteniblemente por todos. El mar no tiene un solo dueño, es de todos los habitantes del planeta, incluidos los no humanos.
Derechos soberanos
El acuerdo se celebrará: “Respetando la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados, (…) y respetando las disposiciones de la CONVEMAR”, tal como puede leerse en el borrador del texto oficial. Sobre las AMP, se explicita que se establecerá “un sistema de áreas marinas protegidas ecológicamente representativas que estén conectadas y gestionadas de manera eficaz y equitativa”.
Se indica a la vez que “las medidas adoptadas de conformidad con la presente Parte no menoscabarán la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados ribereños en zonas adyacentes bajo su jurisdicción nacional y tendrán debidamente en cuenta los derechos, deberes e intereses legítimos de todos los Estados que se derivan de las disposiciones pertinentes de la Convención”.
Claramente no existe injerencia alguna en las decisiones a tomarse soberanamente por los estados dentro de su Zona Económica Exclusiva, ya sea para regular su actividad pesquera como para crear Áreas Marinas Protegidas.
Aplicación a regiones sin existencia de marcos jurídicos ni instrumentos de manejo
Se establecerán “mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas áreas marinas protegidas, y adoptando medidas de conservación y gestión cuando no exista ningún instrumento o marco jurídico pertinente ni órgano mundial, regional o sectorial competente”.
“Los Estados partes cooperarán a fin de establecer ese instrumento, marco u órgano y participarán en su labor para asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” señala el texto y agrega que en el proceso de evaluación del impacto ambiental también se tendrá´ en cuenta, cuando proceda, los posibles efectos en los Estados ribereños, en las zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional, incluida la plataforma continental más allá´ de las 200 millas marinas. Bien puede aplicarse al Atlántico Sudoccidental.
Una oportunidad para la Argentina
Las diversas herramientas que provee este Acuerdo encuentran explicación en las necesidades de restringir la sobreexplotación pesquera y pesca ilegal realizada por flotas foráneas en el Atlántico Sur.
La posibilidad de la creación de un Área Marina Protegida justo al borde externo de la ZEE de Argentina y la conservación de ese espacio marítimo de comprobada importancia para la biodiversidad del Atlántico Sudoccidental representa la posibilidad no solo de proteger la frondosa vida marina y asegurar recursos para las futuras generaciones, sino también aumentar la productividad en todas las zonas circundantes, incluso dentro de la ZEE de Argentina, y evitar la extracción descontrolada por flotas extranjeras subsidiadas que presionan sobre los mismos caladeros.
Uno de los sectores más beneficiados con este Acuerdo será la industria pesquera nacional y regional.
Por Milko Schvartzman
Especialista en Pesca Ilegal. Coordinador de Oceanosanos. Entre 2011 y 2015 participó en el proceso de negociación del Acuerdo en la ONU, en Nueva York y la Cumbre Río+20.
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Fecha de Publicación: 26/08/2019
Fuente: Revista Puerto
Provincia/Región: Nacional
El convenio sobre Conservación de la Biodiversidad en Alta Mar que se está definiendo en Nueva York, se discute desde 2004 y nuestro país fue un férreo impulsor. Será fundamental para proteger los intereses de conservación y pesqueros nacionales y regionales. Es una herramienta contra la pesca Ilegal que no pone en riesgo la soberanía.
El Yun Mao es un modesto pesquero taiwanés de unos 40 metros de eslora. Opera al borde de Zona Económica Exclusiva de Brasil, Uruguay o Argentina, aunque a veces lo hace adentrándose ilegalmente al mar jurisdiccional de estos países. El Yun Mao cuenta con permiso de pesca de una reconocida Organización Regional de Pesca, la ICCAT, y tiene permiso de importación otorgado por la Unión Europea.
El Yun Mao, que está subsidiado por su Estado de bandera, un rico país del hemisferio norte, utiliza mano de obra esclava procedente de Filipinas e Indonesia. Nadie sabe exactamente qué pesca, cómo, dónde o cuánto, tampoco qué especies descarta. Se sospecha que captura atún, pez espada y tiburones mediante palangre, que realiza aleteo a bordo, que mata albatros y otras especies acompañantes, y que su basura la descarga en alta mar.
También que blanquea su captura en un Puerto de Conveniencia, que pese a haber ratificado el Acuerdo Rector de Puerto para Prevenir la Pesca INDNR de la FAO, no controla lo que el Yun Mao descarga, mucho menos cuando se trata de los restos de marinos que no soportaron las condiciones de vida a bordo.
El Yun Mao destruye el ecosistema marino de los países de la región, captura especies que habitan dentro de las ZEE, como en su zona contigua, compite ilegítimamente en los mercados internacionales, y deja sin trabajo a los pescadores locales.
No existe ningún tipo de control sobre las actividades depredatorias del Yun Mao, así como tampoco de otros miles de barcos que operan con peores impactos que el de este.
Es evidente que la manera descontrolada y destructiva en la que se explotan los recursos que viven en casi la mitad de la superficie del planeta (más del 40%), es insostenible. Esta región es patrimonio de toda la humanidad, pero tan solo cinco países capturan el 80% de la pesca en aguas internacionales.
Es necesario preservar los océanos y terminar con las actividades de explotación insostenibles, ya sea ambiental, social o económicamente. La posibilidad de un acuerdo global vinculante presenta una oportunidad única para restringir la acción de embarcaciones como el Yun Mao.
El Proceso de discusión del Acuerdo
La Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) nace por la necesidad de un marco que regule en alguna manera el aprovechamiento y la conservación de los recursos marinos en zonas fuera de la jurisdicción de los Estados.
Esta región hoy se encuentra parcialmente regulada, por múltiples organizaciones y acuerdos que se orientan al manejo de una pesquería, o un ecosistema, operando como parches inconexos e instaurados por grupos de países, los cuales muchas veces fracasan en su misión. No existiendo un organismo que con la adhesión de todas las partes haya abordado exitosamente la solución a lo que hoy da por llamarse el ‘lejano oeste’, en donde cualquiera hace lo que quiere con los recursos que son patrimonio de toda la humanidad.
En 2004 la Asamblea General de la ONU encomendó a un ‘Grupo de Trabajo Informal Ad Hoc’ la tarea de estudiar la temática relacionada a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, como ser la pesca destructiva e INDNR, la creación de Áreas Marinas Protegidas, y el aprovechamiento equitativo de los recursos genéticos marinos.
En la cuarta reunión de este grupo, en 2011 se adoptó por consenso un «paquete» de temáticas que se incluirían en caso de avanzar en un posible acuerdo para la conservación y uso sostenible de la BBNJ. El paquete incluía el acceso a los recursos genéticos marinos y su aprovechamiento equitativo, los estudios de impacto ambiental, la creación de Áreas Marinas Protegidas y la transferencia de conocimiento y tecnología.
Esta etapa sirvió para que en la Declaración final de la Cumbre de la Tierra de Río+20 en 2012, se estableciera que la ONU comenzaría la discusión formal de si era necesaria una herramienta jurídica para conservar y asegurar el uso sostenible de la biodiversidad en alta mar. En la Cumbre, el último párrafo por redactar de toda la Declaración fue el referido a este Acuerdo; Argentina y Brasil lideraron el bloque en favor de un Acuerdo sólido y se enfrentaron a la extraña alianza de Estados Unidos, Rusia y Venezuela que lideraban a los que pretendían diluirlo.
Ya con la orden de avanzar, en 2013 se iniciaron las sesiones en Nueva York, las que en enero de 2015 concluyeron con la decisión por consenso de que se avance en un acuerdo jurídicamente vinculante, aprobado por la Asamblea General en junio de ese año. El mismo que esta semana se encuentra en avanzado proceso de definiciones en la ONU.
La Cancillería Argentina ha jugado un papel protagonista destacable en todas las instancias del proceso, como se pudo apreciar durante la presidencia del G77 entre 2011 y 2012.
Qué dice el Acuerdo
Literalmente, el objetivo del acuerdo es asegurar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional mediante la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y la promoción de la cooperación y coordinación internacionales.
El Acuerdo busca Promover un enfoque holístico e intersectorial de la gestión de los océanos. Dicho en otras palabras, que lo que hoy está siendo depredado por unos pocos, sea protegido y usado sosteniblemente por todos. El mar no tiene un solo dueño, es de todos los habitantes del planeta, incluidos los no humanos.
Derechos soberanos
El acuerdo se celebrará: “Respetando la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados, (…) y respetando las disposiciones de la CONVEMAR”, tal como puede leerse en el borrador del texto oficial. Sobre las AMP, se explicita que se establecerá “un sistema de áreas marinas protegidas ecológicamente representativas que estén conectadas y gestionadas de manera eficaz y equitativa”.
Se indica a la vez que “las medidas adoptadas de conformidad con la presente Parte no menoscabarán la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados ribereños en zonas adyacentes bajo su jurisdicción nacional y tendrán debidamente en cuenta los derechos, deberes e intereses legítimos de todos los Estados que se derivan de las disposiciones pertinentes de la Convención”.
Claramente no existe injerencia alguna en las decisiones a tomarse soberanamente por los estados dentro de su Zona Económica Exclusiva, ya sea para regular su actividad pesquera como para crear Áreas Marinas Protegidas.
Aplicación a regiones sin existencia de marcos jurídicos ni instrumentos de manejo
Se establecerán “mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas áreas marinas protegidas, y adoptando medidas de conservación y gestión cuando no exista ningún instrumento o marco jurídico pertinente ni órgano mundial, regional o sectorial competente”.
“Los Estados partes cooperarán a fin de establecer ese instrumento, marco u órgano y participarán en su labor para asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” señala el texto y agrega que en el proceso de evaluación del impacto ambiental también se tendrá´ en cuenta, cuando proceda, los posibles efectos en los Estados ribereños, en las zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional, incluida la plataforma continental más allá´ de las 200 millas marinas. Bien puede aplicarse al Atlántico Sudoccidental.
Una oportunidad para la Argentina
Las diversas herramientas que provee este Acuerdo encuentran explicación en las necesidades de restringir la sobreexplotación pesquera y pesca ilegal realizada por flotas foráneas en el Atlántico Sur.
La posibilidad de la creación de un Área Marina Protegida justo al borde externo de la ZEE de Argentina y la conservación de ese espacio marítimo de comprobada importancia para la biodiversidad del Atlántico Sudoccidental representa la posibilidad no solo de proteger la frondosa vida marina y asegurar recursos para las futuras generaciones, sino también aumentar la productividad en todas las zonas circundantes, incluso dentro de la ZEE de Argentina, y evitar la extracción descontrolada por flotas extranjeras subsidiadas que presionan sobre los mismos caladeros.
Uno de los sectores más beneficiados con este Acuerdo será la industria pesquera nacional y regional.
Por Milko Schvartzman
Especialista en Pesca Ilegal. Coordinador de Oceanosanos. Entre 2011 y 2015 participó en el proceso de negociación del Acuerdo en la ONU, en Nueva York y la Cumbre Río+20.
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Los incendios en el Amazonas y como afecta a Argentina
Cómo van a afectar a Argentina los incendios en el Amazonas
Fecha de Publicación: 24/08/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El especialista de Greenpeace Hernán Giardini le contó a Clarín todo lo que podría ocurrir en el país como consecuencia del fuego descontrolado.
70 mil focos de incendio, 500 mil hectáreas arrasadas por las llamas y una pérdida que ya comienza a afectar al mundo entero. La primera imagen contundente de las consecuencias del fuego descontrolado en el Amazonas se vivió en San Pablo este miércoles donde, a las 3 de la tarde, los ciudadanos fueron testigos de un precoz anochecer. Fue a causa de la enorme cortina de humo que provenía del incendio, pero ésto es sólo el comienzo de la pesadilla climática que se viene.
"Lo primero que puede pasar y hay que tener en cuenta es que los incendios van a estar emitiendo gases de efecto invernadero, lo que va a sumar gravedad al cambio climático. Eso va a tener impacto en todo el planeta porque se va a generar un aumento de la temperatura a nivel global. Es decir un mayor derretimiento de glaciares, lluvias, crecimiento de los niveles del mar, sequías y calores extremos", explica a Clarín Hernán Giardini, especialista de Greenpeace.
Según su testimonio, también habrá consecuencias directas en nuestro país: "La destrucción del bosque te cambia el régimen de lluvias porque se modifica el sistema de evaporación. De esta manera las épocas de lluvias y el tipo de precipitaciones pueden alterarse. Se podrían repetir esas grandes tormentas cada vez más seguido. Por otro lado, al no haber vegetación la tierra ya no funcionará como esponja y eso va a generar un mayor nivel de inundaciones. El caudal de agua que llegaría desde los ríos del Amazonas a nuestro territorio vendría con mayor violencia".
Giardini remarca que será fundamental lo que suceda en el verano cuando el calendario marca el momento del año en el que más llueve en aquella zona: "Hay que ver cuánto nivel de lluvia tenemos en esa época".
El humo también llegará a Argentina. Si bien sólo afectaría a las provincias del norte del país y no se trata de un gas tóxico, las personas con problemas respiratorios seguramente se verán afectadas. Aunque se espera que no se extienda por mucho tiempo.
En cuando a la biodiversidad, la pérdida de flora y fauna ya es una realidad. Según cifras del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) ya se quemaron la mitad de las hectáreas que se incendian en todo el año en Brasil. En total hay 70 mil focos de incendio, un 145% mayor a lo que se registró en 2018.
¿Los responsables del desastre? "Se reparten la culpa entre el gobierno de Brasil y los productores de soja, que habían anunciado públicamente que iban a salir a quemar tierras. Lo definieron como 'días de fuego' y los usan para, como dicen ellos, 'limpiar el campo'", indicó Giardini, quien también apuntó hacia las políticas de Bolsonaro: "Se desfinanciaron los cuidados de los bosques y hubo cambios que afectaron al instituto que analiza la deforestación en el país".
Por último, opinó: "El gobierno de Brasil tiene que tratar de salir a apagarlos. Frenar todo lo que se pueda y que esto no se vuelva a repetir, que se tome un compromiso. Lo más importante es cambiar el discurso: están diciendo que está bien hacer estos incendios y se está premiando a los que los hacen. Eso tiene que cambiar de manera urgente".
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Fecha de Publicación: 24/08/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El especialista de Greenpeace Hernán Giardini le contó a Clarín todo lo que podría ocurrir en el país como consecuencia del fuego descontrolado.
70 mil focos de incendio, 500 mil hectáreas arrasadas por las llamas y una pérdida que ya comienza a afectar al mundo entero. La primera imagen contundente de las consecuencias del fuego descontrolado en el Amazonas se vivió en San Pablo este miércoles donde, a las 3 de la tarde, los ciudadanos fueron testigos de un precoz anochecer. Fue a causa de la enorme cortina de humo que provenía del incendio, pero ésto es sólo el comienzo de la pesadilla climática que se viene.
"Lo primero que puede pasar y hay que tener en cuenta es que los incendios van a estar emitiendo gases de efecto invernadero, lo que va a sumar gravedad al cambio climático. Eso va a tener impacto en todo el planeta porque se va a generar un aumento de la temperatura a nivel global. Es decir un mayor derretimiento de glaciares, lluvias, crecimiento de los niveles del mar, sequías y calores extremos", explica a Clarín Hernán Giardini, especialista de Greenpeace.
Según su testimonio, también habrá consecuencias directas en nuestro país: "La destrucción del bosque te cambia el régimen de lluvias porque se modifica el sistema de evaporación. De esta manera las épocas de lluvias y el tipo de precipitaciones pueden alterarse. Se podrían repetir esas grandes tormentas cada vez más seguido. Por otro lado, al no haber vegetación la tierra ya no funcionará como esponja y eso va a generar un mayor nivel de inundaciones. El caudal de agua que llegaría desde los ríos del Amazonas a nuestro territorio vendría con mayor violencia".
Giardini remarca que será fundamental lo que suceda en el verano cuando el calendario marca el momento del año en el que más llueve en aquella zona: "Hay que ver cuánto nivel de lluvia tenemos en esa época".
El humo también llegará a Argentina. Si bien sólo afectaría a las provincias del norte del país y no se trata de un gas tóxico, las personas con problemas respiratorios seguramente se verán afectadas. Aunque se espera que no se extienda por mucho tiempo.
En cuando a la biodiversidad, la pérdida de flora y fauna ya es una realidad. Según cifras del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) ya se quemaron la mitad de las hectáreas que se incendian en todo el año en Brasil. En total hay 70 mil focos de incendio, un 145% mayor a lo que se registró en 2018.
¿Los responsables del desastre? "Se reparten la culpa entre el gobierno de Brasil y los productores de soja, que habían anunciado públicamente que iban a salir a quemar tierras. Lo definieron como 'días de fuego' y los usan para, como dicen ellos, 'limpiar el campo'", indicó Giardini, quien también apuntó hacia las políticas de Bolsonaro: "Se desfinanciaron los cuidados de los bosques y hubo cambios que afectaron al instituto que analiza la deforestación en el país".
Por último, opinó: "El gobierno de Brasil tiene que tratar de salir a apagarlos. Frenar todo lo que se pueda y que esto no se vuelva a repetir, que se tome un compromiso. Lo más importante es cambiar el discurso: están diciendo que está bien hacer estos incendios y se está premiando a los que los hacen. Eso tiene que cambiar de manera urgente".
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El cambio climático se siente: hay ciclos más largos de sequía
Por el cambio climático, el país sufre ciclos más largos de sequía
Fecha de Publicación: 20/08/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Un estudio de la UBA revela que en algunas áreas de la Argentina se está dando un aumento de los períodos secos, con más de 15 días sin lluvia.
Aunque el aumento de la temperatura y el de la frecuencia de las precipitaciones intensas son los fenómenos más conocidos del cambio climático en Argentina, los investigadores observan que se está dando en el país un incremento de las secuencias secas –incluso extremas, de más de 15 días–, lo que en determinadas épocas del año puede impactar en el sector productivo agrícola.
“A partir del cambio climático hay una modificación de cómo está lloviendo. Puede llover en forma muy intensa, así como también tener muchos días seguidos sin lluvia. Estamos analizando los dos extremos y la temperatura para sumar la evapotranspiración al estudio del evento de sequía”, explicó a PERFIL la investigadora Olga Penalba, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Según un estudio de investigadores de la mencionada facultad y de la de Agronomía de la UBA en el que se analizaron las secuencias largas extremas de más de 15 días seguidos sin lluvia (o precipitación inferior a un milímetro), en áreas de las provincias de San Luis, Córdoba o La Pampa hay entre un 20% y 25% de posibilidades de sufrir largos períodos de sequía en primavera y en otoño (que son las estaciones que más impactan en los cultivos). Estas probabilidades superan el 50% en invierno, aunque el impacto es menor. Los datos son un poco mejores para la región del Litoral y la provincia de Buenos Aires, con entre 10% y
20% de chances de sufrir secuencias largas de días secos, en otoño y primavera, y entre 30% y 40% en invierno.
“En el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y San Luis, en el período 1986-2008 hubo entre un 10% y 20% más de casos de sequía respecto del período 1961-1985, solo analizando la precipitación”, destacó Penalba. Esta zona es la que aparece como la más vulnerable tanto en el presente como en el futuro. La investigadora del Conicet agregó que “en toda la provincia de Buenos Aires, en La Pampa y en la Patagonia norte hay un aumento en la cantidad de veces que puede darse una sequía”.
Eventos. Por su parte, la responsable del área de Climatología del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), María de los Milagros Skansi, indicó que a nivel global se consensuaron indicadores para monitoreo de cambio climático, como el impacto asociado a inundaciones y a sequías. “Las lluvias –explicó– se concentran en eventos más puntuales, pero después se puede tener un período más largo de lo que era normal antes, sin lluvias. El cambio climático afecta los extremos de lluvia y los déficits”.
La especialista del SMN señaló que la sequía suele afectar zonas geográficas más amplias que las inundaciones e impactar, según el período de tiempo, en los sistemas productivos y el nivel de los ríos y lagos. “En la zona del noroeste de la Patagonia nos genera un impacto porque ahí están las represas hidroeléctricas”, afirmó Skansi.
Según el mapa de emergencias y desastres agropecuarios declarados a nivel nacional entre 2004 y 2018 del Ministerio de Agroindustria, la recurrencia de sequía se destaca en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y parte de Neuquén y también, aunque con un poco menos de intensidad, en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Chaco. “Para que un lugar pueda declararse en emergencia tiene que ocurrir un evento climático o meteorológico de una magnitud tal que genere daño a los productores por encima del 50% de su capacidad productiva, y para que sea desastre, más del 80%”, detalló Mariano Quesada, director de Crisis y Asistencia Agropecuaria de Agroindustria.
El ingeniero agrónomo explicó que mientras las inundaciones afectan más a la sociedad civil, las sequías impactan con mayor magnitud, en términos económicos, al sector productivo agrícola. Por ejemplo, el monto mínimo estimado de pérdida en los cultivos de soja, maíz, sorgo, girasol y trigo por el fenómeno de El Niño fuerte que se dio entre 2015 y 2016 fue de 30 mil millones de pesos, y por la sequía en 2017-2018 en los mismos cultivos fue de 112 mil millones. “Cuando ocurre una sequía, el rendimiento cae abruptamente porque la afectación es más amplia; en cambio, en las inundaciones quizás se salvan las lomas, y ciertas zonas que no son tan bajas logran buenos rendimientos”, describió Quesada.
Penalba advirtió el impacto que sufre el suelo: “Con el cambio climático puede haber un aumento de la cantidad de días que no llueve y eventos muy extremos de precipitación sucesivos. Entonces el suelo se reseca muchísimo, se agrieta, consume toda el agua que tiene, y después una lluvia muy intensa lo lava porque toda la parte de los nutrientes se va”.
Sistema de información
Con el objetivo de generar información útil que permita tomar decisiones y diseñar políticas para reducir los impactos de la sequía, se creó el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa) que desarrollará índices para hacer seguimiento de inicio, intensidad y extensión geográfica de este fenómeno con grandes consecuencias económicas.
“El proyecto surgió en el marco del Centro Climático Regional formado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil, cuando se buscó una problemática que fuera transversal a los seis países”, expresó la responsable del área de Climatología del SMN, María de los Milagros Skansi.
Para antes de fin de año esperan contar con la información integrada y los índices principales actualizados de manera frecuente. En la iniciativa, además del SMN participan Agroindustria, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la UBA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), entre otros.
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Fecha de Publicación: 20/08/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Un estudio de la UBA revela que en algunas áreas de la Argentina se está dando un aumento de los períodos secos, con más de 15 días sin lluvia.
Aunque el aumento de la temperatura y el de la frecuencia de las precipitaciones intensas son los fenómenos más conocidos del cambio climático en Argentina, los investigadores observan que se está dando en el país un incremento de las secuencias secas –incluso extremas, de más de 15 días–, lo que en determinadas épocas del año puede impactar en el sector productivo agrícola.
“A partir del cambio climático hay una modificación de cómo está lloviendo. Puede llover en forma muy intensa, así como también tener muchos días seguidos sin lluvia. Estamos analizando los dos extremos y la temperatura para sumar la evapotranspiración al estudio del evento de sequía”, explicó a PERFIL la investigadora Olga Penalba, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Según un estudio de investigadores de la mencionada facultad y de la de Agronomía de la UBA en el que se analizaron las secuencias largas extremas de más de 15 días seguidos sin lluvia (o precipitación inferior a un milímetro), en áreas de las provincias de San Luis, Córdoba o La Pampa hay entre un 20% y 25% de posibilidades de sufrir largos períodos de sequía en primavera y en otoño (que son las estaciones que más impactan en los cultivos). Estas probabilidades superan el 50% en invierno, aunque el impacto es menor. Los datos son un poco mejores para la región del Litoral y la provincia de Buenos Aires, con entre 10% y
20% de chances de sufrir secuencias largas de días secos, en otoño y primavera, y entre 30% y 40% en invierno.
“En el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y San Luis, en el período 1986-2008 hubo entre un 10% y 20% más de casos de sequía respecto del período 1961-1985, solo analizando la precipitación”, destacó Penalba. Esta zona es la que aparece como la más vulnerable tanto en el presente como en el futuro. La investigadora del Conicet agregó que “en toda la provincia de Buenos Aires, en La Pampa y en la Patagonia norte hay un aumento en la cantidad de veces que puede darse una sequía”.
Eventos. Por su parte, la responsable del área de Climatología del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), María de los Milagros Skansi, indicó que a nivel global se consensuaron indicadores para monitoreo de cambio climático, como el impacto asociado a inundaciones y a sequías. “Las lluvias –explicó– se concentran en eventos más puntuales, pero después se puede tener un período más largo de lo que era normal antes, sin lluvias. El cambio climático afecta los extremos de lluvia y los déficits”.
La especialista del SMN señaló que la sequía suele afectar zonas geográficas más amplias que las inundaciones e impactar, según el período de tiempo, en los sistemas productivos y el nivel de los ríos y lagos. “En la zona del noroeste de la Patagonia nos genera un impacto porque ahí están las represas hidroeléctricas”, afirmó Skansi.
Según el mapa de emergencias y desastres agropecuarios declarados a nivel nacional entre 2004 y 2018 del Ministerio de Agroindustria, la recurrencia de sequía se destaca en el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y parte de Neuquén y también, aunque con un poco menos de intensidad, en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Chaco. “Para que un lugar pueda declararse en emergencia tiene que ocurrir un evento climático o meteorológico de una magnitud tal que genere daño a los productores por encima del 50% de su capacidad productiva, y para que sea desastre, más del 80%”, detalló Mariano Quesada, director de Crisis y Asistencia Agropecuaria de Agroindustria.
El ingeniero agrónomo explicó que mientras las inundaciones afectan más a la sociedad civil, las sequías impactan con mayor magnitud, en términos económicos, al sector productivo agrícola. Por ejemplo, el monto mínimo estimado de pérdida en los cultivos de soja, maíz, sorgo, girasol y trigo por el fenómeno de El Niño fuerte que se dio entre 2015 y 2016 fue de 30 mil millones de pesos, y por la sequía en 2017-2018 en los mismos cultivos fue de 112 mil millones. “Cuando ocurre una sequía, el rendimiento cae abruptamente porque la afectación es más amplia; en cambio, en las inundaciones quizás se salvan las lomas, y ciertas zonas que no son tan bajas logran buenos rendimientos”, describió Quesada.
Penalba advirtió el impacto que sufre el suelo: “Con el cambio climático puede haber un aumento de la cantidad de días que no llueve y eventos muy extremos de precipitación sucesivos. Entonces el suelo se reseca muchísimo, se agrieta, consume toda el agua que tiene, y después una lluvia muy intensa lo lava porque toda la parte de los nutrientes se va”.
Sistema de información
Con el objetivo de generar información útil que permita tomar decisiones y diseñar políticas para reducir los impactos de la sequía, se creó el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa) que desarrollará índices para hacer seguimiento de inicio, intensidad y extensión geográfica de este fenómeno con grandes consecuencias económicas.
“El proyecto surgió en el marco del Centro Climático Regional formado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil, cuando se buscó una problemática que fuera transversal a los seis países”, expresó la responsable del área de Climatología del SMN, María de los Milagros Skansi.
Para antes de fin de año esperan contar con la información integrada y los índices principales actualizados de manera frecuente. En la iniciativa, además del SMN participan Agroindustria, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la UBA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), entre otros.
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Jornada sobre bioeconomía y soluciones sostenibles
Bergman participó de una jornada sobre bioeconomía y soluciones sostenibles
Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El evento, organizado por la cartera nacional de Educación y la Fundación Sustentarte, se centró en el bambú como opción innovadora y sustentable para múltiples aplicaciones.
El secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, formó parte del panel de apertura de la jornada “El bambú: una alternativa natural para soluciones sostenibles”, junto a Lino Barañao, su par de Ciencia, Tecnologia e Innovación Productiva y autoridades de Agroindustria.
En la apertura, Bergman se refirió a este nuevo concepto económico: “Nuestra madre Tierra está impregnada de una sabiduría ancestral que hemos minado. La bioeconomía impulsa volver al movimiento circular y cíclico de la naturaleza”. Y continuó, en relación al innovador insumo: “Esperamos que el bambú se transforme en un estándar, para que el Estado pueda regular y a la vez dar incentivos”. Finalmente agregó: “A nosotros, desde la Secretaría a mi cargo, nos toca articular el ambiente con el desarrollo sostenible, creo que ambas dimensiones se vinculan con este insumo”.
A lo largo de la jornada, referentes nacionales e internacionales en la temática expusieron sobre economía del bambú y creación de empleo; un modelo alternativo para la industria alimentaria mediante este elemento; su relación con la industria del papel y en el sector energético brasileño; las fibras de bambú para la fabricación de materiales; el aprovechamiento de la biomasa en el sector energético; ingeniería, arquitectura y diseño sostenible y la utilización de esta especie vegetal para la construcción de bicicletas, prótesis, indumentaria, entre otros temas.
El encuentro estuvo organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Fundación Sustentarte. Del mismo formaron parte el Ministerio de Producción, la Embajada de Alemania en Argentina, diversas instituciones académicas nacionales y ONG vinculadas a la innovación productiva.
El paradigma de la bioeconomía
En los últimos años, el concepto de bioeconomía adquirió importancia a nivel global como respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático. Ante estas problemáticas, comienzan a evidenciarse marcadas tendencias hacia patrones productivos más sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que busca sustituir el modelo de industrialización actual. El foco de las discusiones se orienta a mayores productividades en el marco de mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Argentina posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía. El país posee un extenso territorio, gran variedad climática y de biodiversidad, una importante superficie de bosques nativos e implantados y sectores agrícola-ganaderos y agroindustrial altamente competitivos, junto con avances biotecnológicos y capacidades científicos-tecnológicas.
En este marco, las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Agroindustria y de Producción firmaron un acuerdo de trabajo para llevar adelante el desarrollo de la bioeconomía argentina, al cual la Secretaría de Ambiente se sumó en septiembre de 2017.
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Fecha de Publicación: 17/08/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El evento, organizado por la cartera nacional de Educación y la Fundación Sustentarte, se centró en el bambú como opción innovadora y sustentable para múltiples aplicaciones.
El secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, formó parte del panel de apertura de la jornada “El bambú: una alternativa natural para soluciones sostenibles”, junto a Lino Barañao, su par de Ciencia, Tecnologia e Innovación Productiva y autoridades de Agroindustria.
En la apertura, Bergman se refirió a este nuevo concepto económico: “Nuestra madre Tierra está impregnada de una sabiduría ancestral que hemos minado. La bioeconomía impulsa volver al movimiento circular y cíclico de la naturaleza”. Y continuó, en relación al innovador insumo: “Esperamos que el bambú se transforme en un estándar, para que el Estado pueda regular y a la vez dar incentivos”. Finalmente agregó: “A nosotros, desde la Secretaría a mi cargo, nos toca articular el ambiente con el desarrollo sostenible, creo que ambas dimensiones se vinculan con este insumo”.
A lo largo de la jornada, referentes nacionales e internacionales en la temática expusieron sobre economía del bambú y creación de empleo; un modelo alternativo para la industria alimentaria mediante este elemento; su relación con la industria del papel y en el sector energético brasileño; las fibras de bambú para la fabricación de materiales; el aprovechamiento de la biomasa en el sector energético; ingeniería, arquitectura y diseño sostenible y la utilización de esta especie vegetal para la construcción de bicicletas, prótesis, indumentaria, entre otros temas.
El encuentro estuvo organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Fundación Sustentarte. Del mismo formaron parte el Ministerio de Producción, la Embajada de Alemania en Argentina, diversas instituciones académicas nacionales y ONG vinculadas a la innovación productiva.
El paradigma de la bioeconomía
En los últimos años, el concepto de bioeconomía adquirió importancia a nivel global como respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático. Ante estas problemáticas, comienzan a evidenciarse marcadas tendencias hacia patrones productivos más sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que busca sustituir el modelo de industrialización actual. El foco de las discusiones se orienta a mayores productividades en el marco de mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Argentina posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía. El país posee un extenso territorio, gran variedad climática y de biodiversidad, una importante superficie de bosques nativos e implantados y sectores agrícola-ganaderos y agroindustrial altamente competitivos, junto con avances biotecnológicos y capacidades científicos-tecnológicas.
En este marco, las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Agroindustria y de Producción firmaron un acuerdo de trabajo para llevar adelante el desarrollo de la bioeconomía argentina, al cual la Secretaría de Ambiente se sumó en septiembre de 2017.
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Cambio Climático: Una PreCop preocupante
Preocupación de científicos por bosques nativos en Córdoba
Fecha de Publicación: 16/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la reunión preparatoria para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que se realizará a fin de año en Chile, autoridades provinciales y municipales plantearon, entre otros puntos, la necesidad de revisar la ley de bosques nativos por entender que complica la expansión de las ciudades. El pedido generó la respuesta de técnicos y científicos que afirman no haber sido convocados a esa reunión, aunque sí a un encuentro paralelo, y sostuvieron que el reclamo va en contra de las acciones "más elementales" de adaptación al cambio climático.
La Universidad Nacional de Córdoba, el Conicet, el Instituto Multidisciplinario de Biología Molecular, el Foro Ambiental Córdoba y la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo son algunas de las entidades que no fueron convocadas para la reunión preparatoria (PreCop). Tampoco estuvieron investigadores de primera línea, como Sandra Díaz (la multipremiada cordobesa por sus aportes al debate del cambio climático) y Marcelo Cabido (integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático).
"El encuentro fue cerrado, exclusivamente para funcionarios políticos", subrayó el biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental. En tanto, Fernando Barri, biólogo del Conicet, agregó: "Hay indignación porque quienes estudian y siguen los temas no participaron".
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) colaboró con el área Ambiente de la Agencia Córdoba Joven en una reunión paralela. Carolina Tamagnini, coordinadora de la entidad, señaló que como la reunión "no tuvo participación de la sociedad civil y se invitó solo a algunos técnicos de universidades, abrimos la convocatoria. Tuvimos mucha diversidad de representaciones, con discusiones muy interesantes que se volcarán a un documento que se anexará a las conclusiones de la PreCop".
La reunión preparatoria avanzó en el pedido de revisión de la ley nacional de bosques nativos (N º 26.331), sancionada en 2007, por entender que "ahoga" el crecimiento urbano de algunos municipios. La norma categoriza al bosque nativo en tres colores, según el nivel de protección (prohíbe el desmonte total en las zonas rojas y amarillas). En la reunión preparatoria se pidió, por ejemplo, incluir como criterio de sustentabilidad la planificación urbana y periurbana, y que se avance en un proceso más participativo de ordenamiento del territorio. El documento final incluyó la idea de fomentar la forestación rural y crear una red de viveros públicos para aumentar la oferta en calidad y diversidad de especies.
"Eufemismo"
Javier Britch, secretario de Ambiente de Córdoba, afirmó que la reunión preparatoria "no se armó para abordar la ley de bosques. Esa fue una de las mesas. Técnicos de 15 provincias del país acordaron que hay un problema en el área de ordenamiento territorial de los bosques nativos, pero el encuentro no se hizo para eso".
Para Kopta el planteo sobre el punto es un "eufemismo" para que se autorice el desmonte para la expansión inmobiliaria. "Hay que proteger laderas porque en lugares llanos no queda casi nada de especies nativas", describió. Barri indicó que los desmontes que se están pidiendo afectan la dinámica del clima, alteran el efecto "esponja" -que ayuda a mantener el equilibrio hídrico- y rompen con las "islas" que bajan la temperatura. "Avanzar en ese sentido sería un suicidio planetario", añadió.
Según Britch, lo más importante de la reunión preparatoria fue coincidir en que hay que agilizar el mecanismo para acceder directamente al financiamiento internacional para realizar acciones de mitigación del cambio climático. La declaración final pidió a Naciones Unidas que constituya un foro paralelo a la COP con representantes subnacionales.
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Fecha de Publicación: 16/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la reunión preparatoria para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que se realizará a fin de año en Chile, autoridades provinciales y municipales plantearon, entre otros puntos, la necesidad de revisar la ley de bosques nativos por entender que complica la expansión de las ciudades. El pedido generó la respuesta de técnicos y científicos que afirman no haber sido convocados a esa reunión, aunque sí a un encuentro paralelo, y sostuvieron que el reclamo va en contra de las acciones "más elementales" de adaptación al cambio climático.
La Universidad Nacional de Córdoba, el Conicet, el Instituto Multidisciplinario de Biología Molecular, el Foro Ambiental Córdoba y la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo son algunas de las entidades que no fueron convocadas para la reunión preparatoria (PreCop). Tampoco estuvieron investigadores de primera línea, como Sandra Díaz (la multipremiada cordobesa por sus aportes al debate del cambio climático) y Marcelo Cabido (integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático).
"El encuentro fue cerrado, exclusivamente para funcionarios políticos", subrayó el biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental. En tanto, Fernando Barri, biólogo del Conicet, agregó: "Hay indignación porque quienes estudian y siguen los temas no participaron".
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) colaboró con el área Ambiente de la Agencia Córdoba Joven en una reunión paralela. Carolina Tamagnini, coordinadora de la entidad, señaló que como la reunión "no tuvo participación de la sociedad civil y se invitó solo a algunos técnicos de universidades, abrimos la convocatoria. Tuvimos mucha diversidad de representaciones, con discusiones muy interesantes que se volcarán a un documento que se anexará a las conclusiones de la PreCop".
La reunión preparatoria avanzó en el pedido de revisión de la ley nacional de bosques nativos (N º 26.331), sancionada en 2007, por entender que "ahoga" el crecimiento urbano de algunos municipios. La norma categoriza al bosque nativo en tres colores, según el nivel de protección (prohíbe el desmonte total en las zonas rojas y amarillas). En la reunión preparatoria se pidió, por ejemplo, incluir como criterio de sustentabilidad la planificación urbana y periurbana, y que se avance en un proceso más participativo de ordenamiento del territorio. El documento final incluyó la idea de fomentar la forestación rural y crear una red de viveros públicos para aumentar la oferta en calidad y diversidad de especies.
"Eufemismo"
Javier Britch, secretario de Ambiente de Córdoba, afirmó que la reunión preparatoria "no se armó para abordar la ley de bosques. Esa fue una de las mesas. Técnicos de 15 provincias del país acordaron que hay un problema en el área de ordenamiento territorial de los bosques nativos, pero el encuentro no se hizo para eso".
Para Kopta el planteo sobre el punto es un "eufemismo" para que se autorice el desmonte para la expansión inmobiliaria. "Hay que proteger laderas porque en lugares llanos no queda casi nada de especies nativas", describió. Barri indicó que los desmontes que se están pidiendo afectan la dinámica del clima, alteran el efecto "esponja" -que ayuda a mantener el equilibrio hídrico- y rompen con las "islas" que bajan la temperatura. "Avanzar en ese sentido sería un suicidio planetario", añadió.
Según Britch, lo más importante de la reunión preparatoria fue coincidir en que hay que agilizar el mecanismo para acceder directamente al financiamiento internacional para realizar acciones de mitigación del cambio climático. La declaración final pidió a Naciones Unidas que constituya un foro paralelo a la COP con representantes subnacionales.
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bosques nativos,
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Botnia: cancilleres acuerdan entrega de documentos técnicos
Según Faurie, “en 6 meses se conocerá el resultado del monitoreo de la desembocadura del río Negro”
Fecha de Publicación: 15/08/2019
Fuente: Maxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras reunirse con su homólogo uruguayo Rodolfo Nin Novoa, el Canciller argentino también se refirió a la entrega de la documentación técnica sobre el proyecto de la nueva pastera de Botnia
Durante la conferencia de prensa celebrada el pasado jueves en Montevideo tras la reunión mantenida por Rodolfo Nin Novoa y Jorge Faurie, cancilleres uruguayo y argentino respectivamente, el responsable de las Relaciones Exteriores de nuestro país manifestó textualmente que “el recurso sobre el río Uruguay es un tema muy importante y recientemente hemos coincidido en la definición de los puntos de monitoreo de la calidad de aguas, en Concordia y también en la desembocadura del río Negro sobre el río Uruguay que nos va a permitir en un lapso prudencial de tiempo estimado en aproximadamente seis meses, disponer de la primera evaluación de calidad de aguas en esa zona” (1).
El canciller uruguayo Nin Novoa, durante la reunión con su par argentino, había confirmado que Uruguay entregará a la Delegación Argentina ante Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU), toda la información técnica relativa al proceso de habilitación ambiental de la planta de UPM 2 que se construirá en el departamento de Durazno, a orillas del río Negro. En tal sentido, Faurie, expresó: “Creo que el ofrecimiento del Gobierno uruguayo de compartir información relevante que vamos a recibir, será para desmitificar cuál es la realidad de lo que se está haciendo” (2).
La supuesta “desmitificación de la realidad” que mencionó el canciller Faurie, se da de bruces con la precariedad y las inconsistencia en los argumentos esgrimidos por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) para recomendar otorgar la Autorización Ambiental Previa (APP) al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente uruguayo. Un documento oficial uruguayo que está fechado el 14 de mayo de este año pero que sin embargo, se mantuvo en secreto hasta el 26 de julio último, día en que se hizo público por parte del Gobierno de Tabaré Vázquez. Pero no sería ese el único documento que el Gobierno uruguayo ocutó bajo siete llaves a propósito del proceso de negociación con Botnia para la instalación de su segunda planta de celulosa en el vecino país.
El 8 de mayo pasado, uno de los representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en presencia del Intendente de nuestra ciudad Martín Piaggio y varios de sus funcionarios, mostró al Subsecretario de Asuntos de América de la Cancillería, Leopoldo Francisco Sahores, copias de dos Resoluciones Secretas firmadas por el presidente Vázquez. Una de ellas se refería a una enmienda realizada al Acuerdo original firmado con los finlandeses en noviembre de 2017 y la restante autorizaba tres perforaciones en el Acuífero Guaraní durante la fase de construcción de la futura pastera. El titular de la CARU, Mauro Vazón y otros tres funcionarios de la Cancillería estaban presentes y también vieron ambos documentos. (3)
En el Informe Final de la DINAMA sobre el Estudio de Impacto Ambiental de UPM 2, consta por escrito y con la firma de siete especialistas de dicho organismo encabezados por Eugenio Lorenzo, que los finlandeses no presentaron el preceptivo plan de gestión ambiental para la fase de operación de la planta y tampoco explicaron cómo controlarán y monitorearán los efluentes.
El informe técnico de la DINAMA también advirtió que "la información presentada por los proponentes (UPM) durante todo el proceso ha sido despareja en cuanto a su nivel de calidad, y que varias definiciones sustantivas fueron presentadas de forma tardía, entorpeciendo el proceso de evaluación" y también afirmaron que "corresponde mencionar que la actitud de la empresa durante el proceso no ha sido siempre proclive a la presentación de la información necesaria solicitada". (4)
La DINAMA, durante el período de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, que se prolongó entre los meses de octubre de 2018 y marzo de este año, solicitó a UPM la presentación de un monitoreo de las condiciones actuales del río Negro, de las aguas subterráneas, del suelo y del aire, para tener una referencia para comparar con la situación cuando la planta esté operando. Los finlandeses jamás presentaron esos estudios (5).
Es de esperar que los técnicos argentinos de la CARU, a la hora de estudiar la documentación que proporcionará Uruguay, tomen debida nota de éstas y otras graves irregularidades en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y al otorgamiento del permiso concedido a UPM para iniciar la construcción de su segunda pastera y no sean cómplices por omisión del desastre ambiental en el río Uruguay, consentido y autorizado por las autoridades del vecino país.
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Fecha de Publicación: 15/08/2019
Fuente: Maxima On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Tras reunirse con su homólogo uruguayo Rodolfo Nin Novoa, el Canciller argentino también se refirió a la entrega de la documentación técnica sobre el proyecto de la nueva pastera de Botnia
Durante la conferencia de prensa celebrada el pasado jueves en Montevideo tras la reunión mantenida por Rodolfo Nin Novoa y Jorge Faurie, cancilleres uruguayo y argentino respectivamente, el responsable de las Relaciones Exteriores de nuestro país manifestó textualmente que “el recurso sobre el río Uruguay es un tema muy importante y recientemente hemos coincidido en la definición de los puntos de monitoreo de la calidad de aguas, en Concordia y también en la desembocadura del río Negro sobre el río Uruguay que nos va a permitir en un lapso prudencial de tiempo estimado en aproximadamente seis meses, disponer de la primera evaluación de calidad de aguas en esa zona” (1).
El canciller uruguayo Nin Novoa, durante la reunión con su par argentino, había confirmado que Uruguay entregará a la Delegación Argentina ante Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU), toda la información técnica relativa al proceso de habilitación ambiental de la planta de UPM 2 que se construirá en el departamento de Durazno, a orillas del río Negro. En tal sentido, Faurie, expresó: “Creo que el ofrecimiento del Gobierno uruguayo de compartir información relevante que vamos a recibir, será para desmitificar cuál es la realidad de lo que se está haciendo” (2).
La supuesta “desmitificación de la realidad” que mencionó el canciller Faurie, se da de bruces con la precariedad y las inconsistencia en los argumentos esgrimidos por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) para recomendar otorgar la Autorización Ambiental Previa (APP) al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente uruguayo. Un documento oficial uruguayo que está fechado el 14 de mayo de este año pero que sin embargo, se mantuvo en secreto hasta el 26 de julio último, día en que se hizo público por parte del Gobierno de Tabaré Vázquez. Pero no sería ese el único documento que el Gobierno uruguayo ocutó bajo siete llaves a propósito del proceso de negociación con Botnia para la instalación de su segunda planta de celulosa en el vecino país.
El 8 de mayo pasado, uno de los representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en presencia del Intendente de nuestra ciudad Martín Piaggio y varios de sus funcionarios, mostró al Subsecretario de Asuntos de América de la Cancillería, Leopoldo Francisco Sahores, copias de dos Resoluciones Secretas firmadas por el presidente Vázquez. Una de ellas se refería a una enmienda realizada al Acuerdo original firmado con los finlandeses en noviembre de 2017 y la restante autorizaba tres perforaciones en el Acuífero Guaraní durante la fase de construcción de la futura pastera. El titular de la CARU, Mauro Vazón y otros tres funcionarios de la Cancillería estaban presentes y también vieron ambos documentos. (3)
En el Informe Final de la DINAMA sobre el Estudio de Impacto Ambiental de UPM 2, consta por escrito y con la firma de siete especialistas de dicho organismo encabezados por Eugenio Lorenzo, que los finlandeses no presentaron el preceptivo plan de gestión ambiental para la fase de operación de la planta y tampoco explicaron cómo controlarán y monitorearán los efluentes.
El informe técnico de la DINAMA también advirtió que "la información presentada por los proponentes (UPM) durante todo el proceso ha sido despareja en cuanto a su nivel de calidad, y que varias definiciones sustantivas fueron presentadas de forma tardía, entorpeciendo el proceso de evaluación" y también afirmaron que "corresponde mencionar que la actitud de la empresa durante el proceso no ha sido siempre proclive a la presentación de la información necesaria solicitada". (4)
La DINAMA, durante el período de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, que se prolongó entre los meses de octubre de 2018 y marzo de este año, solicitó a UPM la presentación de un monitoreo de las condiciones actuales del río Negro, de las aguas subterráneas, del suelo y del aire, para tener una referencia para comparar con la situación cuando la planta esté operando. Los finlandeses jamás presentaron esos estudios (5).
Es de esperar que los técnicos argentinos de la CARU, a la hora de estudiar la documentación que proporcionará Uruguay, tomen debida nota de éstas y otras graves irregularidades en torno a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y al otorgamiento del permiso concedido a UPM para iniciar la construcción de su segunda pastera y no sean cómplices por omisión del desastre ambiental en el río Uruguay, consentido y autorizado por las autoridades del vecino país.
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Desmontes: en medio de los cruces siguen desmontando
Nuevo capítulo: Greenpeace sobrevoló y documentó desmontes ilegales ganaderos de la firma Cresud
Fecha de Publicación: 13/08/2019
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
La ONG tomó fotos deldesmonte ilegal que ocurre en la provincia de Salta, y según informaron, el resposable es la empresa Cresud.
Luego del capítulo Veganos Vs. Gauchos, que los encontró en el ring de la pista central de la Exposición Rural de Palermo, llegó el turno del mensaje de Greenpeace durante la inauguración oficial, justo cuando el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, comenzaba su discurso.
En esa ocasión el mecanismo fue más sencillo que la anterior manifestación, dado que se opto por desplegar dos banderas. Una de ellas quedó encima de la cabeza del presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, y la otra, sobre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Juntas formaban el mensaje que la ONG quería que la Argentina conociera. El texto decía “Ganaderos: basta de desmontes. Destruir bosques es un crimen”.
Y cuando todo parecía que los sucesos finalizaban ahí, Greenpeace se tomó el trabajo de sobrevolar y documentar un desmonte que actualmente está realizando la empresa agropecuaria Cresud en la provincia de Salta, en bosques nativos de la región chaqueña, hábitat del yaguareté.
Según un reciente reporte de la organización, “la producción ganadera, que se destina principalmente a la exportación, es la principal responsable de la deforestación en Argentina y de poner en peligro la supervivencia de los últimos veinte yaguaretés de la región chaqueña”.
“De esta manera, el famoso bife argentino llega a la mesa de los consumidores del mundo a costa de la destrucción de los bosques del Gran Chaco y de la extinción del yaguareté”, sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques.
De acuerdo a la información del informe “El sacrificio de los bosques del Gran Chaco”, la compañía Cresud, que exporta carne vacuna a Europa e Israel, ya lleva desmontadas 120.000 hectáreas, equivalente a 6 veces la ciudad de Buenos Aires.
“Cresud es un importante actor agropecuario en América Latina, con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay en cultivos, caña de azúcar y ganado, donde posee más de 800.000 hectáreas. Sus principales accionistas y directores son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain”, detalló Greenpeace.
La Orgnización pudo rastrear y documentar en su informe que los productos bovinos de Carnes Pampeanas (del grupo Cresud), llegan a los supermercados y mayoristas Lidl y Metro de Alemania, Albert Heijn y Zandbergen Brothers BV de Holanda; y Shufersal de Israel.
La organización advirtió a través de un comunicado que “de implementarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea crecerá la demanda de carne vacuna argentina, aumentará la ganancia de los frigoríficos exportadores y habrá aún más presión sobre los bosques”.
“La crisis climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos no puede esperar. Exigimos a las empresas de la industria ganadera que adopten una política de Deforestación Cero y la cumplan estrictamente. Destruir bosques es un crimen”, agregó Giardini.
En el reporte, además, se revela quiénes son algunos de los principales actores de la destrucción de bosques nativos en el Gran Chaco argentino, principalmente en las provincias de Chaco, Salta, Santiago del Estero y Formosa.
“Según datos oficiales, el país perdió 7,7 millones de hectáreas de bosques entre 1990 y 2017, una superficie similar a Bélgica y Holanda juntas. Cada año en Argentina se destruyen 100.000 hectáreas de bosques por ganadería intensiva, más del doble que por agricultura”, explicó Giardini.
El informe detalla, también, cómo la destrucción y degradación de bosques en la región del Gran Chaco impacta directamente en la desaparición del yaguareté. Hace pocas semanas, la organización ecologista se presentó ante la Corte Suprema de Justicia argentina para reclamar por el reconocimiento de derechos de esta especie.
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Fecha de Publicación: 13/08/2019
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
La ONG tomó fotos deldesmonte ilegal que ocurre en la provincia de Salta, y según informaron, el resposable es la empresa Cresud.
Luego del capítulo Veganos Vs. Gauchos, que los encontró en el ring de la pista central de la Exposición Rural de Palermo, llegó el turno del mensaje de Greenpeace durante la inauguración oficial, justo cuando el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, comenzaba su discurso.
En esa ocasión el mecanismo fue más sencillo que la anterior manifestación, dado que se opto por desplegar dos banderas. Una de ellas quedó encima de la cabeza del presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, y la otra, sobre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Juntas formaban el mensaje que la ONG quería que la Argentina conociera. El texto decía “Ganaderos: basta de desmontes. Destruir bosques es un crimen”.
Y cuando todo parecía que los sucesos finalizaban ahí, Greenpeace se tomó el trabajo de sobrevolar y documentar un desmonte que actualmente está realizando la empresa agropecuaria Cresud en la provincia de Salta, en bosques nativos de la región chaqueña, hábitat del yaguareté.
Según un reciente reporte de la organización, “la producción ganadera, que se destina principalmente a la exportación, es la principal responsable de la deforestación en Argentina y de poner en peligro la supervivencia de los últimos veinte yaguaretés de la región chaqueña”.
“De esta manera, el famoso bife argentino llega a la mesa de los consumidores del mundo a costa de la destrucción de los bosques del Gran Chaco y de la extinción del yaguareté”, sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques.
De acuerdo a la información del informe “El sacrificio de los bosques del Gran Chaco”, la compañía Cresud, que exporta carne vacuna a Europa e Israel, ya lleva desmontadas 120.000 hectáreas, equivalente a 6 veces la ciudad de Buenos Aires.
“Cresud es un importante actor agropecuario en América Latina, con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay en cultivos, caña de azúcar y ganado, donde posee más de 800.000 hectáreas. Sus principales accionistas y directores son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain”, detalló Greenpeace.
La Orgnización pudo rastrear y documentar en su informe que los productos bovinos de Carnes Pampeanas (del grupo Cresud), llegan a los supermercados y mayoristas Lidl y Metro de Alemania, Albert Heijn y Zandbergen Brothers BV de Holanda; y Shufersal de Israel.
La organización advirtió a través de un comunicado que “de implementarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea crecerá la demanda de carne vacuna argentina, aumentará la ganancia de los frigoríficos exportadores y habrá aún más presión sobre los bosques”.
“La crisis climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos no puede esperar. Exigimos a las empresas de la industria ganadera que adopten una política de Deforestación Cero y la cumplan estrictamente. Destruir bosques es un crimen”, agregó Giardini.
En el reporte, además, se revela quiénes son algunos de los principales actores de la destrucción de bosques nativos en el Gran Chaco argentino, principalmente en las provincias de Chaco, Salta, Santiago del Estero y Formosa.
“Según datos oficiales, el país perdió 7,7 millones de hectáreas de bosques entre 1990 y 2017, una superficie similar a Bélgica y Holanda juntas. Cada año en Argentina se destruyen 100.000 hectáreas de bosques por ganadería intensiva, más del doble que por agricultura”, explicó Giardini.
El informe detalla, también, cómo la destrucción y degradación de bosques en la región del Gran Chaco impacta directamente en la desaparición del yaguareté. Hace pocas semanas, la organización ecologista se presentó ante la Corte Suprema de Justicia argentina para reclamar por el reconocimiento de derechos de esta especie.
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Una PreCOP que deja bastante que desear
Con críticas de organizaciones, termina en Córdoba la precumbre sobre cambio climático
Fecha de Publicación: 12/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Es una instancia en la que gobiernos provinciales y municipales se preparan para la 25ª conferencia de la ONU sobre el tema, que se llevará a cabo en Chile. Algunos sectores señalan que en la Administración pública no hay interés por resolver conflictos ambientales
Provincias y municipios se encuentran reunidos en Córdoba generando un espacio de negociación, acuerdos y consensos, con el fin de definir estrategias de lucha frente al cambio climático e interiorizarse sobre los mecanismos de financiamiento internacional.
“Es un privilegio recibir a tanta gente comprometida con el medio ambiente, en este tercer encuentro de la Liga de Provincias, que se enmarca en el PreCOP. Durante tres días, tratamos problemáticas concretas con el objetivo de buscar consenso para la administración de fondos verdes”, destacó el secretario de Ambiente y Cambio Climático, Javier Britch.
Cabe destacar que por el trabajo que viene desarrollando Córdoba junto a la liga de provincias desde comienzo de año, el evento fue reconocido oficialmente por Naciones Unidas y cuenta con espacios que contemplan el intercambio de información, análisis y discusiones técnicas entre líderes, políticos y actores referentes en la temática.
Denuncias de organizaciones
En este contexto, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa) y el Foro Ambiental Córdoba cuestionaron la inexistencia de políticas sobre cambio climático en los ámbitos provincial y municipal y, más aún, la existencia de políticas públicas que van en sentido contrario.
Entre los cuestionamientos, está el referido a la reglamentación de la ley Agroforestal N° 10467, y sobre esto, aseguran: “En el listado de especies recomendadas existen varias especies exóticas probadamente invasoras, cosa que la propia ley prohíbe taxativamente. Paradójicamente, la primera mesa de trabajo de la Pre COP 25 fue el de especies exóticas invasoras”.
También señalaron que a nivel nacional, la ley 25080 de Inversiones para bosques cultivados, prorrogada a fines del año pasado, no posee ninguna restricción para la implantación de especies forestales invasoras.
Otro de los puntos objetados por las organizaciones es el referido al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): “La Provincia está debiendo realizar el proceso participativo para su actualización, luego del fallido intento de reducir drásticamente la cobertura en máxima categoría de conservación (Rojo) en diciembre de 2016 y durante 2017”, destacan las entidades.
En ese sentido, señalan que existe “un piso de 1.863.743 ha en Categoría Rojo establecido por la ley 9814 de OTBN, que por principio de no regresividad en materia ambiental no puede ser reducido. Asimismo, apuntan sobre la existencia de casos de avances inmobiliarios en categorías Rojo y Amarillo, lo cual no está permitido por la ley”.
Relacionado al cambio climático en sí, recuerdan que desde 2008 el Foro Ambiental Córdoba presentó reiteradamente un informe elaborado por la Dra. Sandra Díaz, titulado “Apuntes para una propuesta de adaptación y mitigación del cambio climático global en la ciudad de Córdoba en el siglo XXI”, el cual sigue teniendo vigencia.
Sin embargo, nunca fue tenido en cuenta para la elaboración de políticas públicas en la ciudad de Córdoba u otras localidades.
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Fecha de Publicación: 12/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Es una instancia en la que gobiernos provinciales y municipales se preparan para la 25ª conferencia de la ONU sobre el tema, que se llevará a cabo en Chile. Algunos sectores señalan que en la Administración pública no hay interés por resolver conflictos ambientales
Provincias y municipios se encuentran reunidos en Córdoba generando un espacio de negociación, acuerdos y consensos, con el fin de definir estrategias de lucha frente al cambio climático e interiorizarse sobre los mecanismos de financiamiento internacional.
“Es un privilegio recibir a tanta gente comprometida con el medio ambiente, en este tercer encuentro de la Liga de Provincias, que se enmarca en el PreCOP. Durante tres días, tratamos problemáticas concretas con el objetivo de buscar consenso para la administración de fondos verdes”, destacó el secretario de Ambiente y Cambio Climático, Javier Britch.
Cabe destacar que por el trabajo que viene desarrollando Córdoba junto a la liga de provincias desde comienzo de año, el evento fue reconocido oficialmente por Naciones Unidas y cuenta con espacios que contemplan el intercambio de información, análisis y discusiones técnicas entre líderes, políticos y actores referentes en la temática.
Denuncias de organizaciones
En este contexto, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa) y el Foro Ambiental Córdoba cuestionaron la inexistencia de políticas sobre cambio climático en los ámbitos provincial y municipal y, más aún, la existencia de políticas públicas que van en sentido contrario.
Entre los cuestionamientos, está el referido a la reglamentación de la ley Agroforestal N° 10467, y sobre esto, aseguran: “En el listado de especies recomendadas existen varias especies exóticas probadamente invasoras, cosa que la propia ley prohíbe taxativamente. Paradójicamente, la primera mesa de trabajo de la Pre COP 25 fue el de especies exóticas invasoras”.
También señalaron que a nivel nacional, la ley 25080 de Inversiones para bosques cultivados, prorrogada a fines del año pasado, no posee ninguna restricción para la implantación de especies forestales invasoras.
Otro de los puntos objetados por las organizaciones es el referido al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): “La Provincia está debiendo realizar el proceso participativo para su actualización, luego del fallido intento de reducir drásticamente la cobertura en máxima categoría de conservación (Rojo) en diciembre de 2016 y durante 2017”, destacan las entidades.
En ese sentido, señalan que existe “un piso de 1.863.743 ha en Categoría Rojo establecido por la ley 9814 de OTBN, que por principio de no regresividad en materia ambiental no puede ser reducido. Asimismo, apuntan sobre la existencia de casos de avances inmobiliarios en categorías Rojo y Amarillo, lo cual no está permitido por la ley”.
Relacionado al cambio climático en sí, recuerdan que desde 2008 el Foro Ambiental Córdoba presentó reiteradamente un informe elaborado por la Dra. Sandra Díaz, titulado “Apuntes para una propuesta de adaptación y mitigación del cambio climático global en la ciudad de Córdoba en el siglo XXI”, el cual sigue teniendo vigencia.
Sin embargo, nunca fue tenido en cuenta para la elaboración de políticas públicas en la ciudad de Córdoba u otras localidades.
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Sica sigue con el discurso de la "minería sustentable"
Sica aseguró que se trabaja por una minería sustentable
Fecha de Publicación: 10/08/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, sostuvo este miércoles, en Salta, que desde el gobierno se trabaja para "desarrollar una minería sustentable, amigable con el medio ambiente y generadora de empleo de calidad", al encabezar el plenario de la Mesa de Minería y Litio.
"La industria minera debe consolidarse como uno de los motores para el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país, en las cuales esta actividad tiene ventajas naturales propias", indicó Sica, en el Centro de Convenciones de Salta, donde se desarrolló el encuentro.
Luego, resaltó el potencial del sector al decir que "tiene un carácter fuertemente federal, representa una importante fuente de empleo y también es fundamental para el desarrollo local, y el impulso de proveedores en la región".
En tanto, valoró a las mesas sectoriales como "un instrumento muy importante para avanzar en mejoras de los niveles de competitividad, en momentos de cambio y transformación" que posibilitan "resolver cuestiones que por la burocracia y la complejidad de los ámbitos públicos nacional y provincial se convertían en barreras que no permitían avanzar".
En el marco de la mesa se presentó el proyecto del denominado "Convenio Prodepro Minería 2030", un compromiso por el cual las empresas mineras presentarán sus planes de abastecimiento para que los proveedores del sector puedan tener información relevante con mayor previsibilidad sobre sus demandas.
La mesa trabajó este miércoles en torno a los ejes de infraestructura, aspectos laborales, desarrollo productivo, desarrollo local y otros factores de competitividad.
Asistieron el secretario de Minería de Salta, Daniel Blasco; representantes de distintas cámaras y organizaciones empresariales del sector, miembros de sindicatos y directivos de distintas empresas mineras de la región.
Sica estuvo acompañado por los secretarios de Empleo, Fernando Premoli; de Política Minera, Carolina Sánchez; y los subsecretarios de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, Sergio Drucaroff y de Comercio Exterior, Federico Lavopa.
Además, estuvieron la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Graciela Pinal de Cid; el senador nacional Juan Carlos Romero; y el diputado nacional Miguel Nanni, entre otros.
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Fecha de Publicación: 10/08/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, sostuvo este miércoles, en Salta, que desde el gobierno se trabaja para "desarrollar una minería sustentable, amigable con el medio ambiente y generadora de empleo de calidad", al encabezar el plenario de la Mesa de Minería y Litio.
"La industria minera debe consolidarse como uno de los motores para el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país, en las cuales esta actividad tiene ventajas naturales propias", indicó Sica, en el Centro de Convenciones de Salta, donde se desarrolló el encuentro.
Luego, resaltó el potencial del sector al decir que "tiene un carácter fuertemente federal, representa una importante fuente de empleo y también es fundamental para el desarrollo local, y el impulso de proveedores en la región".
En tanto, valoró a las mesas sectoriales como "un instrumento muy importante para avanzar en mejoras de los niveles de competitividad, en momentos de cambio y transformación" que posibilitan "resolver cuestiones que por la burocracia y la complejidad de los ámbitos públicos nacional y provincial se convertían en barreras que no permitían avanzar".
En el marco de la mesa se presentó el proyecto del denominado "Convenio Prodepro Minería 2030", un compromiso por el cual las empresas mineras presentarán sus planes de abastecimiento para que los proveedores del sector puedan tener información relevante con mayor previsibilidad sobre sus demandas.
La mesa trabajó este miércoles en torno a los ejes de infraestructura, aspectos laborales, desarrollo productivo, desarrollo local y otros factores de competitividad.
Asistieron el secretario de Minería de Salta, Daniel Blasco; representantes de distintas cámaras y organizaciones empresariales del sector, miembros de sindicatos y directivos de distintas empresas mineras de la región.
Sica estuvo acompañado por los secretarios de Empleo, Fernando Premoli; de Política Minera, Carolina Sánchez; y los subsecretarios de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, Sergio Drucaroff y de Comercio Exterior, Federico Lavopa.
Además, estuvieron la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Graciela Pinal de Cid; el senador nacional Juan Carlos Romero; y el diputado nacional Miguel Nanni, entre otros.
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Pese a todo la producción de etanol aumenta
En 2018 volvió a crecer la producción de etanol y alcanza los 1,1 millones de metros cúbicos
Fecha de Publicación: 10/08/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Es el mayor volumen que se produjo hasta ahora en el país y con un fuerte protagonismo de Córdoba que concentra casi el 40% del total.
La generación de etanol a partir del maíz y la caña de azúcar aumentó un 0,8% en el 2018 y trepó a 1.113.781 millones de metros cúbicos en la Argentina, según los datos provisorios de la Secretaría de Energía de la Nación. Es una buena noticia para una industria muy joven en el país y con mucho horizonte.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que realizaron Julio Calzada, Federico Di Yenno y Franco Ramseyer, analiza la estructura de producción de este biocombustible en el país, un eslabón clave para agregar valor y generar desarrollo económico y empleo.
La producción argentina de etanol de 2018 superó en 8.674 metros cúbicos la del 2017. Del volumen total que se procesó, 585.619 metros cúbicos se elaboraron utilizando maíz como materia prima, en plantas como la de Bio4 en Río Cuarto y ACABio en Villa María.
La producción de etanol a base de maíz tuvo un aumento interanual de 6,1% respecto al año anterior. Los 528.162 metros cúbicos restantes de la elaboración de etanol del 2018 se obtuvieron utilizando como insumo a la caña de azúcar. En este caso, la producción resultó un 4,5% inferior a la del año previo”, precisa el estudio.
Las ventas totales de etanol el año pasado alcanzaron los 1.063.868 metros cúbicos, un 1,2% por debajo del año anterior. Del total de estas ventas, 562.957 metros cúbicos correspondieron a etanol de maíz, y las 500.910 metros cúbicos a etanol en base a caña de azúcar.
De acuerdo a los datos del 2018, la provincia de Córdoba es la principal productora a nivel país con un 39% del total (unos 430.000 metros cúbicos) en las tres plantas ubicadas en Alejandro Roca, Río Cuarto y Villa María.
En segundo lugar se ubicó la provincia de Tucumán, que representó el 25% de la elaboración a nivel país (280.978 metros cúbicos). En esta provincia, la materia prima utilizada es la caña de azúcar, un cultivo de gran extensión en el noroeste argentino. Tucumán cuenta con ocho empresas que elaboran etanol localizadas en Aguilares, Concepción (dos), Faimallá, La Florida, Leales, León Rouges y Villa la Trinidad.
El tercer lugar en cuanto a producción pertenece a la provincia de Salta, donde se produjo el 13% del total, también en base a caña de azúcar. En esta provincia hay tres empresas, ubicadas una en Campo Santo y las dos restantes en El Tabacal.
Después sigue la provincia de Jujuy, que elaboró el 10% del etanol argentino, en dos compañías ubicadas en La Mendieta y Ledesma, también procesando caña de azúcar.
En la provincia de San Luis se generó el 8% del total, en una sola empresa localizada en la ciudad capital de la provincia que produce bioetanol en base a maíz.
Por último, y aportando un 6% de la producción nacional (64.185 metros cúbicos), se encuentra la provincia de Santa Fe, en donde opera una sola firma localizada en la ciudad de Avellaneda que genera bioetanol a base de maíz.
“En la Argentina hay actualmente 18 empresas que producen etanol, de las cuales 12 lo producen en base a caña de azúcar y las cinco restantes lo hacen a partir de maíz”, concluye el informe.
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Fecha de Publicación: 10/08/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Es el mayor volumen que se produjo hasta ahora en el país y con un fuerte protagonismo de Córdoba que concentra casi el 40% del total.
La generación de etanol a partir del maíz y la caña de azúcar aumentó un 0,8% en el 2018 y trepó a 1.113.781 millones de metros cúbicos en la Argentina, según los datos provisorios de la Secretaría de Energía de la Nación. Es una buena noticia para una industria muy joven en el país y con mucho horizonte.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que realizaron Julio Calzada, Federico Di Yenno y Franco Ramseyer, analiza la estructura de producción de este biocombustible en el país, un eslabón clave para agregar valor y generar desarrollo económico y empleo.
La producción argentina de etanol de 2018 superó en 8.674 metros cúbicos la del 2017. Del volumen total que se procesó, 585.619 metros cúbicos se elaboraron utilizando maíz como materia prima, en plantas como la de Bio4 en Río Cuarto y ACABio en Villa María.
La producción de etanol a base de maíz tuvo un aumento interanual de 6,1% respecto al año anterior. Los 528.162 metros cúbicos restantes de la elaboración de etanol del 2018 se obtuvieron utilizando como insumo a la caña de azúcar. En este caso, la producción resultó un 4,5% inferior a la del año previo”, precisa el estudio.
Las ventas totales de etanol el año pasado alcanzaron los 1.063.868 metros cúbicos, un 1,2% por debajo del año anterior. Del total de estas ventas, 562.957 metros cúbicos correspondieron a etanol de maíz, y las 500.910 metros cúbicos a etanol en base a caña de azúcar.
De acuerdo a los datos del 2018, la provincia de Córdoba es la principal productora a nivel país con un 39% del total (unos 430.000 metros cúbicos) en las tres plantas ubicadas en Alejandro Roca, Río Cuarto y Villa María.
En segundo lugar se ubicó la provincia de Tucumán, que representó el 25% de la elaboración a nivel país (280.978 metros cúbicos). En esta provincia, la materia prima utilizada es la caña de azúcar, un cultivo de gran extensión en el noroeste argentino. Tucumán cuenta con ocho empresas que elaboran etanol localizadas en Aguilares, Concepción (dos), Faimallá, La Florida, Leales, León Rouges y Villa la Trinidad.
El tercer lugar en cuanto a producción pertenece a la provincia de Salta, donde se produjo el 13% del total, también en base a caña de azúcar. En esta provincia hay tres empresas, ubicadas una en Campo Santo y las dos restantes en El Tabacal.
Después sigue la provincia de Jujuy, que elaboró el 10% del etanol argentino, en dos compañías ubicadas en La Mendieta y Ledesma, también procesando caña de azúcar.
En la provincia de San Luis se generó el 8% del total, en una sola empresa localizada en la ciudad capital de la provincia que produce bioetanol en base a maíz.
Por último, y aportando un 6% de la producción nacional (64.185 metros cúbicos), se encuentra la provincia de Santa Fe, en donde opera una sola firma localizada en la ciudad de Avellaneda que genera bioetanol a base de maíz.
“En la Argentina hay actualmente 18 empresas que producen etanol, de las cuales 12 lo producen en base a caña de azúcar y las cinco restantes lo hacen a partir de maíz”, concluye el informe.
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