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La minería apuesta a la reglamentación de la Ley de Glaciares
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Por la Ley de Glaciares, la Cámara Minera convocará a una movilización
Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Será en defensa de la actividad y tanto a nivel local como nacional. Para el sector, el reciente fallo abrió posibilidades positivas y los esfuerzos se centrarán en la reglamentación.
Un nuevo capítulo se abre respecto de la Ley de Glaciares, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la demanda de inconstitucionalidad planteada por las empresas Barrick y Exploraciones Mineras Argentinas SA. La controversia que generó esta decisión judicial puso sobre el tapete la necesidad de reglamentar la ley y llevó a que desde la Cámara Minera de San Juan se anunciara la próxima convocatoria de una movilización masiva tanto a nivel provincial como nacional en defensa de la industria.
”La idea es convocar a una movilización nacional y provincial lo más multitudinaria posible y en apoyo al sector, y estamos hablando no sólo de la minería sino de todos lo centros de la economía activa que se han expedido a favor de pelear esta situación”, dijo Ricardo Martínez, histórico y activo miembro de la entidad, quien se expresó en el marco de “Historias Compartidas”, las charlas mensuales que la CMSJ brinda sobre diferentes tópicos vinculados a la minería.
Martínez explicó que contrariamente a lo que muchos puedan pensar, el fallo de la CSJN es “mucho más beneficioso que el silencio que había, eso no lo digo yo sino abogados, porque en uno de los puntos del fallo dice que los organismos técnicos deberán expedirse sobre el tema y esta es la oportunidad de poder brindar herramientas para su reglamentación”. En ese sentido la cámara también apuntará a la conformación de un frente de trabajo multidisciplinar o “task force”, “para abordarlo técnicamente, comunicacionalmente, legalmente, tener una voz activa respecto de una ley que, así como está es taxativa”, dijo Martínez. Efectivamente el Art. 15 del fallo dice: “Resulta claro que, en virtud del sistema previsto en la Ley de Glaciares, el desarrollo de su implementación exigirá de definiciones técnicas y de un esfuerzo hermenéutico por parte de otras autoridades. En esta instancia, un pronunciamiento del Tribunal sería prematuro y el resultado de una mera especulación teórica”. Según Horacio Puigdomenech, geólogo miembro del Consejo Profesional de Ciencias Geológicas local y quien coordinó el Inventario de Glaciares de la provincia, “este punto permitiría que se introduzcan en la reglamentación los aspectos técnicos que son imprescindibles para que haya una aplicación razonable de la ley, sobre todo en los artículos 1 y 2 que es lo que está difuso, confuso y generalizado”, dijo.
Los artículos 1 y 2
En los artículos 1 y 2 de la Ley de Glaciares se establece el objeto de la ley y la definición de los conceptos de glaciar y ambiente periglaciar. Según los expertos e incluso bibliografía específica del tema (Ver Para Consultar), en el ámbito de la geología el ambiente periglaciar es aquél cuyos procesos geomorfológicos son dominados por ciclos de congelamiento y descongelamiento, es decir de Permafrost. El ambiente periglaciar no es el ambiente alrededor de los glaciares, ya que puede haber ambiente periglaciar sin haber glaciares, sino que es el que alberga las zonas de Permafrost. El Permafrost es una condición térmica del suelo que se forma por la continua y prolongada pérdida neta de calor desde el suelo hacia la atmósfera. Puntualmente se define como permafrost al suelo o roca cuya temperatura está por debajo de los 0ºC al menos dos años consecutivos; es una definición internacional que no tiene nada que ver con la existencia de hielo de suelo. En el caso puntual de San Juan, según datos del Inventario de Glaciares de la provincia que trascendieron en esta charla de CMSJ, el ambiente periglaciar en la cuenca del Río San Juan es el 2% de la superficie total de la cuenca, el cual está constituido por cerca de 2.000 formas periglaciares (glaciares de escombro y otras geoformas).
De acuerdo a los especialistas, en la provincia es el permafrost más que los glaciares, el que mantiene en forma natural el caudal de agua del Río San Juan durante todo el año. Es la liberación de agua por derretimiento de lo que se conoce como capa activa del permafrost. “El permafrost es el agua que se introduce en el suelo y se congela. La parte más inferior queda transformada en hielo por siglos y la parte superior que está expuesta en contacto con la superficie es lo que se conoce como capa activa, libera agua en la medida que aumenta la temperatura cuando el hielo empieza a derretirse”, explicó Ricardo Gianni, hidrogeólogo egresado de la UNSJ que trabajó casi medio siglo en el Instituto Nacional del Agua y quien además participó de la charla de la CMSJ.
Además de la regulación natural, tanto la cuenca del Rio San Juan como del Rio Jáchal constan de regulación antrópica, es decir de obras como los diques que les permiten almacenar y embalsar agua en exceso. Teniendo en cuenta estos aspectos, para Gianni al momento de instrumentar la ley será fundamental tener en cuenta la regulación de los caudales de los ríos cuando estos ya tienen regulación antrópica. “El dique es un regulador, tiene exactamente la misma función que un glaciar o que el permafrost nada más que regulado racionalmente, son aspectos a considerar en una ley demasiado taxativa que dice que donde hay permafrost no se puede hacer minería, túneles, presa de altura, no se puede hacer nada, nadie habla de dinamitar el permafrost, pero hay que hacer todas las consideraciones”, cerró Gianni.
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Tierras secas, segunda convocatoria para manejo
Se lanzó la segunda convocatoria para proyectos de manejo sustentable de tierras secas
Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el marco del Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras del NOA y Cuyo (MST NOA Cuyo), lanza una nueva convocatoria para la presentación de proyectos que tengan como objetivo implementar prácticas de Manejo Sustentable de Tierras (MST).
La iniciativa tiene la finalidad de sostener y mejorar las funciones y los servicios ecosistémicos de más de un millón de hectáreas de tierras secas y mejorar la calidad de vida de al menos 1.000 familias de pequeños productores en los sitios seleccionados, que corresponden a las ecorregiones puna (provincias de Jujuy y Salta); monte de sierras y bolsones (Tucumán, Catamarca y La Rioja) y monte de llanuras y mesetas (San Juan, San Luis y Mendoza).
La convocatoria está dirigida a instituciones oficiales y organizaciones formalmente constituidas, con idoneidad en la temática y presencia efectiva en el territorio donde se implementarán las prácticas de mencionadas: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Subsecretaría de Agricultura Familiar, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, universidades, municipios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productores, cooperativas, entidades gremiales productivas, pueblos originarios y organizaciones comunitarias de base (OCB), entre otras.
Los interesados deben presentar una propuesta técnica a convocatoria.mstnoacuyo@gmail.com. La recepción de propuestas en formato papel y la documentación requerida estará vigente hasta el 2 de agosto del presente año. Los envíos por correo postal serán recibidos hasta las 16.30 h de la fecha mencionada y deberán estarán dirigidos a: segunda convocatoria para la implementación de prácticas de mst en zonas secas del NOA y Cuyo; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del NOA PNUD ARG/14/G55; San Martín 451, piso 4º - Oficina 434 At. Hugo Iza; (C1004AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras del NOA y Cuyo
Para apoyar el manejo sustentable de tierras en los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos del NOA y de Cuyo y abordar el problema del aumento de la pérdida de las funciones y los servicios de los ecosistemas en regiones que se caracterizan por poseer altos niveles de degradación de tierras y de pobreza, nuestra cartera implementa el Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del NOA. Los recursos económicos son aportados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF su sigla en inglés), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que interviene como Agencia de Administración.
El proyecto, que involucra a ocho provincias de las regiones del NOA y Cuyo, impulsa la incorporación del manejo sustentable de la tierra (MST) para hacerle frente a los efectos de la degradación de tierras mediante la prevención, adaptación, mitigación y rehabilitación de dichas tierras. Al mismo tiempo, busca mejorar los medios de vida de las comunidades rurales.
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Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el marco del Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras del NOA y Cuyo (MST NOA Cuyo), lanza una nueva convocatoria para la presentación de proyectos que tengan como objetivo implementar prácticas de Manejo Sustentable de Tierras (MST).
La iniciativa tiene la finalidad de sostener y mejorar las funciones y los servicios ecosistémicos de más de un millón de hectáreas de tierras secas y mejorar la calidad de vida de al menos 1.000 familias de pequeños productores en los sitios seleccionados, que corresponden a las ecorregiones puna (provincias de Jujuy y Salta); monte de sierras y bolsones (Tucumán, Catamarca y La Rioja) y monte de llanuras y mesetas (San Juan, San Luis y Mendoza).
La convocatoria está dirigida a instituciones oficiales y organizaciones formalmente constituidas, con idoneidad en la temática y presencia efectiva en el territorio donde se implementarán las prácticas de mencionadas: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Subsecretaría de Agricultura Familiar, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, universidades, municipios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productores, cooperativas, entidades gremiales productivas, pueblos originarios y organizaciones comunitarias de base (OCB), entre otras.
Los interesados deben presentar una propuesta técnica a convocatoria.mstnoacuyo@gmail.com. La recepción de propuestas en formato papel y la documentación requerida estará vigente hasta el 2 de agosto del presente año. Los envíos por correo postal serán recibidos hasta las 16.30 h de la fecha mencionada y deberán estarán dirigidos a: segunda convocatoria para la implementación de prácticas de mst en zonas secas del NOA y Cuyo; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del NOA PNUD ARG/14/G55; San Martín 451, piso 4º - Oficina 434 At. Hugo Iza; (C1004AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras del NOA y Cuyo
Para apoyar el manejo sustentable de tierras en los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos del NOA y de Cuyo y abordar el problema del aumento de la pérdida de las funciones y los servicios de los ecosistemas en regiones que se caracterizan por poseer altos niveles de degradación de tierras y de pobreza, nuestra cartera implementa el Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del NOA. Los recursos económicos son aportados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF su sigla en inglés), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que interviene como Agencia de Administración.
El proyecto, que involucra a ocho provincias de las regiones del NOA y Cuyo, impulsa la incorporación del manejo sustentable de la tierra (MST) para hacerle frente a los efectos de la degradación de tierras mediante la prevención, adaptación, mitigación y rehabilitación de dichas tierras. Al mismo tiempo, busca mejorar los medios de vida de las comunidades rurales.
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El ambiente si es de interés electoral
Las áreas protegidas y el ambiente, en el interés electoral de los argentinos
Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta reveló el interés que tendrían los argentinos por un candidato que promueva políticas de medio ambiente y desarrollo de áreas protegidas
El ambiente, su conservación y la crisis climática que afecta al planeta no aparecieron, por ahora, en la agenda electoral. Pero, aunque los candidatos no lo incluyan en el debate y lo evalúen como lejano a las preocupaciones de los argentinos, el 80% considera a las áreas protegidas como un factor de desarrollo en sus provincias y un porcentaje mayor, apoyaría un candidato que las promueva.
Así lo revela una encuesta elaborada por Elypsis, que forma parte del informe "Turismo de Naturaleza", que identifica que este sector podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 nuevos empleos en los próximos 10 años.
El informe fue gestionado por la fundaciones CLT y Fundación Flora y Fauna (FFyF). La encuesta destaca que más del 50% de los argentinos visitó un área protegida y más del 90%, considera que contribuyen al cuidado del ambiente en sus provincias. Esto último, cobra particular relevancia esta semana, tras conocerse el informe de Ciencia y Política para la Sociedad y la Naturaleza (IPBES, por sus siglas en inglés), que advierte que un millón de especies están en riesgo de extinción.
"En las Américas, la riqueza de la diversidad biológica contribuye ampliamente a la calidad de vida ayudando a reducir la pobreza, a la vez que fortalece las economías y los medios de subsistencia", apuntó el Jake Rice (Canadá), copresidente de la evaluación de las Américas junto con Cristiana Simão Seixas (Brasil) y María Elena Zaccagnini (Argentina).
"El valor económico de las contribuciones de la naturaleza basadas en la tierra a la población de las Américas es más de 24 billones de dólares por año – equivalente al PIB de la región, sin embargo, casi dos tercios – 65% – de estas contribuciones están disminuyendo, con una fuerte disminución del 21%. El cambio climático inducido por el hombre, que afecta la temperatura, las precipitaciones y la naturaleza de los eventos extremos, lleva cada vez más a la pérdida de la biodiversidad y a la disminución de las contribuciones de la naturaleza a las personas, empeorando el impacto de la degradación del hábitat, la contaminación, las especies invasoras y la sobreexplotación de los recursos naturales", sostiene el reporte.
Turismo = soja y fósiles
La encuesta cierra un informe iniciado el año pasado, que permitió identificar que el turismo moviliza en el país lo mismo que la soja y que toda la producción de gas y petróleo: 15.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos, el 30% de esa cifra corresponde al turismo de naturaleza en áreas protegidas, que podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 puestos de empleo en los próximos diez años.
"Este informe que encargamos tiene por objetivo identificar el potencial económico del turismo de naturaleza, que crece en todo el mundo y el cual estamos convencidos que puede desarrollar la Argentina. Estamos hablando de un modelo de ecoturismo en el cual conservamos la biodiversidad, sobre todo los grandes felinos y las especies amenazadas, y dejamos un legado a las generaciones futuras", destacó Sofía Heinonen, directora de CLT y Fundación Flora y Fauna, organizaciones que promueven la creación áreas protegidas bajo un modelo de producción de naturaleza que contempla la restauración de ecosistemas y la vuelta de las especies amenazadas, fortaleciendo el desarrollo de economías regionales.
Algunos de los datos más salientes de la encuesta que se realizó a 4305 encuestados en todo el país entre el 1 y el 6 de marzo pasado:
• Casi la mitad de los encuestados no visitó nunca un parque nacional, ni dentro ni fuera de su provincia. El 32% dice haberlo hecho hace más de un año y entre el 20 y 23% lo hicieron en el último año.
• La contribución de los parques nacionales es, para los encuestados, un claro factor de desarrollo económico y de cuidado del ambiente y, algo menos, como fuente de creación de empleo. El 77% cree que los parques nacionales contribuyen mucho al cuidado del medioambiente, mientras que como factor de desarrollo el ratio es 67%. En cuanto a la generación de empleo sólo el 32% dice que contribuye mucho. Un dato que surgió del
sondeo fue que el 70% ignora que se crearon nuevas áreas protegidas, incluidas las marinas, el año pasado.
• Los habitantes de la región Patagónica valoran más el aporte de los parques nacionales al desarrollo económico, del empleo y ambiental que en otras partes del país. En sentido opuesto, la región pampeana está por debajo del promedio.
• El 81% de los encuestados apoyaría un candidato que promueve la creación de parques nacionales y áreas protegidas. El apoyo varía por zonas: "Todas las regiones muestran resultados parecidos con una consideración del tipo muy importante por más del 40% de la población. Igualmente, la región pampeana es la que muestra menos interés, con 13% de los encuestados creyendo que la creación de parques nacionales no es algo importante a la hora de valorar a un candidato. En cuanto al acceso a los parques, por encima del 75% de la gente de todas las regiones cree que debe ser público", indica el resumen ejecutivo de la encuesta a la que tuvo acceso Infobae.
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Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta reveló el interés que tendrían los argentinos por un candidato que promueva políticas de medio ambiente y desarrollo de áreas protegidas
El ambiente, su conservación y la crisis climática que afecta al planeta no aparecieron, por ahora, en la agenda electoral. Pero, aunque los candidatos no lo incluyan en el debate y lo evalúen como lejano a las preocupaciones de los argentinos, el 80% considera a las áreas protegidas como un factor de desarrollo en sus provincias y un porcentaje mayor, apoyaría un candidato que las promueva.
Así lo revela una encuesta elaborada por Elypsis, que forma parte del informe "Turismo de Naturaleza", que identifica que este sector podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 nuevos empleos en los próximos 10 años.
El informe fue gestionado por la fundaciones CLT y Fundación Flora y Fauna (FFyF). La encuesta destaca que más del 50% de los argentinos visitó un área protegida y más del 90%, considera que contribuyen al cuidado del ambiente en sus provincias. Esto último, cobra particular relevancia esta semana, tras conocerse el informe de Ciencia y Política para la Sociedad y la Naturaleza (IPBES, por sus siglas en inglés), que advierte que un millón de especies están en riesgo de extinción.
"En las Américas, la riqueza de la diversidad biológica contribuye ampliamente a la calidad de vida ayudando a reducir la pobreza, a la vez que fortalece las economías y los medios de subsistencia", apuntó el Jake Rice (Canadá), copresidente de la evaluación de las Américas junto con Cristiana Simão Seixas (Brasil) y María Elena Zaccagnini (Argentina).
"El valor económico de las contribuciones de la naturaleza basadas en la tierra a la población de las Américas es más de 24 billones de dólares por año – equivalente al PIB de la región, sin embargo, casi dos tercios – 65% – de estas contribuciones están disminuyendo, con una fuerte disminución del 21%. El cambio climático inducido por el hombre, que afecta la temperatura, las precipitaciones y la naturaleza de los eventos extremos, lleva cada vez más a la pérdida de la biodiversidad y a la disminución de las contribuciones de la naturaleza a las personas, empeorando el impacto de la degradación del hábitat, la contaminación, las especies invasoras y la sobreexplotación de los recursos naturales", sostiene el reporte.
Turismo = soja y fósiles
La encuesta cierra un informe iniciado el año pasado, que permitió identificar que el turismo moviliza en el país lo mismo que la soja y que toda la producción de gas y petróleo: 15.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos, el 30% de esa cifra corresponde al turismo de naturaleza en áreas protegidas, que podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 puestos de empleo en los próximos diez años.
"Este informe que encargamos tiene por objetivo identificar el potencial económico del turismo de naturaleza, que crece en todo el mundo y el cual estamos convencidos que puede desarrollar la Argentina. Estamos hablando de un modelo de ecoturismo en el cual conservamos la biodiversidad, sobre todo los grandes felinos y las especies amenazadas, y dejamos un legado a las generaciones futuras", destacó Sofía Heinonen, directora de CLT y Fundación Flora y Fauna, organizaciones que promueven la creación áreas protegidas bajo un modelo de producción de naturaleza que contempla la restauración de ecosistemas y la vuelta de las especies amenazadas, fortaleciendo el desarrollo de economías regionales.
Algunos de los datos más salientes de la encuesta que se realizó a 4305 encuestados en todo el país entre el 1 y el 6 de marzo pasado:
• Casi la mitad de los encuestados no visitó nunca un parque nacional, ni dentro ni fuera de su provincia. El 32% dice haberlo hecho hace más de un año y entre el 20 y 23% lo hicieron en el último año.
• La contribución de los parques nacionales es, para los encuestados, un claro factor de desarrollo económico y de cuidado del ambiente y, algo menos, como fuente de creación de empleo. El 77% cree que los parques nacionales contribuyen mucho al cuidado del medioambiente, mientras que como factor de desarrollo el ratio es 67%. En cuanto a la generación de empleo sólo el 32% dice que contribuye mucho. Un dato que surgió del
sondeo fue que el 70% ignora que se crearon nuevas áreas protegidas, incluidas las marinas, el año pasado.
• Los habitantes de la región Patagónica valoran más el aporte de los parques nacionales al desarrollo económico, del empleo y ambiental que en otras partes del país. En sentido opuesto, la región pampeana está por debajo del promedio.
• El 81% de los encuestados apoyaría un candidato que promueve la creación de parques nacionales y áreas protegidas. El apoyo varía por zonas: "Todas las regiones muestran resultados parecidos con una consideración del tipo muy importante por más del 40% de la población. Igualmente, la región pampeana es la que muestra menos interés, con 13% de los encuestados creyendo que la creación de parques nacionales no es algo importante a la hora de valorar a un candidato. En cuanto al acceso a los parques, por encima del 75% de la gente de todas las regiones cree que debe ser público", indica el resumen ejecutivo de la encuesta a la que tuvo acceso Infobae.
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Primeras resistencias a la nueva central nuclear
Greenpeace y Funam se oponen a la cuarta central nuclear en Argentina
Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional avanza en un convenio con China para la construcción de Atucha 3, en la provincia de Buenos Aires. Organizaciones ecologistas rechazan el proyecto oficial.
Dos organizaciones ecologistas plantearon en los últimos días su rechazo al proyecto del Gobierno nacional de avanzar en un convenio con China para la construcción de una nueva central nuclear en Argentina.
Sería la cuarta usina, que se localizaría en Lima (provincia de Buenos Aires), el mismo sitio donde ya funcionan Atucha 1 y Atucha 2. La tercera existente es la corobesa de Embalse, que genera energía desde 1984 y que acaba de renovar su vida útil por otros 30 años luego de obras de recambio y actualización.
Funam
Desde la cordobesa Funam, se advirtió en un documento que "si Mauricio Macri firma el contrato con China para construir un nuevo reactor nuclear en Argentina la operación sería ilegal e inválida" y por lo tanto "deberá ser denunciada ante la Justicia".
Raúl Montenegro, presidente de esa organización, planteó que el Estado "no puede firmar ese contrato sin previo estudio de impacto ambiental y sin audiencia pública".
Alertó además que los sucesivos gobiernos nacionales "no han preparado a la población" para enfrentar un evento nuclear grave y que "se limita a hacer simulacros de accidentes leves" en la zona que rodea sobre 10 kilómetros a las centrales existentes.
Montenegro calificó de "inconcebible" que el Gobierno "vaya a violar con tanta impunidad la Ley Nacional de Ambiente y la legislación de la provincia de Buenos Aires, y que le importe tan poco la seguridad de millones de argentinos" . Recordó que en Estados Unidos "los trámites de evaluación de impacto ambiental para una nueva central nuclear demandan 12 años como mínimo, tres de los cuales son destinados a consultas públicas. En Argentina el Gobierno lo reduce al ilegal trámite de firma de un contrato en China".
Funam viene advirtiendo no sólo por los riesgos de accidentes de las centrales nucleares sino también de atentados. Y hace foco en que un avión de gran porte que impacte contra los silos de desechos radioactivos ubicados en esos predios podría generar un peligro "muy grave" para una muy amplia región.
"Desde FUNAM elaboramos un Plan Ciudadano para enfrentar accidentes y eventos nucleares en 2011 sin que el Estado reaccionara desde entonces", cita el informe, que detalla esa propuesta.
Para Funam, la firma del contrato para la construcción de un reactor nuclear chino "que seguramente sería un Hualong One a uranio enriquecido, no es solamente ilegal sino también una bofetada a la sociedad, pues se haría sin licencia social y con un reactor prácticamente experimental".
Montenegro cuestionó que, a diferencia de otros países, " en Argentina no se han hecho nunca estudios epidemiológicos independientes alrededor de Atucha I, Atucha II y Embalse"
Greenpeace
La representación en Argentina de la organización internacional Greenpeace, en tanto, apuntó que “invertir en energía nuclear es un riesgo enorme e innecesario”.
“Es una energía de 5 a 6 veces más cara que la renovable. Mientras los países desarrollados, planean dejar la energía nuclear, Argentina insiste en el error. Alemania, por ejemplo, quiere cerrar sus centrales al 2022; nosotros planificamos comenzar ese mismo año a producir más", señaló Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace Argentina.
“Los ejemplos locales muestran que los costos exceden los cálculos previstos", señaló Mingo y agregó que “la construcción de una planta puede demorar 20 o 30 años y su desmantelamiento supone costos altísimos.”
Greenpeace recordó que los residuos generados por las plantas nucleares "son los más persistentes que se conozcan".
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Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional avanza en un convenio con China para la construcción de Atucha 3, en la provincia de Buenos Aires. Organizaciones ecologistas rechazan el proyecto oficial.
Dos organizaciones ecologistas plantearon en los últimos días su rechazo al proyecto del Gobierno nacional de avanzar en un convenio con China para la construcción de una nueva central nuclear en Argentina.
Sería la cuarta usina, que se localizaría en Lima (provincia de Buenos Aires), el mismo sitio donde ya funcionan Atucha 1 y Atucha 2. La tercera existente es la corobesa de Embalse, que genera energía desde 1984 y que acaba de renovar su vida útil por otros 30 años luego de obras de recambio y actualización.
Funam
Desde la cordobesa Funam, se advirtió en un documento que "si Mauricio Macri firma el contrato con China para construir un nuevo reactor nuclear en Argentina la operación sería ilegal e inválida" y por lo tanto "deberá ser denunciada ante la Justicia".
Raúl Montenegro, presidente de esa organización, planteó que el Estado "no puede firmar ese contrato sin previo estudio de impacto ambiental y sin audiencia pública".
Alertó además que los sucesivos gobiernos nacionales "no han preparado a la población" para enfrentar un evento nuclear grave y que "se limita a hacer simulacros de accidentes leves" en la zona que rodea sobre 10 kilómetros a las centrales existentes.
Montenegro calificó de "inconcebible" que el Gobierno "vaya a violar con tanta impunidad la Ley Nacional de Ambiente y la legislación de la provincia de Buenos Aires, y que le importe tan poco la seguridad de millones de argentinos" . Recordó que en Estados Unidos "los trámites de evaluación de impacto ambiental para una nueva central nuclear demandan 12 años como mínimo, tres de los cuales son destinados a consultas públicas. En Argentina el Gobierno lo reduce al ilegal trámite de firma de un contrato en China".
Funam viene advirtiendo no sólo por los riesgos de accidentes de las centrales nucleares sino también de atentados. Y hace foco en que un avión de gran porte que impacte contra los silos de desechos radioactivos ubicados en esos predios podría generar un peligro "muy grave" para una muy amplia región.
"Desde FUNAM elaboramos un Plan Ciudadano para enfrentar accidentes y eventos nucleares en 2011 sin que el Estado reaccionara desde entonces", cita el informe, que detalla esa propuesta.
Para Funam, la firma del contrato para la construcción de un reactor nuclear chino "que seguramente sería un Hualong One a uranio enriquecido, no es solamente ilegal sino también una bofetada a la sociedad, pues se haría sin licencia social y con un reactor prácticamente experimental".
Montenegro cuestionó que, a diferencia de otros países, " en Argentina no se han hecho nunca estudios epidemiológicos independientes alrededor de Atucha I, Atucha II y Embalse"
Greenpeace
La representación en Argentina de la organización internacional Greenpeace, en tanto, apuntó que “invertir en energía nuclear es un riesgo enorme e innecesario”.
“Es una energía de 5 a 6 veces más cara que la renovable. Mientras los países desarrollados, planean dejar la energía nuclear, Argentina insiste en el error. Alemania, por ejemplo, quiere cerrar sus centrales al 2022; nosotros planificamos comenzar ese mismo año a producir más", señaló Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace Argentina.
“Los ejemplos locales muestran que los costos exceden los cálculos previstos", señaló Mingo y agregó que “la construcción de una planta puede demorar 20 o 30 años y su desmantelamiento supone costos altísimos.”
Greenpeace recordó que los residuos generados por las plantas nucleares "son los más persistentes que se conozcan".
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Industria azucarera proyecta mejoras ambientales
El desafío azucarero de cultivar energía
Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - jujuy
El sector se propone contribuir a mitigar el cambio climático con diferentes productos energéticos sustentables.
El suelo como clave para la productividad, la remolacha azucarera contra la caña de azúcar, el cambio climático, diseños mejorados de molienda, estrategias para hacer frente al lobby anti azúcar, etanol de caña solución sustentable para el transporte del futuro, son algunos de los temas que técnicos y científicos de diferentes países expondrán en el primer Congreso Mundial del Azúcar que se realizará en septiembre en Tucumán, Salta y nuestra provincia. Las principales empresas de maquinarias, instituciones, ingenios, laboratorios, exportadores e importadores y demás empresas vinculadas al sector confirmaron su presencia. Con el slogan "Cultivando energía. La próxima página", el comité organizador del congreso se propone el desafío de contribuir con diferentes productos energéticos al consumo de una población mundial en constante crecimiento que ya no solo demanda alimento. El mundo necesita cantidades crecientes de energías renovables, con soluciones sustentables para mitigar los efectos negativos en el cambio climático derivados del uso de petróleo y gas.
"Confiamos en que con el inmenso potencial de la caña de azúcar y el esfuerzo de sus técnicos, este congreso nos brindará la oportunidad de establecer conocimientos e ideas, desarrollando así nuevos lineamientos para un futuro mejor", explicó.
Se apuesta a que el congreso sirva para sentar las bases de un proceso que asegure a futuro una industria mucho más eficiente de la que es hoy con el aprovechamiento integral de todo su potencial energético. Para ello, el país tiene que orientarse con mayor firmeza hacia políticas que apoyen los productos renovables como el aprovechamiento de la biomasa de la caña de azúcar y disminuir el uso de hidrocarburos.
El Congreso está organizado por la Sociedad Internacional de Tecnólogos de la Caña de Azúcar y la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar. Se espera la visita de dos mil especialistas de unos ochenta países, más una cantidad similar de investigadores y técnicos argentinos.
Las actividades se iniciarán con un pre congreso, a realizarse del 31 de agosto al 1 de septiembre en Tucumán, que incluirá visitas a instituciones, industrias y campos de producción de caña de azúcar. Mientras tanto, el congreso tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre en Tucumán, con sesiones plenarias, presentación de trabajos científicos y técnicos, exhibición de productos y maquinarias. Proseguirá del 6 al 8 de septiembre en Jujuy y Salta con una gira destinada a mostrar el desarrollo y la tecnología aplicada en la producción y los procesos industriales.
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Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - jujuy
El sector se propone contribuir a mitigar el cambio climático con diferentes productos energéticos sustentables.
El suelo como clave para la productividad, la remolacha azucarera contra la caña de azúcar, el cambio climático, diseños mejorados de molienda, estrategias para hacer frente al lobby anti azúcar, etanol de caña solución sustentable para el transporte del futuro, son algunos de los temas que técnicos y científicos de diferentes países expondrán en el primer Congreso Mundial del Azúcar que se realizará en septiembre en Tucumán, Salta y nuestra provincia. Las principales empresas de maquinarias, instituciones, ingenios, laboratorios, exportadores e importadores y demás empresas vinculadas al sector confirmaron su presencia. Con el slogan "Cultivando energía. La próxima página", el comité organizador del congreso se propone el desafío de contribuir con diferentes productos energéticos al consumo de una población mundial en constante crecimiento que ya no solo demanda alimento. El mundo necesita cantidades crecientes de energías renovables, con soluciones sustentables para mitigar los efectos negativos en el cambio climático derivados del uso de petróleo y gas.
"Confiamos en que con el inmenso potencial de la caña de azúcar y el esfuerzo de sus técnicos, este congreso nos brindará la oportunidad de establecer conocimientos e ideas, desarrollando así nuevos lineamientos para un futuro mejor", explicó.
Se apuesta a que el congreso sirva para sentar las bases de un proceso que asegure a futuro una industria mucho más eficiente de la que es hoy con el aprovechamiento integral de todo su potencial energético. Para ello, el país tiene que orientarse con mayor firmeza hacia políticas que apoyen los productos renovables como el aprovechamiento de la biomasa de la caña de azúcar y disminuir el uso de hidrocarburos.
El Congreso está organizado por la Sociedad Internacional de Tecnólogos de la Caña de Azúcar y la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar. Se espera la visita de dos mil especialistas de unos ochenta países, más una cantidad similar de investigadores y técnicos argentinos.
Las actividades se iniciarán con un pre congreso, a realizarse del 31 de agosto al 1 de septiembre en Tucumán, que incluirá visitas a instituciones, industrias y campos de producción de caña de azúcar. Mientras tanto, el congreso tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre en Tucumán, con sesiones plenarias, presentación de trabajos científicos y técnicos, exhibición de productos y maquinarias. Proseguirá del 6 al 8 de septiembre en Jujuy y Salta con una gira destinada a mostrar el desarrollo y la tecnología aplicada en la producción y los procesos industriales.
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Anteproyecto de ley por riego químico
Ambiente presenta el anteproyecto de ley de gestión del riesgo de sustancias químicas
Fecha de Publicación: 27/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Fue en el marco del trabajo de la Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos.
La Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos, liderada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, concluyó el proceso de elaboración de un proyecto de ley de gestión del riesgo de sustancias químicas. El texto apunta a crear un inventario armonizado a nivel nacional de todas las sustancias químicas producidas o introducidas en el territorio de la República Argentina, y fortalecer los mecanismos de evaluación y gestión del riesgo de las mismas.
El proyecto fue desarrollado durante un año y medio en el marco de la mencionada mesa y se trabajó también con los diferentes actores relevantes, incluyendo cámaras industriales, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil.
La mesa interministerial, que fue creada en marzo de 2018, es coordinada por la Dirección de Sustancias y Productos Químicos de la Secretaría de Ambiente y reúne mensualmente a representantes de 15 organismos públicos incluyendo a los ministerios de Transporte, Seguridad, Salud y Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Culto y Producción y Trabajo, entre otros.
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Fecha de Publicación: 27/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Fue en el marco del trabajo de la Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos.
La Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos, liderada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, concluyó el proceso de elaboración de un proyecto de ley de gestión del riesgo de sustancias químicas. El texto apunta a crear un inventario armonizado a nivel nacional de todas las sustancias químicas producidas o introducidas en el territorio de la República Argentina, y fortalecer los mecanismos de evaluación y gestión del riesgo de las mismas.
El proyecto fue desarrollado durante un año y medio en el marco de la mencionada mesa y se trabajó también con los diferentes actores relevantes, incluyendo cámaras industriales, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil.
La mesa interministerial, que fue creada en marzo de 2018, es coordinada por la Dirección de Sustancias y Productos Químicos de la Secretaría de Ambiente y reúne mensualmente a representantes de 15 organismos públicos incluyendo a los ministerios de Transporte, Seguridad, Salud y Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Culto y Producción y Trabajo, entre otros.
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Proyecto undimotriz que toma forma en la práctica
Crearon un proyecto inédito que genera energía con las olas del mar
Fecha de Publicación: 26/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Alejandro Haim es docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y en 2011 creó un equipo que genera energía a través de las ondas de las olas del mar. Este año, la facultad regional Buenos Aires de la UTN obtuvo la patente del proyecto undimotriz y comenzó la construcción del primer equipo junto con la empresa marplatense QM Equipment.
Se trata de una boya que tiene un peso aproximado de dos toneladas de acero grueso y que flota. Esto transforma el movimiento de la boya en circular. "El artefacto ya fue probado en olas y solo resta construirlo en mayor tamaño. Estamos en fase de investigación", dijo Haim.
La boya está conectada a un cable submarino, que lleva la energía generada hasta la costa y lo conectan a una subestación eléctrica. Tiene que estar lo suficientemente alejada para que haya ondas y no olas, pero cerca de la costa por la longitud del cable. Los investigadores calculan que podría estar entre 500 metros y hasta 2 kilómetros de la orilla.
El investigador hizo hincapié en que el mar siempre está en movimiento, a diferencia del resto de las energías que dependen de los combustibles fósiles, el viento o el sol. Incluso los barcos podrán abastecerse de energía a través de este equipo, sin tener que llegar a la costa.
Haim contó que la idea del proyecto nació en 2009, cuando estaba en el mar flotando con su tabla de surf y lo quiso plasmar como proyecto de tesis final de su carrera de ingeniería mecánica. Diez años después, el proyecto obtuvo la patente al nombre de la facultad, donde él es el director del Laboratorio de Estudios Sobre Energía Solar (LESES).
Con la empresa QM Equipment, la facultad está fabricando un equipo que tendrá una potencia de 30 kilowatt (kW). Mientras la compañía se encarga de la maquinaria pesada, los investigadores están en los detalles de la mecánica fina. Haim proyecta que el equipo estará terminado el año que viene y ahí podrá ser probado en el agua.
"En el exterior, hay un universo de prototipos que están siendo probados en el mar, pero no hay una tecnología que domine el mercado. Estamos en competencia para ver quién hace la mejor tecnología", indicó. La mayoría de los inventos en funcionamiento se encuentran en España, Portugal, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Alemania y China.
El financiamiento por parte de la universidad es recaudado con premios de concursos a los que asisten, en los cuales participan los investigadores con sus proyectos. "Nuestro sueño es tener el mar sembrado de estos equipos que transformen la energía de las olas en eléctrica", concluyó Haim.
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Los refugiados climáticos de Argentina
La Argentina ya tiene refugiados climáticos
Fecha de Publicación: 24/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El fenómeno es silencioso y constante. No hay mediciones oficiales, pero los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, generan en el país una nueva categoría de desplazados: los refugiados climáticos.
Los ejemplos abundan: lluvias extremas que afectan, a repetición, a los habitantes de la provincia de Buenos Aires; aluviones que partieron al medio a Comodoro Rivadavia, en Chubut, o las sequías extremas que en Santiago del Estero provocan migraciones hacia Atamisqui, obligan, muchas veces, a tomar decisiones extremas: dejar sus casas, sus cosas, para buscar suerte en otro lado.
Así lo sostiene un estudio realizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que investigó eventos en las ciudades de Luján, Comodoro Rivadavia, Atamisqui y realizó estudios de campo para documentar el fenómeno del movimiento poblacional que se genera por la crisis climática que afecta al planeta, y también a nuestro país.
"Los pobladores de los barrios de Laprida como de Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, como los vecinos de Atamisqui, se sienten muy expuestos y vulnerables frente a las inundaciones y a las sequías. Tienen la sensación de que han aumentado las temperaturas y se producen grandes y largos periodos de lluvias en el primer caso y de sequías y lluvias en el segundo", explica en el paper Roberto Aruj, investigador de la UNTREF.
Y agrega: "Frente a esta situación la gran mayoría de los pobladores de los barrios más afectados de Comodoro Rivadavia están dispuestos a trasladarse a una vivienda en una zona que no se inunde, a otro lugar donde se les permita tener una mejor calidad de vida. En cambio, en Atamisqui, la población no quiere desplazarse y solicitan la intervención del gobierno para la realización de obras para mitigar y adaptarse a los eventos climáticos extremos".
Cada realidad y experiencia es única, pero los investigadores sostienen que si se mantiene el ritmo y la intensidad de los cambios ambientales actuales, puede haber 150 millones de migrantes por causas ambientales para finales del siglo XXI en todo el planeta. No hay estimaciones para Argentina, aún.
La problemática de los movimientos poblacionales por la incidencia de los cambios climáticos extremos -que generan desplazamientos, temporarios o permanentes- afectan directamente la vida cotidiana de las personas.
Esto "influye y condiciona, por un lado, el ordenamiento territorial, el uso y distribución de los recursos, principalmente el manejo de cuencas hídricas, suelos productivos y áreas de bosques. Y por otro lado, las medidas políticas mundiales, regionales y nacionales en todos sus niveles, teniendo un rol sustantivo los gobiernos locales que deben gestionar medidas con el fin de disminuir la exposición y el riesgo para las sociedades ante este tipo fenómenos climáticos", explica Aruj a Infobae.
Uno de los habitantes de Atamisqui explica en la investigación: "Desde 2011 a la fecha se producen tormentas recurrentemente. Antes no había. Caen piedras y tornados. En los últimos meses todas las semanas tienen tormentas. En 2016 llovió 15 días seguidos y se inundó todo. Se ha elevado la temperatura."
"Las causas las atribuyen a Dios, a la falta de forestación, al deterioro de la capa de ozono, al mal uso del suelo y al cambio climático. Y es un cóctel de todo. "La gente sólo busca mejores condiciones de vida, entonces cuando se muda no lo atribuye al clima, dice que es porque no hay trabajo, porque la tierra ya no rinde como antes; pero la razón primaria es la crisis ambiental. Es por esto también que es tan difícil registrar estas migraciones", aclara el investigador.
En Atamisqui se están construyendo viviendas sociales y ecológicas, con el objetivo de relocalizar a la población y erradicar ranchos en áreas vulnerables. Para ello, se usa presupuesto de la Nación y de la provincia.
"Los vecinos comentan que ha crecido la población. Vienen de la zona rural por más comodidad, más tranquilidad, más fácil para criar a los hijos, y de otras provincias (por retorno) es más económico para ellos. Una vez que dejan de trabajar en las grandes ciudades vuelven. En 2010 allí vivían 11.800 personas, en 2018 la cantidad de habitantes ascendió a 16.000. La gente de las zonas rurales del otro lado del río está viniendo a vivir en el pueblo. Además, hay un retorno de los santiagueños que se habían ido a vivir a Buenos Aires. La ciudad aparece como un refugio frente al cambio climático.", explica el trabajo.
La primera ciudad destruida por la crisis climática
Comodoro Rivadavia, otrora sinónimo de la explotación petrolera -es el lugar donde se descubrió el primer yacimiento de la Argentina- fue también la primera ciudad devastada por la crisis climática. Uuna zona de clima desértico donde en septiembre, octubre y noviembre eran meses de viento, ahora llueve y nieva más seguidi.
Se registra entre 38 y 40% de humedad en estos meses y hace más calor en verano más frío en invierno y primavera. La hostilidad del clima extremo la golpeó con fuerza a fines de marzo de 2017: tras un termporal que se prolongó por ocho días, cayeron 400 mm de lluvia y los aluviones partieron calles y casas en dos. Autos y camionetas flotaban sin rumbo en una marea de lodo, agua y petróleo.
Consultada por los investigadores, Jimena Cores, presidenta de la Unión vecinal del barrio Juan XXIII, aseguró que en la primera tormenta se acumularon 2 metros de barro. Se les pidió a las autoridades que enviaran máquinas para retirarlo y no lo hicieron. Con la segunda tormenta, ocho días después se produjo la gran inundación con el ingreso de barro y agua a las viviendas. "No estábamos preparados", se lamenta, según el documento.
Roxana Villán. pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional en Comodoro, aporta datos científicos del cambio del clima en la región: "El viento ha disminuido. El patrón de lluvias ha cambiado, se pueden dar en cualquier momento del año; hay un aumento de las tormentas que antes no ocurrían. Además, la temperatura aumentó 0,6ºC en los últimos 50 años", describió.
La investigación también cita a Juan Pablo Luque, vice intendente de la ciudad, quien aseguró que el temporal de 2017 produjo desplazamientos poblacionales tanto temporales como permanentes. "Se evacuaron a 20 centros a más de 12,000 personas. El total de desplazamientos permanentes fue de 37 familias, las cuales perdieron sus casas y pertenencias producto de las inundaciones", cita el trabajo.
Para Carlos Acevedo, Presidente vecinal del barrio Laprida, quien llegó a Comodoro en 1976 desde Catamarca para trabajar en el petróleo, el clima extremo afectó al 40% de la población del barrio y se evacuó al 20%. Después de un año y medio todavía quedan 20 familias que no han recuperado su vivienda y siguen viviendo en otro lado. Se fueron a casa de familiares y unas cinco familias a otros barrios. "Reemplazar el lugar sería lo más correcto," recomienda el estudio.
En Luján se observa que desde el 2012 la frecuencia y magnitud de las lluvias se ha incrementado de manera notable. Se da la particularidad de que los afectados no son solo pobladores ubicados en zonas inundables por toma de tierras en la ribera del río, sino también los que se ubican en el centro de la ciudad. Se inunda inclusive la Basílica, un recurso económico de gran valor para la ciudad.
"Hay que entender que el ambiente somos todos, que formamos parte del ecosistema en el que vivimos y ahora, estamos frente a los límites de lo que está sucediendo con el clima. Pero es importante que registremos este movimiento porque no se trata sólo del desplazamiento poblacional. También están los problemas que son conexos a esa situación: problemas laborales, culturales, económicos, sociales y personales", dice Aruj.
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Fecha de Publicación: 24/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El fenómeno es silencioso y constante. No hay mediciones oficiales, pero los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, generan en el país una nueva categoría de desplazados: los refugiados climáticos.
Los ejemplos abundan: lluvias extremas que afectan, a repetición, a los habitantes de la provincia de Buenos Aires; aluviones que partieron al medio a Comodoro Rivadavia, en Chubut, o las sequías extremas que en Santiago del Estero provocan migraciones hacia Atamisqui, obligan, muchas veces, a tomar decisiones extremas: dejar sus casas, sus cosas, para buscar suerte en otro lado.
Así lo sostiene un estudio realizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que investigó eventos en las ciudades de Luján, Comodoro Rivadavia, Atamisqui y realizó estudios de campo para documentar el fenómeno del movimiento poblacional que se genera por la crisis climática que afecta al planeta, y también a nuestro país.
"Los pobladores de los barrios de Laprida como de Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, como los vecinos de Atamisqui, se sienten muy expuestos y vulnerables frente a las inundaciones y a las sequías. Tienen la sensación de que han aumentado las temperaturas y se producen grandes y largos periodos de lluvias en el primer caso y de sequías y lluvias en el segundo", explica en el paper Roberto Aruj, investigador de la UNTREF.
Y agrega: "Frente a esta situación la gran mayoría de los pobladores de los barrios más afectados de Comodoro Rivadavia están dispuestos a trasladarse a una vivienda en una zona que no se inunde, a otro lugar donde se les permita tener una mejor calidad de vida. En cambio, en Atamisqui, la población no quiere desplazarse y solicitan la intervención del gobierno para la realización de obras para mitigar y adaptarse a los eventos climáticos extremos".
Cada realidad y experiencia es única, pero los investigadores sostienen que si se mantiene el ritmo y la intensidad de los cambios ambientales actuales, puede haber 150 millones de migrantes por causas ambientales para finales del siglo XXI en todo el planeta. No hay estimaciones para Argentina, aún.
La problemática de los movimientos poblacionales por la incidencia de los cambios climáticos extremos -que generan desplazamientos, temporarios o permanentes- afectan directamente la vida cotidiana de las personas.
Esto "influye y condiciona, por un lado, el ordenamiento territorial, el uso y distribución de los recursos, principalmente el manejo de cuencas hídricas, suelos productivos y áreas de bosques. Y por otro lado, las medidas políticas mundiales, regionales y nacionales en todos sus niveles, teniendo un rol sustantivo los gobiernos locales que deben gestionar medidas con el fin de disminuir la exposición y el riesgo para las sociedades ante este tipo fenómenos climáticos", explica Aruj a Infobae.
Uno de los habitantes de Atamisqui explica en la investigación: "Desde 2011 a la fecha se producen tormentas recurrentemente. Antes no había. Caen piedras y tornados. En los últimos meses todas las semanas tienen tormentas. En 2016 llovió 15 días seguidos y se inundó todo. Se ha elevado la temperatura."
"Las causas las atribuyen a Dios, a la falta de forestación, al deterioro de la capa de ozono, al mal uso del suelo y al cambio climático. Y es un cóctel de todo. "La gente sólo busca mejores condiciones de vida, entonces cuando se muda no lo atribuye al clima, dice que es porque no hay trabajo, porque la tierra ya no rinde como antes; pero la razón primaria es la crisis ambiental. Es por esto también que es tan difícil registrar estas migraciones", aclara el investigador.
En Atamisqui se están construyendo viviendas sociales y ecológicas, con el objetivo de relocalizar a la población y erradicar ranchos en áreas vulnerables. Para ello, se usa presupuesto de la Nación y de la provincia.
"Los vecinos comentan que ha crecido la población. Vienen de la zona rural por más comodidad, más tranquilidad, más fácil para criar a los hijos, y de otras provincias (por retorno) es más económico para ellos. Una vez que dejan de trabajar en las grandes ciudades vuelven. En 2010 allí vivían 11.800 personas, en 2018 la cantidad de habitantes ascendió a 16.000. La gente de las zonas rurales del otro lado del río está viniendo a vivir en el pueblo. Además, hay un retorno de los santiagueños que se habían ido a vivir a Buenos Aires. La ciudad aparece como un refugio frente al cambio climático.", explica el trabajo.
La primera ciudad destruida por la crisis climática
Comodoro Rivadavia, otrora sinónimo de la explotación petrolera -es el lugar donde se descubrió el primer yacimiento de la Argentina- fue también la primera ciudad devastada por la crisis climática. Uuna zona de clima desértico donde en septiembre, octubre y noviembre eran meses de viento, ahora llueve y nieva más seguidi.
Se registra entre 38 y 40% de humedad en estos meses y hace más calor en verano más frío en invierno y primavera. La hostilidad del clima extremo la golpeó con fuerza a fines de marzo de 2017: tras un termporal que se prolongó por ocho días, cayeron 400 mm de lluvia y los aluviones partieron calles y casas en dos. Autos y camionetas flotaban sin rumbo en una marea de lodo, agua y petróleo.
Consultada por los investigadores, Jimena Cores, presidenta de la Unión vecinal del barrio Juan XXIII, aseguró que en la primera tormenta se acumularon 2 metros de barro. Se les pidió a las autoridades que enviaran máquinas para retirarlo y no lo hicieron. Con la segunda tormenta, ocho días después se produjo la gran inundación con el ingreso de barro y agua a las viviendas. "No estábamos preparados", se lamenta, según el documento.
Roxana Villán. pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional en Comodoro, aporta datos científicos del cambio del clima en la región: "El viento ha disminuido. El patrón de lluvias ha cambiado, se pueden dar en cualquier momento del año; hay un aumento de las tormentas que antes no ocurrían. Además, la temperatura aumentó 0,6ºC en los últimos 50 años", describió.
La investigación también cita a Juan Pablo Luque, vice intendente de la ciudad, quien aseguró que el temporal de 2017 produjo desplazamientos poblacionales tanto temporales como permanentes. "Se evacuaron a 20 centros a más de 12,000 personas. El total de desplazamientos permanentes fue de 37 familias, las cuales perdieron sus casas y pertenencias producto de las inundaciones", cita el trabajo.
Para Carlos Acevedo, Presidente vecinal del barrio Laprida, quien llegó a Comodoro en 1976 desde Catamarca para trabajar en el petróleo, el clima extremo afectó al 40% de la población del barrio y se evacuó al 20%. Después de un año y medio todavía quedan 20 familias que no han recuperado su vivienda y siguen viviendo en otro lado. Se fueron a casa de familiares y unas cinco familias a otros barrios. "Reemplazar el lugar sería lo más correcto," recomienda el estudio.
En Luján se observa que desde el 2012 la frecuencia y magnitud de las lluvias se ha incrementado de manera notable. Se da la particularidad de que los afectados no son solo pobladores ubicados en zonas inundables por toma de tierras en la ribera del río, sino también los que se ubican en el centro de la ciudad. Se inunda inclusive la Basílica, un recurso económico de gran valor para la ciudad.
"Hay que entender que el ambiente somos todos, que formamos parte del ecosistema en el que vivimos y ahora, estamos frente a los límites de lo que está sucediendo con el clima. Pero es importante que registremos este movimiento porque no se trata sólo del desplazamiento poblacional. También están los problemas que son conexos a esa situación: problemas laborales, culturales, económicos, sociales y personales", dice Aruj.
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El extractivismo del litio con crecimiento exponencial
La inversión en exploración de litio creció 928% desde 2015
Fecha de Publicación: 24/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
El presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones de litio en el país creció 928% desde 2015 y el número de empresas involucradas pasó de 7 en ese año a 24 en 2018, según se destacó durante la primera jornada del VIII Seminario Litio en Sudamérica, en la ciudad de Jujuy.
De la apertura del encuentro participaron el subsecretario de Desarrollo Minero del Ministerio de Producción y Trabajo, Mariano Lamothe; el ministro de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler; el de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud y el presidente del Consejo Federal Minero, Rodolfo Micone.
En el encuentro se resaltó que la Argentina tiene la oportunidad de ser un actor estratégico en la cadena global de valor de los vehículos eléctricos y en energías renovables, que es donde hoy participa el litio.
En ese sentido, el potencial de los recursos hasta hoy conocidos en el país permite asegurar la existencia de reservas para abastecer la demanda de litio de los próximos 200 años.
Los especialistas coinciden en señalar que la Argentina tiene un rol protagónico en la producción mundial de litio y se están haciendo inversiones para ampliar su participación, en un mercado global aún relativamente pequeño.
Durante el encuentro se precisó que el presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones de litio en el país desde el 2015 creció 928% y el número de empresas involucradas en estos proyectos pasó de 7 en ese año a 24 en 2018.
Ante la magnitud del recurso, se destacó que la Argentina debe buscar su consolidación como un proveedor seguro y competitivo que permita transformarse en los proveedores del aumento de la demanda futura de litio.
Para ello, los participantes del encuentro coincidieron en la necesidad de potenciar el trabajo coordinado con las provincias para que el sector minero, y el litio en particular, sean una oportunidad para el desarrollo productivo sustentable del país, la generación de empleo registrado y para integrar las cadenas de valor globales.
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Fecha de Publicación: 24/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
El presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones de litio en el país creció 928% desde 2015 y el número de empresas involucradas pasó de 7 en ese año a 24 en 2018, según se destacó durante la primera jornada del VIII Seminario Litio en Sudamérica, en la ciudad de Jujuy.
De la apertura del encuentro participaron el subsecretario de Desarrollo Minero del Ministerio de Producción y Trabajo, Mariano Lamothe; el ministro de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler; el de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud y el presidente del Consejo Federal Minero, Rodolfo Micone.
En el encuentro se resaltó que la Argentina tiene la oportunidad de ser un actor estratégico en la cadena global de valor de los vehículos eléctricos y en energías renovables, que es donde hoy participa el litio.
En ese sentido, el potencial de los recursos hasta hoy conocidos en el país permite asegurar la existencia de reservas para abastecer la demanda de litio de los próximos 200 años.
Los especialistas coinciden en señalar que la Argentina tiene un rol protagónico en la producción mundial de litio y se están haciendo inversiones para ampliar su participación, en un mercado global aún relativamente pequeño.
Durante el encuentro se precisó que el presupuesto exploratorio en proyectos y operaciones de litio en el país desde el 2015 creció 928% y el número de empresas involucradas en estos proyectos pasó de 7 en ese año a 24 en 2018.
Ante la magnitud del recurso, se destacó que la Argentina debe buscar su consolidación como un proveedor seguro y competitivo que permita transformarse en los proveedores del aumento de la demanda futura de litio.
Para ello, los participantes del encuentro coincidieron en la necesidad de potenciar el trabajo coordinado con las provincias para que el sector minero, y el litio en particular, sean una oportunidad para el desarrollo productivo sustentable del país, la generación de empleo registrado y para integrar las cadenas de valor globales.
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Humedales abandonados a su suerte por el gobierno
Humedales: lapidario informe de la Auditoría de la Nación sobre la inacción del gobierno
Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Dos Ambientes Noticias Verdes
Provincia/Región: Nacional
Ni presupuesto, ni trabajo de campo, ni estrategia, ni información pública. Nada. Ese es el resumen de lo (no) hecho por el gobierno nacional en los últimos años en relación al estudio y la conservación de los Humedales, ecosistemas cada vez más valorados a nivel internacional por los variados y ricos servicios ambientales que prestan a su entorno. Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación publicado el pasado 11 de junio donde se describe el grado de desidia y falta de trabajo de las áreas competentes en el tema, entre las cuáles se destaca la secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.
“Durante el período auditado (entre 2015 y 2017) no hay evidencia de trabajo coordinado entre la Secretaría y la Conadibio (Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica). Tampoco se observa que la conservación de los Humedales haya sido tratada en las subcomisiones” señala la auditoria, que agrega que al día de hoy la Conadibio “no poseía información concreta ni informe preliminar” sobre la situación de los Humedales, a pesar de que este debía ser entregado en diciembre pasado.
La Auditoría también relevó que por ahora sólo se publicó el primer nivel del inventario nacional de humedales (todavía faltan el dos y el tres) “a pesar de que es el instrumento esencial para la elaboración y aplicación de políticas de cuidado”. Al mismo tiempo se señala que “no existe en el presupuesto nacional una partida específica para la realización de este inventario ni hay planificación específica para su realización” y se observa “una falta de lineamientos comunes para todo el territorio nacional”. Tampoco se detectaron “criterios técnicos utilizados para la selección y priorización de las provincias donde se realizaron las pruebas piloto”.
Sitios Ramsar
Respecto a los sitios Ramsar, lugares considerados como humedales de importancia internacional , la Auditoria expresó que las instancias gubernamentales “no realizaron una evaluación rigurosa de los sitios” ni tampoco desarrollaron un sistema de evaluación ni de monitoreo para establecer su grado de conservación ni para relevar su dinámica. El organismo de control agregó que la información suministrada por esas áreas “posee inconsistencias y en algunos casos es insuficiente” ya que de los 23 expedientes solicitados sólo se suministró información sobre tres sitios.
“La falta de información ocasiona que no se tenga un expediente detallado de cada sitio Ramsar, dificulta su monitoreo e impide realizar un seguimiento”, dice el informe, que denuncia a estas acciones como “una restricción significativa de acceso a la información pública”.
Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales tampoco hizo lo que tenía que hacer ya que no incluyó ni estrategias ni acciones concretas de defensa de los sitios Ramsar bajo su jurisdicción. Además, según la auditoria, los parques nacionales que poseen sitios Ramsar no tienen personal suficiente para su cuidado y conservación.
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Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Dos Ambientes Noticias Verdes
Provincia/Región: Nacional
Ni presupuesto, ni trabajo de campo, ni estrategia, ni información pública. Nada. Ese es el resumen de lo (no) hecho por el gobierno nacional en los últimos años en relación al estudio y la conservación de los Humedales, ecosistemas cada vez más valorados a nivel internacional por los variados y ricos servicios ambientales que prestan a su entorno. Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación publicado el pasado 11 de junio donde se describe el grado de desidia y falta de trabajo de las áreas competentes en el tema, entre las cuáles se destaca la secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.
“Durante el período auditado (entre 2015 y 2017) no hay evidencia de trabajo coordinado entre la Secretaría y la Conadibio (Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica). Tampoco se observa que la conservación de los Humedales haya sido tratada en las subcomisiones” señala la auditoria, que agrega que al día de hoy la Conadibio “no poseía información concreta ni informe preliminar” sobre la situación de los Humedales, a pesar de que este debía ser entregado en diciembre pasado.
La Auditoría también relevó que por ahora sólo se publicó el primer nivel del inventario nacional de humedales (todavía faltan el dos y el tres) “a pesar de que es el instrumento esencial para la elaboración y aplicación de políticas de cuidado”. Al mismo tiempo se señala que “no existe en el presupuesto nacional una partida específica para la realización de este inventario ni hay planificación específica para su realización” y se observa “una falta de lineamientos comunes para todo el territorio nacional”. Tampoco se detectaron “criterios técnicos utilizados para la selección y priorización de las provincias donde se realizaron las pruebas piloto”.
Sitios Ramsar
Respecto a los sitios Ramsar, lugares considerados como humedales de importancia internacional , la Auditoria expresó que las instancias gubernamentales “no realizaron una evaluación rigurosa de los sitios” ni tampoco desarrollaron un sistema de evaluación ni de monitoreo para establecer su grado de conservación ni para relevar su dinámica. El organismo de control agregó que la información suministrada por esas áreas “posee inconsistencias y en algunos casos es insuficiente” ya que de los 23 expedientes solicitados sólo se suministró información sobre tres sitios.
“La falta de información ocasiona que no se tenga un expediente detallado de cada sitio Ramsar, dificulta su monitoreo e impide realizar un seguimiento”, dice el informe, que denuncia a estas acciones como “una restricción significativa de acceso a la información pública”.
Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales tampoco hizo lo que tenía que hacer ya que no incluyó ni estrategias ni acciones concretas de defensa de los sitios Ramsar bajo su jurisdicción. Además, según la auditoria, los parques nacionales que poseen sitios Ramsar no tienen personal suficiente para su cuidado y conservación.
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Estiman un 10% de renovables para fin de año
Estiman que a fin de año las renovables llegarán al 10% de la matriz energética
Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La participación de las energías renovables en la matriz de generación eléctrica "ya creció de un 2 a un 5%, para fin de año esa proporción llegará a un 10% y pretendemos llevarla en 2020 a un 15%", señaló el director nacional de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Maximiliano Morrone.
El funcionario participó esta semana en el 10° Encuentro sobre Estrategias Ambientales en la sede porteña de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde remarcó que las fuentes renovables "eran la gran deuda que mantenía la Argentina en materia energética".
"Lo que hicimos en el rubro -sostuvo Morrone- fue implementar la ley y aplicar distintos programas que derivaron en compromisos de inversión por US$ 10.000 millones, la creación de 9.000 empleos y la ejecución de grandes proyectos por 6.500 Mw (megavatios) de capacidad".
Durante el encuentro, organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA), el presidente de la Cámara de Energías Renovables (CADER), Marcelo Alvarez, afirmó que "lo que hoy se ve no es una moda tecnológica ni un resabio de culpa ideológica de un sector social, sino un cambio de paradigma".
El diputado nacional Juan Carlos Villalonga, promotor de la ley de generación distribuida, sostuvo a su vez que "el éxito alcanzado demuestra la potencia que tienen las energías renovables".
A su juicio, "hay que aprovechar el cambio cultural para empezar a debatir sobre la decarbonización de la economía", mientras las renovables amplían su participación hasta el 35% de la matriz hacia 2030.
En representación de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación disertó
Cecilia Lichtenstein, asesora de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación, quien remarcó la importancia de no repetir los errores ambientales registrados en otros países, "para lo cual estamos trabajando en el control de los diques de cola; en la conformación de planes de contingencia ante incidentes; y en un sistema de indicadores de sostenibilidad minera".
El subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, destacó por su parte el trabajo del Gobierno para actualizar las normas en materia de residuos peligrosos, gestión de sitios contaminados, circulación vehicular, etiquetado de eficiencia energética y gestión de químicos, entre otros aspectos.
"Tenemos la necesidad imperiosa de que todos estos proyectos se transformen en políticas públicas regulatorias para que el sector industrial participe activamente en los procesos de gestión ambiental, ya que productividad y ambiente no son dos conceptos antagónicos", advirtió el funcionario.
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Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La participación de las energías renovables en la matriz de generación eléctrica "ya creció de un 2 a un 5%, para fin de año esa proporción llegará a un 10% y pretendemos llevarla en 2020 a un 15%", señaló el director nacional de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Maximiliano Morrone.
El funcionario participó esta semana en el 10° Encuentro sobre Estrategias Ambientales en la sede porteña de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde remarcó que las fuentes renovables "eran la gran deuda que mantenía la Argentina en materia energética".
"Lo que hicimos en el rubro -sostuvo Morrone- fue implementar la ley y aplicar distintos programas que derivaron en compromisos de inversión por US$ 10.000 millones, la creación de 9.000 empleos y la ejecución de grandes proyectos por 6.500 Mw (megavatios) de capacidad".
Durante el encuentro, organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA), el presidente de la Cámara de Energías Renovables (CADER), Marcelo Alvarez, afirmó que "lo que hoy se ve no es una moda tecnológica ni un resabio de culpa ideológica de un sector social, sino un cambio de paradigma".
El diputado nacional Juan Carlos Villalonga, promotor de la ley de generación distribuida, sostuvo a su vez que "el éxito alcanzado demuestra la potencia que tienen las energías renovables".
A su juicio, "hay que aprovechar el cambio cultural para empezar a debatir sobre la decarbonización de la economía", mientras las renovables amplían su participación hasta el 35% de la matriz hacia 2030.
En representación de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación disertó
Cecilia Lichtenstein, asesora de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación, quien remarcó la importancia de no repetir los errores ambientales registrados en otros países, "para lo cual estamos trabajando en el control de los diques de cola; en la conformación de planes de contingencia ante incidentes; y en un sistema de indicadores de sostenibilidad minera".
El subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, destacó por su parte el trabajo del Gobierno para actualizar las normas en materia de residuos peligrosos, gestión de sitios contaminados, circulación vehicular, etiquetado de eficiencia energética y gestión de químicos, entre otros aspectos.
"Tenemos la necesidad imperiosa de que todos estos proyectos se transformen en políticas públicas regulatorias para que el sector industrial participe activamente en los procesos de gestión ambiental, ya que productividad y ambiente no son dos conceptos antagónicos", advirtió el funcionario.
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La Justicia argentina cómplice del genocidio por Glifosato
Glifosato: la Corte Suprema y toda la Justicia argentina es cómplice del genocidio
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Nacional
Como profesional del Derecho, el dolor y la impotencia ante tanta connivencia del Poder Judicial es inconmensurable. ¿Cuántos más deben morir para que entiendan que el Roundup glifosato y todas sus formulaciones son cancerígenas? Algunos científicos ya lo consideran más tóxico que el DDT, que para prohibirlo llevó más de 50 años y quien logró tal hazaña y no pudo verlo en vida, fue la bióloga Rachel Carson, quien falleció en 1964.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) también clasificó a los insecticidas DDT y lindano. El DDT fue clasificado como “probable cancerígeno” en base a pruebas suficientes de que produce cáncer en animales de experimentación y existen “pruebas limitadas” en humanos. En 1973, once años después de la publicación de "Primavera silenciosa", la EPA (Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos) prohibió el uso del DDT. En Argentina, recién se prohibió en 1990.
Pero ya no tendrán justicia los afectados que han fallecido por los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos en Argentina. Tal es el caso de la beba Julieta Florencia Sandoval, quien nació el 15 de abril de 2010, y murió a los siete meses, el 13 de diciembre del mismo año, en Bandera, Santiago del Estero. Ya no podía respirar porque sus pulmones eran apretados contra la escoliosis severa de su columna, tenía una traqueotomía, nació con varias malformaciones, hidrocefalia, parálisis facial y parálisis cerebral. Fue concebida en un ambiente impactado por agroquímicos. Un feto que a los 28 días de gestación ya recibía todos los efectos de los tóxicos. Sus padres trabajaban en el campo, su tío y su abuelo eran fumigadores terrestres en los famosos "mosquitos". Su abuelo falleció y su abuela padece varias enfermedades por compartir la misma casa contaminada.
Fabián Tomasi, el fumigador de Basavilbaso, Entre Ríos, falleció a los 52 años en septiembre de 2018. Padecía una polineuropatía tóxica severa. Él no se cansaba difundir los peligros a los que fue expuesto cuando llenaba los tanques de las avionetas con Round Up y distintos cocteles manipulándolos sin ninguna protección, y hasta jugando con las gotas de los picos de la avioneta, donde bajo su sombra, almorzaba a la vera de los sembradíos que serían fumigados minutos después.
Ambos son actores en el amparo y sus desprendimientos a la fecha, pero también fallecieron algunos testigos de ese agrocidio. Entre ellos el científico doctor Andrés Carrasco, en mayo de 2014, investigador del Conicet, quien fue director del laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y puso en alerta al país que los intereses de quienes lideran la economía mundial ponían en serio riesgo la salud. Los mismos que hoy festejan la cosecha récord de soja.
El doctor Hugo Néstor “Bubi” Gómez Demaio, con una incalculable prueba fotográfica y empírica de las malformaciones más diversas en los niños de Misiones, nos dejó en julio de 2017 y poco después el 13 de diciembre de 2017 falleció el médico santafesino Rodolfo Páramo, quien denunció los primeros 12 casos de nacimientos con malformaciones en la ciudad de Malabrigo. Mi gran amigo, y todos mis compañeros de Congresos y viajes se han ido y duele seguir esta lucha sin ellos.
A diferencia de los Tribunales estadounidenses, nuestra Justicia Federal Argentina rechazó los autos “Giménez, Alicia Fany y Otros C/ Ministerio de Agroindustria y Otros s/ Medida Cautelar (Autónoma)” donde un grupo de ciudadanos demandaron ponerle un límite a los agrotóxicos.
Los abogados iniciaron la causa madre en el año 2012 ante la Corte Suprema de Argentina, los doctores Horacio Rodolfo Belosi, Miguel Araya, Daniel Eduardo Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gomez, Jorge Alberto Mosset Iturraspe Cravin, y Santiago Andres Kapun. Algunos de ellos fueron letrados en el leading case "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios"(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo) donde la Corte dio cátedra, a diferencia de su actual composición.
Se trata de la demanda contra las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santiago del Estero, contra el Ministerio de Agroindustria, contra el Consejo Federal de Medio Ambiente y las empresas Monsanto; Dow AgroSciences, Nidera y Syngenta, entre otras.
Los amparistas buscamos una declaración judicial sobre la determinación científica de la inocuidad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de origen animal o vegetal. También se requirió que se ordenara la suspensión provisional de “la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas” y estén directamente relacionados con el cultivo de soja, maíz, girasol, trigo, algodón, y de todos los actos administrativos que aprobaron desde la Resolución nula N*167/1997. Esa suspensión provisional también abarca la aplicación de agroquímicos, herbicidas, fitosanitarios, fungicidas y/o “cualquier otro paquete químico atado al uso de las semillas transgénicas”, ya sea mediante fumigaciones terrestres (mosquitos, mochilas, aspersores) o aéreas (avión) que contengan glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”.
Cada una de las presentaciones desde el año 2012 a la fecha, fueron sistemáticamente rechazadas por cuanto juzgado sorteado en los que cayera, como si fuera una papa caliente. Aquí en la imagen que adjunto están solo algunas de las causas llevadas a Tribunales que se desprenden del amparo presentado en 2012. Uno de ellos que data del año 2014 espera hoy los votos de la Corte Suprema, y se encuentra en el despacho del juez Rosenkrantz.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, falló o firmó resoluciones sobre 20 empresas que antes de estar en la Corte, defendió como abogado. Las benefició a todas, pese a que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es claro en su artículo 17 respecto a la recusación con expresión de causa. Sin embargo, el presidente de la Corte no obedeció el mandato de la ley, contrariando lo dicho en su primer discurso de apertura del año judicial el 19 de marzo último, donde reconoció que el Poder Judicial atraviesa una “crisis de legitimidad” y de “confianza” que “hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana” y que “se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho”.
A diferencia de Argentina, en Estados Unidos la primer demanda de este tipo que llegó a juicio y condenó a Monsanto a pagar más de 289.25 millones de dólares en daños, incluidos 250 millones de dólares en daños punitivos por ocultar con malicia la peligrosidad del producto estrella de la compañía. La jueza del caso redujo estos últimos a 39.2 millones, en una orden con fecha del 22 de octubre de 2018, dejando el monto final en 79.5 millones y reconfirmando la culpabilidad de Monsanto.
En agosto de 2018, un jardinero de escuelas de 46 años llamado Dwayne Johnson usaba regularmente a Roundup en su trabajo en el distrito escolar en el norte California. Después de pasar años mezclando y rociando la sustancia química, Johnson desarrolló una erupción, que se convirtió en lesiones y luego en linfoma no Hodgkin. El caso fue tramitado de urgencia porque a Johnson le pueden quedar meses de vida. El jurado consideró probado que los agrotóxicos Roundup y Ranger Pro causaron el linfoma y que Monsanto no informó en el marbete la peligrosidad de los formulados, componentes que la sentencia considera que causan cáncer.
En California es obligatorio que todo lo que lleve un componente cancerígeno esté etiquetado. El abogado de Monsanto citó décadas de estudios en los que no existe ninguna relación entre el glifosato y el tipo de cáncer que padece Johnson. Pero la conclusión de que Monsanto "obró de mala fe" se basó en que el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un organismo de la Organización Mundial de la Salud, califica el glifosato como “probablemente cancerígeno” y el fallo encontró al herbicida de la empresa como "un factor sustancial para causar cáncer".
En marzo de 2019, la exposición al Roundup también fue un "factor determinante" en el desarrollo del cáncer de Edwin Hardeman Hardeman, quien fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en febrero de 2015 después de usar Roundup en su propiedad rociandolo más de 300 veces en 26 años.
También a finales de marzo de 2019 condenó a la compañía Monsanto a pagar más de 2.000 millones de dólares a Alva y Alberta Pilliod, un matrimonio de 70 años de San Francisco que usó el herbicida Roundup en sus tierras, y contrajeron cáncer. Monsanto deberá pagarles una indemnización de 2.000 millones de dólares (1.000 millones a cada uno) además de otros 55 millones en compensación por pérdidas económicas y perjuicio moral, entre otros. Alva Pilliod fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 2011 y Alberta fue diagnosticada en 2015.
A partir de marzo de 2019, el glifosato se ha restringido en 28 países de todo el mundo. En una encuesta de 2016, aproximadamente el 66 por ciento de los encuestados en los cinco países más grandes de la Unión Europea apoyaron la prohibición de los productos con glifosato.
Pero todo lo que antecede parece no ser suficiente para los jueces de Argentina, ni para la Corte Suprema, que rechaza todos los amparos y se convierte en cómplice del genocidio en masa de los más de 44 millones de habitantes que en forma directa e indirecta somos envenenados a diario por todas esas empresas. Que además nos alimentan con la cuota diaria de venenos, talan nuestros bosques, causan inundaciones y el mayor número de alergias y enfermedades que afectan en su mayoría a niños que son los que más expuestos están a los riesgos y a la ubicuidad de los venenos, tanto en zonas de sembradíos como en las ciudades.
Bayer compró Monsanto solo dos meses antes del veredicto de Dwayne Johnson, y deberá enfrentar más de 13 mil juicios en los Estados Unidos. Muchas de las víctimas no llegarán a la sentencia con vida. Y las familias de los jueces también están en la lista, nadie está salvo del Roundup.
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Forman una red federal para asistir varamientos
Crean una red federal para asistir varamientos de fauna marina en las costas argentinas
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente de la Nación en conjunto con provincias costeras, organizaciones y referentes académicos crearon hoy la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, para rescatar a ballenas, orcas, delfines, elefantes, lobos, aves y tortugas marinas en situación de riesgo en las costas.
"El rescate de fauna marina se da en situaciones complejas, donde cada minuto cuenta, y en muchos casos involucra a especies amenazadas. Esta red nos permite estar mejor preparados, reforzar las capacidades de respuesta y ampliar las estrategias preventivas", aseguró Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos.
Según comentó, los eventos de animales marinos en situación de riesgo en las costas argentinas incrementaron en los últimos años.
"La iniciativa para fortalecer la conservación de la biodiversidad en un marco de ordenamiento ambiental de los espacios costeros y marítimos", destacó.
En este sentido, habrá manuales de procedimiento para la atención de fauna marina en situación de vulnerabilidad siguiendo estándares internacionales y se favorecerá el intercambio de información entre las provincias y organismos.
Además, se creará un registro nacional de varamientos para identificar los problemas ambientales que afecten a la fauna en nuestras costas y mares.
La red está integrada por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, la Administración de Parques Nacionales, Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y participan organizaciones de la sociedad civil y las principales instituciones académicas que trabajan en la temática.
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Ambiente presenta un plan contra los cebos tóxicos
Ambiente presentó la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos
Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Fundación Bioandina Argentina presentaron la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos, en el marco de un trabajo articulado para preservar al cóndor, ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino.
En representación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, estuvieron presentes Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, y Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental. “Estamos en Mendoza, en el lanzamiento de esta estrategia, que trabajamos desde nuestra Secretaría junto con la Fundación Bioandina, con la Secretaría de Ambiente provincial y con cada una de las 14 provincias que tienen distribución del cóndor en nuestro país. Estamos inaugurando una muestra participativa de concientización, junto con un taller con actores locales donde apuntamos a construir el contenido de la estrategia y del protocolo de actuación ante casos de envenenamiento”, detalló Chervin en relación a esta iniciativa de preservación y conservación.
La muestra mencionada es una exposición científica, cultural y educativa sobre el Programa Conservación del Cóndor Andino que se realiza en el Museo de la Educación de Mendoza, como parte de una campaña de concientización orientada a desestimar el uso de cebos tóxicos. Allí se entregaron kits de intervención de urgencia ante casos de envenenamiento, que están destinados a las 14 provincias donde habita el cóndor andino para trabajar bajo protocolos de bioseguridad, facilitando la toma de muestras para estudios científicos y acciones legales y permitiendo sanear las zonas donde se haya cometido envenenamiento.
En relación a este equipamiento, la subsecretaria nacional detalló: “Este kit, que se entrega a la autoridad ambiental provincial, está compuesto por elementos de bioseguridad para el personal que trabaja a campo ante la detección de estos casos. También contiene elementos para la toma de muestras y posterior realización de análisis toxicológicos; es un equipamiento para documentar los hallazgos y poder diseñar políticas públicas en la materia. Entre ellos, GPS para georeferenciar lo que se encuentra a campo y cámaras de fotos especiales”.
La Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos está orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna local y parte de la construcción participativa de las instituciones protagónicas involucradas en esta problemática. Las acciones previstas se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Estuvieron presentes, además, autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Rural, ONG, referentes académicos y guardaparques.
Por su parte, mañana se realizará una jornada de capacitación sobre el cóndor andino y la problemática del uso de cebos tóxicos. En ese contexto, Luis Jácome, de la Fundación Bioandina, presentará el Programa Conservación del Cóndor Andino —que contempla la rehabilitación de ejemplares de esta especie y su posterior liberación al entorno natural—, y abordará las principales amenazas que afectan al animal, en particular el impacto negativo que sufre derivado del uso de cebos tóxicos.
Asimismo, representantes la Secretaría de Ambiente de Mendoza expondrán sobre el “caso Los Molles”, en relación al hallazgo de 34 cóndores muertos por envenenamiento en la localidad mendocina de Malargüe, en enero de 2018.
Durante la jornada, Rayén Estrada Pacheco, de la Fundación Bioandina, hablará sobre la problemática del uso de cebos tóxicos para la vida silvestre y la salud humana, y, luego, sobre los protocolos de actuación ante casos de envenenamiento por la utilización de estos productos.
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Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Fundación Bioandina Argentina presentaron la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos, en el marco de un trabajo articulado para preservar al cóndor, ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino.
En representación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, estuvieron presentes Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, y Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental. “Estamos en Mendoza, en el lanzamiento de esta estrategia, que trabajamos desde nuestra Secretaría junto con la Fundación Bioandina, con la Secretaría de Ambiente provincial y con cada una de las 14 provincias que tienen distribución del cóndor en nuestro país. Estamos inaugurando una muestra participativa de concientización, junto con un taller con actores locales donde apuntamos a construir el contenido de la estrategia y del protocolo de actuación ante casos de envenenamiento”, detalló Chervin en relación a esta iniciativa de preservación y conservación.
La muestra mencionada es una exposición científica, cultural y educativa sobre el Programa Conservación del Cóndor Andino que se realiza en el Museo de la Educación de Mendoza, como parte de una campaña de concientización orientada a desestimar el uso de cebos tóxicos. Allí se entregaron kits de intervención de urgencia ante casos de envenenamiento, que están destinados a las 14 provincias donde habita el cóndor andino para trabajar bajo protocolos de bioseguridad, facilitando la toma de muestras para estudios científicos y acciones legales y permitiendo sanear las zonas donde se haya cometido envenenamiento.
En relación a este equipamiento, la subsecretaria nacional detalló: “Este kit, que se entrega a la autoridad ambiental provincial, está compuesto por elementos de bioseguridad para el personal que trabaja a campo ante la detección de estos casos. También contiene elementos para la toma de muestras y posterior realización de análisis toxicológicos; es un equipamiento para documentar los hallazgos y poder diseñar políticas públicas en la materia. Entre ellos, GPS para georeferenciar lo que se encuentra a campo y cámaras de fotos especiales”.
La Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos está orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna local y parte de la construcción participativa de las instituciones protagónicas involucradas en esta problemática. Las acciones previstas se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Estuvieron presentes, además, autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Rural, ONG, referentes académicos y guardaparques.
Por su parte, mañana se realizará una jornada de capacitación sobre el cóndor andino y la problemática del uso de cebos tóxicos. En ese contexto, Luis Jácome, de la Fundación Bioandina, presentará el Programa Conservación del Cóndor Andino —que contempla la rehabilitación de ejemplares de esta especie y su posterior liberación al entorno natural—, y abordará las principales amenazas que afectan al animal, en particular el impacto negativo que sufre derivado del uso de cebos tóxicos.
Asimismo, representantes la Secretaría de Ambiente de Mendoza expondrán sobre el “caso Los Molles”, en relación al hallazgo de 34 cóndores muertos por envenenamiento en la localidad mendocina de Malargüe, en enero de 2018.
Durante la jornada, Rayén Estrada Pacheco, de la Fundación Bioandina, hablará sobre la problemática del uso de cebos tóxicos para la vida silvestre y la salud humana, y, luego, sobre los protocolos de actuación ante casos de envenenamiento por la utilización de estos productos.
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Parque eólico de Jaramillo entró en operaciones
El mayor parque eólico del país entró en operaciones y produce energía para 100.000 hogares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
Ayer quedó inaugurado el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, en Jaramillo, a 100 kilómetros de Pico Truncado, en Santa Cruz. Se trata del Bicentenario, construido por la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría de Energía a través del programa RenovAr 1.5.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455 héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater). Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2. Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total de US$300 millones.
El acto de ayer fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado, otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
Ayer quedó inaugurado el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, en Jaramillo, a 100 kilómetros de Pico Truncado, en Santa Cruz. Se trata del Bicentenario, construido por la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría de Energía a través del programa RenovAr 1.5.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455 héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater). Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2. Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total de US$300 millones.
El acto de ayer fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado, otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
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Ley forestal: la actividad afectaría áreas de diversidad
Aves Argentinas pidió revisar ley forestal para proteger pastizales y humedales
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Nacional
La ONG “Aves Argentinas” pidió la revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales.
Sostiene que la intensificación y aumento de la actividad forestal en la región NEA, en especial en Corrientes, afectaría áreas de diversidad de aves, entre ellas poblaciones remanentes de especies en peligro de extinción.
En un crítico y controvertido documento, Aves Argentinas dejó expresado la posición institucional de la organización respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.
“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas(Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales, y reproducida por Argentina Forestal.
Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.
De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.
La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.
Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.
Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud”.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Nacional
La ONG “Aves Argentinas” pidió la revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales.
Sostiene que la intensificación y aumento de la actividad forestal en la región NEA, en especial en Corrientes, afectaría áreas de diversidad de aves, entre ellas poblaciones remanentes de especies en peligro de extinción.
En un crítico y controvertido documento, Aves Argentinas dejó expresado la posición institucional de la organización respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.
“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas(Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales, y reproducida por Argentina Forestal.
Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.
De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.
La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.
Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.
Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud”.
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Salta: empresarios contra ley de glaciares
Advertencia empresarial sobre la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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El litio y el riesgo hídrico
Estudios técnicos revelan riesgo hídrico en zonas de explotación de litio
Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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