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La peligrosa geoingeniería tiene sus adeptos nacionales
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Cambio climático: científicos argentinos estudiarán los efectos de la geoingeniería solar
Fecha de Publicación: 28/12/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Simularán los efectos de esta controvertida tecnología en la Cuenca del Plata. El programa es uno de los ocho financiados por un proyecto internacional destinado a países en desarrollo
Un equipo de científicos argentinos estudiará los efectos de la geoingeniería solar, una técnica que pretende frenar el paso de los rayos del sol a la atmósfera con el uso de aerosoles y con esto enfriar la atmósfera, en los ciclos hidrológicos de la Cuenca del Plata.
Los expertos locales, liderados por Inés Camilloni, licenciada en Meteorología e investigadora de la UBA y del Conicet, conforman uno de los ocho equipos de científicos de países en desarrollo que realizarán una investigación pionera respecto de esta controvertida propuesta para frenar el calentamiento global. Los estudios buscan comprender cómo la gestión de la radiación solar de la geoingeniería podría afectar a algunos de los países más pobres del mundo y a las regiones más vulnerables al clima.
Los equipos serán los primeros en recibir subvenciones del nuevo Fondo DECIMALS (Developing Country Impacts Modelling Analysis for SRM), y explorarán la forma en esa técnica podría afectar, entre otras cosas, al polvo que generan las tormentas en Oriente Medio, las sequías en el sur de África, la propagación del cólera en Bangladesh, y las precipitaciones en América del Sur.
"Estamos muy contentos porque es la primera que la investigación se realizará desde los países que más sufren los impactos del cambio climático. Lo que queremos simular es si el potencial uso de esta tecnología no empeorará las condiciones", explicó Camilloni a Infobae.
Las geoingeniería solar aparece hoy como una técnica de ciencia ficción, sostiene la revista Nature en el artículo sobre las investigaciones que encararán los países en desarrollo: inyectar en la estratósfera partículas que puedan bloquear el paso de la luz solar o incluso flotas de barcos que blanqueen las nubes bajas para que reflejen esa misma luz. Todo está en etapa de prueba, pero claramente los países desarrollados que cuentan con los fondos y la tecnología podrían ser los que avancen con la novedad.
"Esta tecnología es controvertida no sólo porque promete soluciones y podría demorar aún más los esfuerzos que los países tienen que hacer para disminuir los gases contaminantes sino porque, además, según la latitud también podría empeorar la situación. Elegimos hacer la simulación del estudio en la Cuenca del Plata porque, además de la Argentina, incluye a Uruguay, Brasil y Paraguay", agregó Camilloni.
El trabajo, que se prolongará por dos años, se denomina "Impactos del manejo de la radiación solar en el ciclo del agua en la cuenca del Plata" y también será realizado por los científicos Carla Gulizia, Natalia Montroull y Ramiro Saurral del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera de la UBA y del Conicet. Para poder hacer la simulación se cargarán los datos que emulan la nueva tecnología, y son las erupciones volcánicas.
"El efecto de una erupción es el mismo; se cargan los datos en el simulador sobre el área que estaremos analizando y aparecerán los efectos en las precipitaciones, pero también en los niveles de las aguas del río", agregó la experta.
El artículo publicado en Nature indica: "Una década de investigación de modelos indica que la geoingeniería solar podría reducir muchos de los peores efectos del cambio climático si se despliega con moderación. Por ejemplo, inyectar 5 megatoneladas de dióxido de azufre en la estratósfera cada año -aproximadamente una cuarta parte de la liberada por la erupción del Monte Pinatubo en 1991- podría mantener el calentamiento por debajo de los 2 °C. Los estudios han revelado que la geoingeniería solar también debería ser capaz de reducir los impactos climáticos sobre la hidrología, corrigiendo las tendencias en las que las regiones húmedas se vuelven más húmedas y las regiones secas más secas. La disminución de las temperaturas ralentizaría el aumento del nivel del mar y podría frenar la creciente incidencia y fuerza de los ciclones tropicales".
Pero no todos los estudios son tan optimistas. Hay otros científicos que creen que sólo enmascararía el impacto de los gases de efecto invernadero; que la acidificación de los océanos seguiría siendo una amenaza para la vida marina y que también falta investigación para conocer los efectos de los aerosoles que se usarían en la salud y en el ambiente.
El proyecto argentino fue elegido entre 80 propuestas que se presentaron. Entre los ganadores también hay trabajos de científicos de Irán, Benin, Jamaica, Costa de Marfil, Sudáfrica, Indonesia y Bangladesh.
Durante 2018 el cambio climático, sus efectos y la urgencia en la acción drástica de los modos de consumo cobró notoriedad luego de la difusión en octubre de un reporte especial, denominado 1.5ºC en el que los científicos del IPCC advierten que, de no hacer nada, la suba global de la temperatura podría llegar antes de lo esperado: para mitad de siglo.
Patricia Espinosa, secretaria Ejecutiva de la ONU para el cambio climático sostuvo hace pocos días: "El riesgo es real y hay poco tiempo para afrontarlo". Espinosa indicó que en la actualidad, con un aumento de las temperaturas medias de 1 grado con respecto a niveles preindustriales, ya se perciben "más fenómenos meteorológicos extremos, subidas del nivel del mar, reducción del hielo en los polos, pérdida de ecosistemas y también pérdidas de vidas y de modos de vida y pérdidas económicas".
La semana pasada en Katowice, Polonia, luego de dos semanas de discusiones se consensuó un conjunto de reglas que pondrán en marcha el Acuerdo de París, firmado en 2015. Por ese acuerdo los países se comprometen voluntariamente a reducir sus emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, antes de empezar ya se sabe que esos compromisos no son suficientes y que los niveles de la temperatura planetaria podrían alcanzar los 3ºC por encima de los niveles preindustriales, en promedio.
Los países tienen aún hasta 2020 para subir sus ambiciones y tratar de frenar la tendencia. Esto implica mayores acciones climáticas que pueden ir contra de las promesas políticas. La incógnita es si los políticos, empresarios, clase dirigente y la propia población asumirán esos compromisos.
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Fecha de Publicación: 28/12/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Simularán los efectos de esta controvertida tecnología en la Cuenca del Plata. El programa es uno de los ocho financiados por un proyecto internacional destinado a países en desarrollo
Un equipo de científicos argentinos estudiará los efectos de la geoingeniería solar, una técnica que pretende frenar el paso de los rayos del sol a la atmósfera con el uso de aerosoles y con esto enfriar la atmósfera, en los ciclos hidrológicos de la Cuenca del Plata.
Los expertos locales, liderados por Inés Camilloni, licenciada en Meteorología e investigadora de la UBA y del Conicet, conforman uno de los ocho equipos de científicos de países en desarrollo que realizarán una investigación pionera respecto de esta controvertida propuesta para frenar el calentamiento global. Los estudios buscan comprender cómo la gestión de la radiación solar de la geoingeniería podría afectar a algunos de los países más pobres del mundo y a las regiones más vulnerables al clima.
Los equipos serán los primeros en recibir subvenciones del nuevo Fondo DECIMALS (Developing Country Impacts Modelling Analysis for SRM), y explorarán la forma en esa técnica podría afectar, entre otras cosas, al polvo que generan las tormentas en Oriente Medio, las sequías en el sur de África, la propagación del cólera en Bangladesh, y las precipitaciones en América del Sur.
"Estamos muy contentos porque es la primera que la investigación se realizará desde los países que más sufren los impactos del cambio climático. Lo que queremos simular es si el potencial uso de esta tecnología no empeorará las condiciones", explicó Camilloni a Infobae.
Las geoingeniería solar aparece hoy como una técnica de ciencia ficción, sostiene la revista Nature en el artículo sobre las investigaciones que encararán los países en desarrollo: inyectar en la estratósfera partículas que puedan bloquear el paso de la luz solar o incluso flotas de barcos que blanqueen las nubes bajas para que reflejen esa misma luz. Todo está en etapa de prueba, pero claramente los países desarrollados que cuentan con los fondos y la tecnología podrían ser los que avancen con la novedad.
"Esta tecnología es controvertida no sólo porque promete soluciones y podría demorar aún más los esfuerzos que los países tienen que hacer para disminuir los gases contaminantes sino porque, además, según la latitud también podría empeorar la situación. Elegimos hacer la simulación del estudio en la Cuenca del Plata porque, además de la Argentina, incluye a Uruguay, Brasil y Paraguay", agregó Camilloni.
El trabajo, que se prolongará por dos años, se denomina "Impactos del manejo de la radiación solar en el ciclo del agua en la cuenca del Plata" y también será realizado por los científicos Carla Gulizia, Natalia Montroull y Ramiro Saurral del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera de la UBA y del Conicet. Para poder hacer la simulación se cargarán los datos que emulan la nueva tecnología, y son las erupciones volcánicas.
"El efecto de una erupción es el mismo; se cargan los datos en el simulador sobre el área que estaremos analizando y aparecerán los efectos en las precipitaciones, pero también en los niveles de las aguas del río", agregó la experta.
El artículo publicado en Nature indica: "Una década de investigación de modelos indica que la geoingeniería solar podría reducir muchos de los peores efectos del cambio climático si se despliega con moderación. Por ejemplo, inyectar 5 megatoneladas de dióxido de azufre en la estratósfera cada año -aproximadamente una cuarta parte de la liberada por la erupción del Monte Pinatubo en 1991- podría mantener el calentamiento por debajo de los 2 °C. Los estudios han revelado que la geoingeniería solar también debería ser capaz de reducir los impactos climáticos sobre la hidrología, corrigiendo las tendencias en las que las regiones húmedas se vuelven más húmedas y las regiones secas más secas. La disminución de las temperaturas ralentizaría el aumento del nivel del mar y podría frenar la creciente incidencia y fuerza de los ciclones tropicales".
Pero no todos los estudios son tan optimistas. Hay otros científicos que creen que sólo enmascararía el impacto de los gases de efecto invernadero; que la acidificación de los océanos seguiría siendo una amenaza para la vida marina y que también falta investigación para conocer los efectos de los aerosoles que se usarían en la salud y en el ambiente.
El proyecto argentino fue elegido entre 80 propuestas que se presentaron. Entre los ganadores también hay trabajos de científicos de Irán, Benin, Jamaica, Costa de Marfil, Sudáfrica, Indonesia y Bangladesh.
Durante 2018 el cambio climático, sus efectos y la urgencia en la acción drástica de los modos de consumo cobró notoriedad luego de la difusión en octubre de un reporte especial, denominado 1.5ºC en el que los científicos del IPCC advierten que, de no hacer nada, la suba global de la temperatura podría llegar antes de lo esperado: para mitad de siglo.
Patricia Espinosa, secretaria Ejecutiva de la ONU para el cambio climático sostuvo hace pocos días: "El riesgo es real y hay poco tiempo para afrontarlo". Espinosa indicó que en la actualidad, con un aumento de las temperaturas medias de 1 grado con respecto a niveles preindustriales, ya se perciben "más fenómenos meteorológicos extremos, subidas del nivel del mar, reducción del hielo en los polos, pérdida de ecosistemas y también pérdidas de vidas y de modos de vida y pérdidas económicas".
La semana pasada en Katowice, Polonia, luego de dos semanas de discusiones se consensuó un conjunto de reglas que pondrán en marcha el Acuerdo de París, firmado en 2015. Por ese acuerdo los países se comprometen voluntariamente a reducir sus emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, antes de empezar ya se sabe que esos compromisos no son suficientes y que los niveles de la temperatura planetaria podrían alcanzar los 3ºC por encima de los niveles preindustriales, en promedio.
Los países tienen aún hasta 2020 para subir sus ambiciones y tratar de frenar la tendencia. Esto implica mayores acciones climáticas que pueden ir contra de las promesas políticas. La incógnita es si los políticos, empresarios, clase dirigente y la propia población asumirán esos compromisos.
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Impulsan la industria nuclear
Construyen un reactor nuclear íntegramente nacional
Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo hacen Impsa y la Conea y es el primero en su tipo; fabrican equipos para la reapertura de Embalse
La próxima semana se inaugurará la repotenciación de la central nuclear de Embalse (Calamuchita, Córdoba), que estuvo parada tres años y a la que se le prolongó por 30 la vida útil. El 90% de los componentes que se utilizaron son de fabricación nacional, entre ellos, los cuatro generadores de vapor de 14 metros de largo, 13 toneladas, 3500 tubos y 7000 soldaduras de alta precisión cada uno. Los produjo y trasladó -30 días en camión para cubrir 800 kilómetros- Impsa en Mendoza. La empresa también está haciendo el Carem 25, el primer reactor nuclear de diseño y producción nacional.
El Carem 25 se instalará en 2020 en Atucha, pero la clave es que se avanzará en uno comercial más potente que pondrá a la Argentina como "líder en el mundo", ya que se trata de una nueva generación de reactores de menores costos, bajo riesgo y que permiten el armado modular. El cliente del prototipo es la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), con la que la empresa trabaja en conjunto.
En el caso de los trabajos para Embalse, lograron un "récord de calidad", porque tuvieron cinco fallos en los cuatro generadores de vapor cuando el nivel permitido es de diez por cada uno.
En abril de este año la compañía inició una nueva etapa; cambió de constitución accionaria y de nombre. Era de la familia Pescarmona (ahora controla 35% de las acciones); en 2014 entró en default y en los últimos meses completó la reestructuración de un pasivo cercano a los US$1100 millones. Desde entonces 65% de las acciones son del Banco Interamericano de Desarrollo; el Banco Nación y bonistas. Su ex-CEO, Enrique Pescarmona, está involucrado en la causa de los cuadernos de las coimas .
Por estos días, en la "nave nuclear" de la empresa -una de las 11 del predio en Mendoza de la empresa- se está trabajando en las distintas partes del recipiente de presión del reactor modular. La nave, a requerimiento de las certificaciones internacionales, cuenta con condiciones especiales de temperatura, humedad, presurización, filtrado de aire y limpieza. También hay un horno para tratamientos térmicos de los proyectos nucleares.
La empresa es una de las tres de Latinoamérica con certificación Asmen (la requerida en el mundo para diseñar y producir componentes nucleares); es la única que en la práctica la está empleando. Empezó a trabajar en el área hace 30 años, fabricando algunos componentes para Atucha 1, después realizó los generadores de vapor de Atucha 2 y los de Embalse.
Impsa, fundada hace 111 años, comenzó especializándose en grúas portuarias y generación de energía hidroeléctrica; después sumó la eólica y la nuclear; tiene 50.000 MW de potencia instalada en 40 países. Ocupa a 750 personas y trabaja en red con pymes de todo el país.
"Lo más importante es el próximo Carem, que dará continuidad al trabajo que se viene desarrollando desde la Conea y Nucleoeléctrica Argentina y que acompañamos, afirmó a *LA NACION* el CEO, Juan Carlos Fernández. Es un proyecto que pone a la Argentina en la vanguardia mundial en reactores medianos. Es crucial no perder el dinamismo, que no se vuelva a cortar el proceso". Nucleoeléctrica tiene en carpeta la construcción de nuevas centrales nucleares, algunas en sociedad con China.
La oficina de Impsa en Estados Unidos avanza en las negociaciones para vender equipamientos e ingeniería nuclear a ese país, Canadá y Estados Unidos. "Miramos siempre al exterior; de los 180 proyectos ejecutados en los últimos 15 años, 140 fueron fuera del país. Son siempre a largo plazo; todos miran a cinco años", apuntó Fernández. Uno de los factores importantes es que no requieren de financiamiento. "El problema no es el tipo de cambio; lo que se requiere es estabilidad", aclaró.
Hasta antes del default, la facturación promedio de Impsa era de entre US$200 millones y US$250 millones anuales -con picos excepcionales de US$1000 millones-; este año será de unos US$60 millones. "Por el alto contenido local de nuestros productos, entre 70% y 77%, pagamos 22% más de impuestos que quienes importan, además de tener un efecto derrame importante en otras industrias locales", definió Fernández.
La firma también trabaja en seis de las turbinas de 154 MW cada una de Yacyretá (ganó dos licitaciones convocadas por el Ente Binacional); las dos primeras tienen un fuerte grado de avance con alto porcentaje de avance de fabricación. En el área hidroeléctrica también están trabajando en tres turbinas de 103 MW para la Compañía Paranaense de Energía (Brasil); en la repotenciación y modernización de generadores para la Administración Nacional de Energía Eléctrica de Paraguay y en la repotenciación con nuevo diseño hidráulico y mecánico de central tres Rodetes Francis de 22,7 MW cada uno en Malasia.
En la Argentina está haciendo servicios de reparaciones y rehabilitaciones para la hidroeléctrica Ameghino (Chubut); Pichi Picún Leufú (Neuquén); Ullum (San Juan), y Planicie Banderita (Neuquén).
En el sector eólico fabrican 26 aerogeneradores (cinco están en operaciones) para la nueva etapa del parque Arauco 4 en La Rioja. Gabriel Galván, director de Negocios de Impsa, enfatiza que el 77% del contenido es local mientras que, en la mayoría de los casos, ese nivel ronda 35% promedio. Se suma el diseño y la construcción de una central eólica de 8MW en El Jume (Santiago del Estero), que ya opera, al igual que el parque de La Guajira en Venezuela.
Hay un convenio de cooperación en marcha con el gobierno de Mendoza , el INTI y la Universidad Nacional de Cuyo para el desarrollo de un aerogenerador de 4,6 MW que estará listo en 20 meses. El mercado ya demanda más potencia que los de 2,4 MW que tienen ahora, así que el objetivo es "estar preparados para el próximo salto".
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Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo hacen Impsa y la Conea y es el primero en su tipo; fabrican equipos para la reapertura de Embalse
La próxima semana se inaugurará la repotenciación de la central nuclear de Embalse (Calamuchita, Córdoba), que estuvo parada tres años y a la que se le prolongó por 30 la vida útil. El 90% de los componentes que se utilizaron son de fabricación nacional, entre ellos, los cuatro generadores de vapor de 14 metros de largo, 13 toneladas, 3500 tubos y 7000 soldaduras de alta precisión cada uno. Los produjo y trasladó -30 días en camión para cubrir 800 kilómetros- Impsa en Mendoza. La empresa también está haciendo el Carem 25, el primer reactor nuclear de diseño y producción nacional.
El Carem 25 se instalará en 2020 en Atucha, pero la clave es que se avanzará en uno comercial más potente que pondrá a la Argentina como "líder en el mundo", ya que se trata de una nueva generación de reactores de menores costos, bajo riesgo y que permiten el armado modular. El cliente del prototipo es la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), con la que la empresa trabaja en conjunto.
En el caso de los trabajos para Embalse, lograron un "récord de calidad", porque tuvieron cinco fallos en los cuatro generadores de vapor cuando el nivel permitido es de diez por cada uno.
En abril de este año la compañía inició una nueva etapa; cambió de constitución accionaria y de nombre. Era de la familia Pescarmona (ahora controla 35% de las acciones); en 2014 entró en default y en los últimos meses completó la reestructuración de un pasivo cercano a los US$1100 millones. Desde entonces 65% de las acciones son del Banco Interamericano de Desarrollo; el Banco Nación y bonistas. Su ex-CEO, Enrique Pescarmona, está involucrado en la causa de los cuadernos de las coimas .
Por estos días, en la "nave nuclear" de la empresa -una de las 11 del predio en Mendoza de la empresa- se está trabajando en las distintas partes del recipiente de presión del reactor modular. La nave, a requerimiento de las certificaciones internacionales, cuenta con condiciones especiales de temperatura, humedad, presurización, filtrado de aire y limpieza. También hay un horno para tratamientos térmicos de los proyectos nucleares.
La empresa es una de las tres de Latinoamérica con certificación Asmen (la requerida en el mundo para diseñar y producir componentes nucleares); es la única que en la práctica la está empleando. Empezó a trabajar en el área hace 30 años, fabricando algunos componentes para Atucha 1, después realizó los generadores de vapor de Atucha 2 y los de Embalse.
Impsa, fundada hace 111 años, comenzó especializándose en grúas portuarias y generación de energía hidroeléctrica; después sumó la eólica y la nuclear; tiene 50.000 MW de potencia instalada en 40 países. Ocupa a 750 personas y trabaja en red con pymes de todo el país.
"Lo más importante es el próximo Carem, que dará continuidad al trabajo que se viene desarrollando desde la Conea y Nucleoeléctrica Argentina y que acompañamos, afirmó a *LA NACION* el CEO, Juan Carlos Fernández. Es un proyecto que pone a la Argentina en la vanguardia mundial en reactores medianos. Es crucial no perder el dinamismo, que no se vuelva a cortar el proceso". Nucleoeléctrica tiene en carpeta la construcción de nuevas centrales nucleares, algunas en sociedad con China.
La oficina de Impsa en Estados Unidos avanza en las negociaciones para vender equipamientos e ingeniería nuclear a ese país, Canadá y Estados Unidos. "Miramos siempre al exterior; de los 180 proyectos ejecutados en los últimos 15 años, 140 fueron fuera del país. Son siempre a largo plazo; todos miran a cinco años", apuntó Fernández. Uno de los factores importantes es que no requieren de financiamiento. "El problema no es el tipo de cambio; lo que se requiere es estabilidad", aclaró.
Hasta antes del default, la facturación promedio de Impsa era de entre US$200 millones y US$250 millones anuales -con picos excepcionales de US$1000 millones-; este año será de unos US$60 millones. "Por el alto contenido local de nuestros productos, entre 70% y 77%, pagamos 22% más de impuestos que quienes importan, además de tener un efecto derrame importante en otras industrias locales", definió Fernández.
La firma también trabaja en seis de las turbinas de 154 MW cada una de Yacyretá (ganó dos licitaciones convocadas por el Ente Binacional); las dos primeras tienen un fuerte grado de avance con alto porcentaje de avance de fabricación. En el área hidroeléctrica también están trabajando en tres turbinas de 103 MW para la Compañía Paranaense de Energía (Brasil); en la repotenciación y modernización de generadores para la Administración Nacional de Energía Eléctrica de Paraguay y en la repotenciación con nuevo diseño hidráulico y mecánico de central tres Rodetes Francis de 22,7 MW cada uno en Malasia.
En la Argentina está haciendo servicios de reparaciones y rehabilitaciones para la hidroeléctrica Ameghino (Chubut); Pichi Picún Leufú (Neuquén); Ullum (San Juan), y Planicie Banderita (Neuquén).
En el sector eólico fabrican 26 aerogeneradores (cinco están en operaciones) para la nueva etapa del parque Arauco 4 en La Rioja. Gabriel Galván, director de Negocios de Impsa, enfatiza que el 77% del contenido es local mientras que, en la mayoría de los casos, ese nivel ronda 35% promedio. Se suma el diseño y la construcción de una central eólica de 8MW en El Jume (Santiago del Estero), que ya opera, al igual que el parque de La Guajira en Venezuela.
Hay un convenio de cooperación en marcha con el gobierno de Mendoza , el INTI y la Universidad Nacional de Cuyo para el desarrollo de un aerogenerador de 4,6 MW que estará listo en 20 meses. El mercado ya demanda más potencia que los de 2,4 MW que tienen ahora, así que el objetivo es "estar preparados para el próximo salto".
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El cambio climático si tiene que ver con el aumento de lluvia
El cambio climático y su relación con las precipitaciones intensas
Fecha de Publicación: 26/12/2018
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Por Vicente Barros
Otra vez se produjo una lluvia inusualmente intensa en Buenos Aires con anegamientos y toda clase de trastornos y otra vez surge la pregunta de si este suceso ha sido causado por el cambio climático global. Si bien ya había precipitaciones intensas en el este de la Argentina antes que la humanidad provocara los cambios climáticos que se hicieron evidentes desde mediados del siglo pasado, esta última no ha sido un caso aislado o muy raro. Desde 1960, se observa una tendencia hacia precipitaciones extremas más intensas y más frecuentes, y una reducción de las más débiles.
Y esto no ha sido por azar; hay razones físicas para esperar que con el calentamiento global las precipitaciones intensas se repitan con mayor severidad. Cuanto mayor es la temperatura de la atmósfera, mayor es el contenido de vapor de agua que puede albergar y, por lo tanto, los sistemas precipitantes tienen más agua disponible y es mayor la probabilidad de lluvias torrenciales.
Esto ha sido confirmado por los hechos: desde mediados del siglo pasado en la mayoría de las áreas continentales de todo el mundo se ha observado un aumento en la frecuencia de precipitaciones intensas. Este aumento fue proporcionalmente mucho mayor que el de la precipitación media anual e incluso se observó también en regiones donde la precipitación media había disminuido.
¿Qué podemos esperar a futuro? A nivel global, los modelos climáticos proyectan una mayor frecuencia e intensidad de precipitaciones intensas y de sus efectos adversos asociados, como vientos destructivos e inundaciones.
Como resultado de estos cambios, los daños por estas precipitaciones aumentarán considerablemente en muchas regiones del planeta, a menos que se tomen las medidas de adaptación necesarias. Estos daños serían más importantes en los escenarios de poca o ninguna mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para la Argentina, las proyecciones de los modelos climáticos indican que los cambios ya observados desde la segunda mitad del siglo pasado se intensificarán durante las próximas décadas, lo que agravaría los riesgos de todo tipo de inundaciones. Estas proyecciones no son solo para las lluvias torrenciales que descargan enormes volúmenes de agua en pocas horas o minutos. También sería el caso de las lluvias intensas prolongadas por días o meses que dan lugar al desborde de ríos, incluso de los más caudalosos de la cuenca del Plata.
En la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, las inundaciones de llanura, prolongadas por meses y extendidas por miles de kilómetros cuadrados, responden a precipitaciones muy abundantes que persisten por meses. En todos los casos, será necesaria una adaptación que contemple, no solo las necesarias obras hidráulicas, sino también la planificación del uso del suelo.
- El autor es profesor emérito de la UBA y miembro del comité ejecutivo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 2007-2014*
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Fecha de Publicación: 26/12/2018
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Por Vicente Barros
Otra vez se produjo una lluvia inusualmente intensa en Buenos Aires con anegamientos y toda clase de trastornos y otra vez surge la pregunta de si este suceso ha sido causado por el cambio climático global. Si bien ya había precipitaciones intensas en el este de la Argentina antes que la humanidad provocara los cambios climáticos que se hicieron evidentes desde mediados del siglo pasado, esta última no ha sido un caso aislado o muy raro. Desde 1960, se observa una tendencia hacia precipitaciones extremas más intensas y más frecuentes, y una reducción de las más débiles.
Y esto no ha sido por azar; hay razones físicas para esperar que con el calentamiento global las precipitaciones intensas se repitan con mayor severidad. Cuanto mayor es la temperatura de la atmósfera, mayor es el contenido de vapor de agua que puede albergar y, por lo tanto, los sistemas precipitantes tienen más agua disponible y es mayor la probabilidad de lluvias torrenciales.
Esto ha sido confirmado por los hechos: desde mediados del siglo pasado en la mayoría de las áreas continentales de todo el mundo se ha observado un aumento en la frecuencia de precipitaciones intensas. Este aumento fue proporcionalmente mucho mayor que el de la precipitación media anual e incluso se observó también en regiones donde la precipitación media había disminuido.
¿Qué podemos esperar a futuro? A nivel global, los modelos climáticos proyectan una mayor frecuencia e intensidad de precipitaciones intensas y de sus efectos adversos asociados, como vientos destructivos e inundaciones.
Como resultado de estos cambios, los daños por estas precipitaciones aumentarán considerablemente en muchas regiones del planeta, a menos que se tomen las medidas de adaptación necesarias. Estos daños serían más importantes en los escenarios de poca o ninguna mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para la Argentina, las proyecciones de los modelos climáticos indican que los cambios ya observados desde la segunda mitad del siglo pasado se intensificarán durante las próximas décadas, lo que agravaría los riesgos de todo tipo de inundaciones. Estas proyecciones no son solo para las lluvias torrenciales que descargan enormes volúmenes de agua en pocas horas o minutos. También sería el caso de las lluvias intensas prolongadas por días o meses que dan lugar al desborde de ríos, incluso de los más caudalosos de la cuenca del Plata.
En la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, las inundaciones de llanura, prolongadas por meses y extendidas por miles de kilómetros cuadrados, responden a precipitaciones muy abundantes que persisten por meses. En todos los casos, será necesaria una adaptación que contemple, no solo las necesarias obras hidráulicas, sino también la planificación del uso del suelo.
- El autor es profesor emérito de la UBA y miembro del comité ejecutivo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 2007-2014*
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La Liga Bioenergética va por un proyecto de biocombustibles
El Gobierno negocia un proyecto de biocombustibles
Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El próximo miércoles 9 de enero se reunirá la Liga Bioenergética, espacio que congrega a siete provincias –Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba- y cámaras empresarias que integran a todos los sectores, para delinear un proyecto de biocombustibles.
“La jornada va a ser importantísima”, resaltó una fuente en diálogo con Energía Estratégica. Es que allí se empezará a discutir una propuesta en torno al aumento del mercado interno de biocombustibles, tal como fue acordado con el secretario de Energía Javier Iguacel, el pasado 5 de diciembre.
Una vez redactado el documento, será girado al despacho del funcionario nacional y puesto a su consideración. Según fuentes empresarias, el Poder Ejecutivo tiene en planes lanzar un proyecto de ley en marzo, durante el nuevo período legislativo del 2019.
Para la Liga no será fácil armar la propuesta: requerirá de varias discusiones. Todos están de acuerdo en que debe aumentarse el cupo de corte de biodiesel –B10: 10 por ciento en gasoil- y de bioetanol –E12: 12 por ciento en naftas-, pero hay un sector que quiere que el mercado se desregularice por completo y otro que puja por que siga regulado, alentando una extensión de la Ley 26.093. Un debate a resolver.
Según las fuentes de mercado, el Gobierno nacional, independientemente de la propuesta de la Liga Bioenergética está evaluando aumentar cortes de distintas maneras. Para el bioetanol, analiza tres esquemas, explican.
Por un lado, el estadounidense, que propone incorporar vehículos hasta E 85 –que puedan funcionar hasta un 85 por ciento de bioetanol en nafta-.
Por otro, un modelo ‘Mercosur’, similar al de Brasil, aumentando el piso del E 12 al E 19 o E 27,5 y paralelamente rodados con motores Flex de hasta un 100 por ciento de bioetanol.
O finalmente vehículos ‘Tetra Flex’, capaces de ser impulsados con electricidad, gas, nafta o bioetanol, indistintamente de acuerdo a la conveniencia del usuario.
Para el biodiesel, analizan seguir con el B10 como piso y aumentarlo a un B20 para aquellos que deseen aumentar la carga.
Por otra parte, la ley incluiría un impuesto mayor sobre la tonelada del CO2, en línea con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, aseguran las fuentes.
“Este impuesto dejaría en igualdad de condiciones a los biocombustibles con respecto a los combustibles, que son más dañinos al medioambiente”, cierran las fuentes.
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Fecha de Publicación: 25/12/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
El próximo miércoles 9 de enero se reunirá la Liga Bioenergética, espacio que congrega a siete provincias –Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba- y cámaras empresarias que integran a todos los sectores, para delinear un proyecto de biocombustibles.
“La jornada va a ser importantísima”, resaltó una fuente en diálogo con Energía Estratégica. Es que allí se empezará a discutir una propuesta en torno al aumento del mercado interno de biocombustibles, tal como fue acordado con el secretario de Energía Javier Iguacel, el pasado 5 de diciembre.
Una vez redactado el documento, será girado al despacho del funcionario nacional y puesto a su consideración. Según fuentes empresarias, el Poder Ejecutivo tiene en planes lanzar un proyecto de ley en marzo, durante el nuevo período legislativo del 2019.
Para la Liga no será fácil armar la propuesta: requerirá de varias discusiones. Todos están de acuerdo en que debe aumentarse el cupo de corte de biodiesel –B10: 10 por ciento en gasoil- y de bioetanol –E12: 12 por ciento en naftas-, pero hay un sector que quiere que el mercado se desregularice por completo y otro que puja por que siga regulado, alentando una extensión de la Ley 26.093. Un debate a resolver.
Según las fuentes de mercado, el Gobierno nacional, independientemente de la propuesta de la Liga Bioenergética está evaluando aumentar cortes de distintas maneras. Para el bioetanol, analiza tres esquemas, explican.
Por un lado, el estadounidense, que propone incorporar vehículos hasta E 85 –que puedan funcionar hasta un 85 por ciento de bioetanol en nafta-.
Por otro, un modelo ‘Mercosur’, similar al de Brasil, aumentando el piso del E 12 al E 19 o E 27,5 y paralelamente rodados con motores Flex de hasta un 100 por ciento de bioetanol.
O finalmente vehículos ‘Tetra Flex’, capaces de ser impulsados con electricidad, gas, nafta o bioetanol, indistintamente de acuerdo a la conveniencia del usuario.
Para el biodiesel, analizan seguir con el B10 como piso y aumentarlo a un B20 para aquellos que deseen aumentar la carga.
Por otra parte, la ley incluiría un impuesto mayor sobre la tonelada del CO2, en línea con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, aseguran las fuentes.
“Este impuesto dejaría en igualdad de condiciones a los biocombustibles con respecto a los combustibles, que son más dañinos al medioambiente”, cierran las fuentes.
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Plaguicidas prohibidos en la UE pero en Argentina...
Argentina busca limitar la prohibición en el uso de agroquímicos que impuso la UE desde 2019
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Indicadores para las reservas de biosfera, Argentina hace punta
Argentina, el único país de América con un sistema de indicadores para las reservas de biosfera
Fecha de Publicación: 22/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de ahora se podrá saber si las reservas cumplen los objetivos para los que fueron creadas y evaluar la efectividad del manejo, tomando como base los criterios y las líneas de compromiso internacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación celebra que, por medio del programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB) de Unesco —del cual forma parte el organismo que conduce Sergio Bergman como unidad de coordinación en Argentina—, se logró alcanzar un sistema de indicadores para evaluar el funcionamiento eficaz de las reservas en el país.
A partir de ahora se podrá saber si las reservas cumplen los objetivos para los que fueron creadas y evaluar la efectividad del manejo, tomando como base los criterios y las líneas de compromiso internacional. La importancia radica en la posibilidad de contar con información sustancial sobre la situación de las áreas protegidas argentinas, lo que permitirá conocerlas y monitorearlas para así aplicar y difundir las buenas prácticas fundamentales para reducir la pérdida de biodiversidad, mejorar la calidad de vida y elevar las condiciones sociales, económicas y culturales.
Cabe destacar que Argentina cuenta con una Red Nacional de Reservas de Biosfera, representada por 15 reservas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Éstas constituyen una plataforma única de colaboración en materia de investigación y desarrollo, refuerzo de capacidades y establecimiento de redes para compartir información, conocimientos y experiencias sobre tres ejes interrelacionados: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sustentable.
Las reservas de biosfera son zonas compuestas por ecosistemas terrestres o costeros marinos, o una combinación de ambos, en las que se fomentan alternativas para conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sustentable. Pueden además incluir otras categorías de manejo como parques nacionales, reservas naturales, refugios de flora y fauna y también con otros sitios de reconocimiento internacional como sitios del patrimonio mundial, sitios Ramsar o geoparques.
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Fecha de Publicación: 22/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de ahora se podrá saber si las reservas cumplen los objetivos para los que fueron creadas y evaluar la efectividad del manejo, tomando como base los criterios y las líneas de compromiso internacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación celebra que, por medio del programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB) de Unesco —del cual forma parte el organismo que conduce Sergio Bergman como unidad de coordinación en Argentina—, se logró alcanzar un sistema de indicadores para evaluar el funcionamiento eficaz de las reservas en el país.
A partir de ahora se podrá saber si las reservas cumplen los objetivos para los que fueron creadas y evaluar la efectividad del manejo, tomando como base los criterios y las líneas de compromiso internacional. La importancia radica en la posibilidad de contar con información sustancial sobre la situación de las áreas protegidas argentinas, lo que permitirá conocerlas y monitorearlas para así aplicar y difundir las buenas prácticas fundamentales para reducir la pérdida de biodiversidad, mejorar la calidad de vida y elevar las condiciones sociales, económicas y culturales.
Cabe destacar que Argentina cuenta con una Red Nacional de Reservas de Biosfera, representada por 15 reservas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Éstas constituyen una plataforma única de colaboración en materia de investigación y desarrollo, refuerzo de capacidades y establecimiento de redes para compartir información, conocimientos y experiencias sobre tres ejes interrelacionados: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sustentable.
Las reservas de biosfera son zonas compuestas por ecosistemas terrestres o costeros marinos, o una combinación de ambos, en las que se fomentan alternativas para conciliar la conservación de la biodiversidad con su uso sustentable. Pueden además incluir otras categorías de manejo como parques nacionales, reservas naturales, refugios de flora y fauna y también con otros sitios de reconocimiento internacional como sitios del patrimonio mundial, sitios Ramsar o geoparques.
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Instalaron el primer cargador para autos eléctricos
Con nuevos proyectos, los autos eléctricos comienzan a acelerar en Argentina
Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: BAE
Provincia/Región: Nacional
Instalaron el primer cargador en una estación de servicio y en Córdoba ya se fabrica un modelo
No será el auto volador de Los Supersónicos ni el DeLorean de Volver al Futuro, pero los vehículos del mañana ya están entre nosotros. En septiembre pasado, se alcanzó el récord de 4 millones de automóviles eléctricos vendidos a nivel global.
Esta tendencia mundial ya comienza a replicarse en el país. Tal es así que de cara a un año con mayor cantidad de modelos a la venta, la petrolera Axion Energy inauguró, en una de sus estaciones de servicio, el primer cargador de autos eléctricos abierto al público.
"Es estar un paso adelante en términos de innovación", explicó a BAE Negocios Cecilia Panetta, directora regional de marketing de Axion Energy. Según la directiva, durante los próximos diez años la penetración de este tipo de autos se va a ir incrementando y "deberíamos tener un 20% de penetración de vehículos eléctricos para 2030".
"Argentina necesita contar con una red de estaciones de carga para atender la futura demanda de los consumidores con vehículos eléctricos", aseguró Marcelo Figueroa, gerente ejecutivo de desarrollo de negocios de la firma. "No necesariamente en todas las estaciones vamos a instalar cargadores, pero sí en autopistas o en estaciones icónicas", complementó Panetta.
A través de una alianza con la italiana Enel X para la provisión de los cargadores eléctricos, la compañía de Pan American Energy brinda ahora el servicio de forma completamente gratuita para los usuarios de este tipo de autos. La carga completa tarda seis horas y el servicio lo brindan los propios playeros en la estación de Avenida Del Libertador y Jerónimo Salguero.
Las demás petroleras que operan en el país no quieren quedarse atrás. En agosto del año pasado, YPF ya había instalado algunos surtidores eléctricos en algunas de sus estaciones. Sin embargo, todavía no están disponibles para que el público las utilice. Según explicaron fuentes de la empresa, aún "faltan dos regulaciones: la habilitación como surtidor eléctrico y el precio de venta al público de la energía".
Las empresas de energía están respondiendo a los proyectos que, de a poco, comienzan a mostrar las terminales automotrices.
Por ahora, Renault es la única empresa que comercializa este tipo de vehículos en el país con su producto Kangoo Z.E.. Sin embargo, la empresa Nissan ya está testeando su modelo Leaf en Argentina, y planea comenzar a venderlo el año próximo.
No todos los modelos serán importados. Como lo adelantó este diario en noviembre, la empresa nacional Volt Motors ya comenzó a fabricar en Córdoba el primer vehículo argentino totalmente eléctrico.
"Hoy en día la cantidad aproximada de autos eléctricos patentados en Argentina es de 35 para los modelos completamente eléctricos y de 17 para los híbridos enchufables", aseguró Mariano Luis Jimena, presidente de AAVEA (Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos). A pesar de que los números aún son marginales, el ejecutivo reconoce que "este cambio se está dando".
Valores a la baja
Un informe de Bloomberg New Energy Finance sugiere que el precio de los vehículos está bajando más de lo esperado gracias a baterías más económicas y políticas energéticas más duras. Según este estudio, entre 2025 y 2030 el costo de los autos eléctricos se volverá competitivo respecto de los vehículos que utilizan combustibles y también proyecta que los autos híbridos y totalmente eléctricos conformarán el 55% de las nuevas ventas de vehículos comerciales ligeros en todo el mundo para 2040.
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Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: BAE
Provincia/Región: Nacional
Instalaron el primer cargador en una estación de servicio y en Córdoba ya se fabrica un modelo
No será el auto volador de Los Supersónicos ni el DeLorean de Volver al Futuro, pero los vehículos del mañana ya están entre nosotros. En septiembre pasado, se alcanzó el récord de 4 millones de automóviles eléctricos vendidos a nivel global.
Esta tendencia mundial ya comienza a replicarse en el país. Tal es así que de cara a un año con mayor cantidad de modelos a la venta, la petrolera Axion Energy inauguró, en una de sus estaciones de servicio, el primer cargador de autos eléctricos abierto al público.
"Es estar un paso adelante en términos de innovación", explicó a BAE Negocios Cecilia Panetta, directora regional de marketing de Axion Energy. Según la directiva, durante los próximos diez años la penetración de este tipo de autos se va a ir incrementando y "deberíamos tener un 20% de penetración de vehículos eléctricos para 2030".
"Argentina necesita contar con una red de estaciones de carga para atender la futura demanda de los consumidores con vehículos eléctricos", aseguró Marcelo Figueroa, gerente ejecutivo de desarrollo de negocios de la firma. "No necesariamente en todas las estaciones vamos a instalar cargadores, pero sí en autopistas o en estaciones icónicas", complementó Panetta.
A través de una alianza con la italiana Enel X para la provisión de los cargadores eléctricos, la compañía de Pan American Energy brinda ahora el servicio de forma completamente gratuita para los usuarios de este tipo de autos. La carga completa tarda seis horas y el servicio lo brindan los propios playeros en la estación de Avenida Del Libertador y Jerónimo Salguero.
Las demás petroleras que operan en el país no quieren quedarse atrás. En agosto del año pasado, YPF ya había instalado algunos surtidores eléctricos en algunas de sus estaciones. Sin embargo, todavía no están disponibles para que el público las utilice. Según explicaron fuentes de la empresa, aún "faltan dos regulaciones: la habilitación como surtidor eléctrico y el precio de venta al público de la energía".
Las empresas de energía están respondiendo a los proyectos que, de a poco, comienzan a mostrar las terminales automotrices.
Por ahora, Renault es la única empresa que comercializa este tipo de vehículos en el país con su producto Kangoo Z.E.. Sin embargo, la empresa Nissan ya está testeando su modelo Leaf en Argentina, y planea comenzar a venderlo el año próximo.
No todos los modelos serán importados. Como lo adelantó este diario en noviembre, la empresa nacional Volt Motors ya comenzó a fabricar en Córdoba el primer vehículo argentino totalmente eléctrico.
"Hoy en día la cantidad aproximada de autos eléctricos patentados en Argentina es de 35 para los modelos completamente eléctricos y de 17 para los híbridos enchufables", aseguró Mariano Luis Jimena, presidente de AAVEA (Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos). A pesar de que los números aún son marginales, el ejecutivo reconoce que "este cambio se está dando".
Valores a la baja
Un informe de Bloomberg New Energy Finance sugiere que el precio de los vehículos está bajando más de lo esperado gracias a baterías más económicas y políticas energéticas más duras. Según este estudio, entre 2025 y 2030 el costo de los autos eléctricos se volverá competitivo respecto de los vehículos que utilizan combustibles y también proyecta que los autos híbridos y totalmente eléctricos conformarán el 55% de las nuevas ventas de vehículos comerciales ligeros en todo el mundo para 2040.
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Bergman expuso resultados de la COP de cambio climático
La delegación argentina ante la cumbre climática presentó sus resultados a distintos sectores
Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo en un encuentro con distintas ONG, académicos, referentes privados y representantes de otras áreas públicas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizó esta tarde una reunión informativa para brindar el balance de lo actuado por la delegación argentina en el marco de la última sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que tuvo lugar en Katowice, Polonia, durante las últimas dos semanas y que culminó con la aprobación del libro de reglas para la aplicación del Acuerdo de París. En la reunión participaron representantes de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, del sector privado, de otros ámbitos de Gobierno, académicos y miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En el encuentro, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman explicó que “La evolución del principio de inserción inteligente en el mundo se ve en estos ámbitos”. También indicó: “En la trayectoria de esa evolución, nosotros tenemos gran satisfacción por el reconocimiento que nos dan pero también, por sobre todo, tenemos la convicción interna de que hay un trabajo sólido y serio realizado; y creemos que los estándares globales lo reconocen”.
También valoró a “los equipos técnicos” y aseguró que se logró “una complementación que dio sus muy buenos frutos, que es el trabajo técnico de nuestra Secretaría con la Cancillería”. “Se dio una complementación que fue parte de la maduración de esa idea del Presidente de que seamos un equipo y que trabajemos en equipo, respetando las incumbencias de cada uno”, fundamentó Bergman.
Finalmente, señaló una vez más que en Katowice, luego del trabajo del G20, se sostuvo “la urgencia de que no hay tiempo”, en el sentido de que “hay cosas para hacer ya; y que hay consensos mínimos para hacerlo ahora”.
A su turno, el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, aseguró que “la visión de lo que es la posición de Argentina cambió mucho en estos últimos tres años”. “Como país, fuimos dando pasos para mostrar una posición que es la que queríamos”, agregó. Asimismo, destacó sobre esta COP24: “Somos un país que está siendo parte de conversaciones actuales, con cosas que están cambiando. Antes teníamos la sensación de que participábamos de una discusión que ya había comenzado y en la que veníamos muy atrás. En ese sentido, creo que nos estamos acercando a la situación en la que se están conversando cosas que van a cambiar la visión de los temas ambientales de acá en adelante”.
En la reunión, también estuvieron presentes la directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, Marcia Levaggi, la titular de la Unidad de Coordinación General de la Secretaría de Ambiente, Patricia Holzman; la subsecretaria Interjurisdiccional es Interinstitucional, Mariela Chervin; y la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar, entre otras autoridades.
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Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo en un encuentro con distintas ONG, académicos, referentes privados y representantes de otras áreas públicas.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación realizó esta tarde una reunión informativa para brindar el balance de lo actuado por la delegación argentina en el marco de la última sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que tuvo lugar en Katowice, Polonia, durante las últimas dos semanas y que culminó con la aprobación del libro de reglas para la aplicación del Acuerdo de París. En la reunión participaron representantes de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, del sector privado, de otros ámbitos de Gobierno, académicos y miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En el encuentro, el Secretario de Gobierno Sergio Bergman explicó que “La evolución del principio de inserción inteligente en el mundo se ve en estos ámbitos”. También indicó: “En la trayectoria de esa evolución, nosotros tenemos gran satisfacción por el reconocimiento que nos dan pero también, por sobre todo, tenemos la convicción interna de que hay un trabajo sólido y serio realizado; y creemos que los estándares globales lo reconocen”.
También valoró a “los equipos técnicos” y aseguró que se logró “una complementación que dio sus muy buenos frutos, que es el trabajo técnico de nuestra Secretaría con la Cancillería”. “Se dio una complementación que fue parte de la maduración de esa idea del Presidente de que seamos un equipo y que trabajemos en equipo, respetando las incumbencias de cada uno”, fundamentó Bergman.
Finalmente, señaló una vez más que en Katowice, luego del trabajo del G20, se sostuvo “la urgencia de que no hay tiempo”, en el sentido de que “hay cosas para hacer ya; y que hay consensos mínimos para hacerlo ahora”.
A su turno, el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, aseguró que “la visión de lo que es la posición de Argentina cambió mucho en estos últimos tres años”. “Como país, fuimos dando pasos para mostrar una posición que es la que queríamos”, agregó. Asimismo, destacó sobre esta COP24: “Somos un país que está siendo parte de conversaciones actuales, con cosas que están cambiando. Antes teníamos la sensación de que participábamos de una discusión que ya había comenzado y en la que veníamos muy atrás. En ese sentido, creo que nos estamos acercando a la situación en la que se están conversando cosas que van a cambiar la visión de los temas ambientales de acá en adelante”.
En la reunión, también estuvieron presentes la directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, Marcia Levaggi, la titular de la Unidad de Coordinación General de la Secretaría de Ambiente, Patricia Holzman; la subsecretaria Interjurisdiccional es Interinstitucional, Mariela Chervin; y la directora nacional de Cambio Climático, Soledad Aguilar, entre otras autoridades.
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“Prosumidores” por la nueva ley eléctrica
Con la nueva ley eléctrica llegan los “prosumidores”
Fecha de Publicación: 19/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La reglamentación de la ley 27424, sancionada por el Congreso en noviembre de 2017, dictó el marco para “la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red”.
Por ello los prosumidores serán parte de la nueva realidad energética argentina. Esa misma norma determinó la obligatoriedad para los prestadores del servicio público de distribución eléctrica de “asegurar el libre acceso a la red”.
Y con la nueva ley, llegan también cambios para las distribuidoras eléctricas, que deben incorporar plataformas de gestión que midan la energía en doble sentido, entregada y recibida a partir de nuevos medidores adaptados a esa posibilidad. “Con ayuda de plataformas tecnológicas las empresas prestadoras de servicios de energía podrán controlar su facturación para vender y comprar electricidad que proviene de energías renovables producidas por usuarios domiciliarios”, informaron desde la compañía Open Systems International.
“Al respecto, Open Smartflex es una herramienta única para controlar la facturación en el caso de los prosumidores. Mediante su uso las empresas prestadoras de servicios de energía encontrarán una aplicación que se encarga de manejar y controlar los consumos de los prosumidores, haciendo un cruce exacto entre la información de lo consume versus lo que se produce”, informaron desde la firma.
El nuevo marco legal es parte de una tendencia global. El auge del conocimiento, la conciencia ambiental y el aumento de los costos de energía, trae aparejado el surgimiento de métodos alternativos para la generación de electricidad como: parques eólicos y paneles solares.
La tendencia además ha hecho surgir una nueva figura en la industria de la energía: los prosumidores.
Los prosumidores son usuarios domiciliarios que a partir de la instalación de paneles solares en sus hogares pueden producir energía que, además de consumir, pueden reinsertar a la red eléctrica. Así se vuelven proveedores de la empresa eléctrica local, contribuyendo también al medio ambiente.
Este tipo de usuarios poseen grandes beneficios económicos ya que si bien implica una inversión inicial grande, la misma se financia con la utilización de energía auto generada.
Actualmente, muchos hogares en diferentes países del mundo se han convertido en prosumidores, lo que ha llevado a las empresas de servicios públicos a pensar en nuevos servicios e incentivos, lo suficientemente atractivos para integrarlos a su ecosistema y mantenerlos en su red. La compra de energía que le permite a este tipo de usuarios inyectar la energía excedente de sus consumos a la red eléctrica a cambio de una compensación económica, maximizando beneficios y reduciendo costos.
En la Argentina provincias como Santa Fe, pionera en el uso de energías renovables, Salta y Mendoza, cuentan con proyectos para la explotación de energía mediante prosumidores. En el caso santafesino, la EPE (Empresa Provincial de Energía) ya cuenta con sus primeros prosumidores conectados a la red.
Para que en el caso de Córdoba la Empresa Provincial de Energía (Epec) y las cooperativas que brindan el servicio energético en el interior permitan el uso de los nuevos medidores de doble sentido, antes debe darse una adhesión de la provincia al nuevo marco legal nacional y además, tanto la Epec como cada una de las cooperativas deben firmar con el regulador nacional.
Aunque la iniciativa en la Argentina está en su etapa inicial, se espera que en la próxima década, logren romper barreras y se conviertan en una tendencia global que impulsen un enfoque diferente de generación, distribución, almacenamiento y venta de energía. Para lo cual la tecnología será la base.
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Fecha de Publicación: 19/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La reglamentación de la ley 27424, sancionada por el Congreso en noviembre de 2017, dictó el marco para “la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red”.
Por ello los prosumidores serán parte de la nueva realidad energética argentina. Esa misma norma determinó la obligatoriedad para los prestadores del servicio público de distribución eléctrica de “asegurar el libre acceso a la red”.
Y con la nueva ley, llegan también cambios para las distribuidoras eléctricas, que deben incorporar plataformas de gestión que midan la energía en doble sentido, entregada y recibida a partir de nuevos medidores adaptados a esa posibilidad. “Con ayuda de plataformas tecnológicas las empresas prestadoras de servicios de energía podrán controlar su facturación para vender y comprar electricidad que proviene de energías renovables producidas por usuarios domiciliarios”, informaron desde la compañía Open Systems International.
“Al respecto, Open Smartflex es una herramienta única para controlar la facturación en el caso de los prosumidores. Mediante su uso las empresas prestadoras de servicios de energía encontrarán una aplicación que se encarga de manejar y controlar los consumos de los prosumidores, haciendo un cruce exacto entre la información de lo consume versus lo que se produce”, informaron desde la firma.
El nuevo marco legal es parte de una tendencia global. El auge del conocimiento, la conciencia ambiental y el aumento de los costos de energía, trae aparejado el surgimiento de métodos alternativos para la generación de electricidad como: parques eólicos y paneles solares.
La tendencia además ha hecho surgir una nueva figura en la industria de la energía: los prosumidores.
Los prosumidores son usuarios domiciliarios que a partir de la instalación de paneles solares en sus hogares pueden producir energía que, además de consumir, pueden reinsertar a la red eléctrica. Así se vuelven proveedores de la empresa eléctrica local, contribuyendo también al medio ambiente.
Este tipo de usuarios poseen grandes beneficios económicos ya que si bien implica una inversión inicial grande, la misma se financia con la utilización de energía auto generada.
Actualmente, muchos hogares en diferentes países del mundo se han convertido en prosumidores, lo que ha llevado a las empresas de servicios públicos a pensar en nuevos servicios e incentivos, lo suficientemente atractivos para integrarlos a su ecosistema y mantenerlos en su red. La compra de energía que le permite a este tipo de usuarios inyectar la energía excedente de sus consumos a la red eléctrica a cambio de una compensación económica, maximizando beneficios y reduciendo costos.
En la Argentina provincias como Santa Fe, pionera en el uso de energías renovables, Salta y Mendoza, cuentan con proyectos para la explotación de energía mediante prosumidores. En el caso santafesino, la EPE (Empresa Provincial de Energía) ya cuenta con sus primeros prosumidores conectados a la red.
Para que en el caso de Córdoba la Empresa Provincial de Energía (Epec) y las cooperativas que brindan el servicio energético en el interior permitan el uso de los nuevos medidores de doble sentido, antes debe darse una adhesión de la provincia al nuevo marco legal nacional y además, tanto la Epec como cada una de las cooperativas deben firmar con el regulador nacional.
Aunque la iniciativa en la Argentina está en su etapa inicial, se espera que en la próxima década, logren romper barreras y se conviertan en una tendencia global que impulsen un enfoque diferente de generación, distribución, almacenamiento y venta de energía. Para lo cual la tecnología será la base.
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Misiones es la Capital Nacional de la Biodiversidad
Es ley: Misiones, Capital Nacional de la Biodiversidad
Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
El Senado aprobó el proyecto que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados por el cual se declara a la provincia de Misiones como “Capital Nacional de la Biodiversidad”. “Logro alcanzado trabajando en equipo los Diputados Nacionales del Frente Renovador misionero Ricardo Wellbach, Verónica Derna, Jorge Franco, Flavia Morales y los senadores del bloque”, Maurice Closs y Maggie Solari, destacó el autor de la iniciativa Daniel Di Stéfano, en referencia al acompañamiento de sus pares en el Congreso.
Por su parte, Derna destacó que se trata de un “reconocimiento histórico a nuestra provincia por su compromiso con el cuidado de la Biodiversidad” . “Será una herramienta de gestión para la Provincia y la Argentina!”, expresó la legisladora nacional.
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Fecha de Publicación: 17/12/2018
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
El Senado aprobó el proyecto que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados por el cual se declara a la provincia de Misiones como “Capital Nacional de la Biodiversidad”. “Logro alcanzado trabajando en equipo los Diputados Nacionales del Frente Renovador misionero Ricardo Wellbach, Verónica Derna, Jorge Franco, Flavia Morales y los senadores del bloque”, Maurice Closs y Maggie Solari, destacó el autor de la iniciativa Daniel Di Stéfano, en referencia al acompañamiento de sus pares en el Congreso.
Por su parte, Derna destacó que se trata de un “reconocimiento histórico a nuestra provincia por su compromiso con el cuidado de la Biodiversidad” . “Será una herramienta de gestión para la Provincia y la Argentina!”, expresó la legisladora nacional.
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Reunión por la biodiversidad marina en Chubut
Ambiente avanza en la protección de la biodiversidad marina
Fecha de Publicación: 16/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut - Nacional
La comisión técnica del proyecto “Proteger la biodiversidad marina” se reunió en el marco del proyecto “Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico de la pesca y áreas protegidas”, en Playa Unión, Chubut. Esta segunda reunión de la comisión buscó supervisar y coordinar la planificación de la implementación del proyecto.
Dicha comisión tiene como objetivo fortalecer la coordinación multisectorial y establecer interacciones entre sectores que articulen información, conocimiento, y mecanismos de acción y ejecución para el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto, así como para colaborar en la difusión de las actividades y resultados. Además, promueve la adecuada coordinación de las actividades del proyecto entre las instancias nacionales, provinciales y municipales, como así también con instituciones académicas y de investigación, entidades empresariales y ONG.
Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos, participó del encuentro y señaló: “Junto con las provincias del litoral marítimo, organismos sectoriales y el apoyo de FAO, estamos generando herramientas para el ordenamiento ambiental de los ecosistemas costero-marinos, a través del enfoque ecosistémico en la pesca y las áreas protegidas. De este modo fortalecemos la protección de la biodiversidad marina y fomentamos una pesca responsable en el Mar Argentino”.
El proyecto “Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico de la pesca y áreas protegidas” es ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la colaboración del Consejo Federal Pesquero. En ese sentido, es llevado adelante para fortalecer las capacidades de gestión y protección de la biodiversidad marina en áreas de importancia ecológica, ampliando el conocimiento sobre los aspectos biológicos, ecológicos, sociales y económicos de los ecosistemas marinos, creando y fortaleciendo áreas marinas protegidas, aplicando el enfoque ecosistémico de la pesca, para minimizar los impactos negativos de la actividad.
Durante la apertura de la actividad estuvieron presentes: Alejandro Flores Nava, oficial Técnico de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Néstor Awstin, secretario de Pesca del Chubut. También participaron representantes del Consejo Federal Pesquero, de la Dirección Provincial de Pesca de Buenos Aires, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, de la Prefectura Naval Argentina, de la Secretaría de Pesca de Chubut, de la Secretaría de Pesca de Tierra del Fuego, de la Subsecretaría de Pesca de Río Negro, de la Servicio de Hidrografía Naval, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Producción de la Nación.
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Fecha de Publicación: 16/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut - Nacional
La comisión técnica del proyecto “Proteger la biodiversidad marina” se reunió en el marco del proyecto “Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico de la pesca y áreas protegidas”, en Playa Unión, Chubut. Esta segunda reunión de la comisión buscó supervisar y coordinar la planificación de la implementación del proyecto.
Dicha comisión tiene como objetivo fortalecer la coordinación multisectorial y establecer interacciones entre sectores que articulen información, conocimiento, y mecanismos de acción y ejecución para el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto, así como para colaborar en la difusión de las actividades y resultados. Además, promueve la adecuada coordinación de las actividades del proyecto entre las instancias nacionales, provinciales y municipales, como así también con instituciones académicas y de investigación, entidades empresariales y ONG.
Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos, participó del encuentro y señaló: “Junto con las provincias del litoral marítimo, organismos sectoriales y el apoyo de FAO, estamos generando herramientas para el ordenamiento ambiental de los ecosistemas costero-marinos, a través del enfoque ecosistémico en la pesca y las áreas protegidas. De este modo fortalecemos la protección de la biodiversidad marina y fomentamos una pesca responsable en el Mar Argentino”.
El proyecto “Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico de la pesca y áreas protegidas” es ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la colaboración del Consejo Federal Pesquero. En ese sentido, es llevado adelante para fortalecer las capacidades de gestión y protección de la biodiversidad marina en áreas de importancia ecológica, ampliando el conocimiento sobre los aspectos biológicos, ecológicos, sociales y económicos de los ecosistemas marinos, creando y fortaleciendo áreas marinas protegidas, aplicando el enfoque ecosistémico de la pesca, para minimizar los impactos negativos de la actividad.
Durante la apertura de la actividad estuvieron presentes: Alejandro Flores Nava, oficial Técnico de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Néstor Awstin, secretario de Pesca del Chubut. También participaron representantes del Consejo Federal Pesquero, de la Dirección Provincial de Pesca de Buenos Aires, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, de la Prefectura Naval Argentina, de la Secretaría de Pesca de Chubut, de la Secretaría de Pesca de Tierra del Fuego, de la Subsecretaría de Pesca de Río Negro, de la Servicio de Hidrografía Naval, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Producción de la Nación.
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Son ley dos áreas marinas protegidas
Se aprobó la ley que crea las áreas marinas protegidas Banco Burdwood II y Yaganes
Fecha de Publicación: 15/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, celebró la sanción de la Ley por la cual se crean las áreas marinas protegidas "Namuncurá-Banco Burdwood II" y "Yaganes", ubicadas en la Zona Económica Exclusiva del espacio marítimo argentino.
En ese sentido, Sergio Bergman señaló: “Nuestro país está cumpliendo con la agenda que nos propusimos de conservar la biodiversidad mediante leyes de protección de áreas marinas protegidas. Este logro no solo define nuestra identidad como argentinos, sino como habitantes de la casa común que vamos a dejar a las futuras generaciones”
La creación de las mismas permite poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, fortaleciendo la conservación de espacios marítimos estratégicos, la protección de especies amenazadas y atendiendo su conectividad, vulnerabilidad y características únicas.
Por su parte, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, expresó: “Las áreas marinas protegidas son una herramienta fundamental para conservar la biodiversidad, especies amenazadas y ecosistemas únicos del país. Además, contribuyen a nuestro desarrollo mitigando el cambio climático, restaurando pesquerías de interés comercial, estimulando la investigación científica y constituyendo un ejercicio pacífico de la soberanía argentina en el Atlántico Sur”.
Asimismo, consideró “Hoy es un día histórico. No solo porque ampliamos las áreas protegidas del país en más de 100.000 km2. También porque lo hicimos a partir del diálogo entre todos los sectores (ambiental, científico, turístico, pesquero, energético, del transporte, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores), para juntos poner en funcionamiento un sistema nacional que atiende la conectividad, representatividad y características únicas del Mar Argentino”.
La incorporación de estas reservas aporta más de 100 mil km2 a la superficie marina protegida, constituyendo el primer paso para lograr la protección del 10 % de los espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Cabe destacar que dichas áreas ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina constituyen sitios de importancia para la cría y desove de peces de alto valor comercial: Yaganes sumará a la protección marina costera cerca de 69 mil km2, mientras que Namuncurá-Banco Burdwood II abarcará más de 32 mil km2.
La media sanción de este proyecto, que hoy se convirtió en ley, tuvo lugar el 5 de diciembre en Diputados, sesión en la que también se aprobó la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, en Corrientes.
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Fecha de Publicación: 15/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, celebró la sanción de la Ley por la cual se crean las áreas marinas protegidas "Namuncurá-Banco Burdwood II" y "Yaganes", ubicadas en la Zona Económica Exclusiva del espacio marítimo argentino.
En ese sentido, Sergio Bergman señaló: “Nuestro país está cumpliendo con la agenda que nos propusimos de conservar la biodiversidad mediante leyes de protección de áreas marinas protegidas. Este logro no solo define nuestra identidad como argentinos, sino como habitantes de la casa común que vamos a dejar a las futuras generaciones”
La creación de las mismas permite poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, fortaleciendo la conservación de espacios marítimos estratégicos, la protección de especies amenazadas y atendiendo su conectividad, vulnerabilidad y características únicas.
Por su parte, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, expresó: “Las áreas marinas protegidas son una herramienta fundamental para conservar la biodiversidad, especies amenazadas y ecosistemas únicos del país. Además, contribuyen a nuestro desarrollo mitigando el cambio climático, restaurando pesquerías de interés comercial, estimulando la investigación científica y constituyendo un ejercicio pacífico de la soberanía argentina en el Atlántico Sur”.
Asimismo, consideró “Hoy es un día histórico. No solo porque ampliamos las áreas protegidas del país en más de 100.000 km2. También porque lo hicimos a partir del diálogo entre todos los sectores (ambiental, científico, turístico, pesquero, energético, del transporte, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores), para juntos poner en funcionamiento un sistema nacional que atiende la conectividad, representatividad y características únicas del Mar Argentino”.
La incorporación de estas reservas aporta más de 100 mil km2 a la superficie marina protegida, constituyendo el primer paso para lograr la protección del 10 % de los espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Cabe destacar que dichas áreas ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina constituyen sitios de importancia para la cría y desove de peces de alto valor comercial: Yaganes sumará a la protección marina costera cerca de 69 mil km2, mientras que Namuncurá-Banco Burdwood II abarcará más de 32 mil km2.
La media sanción de este proyecto, que hoy se convirtió en ley, tuvo lugar el 5 de diciembre en Diputados, sesión en la que también se aprobó la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá, en Corrientes.
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Argentina estuvo en la COP de cambio climático
Argentina presente en la conferencia sobre cambio climático en Polonia
Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Traigo la voz para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a los fondos”, aseguró Sergio Bergman durante su intervención.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participó esta tarde en Katowice, Polonia, del Tercer Diálogo de Alto Nivel de Ministros sobre Financiamiento Climático, realizado en la 24° Sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), la que comenzó la semana pasada y continuará hasta el 14 de diciembre.
Bergman, que encabeza la delegación argentina en la conferencia internacional, aseguró allí: “La acción por el clima es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y nos encontramos debatiendo sobre dinero cuando en el fondo la discusión es sobre valores”. También aseguró: “Esta política es de derechos humanos”.
El Secretario de Gobierno explicó asimismo: “Buscamos una transición justa entre nuestras sociedades para que nadie se quede atrás”, a la vez que indicó que “es tiempo que quienes más han contaminado, no solamente con generosidad sino con responsabilidad, pongan el dinero”. Afirmó, a su vez, la necesidad de transmitir este impulso “al mercado y a la economía, para no quedar solo en las buenas intenciones”; y explicó que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática”, a la vez que aseguró que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentables”.
El funcionario se refirió además a la movilización de recursos para el cambio climático: “Venimos a proponer que los mecanismos para alinear el financiamiento internacional con las prioridades nacionales puedan identificar las barreras para financiar esa implementación de forma eficiente, equitativa y justa para todos”. Y reclamó: “Traigo también la voz, al haber presidido el Foro de Ministros de Medioambiente Latinoamérica y el Caribe, para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a estos fondos”.
Finalmente, se refirió al Acuerdo de París, al señalar: “Lo hemos firmado para cumplirlo y París está aquí hoy; vinimos a fijar las reglas del juego y no a jugar con esas reglas. Es el tiempo de la acción y de la definición”. Por último, declaró: “El futuro es lo que hacemos hoy cuando decidimos y ese futuro puede ser sustentable. Cumplir París hoy asegura un mañana mejor para todos”.
Por otra parte, Bergman participó durante la mañana del evento del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía —una alianza global de ciudades— donde compartió la visión de Argentina en relación a la integración entre niveles de gobierno en el contexto de la estrategia climática y del desarrollo sustentable nacional, con un enfoque particular en la financiación.
Por último, Bergman intervino en el evento de alto nivel de celebración del décimo aniversario del programa "Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU-REDD). Dicho programa tiene por objetivo asistir al Gobierno de Argentina en el establecimiento de un programa REDD+ como mecanismo para incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
La agenda de la jornada del Secretario de Gobierno incluyó también participaciones en el “Pre 2020 Stocktake: High Level Part”; el evento paralelo “Ampliando la bioeconomía sostenible: un nuevo capítulo para la plataforma Biofuture Brasil, Polonia y la Agencia Internacional de Energía”; así como reuniones con Robert McKee, presidente del Grupo Directivo de Foundations 20 (F20) y Ramiro Fernández, de la Fundación Avina; y otra con directivos de General Electric. También participó de un encuentro en el que se abordó el mejor aprovechamiento de la ciencia disponible para aumentar la efectividad del financiamiento climático, en el que también intervinieron Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial y Javier Manzanares, director ejecutivo del Fondo Verde del Clima.
Junto a Bergman, forman parte de la comitiva argentina en la COP24 la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, ambos del área ambiental nacional.
En 2018 la conferencia climática adquiere una gran relevancia para la diplomacia internacional en esta materia, debido a los avances que se esperan de los países en sus preparativos para la implementación del Acuerdo de París. Por su parte, Argentina apoya el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) donde se llama a la acción de todos los países para combatir el cambio climático, no sobrepasar el promedio de temperatura mundial de 1.5 °C comparándolo con el periodo pre industrial, luchar por un desarrollo sustentable y erradicar la pobreza.
Asimismo, se esperan alcanzar logros claves para cumplir con las metas contempladas en el Acuerdo de París. La COP24 es la penúltima parada en el camino hacia 2020, año en que entrará en vigor dicho acuerdo. El principal objetivo de esta conferencia es efectuar un balance de los logros que los países han alcanzado y ajustar los niveles de ambición necesarios para alcanzar los objetivos de París. Se espera que todos eleven sus planes para recortar sus emisiones y aceleren la transformación energética de sus economías para abandonar de manera definitiva los contaminantes combustibles fósiles.
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Fecha de Publicación: 14/12/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
“Traigo la voz para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a los fondos”, aseguró Sergio Bergman durante su intervención.
El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participó esta tarde en Katowice, Polonia, del Tercer Diálogo de Alto Nivel de Ministros sobre Financiamiento Climático, realizado en la 24° Sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24), la que comenzó la semana pasada y continuará hasta el 14 de diciembre.
Bergman, que encabeza la delegación argentina en la conferencia internacional, aseguró allí: “La acción por el clima es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y nos encontramos debatiendo sobre dinero cuando en el fondo la discusión es sobre valores”. También aseguró: “Esta política es de derechos humanos”.
El Secretario de Gobierno explicó asimismo: “Buscamos una transición justa entre nuestras sociedades para que nadie se quede atrás”, a la vez que indicó que “es tiempo que quienes más han contaminado, no solamente con generosidad sino con responsabilidad, pongan el dinero”. Afirmó, a su vez, la necesidad de transmitir este impulso “al mercado y a la economía, para no quedar solo en las buenas intenciones”; y explicó que “el sector privado está comprometido en que sus finanzas tengan una vinculación con la sustentabilidad climática”, a la vez que aseguró que “tiene que ser para ellos un buen negocio ser sustentables”.
El funcionario se refirió además a la movilización de recursos para el cambio climático: “Venimos a proponer que los mecanismos para alinear el financiamiento internacional con las prioridades nacionales puedan identificar las barreras para financiar esa implementación de forma eficiente, equitativa y justa para todos”. Y reclamó: “Traigo también la voz, al haber presidido el Foro de Ministros de Medioambiente Latinoamérica y el Caribe, para pedir la descentralización, el acceso directo y la posibilidad de que los países en desarrollo tengan equidad y justicia en el acceso a estos fondos”.
Finalmente, se refirió al Acuerdo de París, al señalar: “Lo hemos firmado para cumplirlo y París está aquí hoy; vinimos a fijar las reglas del juego y no a jugar con esas reglas. Es el tiempo de la acción y de la definición”. Por último, declaró: “El futuro es lo que hacemos hoy cuando decidimos y ese futuro puede ser sustentable. Cumplir París hoy asegura un mañana mejor para todos”.
Por otra parte, Bergman participó durante la mañana del evento del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía —una alianza global de ciudades— donde compartió la visión de Argentina en relación a la integración entre niveles de gobierno en el contexto de la estrategia climática y del desarrollo sustentable nacional, con un enfoque particular en la financiación.
Por último, Bergman intervino en el evento de alto nivel de celebración del décimo aniversario del programa "Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU-REDD). Dicho programa tiene por objetivo asistir al Gobierno de Argentina en el establecimiento de un programa REDD+ como mecanismo para incentivar la protección, administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
La agenda de la jornada del Secretario de Gobierno incluyó también participaciones en el “Pre 2020 Stocktake: High Level Part”; el evento paralelo “Ampliando la bioeconomía sostenible: un nuevo capítulo para la plataforma Biofuture Brasil, Polonia y la Agencia Internacional de Energía”; así como reuniones con Robert McKee, presidente del Grupo Directivo de Foundations 20 (F20) y Ramiro Fernández, de la Fundación Avina; y otra con directivos de General Electric. También participó de un encuentro en el que se abordó el mejor aprovechamiento de la ciencia disponible para aumentar la efectividad del financiamiento climático, en el que también intervinieron Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial y Javier Manzanares, director ejecutivo del Fondo Verde del Clima.
Junto a Bergman, forman parte de la comitiva argentina en la COP24 la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, ambos del área ambiental nacional.
En 2018 la conferencia climática adquiere una gran relevancia para la diplomacia internacional en esta materia, debido a los avances que se esperan de los países en sus preparativos para la implementación del Acuerdo de París. Por su parte, Argentina apoya el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) donde se llama a la acción de todos los países para combatir el cambio climático, no sobrepasar el promedio de temperatura mundial de 1.5 °C comparándolo con el periodo pre industrial, luchar por un desarrollo sustentable y erradicar la pobreza.
Asimismo, se esperan alcanzar logros claves para cumplir con las metas contempladas en el Acuerdo de París. La COP24 es la penúltima parada en el camino hacia 2020, año en que entrará en vigor dicho acuerdo. El principal objetivo de esta conferencia es efectuar un balance de los logros que los países han alcanzado y ajustar los niveles de ambición necesarios para alcanzar los objetivos de París. Se espera que todos eleven sus planes para recortar sus emisiones y aceleren la transformación energética de sus economías para abandonar de manera definitiva los contaminantes combustibles fósiles.
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Empresas sustentables beneficiadas con un proyecto de ley
Avanza en el Congreso ley para legalizar empresas sustentables
Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Se trata de la ley de empresas BIC, un proyecto que brinda reconocimiento legal a las empresas de triple impacto. Buscan que se apruebe en una semana en el Senado.
En sesiones extraordinarias y a días de perder estado parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que le brindará reconocimiento legal a las empresas de triple impacto, es decir organizaciones que además de redito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social.
El Ejecutivo acompañó un proyecto de ley gestado por Sistema B y ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos) que reconoce jurídicamente a las empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC).La iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General en junio de 2017, pero recién 18 meses después llegó al recinto. El año pasado también entró el temario de extraordinarias pero no fue tratada.
Las empresas de triple impacto se desempeñan como organizaciones sin fines de lucro, pero ahora serán reconocidas legalmente al incorporar a la ley de Sociedades Comerciales. “Esta es una gran ley y es volver a apoyar a los emprendedores y darles el lugar que necesitan”, explica a ámbito.com Ezequiel Calcarami presidente de ASEA y amplia: “Ademásreconoce a aquellos emprendimientos que no solo tienen un impacto económico sino también un impacto social o ambiental”.
La iniciativa se aprobó por 117 votos aportados por Cambiemos, el justicialismo y el Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo y la izquierda reunieron 36 sufragios por la negativa. La oposición dijo que la norma “atrasa” porque plantea beneficios impositivos.
En ese sentido, Soledad Noel, abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B desmiente esa apreciación al tiempo que recuerda que el proyecto no habla de exenciones impositivas. En su lugar valora:“Esta sanción significa de 117 diputados de distintos partidos políticos vieron este proyecto una ley que genera valor, ese es el mensaje más relevante”.
Durante el debate el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que "en la Argentina ya existen muchas empresas de este tipo que buscan cuidar el medio ambiente, pero es necesario otorgarle un marco legal".
La expectativa está puesta ahora en el Senado, tanto de Sistema B como de ASEA apuntan a que la ley salga este año y ya comenzaron las conversaciones informarles en la Cámara alta. “Tenemos una semana para fortalecer la articulación con los senadores y ya tenemos vínculo en las diferentes provincias. Ahora se viene la batalla en el Senado”, advierte Noel.
Por su parte Calcarami reiteró: “Estamos muy contentos y confiados de que va a salir. Esperamos que sea la semana que viene”.
El proyecto establece que serán empresas de Beneficios e Interés Colectivo las "sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades".
Además establece que para convertirse en una empresa de triple impacto, "las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto o contrato social las previsiones que se detallan en la presente ley e inscribir las modificaciones en el registro público respectivo".
Estas empresas deben incluir en el contrato social "el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar" y contar con el respaldo del 75% de los socios con derechos a voto.
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Fecha de Publicación: 12/12/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Se trata de la ley de empresas BIC, un proyecto que brinda reconocimiento legal a las empresas de triple impacto. Buscan que se apruebe en una semana en el Senado.
En sesiones extraordinarias y a días de perder estado parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que le brindará reconocimiento legal a las empresas de triple impacto, es decir organizaciones que además de redito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social.
El Ejecutivo acompañó un proyecto de ley gestado por Sistema B y ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos) que reconoce jurídicamente a las empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC).La iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General en junio de 2017, pero recién 18 meses después llegó al recinto. El año pasado también entró el temario de extraordinarias pero no fue tratada.
Las empresas de triple impacto se desempeñan como organizaciones sin fines de lucro, pero ahora serán reconocidas legalmente al incorporar a la ley de Sociedades Comerciales. “Esta es una gran ley y es volver a apoyar a los emprendedores y darles el lugar que necesitan”, explica a ámbito.com Ezequiel Calcarami presidente de ASEA y amplia: “Ademásreconoce a aquellos emprendimientos que no solo tienen un impacto económico sino también un impacto social o ambiental”.
La iniciativa se aprobó por 117 votos aportados por Cambiemos, el justicialismo y el Frente Renovador, mientras que el kirchnerismo y la izquierda reunieron 36 sufragios por la negativa. La oposición dijo que la norma “atrasa” porque plantea beneficios impositivos.
En ese sentido, Soledad Noel, abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B desmiente esa apreciación al tiempo que recuerda que el proyecto no habla de exenciones impositivas. En su lugar valora:“Esta sanción significa de 117 diputados de distintos partidos políticos vieron este proyecto una ley que genera valor, ese es el mensaje más relevante”.
Durante el debate el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que "en la Argentina ya existen muchas empresas de este tipo que buscan cuidar el medio ambiente, pero es necesario otorgarle un marco legal".
La expectativa está puesta ahora en el Senado, tanto de Sistema B como de ASEA apuntan a que la ley salga este año y ya comenzaron las conversaciones informarles en la Cámara alta. “Tenemos una semana para fortalecer la articulación con los senadores y ya tenemos vínculo en las diferentes provincias. Ahora se viene la batalla en el Senado”, advierte Noel.
Por su parte Calcarami reiteró: “Estamos muy contentos y confiados de que va a salir. Esperamos que sea la semana que viene”.
El proyecto establece que serán empresas de Beneficios e Interés Colectivo las "sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades".
Además establece que para convertirse en una empresa de triple impacto, "las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto o contrato social las previsiones que se detallan en la presente ley e inscribir las modificaciones en el registro público respectivo".
Estas empresas deben incluir en el contrato social "el impacto social, ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar" y contar con el respaldo del 75% de los socios con derechos a voto.
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La "Liga Bioenergética" rechazan nuevos impuestos
Provincias productoras de biocombustibles insisten en rechazar el impuesto de Iguacel
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Hoy, pasado el mediodía, las provincias productoras de biocombustibles conformadas en la Liga Bioenergética recibirán al secretario de Energía, Javier Iguacel, tras la decisión del funcionario de dar marcha atrás con su idea de aplicar impuestos al biodiésel y bioetanol en su mezcla con la nafta en el Congreso. Los gobernadores dejarán en claro que, de ninguna forma, aceptarán el arancel y pedirán que sea para los combustibles fósiles.
Fuentes de Energía no quisieron responder si volverán a la carga con el impuesto, pero destacaron que "la medida es buena" y que "el lobby de provincias como Tucumán impiden el progreso".
La idea de Iguacel en su momento era la de imponer vía ley, un impuesto para el bioetanol del 74% del monto pagado por las naftas. Mientras que el biodiésel llegaba al 92% en su mezcla con el gasoil.
Al respecto y en diálogo con BAE Negocios, el ministro de la Producción, Luis Fernández, aclaró que rechaza de plano el impuesto. "Eso es algo que se debe hacer con los fósiles, que son los que contaminan dióxido a la atmósfera y no pagan por ello", dijo.
Fernández agregó: "Como no se hacen los Consejos Federales de Energía -algo que sucedía antes-, no sabemos cuál es la política del Gobierno respecto de los biocombustibles".
Por lo pronto, la llegada de dos ex directores ligados al petróleo y el gas deja en claro el objetivo del Gobierno. Ayer en el portal web de Energía se podía leer la siguiente leyenda: "Fomentamos el desarrollo del petróleo y el gas, pilares de nuestra matriz energética".
Pasada algunas horas, el error fue subsanado luego de las críticas del propio sector de biocombustibles por la siguiente frase: "Aseguramos el abastecimiento de energía para un país en desarrollo".
Mal comienzo para el secretario Iguacel en lo que se considera hoy la primera reunión con la Liga. Y más aún si busca un consenso para insistir con el impuesto. La opción de que el mismo sea coparticipable no es mal visto por algunas provincias.
Desde la industria y el Parlamento reconocieron que hay una intensión por parte del Ejecutivo de volver a la carga con el tema, pero se busca que el mismo no sea tan perjudicial para el sector. La idea es incluirlo en las sesiones extraordinarias, por eso el acercamiento de Iguacel con la Liga.
Esta vez el Ejecutivo impulsará el proyecto desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando que la de Energía está presidida por el FPV.
En definitiva, no se entiende lo que pasa puertas adentro del Gobierno. Un ejemplo de esto es que en el marco del G20, "Argentina firmó el acuerdo de París, para cumplirlo", dijo el secretario de Ambiente, Sergio Bergman. El mismo, como se sabe, habla de la decisión de 195 países que acordaron combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Hoy, pasado el mediodía, las provincias productoras de biocombustibles conformadas en la Liga Bioenergética recibirán al secretario de Energía, Javier Iguacel, tras la decisión del funcionario de dar marcha atrás con su idea de aplicar impuestos al biodiésel y bioetanol en su mezcla con la nafta en el Congreso. Los gobernadores dejarán en claro que, de ninguna forma, aceptarán el arancel y pedirán que sea para los combustibles fósiles.
Fuentes de Energía no quisieron responder si volverán a la carga con el impuesto, pero destacaron que "la medida es buena" y que "el lobby de provincias como Tucumán impiden el progreso".
La idea de Iguacel en su momento era la de imponer vía ley, un impuesto para el bioetanol del 74% del monto pagado por las naftas. Mientras que el biodiésel llegaba al 92% en su mezcla con el gasoil.
Al respecto y en diálogo con BAE Negocios, el ministro de la Producción, Luis Fernández, aclaró que rechaza de plano el impuesto. "Eso es algo que se debe hacer con los fósiles, que son los que contaminan dióxido a la atmósfera y no pagan por ello", dijo.
Fernández agregó: "Como no se hacen los Consejos Federales de Energía -algo que sucedía antes-, no sabemos cuál es la política del Gobierno respecto de los biocombustibles".
Por lo pronto, la llegada de dos ex directores ligados al petróleo y el gas deja en claro el objetivo del Gobierno. Ayer en el portal web de Energía se podía leer la siguiente leyenda: "Fomentamos el desarrollo del petróleo y el gas, pilares de nuestra matriz energética".
Pasada algunas horas, el error fue subsanado luego de las críticas del propio sector de biocombustibles por la siguiente frase: "Aseguramos el abastecimiento de energía para un país en desarrollo".
Mal comienzo para el secretario Iguacel en lo que se considera hoy la primera reunión con la Liga. Y más aún si busca un consenso para insistir con el impuesto. La opción de que el mismo sea coparticipable no es mal visto por algunas provincias.
Desde la industria y el Parlamento reconocieron que hay una intensión por parte del Ejecutivo de volver a la carga con el tema, pero se busca que el mismo no sea tan perjudicial para el sector. La idea es incluirlo en las sesiones extraordinarias, por eso el acercamiento de Iguacel con la Liga.
Esta vez el Ejecutivo impulsará el proyecto desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, considerando que la de Energía está presidida por el FPV.
En definitiva, no se entiende lo que pasa puertas adentro del Gobierno. Un ejemplo de esto es que en el marco del G20, "Argentina firmó el acuerdo de París, para cumplirlo", dijo el secretario de Ambiente, Sergio Bergman. El mismo, como se sabe, habla de la decisión de 195 países que acordaron combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible.
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Malas perspectivas para el biodiesel argentino en Europa
Europa vuelve a cerrar sus fronteras al biodiesel argentino
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Tras las quejas de los productores europeos, un informe oficial recomienda elevar los aranceles hasta el 33%, lo que implica el cierre de hecho del mercado. Está sujeto a la aprobación de los Estados miembro. Fuerte golpe a la política de libre comercio que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
La prédica del gobierno nacional de que Argentina debe abrirse al mundo y recibir las importaciones sin trabas ya que ello implicará un incremento de las exportaciones, recibió un duro golpe cuando trascendió que la Comisión Europea recomendará a los países de la Unión la adopción de un arancel de entre el 25% y el 33,4% para las compras de biodiesel argentino.
Si bien aún no salió la decisión final del órgano Ejecutivo de la UE, se espera que la propuesta de la Comisión Europea avance dados los antecedentes en la materia.
“Aunque esto aún require de la confirmación de los Estados miembro, esta es una buena noticia para la industria”, dijo a la agencia Reuters Kristell Guizouarn, titular de la Junta Europea de Biodiesel.
"Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión (...) debería imponerse un derecho compensatorio definitivo para evitar la materialización de la inminente amenaza de importante daño causado a la industria de la Unión por las importaciones subvencionadas", dijo la Comisión en su recomendación.
Según el informe de la Comisión Europea, los embarques masivos de biodiesel argentino “amenazan la industria” continental de biocombustibles. El reporte fue el resultado de una investigación reclamada por productores de biocombustibles de la UE, quienes aseguran haber sido impactados por las importaciones del producto argentino desde que la Unión redujo los aranceles que impone al producto argentino tras una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que por ello debieron recortar su producción.
Según Reuters, la recomendación de la Comisión es no aplicar tarifas en forma provisoria en septiembre e ir hacia tarifas permanentes a partir de enero próximo.
La UE considera que la producción de biodiesel está subsidiada en la Argentina porque los productores pagan menos derechos por la exportación de biodiesel que por la de porotos.
Sin embargo, esa política cambió desde julio y prevé una confluencia entre ambos impuestos hacia diciembre de 2019.
A la industria argentina de biodiesel se le presenta un escenario muy pesimista. El mercado de los Estados Unidos se cerró a principios de año cuando la administración de Donald Trump impuso tarifas de hasta el 72% a las importaciones del producto desde la Argentina. Ahora la UE se suma con esta tanda de aranceles.
Según Gustavo Idígoras, director del Centro de Estudios de Sistema Agroalimentario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “la Argentina no tiene subsidios a la soja ni a la harina, menos al aceite y mucho menos al biodiesel, pero debe lidiar con un mundo altamente proteccionista y subsidiado”.
El experto señala que los países importadores impulsan las compras de poroto de soja o, en el mejor de los casos, de aceite de soja, que es la base para la producción del biodiesel. “perder exportaciones de biodiesel es confirmar la victoria del proteccionismo de los países compradores”, señala.
Agrega que “la existencia de derechos diferenciales de exportación entre materias primas y productos industrializados no es un subsidio de acuerdo con la OMC. Es exclusivamente un impuesto al producto exportado con fines recaudatorios, pero no genera beneficio para la exportación”.
Además, “es un mecanismo eficiente para contrarrestar el escalonamiento arancelario en los países compradores, que aplican mayores aranceles sobre la base del nivel de industrialización”, indica.
Y concluye: “Evitemos entrar en la falsa dicotomía de libre comercio puro: no existe y no existirá”.
Lo cierto es que sin mercados externos, la industria local de biodiesel mira al gobierno para que eleve el corte de gasoil hasta el 20% o más. La capacidad de producción está en torno de los 4,5 millones de toneladas anuales y, con el corte actual, se vuelca al mercado interno un millón de toneladas.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Tras las quejas de los productores europeos, un informe oficial recomienda elevar los aranceles hasta el 33%, lo que implica el cierre de hecho del mercado. Está sujeto a la aprobación de los Estados miembro. Fuerte golpe a la política de libre comercio que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
La prédica del gobierno nacional de que Argentina debe abrirse al mundo y recibir las importaciones sin trabas ya que ello implicará un incremento de las exportaciones, recibió un duro golpe cuando trascendió que la Comisión Europea recomendará a los países de la Unión la adopción de un arancel de entre el 25% y el 33,4% para las compras de biodiesel argentino.
Si bien aún no salió la decisión final del órgano Ejecutivo de la UE, se espera que la propuesta de la Comisión Europea avance dados los antecedentes en la materia.
“Aunque esto aún require de la confirmación de los Estados miembro, esta es una buena noticia para la industria”, dijo a la agencia Reuters Kristell Guizouarn, titular de la Junta Europea de Biodiesel.
"Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión (...) debería imponerse un derecho compensatorio definitivo para evitar la materialización de la inminente amenaza de importante daño causado a la industria de la Unión por las importaciones subvencionadas", dijo la Comisión en su recomendación.
Según el informe de la Comisión Europea, los embarques masivos de biodiesel argentino “amenazan la industria” continental de biocombustibles. El reporte fue el resultado de una investigación reclamada por productores de biocombustibles de la UE, quienes aseguran haber sido impactados por las importaciones del producto argentino desde que la Unión redujo los aranceles que impone al producto argentino tras una resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que por ello debieron recortar su producción.
Según Reuters, la recomendación de la Comisión es no aplicar tarifas en forma provisoria en septiembre e ir hacia tarifas permanentes a partir de enero próximo.
La UE considera que la producción de biodiesel está subsidiada en la Argentina porque los productores pagan menos derechos por la exportación de biodiesel que por la de porotos.
Sin embargo, esa política cambió desde julio y prevé una confluencia entre ambos impuestos hacia diciembre de 2019.
A la industria argentina de biodiesel se le presenta un escenario muy pesimista. El mercado de los Estados Unidos se cerró a principios de año cuando la administración de Donald Trump impuso tarifas de hasta el 72% a las importaciones del producto desde la Argentina. Ahora la UE se suma con esta tanda de aranceles.
Según Gustavo Idígoras, director del Centro de Estudios de Sistema Agroalimentario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “la Argentina no tiene subsidios a la soja ni a la harina, menos al aceite y mucho menos al biodiesel, pero debe lidiar con un mundo altamente proteccionista y subsidiado”.
El experto señala que los países importadores impulsan las compras de poroto de soja o, en el mejor de los casos, de aceite de soja, que es la base para la producción del biodiesel. “perder exportaciones de biodiesel es confirmar la victoria del proteccionismo de los países compradores”, señala.
Agrega que “la existencia de derechos diferenciales de exportación entre materias primas y productos industrializados no es un subsidio de acuerdo con la OMC. Es exclusivamente un impuesto al producto exportado con fines recaudatorios, pero no genera beneficio para la exportación”.
Además, “es un mecanismo eficiente para contrarrestar el escalonamiento arancelario en los países compradores, que aplican mayores aranceles sobre la base del nivel de industrialización”, indica.
Y concluye: “Evitemos entrar en la falsa dicotomía de libre comercio puro: no existe y no existirá”.
Lo cierto es que sin mercados externos, la industria local de biodiesel mira al gobierno para que eleve el corte de gasoil hasta el 20% o más. La capacidad de producción está en torno de los 4,5 millones de toneladas anuales y, con el corte actual, se vuelca al mercado interno un millón de toneladas.
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Reflexiones sobre post G20 y minería
Después del G20, ¿minería a cualquier costo?
Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
¿Qué cambió? Nada. Al Gobierno nacional no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.
Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”
En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?
Oportunidad o ilusión óptica
Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).
Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.
“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra
¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.
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Fecha de Publicación: 09/12/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
¿Qué cambió? Nada. Al Gobierno nacional no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
El G20 nos dejó la noticia de que, en algunos meses, Argentina tendrá importantes novedades respecto a la puesta en marcha de megaemprendimientos mineros, como Agua Rica en el departamento Andalgalá (Catamarca). El anuncio lo hizo el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica. El caso de la minería de nuestro país está atravesado por la cuestión ambiental que, para algunos sectores, aparece sacrificada bajo el aspecto enfatizado, que sería siempre el económico y que, por supuesto, incluye la distribución de las ganancias. Precisamente, uno de los principales dilemas a resolver es que Nación es el socio “vivo” que se queda con la “tajada del león” sin importar qué pase en las comunidades mineras. ¿Qué cambió? Nada. Al gobierno central no le importa lo social o ambiental, solo que se mueva.
“Existen grandes expectativas con respecto a proyectos que vienen hace varios años con distintos estudios y algunas demoras, como es Agua Rica (provincia de Catamarca). Pensamos que de esos proyectos quizás en los próximos meses podemos tener noticias importantes: son de fuerte inversión, generan fuerte presencia de empleo y cumplen todas las regulaciones que tienen que ver con las normas y la licencia social en cada una de esas provincias. Seguimos teniendo expectativas con respecto al desarrollo minero para los próximos años en Argentina, que será uno de los sectores que nos ayudará a aportar muchas divisas y poder solucionar nuestro déficit crónico en materia de comercio exterior”.
Agua Rica es “viable” con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”
En relación con la experiencia minera en Catamarca, podemos arrancar diciendo que Alumbrera está agotada (la explotación a cielo abierto terminó y comenzó una minería subterránea incipiente en la zona). También sería bueno mencionar la ineptitud en la administración de Farallón Negro (yacimiento de oro y plata que –dicen- da pérdidas y apenas alcanza para pagar los sueldos cuando ambos metales tienen un alto valor en el mercado), por lo que el único megaproyecto explorado para poner en marcha es Agua Rica en la provincia de Catamarca. El Gobierno asegura que el proyecto es “viable” y que se puede tener una minería con un “riesgo ambiental de muy bajas consecuencias”. Aquí mismo va pegadita otra pregunta que tiene vital importancia en este asunto: quién será la “operadora” de Agua Rica. ¿Glencore, la misma que explotó Alumbrera y que absorbió a Xtrata? ¿Alguna otra? ¿Qué solvencia? ¿Qué seriedad? ¿Qué tecnología?
Oportunidad o ilusión óptica
Asimismo, los impulsores de poner en marcha Agua Rica manifiestan que es una nueva “oportunidad” para los andalgalenses, que no terminan de “ponerse de acuerdo” para “salir del pozo”. Sin duda, la explotación –o no- de este gran yacimiento minero involucra la decisión de toda la comunidad que -por esta razón- permanece divida. Los promotores de Agua Rica afirman que se tendrá que renegociar lo económico para que la plata no se la lleve Nación o la Provincia, y que debe ser significativo el porcentaje de ganancia que pueda volcarse en la comunidad más cercana al yacimiento (no solo cuánto dinero, sino dónde se invertirá el mismo).
Andalgalá está aislada. En este momento, se completa la ruta Andalgalá-Belén, ahora falta Andalgalá-Tucumán. Es una comunidad con muchos problemas. Dicen que el Gobierno nacional no tiene plata y que estaremos endeudados por muchos años, por lo que las promesas políticas se harán con base en los recursos de la minería que se viene: externalidades, responsabilidad social empresarial, regalías, ganancias, etc. Hasta aquí, usaron la plata para hacer política partidaria, menos para lo que se conoce como “desarrollo sustentable”.
“Participación social” es una cosa y “licencia social” es otra
¿Dónde está la punta del ovillo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunas pistas sobre cómo seguir. Se deberá hacer algo superador a lo que se hizo o se viene haciendo, que no era ni es suficiente. La Suprema Corte le da participación a la comunidad por el pedido o gracias a los ambientalistas. El tema es que, si la comunidad decide hacerlo, tienen que hacerlo bien. Concepto clave: la “participación social” es una cosa, y la “licencia social”, otra.
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¿Puede Argentina cumplir el Acuerdo de París?
Cambio climático: ¿Argentina cumplirá con el Acuerdo de París?
Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático fue uno de los temas que Argentina trabajó en la Cumbre del G-20 realizada en Buenos Aires.
Esta movida diplomática ha ubicado al país como un potencial líder en las negociaciones para luchar contra este problema global. Y la primera prueba será la cumbre sobre el tema que la Organización de la Naciones Unidas está llevando a cabo desde este lunes en Katowice, Polonia (COP24).
“Es la cumbre más importante luego de la realizada en París (2015). Vamos a tener que escribir la reglamentación del Acuerdo de París. Será una cumbre muy técnica, pero fundamental, porque, si no se logra ese reglamento, corre riesgo el cumplimiento del tratado”, dice Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Nación.
El funcionario entiende que Argentina tendrá un rol protagónico en Polonia. “Vamos a estar en el centro del debate sobre el cambio climático. Siempre ha sido el objetivo de este gobierno asumir el liderazgo, y la cumbre del G-20 nos ha dado ese impulso”, comenta.
Gentile menciona diferentes temáticas tratadas en la Cumbre del G-20, como generación de infraestructura resiliente al clima cambiante, el impacto en el empleo del cambio climático y la búsqueda de estrategias de desarrollo a largo plazo en bajas en emisiones.
“Todo este trabajo estuvo centrado en posicionar a Argentina como una referencia sobre este tema en el mundo. Estamos muy contentos de haberlo logrado”, dice.
Informe negativo
Sin embargo, el último informe de la ONU Medio Ambiente deja mal parada a la Argentina. El documento, llamado “Informe sobre la brecha de emisiones", estima que nuestro país no logrará cumplir su compromiso de mitigación presentado en el marco del Acuerdo de París.
La Argentina propuso una meta de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero del 15 por ciento para 2030.
“Las medidas que Argentina dijo que iba a tomar para cumplir con su compromiso están todas en veremos, por lo que uno infiere que no va a cumplir con su compromiso”, asegura Gabriel Blanco, especialista en cambio climático de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró con el informe.
Y detalla: “El programa Renovar está avanzando lentamente, pero al mismo tiempo se está impulsando la explotación de Vaca Muerta y ahora se ha llamado a licitación internacional para la explotación de petróleo y de gas natural de la plataforma marítima”.
Sobre las medidas para evitar la deforestación, Blanco indica que el presupuesto 2019 destinado a este tema es apenas el cinco por ciento de lo que prevé la ley de bosques, y que en 2017 la deforestación volvió a crecer.
"Vamos a cumplir"
Gentile no coincide con el informe. “No entendemos por qué dice eso. El informe no lo fundamenta. Vamos a cumplir con nuestro compromiso. Estamos en ese camino porque las medidas que se dijeron que se iban a tomar se están tomando. Tenemos nuevas regulaciones en eficiencia energética y el programa Renovar se está llevando a cabo. Hay 30 proyectos para generar energía de manera sustentable que ya están en construcción”, asegura.
Y agrega: “La macroeconomía puede retrasarlo un poco, pero esta situación de menos crecimiento también ayuda a lograr nuestro objetivo, a pesar de que nosotros quisiéramos alcanzarlo con más crecimiento y más empleo”.
Sobre Vaca Muerta, el funcionario aclara que este proyecto de extracción de petróleo y de gas no convencional siempre estuvo considerado en el escenario, aunque no con los volúmenes de producción que se están planificando ahora.
“Entonces, trabajamos en nuevas medidas para compensar las emisiones adicionales que generará Vaca Muerta. Entre estas medidas están un aumento en la eficiencia energética en la demanda y en la oferta, extender el programa Renovar a 2030 y gasificar el transporte pesado de carga y el de pasajeros”, detalla Gentile.
Blanco no parece convencido. “Lo único que cambió entre la gestión del kirchnerismo y la actual gestión es un discurso más fuerte contra el cambio climático, pero no hay hechos. El único avance ha sido el programa Renovar, pero se ha realizado con la misma lógica que tiene el sector energético”, asegura el experto.
Y detalla: “Las energías renovables podrían ayudar al desarrollo local y a la generación del empleo, pero no se están aprovechando”.
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Fecha de Publicación: 07/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático fue uno de los temas que Argentina trabajó en la Cumbre del G-20 realizada en Buenos Aires.
Esta movida diplomática ha ubicado al país como un potencial líder en las negociaciones para luchar contra este problema global. Y la primera prueba será la cumbre sobre el tema que la Organización de la Naciones Unidas está llevando a cabo desde este lunes en Katowice, Polonia (COP24).
“Es la cumbre más importante luego de la realizada en París (2015). Vamos a tener que escribir la reglamentación del Acuerdo de París. Será una cumbre muy técnica, pero fundamental, porque, si no se logra ese reglamento, corre riesgo el cumplimiento del tratado”, dice Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Nación.
El funcionario entiende que Argentina tendrá un rol protagónico en Polonia. “Vamos a estar en el centro del debate sobre el cambio climático. Siempre ha sido el objetivo de este gobierno asumir el liderazgo, y la cumbre del G-20 nos ha dado ese impulso”, comenta.
Gentile menciona diferentes temáticas tratadas en la Cumbre del G-20, como generación de infraestructura resiliente al clima cambiante, el impacto en el empleo del cambio climático y la búsqueda de estrategias de desarrollo a largo plazo en bajas en emisiones.
“Todo este trabajo estuvo centrado en posicionar a Argentina como una referencia sobre este tema en el mundo. Estamos muy contentos de haberlo logrado”, dice.
Informe negativo
Sin embargo, el último informe de la ONU Medio Ambiente deja mal parada a la Argentina. El documento, llamado “Informe sobre la brecha de emisiones", estima que nuestro país no logrará cumplir su compromiso de mitigación presentado en el marco del Acuerdo de París.
La Argentina propuso una meta de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero del 15 por ciento para 2030.
“Las medidas que Argentina dijo que iba a tomar para cumplir con su compromiso están todas en veremos, por lo que uno infiere que no va a cumplir con su compromiso”, asegura Gabriel Blanco, especialista en cambio climático de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró con el informe.
Y detalla: “El programa Renovar está avanzando lentamente, pero al mismo tiempo se está impulsando la explotación de Vaca Muerta y ahora se ha llamado a licitación internacional para la explotación de petróleo y de gas natural de la plataforma marítima”.
Sobre las medidas para evitar la deforestación, Blanco indica que el presupuesto 2019 destinado a este tema es apenas el cinco por ciento de lo que prevé la ley de bosques, y que en 2017 la deforestación volvió a crecer.
"Vamos a cumplir"
Gentile no coincide con el informe. “No entendemos por qué dice eso. El informe no lo fundamenta. Vamos a cumplir con nuestro compromiso. Estamos en ese camino porque las medidas que se dijeron que se iban a tomar se están tomando. Tenemos nuevas regulaciones en eficiencia energética y el programa Renovar se está llevando a cabo. Hay 30 proyectos para generar energía de manera sustentable que ya están en construcción”, asegura.
Y agrega: “La macroeconomía puede retrasarlo un poco, pero esta situación de menos crecimiento también ayuda a lograr nuestro objetivo, a pesar de que nosotros quisiéramos alcanzarlo con más crecimiento y más empleo”.
Sobre Vaca Muerta, el funcionario aclara que este proyecto de extracción de petróleo y de gas no convencional siempre estuvo considerado en el escenario, aunque no con los volúmenes de producción que se están planificando ahora.
“Entonces, trabajamos en nuevas medidas para compensar las emisiones adicionales que generará Vaca Muerta. Entre estas medidas están un aumento en la eficiencia energética en la demanda y en la oferta, extender el programa Renovar a 2030 y gasificar el transporte pesado de carga y el de pasajeros”, detalla Gentile.
Blanco no parece convencido. “Lo único que cambió entre la gestión del kirchnerismo y la actual gestión es un discurso más fuerte contra el cambio climático, pero no hay hechos. El único avance ha sido el programa Renovar, pero se ha realizado con la misma lógica que tiene el sector energético”, asegura el experto.
Y detalla: “Las energías renovables podrían ayudar al desarrollo local y a la generación del empleo, pero no se están aprovechando”.
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Litio, extractivismo y vulneración de derechos
Litio y espejos de colores
Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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