Mostrando entradas con la etiqueta Nacional. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Nacional. Mostrar todas las entradas
Inundaciones generalizadas en cuatro provincias
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Más de 3.000 evacuados y pérdida de cultivos en cuatro provincias por inundaciones
Fecha de Publicación: 16/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Más de 3.000 evacuados, pérdidas de cultivos de algodón y girasol, rutas cortadas y parajes aislados son las consecuencias de las inundaciones provocadas por las lluvias de los últimos días en Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, que ya dejaron cuatro muertos, informaron hoy autoridades locales y la Cruz Roja Argentina (CRA).
Las fuentes precisaron además que la situación "está normalizada" en Santiago del Estero, donde murió un nene que fue golpeado por una rama cuando circulaba en moto con su papá, y en el este de Tucumán, donde también habían caído varios milímetros de lluvia y cientos de personas habían tenido que abandonar sus hogares.
Los otros tres muertos se habían registrado en la localidad correntina de Paso de los Libres, entre ellos una mujer y su hija.
"La emergencia más fuerte está por ahora en las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos", precisó a Télam Rodrigo Cuba, director nacional de Respuesta a Emergencias y Desastres de la CRA.
Detalló que en Santa Fe hay unos 200 evacuados y un acumulado de 900 milímetros de agua caída, mientras que en Chaco hay entre 1.300 y 1.400 evacuados, en Corrientes unos 800 y en Entre Ríos alrededor de 800.
"En Entre Ríos tenemos complicaciones en las zonas cercanas a la ribera del río Uruguay, que está subiendo de manera progresiva y casi llega al nivel de evacuación", alertó Cuba, quien agregó que se está trabajando para asistir a los evacuados y evitar "enfermedades vectoriales, dérmicas y todo tipo de afecciones transmisibles".
"El acumulado para las regiones del Litoral y el Noreste del país es de 480 milímetros, y se estima que caerá más agua en los próximos días", adelantó.
En Chaco cayeron en lo que va de enero 472 milímetros de agua, cifra que se convirtió en el récord de los últimos 66 años para ese mes en la provincia, afirmó la Municipalidad de Resistencia.
Asimismo, cultivos de girasol y algodón se vieron afectados en el sudoeste de la provincia, aunque "todavía no se pudieron estimar las pérdidas", informó por su parte el Ministerio de Producción local.
En Corrientes se mantenía esta tarde cortada la ruta 123 hasta la ruta 14 y otras 15 estaban siendo monitoreadas, mientras que algunos parajes permanecían aislados por las lluvias, señaló el gobernador Gustavo Valdés, quien declaró el estado de emergencia en la provincia.
Asimismo, cuatro familias de la localidad cordobesa de Arroyo Algodón, 127 kilómetros al sudeste de la capital, se autoevacuaron de sus casas por las lluvias que se registraron el fin de semana, que produjeron la crecida de ríos y arroyos, por lo que la Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofe local pidió a los vecinos "máxima precaución".
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó que las lluvias continuarán afectando las zonas ya complicadas durante los próximos días, y no descartó la presencia de ráfagas y granizo.
En tanto, las Fuerzas Armadas coordinaban tareas de asistencia a los damnificados en Corrientes, Chaco y Santa Fe, informó esta tarde el Ministerio de Defensa nacional.
En el municipio chaqueño de Las Breñas, "los efectivos apoyaban la evacuación de las personas en las zonas que permanecen aisladas, mientras que en Resistencia y Barranqueras las operaciones estaban transitoriamente finalizadas", detalló la cartera en un comunicado.
En tanto, en Corrientes continuaba la asistencia a los habitantes de Curuzú Cuatiá, mientras que en Santa Fe "efectivos reforzaban las defensas del río Salado en las comunas de Villa Minetti y Margarita”, completaron.
.
Fecha de Publicación: 16/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Más de 3.000 evacuados, pérdidas de cultivos de algodón y girasol, rutas cortadas y parajes aislados son las consecuencias de las inundaciones provocadas por las lluvias de los últimos días en Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, que ya dejaron cuatro muertos, informaron hoy autoridades locales y la Cruz Roja Argentina (CRA).
Las fuentes precisaron además que la situación "está normalizada" en Santiago del Estero, donde murió un nene que fue golpeado por una rama cuando circulaba en moto con su papá, y en el este de Tucumán, donde también habían caído varios milímetros de lluvia y cientos de personas habían tenido que abandonar sus hogares.
Los otros tres muertos se habían registrado en la localidad correntina de Paso de los Libres, entre ellos una mujer y su hija.
"La emergencia más fuerte está por ahora en las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos", precisó a Télam Rodrigo Cuba, director nacional de Respuesta a Emergencias y Desastres de la CRA.
Detalló que en Santa Fe hay unos 200 evacuados y un acumulado de 900 milímetros de agua caída, mientras que en Chaco hay entre 1.300 y 1.400 evacuados, en Corrientes unos 800 y en Entre Ríos alrededor de 800.
"En Entre Ríos tenemos complicaciones en las zonas cercanas a la ribera del río Uruguay, que está subiendo de manera progresiva y casi llega al nivel de evacuación", alertó Cuba, quien agregó que se está trabajando para asistir a los evacuados y evitar "enfermedades vectoriales, dérmicas y todo tipo de afecciones transmisibles".
"El acumulado para las regiones del Litoral y el Noreste del país es de 480 milímetros, y se estima que caerá más agua en los próximos días", adelantó.
En Chaco cayeron en lo que va de enero 472 milímetros de agua, cifra que se convirtió en el récord de los últimos 66 años para ese mes en la provincia, afirmó la Municipalidad de Resistencia.
Asimismo, cultivos de girasol y algodón se vieron afectados en el sudoeste de la provincia, aunque "todavía no se pudieron estimar las pérdidas", informó por su parte el Ministerio de Producción local.
En Corrientes se mantenía esta tarde cortada la ruta 123 hasta la ruta 14 y otras 15 estaban siendo monitoreadas, mientras que algunos parajes permanecían aislados por las lluvias, señaló el gobernador Gustavo Valdés, quien declaró el estado de emergencia en la provincia.
Asimismo, cuatro familias de la localidad cordobesa de Arroyo Algodón, 127 kilómetros al sudeste de la capital, se autoevacuaron de sus casas por las lluvias que se registraron el fin de semana, que produjeron la crecida de ríos y arroyos, por lo que la Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofe local pidió a los vecinos "máxima precaución".
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó que las lluvias continuarán afectando las zonas ya complicadas durante los próximos días, y no descartó la presencia de ráfagas y granizo.
En tanto, las Fuerzas Armadas coordinaban tareas de asistencia a los damnificados en Corrientes, Chaco y Santa Fe, informó esta tarde el Ministerio de Defensa nacional.
En el municipio chaqueño de Las Breñas, "los efectivos apoyaban la evacuación de las personas en las zonas que permanecen aisladas, mientras que en Resistencia y Barranqueras las operaciones estaban transitoriamente finalizadas", detalló la cartera en un comunicado.
En tanto, en Corrientes continuaba la asistencia a los habitantes de Curuzú Cuatiá, mientras que en Santa Fe "efectivos reforzaban las defensas del río Salado en las comunas de Villa Minetti y Margarita”, completaron.
.
Etiquetas:
Avanza el INBN2 con cinco nuevas provincias
Avanza el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 16/01/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
A partir de la firma de un convenio, comenzará la instalación de parcelas en cinco nuevas provincias.
En el marco de las acciones que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación en relación al Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2), se realizó el acto firma de adjudicación de la Licitación Pública Nacional N°2/2018 para la contratación de servicios para la instalación de un total de 627 parcelas remedibles en cinco provincias.
El inventario es una herramienta estratégica nacional necesaria para planificar políticas públicas de conservación y manejo sustentable de los bosques. Su objetivo es proveer la información actualizada del patrimonio de bosques nativos del país y establecer un sistema continuo de inventarios forestales sucesivos. De esta manera se da cumplimiento a la Ley N.° 26331 de Bosques Nativos y a los convenios internacionales asumidos por Argentina para el diseño, aplicación y seguimiento con la estrategia de cambio climático.
En representación del titular del organismo de Ambiente, Sergio Bergman, participó del acto el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno. La contratación de servicios suscripta alcanza a las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y a cuatro regiones forestales: parque chaqueño, selva misionera, espinal, delta e islas del Paraná.
La presente licitación está dividida en dos lotes. Para el primero, compuesto por Misiones y Corrientes, el adjudicatario seleccionado fue NvN S.A (NeoAmbiental) quien deberá instalar 257 parcelas remedibles en dichas provincias. Por su parte, para el segundo lote el adjudicatario elegido fue la Asociación en Participación Universidad de Concepción del Uruguay, Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia S.H. y Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico S.H., quien deberá instalar un total de 370 parcelas remedibles en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Cabe destacar que ya se encuentran inventariadas en su totalidad Santiago del Estero, Chaco y próximamente se concluirán las actividades en las cinco provincias de la región forestal bosque andino patagónico (Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Al mismo tiempo, continúa avanzando la instalación de unidades de muestreo en Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Tucumán. Seguidamente se estipula que se lanzarán los pliegos de licitación para las provincias y regiones forestales faltantes, con lo que se estaría completando el proceso de adjudicación. Actualmente, el inventario se encuentra con un desarrollo del 46 %, con 1.919 parcelas instaladas a la fecha.
Las acciones del INBN2 se realizan con el apoyo del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, que realiza el monitoreo del patrimonio forestal nativo, a través del establecimiento de un sistema de monitoreo de la cobertura forestal, donde se prevé la instalación de una red nacional de parcelas que pueden volver a medirse de muestreo permanente, con el objetivo de verificar los cambios que ocurren en los bosques.
.
Fecha de Publicación: 16/01/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
A partir de la firma de un convenio, comenzará la instalación de parcelas en cinco nuevas provincias.
En el marco de las acciones que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación en relación al Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2), se realizó el acto firma de adjudicación de la Licitación Pública Nacional N°2/2018 para la contratación de servicios para la instalación de un total de 627 parcelas remedibles en cinco provincias.
El inventario es una herramienta estratégica nacional necesaria para planificar políticas públicas de conservación y manejo sustentable de los bosques. Su objetivo es proveer la información actualizada del patrimonio de bosques nativos del país y establecer un sistema continuo de inventarios forestales sucesivos. De esta manera se da cumplimiento a la Ley N.° 26331 de Bosques Nativos y a los convenios internacionales asumidos por Argentina para el diseño, aplicación y seguimiento con la estrategia de cambio climático.
En representación del titular del organismo de Ambiente, Sergio Bergman, participó del acto el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno. La contratación de servicios suscripta alcanza a las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y a cuatro regiones forestales: parque chaqueño, selva misionera, espinal, delta e islas del Paraná.
La presente licitación está dividida en dos lotes. Para el primero, compuesto por Misiones y Corrientes, el adjudicatario seleccionado fue NvN S.A (NeoAmbiental) quien deberá instalar 257 parcelas remedibles en dichas provincias. Por su parte, para el segundo lote el adjudicatario elegido fue la Asociación en Participación Universidad de Concepción del Uruguay, Feldkamp Juan Esteban y Siboldi Maria Eugenia S.H. y Feldkamp Hermann Adolfo y Feldkamp Walter Federico S.H., quien deberá instalar un total de 370 parcelas remedibles en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Cabe destacar que ya se encuentran inventariadas en su totalidad Santiago del Estero, Chaco y próximamente se concluirán las actividades en las cinco provincias de la región forestal bosque andino patagónico (Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Al mismo tiempo, continúa avanzando la instalación de unidades de muestreo en Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Tucumán. Seguidamente se estipula que se lanzarán los pliegos de licitación para las provincias y regiones forestales faltantes, con lo que se estaría completando el proceso de adjudicación. Actualmente, el inventario se encuentra con un desarrollo del 46 %, con 1.919 parcelas instaladas a la fecha.
Las acciones del INBN2 se realizan con el apoyo del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, que realiza el monitoreo del patrimonio forestal nativo, a través del establecimiento de un sistema de monitoreo de la cobertura forestal, donde se prevé la instalación de una red nacional de parcelas que pueden volver a medirse de muestreo permanente, con el objetivo de verificar los cambios que ocurren en los bosques.
.
Científicos alertan sobre el cáncer de piel
El cáncer de piel aumentaría 40% por el cambio climático
Fecha de Publicación: 14/01/2019
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Los efectos del cambio climático generarían un aumento de hasta el 40% en la incidencia de cáncer de piel en el mundo en los próximos dos siglos, alertaron hoy científicos de México y Argentina.
La proyección fue realizada por miembros del Grupo de Física de la Atmósfera, Radiación Solar y Astropartículas del Instituto de Física Rosario (IFIR), Santa Fe, que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( Conicet) y de la Universidad Nacional de Rosario.
El estudio fue liderado por el doctor en Física Rubén Piacentini, director también de un grupo que hace una década calculó con colegas de Holanda el incremento del riesgo para la piel cuando a la radiación solar UV (ultravioleta) se le suma el aumento de la temperatura ambiente.
En el nuevo informe participaron como autoras las doctoras en Ciencias Naturales, Lara Della Ceca, y en Física, Adriana Ipiña, esta última también investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El trabajo fue publicado en la revista Photochemical and Photobiological Sciences, publicación científica mundial especializada en fotoquímica y fotobiología.
Piacentini y sus colegas emplearon datos previos de estudios realizados en 10 regiones de Estados Unidos y elaboraron una proyección de los casos esperables en los años 2100 y 2200 de los dos tipos de carcinoma de piel más frecuentes: el espinocelular (CEC) y el basocelular (CBC).
Para ello, anticiparon escenarios futuros de variación de la temperatura ambiente, según lo establecido por los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés).
“Los escenarios varían desde uno optimista, que considera una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, hasta uno pesimista en el que todo sigue como hasta ahora: sin medidas que eviten la contaminación del aire”, afirmó Piacentini a la Agencia CyTA-Leloir. De acuerdo a los resultados, el escenario más “optimista” apuntó al aumento en la incidencia de los dos tumores, que "no superaría el 6%".
En cambio, las cifras podrían dar un "salto significativo" si los países no reducen sus emisiones: en 2100, los casos diagnosticados de CEC y CBC treparían 21,4% y 9,9%, respectivamente, y para 2200, el incremento respectivo sería de 40,5% y 18,2%, alertaron.
“Nuestras investigaciones muestran que es importante que las personas que trabajan en exteriores o se exponen por otras actividades, reduzcan su exposición a la alta temperatura ambiente y se protejan con sombra, ropa o filtros solares adecuados en momentos de alta radiación solar”, advirtió Piacentini.
.
Fecha de Publicación: 14/01/2019
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Los efectos del cambio climático generarían un aumento de hasta el 40% en la incidencia de cáncer de piel en el mundo en los próximos dos siglos, alertaron hoy científicos de México y Argentina.
La proyección fue realizada por miembros del Grupo de Física de la Atmósfera, Radiación Solar y Astropartículas del Instituto de Física Rosario (IFIR), Santa Fe, que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( Conicet) y de la Universidad Nacional de Rosario.
El estudio fue liderado por el doctor en Física Rubén Piacentini, director también de un grupo que hace una década calculó con colegas de Holanda el incremento del riesgo para la piel cuando a la radiación solar UV (ultravioleta) se le suma el aumento de la temperatura ambiente.
En el nuevo informe participaron como autoras las doctoras en Ciencias Naturales, Lara Della Ceca, y en Física, Adriana Ipiña, esta última también investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El trabajo fue publicado en la revista Photochemical and Photobiological Sciences, publicación científica mundial especializada en fotoquímica y fotobiología.
Piacentini y sus colegas emplearon datos previos de estudios realizados en 10 regiones de Estados Unidos y elaboraron una proyección de los casos esperables en los años 2100 y 2200 de los dos tipos de carcinoma de piel más frecuentes: el espinocelular (CEC) y el basocelular (CBC).
Para ello, anticiparon escenarios futuros de variación de la temperatura ambiente, según lo establecido por los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés).
“Los escenarios varían desde uno optimista, que considera una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, hasta uno pesimista en el que todo sigue como hasta ahora: sin medidas que eviten la contaminación del aire”, afirmó Piacentini a la Agencia CyTA-Leloir. De acuerdo a los resultados, el escenario más “optimista” apuntó al aumento en la incidencia de los dos tumores, que "no superaría el 6%".
En cambio, las cifras podrían dar un "salto significativo" si los países no reducen sus emisiones: en 2100, los casos diagnosticados de CEC y CBC treparían 21,4% y 9,9%, respectivamente, y para 2200, el incremento respectivo sería de 40,5% y 18,2%, alertaron.
“Nuestras investigaciones muestran que es importante que las personas que trabajan en exteriores o se exponen por otras actividades, reduzcan su exposición a la alta temperatura ambiente y se protejan con sombra, ropa o filtros solares adecuados en momentos de alta radiación solar”, advirtió Piacentini.
.
Conflictos mineros: somos cuartos en latinoamérica
Argentina, cuarto país latinoamericano con más conflictos mineros
Fecha de Publicación: 12/01/2019
Fuente: Noticias
Provincia/Región: Nacional
Un observatorio contabilizó 29 enfrentamientos con comunidades por medio ambiente. México, Chile y Perú, en el podio.
ONGs desde México a la Argentina participan de un Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que contabilizan los choques entre empresas y comunidades por asuntos medioambientales.
En esa dirección, en la Argentina han contado unos 29, mientras que a la cabeza del ranking figura México, con 46. Le sigue Chile, con 44. Allí quedó suspendida la explotación de la mina Pascua Lama, en los Andes, que tiene su parte argentina.
El tercer puesto es para Perú, con 39 conflictos. Y el cuarto para la Argentina. Después vienen Brasil (26), Colombia (16), Bolivia (10), Guatemala (10) y Ecuador (8).
.
Fecha de Publicación: 12/01/2019
Fuente: Noticias
Provincia/Región: Nacional
Un observatorio contabilizó 29 enfrentamientos con comunidades por medio ambiente. México, Chile y Perú, en el podio.
ONGs desde México a la Argentina participan de un Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que contabilizan los choques entre empresas y comunidades por asuntos medioambientales.
En esa dirección, en la Argentina han contado unos 29, mientras que a la cabeza del ranking figura México, con 46. Le sigue Chile, con 44. Allí quedó suspendida la explotación de la mina Pascua Lama, en los Andes, que tiene su parte argentina.
El tercer puesto es para Perú, con 39 conflictos. Y el cuarto para la Argentina. Después vienen Brasil (26), Colombia (16), Bolivia (10), Guatemala (10) y Ecuador (8).
.
Arrancó la "nueva" Embalse
Con Embalse, el 8,5% de la energía será nuclear
Fecha de Publicación: 09/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
El ajuste fiscal y el cierre del mercado crediticio para la Argentina llegaron al área energética y el Gobierno descartó en forma definitiva la posibilidad de construir una central nuclear en Río Negro con financiamiento propio, por lo que sólo avanzará con una planta en la localidad bonaerense de Lima.
Así lo confirmó ayer a La Voz en exclusiva el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, quien participó de la puesta en marcha de la “segunda vida” de la Central de Embalse, en la localidad cordobesa de Calamuchita, que permitirá llevar al 8,54% el aporte nuclear al sistema energético nacional.
Con la puesta en marcha de Embalse, ahora el sistema de energía nuclear de la Argentina cuenta con tres centrales, que se completa con Atucha I y Atucha II, ubicadas en Lima.
La cuarta estaba planificada como Atucha III, para funcionar a base de uranio natural y agua pesada en Lima. El inicio de obra estaba previsto para el primer trimestre de 2018, con financiamiento del Tesoro nacional.
Las restricciones presupuestarias por el ajuste fiscal emprendido por Cambiemos para reducir un déficit histórico y estructural y luego de la crisis cambiaria que terminó en un fuerte estrés financiero y pedido de auxilio al FMI, sepultaron la iniciativa.
Y la quinta central, que tendrá una potencia de 1.150 megavatios y funcionará con uranio enriquecido y agua liviana, estaba planificada para Río Negro pero ahora el proyecto se trasladó a Lima, en reemplazo de Atucha III. El objetivo oficial es iniciarla en 2020.
Gadano le explicó a La Voz que la planta que se construirá es la “más compleja” de las dos, dado que se ha decidido “privilegiar la central de uranio enriquecido” con tecnología y financiamiento de China, por unos 6.900 millones de dólares.
“Tenemos sitio en Lima (a metros de Atucha I y II) ya aprobado para una central. El terreno ya está expropiado, ya es propiedad de la empresa (administradora Nucleoeléctrica Argentina). Falta permiso ambiental y algunos trámites, pero estamos encaminados”, dijo Gadano.
Crédito chino
El crédito del gigante asiático, acordado en el marco del G-20 por el presidente Mauricio Macri y su par chino Xi Jinping, provendrá del banco ICBC (entre otros) y financiará el 85% de la construcción, con un plazo de 20 años, un período de gracia de ocho años y tasa preferencial.
Gadano destacó el acuerdo alcanzado con China al aclarar que Nucleoeléctrica Argentina empezará a pagar esta deuda al final de la construcción, cuando la planta ya esté operando, generando electricidad y facturando por ella.
Cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner firmó en febrero de 2015 el primer acuerdo crediticio por 14 mil millones de dólares para las dos centrales, la deuda caía sobre el Tesoro.
Pero al llegar Macri, renegoció para que Nucleoeléctrica Argentina asuma el costo de una planta. Y la otra la dejó en pausa hasta que ahora decidió no avanzar.
“¿Qué pasó con la otra planta?”, consultó La Voz, a lo que Gadano respondió que dados los objetivos de lograr déficit fiscal cero, se necesitaba “cambiar la ingeniería financiera del préstamo”.
Como la empresa Nucleoeléctrica Argentina no puede tomar un préstamo por 14 mil millones de dólares, se decidió elegir una sola central.
“Nos pareció mucho mejor acelerar la construcción de la quinta, que será con tecnología basada en PWR (Pressurized Water Reactor, es un tipo de reactor nuclear que usa agua liviana como refrigerante), con un diseño modernizado post-Fukushima”.
Poderío nuclear
Con la puesta en marcha de la Central de Embalse, la Argentina pasará a tener el 8,54% de su potencia eléctrica bruta a base del recurso atómico, según precisaron a La Voz expertos de la empresa administradora Nucleoeléctrica Argentina. Si se mide por potencia instalada, en cambio, representan el 6%.
Atucha I aporta al sistema interconectado nacional 362 megavatios eléctricos desde la localidad bonaerense de Lima; y Atucha II, ubicada en el mismo lugar, cuenta con una potencia de 745 megavatios eléctricos. Estas dos plantas están hoy paradas por problemas operativos y volverían a la plenitud en uno o dos meses, por los trabajos contrarreloj que se están desarrollando para reactivarlas, según precisó Gadano.
Embalse pasará a ubicarse entonces en el segundo lugar con una potencia de 683 megavatios eléctricos, lo que representa el 38,15% del total disponible de poderío energético nuclear en la Argentina.
Matriz eléctrica
El Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), la principal red de transporte de energía eléctrica, colecta y distribuye la potencia generada por 10 tipos de tecnologías distintas en el país.
Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación consultados por La Voz, la potencia energética de fuente hidráulica concentra el 29% del total; y los ciclos combinados –en los que se transforma la energía térmica del gas natural en electricidad–, el 29,2%
El 18,09% proviene de turbogás; el 12%, de turbovapor; el 8,54%, de nuclear (con la entrada plena en operaciones de Embalse, era de 4,7% antes); el 5,1%, de motores diésel; el 0,6%, de eólica; el 0,1%, de biogás; el 0,01%, de solar; y el 1,3%, de pequeñas hidroeléctricas.
La potencia nuclear argentina, en datos
Cuánto aporta cada central y cuál es su tecnología.
Embalse. Antes de su extensión de vida, la Central Nuclear de Embalse tenía una potencia de 648 MWe. Durante las tareas de reacondicionamiento se repotenció la planta, incrementando su potencia a 683 MWe, es decir, un 6% más que su capacidad de generación anterior. Trabajando al 80% aportaría el 3,25% de la energía del país. Su reactor son tubos de presión (Candu). La potencia térmica es de 2.109 MWt, la potencia eléctrica bruta es de 683 MWe y usa como combustible el uranio natural.
Atucha I. Trabaja con un reactor recipiente de presión Siemens. Tiene una potencia térmica de 1.179 MWt y una potencia eléctrica bruta de 362 MWe. Usa uranio levemente enriquecido (0,85%). Aporta el 1,74% trabajando al 80% de su capacidad.
Atucha II. Trabaja con un tipo de reactor de recipiente de presión. Su potencia térmica es de 2.175 MWt y su potencia eléctrica bruta es de 745 MWe. Usa como combustible el uranio natural. Trabajando al 80% de su capacidad aporta el 3,54% de la energía del país.
Sonamos, la Barrick Gold dice que "estamos de regreso"
Ceo de Barrick Gold: "Mi mensaje para Argentina y Chile es que estamos de regreso"
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional
El nuevo CEO de Barrick Gold se ha comprometido a reducir el número de trabajadores en su oficina central en Toronto y revertir los planes para contratar analistas y codificadores de big data, mientras busca entregar el control de las operaciones a los sitios mineros locales.
Mark Bristow, un sudafricano de habla sencilla que se convirtió en el máximo responsable del mayor productor de oro del mundo después de la adquisición el año pasado de Randgold Resources, la minera de oro que él fundó en 1995, quiere que Barrick sea uan organzación más ágil con una estructura menos vertical.
‘No queremos dirigir las minas” desde una oficina central, afirmó Bristow, un crítico frecuente de desperdicios y gastos excesivos en la industria del oro, que le hizo perder dinero a los accionistas en la última década.
Sus comentarios son las primeras señales de que Bristow establecerá la dura cultura de Randgold, lo que ayudó a que se convirtiera en una de las acciones con mejor desempeño en Londres antes de dejar de cotizar después de la adquisición.
No obstante, los analistas sostienen que los teléfonos chinos que compiten con el iPhone son 50% más baratos y ofrecen funciones más innovadoras
Hablaba mientras el miércoles empezaban a operar las acciones de la compañía fusionada en Nueva York, que subieron 3% a u$s 13,54, lo que elevó su capitalización bursátil a u$s 16.000 millones.
Desde que se anunció la adquisición en septiembre, Barrick ha eliminado un piso completo de su oficina central en Toronto, contó Bristow. El objetivo es reducir el número de empleados a 70, comparado con los alrededor de 150 que había en septiembre.
En un giro en la estrategia de Barrick, Bristow dijo que eliminará los equipos internos de codificación y tecnología de la compañía, que se crearonn en EE.UU. en los últimos años como parte de un esfuerzo por aprovechar las últimas tecnologías digitales para bajar costos en las minas. Michelle Ash, quien era directora de innovación en Barrick, dejó la compañía a fines del año pasado.
‘Lo que queremos hacer es asegurarnos de que implementamos eso en el lugar‘, dijo Bristow. ‘No queremos que la cola mueva al perro, queremos que la tecnología sea una parte integral de las operaciones diarias. El gerente de la mina debería obtener los datos primero‘.
Bristow, que es geólogo, dijo que Barrick no tendrá miedo de operar en países riesgosos o trabajar en proyectos difíciles. Quiere aumentar su exposición a la República Democrática del Congo, dijo, y desarrollar proyectos de cobre y oro en América del Sur.
Bristow y John Thornton, presidente ejecutivo de Barrick, han dicho que se centrarán principalmente en cinco minas de ‘clase mundial‘, incluidas Cortez y Goldstrike en Nevada, Kibali en la República Democrática del Congo, Loulo-Gounkoto en Mali y Pueblo Viejo en República Dominicana.
Otras operaciones ‘no centrales‘ se vendieron, contaron.
Barrick ya informó que buscarán comprador para su participación de 50% en la mina Kalgoorlie en Australia, aunque Bristow dijo que el proceso no ha comenzado.
Los analistas también han especulado con que la mina de cobre Lumwana de la compañía en Zambia también podría incluirse en el bloque.
Bristow viajó recientemente a Chile, donde el gigantesco proyecto de Pascua Lama de Barrick en la frontera con Argentina está cerrado desde 2013 debido a dificultades ambientales.
‘Definitivamente estamos allá para quedarnos‘, dijo Bristow. ‘Mi mensaje para Argentina y Chile es que Barrick está de regreso‘.
.
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional
El nuevo CEO de Barrick Gold se ha comprometido a reducir el número de trabajadores en su oficina central en Toronto y revertir los planes para contratar analistas y codificadores de big data, mientras busca entregar el control de las operaciones a los sitios mineros locales.
Mark Bristow, un sudafricano de habla sencilla que se convirtió en el máximo responsable del mayor productor de oro del mundo después de la adquisición el año pasado de Randgold Resources, la minera de oro que él fundó en 1995, quiere que Barrick sea uan organzación más ágil con una estructura menos vertical.
‘No queremos dirigir las minas” desde una oficina central, afirmó Bristow, un crítico frecuente de desperdicios y gastos excesivos en la industria del oro, que le hizo perder dinero a los accionistas en la última década.
Sus comentarios son las primeras señales de que Bristow establecerá la dura cultura de Randgold, lo que ayudó a que se convirtiera en una de las acciones con mejor desempeño en Londres antes de dejar de cotizar después de la adquisición.
No obstante, los analistas sostienen que los teléfonos chinos que compiten con el iPhone son 50% más baratos y ofrecen funciones más innovadoras
Hablaba mientras el miércoles empezaban a operar las acciones de la compañía fusionada en Nueva York, que subieron 3% a u$s 13,54, lo que elevó su capitalización bursátil a u$s 16.000 millones.
Desde que se anunció la adquisición en septiembre, Barrick ha eliminado un piso completo de su oficina central en Toronto, contó Bristow. El objetivo es reducir el número de empleados a 70, comparado con los alrededor de 150 que había en septiembre.
En un giro en la estrategia de Barrick, Bristow dijo que eliminará los equipos internos de codificación y tecnología de la compañía, que se crearonn en EE.UU. en los últimos años como parte de un esfuerzo por aprovechar las últimas tecnologías digitales para bajar costos en las minas. Michelle Ash, quien era directora de innovación en Barrick, dejó la compañía a fines del año pasado.
‘Lo que queremos hacer es asegurarnos de que implementamos eso en el lugar‘, dijo Bristow. ‘No queremos que la cola mueva al perro, queremos que la tecnología sea una parte integral de las operaciones diarias. El gerente de la mina debería obtener los datos primero‘.
Bristow, que es geólogo, dijo que Barrick no tendrá miedo de operar en países riesgosos o trabajar en proyectos difíciles. Quiere aumentar su exposición a la República Democrática del Congo, dijo, y desarrollar proyectos de cobre y oro en América del Sur.
Bristow y John Thornton, presidente ejecutivo de Barrick, han dicho que se centrarán principalmente en cinco minas de ‘clase mundial‘, incluidas Cortez y Goldstrike en Nevada, Kibali en la República Democrática del Congo, Loulo-Gounkoto en Mali y Pueblo Viejo en República Dominicana.
Otras operaciones ‘no centrales‘ se vendieron, contaron.
Barrick ya informó que buscarán comprador para su participación de 50% en la mina Kalgoorlie en Australia, aunque Bristow dijo que el proceso no ha comenzado.
Los analistas también han especulado con que la mina de cobre Lumwana de la compañía en Zambia también podría incluirse en el bloque.
Bristow viajó recientemente a Chile, donde el gigantesco proyecto de Pascua Lama de Barrick en la frontera con Argentina está cerrado desde 2013 debido a dificultades ambientales.
‘Definitivamente estamos allá para quedarnos‘, dijo Bristow. ‘Mi mensaje para Argentina y Chile es que Barrick está de regreso‘.
.
Nativos siguen la lucha por el derecho sobre sus tierras
Los indígenas argentinos luchan por el derecho sobre sus tierras
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853, Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
.
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo.
Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS.
López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior.
Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales.
El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo.
La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá.
El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.
“Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe.
Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006.
“Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia.
Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya.
López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas.
Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores.
Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país.
“A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías.
“Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró.
Desde su organización como nación, en 1853, Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas.
De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea.
La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”.
En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años.
Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria.
Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021.
Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país.
“Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014.
“Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel.
John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”.
“La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos.
.
Los bosques siguen penando, cada vez menos presupuesto
Nación se queda con dinero de las provincias para preservar los bosques
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
.
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
.
Agroindustria: más extractivismo menos campesinado
Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
.
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
.
Disputa entre Ambiente y militares por territorios
Quieren que los campos Manantiales sean un Parque Nacional pero hay resistencia
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
.
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
.
Vaca Muerta y un 2018 que mostró lo que es
El 2018 en Vaca Muerta, donde la regla es ‘lo excepcional’
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta se ha convertido paulatinamente en el pleno de la ruleta económica macrista. Es la esperanza que todavía sigue en pié. En tanto, los territorios avasallados y sus poblaciones sufren el despojo, la degradación se profundiza pozo a pozo y los trabajadores petroleros comienzan a aparecer también como ‘afectados’ por la explotación.
El video tiembla y no fija el plano. Grabado por el celular de un obrero petrolero, ese registro fue central para conocer lo sucedido en el pozo YPF.Nq.LCav-26 que se descontroló en la madrugada del viernes 19 de octubre y se mantuvo surgente durante 36 horas. En ese momento la compañía Nabors realizaba las tareas de perforación en el área hidrocarburífera Bandurria Sur, que opera YPF asociada a la estadounidense Schlumberger.
Durante un día y medio el pozo escupió líquidos de perforación e hidrocarburos, entre otros tóxicos. FARN y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén aseguró que fueron 45. Finalmente, el organismo provincial suspendió la licencia ambiental de cuatro pozos e impuso una multa de 32.9 millones de pesos. En un cálculo conservador, ese monto implica menos del 0.5% de los 390 millones de dólares que en octubre de 2017 Schlumberger se comprometió a invertir en el desarrollo inicial del área.
Tras la surgencia, el subsecretario de Ambiente de Neuquén Juan Lucchelli se apuró a subrayar que hacía cuatro años que no se registraba un incidente de estas características. Una afirmación que debe, cuanto menos, ser matizada.
El evento anterior al que hacía referencia el responsable de la oficina ambiental de Neuquén sucedió en el área Loma Campana, al suroeste de Bandurria Sur, el 2 de septiembre de 2014. Loma Campana es operada por YPF asociada con Chevron. En aquella oportunidad la contratista DLS no pudo controlar la presión del pozo y la pérdida duró 16 horas. El área hidrocarburífera se asienta sobre el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe. Las imágenes difundidas por la organización indígena fueron fundamentales para conocer esa situación.
Entre los dos sucesos mencionados, el 2018 y el de 2014, respectivamente, registramos, también, por lo menos dos eventos de envergadura en la provincia de Río Negro. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280. En el área Estación Fernández Oro, YPF perfora en chacras que producían peras y manzanas, poniendo en jaque la economía del Alto Valle rionegrino. La explosión fue al lado del barrio Calle Ciega 10, cuyas vecinas dieron a conocer el hecho.
También en la misma área, y por la denuncia de quienes trabajan en las inmediaciones del lugar, en 2016, se conoció la magnitud de lo que YPF había informado como un “derrame menor”. Posteriormente el Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas.
A partir del 19 de octubre de 2018 los incidentes empezaron a difundirse como una serie. De repente era importante aquello de lo que habitualmente poco se conoce. Luego de la surgencia en Bandurria Sur, YPF hizo público un derrame menor (0.6 m3) en un pozo convencional de Loma la Lata. Mientras que en diciembre se registró en Allen una nueva surgencia, en el pozo EFO 355, los hidrocarburos llegaron a un curso de agua que se comunica con el río Negro, cauce en torno al cual se asentó la población y se desarrolló el complejo productivo de la región.
Los rumores de accidentes y los rumores sobre presiones para que los operarios no difundieran imágenes de los “eventos” se volvieron una constante. A raíz de la trascendencia de lo sucedido en Bandurria Sur, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Allí se constata que hay más de dos incidentes ambientales por día en esa provincia. Si bien los números varían año a año, solo en los primeros 10 meses de 2018 se identificaron 934 incidentes. En ese período, el 95% de las contingencias ambientales fueron catalogadas como “menores” y solo el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, de los que no trascendió ninguna información oficial 1 .
No hay capacidad de control estatal, no hay información ambiental adecuada y estas situaciones se conocen porque alguien las muestra. El celular obrero o mapuche, y las denuncias de trabajadores de la fruta o de vecinas han sido los vehículos para conocer los hechos. Los teléfonos se convierten así en un medio difuso de fiscalización que obliga a las empresas y a los funcionarios a tomar públicamente medidas en situaciones que antes dejaban libradas a, en el mejor de los casos, negociaciones no conocidas.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. “Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas”, sostuvo la médica Sandra Steingraber . En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio:en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la “adenda” del convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. “Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada”.
Los derrames y las muertes obreras tuvieron cierta repercusión en las agendas mediáticas. Fueron presentadas como problemas vinculados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las excepciones, los errores, los inconvenientes. Nos parecen pertinentes dos comentarios al respecto.
Por un lado, que lejos de la excepcionalidad que la cobertura mediática enfatizó y la información oficial propuso, las situaciones excepcionales son regulares. Por otro lado, el propio desarrollo de este tipo de explotación es nocivo. Cada perforación implica aproximadamente el desmonte de una hectárea de la ambiente frágil o de tierras transformadas en productivas por el acumulado de décadas de trabajo, millones de litros de agua (cada vez más, en la medida que extienden las perforaciones horizontales y los procesos de fracturas), multiplicar las emisiones de gases tóxicos que afectan las salud y el clima, y destrozar las economías regionales, que comienzan a palpitar su vida al calor del precio internacional del barril.
.
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta se ha convertido paulatinamente en el pleno de la ruleta económica macrista. Es la esperanza que todavía sigue en pié. En tanto, los territorios avasallados y sus poblaciones sufren el despojo, la degradación se profundiza pozo a pozo y los trabajadores petroleros comienzan a aparecer también como ‘afectados’ por la explotación.
El video tiembla y no fija el plano. Grabado por el celular de un obrero petrolero, ese registro fue central para conocer lo sucedido en el pozo YPF.Nq.LCav-26 que se descontroló en la madrugada del viernes 19 de octubre y se mantuvo surgente durante 36 horas. En ese momento la compañía Nabors realizaba las tareas de perforación en el área hidrocarburífera Bandurria Sur, que opera YPF asociada a la estadounidense Schlumberger.
Durante un día y medio el pozo escupió líquidos de perforación e hidrocarburos, entre otros tóxicos. FARN y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén aseguró que fueron 45. Finalmente, el organismo provincial suspendió la licencia ambiental de cuatro pozos e impuso una multa de 32.9 millones de pesos. En un cálculo conservador, ese monto implica menos del 0.5% de los 390 millones de dólares que en octubre de 2017 Schlumberger se comprometió a invertir en el desarrollo inicial del área.
Tras la surgencia, el subsecretario de Ambiente de Neuquén Juan Lucchelli se apuró a subrayar que hacía cuatro años que no se registraba un incidente de estas características. Una afirmación que debe, cuanto menos, ser matizada.
El evento anterior al que hacía referencia el responsable de la oficina ambiental de Neuquén sucedió en el área Loma Campana, al suroeste de Bandurria Sur, el 2 de septiembre de 2014. Loma Campana es operada por YPF asociada con Chevron. En aquella oportunidad la contratista DLS no pudo controlar la presión del pozo y la pérdida duró 16 horas. El área hidrocarburífera se asienta sobre el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe. Las imágenes difundidas por la organización indígena fueron fundamentales para conocer esa situación.
Entre los dos sucesos mencionados, el 2018 y el de 2014, respectivamente, registramos, también, por lo menos dos eventos de envergadura en la provincia de Río Negro. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280. En el área Estación Fernández Oro, YPF perfora en chacras que producían peras y manzanas, poniendo en jaque la economía del Alto Valle rionegrino. La explosión fue al lado del barrio Calle Ciega 10, cuyas vecinas dieron a conocer el hecho.
También en la misma área, y por la denuncia de quienes trabajan en las inmediaciones del lugar, en 2016, se conoció la magnitud de lo que YPF había informado como un “derrame menor”. Posteriormente el Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas.
A partir del 19 de octubre de 2018 los incidentes empezaron a difundirse como una serie. De repente era importante aquello de lo que habitualmente poco se conoce. Luego de la surgencia en Bandurria Sur, YPF hizo público un derrame menor (0.6 m3) en un pozo convencional de Loma la Lata. Mientras que en diciembre se registró en Allen una nueva surgencia, en el pozo EFO 355, los hidrocarburos llegaron a un curso de agua que se comunica con el río Negro, cauce en torno al cual se asentó la población y se desarrolló el complejo productivo de la región.
Los rumores de accidentes y los rumores sobre presiones para que los operarios no difundieran imágenes de los “eventos” se volvieron una constante. A raíz de la trascendencia de lo sucedido en Bandurria Sur, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Allí se constata que hay más de dos incidentes ambientales por día en esa provincia. Si bien los números varían año a año, solo en los primeros 10 meses de 2018 se identificaron 934 incidentes. En ese período, el 95% de las contingencias ambientales fueron catalogadas como “menores” y solo el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, de los que no trascendió ninguna información oficial 1 .
No hay capacidad de control estatal, no hay información ambiental adecuada y estas situaciones se conocen porque alguien las muestra. El celular obrero o mapuche, y las denuncias de trabajadores de la fruta o de vecinas han sido los vehículos para conocer los hechos. Los teléfonos se convierten así en un medio difuso de fiscalización que obliga a las empresas y a los funcionarios a tomar públicamente medidas en situaciones que antes dejaban libradas a, en el mejor de los casos, negociaciones no conocidas.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. “Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas”, sostuvo la médica Sandra Steingraber . En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio:en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la “adenda” del convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. “Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada”.
Los derrames y las muertes obreras tuvieron cierta repercusión en las agendas mediáticas. Fueron presentadas como problemas vinculados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las excepciones, los errores, los inconvenientes. Nos parecen pertinentes dos comentarios al respecto.
Por un lado, que lejos de la excepcionalidad que la cobertura mediática enfatizó y la información oficial propuso, las situaciones excepcionales son regulares. Por otro lado, el propio desarrollo de este tipo de explotación es nocivo. Cada perforación implica aproximadamente el desmonte de una hectárea de la ambiente frágil o de tierras transformadas en productivas por el acumulado de décadas de trabajo, millones de litros de agua (cada vez más, en la medida que extienden las perforaciones horizontales y los procesos de fracturas), multiplicar las emisiones de gases tóxicos que afectan las salud y el clima, y destrozar las economías regionales, que comienzan a palpitar su vida al calor del precio internacional del barril.
.
Importante aumento de equipos solar térmicos instalados
Creció el 17,9% la instalación de equipos de energía solar térmica en Argentina
Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: INTI
Provincia/Región: Nacional
Esta información surge del último Censo Nacional Solar Térmico realizado por el INTI, acerca del período 2017. El informe también destaca que en un año se comercializaron 35.141 metros cuadrados de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria, que se crearon 45 nuevas empresas del sector y que hay más provincias que incursionan en la tecnología.
La energía solar térmica es una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía. Un ejemplo en este sentido, es que con los nuevos equipos instalados en 2017 para agua caliente sanitaria se redujeron 5520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a lo que generan mil automóviles en un año.
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para la obtención de calor. Una de sus aplicaciones más extendidas a nivel mundial son los termotanques solares, que permiten calentar el agua de forma segura y eficiente, sin recurrir al uso de gas ni electricidad. Con el objetivo de conocer la oferta de productos y servicios de esta tecnología en el país, el Centro de Energías Renovables realizó la segunda edición del Censo Nacional Solar Térmico y presenta los primeros resultados.
“En esta oportunidad, relevamos datos correspondientes al 2017, con un total de 225 empresas censadas (un 68% más que en 2015, año en el que se realizó el primer censo). Uno de los resultados que obtuvimos fue que se comercializaron 35.141 m² de equipos de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS) —además de 9.318 m² de colectores plásticos sin cubierta, habitualmente destinados a la climatización de piscinas—”, detalló Martín Sabre, del Centro de Energías Renovables del INTI.
Respecto de las nuevas instalaciones, en el 2017 se relevaron 7018 (teniendo en cuenta que pueden ser de uno o más equipos solares térmicos). Este dato representa un incremento del 17,9 por ciento respecto del año 2015.
La energía solar térmica significa una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía: solo con los nuevos equipos instalados en 2017 para ACS, se redujeron 5.520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono (tCO2), equivalentes a las realizadas por mil automóviles en un año. Por otra parte, la expansión de la energía solar térmica también representó un ahorro económico: específicamente con los equipos instalados en 2017, se generó un ahorro de combustible equivalente a más de cuatro millones de metros cúbicos de gas natural.
En cuanto a la distribución geográfica de los actores que componen el sector, el 79 por ciento de las provincias registró actividades en el rubro solar térmico. Se inscribieron agentes desde Córdoba (24,4%), Buenos Aires (23,6%), Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (11,6%), San Juan (5,3%), Entre Ríos (4,9%), San Luis (3,6%), Mendoza (3,1%), Neuquén (2,2%), Chaco (1,3%), Chubut (1,3%) Catamarca (0,90%), Formosa (0,9%), Jujuy (0,9%), La Pampa (0,9%), Río Negro (0,9%), Salta (0,9%), Tucumán (0,9%), Misiones (0,4%).
A propósito de los nuevos actores, 45 empresas comenzaron su actividad en el sector de la energía solar térmica a partir de 2017, es decir un 20% del total de empresas censadas. La actividad que más creció fue la de instalación: se incrementó un 61% respecto de las empresas instaladoras censadas en el año 2015.ño 2015.
De los datos obtenidos, surge que la industria nacional fabricó en este período (2017) 9.163 metros cuadrados de colectores solares. Asimismo, la capacidad productiva censada permitiría triplicar la cantidad fabricada, lo que da cuenta del potencial de la industria local para responder ante una proyección de mayor demanda.
En cuanto a los datos de empleo, el sector cuenta con un total de 808 empleos directos censados. Respecto del tamaño de las empresas, cabe destacar que se observa una preponderancia de las microempresas —hasta 9 empleados— (86,2%), seguidas de pequeñas empresas —de 10 a 49 empleados— (10,2%), un porcentaje pequeño de empresas medianas —de 50 a 200 empleados— (3,1%) y apenas un 0,4% de empresas grandes —más de 200 empleados—.
El Censo Nacional Solar Térmico es un trabajo encabezado por el Centro INTI-Energías Renovables, en articulación con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Energía. “En la próxima entrega, publicaremos el informe completo del relevamiento, con la lista de las empresas censadas y toda la información estadística recabada”, anticipa Sabre.
.
Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: INTI
Provincia/Región: Nacional
Esta información surge del último Censo Nacional Solar Térmico realizado por el INTI, acerca del período 2017. El informe también destaca que en un año se comercializaron 35.141 metros cuadrados de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria, que se crearon 45 nuevas empresas del sector y que hay más provincias que incursionan en la tecnología.
La energía solar térmica es una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía. Un ejemplo en este sentido, es que con los nuevos equipos instalados en 2017 para agua caliente sanitaria se redujeron 5520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a lo que generan mil automóviles en un año.
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para la obtención de calor. Una de sus aplicaciones más extendidas a nivel mundial son los termotanques solares, que permiten calentar el agua de forma segura y eficiente, sin recurrir al uso de gas ni electricidad. Con el objetivo de conocer la oferta de productos y servicios de esta tecnología en el país, el Centro de Energías Renovables realizó la segunda edición del Censo Nacional Solar Térmico y presenta los primeros resultados.
“En esta oportunidad, relevamos datos correspondientes al 2017, con un total de 225 empresas censadas (un 68% más que en 2015, año en el que se realizó el primer censo). Uno de los resultados que obtuvimos fue que se comercializaron 35.141 m² de equipos de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS) —además de 9.318 m² de colectores plásticos sin cubierta, habitualmente destinados a la climatización de piscinas—”, detalló Martín Sabre, del Centro de Energías Renovables del INTI.
Respecto de las nuevas instalaciones, en el 2017 se relevaron 7018 (teniendo en cuenta que pueden ser de uno o más equipos solares térmicos). Este dato representa un incremento del 17,9 por ciento respecto del año 2015.
La energía solar térmica significa una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía: solo con los nuevos equipos instalados en 2017 para ACS, se redujeron 5.520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono (tCO2), equivalentes a las realizadas por mil automóviles en un año. Por otra parte, la expansión de la energía solar térmica también representó un ahorro económico: específicamente con los equipos instalados en 2017, se generó un ahorro de combustible equivalente a más de cuatro millones de metros cúbicos de gas natural.
En cuanto a la distribución geográfica de los actores que componen el sector, el 79 por ciento de las provincias registró actividades en el rubro solar térmico. Se inscribieron agentes desde Córdoba (24,4%), Buenos Aires (23,6%), Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (11,6%), San Juan (5,3%), Entre Ríos (4,9%), San Luis (3,6%), Mendoza (3,1%), Neuquén (2,2%), Chaco (1,3%), Chubut (1,3%) Catamarca (0,90%), Formosa (0,9%), Jujuy (0,9%), La Pampa (0,9%), Río Negro (0,9%), Salta (0,9%), Tucumán (0,9%), Misiones (0,4%).
A propósito de los nuevos actores, 45 empresas comenzaron su actividad en el sector de la energía solar térmica a partir de 2017, es decir un 20% del total de empresas censadas. La actividad que más creció fue la de instalación: se incrementó un 61% respecto de las empresas instaladoras censadas en el año 2015.ño 2015.
De los datos obtenidos, surge que la industria nacional fabricó en este período (2017) 9.163 metros cuadrados de colectores solares. Asimismo, la capacidad productiva censada permitiría triplicar la cantidad fabricada, lo que da cuenta del potencial de la industria local para responder ante una proyección de mayor demanda.
En cuanto a los datos de empleo, el sector cuenta con un total de 808 empleos directos censados. Respecto del tamaño de las empresas, cabe destacar que se observa una preponderancia de las microempresas —hasta 9 empleados— (86,2%), seguidas de pequeñas empresas —de 10 a 49 empleados— (10,2%), un porcentaje pequeño de empresas medianas —de 50 a 200 empleados— (3,1%) y apenas un 0,4% de empresas grandes —más de 200 empleados—.
El Censo Nacional Solar Térmico es un trabajo encabezado por el Centro INTI-Energías Renovables, en articulación con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Energía. “En la próxima entrega, publicaremos el informe completo del relevamiento, con la lista de las empresas censadas y toda la información estadística recabada”, anticipa Sabre.
.
Experto advierte sobre la depredación en el mar argentino
“Los detectores ya no ubican un solo pez, limpiaron todo el mar”
Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Es el hombre que sabe todo sobre la pesca. Vivió siempre en el mar y conoce todos sus secretos. Aquí relata su vida, el antes y el ahora de una actividad en crisis. Sus críticas a gobernantes y empresarios que depredaron los recursos marítimos.
De una pregunta acerca de su vida surgió una larga descripción de nuestra industria pesquera. Es crítico de los políticos y de los empresarios, pero celebra sus años vividos. Jorge Miller se inició como pescador “el día después de cumplir 18”. Antes de eso, su padre le negaba autorización. Sucedía hasta los años 60, cuando la mayoría de edad (para casarse o no permitir viajar solo al exterior sin autorización escrita, cosa que parecía un recurso para frenar la fuga del servicio militar en la clase media) era a los 22 años. Se votaba y se sacaba el registro de conductor a los 18. Aventurarse en el Atlántico sur no era ir al exterior porque era el Mar Continental Argentino. Miller se embarcó en Mar del Plata.
“Yo sabía que se ganaba buen dinero en la pesca aunque fuera una vida sacrificada. Los marinos en ese tiempo eran más rústicos. Ellos lo sabían, pero también sabían de los buenos ingresos. Cada vez que se entraba a puerto había una celebración en algún boliche. Supongo que la alegría venía de tener dinero y por haber sobrevivido. Los militares controlaban todo en el puerto. Llegaban y sacaban a dos o tres. Venían con datos precisos. Al resto de los parroquianos nos dejaban... pero el susto lo tiene cualquiera.”
–En esa época, fines de los 60, ¿cuántos barcos había en la flota pesquera local?
–Había pocos barcos... Media docena de atuneros y unos nueve o diez más. La mayor parte de los barcos fueron traídos desde Bélgica en la posguerra. Venían por su cuenta. Trajeron a las familias y todo lo que podían cargar y se instalaron en Mar del Plata. Los belgas iniciaron lo que se llama la pesca de altura. Salían mar afuera. Los italianos hicieron la pesca costera. Pescaban con esas lanchas amarillas, mantenían la costa a la vista. En esa época el máximo de nuestras salidas era por cinco o seis horas y cargábamos los barcos a pleno. Ahora hay que navegar hacia el sur dos o tres días. Si se mira por las ecosondas, los detectores ya no ubican un solo pez. Está el mar limpito. Lo limpiaron todo. Todos los gobiernos vendieron permisos de pesca. Pero el que más fue el de Menem. Terrible. Los barcos grandes echaban la red al día de salir, las arrastraban y no las sacaban hasta juntar mil y pico toneladas. Agarraban el pescado grande. El mediano, que tiene menos precio en el mercado internacional, lo tiraban al mar.
–¿Vivo o muerto?
–Cuando sacan cualquier pescado, sobre todo la merluza y el bacalao, muy rápido, los que estaban a cien o doscientos metros de profundidad perdían la presión de fondo. Se les llena de aire la vejiga natatoria y revientan de inmediato. Quedan flotando dentro de la red, se mueven, coletean, pero a la media hora, 45 minutos, se mueren. Por asfixia y por la descompresión rápida.
–¿Por qué vivimos de espaldas al mar?
–Es una forma de rechazo, sin saber por qué. Fíjese el valor que tiene el pescado hoy. Creo que está en tercer lugar de nuestra exportación. Hay que ver la exportación posible de langostinos. Eso lo están explotando los extranjeros. Toda esa plata se va para afuera.
–¿Por qué no podemos, no pudimos desarrollar la pesca en nuestro mar?
–Porque no hubo gobierno que alentara la construcción de barcos. Acá hubo dos o tres astilleros, uno en Mar del Plata, que todavía subsiste a los tumbos, pero hace buena labor. Un astillero que yo conocía fue fundado por Federico Contessi, un inmigrante italiano que llegó en 1947. Ahora tiene 88 años y lleva construidos 128 barcos. En Buenos Aires está Astarsa, fundado en 1930, casi parado. Hacían buenos barcos. Eran barcos modernos, con la tecnología necesaria. Los extranjeros aprovecharon las pesquerías aquí, principalmente en Mar del Plata. Necesitaban un domicilio legal. Hicieron esas uniones que alentaba el gobierno, los joint ventures. Necesitaban empresas instaladas, aunque no fuera muy moderna. La otra parte ponía la factoría. ¿Y qué hacían? La factoría extranjera no elabora en tierra, todo se hace en alta mar. Llegaban a las aguas seleccionadas, cargaban los barcos frigoríficos y se van a Europa, especialmente a España, o a los países asiáticos, que eran los grandes clientes. Las empresas tenían todo pactado y vendido. La conexión en tierra, los frigoríficos, no eran más que una etiqueta, una forma de evitar impuestos y pescar sin interferencias.
–No nos enseñaron lo que era la pesca. No sabíamos la grandeza que ofrecía.
–El obstáculo principal era la falta de oficio. Por ejemplo, en los atuneros en los que estuve yo y en algunos barcos que pescaban langostinos, la preparación del personal era deficiente. Los barcos, las empresas, preferían tener un tripulante que salía por primera vez y sin experiencia, para enseñarle el oficio desde cero. Los capitanes no querían a alguien que había aprendido algo ahí, otro poco allá. Esa persona con experiencia no era maleable. Se prefería llevar cinco o seis personas físicamente hábiles para entrenar a la manera de cada barco. Después las empresas consiguieron por decreto que se hiciera la Aduana a bordo en alta mar. Significó menos control. Entraba un barco con dos mil toneladas de pescado y se declaraba la mitad. Y los inspectores se la pasaban durmiendo y comiendo. Llenaban las planillas así nomás a cambio de un regalo. Coincidió con los años de la gran depredación. Barco tras barco declaraba a medias. Luego se inventaron otra para acallar las protestas de que tiraban más de lo que se vendía de pescado chico. Un pescado grande tiene más del doble que el valor del más chiquito. Y el gran reproductor es el más grande. Al sacarlo se pierden millones de huevas. El chico, al ser tirado, se muere con pocas huevas, si es que tiene. Los dos casos representan doble pérdida. Primero, al ser tirado el más chico se pierde al pez que crece y que no ha comenzado a ovar. El grande que se saca y muere representa la pérdida mayor de huevas. En conjunto, doble pérdida. Decidieron poner veedores a bordo. Los veedores eran muchachos jóvenes con algún estudio y hacían el control de la pesca, sobre todo los tamaños. Sus observaciones en varios barcos en época de hueva debían decidir si imponer una veda o no. Se formó una especie de empresa de veedores. Si alguno cobraba un sueldo, como ejemplo, de unos cuatro o cinco mil dólares, se le daba otro tanto, cuatro o cinco más por afuera. El puerto por excelencia fue Mar del Plata. Ahora el puerto de Mar del Plata casi desapareció. Están esas lanchitas amarillas, barcos viejitos. Los frigoríficos cerraron. Antes uno prendía la radio a la mañana y desde las 5 solicitaban personal. A las 10 seguían pidiendo personal para elaborar el pescado en fábrica. Esos llamados muestran que hubo una flota grande que traía el pescado. Se necesita navegar 48 horas al sur para encontrar el pescado. Los cardúmenes están afuera. Ahora, por una cuestión que podemos llamar fortuita, en los últimos diez años se viene sacando langostinos, cada año más. ¿Qué pasa? Pasa que los grandes depredadores que eran los cardúmenes de merluza, de mero, comían a los langostinos. Se liquidó ese pescado. Se consensuaron algunas vedas que han dado buen resultado, frente a Chubut y Santa Cruz, frente a Rawson. Hacen una parcela de mar bastante grande.
–¿Eso es una política para langostinos dentro del mar Argentino?
–Si, claro, la plataforma se extiende por 200 millas y un poco más. Pasando eso no se pesca. La plataforma cae a gran profundidad. Ahí íbamos a pescar atún algunas veces, pero convenía ir más arriba, hacia el límite con Brasil. El atún y el pez espada son de agua más templada.
–¿En esto de los langostinos, la Argentina saca algo?
–Las empresas fábrica están en Rawson, Comodoro, Madryn, Deseado, Caleta Olivia... reciben el pescado elaborado de los barcos. En verdad, el mejor pescado es el que elabora uno. Cuánto más rápido se elabora y congela, menos calidad pierde. Más con langostinos y mariscos. El 70 o 75 por ciento del pescado es agua. Si no se procesa rápido el congelamiento, dentro de cuatro o cinco horas, se forma un cristal de hielo. Cuando se descongela para consumo, esos cristales hacen un agua en la carne. Se va desgranando y queda la carne como molida, no tiene consistencia. El pescado fresco tiene consistencia.
–Ah, ya lo recuerdo, un filet de merluza es casi una pasta en un restaurant en la ciudad.
–Tiene que tener un olor muy suave. Si tiene olor apenas más fuerte es porque se está envejeciendo. Ha pasado demasiado tiempo desde que salió del mar. Una factoría moderna pescando mariscos puede producir 25-30 toneladas de pescado congelado. Tiene maquinarias que hacen filetes, tiene una plataforma procesadora abajo en la que trabajan 45-50 personas, tres turnos, algunas las 24 horas, divididos en turnos para que la gente duerma un poco. Nosotros nos quedamos en tierra necesitando hasta cien personas trabajando tres turnos. El costo es mucho mayor. Toda esa gente tiene un costo, además demoran mucho más y el pescado se desmerece. En las factorías van levantando las redes a medida que se termina de elaborar lo embarcado antes. Están elaborando pescado más fresco, casi vivo. Mayor producción, menor mano de obra, mayor valor agregado por la frescura del pescado. Es un negocio. Cuanto menos manoseo mejor el pescado. El que se pesca con anzuelo tiene el doble de valor que con red. Con anzuelo está vivo, está brillante. El pescado de red viene comprimido por otros millones de pescados. El barco viene tirando la red y aprisionando el pescado. Esos barcos, las factorías de ajenos, habían sido prohibidos por Francia e Inglaterra. Solo permiten los de ellos, una temporada y no más. Se restringieron los permisos. En Inglaterra era para proteger los cardúmenes. En España, en el Mediterráneo fue la anchoa, en las Islas Canarias el pulpo... Los barcos de las Canarias vinieron acá buscando pulpo. Allá la campaña siguió hasta que limpiaron el mar. Esto no se hace tan rápido, demora mucho tiempo.
–En sus 30 años de mar, ¿cuál fue la mejor época de la pesca argentina?
–La pesca necesita que sean responsables de la calidad los capitanes, los jefes de máquinas, los oficiales, hasta los marineros deberían tener conocimiento de sus responsabilidades. En vez de un sueldo, si tuvieran un porcentaje de la producción habría mucho más incentivo. Si uno dice que está elaborando diez mil kilos por día y en vez de ocho horas trabaja 16, se va al doble de ganancia. Con el mismo gasto en combustible se está produciendo el doble. Ese sistema se usa en partes de Europa, pero no acá. Esa fue la mejor época. Acá vinieron los sindicatos e impusieron el sueldo. Y en vez de trabajar por un porcentaje de la carga de antes, la gente cobraba sueldos más bajos. El vago prefería el sueldo con menos trabajo. Si se rompía el barco se cobraba el sueldo igual. Con un buen porcentaje se trabajaba tres meses y se ganaba lo que el sueldo dejaba en un año. Yo toda la vida trabajé bien, a porcentaje. Cuando venía una empresa a buscarme primero preguntaban cuánto quería ganar yo. Yo decía, se negociaba. El diez por ciento, el once, el catorce, sin gastos.
–Eso seguramente se lo pagaban a usted por su experiencia. No por nada lo llamaban “El Viejo”.
–Te contrataban en base a cuanto era lo que podías producir. Un buen tonelaje todos los meses te recomendaba para los próximos barcos. Salíamos con un solo capitán. Ahora salen con dos, hasta tres, ponen otros que están estudiando. Hoy el capitán puede dormir una siesta y cuatro o cinco horas a la noche. Cambió todo. La comodidad de los barcos, por ejemplo. Se salía con los viejos barcos belgas y algunos otros reparados. La tripulación era de 13 o 14 personas. El capitán tenía un camarote chiquito. Todos los demás dormíamos en cuchetas en un espacio de cuatro por seis metros. Al hierro de las paredes del casco se le pasaba la mano y la levantabas empapada. Las dos o tres cobijas que teníamos estaban húmedas. Los barcos que subsisten ahora están bien equipados, en parte. Algunos tienen sonda. Algunos pocos tienen sonar. Hay muchos más que tienen radares. Con un barco a tres horas o a 60-80 millas de viaje se lo ve en el radar. Se ve su rumbo, velocidad, si está pescando o si va hacia la pesca. Para la pesca el barco se desplaza a 3 o 4 nudos de velocidad porque está con las redes en el agua. Si no, navega a unos 12-14 nudos por hora.
–¿Cómo era la vida del pescador?
–Salíamos a buscar calamares en verano. Había que retirarlos de aguas más frías. Nosotros íbamos a Mar del Plata, hacíamos unos lances cada tres días. En esos días no teníamos ecosonda de mucha calidad. Arrastrábamos unos cables de cien y doscientos metros que iban hasta la red. Para que la red no se cerrara tenía unas puertas, le decían portones, arriba tiene mucha boya, abajo tiene plomo. Atrás tiene esa bolsa grande que se va llenando de a poco, esas redes tienen un peso enorme. Es una vida dura y complicada. Una vuelta, al segundo día afuera, estábamos contentos porque parecía buena pesca. Yo estaba arriba en el barco, con las redes. El capitán hizo una maniobra para mejorar la posición y ahí viene un golpe de mar y revienta un cable. Al portugués que manejaba las redes en cubierta un cable suelto lo agarra debajo de las costillas y lo tira como veinte metros fuera del barco. Yo era nuevo. El hombre respiraba, eso mientras tenía aire en el tórax. Cuando se le acababa se hundía. Tenía botas puestas y equipo de agua. Cuando esas botas se llenan de agua te tiran para abajo como plomo. Escuché el grito de “hombre al agua”. El capitán no se dio cuenta porque estaba hablando por teléfono. El primer pescador, que viene a ser como un capataz en la fábrica, gritaba. Cada hombre miraba de uno a otro y yo vi que estos desgraciados lo iban dejar ahogar. El caído estaba como a 50 metros y el barco no podía acercarse con las redes puestas porque pueden meterse en la hélice. Empecé a desvestirme. Hacía frío... Si me metía con ropa me iba al fondo. En pelotas me tiré al agua. Nadé hasta donde estaba, ya a cien metros. Me agarró y me cazó de los pelos y me hundía. Lo di vuelta y lo agarré del cuello y le dije que soltara las botas. No podía. Le ordené que se quedara quieto y le saqué las botas. Fueron 15 o 20 minutos que parecieron un año, los pulmones reventaban y este gritaba y lloraba en portugués. “No me dejes, no me dejes”. Le grité “si te portás bien no me voy. Hacé lo que te digo”. En eso veo un bulto negro, un gordito argentino. Me ve y me dice: “Ah. Pensé que vos te habías caído. Yo por ese mierda ni me mojo”. Había traído un salvavidas y nos quedamos agarrados los tres hasta que nos sacaron. Esa fue una de las situaciones más límite que he vivido.
–¿Cuántos años pasó navegando, trabajando en el agua?
–Eso es fácil definir. Nosotros tenemos un convenio de jubilación que establece un régimen donde a los 52 años nos podemos retirar. Yo trabajé seis años más, hasta los 58, bajo una extensión autorizada. Tengo un hijo en la pesca, pero él trabaja tres o cuatro meses y en el invierno se queda en tierra. Yo trabajaba todo el año.
–¿Qué ha sido de su vida desde que se quedó en tierra?
–Empecé de nuevo. Yo no me quería retirar, pero me empezó a apretar mi mujer. Nosotros allá afuera sabemos en qué estamos, pero ¿cómo se va a tranquilizar una esposa con hijos sabiendo que la tormenta revuelve todo? Allá en Rawson siempre tuvimos buenas propiedades, casas cómodas. Cuando me retiré vinimos a vivir en Federación, donde había estado mi familia. Compré una chacra y construimos.
.
Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Es el hombre que sabe todo sobre la pesca. Vivió siempre en el mar y conoce todos sus secretos. Aquí relata su vida, el antes y el ahora de una actividad en crisis. Sus críticas a gobernantes y empresarios que depredaron los recursos marítimos.
De una pregunta acerca de su vida surgió una larga descripción de nuestra industria pesquera. Es crítico de los políticos y de los empresarios, pero celebra sus años vividos. Jorge Miller se inició como pescador “el día después de cumplir 18”. Antes de eso, su padre le negaba autorización. Sucedía hasta los años 60, cuando la mayoría de edad (para casarse o no permitir viajar solo al exterior sin autorización escrita, cosa que parecía un recurso para frenar la fuga del servicio militar en la clase media) era a los 22 años. Se votaba y se sacaba el registro de conductor a los 18. Aventurarse en el Atlántico sur no era ir al exterior porque era el Mar Continental Argentino. Miller se embarcó en Mar del Plata.
“Yo sabía que se ganaba buen dinero en la pesca aunque fuera una vida sacrificada. Los marinos en ese tiempo eran más rústicos. Ellos lo sabían, pero también sabían de los buenos ingresos. Cada vez que se entraba a puerto había una celebración en algún boliche. Supongo que la alegría venía de tener dinero y por haber sobrevivido. Los militares controlaban todo en el puerto. Llegaban y sacaban a dos o tres. Venían con datos precisos. Al resto de los parroquianos nos dejaban... pero el susto lo tiene cualquiera.”
–En esa época, fines de los 60, ¿cuántos barcos había en la flota pesquera local?
–Había pocos barcos... Media docena de atuneros y unos nueve o diez más. La mayor parte de los barcos fueron traídos desde Bélgica en la posguerra. Venían por su cuenta. Trajeron a las familias y todo lo que podían cargar y se instalaron en Mar del Plata. Los belgas iniciaron lo que se llama la pesca de altura. Salían mar afuera. Los italianos hicieron la pesca costera. Pescaban con esas lanchas amarillas, mantenían la costa a la vista. En esa época el máximo de nuestras salidas era por cinco o seis horas y cargábamos los barcos a pleno. Ahora hay que navegar hacia el sur dos o tres días. Si se mira por las ecosondas, los detectores ya no ubican un solo pez. Está el mar limpito. Lo limpiaron todo. Todos los gobiernos vendieron permisos de pesca. Pero el que más fue el de Menem. Terrible. Los barcos grandes echaban la red al día de salir, las arrastraban y no las sacaban hasta juntar mil y pico toneladas. Agarraban el pescado grande. El mediano, que tiene menos precio en el mercado internacional, lo tiraban al mar.
–¿Vivo o muerto?
–Cuando sacan cualquier pescado, sobre todo la merluza y el bacalao, muy rápido, los que estaban a cien o doscientos metros de profundidad perdían la presión de fondo. Se les llena de aire la vejiga natatoria y revientan de inmediato. Quedan flotando dentro de la red, se mueven, coletean, pero a la media hora, 45 minutos, se mueren. Por asfixia y por la descompresión rápida.
–¿Por qué vivimos de espaldas al mar?
–Es una forma de rechazo, sin saber por qué. Fíjese el valor que tiene el pescado hoy. Creo que está en tercer lugar de nuestra exportación. Hay que ver la exportación posible de langostinos. Eso lo están explotando los extranjeros. Toda esa plata se va para afuera.
–¿Por qué no podemos, no pudimos desarrollar la pesca en nuestro mar?
–Porque no hubo gobierno que alentara la construcción de barcos. Acá hubo dos o tres astilleros, uno en Mar del Plata, que todavía subsiste a los tumbos, pero hace buena labor. Un astillero que yo conocía fue fundado por Federico Contessi, un inmigrante italiano que llegó en 1947. Ahora tiene 88 años y lleva construidos 128 barcos. En Buenos Aires está Astarsa, fundado en 1930, casi parado. Hacían buenos barcos. Eran barcos modernos, con la tecnología necesaria. Los extranjeros aprovecharon las pesquerías aquí, principalmente en Mar del Plata. Necesitaban un domicilio legal. Hicieron esas uniones que alentaba el gobierno, los joint ventures. Necesitaban empresas instaladas, aunque no fuera muy moderna. La otra parte ponía la factoría. ¿Y qué hacían? La factoría extranjera no elabora en tierra, todo se hace en alta mar. Llegaban a las aguas seleccionadas, cargaban los barcos frigoríficos y se van a Europa, especialmente a España, o a los países asiáticos, que eran los grandes clientes. Las empresas tenían todo pactado y vendido. La conexión en tierra, los frigoríficos, no eran más que una etiqueta, una forma de evitar impuestos y pescar sin interferencias.
–No nos enseñaron lo que era la pesca. No sabíamos la grandeza que ofrecía.
–El obstáculo principal era la falta de oficio. Por ejemplo, en los atuneros en los que estuve yo y en algunos barcos que pescaban langostinos, la preparación del personal era deficiente. Los barcos, las empresas, preferían tener un tripulante que salía por primera vez y sin experiencia, para enseñarle el oficio desde cero. Los capitanes no querían a alguien que había aprendido algo ahí, otro poco allá. Esa persona con experiencia no era maleable. Se prefería llevar cinco o seis personas físicamente hábiles para entrenar a la manera de cada barco. Después las empresas consiguieron por decreto que se hiciera la Aduana a bordo en alta mar. Significó menos control. Entraba un barco con dos mil toneladas de pescado y se declaraba la mitad. Y los inspectores se la pasaban durmiendo y comiendo. Llenaban las planillas así nomás a cambio de un regalo. Coincidió con los años de la gran depredación. Barco tras barco declaraba a medias. Luego se inventaron otra para acallar las protestas de que tiraban más de lo que se vendía de pescado chico. Un pescado grande tiene más del doble que el valor del más chiquito. Y el gran reproductor es el más grande. Al sacarlo se pierden millones de huevas. El chico, al ser tirado, se muere con pocas huevas, si es que tiene. Los dos casos representan doble pérdida. Primero, al ser tirado el más chico se pierde al pez que crece y que no ha comenzado a ovar. El grande que se saca y muere representa la pérdida mayor de huevas. En conjunto, doble pérdida. Decidieron poner veedores a bordo. Los veedores eran muchachos jóvenes con algún estudio y hacían el control de la pesca, sobre todo los tamaños. Sus observaciones en varios barcos en época de hueva debían decidir si imponer una veda o no. Se formó una especie de empresa de veedores. Si alguno cobraba un sueldo, como ejemplo, de unos cuatro o cinco mil dólares, se le daba otro tanto, cuatro o cinco más por afuera. El puerto por excelencia fue Mar del Plata. Ahora el puerto de Mar del Plata casi desapareció. Están esas lanchitas amarillas, barcos viejitos. Los frigoríficos cerraron. Antes uno prendía la radio a la mañana y desde las 5 solicitaban personal. A las 10 seguían pidiendo personal para elaborar el pescado en fábrica. Esos llamados muestran que hubo una flota grande que traía el pescado. Se necesita navegar 48 horas al sur para encontrar el pescado. Los cardúmenes están afuera. Ahora, por una cuestión que podemos llamar fortuita, en los últimos diez años se viene sacando langostinos, cada año más. ¿Qué pasa? Pasa que los grandes depredadores que eran los cardúmenes de merluza, de mero, comían a los langostinos. Se liquidó ese pescado. Se consensuaron algunas vedas que han dado buen resultado, frente a Chubut y Santa Cruz, frente a Rawson. Hacen una parcela de mar bastante grande.
–¿Eso es una política para langostinos dentro del mar Argentino?
–Si, claro, la plataforma se extiende por 200 millas y un poco más. Pasando eso no se pesca. La plataforma cae a gran profundidad. Ahí íbamos a pescar atún algunas veces, pero convenía ir más arriba, hacia el límite con Brasil. El atún y el pez espada son de agua más templada.
–¿En esto de los langostinos, la Argentina saca algo?
–Las empresas fábrica están en Rawson, Comodoro, Madryn, Deseado, Caleta Olivia... reciben el pescado elaborado de los barcos. En verdad, el mejor pescado es el que elabora uno. Cuánto más rápido se elabora y congela, menos calidad pierde. Más con langostinos y mariscos. El 70 o 75 por ciento del pescado es agua. Si no se procesa rápido el congelamiento, dentro de cuatro o cinco horas, se forma un cristal de hielo. Cuando se descongela para consumo, esos cristales hacen un agua en la carne. Se va desgranando y queda la carne como molida, no tiene consistencia. El pescado fresco tiene consistencia.
–Ah, ya lo recuerdo, un filet de merluza es casi una pasta en un restaurant en la ciudad.
–Tiene que tener un olor muy suave. Si tiene olor apenas más fuerte es porque se está envejeciendo. Ha pasado demasiado tiempo desde que salió del mar. Una factoría moderna pescando mariscos puede producir 25-30 toneladas de pescado congelado. Tiene maquinarias que hacen filetes, tiene una plataforma procesadora abajo en la que trabajan 45-50 personas, tres turnos, algunas las 24 horas, divididos en turnos para que la gente duerma un poco. Nosotros nos quedamos en tierra necesitando hasta cien personas trabajando tres turnos. El costo es mucho mayor. Toda esa gente tiene un costo, además demoran mucho más y el pescado se desmerece. En las factorías van levantando las redes a medida que se termina de elaborar lo embarcado antes. Están elaborando pescado más fresco, casi vivo. Mayor producción, menor mano de obra, mayor valor agregado por la frescura del pescado. Es un negocio. Cuanto menos manoseo mejor el pescado. El que se pesca con anzuelo tiene el doble de valor que con red. Con anzuelo está vivo, está brillante. El pescado de red viene comprimido por otros millones de pescados. El barco viene tirando la red y aprisionando el pescado. Esos barcos, las factorías de ajenos, habían sido prohibidos por Francia e Inglaterra. Solo permiten los de ellos, una temporada y no más. Se restringieron los permisos. En Inglaterra era para proteger los cardúmenes. En España, en el Mediterráneo fue la anchoa, en las Islas Canarias el pulpo... Los barcos de las Canarias vinieron acá buscando pulpo. Allá la campaña siguió hasta que limpiaron el mar. Esto no se hace tan rápido, demora mucho tiempo.
–En sus 30 años de mar, ¿cuál fue la mejor época de la pesca argentina?
–La pesca necesita que sean responsables de la calidad los capitanes, los jefes de máquinas, los oficiales, hasta los marineros deberían tener conocimiento de sus responsabilidades. En vez de un sueldo, si tuvieran un porcentaje de la producción habría mucho más incentivo. Si uno dice que está elaborando diez mil kilos por día y en vez de ocho horas trabaja 16, se va al doble de ganancia. Con el mismo gasto en combustible se está produciendo el doble. Ese sistema se usa en partes de Europa, pero no acá. Esa fue la mejor época. Acá vinieron los sindicatos e impusieron el sueldo. Y en vez de trabajar por un porcentaje de la carga de antes, la gente cobraba sueldos más bajos. El vago prefería el sueldo con menos trabajo. Si se rompía el barco se cobraba el sueldo igual. Con un buen porcentaje se trabajaba tres meses y se ganaba lo que el sueldo dejaba en un año. Yo toda la vida trabajé bien, a porcentaje. Cuando venía una empresa a buscarme primero preguntaban cuánto quería ganar yo. Yo decía, se negociaba. El diez por ciento, el once, el catorce, sin gastos.
–Eso seguramente se lo pagaban a usted por su experiencia. No por nada lo llamaban “El Viejo”.
–Te contrataban en base a cuanto era lo que podías producir. Un buen tonelaje todos los meses te recomendaba para los próximos barcos. Salíamos con un solo capitán. Ahora salen con dos, hasta tres, ponen otros que están estudiando. Hoy el capitán puede dormir una siesta y cuatro o cinco horas a la noche. Cambió todo. La comodidad de los barcos, por ejemplo. Se salía con los viejos barcos belgas y algunos otros reparados. La tripulación era de 13 o 14 personas. El capitán tenía un camarote chiquito. Todos los demás dormíamos en cuchetas en un espacio de cuatro por seis metros. Al hierro de las paredes del casco se le pasaba la mano y la levantabas empapada. Las dos o tres cobijas que teníamos estaban húmedas. Los barcos que subsisten ahora están bien equipados, en parte. Algunos tienen sonda. Algunos pocos tienen sonar. Hay muchos más que tienen radares. Con un barco a tres horas o a 60-80 millas de viaje se lo ve en el radar. Se ve su rumbo, velocidad, si está pescando o si va hacia la pesca. Para la pesca el barco se desplaza a 3 o 4 nudos de velocidad porque está con las redes en el agua. Si no, navega a unos 12-14 nudos por hora.
–¿Cómo era la vida del pescador?
–Salíamos a buscar calamares en verano. Había que retirarlos de aguas más frías. Nosotros íbamos a Mar del Plata, hacíamos unos lances cada tres días. En esos días no teníamos ecosonda de mucha calidad. Arrastrábamos unos cables de cien y doscientos metros que iban hasta la red. Para que la red no se cerrara tenía unas puertas, le decían portones, arriba tiene mucha boya, abajo tiene plomo. Atrás tiene esa bolsa grande que se va llenando de a poco, esas redes tienen un peso enorme. Es una vida dura y complicada. Una vuelta, al segundo día afuera, estábamos contentos porque parecía buena pesca. Yo estaba arriba en el barco, con las redes. El capitán hizo una maniobra para mejorar la posición y ahí viene un golpe de mar y revienta un cable. Al portugués que manejaba las redes en cubierta un cable suelto lo agarra debajo de las costillas y lo tira como veinte metros fuera del barco. Yo era nuevo. El hombre respiraba, eso mientras tenía aire en el tórax. Cuando se le acababa se hundía. Tenía botas puestas y equipo de agua. Cuando esas botas se llenan de agua te tiran para abajo como plomo. Escuché el grito de “hombre al agua”. El capitán no se dio cuenta porque estaba hablando por teléfono. El primer pescador, que viene a ser como un capataz en la fábrica, gritaba. Cada hombre miraba de uno a otro y yo vi que estos desgraciados lo iban dejar ahogar. El caído estaba como a 50 metros y el barco no podía acercarse con las redes puestas porque pueden meterse en la hélice. Empecé a desvestirme. Hacía frío... Si me metía con ropa me iba al fondo. En pelotas me tiré al agua. Nadé hasta donde estaba, ya a cien metros. Me agarró y me cazó de los pelos y me hundía. Lo di vuelta y lo agarré del cuello y le dije que soltara las botas. No podía. Le ordené que se quedara quieto y le saqué las botas. Fueron 15 o 20 minutos que parecieron un año, los pulmones reventaban y este gritaba y lloraba en portugués. “No me dejes, no me dejes”. Le grité “si te portás bien no me voy. Hacé lo que te digo”. En eso veo un bulto negro, un gordito argentino. Me ve y me dice: “Ah. Pensé que vos te habías caído. Yo por ese mierda ni me mojo”. Había traído un salvavidas y nos quedamos agarrados los tres hasta que nos sacaron. Esa fue una de las situaciones más límite que he vivido.
–¿Cuántos años pasó navegando, trabajando en el agua?
–Eso es fácil definir. Nosotros tenemos un convenio de jubilación que establece un régimen donde a los 52 años nos podemos retirar. Yo trabajé seis años más, hasta los 58, bajo una extensión autorizada. Tengo un hijo en la pesca, pero él trabaja tres o cuatro meses y en el invierno se queda en tierra. Yo trabajaba todo el año.
–¿Qué ha sido de su vida desde que se quedó en tierra?
–Empecé de nuevo. Yo no me quería retirar, pero me empezó a apretar mi mujer. Nosotros allá afuera sabemos en qué estamos, pero ¿cómo se va a tranquilizar una esposa con hijos sabiendo que la tormenta revuelve todo? Allá en Rawson siempre tuvimos buenas propiedades, casas cómodas. Cuando me retiré vinimos a vivir en Federación, donde había estado mi familia. Compré una chacra y construimos.
.
Aprueban más transgénicos
Peligro en las mesas argentinas
Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
.
Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios