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UOCRA agrede a ambientalistas por Monsanto
08:15 | 
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Otro día de tensión frente al predio de Monsanto en Córdoba
Fecha de Publicación: 29/11/2013
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 29/11/2013
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Ambientalistas
denunciaron un ataque de "miembros de la Uocra". Hubo al menos 6
heridos. Monsanto denuncia agresiones de los asambleístas a los autos de
los trabajadores. Reunión entre Arzani y el Gobierno de Córdoba.
El bloqueo al predio de la firma Monsanto en Malvinas Argentinas sumó un nuevo capítulo violento. Ambientalistas denunciaron haber sido agredidos durante el acampe -que mantienen desde hace más de dos meses- por miembros "de la Uocra".
Desde Monsanto, y desde el gremio de la construcción, denunciaron agresiones por parte de los asambleístas. Ese primer incidente se produjo pasadas las 7.
En tanto, a las 10.40 hubo otro enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía. Cerca de las 11 la situación se calmó al irse los obreros de Uocra.
Por la tarde, se llevó a cabo una marcha contra Monsanto en Colón y Cañada, en la ciudad Capital.
En tanto, unas 200 personas se concentraron en la plaza Roca de Río Cuarto para rechazar la violencia contra los manifestantes en Malvinas Argentinas y apoyar la decisión del intendente Juan Jure de rechazar la radicación de Monsanto en Río Cuarto.
Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó Anexo, debió ser hospitalizada al descompensarse (ver foto). Otros 4 asambleístas fueron derivados a centros de salud de la Capital.
En tanto, se atendieron en el lugar a otros ambientalistas que presentaban "cortes, golpes y heridas de bala de goma", señalaron a La Voz fuentes ligadas a la asamblea. Por otra parte, un policía resultó herido con un rastrillo.
Qué dice Monsanto
Desde Monsanto, dijeron que los ambientalistas "destruyeron" los autos de los trabajadores (ver Comunicado de Monsanto).
Adrián Vilaplana, gerente de Relaciones Institucionales de la firma multinacional, explicó a radio Mitre Córdoba: "Un grupo de trabajadores que iban a acceder al predio para hacer tareas de mantenimiento, se les impidió el acceso y la información que tengo es que hubo incidentes en el portón número 1".
"Los manifestantes han destruido los autos de todos los trabajadores y de todos quienes estamos en la planta. Hubo un enfrentamiento con los trabajadores y se han roto materiales del obrador", dijo. Vilaplana consideró que lo ocurrido es "una locura". La obra en Malvinas Argentinas ya avanzó "en un 20 por ciento" y hoy ingresaron unos 8 camiones con materiales.
Qué dicen los ambientalistas
Esther Quispe, una de las ambientalistas, dijo que unas "60 personas llegaron en colectivos" y con "palos golpearon a los chicos que estaban en las carpas".
"Nos sacaron de los puestos principales", relató la mujer a radio Mitre Córdoba. También dijo que hay "unos 20 heridos". Los asambleíatas cortaron la ruta A-88, a 16 kilómetros de la Capital cordobesa, y denunciaron la "inacción policial". Al lugar llegó la Guardia de Infantería.
Los ambientalistas negaron haber roto los autos de los trabajadores de la planta.
¿Quiénes eran?
"Estoy en el acampe frente a Monsanto, me doy con que está totalmente ocupado los puestos con gente que no es de Malvinas, algunos chicos me dicen que hay parte de la barrabrava de Talleres, no son trabajadores por su aspecto, su forma de hablar, han llegado a las 7 de la mañana en colectivo, los trajeron. Entraron al lugar donde estaban los chicos los golpearon, apedrearon", añadió Quispe a Radio Universidad.
Sofía Gatica indicó: "Vinieron un montón de gente que trajo la Uocra, mujeres, niños, jóvenes, y nos desalojaron. Quemaron las casas (sic), lograron meter todos los camiones que trajeron de material".
Fiscal Chiapero
El fiscal Víctor Chiapero investiga qué ocurrió en el predio de Monsanto. "Estamos haciendo las evaluaciones en estos momentos, es reciente, para ver cómo solucionamos el problema este", dijo.
El funcionario judicial pidió además que se libere la ruta A-88. Chiapero dijo que no le consta que entre los agresores haya "barrabravas de Talleres".
"En esa primera agresión que hubo esta mañana, hubo algunos lesionados por parte de los ambientalistas pero hasta ahora no han iniciado la acción penal correspondiente, no podemos accionar si no hay una instancia por parte de la víctima de las lesiones. Ahora se está trabajando sobre el corte de ruta", dijo.
Chiapero también solicitó las imágenes registradas por los medios para individualizar a los agresores.
La Uocra responde
Ariel Gutiérrez, delegado del gremio de la construcción, dijo: "Una cuadrilla de trabajadores se iba a presentar hoy para el funcionamiento de máquinas. Se han bajado los trabajadores y se han encontrado con que estaba el portón cerrado. Han recibido lesiones y le han tirado pedradas. Por eso han reaccionado los trabajadores y han venido sus mujeres. Estamos cansados" (ver comunicado de Uocra).
El bloqueo al predio de la firma Monsanto en Malvinas Argentinas sumó un nuevo capítulo violento. Ambientalistas denunciaron haber sido agredidos durante el acampe -que mantienen desde hace más de dos meses- por miembros "de la Uocra".
Desde Monsanto, y desde el gremio de la construcción, denunciaron agresiones por parte de los asambleístas. Ese primer incidente se produjo pasadas las 7.
En tanto, a las 10.40 hubo otro enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía. Cerca de las 11 la situación se calmó al irse los obreros de Uocra.
Por la tarde, se llevó a cabo una marcha contra Monsanto en Colón y Cañada, en la ciudad Capital.
En tanto, unas 200 personas se concentraron en la plaza Roca de Río Cuarto para rechazar la violencia contra los manifestantes en Malvinas Argentinas y apoyar la decisión del intendente Juan Jure de rechazar la radicación de Monsanto en Río Cuarto.
Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó Anexo, debió ser hospitalizada al descompensarse (ver foto). Otros 4 asambleístas fueron derivados a centros de salud de la Capital.
En tanto, se atendieron en el lugar a otros ambientalistas que presentaban "cortes, golpes y heridas de bala de goma", señalaron a La Voz fuentes ligadas a la asamblea. Por otra parte, un policía resultó herido con un rastrillo.
Qué dice Monsanto
Desde Monsanto, dijeron que los ambientalistas "destruyeron" los autos de los trabajadores (ver Comunicado de Monsanto).
Adrián Vilaplana, gerente de Relaciones Institucionales de la firma multinacional, explicó a radio Mitre Córdoba: "Un grupo de trabajadores que iban a acceder al predio para hacer tareas de mantenimiento, se les impidió el acceso y la información que tengo es que hubo incidentes en el portón número 1".
"Los manifestantes han destruido los autos de todos los trabajadores y de todos quienes estamos en la planta. Hubo un enfrentamiento con los trabajadores y se han roto materiales del obrador", dijo. Vilaplana consideró que lo ocurrido es "una locura". La obra en Malvinas Argentinas ya avanzó "en un 20 por ciento" y hoy ingresaron unos 8 camiones con materiales.
Qué dicen los ambientalistas
Esther Quispe, una de las ambientalistas, dijo que unas "60 personas llegaron en colectivos" y con "palos golpearon a los chicos que estaban en las carpas".
"Nos sacaron de los puestos principales", relató la mujer a radio Mitre Córdoba. También dijo que hay "unos 20 heridos". Los asambleíatas cortaron la ruta A-88, a 16 kilómetros de la Capital cordobesa, y denunciaron la "inacción policial". Al lugar llegó la Guardia de Infantería.
Los ambientalistas negaron haber roto los autos de los trabajadores de la planta.
¿Quiénes eran?
"Estoy en el acampe frente a Monsanto, me doy con que está totalmente ocupado los puestos con gente que no es de Malvinas, algunos chicos me dicen que hay parte de la barrabrava de Talleres, no son trabajadores por su aspecto, su forma de hablar, han llegado a las 7 de la mañana en colectivo, los trajeron. Entraron al lugar donde estaban los chicos los golpearon, apedrearon", añadió Quispe a Radio Universidad.
Sofía Gatica indicó: "Vinieron un montón de gente que trajo la Uocra, mujeres, niños, jóvenes, y nos desalojaron. Quemaron las casas (sic), lograron meter todos los camiones que trajeron de material".
Fiscal Chiapero
El fiscal Víctor Chiapero investiga qué ocurrió en el predio de Monsanto. "Estamos haciendo las evaluaciones en estos momentos, es reciente, para ver cómo solucionamos el problema este", dijo.
El funcionario judicial pidió además que se libere la ruta A-88. Chiapero dijo que no le consta que entre los agresores haya "barrabravas de Talleres".
"En esa primera agresión que hubo esta mañana, hubo algunos lesionados por parte de los ambientalistas pero hasta ahora no han iniciado la acción penal correspondiente, no podemos accionar si no hay una instancia por parte de la víctima de las lesiones. Ahora se está trabajando sobre el corte de ruta", dijo.
Chiapero también solicitó las imágenes registradas por los medios para individualizar a los agresores.
La Uocra responde
Ariel Gutiérrez, delegado del gremio de la construcción, dijo: "Una cuadrilla de trabajadores se iba a presentar hoy para el funcionamiento de máquinas. Se han bajado los trabajadores y se han encontrado con que estaba el portón cerrado. Han recibido lesiones y le han tirado pedradas. Por eso han reaccionado los trabajadores y han venido sus mujeres. Estamos cansados" (ver comunicado de Uocra).
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Ciudad de Córdoba le baja el pulgar a Monsanto
Jure prohibió a Monsanto en Río Cuarto
Fecha de Publicación: 24/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La empresa intentó construir un centro de experimentación de semillas. El intendente, luego de consultar con distintos sectores de la ciudad, entendió que la instalación de la multinacional afectaría la paz social. La UNRC y la asamblea ciudadana celebraron la decisión.
“Independientemente del resultado de la evaluación de impacto ambiental, para tomar la decisión ponderé otras cosas: preservar la armonía en la ciudad y la posibilidad de seguir conviviendo en paz y tranquilidad”, sostuvo Juan Jure, intendente Río Cuarto, al explicar por qué decidió no permitir a Monsanto instalar un centro de experimentación de semillas en esa localidad.
“Después de haber observado, escuchado a los distintos sectores y pensado el tema me pareció que podía ser afectada la paz social, ese valor que tanto nos cuesta conservar y por el cual todos los días trabajamos”, expresó el intendente ayer a este diario.
En julio del año pasado, la multinacional anunció su intención de instalar una planta de experimentación de soja y maíz en Río Cuarto. Se trataba de una inversión de 90 millones de pesos en un predio de dos hectáreas, ubicado en el parque industrial 2, en el sur de la ciudad, según consignó en ese momento El Puntal.
Diferentes sectores de la ciudad se opusieron al desembarco de Monsanto, entre ellos, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la asamblea ciudadana Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que ayer celebraron la decisión de Jure.
“Manifestamos la alegría inmensa con el rechazo concreto y público del intendente Jure a la transnacional Monsanto en Río Cuarto, como resultado de la lucha que venimos llevando, junto a los vecinos y vecinas de la ciudad”, expresó ayer la Asamblea en un comunicado. “Este colectivo viene denunciando desde hace tiempo el actuar delictivo de esta empresa que encabeza el modelo productivo de los agronegocios que ha traído envenenamiento, muerte, concentración de tierras y riquezas en manos de unos pocos, desmonte, contaminación, reprimarización económica, y golpes de Estado”, señalaron.
Por su parte, la UNCR comunicó: “El Rectorado ve con beneplácito y apoya la importante decisión tomada por el intendente (...), coincidente con la voluntad expresada por el Consejo Superior de la Universidad”.
Esa resolución sostenía: “La UNRC expresa su voluntad política de orientar la educación superior, la investigación y la extensión universitaria en el sentido de las prácticas socioambientales sustentables, la defensa de la biodiversidad, la agricultura en función de la Soberanía Alimentaria (...)”, y luego señalaba: “Expresa públicamente el desacuerdo respecto de la instalación de las empresas multinacionales del monopolio del agronegocio, en particular Monsanto, en la ciudad de Río Cuarto”.
Sin habilitación
Jure informó que, pese a no tener ningún tipo de habilitación municipal, Monsanto había comenzado a construir el centro de experimentación. “Yo nunca fui ni tuve ninguna reunión personal con los miembros de la empresa. Ellos presentaron la solicitud de permiso en el municipio, como lo hacen todas las empresas”, explicó.
Al ser consultado sobre qué fue lo que le trasmitió la gente de Río Cuarto para que él tomara esta decisión, el intendente dijo: “Sobre todo, desconfianza. Lo central en el pensamiento de la gente es la desconfianza hacia esta empresa”. Y agregó: “La confianza se fundamenta en la historia de uno”. Ante eso, dijo que evaluó beneficios y perjuicios de la instalación de la empresa y que entendió que eran muy superiores los perjuicios.
Jure remarcó que se trata de una decisión política, que hoy oficializará con la firma de un decreto. Asimismo, explicó que ayer adelantó su posición luego de que se diera a conocer que los resultados de la evaluación de impacto ambiental de la planta fueron negativos. Pero aclaró: “Aunque Monsanto haga modificaciones y un nuevo estudio de impacto diera resultados positivos, mi decisión es no habilitar la planta porque creo que corre riesgo la convivencia y la paz social”.
Este diario consultó ayer a la empresa Monsanto, pero no obtuvo respuesta.
Las plantas de Malvinas y Río Cuarto
Malvinas Argentinas. En enero pasado, Monsanto comenzó a construir una planta procesadora de semillas de maíz en esa localidad, ubicada 15 kilómetros al este de la capital.
Dimensiones. Se trata de una de las plantas más grandes del mundo en su tipo, según informó la multinacional, en la que esperan producir seis mil toneladas anuales. El predio es de 27 hectáreas y la inversión, de 1.500 millones de pesos.
Rechazo. Vecinos de Malvinas junto con organizaciones sociales bloquean desde el 18 de septiembre pasado el ingreso de camiones a la planta, cuya construcción está casi paralizada.
Río Cuarto. En julio, Monsanto anunció su intención de instalar un centro de experimentación de semillas de soja y maíz en el parque industrial 2, ubicado en la zona sur de la ciudad.
Dimensiones. Se trataba una estación experimental que ocupaba unas dos hectáreas. La inversión era de 90 millones de pesos. La empresa comenzó a construirla sin autorización de la municipalidad, según informó el propio intendente Jure.
Rechazo. La Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos realizó cortes de ruta y manifestaciones en la ciudad. La UNRC se pronunció en contra de la instalación de la planta.
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Fecha de Publicación: 24/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La empresa intentó construir un centro de experimentación de semillas. El intendente, luego de consultar con distintos sectores de la ciudad, entendió que la instalación de la multinacional afectaría la paz social. La UNRC y la asamblea ciudadana celebraron la decisión.
“Independientemente del resultado de la evaluación de impacto ambiental, para tomar la decisión ponderé otras cosas: preservar la armonía en la ciudad y la posibilidad de seguir conviviendo en paz y tranquilidad”, sostuvo Juan Jure, intendente Río Cuarto, al explicar por qué decidió no permitir a Monsanto instalar un centro de experimentación de semillas en esa localidad.
“Después de haber observado, escuchado a los distintos sectores y pensado el tema me pareció que podía ser afectada la paz social, ese valor que tanto nos cuesta conservar y por el cual todos los días trabajamos”, expresó el intendente ayer a este diario.
En julio del año pasado, la multinacional anunció su intención de instalar una planta de experimentación de soja y maíz en Río Cuarto. Se trataba de una inversión de 90 millones de pesos en un predio de dos hectáreas, ubicado en el parque industrial 2, en el sur de la ciudad, según consignó en ese momento El Puntal.
Diferentes sectores de la ciudad se opusieron al desembarco de Monsanto, entre ellos, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la asamblea ciudadana Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que ayer celebraron la decisión de Jure.
“Manifestamos la alegría inmensa con el rechazo concreto y público del intendente Jure a la transnacional Monsanto en Río Cuarto, como resultado de la lucha que venimos llevando, junto a los vecinos y vecinas de la ciudad”, expresó ayer la Asamblea en un comunicado. “Este colectivo viene denunciando desde hace tiempo el actuar delictivo de esta empresa que encabeza el modelo productivo de los agronegocios que ha traído envenenamiento, muerte, concentración de tierras y riquezas en manos de unos pocos, desmonte, contaminación, reprimarización económica, y golpes de Estado”, señalaron.
Por su parte, la UNCR comunicó: “El Rectorado ve con beneplácito y apoya la importante decisión tomada por el intendente (...), coincidente con la voluntad expresada por el Consejo Superior de la Universidad”.
Esa resolución sostenía: “La UNRC expresa su voluntad política de orientar la educación superior, la investigación y la extensión universitaria en el sentido de las prácticas socioambientales sustentables, la defensa de la biodiversidad, la agricultura en función de la Soberanía Alimentaria (...)”, y luego señalaba: “Expresa públicamente el desacuerdo respecto de la instalación de las empresas multinacionales del monopolio del agronegocio, en particular Monsanto, en la ciudad de Río Cuarto”.
Sin habilitación
Jure informó que, pese a no tener ningún tipo de habilitación municipal, Monsanto había comenzado a construir el centro de experimentación. “Yo nunca fui ni tuve ninguna reunión personal con los miembros de la empresa. Ellos presentaron la solicitud de permiso en el municipio, como lo hacen todas las empresas”, explicó.
Al ser consultado sobre qué fue lo que le trasmitió la gente de Río Cuarto para que él tomara esta decisión, el intendente dijo: “Sobre todo, desconfianza. Lo central en el pensamiento de la gente es la desconfianza hacia esta empresa”. Y agregó: “La confianza se fundamenta en la historia de uno”. Ante eso, dijo que evaluó beneficios y perjuicios de la instalación de la empresa y que entendió que eran muy superiores los perjuicios.
Jure remarcó que se trata de una decisión política, que hoy oficializará con la firma de un decreto. Asimismo, explicó que ayer adelantó su posición luego de que se diera a conocer que los resultados de la evaluación de impacto ambiental de la planta fueron negativos. Pero aclaró: “Aunque Monsanto haga modificaciones y un nuevo estudio de impacto diera resultados positivos, mi decisión es no habilitar la planta porque creo que corre riesgo la convivencia y la paz social”.
Este diario consultó ayer a la empresa Monsanto, pero no obtuvo respuesta.
Las plantas de Malvinas y Río Cuarto
Malvinas Argentinas. En enero pasado, Monsanto comenzó a construir una planta procesadora de semillas de maíz en esa localidad, ubicada 15 kilómetros al este de la capital.
Dimensiones. Se trata de una de las plantas más grandes del mundo en su tipo, según informó la multinacional, en la que esperan producir seis mil toneladas anuales. El predio es de 27 hectáreas y la inversión, de 1.500 millones de pesos.
Rechazo. Vecinos de Malvinas junto con organizaciones sociales bloquean desde el 18 de septiembre pasado el ingreso de camiones a la planta, cuya construcción está casi paralizada.
Río Cuarto. En julio, Monsanto anunció su intención de instalar un centro de experimentación de semillas de soja y maíz en el parque industrial 2, ubicado en la zona sur de la ciudad.
Dimensiones. Se trataba una estación experimental que ocupaba unas dos hectáreas. La inversión era de 90 millones de pesos. La empresa comenzó a construirla sin autorización de la municipalidad, según informó el propio intendente Jure.
Rechazo. La Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos realizó cortes de ruta y manifestaciones en la ciudad. La UNRC se pronunció en contra de la instalación de la planta.
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La otra cara del modelo agrícola industrial
Transgénicos: las secuelas de los pesticidas
Fecha de Publicación: 22/11/2013
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
En Argentina, las consecuencias del uso del herbicida glifosato incluyen malformaciones, cáncer, abortos espontáneos y muertes.
Argentina se ha convertido en el tercer mayor productor de soja a nivel mundial. No obstante, ante las secuelas de las fumigaciones con glifosato, crece la oposición al cultivo de plantas transgénicas.
La familia Gatica vivía en la localidad argentina de Ituzaingó, a 50 metros de un campo de soja transgénica. Desde el aire, los aviones fumigaban regularmente las plantas con el pesticida glifosato, y, con el paso del tiempo, los vecinos del barrio se enfermaron.
“Los niños están naciendo con malformaciones, nacen con seis dedos, sin maxilar, sin el hueso de la cabeza, con malformación de riñón, sin ano, y muchos padres tienen cáncer”, cuenta Sofía Gatica, activista antitransgénicos.
En 1999, una hija de Sofía murió por insuficiencia renal tres días después de haber nacido. Esta pérdida la motivó a indagar los extraños sucesos en su localidad. Junto con otras mujeres, la activista fundó el grupo “Madres de Ituzaingó” que presentó un estudio alarmante: las reservas hídricas de la región estaban contaminadas, y en la sangre de un 80 por ciento de los niños de la localidad se habían detectado rastros de pesticidas.
Asimismo, Andrés Carrasco, médico de la Universidad de Buenos Aires, comprobó que el pesticida glifosato puede causar daños de nacimiento en animales vertebrados: “Lo que realmente sucede en la mayoría de los casos son los abortos espontáneos. Es decir, que la inhalación o la introducción de estas sustancias en el organismo matan al embrión.”
Los daños de nacimiento se cuadruplicaron
La agencia de noticias AP remite a casos similares en toda Argentina. Por un lado, los insecticidas y pesticidas de la multinacional Monsanto contaminan las fuentes de agua y el aire. Por otro, muchos campesinos usan estas sustancias químicas sin las medidas de protección adecuadas.
En el Chaco, por ejemplo, los daños de nacimiento se cuadruplicaron en la última década, con la introducción de la tecnología biológica. Monsanto, por su parte, no reconoce ninguna conexión entre la fumigación y las enfermedades en localidades vecinas.
En la actualidad, Argentina es el tercer mayor productor de soja a nivel mundial. Pese a una creciente oposición contra pesticidas y plantas transgénicas, muchos campesinos argentinos aún están convencidos de los beneficios de los productos marca Monsanto.
Desde hace tres décadas, César Soldano cultiva sus campos en Córdoba y la provincia Santiago del Estero. Con la introducción de soja transgénica su producción ha aumentado considerablemente: “Los suelos estaban agotados, erosionados, no existía productividad a través del cultivo, y cuando viene este cambio tecnológico, las cosas se transformaron radicalmente. Esa persona que fue capaz de alterar el núcleo de las plantas para beneficio del cultivo de los alimentos es merecedora de un Premio Nobel.”
Crece apoyo a activistas antitransgénicos
Sin embargo, Sofía Gatica no cree que estos beneficios económicos puedan compensar los daños en la salud a largo plazo. Las amenazas a las que se enfrenta la activista antitransgénicos no la han podido intimidar, y poco a poco va creciendo el apoyo a su causa. “Todos los pueblos están pidiendo franjas de protección, que no se fumigue hasta donde está la gente. Muchos lugares tienen una franja de 1.500 metros, otros de 2.500 metros. Logramos que, en Córdoba, haya un registro de tumores, porque no había un registro de la gente con cáncer”, cuenta.
En 2012, un tribunal de Córdoba condenó por primera vez a un cultivador de soja transgénica por envenenar a la población con pesticidas y contaminar el medio ambiente. Este fallo es un ejemplo importante, pero aún aislado.
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Fecha de Publicación: 22/11/2013
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
En Argentina, las consecuencias del uso del herbicida glifosato incluyen malformaciones, cáncer, abortos espontáneos y muertes.
Argentina se ha convertido en el tercer mayor productor de soja a nivel mundial. No obstante, ante las secuelas de las fumigaciones con glifosato, crece la oposición al cultivo de plantas transgénicas.
La familia Gatica vivía en la localidad argentina de Ituzaingó, a 50 metros de un campo de soja transgénica. Desde el aire, los aviones fumigaban regularmente las plantas con el pesticida glifosato, y, con el paso del tiempo, los vecinos del barrio se enfermaron.
“Los niños están naciendo con malformaciones, nacen con seis dedos, sin maxilar, sin el hueso de la cabeza, con malformación de riñón, sin ano, y muchos padres tienen cáncer”, cuenta Sofía Gatica, activista antitransgénicos.
En 1999, una hija de Sofía murió por insuficiencia renal tres días después de haber nacido. Esta pérdida la motivó a indagar los extraños sucesos en su localidad. Junto con otras mujeres, la activista fundó el grupo “Madres de Ituzaingó” que presentó un estudio alarmante: las reservas hídricas de la región estaban contaminadas, y en la sangre de un 80 por ciento de los niños de la localidad se habían detectado rastros de pesticidas.
Asimismo, Andrés Carrasco, médico de la Universidad de Buenos Aires, comprobó que el pesticida glifosato puede causar daños de nacimiento en animales vertebrados: “Lo que realmente sucede en la mayoría de los casos son los abortos espontáneos. Es decir, que la inhalación o la introducción de estas sustancias en el organismo matan al embrión.”
Los daños de nacimiento se cuadruplicaron
La agencia de noticias AP remite a casos similares en toda Argentina. Por un lado, los insecticidas y pesticidas de la multinacional Monsanto contaminan las fuentes de agua y el aire. Por otro, muchos campesinos usan estas sustancias químicas sin las medidas de protección adecuadas.
En el Chaco, por ejemplo, los daños de nacimiento se cuadruplicaron en la última década, con la introducción de la tecnología biológica. Monsanto, por su parte, no reconoce ninguna conexión entre la fumigación y las enfermedades en localidades vecinas.
En la actualidad, Argentina es el tercer mayor productor de soja a nivel mundial. Pese a una creciente oposición contra pesticidas y plantas transgénicas, muchos campesinos argentinos aún están convencidos de los beneficios de los productos marca Monsanto.
Desde hace tres décadas, César Soldano cultiva sus campos en Córdoba y la provincia Santiago del Estero. Con la introducción de soja transgénica su producción ha aumentado considerablemente: “Los suelos estaban agotados, erosionados, no existía productividad a través del cultivo, y cuando viene este cambio tecnológico, las cosas se transformaron radicalmente. Esa persona que fue capaz de alterar el núcleo de las plantas para beneficio del cultivo de los alimentos es merecedora de un Premio Nobel.”
Crece apoyo a activistas antitransgénicos
Sin embargo, Sofía Gatica no cree que estos beneficios económicos puedan compensar los daños en la salud a largo plazo. Las amenazas a las que se enfrenta la activista antitransgénicos no la han podido intimidar, y poco a poco va creciendo el apoyo a su causa. “Todos los pueblos están pidiendo franjas de protección, que no se fumigue hasta donde está la gente. Muchos lugares tienen una franja de 1.500 metros, otros de 2.500 metros. Logramos que, en Córdoba, haya un registro de tumores, porque no había un registro de la gente con cáncer”, cuenta.
En 2012, un tribunal de Córdoba condenó por primera vez a un cultivador de soja transgénica por envenenar a la población con pesticidas y contaminar el medio ambiente. Este fallo es un ejemplo importante, pero aún aislado.
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Monsanto para su obra en Córdoba
La planta de Monsanto se quedó sin obreros
Fecha de Publicación: 19/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
La construcción de la clasificadora de semillas de maíz en Malvinas está parada desde hace dos meses. La UOCRA reubicó a todos sus obreros.
Dos meses pasaron ya desde que se instaló la primera carpa para bloquear las entradas a la planta que Monsanto está construyendo en Malvinas Argentinas. Hace dos meses que la obra está parada y es por ello que los obreros que estaban afectados a la construcción de la clasificadora de semillas de maíz, ya no están trabajando al proyecto.
Así lo confirmó Néstor Chavarría, titular de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra), quien le explicó a Día a Día que la mayoría de las personas que estaban contratadas para el trabajo fueron derivadas hacia otros lugares, mientras que una pequeña porción que no se pudo reubicar fue indemnizada.
Chavarría indicó que para trabajar en Malvinas había 170 obreros contratados, de los que 165 fueron trasladados y 5 indemnizados. “Monsanto estaba ejecutando esta obra con contratistas y ante la imposibilidad de avanzar con el proyecto, esas empresas reubicaron a su personal. Los trabajadores que no pudieron ser trasladados fueron debidamente indemnizados”, explicó el dirigente gremial.
El bloqueo a la multinacional en la ruta A-88 lo encara la asamblea Malvinas Lucha por la Vida junto al colectivo de Médicos y Pueblos Fumigados. Los asambleístas piden una consulta popular en Malvinas para que sus vecinos aprueben o no la instalación de Monsanto en el pueblo. Ante la negativa de la Provincia y la propia comuna de Malvinas Argentinas, el reclamo de “fuera Monsanto” echó raíces fuertes, con cinco portones bloqueados, pese a que la obra tienen el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para continuar.
En la firma había expectativas respecto a la resolución del conflicto después de las elecciones. Monsanto presentó en la Justicia una denuncia por “turbación de la propiedad” para liberar los portones de acceso a la planta para que pueda continuar, pero esas denuncias todavía no han tenido resolución. En tanto, los directivos de la multinacional afirmaron que no se ha planteado la posibilidad de “mudar” el proyecto, aunque la obra no tenga fecha de reinicio.
Mientras, Jorge Lawson, ministro de Industria de la Provincia, ratificó el apoyo del Gobierno a la multinacional: “Monsanto cumple con la ley y los que están allí obstruyendo los portones no. La firma respetó todos los pasos legales para poder construir y para funcionar deberán tener el estudio de impacto ambiental aprobado. Esto no ayuda en nada al clima de negocios e inversiones en Córdoba. La Justicia ya le dio la razón a la empresa”.
Por otro lado, el médico Medardo Ávila Vázquez, representante de la asamblea, aseguró: “Hacemos un balance excelente del bloqueo porque logramos parar la obra pese a que Monsanto tiene el aval del TSJ. Eso es porque nuestra protesta tiene consenso social. Nosotros vamos a continuar con esta medida por seis meses más, hasta que nos habiliten una instancia participativa, que la podemos perder o ganar. Si es trasparente y perdemos, entonces el bloqueo puede ser relativizado. Acá hay derechos ambientales que no se están cumplimento”.
Parada. La obra está parada porque no pueden ingresar materiales a la planta. Monsanto espera que actúe la Justicia.
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Fecha de Publicación: 19/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
La construcción de la clasificadora de semillas de maíz en Malvinas está parada desde hace dos meses. La UOCRA reubicó a todos sus obreros.
Dos meses pasaron ya desde que se instaló la primera carpa para bloquear las entradas a la planta que Monsanto está construyendo en Malvinas Argentinas. Hace dos meses que la obra está parada y es por ello que los obreros que estaban afectados a la construcción de la clasificadora de semillas de maíz, ya no están trabajando al proyecto.
Así lo confirmó Néstor Chavarría, titular de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra), quien le explicó a Día a Día que la mayoría de las personas que estaban contratadas para el trabajo fueron derivadas hacia otros lugares, mientras que una pequeña porción que no se pudo reubicar fue indemnizada.
Chavarría indicó que para trabajar en Malvinas había 170 obreros contratados, de los que 165 fueron trasladados y 5 indemnizados. “Monsanto estaba ejecutando esta obra con contratistas y ante la imposibilidad de avanzar con el proyecto, esas empresas reubicaron a su personal. Los trabajadores que no pudieron ser trasladados fueron debidamente indemnizados”, explicó el dirigente gremial.
El bloqueo a la multinacional en la ruta A-88 lo encara la asamblea Malvinas Lucha por la Vida junto al colectivo de Médicos y Pueblos Fumigados. Los asambleístas piden una consulta popular en Malvinas para que sus vecinos aprueben o no la instalación de Monsanto en el pueblo. Ante la negativa de la Provincia y la propia comuna de Malvinas Argentinas, el reclamo de “fuera Monsanto” echó raíces fuertes, con cinco portones bloqueados, pese a que la obra tienen el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para continuar.
En la firma había expectativas respecto a la resolución del conflicto después de las elecciones. Monsanto presentó en la Justicia una denuncia por “turbación de la propiedad” para liberar los portones de acceso a la planta para que pueda continuar, pero esas denuncias todavía no han tenido resolución. En tanto, los directivos de la multinacional afirmaron que no se ha planteado la posibilidad de “mudar” el proyecto, aunque la obra no tenga fecha de reinicio.
Mientras, Jorge Lawson, ministro de Industria de la Provincia, ratificó el apoyo del Gobierno a la multinacional: “Monsanto cumple con la ley y los que están allí obstruyendo los portones no. La firma respetó todos los pasos legales para poder construir y para funcionar deberán tener el estudio de impacto ambiental aprobado. Esto no ayuda en nada al clima de negocios e inversiones en Córdoba. La Justicia ya le dio la razón a la empresa”.
Por otro lado, el médico Medardo Ávila Vázquez, representante de la asamblea, aseguró: “Hacemos un balance excelente del bloqueo porque logramos parar la obra pese a que Monsanto tiene el aval del TSJ. Eso es porque nuestra protesta tiene consenso social. Nosotros vamos a continuar con esta medida por seis meses más, hasta que nos habiliten una instancia participativa, que la podemos perder o ganar. Si es trasparente y perdemos, entonces el bloqueo puede ser relativizado. Acá hay derechos ambientales que no se están cumplimento”.
Parada. La obra está parada porque no pueden ingresar materiales a la planta. Monsanto espera que actúe la Justicia.
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Las Universidades en Córdoba cuestionan a Monsanto
Universidades cuestionan autorización a Monsanto
Fecha de Publicación: 17/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde la UNC, la UCC y la UNRC reprochan la decisión provincial de permitir la construcción de la planta sin el estudio de impacto ambiental previo.
Más allá de las consideraciones técnicas y ambientales que surjan sobre la radicación de Monsanto en Córdoba, tres de las principales universidades de la provincia opinan de manera casi idéntica en otro aspecto: critican el proceso de autorización inicial que permitió el comienzo de la construcción de la planta de acondicionamiento y secado de semillas de maíz.
Cuestionan un punto central: que se haya procedido sin que la compañía multinacional presentara antes la evaluación de impacto ambiental (EIA).
Los informes provienen del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
En el caso de la UNC y la UNRC, estas conclusiones son independientes de las valoraciones que pudieran surgir de las distintas facultades que forman estas universidades respecto de las consecuencias ambientales –o de la falta de ella– en el proceso industrial que realizará Monsanto.
La Provincia fue consultada sobre el tema, ya que la Secretaría de Ambiente es el blanco de las críticas. Pero hasta ayer no hubo respuesta.
Por el lado de la empresa, ayer publicamos en nuestra sección Opinión un artículo de su vicepresidente en Argentina, Pablo Vaquero, en el que dice que Monsanto “nunca incumplió ninguna ley nacional, provincial o local en la inversión productiva en Córdoba”.
Sostuvo que “la Justicia provincial ratificó en diversas instancias que los derechos de Monsanto son violentados por activistas políticos” y agregó que “desde hace más de un año” están en contacto con los vecinos de Malvinas Argentinas.
UNC. Señala que el proyecto “es uno solo” y “debe ser objeto de evaluación de impacto ambiental previa a su ejecución”. Cuestiona que, al fraccionar el proyecto en etapas y ser autorizado por la Secretaría de Ambiente de Córdoba a presentar sólo evaluaciones parciales, se produce como resultado “una segmentación de sucesivos informes meramente declarativos y parciales” (ver Informe de la UNC).
Agrega que “la Secretaría de Ambiente realizó una clasificación o categorización inicial del proyecto, estableciendo que quedaba sometido a una evaluación de impacto ambiental completa. Pero, sugestivamente, adopta y adapta el esquema desagregado (...), según las etapas que la propia Monsanto Argentina Saic formula en su presentación”.
El informe resalta que el “diferimiento de la EIA, que ya no será previa sino ex post de la emisión de sucesivos salvoconductos amoldados a los requerimientos y etapas delineados por la propia empresa, impedirá contemplar posibilidades de mejoramiento o cambios de la localización o diseños alternativos del proyecto”.
En resumen, el Observatorio señala que no se cumplió con la Ley General del Ambiente 25.675 respecto de los pasos previos que deben asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la información necesaria para ello (como la EIA). Y que su cumplimiento es obligatorio para la Provincia.
UCC. También cuestionó el proceso jurídico que autorizó la construcción de la planta de Monsanto. Señaló que la EIA debió ser previa a su ejecución y recordó que en este caso debe regir el principio precautorio: “El derecho a un ambiente sano es un derecho humano; nuestra legislación prevé utilizar el principio precautorio ante situaciones de inminente impacto ambiental negativo. Derechos y legislación deben ser respetados”, señalaron, en el mismo sentido que la UNC (ver Comunicado de prensa de la UCC 27/09/2013).
UNRC. El Observatorio señala que “se debería consultar por qué no está como antecedente en el Aviso de Proyecto la factibilidad de ubicación, documentación indispensable sin la cual la Secretaría de Ambiente ni siquiera acepta el ingreso del expediente”. Señala que la reglamentación de la ley provincial 7.343 incluye requisitos que en este caso justifican la exigencia del estudio de impacto ambiental previo (ver Informe de la UNRC).
Afirma que Monsanto “debería aguardar a la Licencia Ambiental, otorgada por resolución por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para comenzar cualquier obra en el terreno”. Agrega que, “como se supone no ha habido un pronunciamiento a ese respecto, las obras emprendidas podrían estar constituyendo una manifiesta irregularidad”.
Por último, recomienda “exigir el estudio de impacto ambiental, junto con una audiencia pública que den legitimidad ambiental y social, para autorizar un emprendimiento de esta magnitud”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde la UNC, la UCC y la UNRC reprochan la decisión provincial de permitir la construcción de la planta sin el estudio de impacto ambiental previo.
Más allá de las consideraciones técnicas y ambientales que surjan sobre la radicación de Monsanto en Córdoba, tres de las principales universidades de la provincia opinan de manera casi idéntica en otro aspecto: critican el proceso de autorización inicial que permitió el comienzo de la construcción de la planta de acondicionamiento y secado de semillas de maíz.
Cuestionan un punto central: que se haya procedido sin que la compañía multinacional presentara antes la evaluación de impacto ambiental (EIA).
Los informes provienen del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
En el caso de la UNC y la UNRC, estas conclusiones son independientes de las valoraciones que pudieran surgir de las distintas facultades que forman estas universidades respecto de las consecuencias ambientales –o de la falta de ella– en el proceso industrial que realizará Monsanto.
La Provincia fue consultada sobre el tema, ya que la Secretaría de Ambiente es el blanco de las críticas. Pero hasta ayer no hubo respuesta.
Por el lado de la empresa, ayer publicamos en nuestra sección Opinión un artículo de su vicepresidente en Argentina, Pablo Vaquero, en el que dice que Monsanto “nunca incumplió ninguna ley nacional, provincial o local en la inversión productiva en Córdoba”.
Sostuvo que “la Justicia provincial ratificó en diversas instancias que los derechos de Monsanto son violentados por activistas políticos” y agregó que “desde hace más de un año” están en contacto con los vecinos de Malvinas Argentinas.
UNC. Señala que el proyecto “es uno solo” y “debe ser objeto de evaluación de impacto ambiental previa a su ejecución”. Cuestiona que, al fraccionar el proyecto en etapas y ser autorizado por la Secretaría de Ambiente de Córdoba a presentar sólo evaluaciones parciales, se produce como resultado “una segmentación de sucesivos informes meramente declarativos y parciales” (ver Informe de la UNC).
Agrega que “la Secretaría de Ambiente realizó una clasificación o categorización inicial del proyecto, estableciendo que quedaba sometido a una evaluación de impacto ambiental completa. Pero, sugestivamente, adopta y adapta el esquema desagregado (...), según las etapas que la propia Monsanto Argentina Saic formula en su presentación”.
El informe resalta que el “diferimiento de la EIA, que ya no será previa sino ex post de la emisión de sucesivos salvoconductos amoldados a los requerimientos y etapas delineados por la propia empresa, impedirá contemplar posibilidades de mejoramiento o cambios de la localización o diseños alternativos del proyecto”.
En resumen, el Observatorio señala que no se cumplió con la Ley General del Ambiente 25.675 respecto de los pasos previos que deben asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la información necesaria para ello (como la EIA). Y que su cumplimiento es obligatorio para la Provincia.
UCC. También cuestionó el proceso jurídico que autorizó la construcción de la planta de Monsanto. Señaló que la EIA debió ser previa a su ejecución y recordó que en este caso debe regir el principio precautorio: “El derecho a un ambiente sano es un derecho humano; nuestra legislación prevé utilizar el principio precautorio ante situaciones de inminente impacto ambiental negativo. Derechos y legislación deben ser respetados”, señalaron, en el mismo sentido que la UNC (ver Comunicado de prensa de la UCC 27/09/2013).
UNRC. El Observatorio señala que “se debería consultar por qué no está como antecedente en el Aviso de Proyecto la factibilidad de ubicación, documentación indispensable sin la cual la Secretaría de Ambiente ni siquiera acepta el ingreso del expediente”. Señala que la reglamentación de la ley provincial 7.343 incluye requisitos que en este caso justifican la exigencia del estudio de impacto ambiental previo (ver Informe de la UNRC).
Afirma que Monsanto “debería aguardar a la Licencia Ambiental, otorgada por resolución por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para comenzar cualquier obra en el terreno”. Agrega que, “como se supone no ha habido un pronunciamiento a ese respecto, las obras emprendidas podrían estar constituyendo una manifiesta irregularidad”.
Por último, recomienda “exigir el estudio de impacto ambiental, junto con una audiencia pública que den legitimidad ambiental y social, para autorizar un emprendimiento de esta magnitud”.
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Hay 12 semilleros como la rechazada en Córdoba
Hay 12 semilleros similares a Monsanto
Fecha de Publicación: 27/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un informe del Instituto Nacional de Semillas. El punto crítico es el destino de los residuos. La intendencia de Rojas afirma que nunca hubo denuncias de contaminación por la planta que allí existe. En Córdoba, la empresa modificó etapas del proyecto.
En la Argentina existen 42 plantas procesadoras de semillas repartidas en la región pampeana y en el noroeste argentino, de las cuales 12 instalaciones cuentan con características similares –aunque un volumen productivo menor– a la que Monsanto comenzó a levantar en Malvinas Argentinas.
El destino de los residuos, uno de los puntos considerados críticos del sistema de producción de semillas de maíz híbrido, es motivo de análisis del único relevamiento existente sobre estas plantas. A 2008, las cuatro más grandes se ubicaban en Venado Tuerto y Rojas (provincia de Buenos Aires), donde opera Monsanto.
En estudio
El trabajo fue dado a conocer por un organismo público, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) que por entonces inspeccionó 53 establecimientos que manejan semillas de distintas variedades, entre las que se cuentan maíz híbrido, soja, girasol, trigo, arroz, sorgo, zapallo, cítricos e incluso especies forestales, como el eucaliptus, entre una larga lista.
Aquel estudio se originó en la preocupación por la aparición de focos de sorgo de Alepo resistente al glifosato. Esta herbácea compite por agua y nutrientes del suelo con cereales y oleaginosas.
Si bien el proyecto de Monsanto prevé que una vez finalizada la planta, después de 2016, contará con una capacidad de producción de 3 millones de bolsas de maíz por año, la primera etapa contempla volúmenes más bajos y la continuidad de las obras está condicionada por la superficie sembrada con maíz que finalmente se consiga en las próximas campañas.
Los trabajos en Malvinas Argentinas incluyen la construcción de una secadora con sus instalaciones asociadas, como recibo de los marlos y “deschalado”, un sector de desgranado, silos de almacenamiento y una línea de clasificación, acondicionamiento y embolsado dentro de la “torre de clasificación”, que es el edificio más alto del proyecto.
Mucho antes de que se originara la actual controversia por la radicación en Córdoba, el Instituto Nacional de Semillas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, indicó que de las 42 plantas procesadoras de semillas, 12 pueden ser “consideradas grandes”, con producciones que van a los cuatro mil a las 40 mil toneladas de semillas por año.
Las otras plantas
De esta docena de plantas, cinco procesan semillas híbridas, indica ese informe suscripto por el ingeniero agrónomo Roberto Piterbarg. Entre esas cinco, además de Monsanto en Rojas, están Nidera y Dow en Venado Tuerto y Pioneer en Salto, Buenos Aires.
Dow comenzó a operar en 1988 y dedica sus 30 hectáreas al procesamiento de semillas de maíz en espigas y sorgo. Su capacidad de producción es de 800 mil bolsas de semillas al año y tiene un potencial de almacenamiento cercano a las 3.600 toneladas en silos y secado a granel de flujo continuo.
La producción diaria de esa instalación alcanza las 180 toneladas de maíz en espigas por día y secado para fundación; 400 toneladas en espigas por día y una torre de clasificación de semilla y curado que alcanza un rendimiento de seis mil bolsas de maíz por jornada.
Syngenta, por su lado, cuenta en esa ciudad santafesina con capacidad para producir unas 900 mil bolsas por año y planifica invertir 800 millones de pesos para levantar una planta similar en Villa María, según le anunció a la presidenta Cristina Fernández, el 5 de julio pasado.
La inversión constante es un dato no menor en la actividad. Solamente 11 de las 42 plantas semilleras contaban con infraestructura cuya antigüedad es superior a los 10 años. Esto quiere decir, señala el Inase, que la mayoría de las instalaciones “o son recientes o han sido renovadas recientemente”.
Cuentan con zarandas, ventiladores, aspiradores, mesas vibradoras, caracoles y otros elementos semejantes a los que Monsanto emplea en la planta de Rojas que es muy similar a la proyectada para Córdoba.
Precauciones
Cuando el Inase avanzó sobre las precauciones que toman las plantas con el manejo de los residuos, casi la mitad lo hace a granel y un 30 por ciento en envases.
El resto, dispone los desperdicios de ambas formas. En el caso de las semilleras que procesan maíces, el principal residuo es la chala y el marlo. En un 14 por ciento se emplea para nutrición animal, otro 40 por ciento de los semilleros lo destina a consumo o comercio, y el resto actúa con ambas modalidades. El 67 por ciento de las semilleras consultadas, al traslado de los residuos lo realiza con un remito o carta de porte.
Quienes no elaboran esa documentación (el 31 por ciento) son aquellos establecimientos con producción semillera menor a las dos mil toneladas por año.
Con respecto a la separación de residuos y en particular, polvillo y otras partículas menores, solamente respondieron nueve: dos procesadores lo destinan a horno de ladrillos, seis lo envían a basural y uno lo entierra en un pozo, dice aquel trabajo del Instituto.
Residuos
Piterbarg informa especialmente sobre este punto. Indica que el descarte (la semilla que no cumple con las exigencias de calidad) se destina a consumo animal, pero los “residuos” propiamente dichos (polvillos, semillas rotas y semillas pequeñas de algunas malezas) “son desatendidos”.
El especialista advierte sobre ese problema, pero desde la perspectiva de la contaminación con semillas de sorgo de Alepo que fue el motivo original del trabajo.
Ante una consulta de este diario, Monsanto aseguró que en la planta de Rojas, una vez concluido el proceso, tanto la chala como el marlo se utilizan como alimento para feedlots , y como abono para los campos en las inmediaciones de la planta.
“En la planta de Malvinas, la chala, luego de ser compactada tendrá junto con el marlo dos alternativas de disposición: como materia prima para formulación de raciones de consumo animal y como combustible en calderas de biomasa. Adicionalmente tanto la chala como el marlo podrían emplearse en la producción de compostaje para abono de plantas”, explicó la empresa ante una consulta.
El secretario de gobierno del municipio de Rojas, Carlos Bramati, aseguró que en los 18 meses de la actual gestión municipal no se recibieron denuncias vinculadas con eventual contaminación de la planta que tiene Monsanto en esa localidad de la provincia de Buenos Aires.
El caso de Rojas, en Buenos Aires
Signo político. El gobierno local en esa ciudad está en manos del vecinalismo, aunque cuenta con el explícito apoyo del kirchnerismo bonaerense.”No hemos tenido denuncia alguna y no recuerdo que las haya habido antes”, indicó el secretario de Gobierno del municipio de Rojas, Carlos Bramati.
Autoridad. Explicó que por la ley Nº 11.459 de Radicación Industrial, la autoridad de aplicación es el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que depende de la provincia al mando de Daniel Scioli.
3 millones de bolsas
Según los datos del Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la Argentina se producen actualmente 3.047.656 bolsas de maíz híbrido en sus diferentes versiones.
Fecha de Publicación: 27/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un informe del Instituto Nacional de Semillas. El punto crítico es el destino de los residuos. La intendencia de Rojas afirma que nunca hubo denuncias de contaminación por la planta que allí existe. En Córdoba, la empresa modificó etapas del proyecto.
En la Argentina existen 42 plantas procesadoras de semillas repartidas en la región pampeana y en el noroeste argentino, de las cuales 12 instalaciones cuentan con características similares –aunque un volumen productivo menor– a la que Monsanto comenzó a levantar en Malvinas Argentinas.
El destino de los residuos, uno de los puntos considerados críticos del sistema de producción de semillas de maíz híbrido, es motivo de análisis del único relevamiento existente sobre estas plantas. A 2008, las cuatro más grandes se ubicaban en Venado Tuerto y Rojas (provincia de Buenos Aires), donde opera Monsanto.
En estudio
El trabajo fue dado a conocer por un organismo público, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) que por entonces inspeccionó 53 establecimientos que manejan semillas de distintas variedades, entre las que se cuentan maíz híbrido, soja, girasol, trigo, arroz, sorgo, zapallo, cítricos e incluso especies forestales, como el eucaliptus, entre una larga lista.
Aquel estudio se originó en la preocupación por la aparición de focos de sorgo de Alepo resistente al glifosato. Esta herbácea compite por agua y nutrientes del suelo con cereales y oleaginosas.
Si bien el proyecto de Monsanto prevé que una vez finalizada la planta, después de 2016, contará con una capacidad de producción de 3 millones de bolsas de maíz por año, la primera etapa contempla volúmenes más bajos y la continuidad de las obras está condicionada por la superficie sembrada con maíz que finalmente se consiga en las próximas campañas.
Los trabajos en Malvinas Argentinas incluyen la construcción de una secadora con sus instalaciones asociadas, como recibo de los marlos y “deschalado”, un sector de desgranado, silos de almacenamiento y una línea de clasificación, acondicionamiento y embolsado dentro de la “torre de clasificación”, que es el edificio más alto del proyecto.
Mucho antes de que se originara la actual controversia por la radicación en Córdoba, el Instituto Nacional de Semillas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, indicó que de las 42 plantas procesadoras de semillas, 12 pueden ser “consideradas grandes”, con producciones que van a los cuatro mil a las 40 mil toneladas de semillas por año.
Las otras plantas
De esta docena de plantas, cinco procesan semillas híbridas, indica ese informe suscripto por el ingeniero agrónomo Roberto Piterbarg. Entre esas cinco, además de Monsanto en Rojas, están Nidera y Dow en Venado Tuerto y Pioneer en Salto, Buenos Aires.
Dow comenzó a operar en 1988 y dedica sus 30 hectáreas al procesamiento de semillas de maíz en espigas y sorgo. Su capacidad de producción es de 800 mil bolsas de semillas al año y tiene un potencial de almacenamiento cercano a las 3.600 toneladas en silos y secado a granel de flujo continuo.
La producción diaria de esa instalación alcanza las 180 toneladas de maíz en espigas por día y secado para fundación; 400 toneladas en espigas por día y una torre de clasificación de semilla y curado que alcanza un rendimiento de seis mil bolsas de maíz por jornada.
Syngenta, por su lado, cuenta en esa ciudad santafesina con capacidad para producir unas 900 mil bolsas por año y planifica invertir 800 millones de pesos para levantar una planta similar en Villa María, según le anunció a la presidenta Cristina Fernández, el 5 de julio pasado.
La inversión constante es un dato no menor en la actividad. Solamente 11 de las 42 plantas semilleras contaban con infraestructura cuya antigüedad es superior a los 10 años. Esto quiere decir, señala el Inase, que la mayoría de las instalaciones “o son recientes o han sido renovadas recientemente”.
Cuentan con zarandas, ventiladores, aspiradores, mesas vibradoras, caracoles y otros elementos semejantes a los que Monsanto emplea en la planta de Rojas que es muy similar a la proyectada para Córdoba.
Precauciones
Cuando el Inase avanzó sobre las precauciones que toman las plantas con el manejo de los residuos, casi la mitad lo hace a granel y un 30 por ciento en envases.
El resto, dispone los desperdicios de ambas formas. En el caso de las semilleras que procesan maíces, el principal residuo es la chala y el marlo. En un 14 por ciento se emplea para nutrición animal, otro 40 por ciento de los semilleros lo destina a consumo o comercio, y el resto actúa con ambas modalidades. El 67 por ciento de las semilleras consultadas, al traslado de los residuos lo realiza con un remito o carta de porte.
Quienes no elaboran esa documentación (el 31 por ciento) son aquellos establecimientos con producción semillera menor a las dos mil toneladas por año.
Con respecto a la separación de residuos y en particular, polvillo y otras partículas menores, solamente respondieron nueve: dos procesadores lo destinan a horno de ladrillos, seis lo envían a basural y uno lo entierra en un pozo, dice aquel trabajo del Instituto.
Residuos
Piterbarg informa especialmente sobre este punto. Indica que el descarte (la semilla que no cumple con las exigencias de calidad) se destina a consumo animal, pero los “residuos” propiamente dichos (polvillos, semillas rotas y semillas pequeñas de algunas malezas) “son desatendidos”.
El especialista advierte sobre ese problema, pero desde la perspectiva de la contaminación con semillas de sorgo de Alepo que fue el motivo original del trabajo.
Ante una consulta de este diario, Monsanto aseguró que en la planta de Rojas, una vez concluido el proceso, tanto la chala como el marlo se utilizan como alimento para feedlots , y como abono para los campos en las inmediaciones de la planta.
“En la planta de Malvinas, la chala, luego de ser compactada tendrá junto con el marlo dos alternativas de disposición: como materia prima para formulación de raciones de consumo animal y como combustible en calderas de biomasa. Adicionalmente tanto la chala como el marlo podrían emplearse en la producción de compostaje para abono de plantas”, explicó la empresa ante una consulta.
El secretario de gobierno del municipio de Rojas, Carlos Bramati, aseguró que en los 18 meses de la actual gestión municipal no se recibieron denuncias vinculadas con eventual contaminación de la planta que tiene Monsanto en esa localidad de la provincia de Buenos Aires.
El caso de Rojas, en Buenos Aires
Signo político. El gobierno local en esa ciudad está en manos del vecinalismo, aunque cuenta con el explícito apoyo del kirchnerismo bonaerense.”No hemos tenido denuncia alguna y no recuerdo que las haya habido antes”, indicó el secretario de Gobierno del municipio de Rojas, Carlos Bramati.
Autoridad. Explicó que por la ley Nº 11.459 de Radicación Industrial, la autoridad de aplicación es el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que depende de la provincia al mando de Daniel Scioli.
3 millones de bolsas
Según los datos del Instituto Nacional de Semillas (Inase), en la Argentina se producen actualmente 3.047.656 bolsas de maíz híbrido en sus diferentes versiones.
Monsanto cosecha rechazo en Córdoba
Cortes contra Monsanto en Córdoba
Fecha de Publicación: 18/10/2013
Fuente: Página/12 On Line
Provincia/Región: Córdoba
Vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas realizaron varios cortes de ruta simultáneos para protestar contra la instalación de una planta de producción de semillas de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. También pidieron la renuncia del secretario de Medio Ambiente provincial, Luis Bocco.
El primer corte, de media calzada, se produjo en la ruta A-88, en inmediaciones del lugar donde se está construyendo la planta de secado de maíz, en Malvinas Argentinas, municipio ubicado a unos 12 kilómetros de la capital cordobesa. "Reclamamos la nulidad de los anteproyectos aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente a favor de Monsanto porque no se conformó debidamente la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), como establece la ley", señaló Gastón Mazzalay, del colectivo Malvinas Lucha por la Vida.
El dirigente precisó que la CTI, para expedirse sobre los anteproyectos presentados por Monsanto, "debió estar conformada por un representante de cada uno de los ministerios del Poder Ejecutivo y, en cambio, se lo hizo, entre otros, con dos personas que se desempeñaban como contratadas en la Secretaría de Ambiente". "Esto demuestra que, a diferencia de lo que exige la ley, se buscó un mecanismo para facilitar la instalación de la empresa. Por eso pedimos, también, la renuncia de Bocco, a quien ya hemos denunciado penalmente", recalcó Mazzalay.
Los otros cortes se concretaron en la ruta 36 a la altura de Bouwer, a 13 kilómetros de la capital cordobesa; en la ruta 9 Norte, cerca de Juárez Celman; y en la avenida de Circunvalación, cerca del barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba, detallaron.
Hace una semana la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) denunció penalmente a dos funcionarios provinciales por presuntas anomalías al aprobar la construcción de la planta de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. El presidente de la Funam, Raúl Montenegro, con el patrocinio del abogado Federico Macciocchi, denunció a Bocco y a su antecesor, Raúl Costa, ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito II.
"El aviso de proyecto fue aprobado por una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, pese a que estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz más grande del mundo", explicó Montenegro a la prensa. Precisó que, en los próximos días, la Funam concretará "las presentaciones administrativas y judiciales necesarias con el fin de solicitar la nulidad" de las resoluciones vinculadas con el establecimiento de Monsanto, que según consideró se concedieron de "forma ilegal e irregular".
Desde el 18 de septiembre, integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó, autoconvocados y organizaciones sociales acampan en inmediaciones de la planta y bloquean el paso de camiones que intentan introducir materiales al predio. Los ambientalistas reclaman una consulta popular y un informe de impacto ambiental como pasos previos a la autorización definitiva para la radicación y funcionamiento de la planta de Monsanto.
El martes de la semana pasada, la jueza de Conciliación de 4ø Nominación, Graciela Escudero, rechazó una acción de amparo promovida por vecinos para paralizar la construcción. No obstante, la magistrada ordenó a la Municipalidad de Malvinas Argentinas que se abstenga de autorizar a Monsanto la puesta en funcionamiento de la etapa operativa de la planta, "mientras no se cumplimenten los requisitos previstos por las leyes". La empresa podrá avanzar con la obra pero no ponerla en marcha mientras "no se verifiquen todos los recaudos", en especial el estudio de impacto ambiental.
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Fecha de Publicación: 18/10/2013
Fuente: Página/12 On Line
Provincia/Región: Córdoba
Vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas realizaron varios cortes de ruta simultáneos para protestar contra la instalación de una planta de producción de semillas de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. También pidieron la renuncia del secretario de Medio Ambiente provincial, Luis Bocco.
El primer corte, de media calzada, se produjo en la ruta A-88, en inmediaciones del lugar donde se está construyendo la planta de secado de maíz, en Malvinas Argentinas, municipio ubicado a unos 12 kilómetros de la capital cordobesa. "Reclamamos la nulidad de los anteproyectos aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente a favor de Monsanto porque no se conformó debidamente la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), como establece la ley", señaló Gastón Mazzalay, del colectivo Malvinas Lucha por la Vida.
El dirigente precisó que la CTI, para expedirse sobre los anteproyectos presentados por Monsanto, "debió estar conformada por un representante de cada uno de los ministerios del Poder Ejecutivo y, en cambio, se lo hizo, entre otros, con dos personas que se desempeñaban como contratadas en la Secretaría de Ambiente". "Esto demuestra que, a diferencia de lo que exige la ley, se buscó un mecanismo para facilitar la instalación de la empresa. Por eso pedimos, también, la renuncia de Bocco, a quien ya hemos denunciado penalmente", recalcó Mazzalay.
Los otros cortes se concretaron en la ruta 36 a la altura de Bouwer, a 13 kilómetros de la capital cordobesa; en la ruta 9 Norte, cerca de Juárez Celman; y en la avenida de Circunvalación, cerca del barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba, detallaron.
Hace una semana la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam) denunció penalmente a dos funcionarios provinciales por presuntas anomalías al aprobar la construcción de la planta de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas. El presidente de la Funam, Raúl Montenegro, con el patrocinio del abogado Federico Macciocchi, denunció a Bocco y a su antecesor, Raúl Costa, ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito II.
"El aviso de proyecto fue aprobado por una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, pese a que estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz más grande del mundo", explicó Montenegro a la prensa. Precisó que, en los próximos días, la Funam concretará "las presentaciones administrativas y judiciales necesarias con el fin de solicitar la nulidad" de las resoluciones vinculadas con el establecimiento de Monsanto, que según consideró se concedieron de "forma ilegal e irregular".
Desde el 18 de septiembre, integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó, autoconvocados y organizaciones sociales acampan en inmediaciones de la planta y bloquean el paso de camiones que intentan introducir materiales al predio. Los ambientalistas reclaman una consulta popular y un informe de impacto ambiental como pasos previos a la autorización definitiva para la radicación y funcionamiento de la planta de Monsanto.
El martes de la semana pasada, la jueza de Conciliación de 4ø Nominación, Graciela Escudero, rechazó una acción de amparo promovida por vecinos para paralizar la construcción. No obstante, la magistrada ordenó a la Municipalidad de Malvinas Argentinas que se abstenga de autorizar a Monsanto la puesta en funcionamiento de la etapa operativa de la planta, "mientras no se cumplimenten los requisitos previstos por las leyes". La empresa podrá avanzar con la obra pero no ponerla en marcha mientras "no se verifiquen todos los recaudos", en especial el estudio de impacto ambiental.
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Córdoba marchó por la emergencia ambiental
Masiva movilización para exigirle al gobernador De la Sota que declare la emergencia ambiental
Fecha de Publicación: 09/10/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Los organizadores calculaban ayer que unas 7 mil personas marcharon contra Monsanto y por otros conflictos que en la provincia afectan al medio ambiente.
Una masiva marcha se desarrolló ayer por las calles céntricas de la ciudad para exigirle al gobierno de José Manuel de la Sota que declare la emergencia ambiental en la provincia, y que haya otra política de ambiente.
En la movilización confluyeron los referentes de las diversas problemáticas ambientales que se vienen multiplican en distintos lugares del territorio provincial y que afectan la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, el repudio a la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas fue el que más se destacó entre los reclamos por otras problemáticas. Por un lado, por la difusión que viene teniendo el acampe y bloque frente al predio de la multinacional desde hace 22 días. Por el otro, por el fuerte revés de la Justicia que se dio a conocer ayer, por el cual fue rechazada la acción de amparo presentada meses atrás por los vecinos de esa localidad.
La manifestación fue convocada por la Coordinadora Provincial por la Soberanía Popular del Agua y la Tierra, que integran más de 30 organizaciones como la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, de Bouwer sin Basura, Vecinos de Chavascate, de San Marcos Sierras, Villa Giardino, Río Ceballos, la Cruzada de las Sierras Chicas, gremios como el Cispren, Judiciales, ATE, peones de taxis, empleados del Call Center, y Ammar. Además, participaron distintas agrupaciones políticas como el Partido Obrero, el MST, Libres del Sur, y el Movimiento Evita, entre otros.
Algunos de los reclamos que se mencionaron durante la marcha fueron el rechazo a Monsanto, las 100 mil hectáreas arrasadas por los últimos incendios, y se pidió la derogación de la Ley Provincial de Bosques 9814 y la adecuación a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 26.331. Además, se exigió el freno al negocio inmobiliario y de la soja, que avanzan sobre cuencas y bosques; y decirle “no a Cormecor” y la instalación de sus plantas en Bouwer, Juárez Celman y Río Ceballos.
También estuvieron presentes los vecinos de barrio San Antonio, que han denunciado penalmente por contaminación ambiental a la empresa productora de bioetanol perteneciente a la firma Porta Hnos SA. Otro reclamo fue el freno al negocio inmobiliario y de la soja que avanzan sobre cuencas, bosques y zonas rojas, como lo que denuncian los vecinos de Chavascate, y el emprendimiento inmobiliario que afecta a Candonga.
También confluyeron los vecinos de la Asamblea “Todos por San Marcos Sierras” que ayer exigió a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia la inmediata apertura de las compuertas del dique El Cajón para permitir la libre circulación del agua a través del río San Marcos.
Según los organizadores, más de 7 mil personas participaron de la movilización que se extendía por casi 5 cuadras y que finalizó en el Centro Cívico, donde se dio lectura a un comunicado y brindó un recital Raly Barrionuevo.
En el escrito que contó con múltiples adhesiones se repudió la postura de empresarios y de la CGT Córdoba que apoya la radicación de la multinacional Monsanto y se exigió al gobernador José Manuel de la Sota y los distintos estamentos gubernamentales, “que deje de usar este conflicto con fines electorales”.
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Denuncia penal contra Monsanto en Córdoba
Junto a Pérez Esquivel, asambleístas presentaron denuncia penal contra Monsanto
Fecha de Publicación: 08/10/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Es por el delito de contaminación en grado de tentativa. También se pide investigar al secretario de Ambiente de la Provincia, por haber autorizado la primera etapa del proyecto sin estudio de impacto ambiental. El Premio Nobel de la Paz acompañó la presentación en la comisaría de Malvinas Argentinas.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, visitó ayer a los asambleístas que realizan hace 21 días un acampe frente al predio de Monsanto en Malvinas Argentinas, y los acompañó en la presentación de una denuncia penal por la instalación de la multinacional, formulada en la comisaría de esa localidad.
La denuncia es firmada por un vecino de Malvinas Argentinas, Sebastián Ferreyra, y por Sofía Gatica (Madres de barrio Ituzaingó), a través de los abogados Darío Ávila y Domingo Miguel Martínez.
En la acción se pide que se investigue a la firma Monsanto por el delito de “contaminación ambiental en grado de tentativa” y al secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Federico Bocco, por abuso de autoridad, al haber autorizado la construcción de la primera etapa de la planta seleccionadora de granos de Monsanto en Malvinas Argentinas.
En diálogo con LA MAÑANA, Darío Ávila aclaró que la denuncia a Monsanto se basa en la supuesta violación de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051, en cuanto los denunciantes consideran que los productos que utilizará la firma en su procesos de producción de granos de maíz son tóxicos, según lo que la misma firma detalla en su aviso de proyecto.
“Uno de esos agrotóxicos fue prohibido en mayo de este año en Europa para el tratamiento de semillas y es la Clotianidina, que se comercializa en Argentina con el nombre de ‘Poncho’”, explicó Ávila.
Pero además, se pide que sea investigado por abuso de autoridad el secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, por haber incumplido con la Ley Provincial del Ambiente Nº 7343.
La misma en su artículo 49 establece que para este tipo de empresas “es obligatorio que se presente un estudio de impacto ambiental que debe ser previo al comienzo de las obras, y que comprendan todas las etapas del proyecto”, explicó el abogado.
“El secretario de Ambiente autorizó la primera etapa del proyecto únicamente con un aviso de proyecto que es un instrumento por el cual la empresa sólo dice qué tipo de actividad va a desarrollar y que nada tiene que ver con un estudio de impacto ambiental”, señaló.
Ávila expresó que también Monsanto habría incumplido las normativas de uso de suelo, ya que el sector donde hoy se ha emplazado la empresa, “está destinado para uso agropecuario sin contaminante, y la ubicación de este tipo de plantas está previsto para otro sector distinto”.
Es por esto que los abogados entienden que hubo un exceso en el ejercicio de las funciones de Bocco, y van más allá, al solicitar que también se investigue la responsabilidad del intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y los concejales de esa localidad, por la autorización que le fuera concedida a Monsanto para poder comenzar la construcción de su planta.
Anoche, el abogado señaló que recién hoy sabrán en qué fiscalía recaerá la denuncia, una vez que el expediente llegue a mesa de Tribunales. “En principio está de turno el fiscal Marcelo Hidalgo, pero la fiscal general de la Provinci,a Marta Cáceres de Bolatti, había designado al fiscal Miguel Oyhanarte para que entendiera en el conflicto de Monsanto en Malvinas Argentinas”, dijo.
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Fecha de Publicación: 08/10/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Es por el delito de contaminación en grado de tentativa. También se pide investigar al secretario de Ambiente de la Provincia, por haber autorizado la primera etapa del proyecto sin estudio de impacto ambiental. El Premio Nobel de la Paz acompañó la presentación en la comisaría de Malvinas Argentinas.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, visitó ayer a los asambleístas que realizan hace 21 días un acampe frente al predio de Monsanto en Malvinas Argentinas, y los acompañó en la presentación de una denuncia penal por la instalación de la multinacional, formulada en la comisaría de esa localidad.
La denuncia es firmada por un vecino de Malvinas Argentinas, Sebastián Ferreyra, y por Sofía Gatica (Madres de barrio Ituzaingó), a través de los abogados Darío Ávila y Domingo Miguel Martínez.
En la acción se pide que se investigue a la firma Monsanto por el delito de “contaminación ambiental en grado de tentativa” y al secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Federico Bocco, por abuso de autoridad, al haber autorizado la construcción de la primera etapa de la planta seleccionadora de granos de Monsanto en Malvinas Argentinas.
En diálogo con LA MAÑANA, Darío Ávila aclaró que la denuncia a Monsanto se basa en la supuesta violación de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051, en cuanto los denunciantes consideran que los productos que utilizará la firma en su procesos de producción de granos de maíz son tóxicos, según lo que la misma firma detalla en su aviso de proyecto.
“Uno de esos agrotóxicos fue prohibido en mayo de este año en Europa para el tratamiento de semillas y es la Clotianidina, que se comercializa en Argentina con el nombre de ‘Poncho’”, explicó Ávila.
Pero además, se pide que sea investigado por abuso de autoridad el secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, por haber incumplido con la Ley Provincial del Ambiente Nº 7343.
La misma en su artículo 49 establece que para este tipo de empresas “es obligatorio que se presente un estudio de impacto ambiental que debe ser previo al comienzo de las obras, y que comprendan todas las etapas del proyecto”, explicó el abogado.
“El secretario de Ambiente autorizó la primera etapa del proyecto únicamente con un aviso de proyecto que es un instrumento por el cual la empresa sólo dice qué tipo de actividad va a desarrollar y que nada tiene que ver con un estudio de impacto ambiental”, señaló.
Ávila expresó que también Monsanto habría incumplido las normativas de uso de suelo, ya que el sector donde hoy se ha emplazado la empresa, “está destinado para uso agropecuario sin contaminante, y la ubicación de este tipo de plantas está previsto para otro sector distinto”.
Es por esto que los abogados entienden que hubo un exceso en el ejercicio de las funciones de Bocco, y van más allá, al solicitar que también se investigue la responsabilidad del intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y los concejales de esa localidad, por la autorización que le fuera concedida a Monsanto para poder comenzar la construcción de su planta.
Anoche, el abogado señaló que recién hoy sabrán en qué fiscalía recaerá la denuncia, una vez que el expediente llegue a mesa de Tribunales. “En principio está de turno el fiscal Marcelo Hidalgo, pero la fiscal general de la Provinci,a Marta Cáceres de Bolatti, había designado al fiscal Miguel Oyhanarte para que entendiera en el conflicto de Monsanto en Malvinas Argentinas”, dijo.
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Córdoba se moviliza por la emergencia ambiental
Más de 30 organizaciones marchan por la emergencia ambiental en Córdoba
Fecha de Publicación: 07/10/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Grupos de toda la provincia se movilizarán el próximo martes en la capital para exigir respuestas ante los incendios, los desmontes, la crisis hídrica, la instalación de Monsanto y el vertedero de Cormecor en Bouwer. “La provincia tiene la situación ambiental más baja de toda su historia”, dijo el biólogo Montenegro
Más de 30 organizaciones nucleadas en la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra reclaman que se declare la emergencia ambiental en Córdoba ante las problemáticas que se multiplican en distintos lugares del territorio provincial.
Las consecuencias que dejaron los incendios en más de 95 mil hectáreas arrasadas recientemente por el fuego, el avance de los desmontes, la crisis hídrica, la instalación de una planta de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas y la deposición de residuos de la empresa Cormecor en Bouwer son las principales situaciones denunciadas por los grupos que el próximo martes marcharán en la ciudad de Córdoba.
Desde la coordinadora integrada por asociaciones de diferentes localidades cordobesas, responsabilizaron al Gobierno provincial por la crisis ambiental y exigieron medidas para revertir esta situación. Entre ellas, demandan un plan integral de reparación de las zonas afectadas por los incendios y que se inhabilite en esos lugares la realización de emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o ganaderos; la derogación de la ley provincial de Bosques y un plan de obras que garantice el acceso al agua de las poblaciones afectadas por la crisis hídrica.
El biólogo y presidente de Funam Raúl Montenegro también consideró que en Córdoba se vive una emergencia ambiental y cuestionó a la Provincia. En ese sentido, se refirió al concepto de “resistencia ambiental”, es decir, las condiciones en que se encuentra un territorio para soportar eventos tales como incendios, sequías e inundaciones, y dijo que Córdoba se encuentra en el peor momento de toda su historia.
Respecto de la actividad que se realizará el próximo martes, Melina Dassano del Colectivo de Asambleas Socio Ambientales Córdoba afirmó: “Es la unión de todas las organizaciones que están luchando por el medio ambiente para pedir puntualmente la alerta ambiental y territorial”.
La movilización es convocada por organizaciones de vecinos de Punilla, Calamuchita, Sierras Chicas, ciudad de Córdoba, entre otras, que vienen reclamando medidas ante las problemáticas medioambientales de cada una de sus regiones. Tal es el caso, por ejemplo, de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas que incluye a distintas localidades afectadas por la crisis hídrica y que exigen medidas para detener la especulación inmobiliaria en la zona.
Dassano indicó que los reclamos de las distintas asambleas ambientales llevan más de un año y que “la gran mayoría ha tenido que ser llevada a la Justicia, lo que habla de la falta de gestión de los gobiernos”.
Y añadió que se entregará un documento a los poderes Ejecutivo y Legislativo donde se denunciará la actual situación ambiental, la falta de control de Ambiente de la Provincia e incluso dijo que pedirán la renuncia de funcionarios de esa secretaría.
Incendios, desmontes y crisis hídrica
“Denunciamos la responsabilidad del Gobierno provincial y las autoridades municipales por las 95.000 hectáreas recientemente arrasadas por el fuego”, afirma el documento emitido por la coordinadora provincial que declara la emergencia ambiental en la Provincia. Y exige un plan de reparación que incluya “la limpieza de las cuencas de los ríos para retirar animales muertos y residuos que agravarán la contaminación de los ríos y arroyos y perjudicarán a un gran sector de la provincia”.
Además, reclaman que se impida la realización de emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o ganaderos en las zonas afectadas por el fuego y se aplique un “verdadero plan de prevención de incendios”.
Por otro lado, el documento cuestiona el avance del negocio inmobiliario y el monocultivo de soja sobre cuencas, bosques y zonas de alto valor de conservación. En ese marco, exigen que la Provincia se adecúe a la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.
Los integrantes de las organizaciones también se refieren a la crisis hídrica y cuestionan la ausencia de un manejo integral de las cuencas.
Así lo indicó Fernanda Salinas, de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, quien alertó que tanto en esa región como en la zona de Punilla el caudal de los ríos disminuye de manera creciente dificultando el acceso al agua de las poblaciones.
“Siempre hay cortes programados de agua. En Salsipuedes, con los incendios, la gente no tenía agua para apagar el fuego. Estamos tratando de hacer entender que nos vamos a quedar sin agua, no ahora, sino para nuestros chicos”, dijo.
Salinas afirmó que el boom inmobiliario es una de las principales causas de esa situación. De hecho, relató que en Candonga, Ascochinga, Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza existen importantes conflictos a raíz de la construcción de countries en el nacimiento de cuencas y en reservas provinciales, que en varios casos ya se encuentran en la Justicia a raíz de las denuncias de los vecinos.
En ese marco, denunció que los gobiernos “son responsables por omisión” y señaló la exigencia de los vecinos de que se logre una reglamentación y un plan de manejo integral de las cuencas.
El peor momento
Para ilustrar la grave situación en que se encuentra el territorio provincial, Montenegro recurrió al concepto de resistencia ambiental: “Es la resistencia que tiene en este caso la provincia a sequías por ejemplo, a inundaciones, a períodos extremadamente lluviosos, a cambio climático, a la expansión de cultivos transgénicos, a la disminución de superficies con ambientes nativos”. Este factor, añadió, “está en el valor teórico más bajo de toda su historia: hoy con el conjunto de las situaciones ambientales críticas es el peor momento”.
El biólogo dijo que uno de los indicadores de esta crisis son los incendios y mencionó que sólo en el pasado mes de septiembre se quemaron más de 105 mil hectáreas entre ambiente nativo e implantado.
“El otro indicador es lo que queda como bosque nativo cerrado: menos del 4%”, dijo. Y agregó que la pérdida constante de biodiversidad es otra muestra de la emergencia ambiental en Córdoba, pese a que en este caso no existen cifras que permitan medirlo.
“Lo real es que en Córdoba hay una pérdida total en biodiversidad”, alertó el biólogo y explicó que la misma prácticamente ha desaparecido en todos los lugares donde hay cultivos. Además, destacó que la desaparición de bosques nativos también revela la enorme cantidad de especies desaparecidas.
La situación de las cuencas hídricas también es preocupante según Montenegro, ya que tanto la capacidad de almacenamiento como el agua efectivamente almacenada en las cuencas “también ha bajado dramáticamente porque se han secado vertientes en muchos lugares”.
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Fecha de Publicación: 07/10/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Grupos de toda la provincia se movilizarán el próximo martes en la capital para exigir respuestas ante los incendios, los desmontes, la crisis hídrica, la instalación de Monsanto y el vertedero de Cormecor en Bouwer. “La provincia tiene la situación ambiental más baja de toda su historia”, dijo el biólogo Montenegro
Más de 30 organizaciones nucleadas en la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra reclaman que se declare la emergencia ambiental en Córdoba ante las problemáticas que se multiplican en distintos lugares del territorio provincial.
Las consecuencias que dejaron los incendios en más de 95 mil hectáreas arrasadas recientemente por el fuego, el avance de los desmontes, la crisis hídrica, la instalación de una planta de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas y la deposición de residuos de la empresa Cormecor en Bouwer son las principales situaciones denunciadas por los grupos que el próximo martes marcharán en la ciudad de Córdoba.
Desde la coordinadora integrada por asociaciones de diferentes localidades cordobesas, responsabilizaron al Gobierno provincial por la crisis ambiental y exigieron medidas para revertir esta situación. Entre ellas, demandan un plan integral de reparación de las zonas afectadas por los incendios y que se inhabilite en esos lugares la realización de emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o ganaderos; la derogación de la ley provincial de Bosques y un plan de obras que garantice el acceso al agua de las poblaciones afectadas por la crisis hídrica.
El biólogo y presidente de Funam Raúl Montenegro también consideró que en Córdoba se vive una emergencia ambiental y cuestionó a la Provincia. En ese sentido, se refirió al concepto de “resistencia ambiental”, es decir, las condiciones en que se encuentra un territorio para soportar eventos tales como incendios, sequías e inundaciones, y dijo que Córdoba se encuentra en el peor momento de toda su historia.
Respecto de la actividad que se realizará el próximo martes, Melina Dassano del Colectivo de Asambleas Socio Ambientales Córdoba afirmó: “Es la unión de todas las organizaciones que están luchando por el medio ambiente para pedir puntualmente la alerta ambiental y territorial”.
La movilización es convocada por organizaciones de vecinos de Punilla, Calamuchita, Sierras Chicas, ciudad de Córdoba, entre otras, que vienen reclamando medidas ante las problemáticas medioambientales de cada una de sus regiones. Tal es el caso, por ejemplo, de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas que incluye a distintas localidades afectadas por la crisis hídrica y que exigen medidas para detener la especulación inmobiliaria en la zona.
Dassano indicó que los reclamos de las distintas asambleas ambientales llevan más de un año y que “la gran mayoría ha tenido que ser llevada a la Justicia, lo que habla de la falta de gestión de los gobiernos”.
Y añadió que se entregará un documento a los poderes Ejecutivo y Legislativo donde se denunciará la actual situación ambiental, la falta de control de Ambiente de la Provincia e incluso dijo que pedirán la renuncia de funcionarios de esa secretaría.
Incendios, desmontes y crisis hídrica
“Denunciamos la responsabilidad del Gobierno provincial y las autoridades municipales por las 95.000 hectáreas recientemente arrasadas por el fuego”, afirma el documento emitido por la coordinadora provincial que declara la emergencia ambiental en la Provincia. Y exige un plan de reparación que incluya “la limpieza de las cuencas de los ríos para retirar animales muertos y residuos que agravarán la contaminación de los ríos y arroyos y perjudicarán a un gran sector de la provincia”.
Además, reclaman que se impida la realización de emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o ganaderos en las zonas afectadas por el fuego y se aplique un “verdadero plan de prevención de incendios”.
Por otro lado, el documento cuestiona el avance del negocio inmobiliario y el monocultivo de soja sobre cuencas, bosques y zonas de alto valor de conservación. En ese marco, exigen que la Provincia se adecúe a la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos.
Los integrantes de las organizaciones también se refieren a la crisis hídrica y cuestionan la ausencia de un manejo integral de las cuencas.
Así lo indicó Fernanda Salinas, de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, quien alertó que tanto en esa región como en la zona de Punilla el caudal de los ríos disminuye de manera creciente dificultando el acceso al agua de las poblaciones.
“Siempre hay cortes programados de agua. En Salsipuedes, con los incendios, la gente no tenía agua para apagar el fuego. Estamos tratando de hacer entender que nos vamos a quedar sin agua, no ahora, sino para nuestros chicos”, dijo.
Salinas afirmó que el boom inmobiliario es una de las principales causas de esa situación. De hecho, relató que en Candonga, Ascochinga, Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza existen importantes conflictos a raíz de la construcción de countries en el nacimiento de cuencas y en reservas provinciales, que en varios casos ya se encuentran en la Justicia a raíz de las denuncias de los vecinos.
En ese marco, denunció que los gobiernos “son responsables por omisión” y señaló la exigencia de los vecinos de que se logre una reglamentación y un plan de manejo integral de las cuencas.
El peor momento
Para ilustrar la grave situación en que se encuentra el territorio provincial, Montenegro recurrió al concepto de resistencia ambiental: “Es la resistencia que tiene en este caso la provincia a sequías por ejemplo, a inundaciones, a períodos extremadamente lluviosos, a cambio climático, a la expansión de cultivos transgénicos, a la disminución de superficies con ambientes nativos”. Este factor, añadió, “está en el valor teórico más bajo de toda su historia: hoy con el conjunto de las situaciones ambientales críticas es el peor momento”.
El biólogo dijo que uno de los indicadores de esta crisis son los incendios y mencionó que sólo en el pasado mes de septiembre se quemaron más de 105 mil hectáreas entre ambiente nativo e implantado.
“El otro indicador es lo que queda como bosque nativo cerrado: menos del 4%”, dijo. Y agregó que la pérdida constante de biodiversidad es otra muestra de la emergencia ambiental en Córdoba, pese a que en este caso no existen cifras que permitan medirlo.
“Lo real es que en Córdoba hay una pérdida total en biodiversidad”, alertó el biólogo y explicó que la misma prácticamente ha desaparecido en todos los lugares donde hay cultivos. Además, destacó que la desaparición de bosques nativos también revela la enorme cantidad de especies desaparecidas.
La situación de las cuencas hídricas también es preocupante según Montenegro, ya que tanto la capacidad de almacenamiento como el agua efectivamente almacenada en las cuencas “también ha bajado dramáticamente porque se han secado vertientes en muchos lugares”.
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Monsanto,
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Monsanto siembra discordia en Córdoba
Monsanto: la semilla de la discordia
Fecha de Publicación: 06/10/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Cuáles son las razones de quienes no quieren a Monsanto y qué contesta la empresa. Información y un debate necesario.
Por qué no lo quieren a Monsanto
Hace 19 días que los portones de ingreso a la planta que Monsanto está construyendo en Malvinas Argentinas están bloqueados. Es que la asamblea “Malvinas Lucha por la Vida” quiere lejos de Córdoba a la multinacional y están dispuestos a no dar un paso al costado, al menos hasta que la Provincia llame a una consulta popular y la obra se mantenga paralizada “para que sean los vecinos los que decidan”.
El grupo Malvinas Lucha por la Vida, integrado por el colectivo de los Médicos y Pueblos Fumigados, agrupaciones de izquierda y vecinos de la localidad, sostiene que la actividad de Monsanto en la zona generará una “elevada contaminación ambiental” por el “uso de millones de litros de agroquímicos para curar semillas de maíz” y “la enorme cantidad de silos que se van a instalar en la zona”.
Pero además, y por esto justifica la asamblea la presencia de gente que no es de Malvinas en el bloqueo, están en contra “del modelo productivo de la multinacional”, ya que aseguran que el maíz transgénico que saldrá de Malvinas generará daños ambientales en todos los campos.
Pulmón de granjero. El doctor Medardo Ávila Vázquez, representante de la asamblea, asegura que en la planta de Monsanto se van a instalar 200 silos. El riesgo es una enfermedad llamada “pulmón de granjero” que produce la formación de fibrosis en los pulmones. “El maíz guardado genera gases y libera humedad, por lo que se puede arruinar con hongos o gorgojo. Dentro, los granos se van moviendo y golpeando, lo que hace que el esmalte natural que los recubre se rompa, esas partículas se liberan al ambiente y es lo que genera esta enfermedad”, explicó. Para el médico, la situación en Malvinas será peor “ya que no existe en Latinoamérica un lugar donde existan tantos silos juntos y los granos estarán recubiertos con una película de agroquímicos”.
Contaminación del suelo y el agua. Otro de los temores es el uso de agroquímicos en la planta para el curado de semillas. Ávila Vázquez indica que se utilizarán “millones de litros” y que una parte de esos efluentes deben ser desechados, “por lo que se liberarán al suelo y al agua, provocando un grave perjuicio”.
Menos bichos. Con esta semilla, avanzará la frontera agrícola y morirán muchos insectos. “Estas semillas están prohibidas en Europa porque han llevado a la muerte masiva de abejas, mariposas monarcas y vaquitas de San Antonio”, señaló el médico.
La empresa dice que no contamina
Monsanto asegura que la planta que está construyendo en Malvinas Argentinas no contaminará y que todo el procedimiento está absolutamente controlado. “El volumen de agroquímicos que se va a manejar en la planta es bajo porque lo que se hace es recubrir a las semillas de maíz con una fina película de estos productos para lo que se utilizan dosis muy pequeñas. La planta que tenemos en Rojas, provincia de Buenos Aires, está pegada a un country donde viven unas 20 mil personas, si hubiera algún problema de mal olor o polvo en suspensión no podríamos estar desde hace 20 años en el lugar. Estas denuncias se hacen para crear confusión”, asegura Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Institucionales de Monsanto.
Además, según el directivo de la firma, el maíz que se producirá en Malvinas permitirá que se utilice menos insecticidas y herbicidas en los campos ya que tiene “un evento tecnológico” que protege a la planta de insectos lepidópteros (mariposas).
Emisiones. La construcción de su planta en Malvinas se hace en etapas. 40 es la cantidad de silos que se va a instalar en esta primera fase con una capacidad de 140 toneladas de semilla de maíz cada uno. “Todo el proceso de producción cuenta con sistemas de aspiración, que por medio de filtros de mangas garantizan que los niveles de emisiones sean despreciables, en tamaño y cantidad, muy por debajo de los requerimientos ambientales”, aseguran.
Agroquímicos. Se prevé utilizar un volumen de 350 metros cúbicos de agroquímicos anuales, básicamente insecticidas y fungicidas. “Estas sustancias son de base acuosa y se manejan en circuitos cerrados de cañerías y tanques. Todas las áreas en donde se almacenan, mezclan y aplican estos productos tienen un sistema de doble contención, con el objeto que ante alguna rotura eventual de un envase, o cañería, el producto quede seguro”, explicó.
Residuos. Explican que “los residuos provienen de la limpieza de los equipos involucrados con el proceso de curado de semillas. Gran parte son reutilizados en el mismo proceso. El remanente es dispuesto en una cisterna ubicada dentro de una contención de hormigón que cuando alcanza cierto nivel es transportada hacia un tratador de residuos especiales para su disposición final”.
Sólo mata plagas. La transformación genética del maíz de Monsanto le da a la semilla una protección contra insectos ya que producen una proteína denominada BT que destruye el sistema digestivo de los bichos que la atacan. “Esta proteína es selectiva y sólo afecta a los insectos que son considerados plaga para los cultivos”, asegura Vilaplana.
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Fecha de Publicación: 06/10/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Cuáles son las razones de quienes no quieren a Monsanto y qué contesta la empresa. Información y un debate necesario.
Por qué no lo quieren a Monsanto
Hace 19 días que los portones de ingreso a la planta que Monsanto está construyendo en Malvinas Argentinas están bloqueados. Es que la asamblea “Malvinas Lucha por la Vida” quiere lejos de Córdoba a la multinacional y están dispuestos a no dar un paso al costado, al menos hasta que la Provincia llame a una consulta popular y la obra se mantenga paralizada “para que sean los vecinos los que decidan”.
El grupo Malvinas Lucha por la Vida, integrado por el colectivo de los Médicos y Pueblos Fumigados, agrupaciones de izquierda y vecinos de la localidad, sostiene que la actividad de Monsanto en la zona generará una “elevada contaminación ambiental” por el “uso de millones de litros de agroquímicos para curar semillas de maíz” y “la enorme cantidad de silos que se van a instalar en la zona”.
Pero además, y por esto justifica la asamblea la presencia de gente que no es de Malvinas en el bloqueo, están en contra “del modelo productivo de la multinacional”, ya que aseguran que el maíz transgénico que saldrá de Malvinas generará daños ambientales en todos los campos.
Pulmón de granjero. El doctor Medardo Ávila Vázquez, representante de la asamblea, asegura que en la planta de Monsanto se van a instalar 200 silos. El riesgo es una enfermedad llamada “pulmón de granjero” que produce la formación de fibrosis en los pulmones. “El maíz guardado genera gases y libera humedad, por lo que se puede arruinar con hongos o gorgojo. Dentro, los granos se van moviendo y golpeando, lo que hace que el esmalte natural que los recubre se rompa, esas partículas se liberan al ambiente y es lo que genera esta enfermedad”, explicó. Para el médico, la situación en Malvinas será peor “ya que no existe en Latinoamérica un lugar donde existan tantos silos juntos y los granos estarán recubiertos con una película de agroquímicos”.
Contaminación del suelo y el agua. Otro de los temores es el uso de agroquímicos en la planta para el curado de semillas. Ávila Vázquez indica que se utilizarán “millones de litros” y que una parte de esos efluentes deben ser desechados, “por lo que se liberarán al suelo y al agua, provocando un grave perjuicio”.
Menos bichos. Con esta semilla, avanzará la frontera agrícola y morirán muchos insectos. “Estas semillas están prohibidas en Europa porque han llevado a la muerte masiva de abejas, mariposas monarcas y vaquitas de San Antonio”, señaló el médico.
La empresa dice que no contamina
Monsanto asegura que la planta que está construyendo en Malvinas Argentinas no contaminará y que todo el procedimiento está absolutamente controlado. “El volumen de agroquímicos que se va a manejar en la planta es bajo porque lo que se hace es recubrir a las semillas de maíz con una fina película de estos productos para lo que se utilizan dosis muy pequeñas. La planta que tenemos en Rojas, provincia de Buenos Aires, está pegada a un country donde viven unas 20 mil personas, si hubiera algún problema de mal olor o polvo en suspensión no podríamos estar desde hace 20 años en el lugar. Estas denuncias se hacen para crear confusión”, asegura Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Institucionales de Monsanto.
Además, según el directivo de la firma, el maíz que se producirá en Malvinas permitirá que se utilice menos insecticidas y herbicidas en los campos ya que tiene “un evento tecnológico” que protege a la planta de insectos lepidópteros (mariposas).
Emisiones. La construcción de su planta en Malvinas se hace en etapas. 40 es la cantidad de silos que se va a instalar en esta primera fase con una capacidad de 140 toneladas de semilla de maíz cada uno. “Todo el proceso de producción cuenta con sistemas de aspiración, que por medio de filtros de mangas garantizan que los niveles de emisiones sean despreciables, en tamaño y cantidad, muy por debajo de los requerimientos ambientales”, aseguran.
Agroquímicos. Se prevé utilizar un volumen de 350 metros cúbicos de agroquímicos anuales, básicamente insecticidas y fungicidas. “Estas sustancias son de base acuosa y se manejan en circuitos cerrados de cañerías y tanques. Todas las áreas en donde se almacenan, mezclan y aplican estos productos tienen un sistema de doble contención, con el objeto que ante alguna rotura eventual de un envase, o cañería, el producto quede seguro”, explicó.
Residuos. Explican que “los residuos provienen de la limpieza de los equipos involucrados con el proceso de curado de semillas. Gran parte son reutilizados en el mismo proceso. El remanente es dispuesto en una cisterna ubicada dentro de una contención de hormigón que cuando alcanza cierto nivel es transportada hacia un tratador de residuos especiales para su disposición final”.
Sólo mata plagas. La transformación genética del maíz de Monsanto le da a la semilla una protección contra insectos ya que producen una proteína denominada BT que destruye el sistema digestivo de los bichos que la atacan. “Esta proteína es selectiva y sólo afecta a los insectos que son considerados plaga para los cultivos”, asegura Vilaplana.
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Jornada de resistencia contra Monsanto en Córdoba
Monsanto paró las obras en un día caliente
Fecha de Publicación: 01/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdona
Por el bloqueo en Malvinas Argentinas, no tiene combustible ni materiales. La Nación envió a un abogado por el conflicto con los asambleístas.
Monsanto suspendió ayer la construcción de la planta de semillas en Malvinas Argentinas debido a que, desde hace 13 días, una manifestación en reclamo de una consulta popular impide el ingreso de camiones con materiales al predio.
Ayer se vivió uno de los días de mayor tensión desde que comenzó el bloqueo, ya que dos manifestantes fueron detenidas y la activista Sofía Gatica resultó golpeada cuando la Policía la desalojaba de la ruta.
La empresa informó que la suspensión de la obra es una “decisión forzada”.
“Si bien quedan algunos materiales, no hay combustible, no se pueden limpiar los baños químicos y los trabajadores no están tranquilos y queremos evitar accidentes”, explicó uno de los encargados.
El gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, Adrián Vilaplana, dijo ayer en conferencia de prensa: “Hemos tomado el compromiso con la Uocra (Unión de Obreros de la Construcción) y los contratistas de mantener los jornales por esta semana. No tenemos insumos, estamos incapacitados de seguir con la obra porque no entra material”. Y advirtió: “Hablamos con los contratistas para que mantengan los jornales pero esto no es sostenible en el tiempo. Probablemente, en unos días, tengan que tomar una decisión de suspender y despedir parte del personal”.
En el lugar trabajan 170 obreros, según informaron la empresa y la Uocra. Ariel Gutiérrez, delegado del sindicato, dijo ayer que las contratistas dieron marcha atrás, al menos hasta el viernes, con los 29 despidos decididos la semana pasada. Vilaplana recordó que los gobiernos provincial y municipal aprobaron el aviso de proyecto de la construcción de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz, y también la primera etapa, que es la obra civil. Para la puesta en marcha –que, estiman, sería el año que viene– deben esperar la aprobación de la Provincia en función del estudio de impacto ambiental ya presentado, de acuerdo a la legislación provincial.
La decisión del secretario de Derechos Humanos de la Nación y candidato del FPV Martín Fresneda de enviar al lugar al abogado Claudio Orosz dio lugar a una intervención de José Manuel de la Sota. El gobernador le pidió a Cristina Fernández: “Diga a su gente (Fresneda & Cia.) que usted alentó y logró la llegada de Monsanto a Malvinas Argentinas. Que paren la violencia”.
Vecinos a favor. Al salir de la conferencia de prensa, personal de Monsanto entregó a los periodistas una lista con nombres y teléfonos de vecinos a favor de la planta.
A unos 400 metros, varias de esas personas se manifestaban. “Queremos que esta gente, que no es de Malvinas, se vaya. Queremos trabajo”, dijo a este diario Graciela Díaz. “No queremos consulta popular porque nosotros ya elegimos a nuestros representantes, que son los concejales”, explicó Estela Gutiérrez, portera de una escuela.
“Nos cansamos de que esta gente que viene de un partido de izquierda a hacer política nos deje suspendidas a 170 familias”, denunció.
U$S 400 millones
Al ser consultado sobre por qué Monsanto invierte U$S 400 millones sin conocer aún si estará habilitada, su gerente corporativo, Adrián Vilaplana respondió: “Cuando uno decide la inversión es porque sabe que va a poder cumplir con todos los requerimientos legales y ambientales”.
Repudios y críticas
Numerosos grupos políticos y sociales rechazaron ayer el desalojo policial a los manifestantes que bloqueaban la planta de Monsanto.
Carolina Scotto. La candidata cristinista a diputada por el FPV expresó su respaldo a Sofía Gatica. “Represión policial en Malvinas Argentinas: una vergüenza más”, sostuvo. Y agregó: “De la Sota elige una violenta represión policial antes que una pacífica consulta popular”. No se pronunció sobre la instalación de Monsanto en sí. En junio de 2011, Cristina Fernández había dicho estar “orgullosa” de la radicación, que Monsanto acababa de confirmarle en exclusiva, en Nueva York, donde se encontraba la Presidenta.
MST. Alejandro Bodart, legislador porteño por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, anunció que hoy estará en Córdoba para apoyar a los manifestantes.
Betiana Cabrera Fasolis. La candidata a diputada por el FPCyS cuestionó que la Policía “actuó bajo una orden política”.
PTS. Hernán Puddu, candidato a diputado por el FIT, repudió “estas detenciones llevadas a cabo por la narcopolicía de De la Sota”.
Ambientalistas. La Coordinadora de Sierras Chicas sostuvo que “Monsanto pone en riesgo la vida, la salud y el ambiente”.
Unidos y Organizados. La organización kirchnerista pidió que “las fuerzas policiales se abstengan de reprimir a quienes sostienen la protesta” y una consulta popular en Malvinas Argentinas.
U$S 400 millones
Al ser consultado sobre por qué Monsanto invierte U$S 400 millones sin conocer aún si estará habilitada, su gerente corporativo, Adrián Vilaplana respondió: “Cuando uno decide la inversión es porque sabe que va a poder cumplir con todos los requerimientos legales y ambientales”.
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Fecha de Publicación: 01/10/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdona
Por el bloqueo en Malvinas Argentinas, no tiene combustible ni materiales. La Nación envió a un abogado por el conflicto con los asambleístas.
Monsanto suspendió ayer la construcción de la planta de semillas en Malvinas Argentinas debido a que, desde hace 13 días, una manifestación en reclamo de una consulta popular impide el ingreso de camiones con materiales al predio.
Ayer se vivió uno de los días de mayor tensión desde que comenzó el bloqueo, ya que dos manifestantes fueron detenidas y la activista Sofía Gatica resultó golpeada cuando la Policía la desalojaba de la ruta.
La empresa informó que la suspensión de la obra es una “decisión forzada”.
“Si bien quedan algunos materiales, no hay combustible, no se pueden limpiar los baños químicos y los trabajadores no están tranquilos y queremos evitar accidentes”, explicó uno de los encargados.
El gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, Adrián Vilaplana, dijo ayer en conferencia de prensa: “Hemos tomado el compromiso con la Uocra (Unión de Obreros de la Construcción) y los contratistas de mantener los jornales por esta semana. No tenemos insumos, estamos incapacitados de seguir con la obra porque no entra material”. Y advirtió: “Hablamos con los contratistas para que mantengan los jornales pero esto no es sostenible en el tiempo. Probablemente, en unos días, tengan que tomar una decisión de suspender y despedir parte del personal”.
En el lugar trabajan 170 obreros, según informaron la empresa y la Uocra. Ariel Gutiérrez, delegado del sindicato, dijo ayer que las contratistas dieron marcha atrás, al menos hasta el viernes, con los 29 despidos decididos la semana pasada. Vilaplana recordó que los gobiernos provincial y municipal aprobaron el aviso de proyecto de la construcción de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz, y también la primera etapa, que es la obra civil. Para la puesta en marcha –que, estiman, sería el año que viene– deben esperar la aprobación de la Provincia en función del estudio de impacto ambiental ya presentado, de acuerdo a la legislación provincial.
La decisión del secretario de Derechos Humanos de la Nación y candidato del FPV Martín Fresneda de enviar al lugar al abogado Claudio Orosz dio lugar a una intervención de José Manuel de la Sota. El gobernador le pidió a Cristina Fernández: “Diga a su gente (Fresneda & Cia.) que usted alentó y logró la llegada de Monsanto a Malvinas Argentinas. Que paren la violencia”.
Vecinos a favor. Al salir de la conferencia de prensa, personal de Monsanto entregó a los periodistas una lista con nombres y teléfonos de vecinos a favor de la planta.
A unos 400 metros, varias de esas personas se manifestaban. “Queremos que esta gente, que no es de Malvinas, se vaya. Queremos trabajo”, dijo a este diario Graciela Díaz. “No queremos consulta popular porque nosotros ya elegimos a nuestros representantes, que son los concejales”, explicó Estela Gutiérrez, portera de una escuela.
“Nos cansamos de que esta gente que viene de un partido de izquierda a hacer política nos deje suspendidas a 170 familias”, denunció.
U$S 400 millones
Al ser consultado sobre por qué Monsanto invierte U$S 400 millones sin conocer aún si estará habilitada, su gerente corporativo, Adrián Vilaplana respondió: “Cuando uno decide la inversión es porque sabe que va a poder cumplir con todos los requerimientos legales y ambientales”.
Repudios y críticas
Numerosos grupos políticos y sociales rechazaron ayer el desalojo policial a los manifestantes que bloqueaban la planta de Monsanto.
Carolina Scotto. La candidata cristinista a diputada por el FPV expresó su respaldo a Sofía Gatica. “Represión policial en Malvinas Argentinas: una vergüenza más”, sostuvo. Y agregó: “De la Sota elige una violenta represión policial antes que una pacífica consulta popular”. No se pronunció sobre la instalación de Monsanto en sí. En junio de 2011, Cristina Fernández había dicho estar “orgullosa” de la radicación, que Monsanto acababa de confirmarle en exclusiva, en Nueva York, donde se encontraba la Presidenta.
MST. Alejandro Bodart, legislador porteño por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, anunció que hoy estará en Córdoba para apoyar a los manifestantes.
Betiana Cabrera Fasolis. La candidata a diputada por el FPCyS cuestionó que la Policía “actuó bajo una orden política”.
PTS. Hernán Puddu, candidato a diputado por el FIT, repudió “estas detenciones llevadas a cabo por la narcopolicía de De la Sota”.
Ambientalistas. La Coordinadora de Sierras Chicas sostuvo que “Monsanto pone en riesgo la vida, la salud y el ambiente”.
Unidos y Organizados. La organización kirchnerista pidió que “las fuerzas policiales se abstengan de reprimir a quienes sostienen la protesta” y una consulta popular en Malvinas Argentinas.
U$S 400 millones
Al ser consultado sobre por qué Monsanto invierte U$S 400 millones sin conocer aún si estará habilitada, su gerente corporativo, Adrián Vilaplana respondió: “Cuando uno decide la inversión es porque sabe que va a poder cumplir con todos los requerimientos legales y ambientales”.
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Jornada contra modelo del agro y minería
Agro y minería
Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba - Catamarca
Un festival en Córdoba contra Monsanto y una caminata en Catamarca contra Minera La Alumbrera. Se trata de dos acciones gestadas por asambleas socioambientales que cuestionan el modelo agropecuario y la megaminería. “Son dos caras de un mismo modelo extractivo que pone en riesgo el ambiente y la salud del pueblo, por eso estamos en la calle, decimos no a las corporaciones y sí a la vida”, afirmó Melina Dassano, del Colectivo Asambleas Socio Ambientales. En Córdoba rechazan la instalación de Monsanto y exigen una consulta popular. En Andalgalá denuncian el accionar de quince años de la megaminería, reclaman que se realice el catastro de glaciares y rechazan la instalación de nuevos proyectos (llamados Agua Rica y Filo Colorado).
“Primavera sin Monsanto” es el nombre de la jornada que se desarrollará hoy jueves en la localidad de Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) para rechazar la instalación de la principal compañía de semillas transgénicas. Advierten sobre los impactos ambientales y sanitarios. La empresa planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico.
La actividad será en la Ruta 88, en la puerta del predio de Monsanto. “Jornada de arte, ciencia y derechos humanos”, invitan los organizadores. Habrá grupos musicales y dará una charla Andrés Carrasco, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que en 2009 confirmó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios.
También hablarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la organización Madres de Ituzaingó, mujeres que –juicio mediante– lograron que la Justicia condenara a un productor y a un fumigador.
En abril pasado, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. El relevamiento destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa).
“Decimos fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de América latina porque es una empresa referente de un modelo que contamina, enferma, provoca desmontes y desalojos”, explicó Dassano, asambleísta de Córdoba, y precisó que la provincia está en “emergencia ambiental” por los desmontes, incendios y la “crisis hídrica”.
Andalgalá, en el oeste de Catamarca, fue una de las primeras ciudades del país en conocer de megaminería. En 1994 comenzó la construcción de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro. Luego de una década de extracción, se visibilizaron las críticas ante el incumplimiento de las promesas (trabajo, desarrollo local). También se acumularon las denuncias de contaminación. Filtraciones del dique de colas (una enorme piletón donde se vuelcan los desechos mineros), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros) y acusaciones de contaminar el agua de la zona. En 2010, se hizo pública la construcción de un nuevo proyecto, llamado “Agua rica”. Hubo un corte de caminos y una violenta represión (febrero de 2010).
Todos los sábados, los vecinos de Andalgalá marchan en la plaza central. El próximo sábado será la caminata 200. Y habrá una gran celebración y recitales. “Caminamos por la vida, para que se vayan las empresas que tanto mal hicieron a nuestro pueblo, y caminamos a pesar de las presiones de los gobiernos en sus tres niveles, que siempre juegan para las mineras”, señaló Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo, y explicó que en el oeste catamarqueño se experimenta el “síndrome de la verdad: después de quince años de Alumbrera, el pueblo sabe que la minería es sinónimo de contaminación, saqueo, riqueza de pocos y represión”.
Martínez explicó que también se manifestarán contra la criminalización (el último hecho fue en julio, cuando fueron detenidas doce asambleístas en la tradicional Fiesta del Poncho por manifestarse en contra de la megaminería) y por la aplicación de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, recién la semana pasada llegaron los técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, organismo de aplicación) y estuvieron tres días relevando el cerro Aconquija (donde pretenden instalarse las empresas mineras). La Asamblea El Algarrobo denunció que el relevamiento “fue parcial”, precisó que se relevó sólo “el 25 por ciento” de la zona, no se llegó hasta la zona de los emprendimientos mineros y alertó que se dejó de lado “la zona periglaciar” (que la ley insta a relevar). Martínez alertó: “Si se aplica la ley, no puede haber minería en el Aconquija. Por eso no quieren aplicar la ley”.
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Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba - Catamarca
Un festival en Córdoba contra Monsanto y una caminata en Catamarca contra Minera La Alumbrera. Se trata de dos acciones gestadas por asambleas socioambientales que cuestionan el modelo agropecuario y la megaminería. “Son dos caras de un mismo modelo extractivo que pone en riesgo el ambiente y la salud del pueblo, por eso estamos en la calle, decimos no a las corporaciones y sí a la vida”, afirmó Melina Dassano, del Colectivo Asambleas Socio Ambientales. En Córdoba rechazan la instalación de Monsanto y exigen una consulta popular. En Andalgalá denuncian el accionar de quince años de la megaminería, reclaman que se realice el catastro de glaciares y rechazan la instalación de nuevos proyectos (llamados Agua Rica y Filo Colorado).
“Primavera sin Monsanto” es el nombre de la jornada que se desarrollará hoy jueves en la localidad de Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) para rechazar la instalación de la principal compañía de semillas transgénicas. Advierten sobre los impactos ambientales y sanitarios. La empresa planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico.
La actividad será en la Ruta 88, en la puerta del predio de Monsanto. “Jornada de arte, ciencia y derechos humanos”, invitan los organizadores. Habrá grupos musicales y dará una charla Andrés Carrasco, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que en 2009 confirmó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios.
También hablarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la organización Madres de Ituzaingó, mujeres que –juicio mediante– lograron que la Justicia condenara a un productor y a un fumigador.
En abril pasado, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. El relevamiento destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa).
“Decimos fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de América latina porque es una empresa referente de un modelo que contamina, enferma, provoca desmontes y desalojos”, explicó Dassano, asambleísta de Córdoba, y precisó que la provincia está en “emergencia ambiental” por los desmontes, incendios y la “crisis hídrica”.
Andalgalá, en el oeste de Catamarca, fue una de las primeras ciudades del país en conocer de megaminería. En 1994 comenzó la construcción de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro. Luego de una década de extracción, se visibilizaron las críticas ante el incumplimiento de las promesas (trabajo, desarrollo local). También se acumularon las denuncias de contaminación. Filtraciones del dique de colas (una enorme piletón donde se vuelcan los desechos mineros), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros) y acusaciones de contaminar el agua de la zona. En 2010, se hizo pública la construcción de un nuevo proyecto, llamado “Agua rica”. Hubo un corte de caminos y una violenta represión (febrero de 2010).
Todos los sábados, los vecinos de Andalgalá marchan en la plaza central. El próximo sábado será la caminata 200. Y habrá una gran celebración y recitales. “Caminamos por la vida, para que se vayan las empresas que tanto mal hicieron a nuestro pueblo, y caminamos a pesar de las presiones de los gobiernos en sus tres niveles, que siempre juegan para las mineras”, señaló Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo, y explicó que en el oeste catamarqueño se experimenta el “síndrome de la verdad: después de quince años de Alumbrera, el pueblo sabe que la minería es sinónimo de contaminación, saqueo, riqueza de pocos y represión”.
Martínez explicó que también se manifestarán contra la criminalización (el último hecho fue en julio, cuando fueron detenidas doce asambleístas en la tradicional Fiesta del Poncho por manifestarse en contra de la megaminería) y por la aplicación de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, recién la semana pasada llegaron los técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, organismo de aplicación) y estuvieron tres días relevando el cerro Aconquija (donde pretenden instalarse las empresas mineras). La Asamblea El Algarrobo denunció que el relevamiento “fue parcial”, precisó que se relevó sólo “el 25 por ciento” de la zona, no se llegó hasta la zona de los emprendimientos mineros y alertó que se dejó de lado “la zona periglaciar” (que la ley insta a relevar). Martínez alertó: “Si se aplica la ley, no puede haber minería en el Aconquija. Por eso no quieren aplicar la ley”.
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Más evidencias sobre la toxicidad del glifosato y van...
Nueva evidencia sobre los impactos en la salud del glifosato
Fecha de Publicación: 08/09/2013
Fuente: RAPAL - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
"Un nuevo estudio sobre células humanas realizado en Tailandia, muestra que el glifosato induce al crecimiento de células cancerígenas en mamas, a través de receptores de estrógeno. Incluso bajas dosis de relevancia ambiental pueden estimular la actividad estrogénica."
El glifosato es el herbicida más popular y usado en el mundo. Se aplica no sólo en chacras, sino también en plantaciones forestales, parques, espacios públicos y jardines. Es el ingrediente activo de la empresa Monsanto denominado "Roundup”. Este herbicida es usado en los cultivos genéticamente modificados, Roundup Ready construidos para ser resistentes al glifosato. Durante años, la industria ha afirmado que el glifosato es mínimamente tóxico para los humanos, pero nuevos estudios indican lo contrario.
Un nuevo estudio sobre células humanas realizado en Tailandia, muestra que el glifosato induce al crecimiento de células cancerígenas en mamas, a través de receptores de estrógeno. Incluso bajas dosis de relevancia ambiental pueden estimular la actividad estrogénica.
Además, el estudio encontró que hubo un efecto estrogénico aditivo entre glifosato y la genisteína, un fitoestrógeno de la soja. Esto es preocupante, ya que los herbicidas a base de glifosato son ampliamente utilizados en el cultivo de soja.
Otro estudio encontró que en la exposición aguda, contacto que ocurre una sola vez o durante un período de tiempo corto (hasta 14 días [en el caso de los seres humanos]), el Roundup a dosis bajas durante 30 minutos, altera las funciones reproductivas masculinas mediante la activación de células mediada por las células muertas en los testículos de rata y células de Sertoli.
Residuos de glifosato se han encontrado en los principales alimentos de la dieta occidental, compuesta principalmente por azúcar, maíz, soja y trigo.
Otro estudio presenta evidencia de que el glifosato puede alterar la flora intestinal, suprimir la clase de la enzima CYP , y probablemente poner en peligro el transporte del hierro sulfate, que se obtiene a través de los alimentos, induciendo así la enfermedad. Una de las funciones de las enzimas del CYP es desintoxicar xenobióticos (sustancias químicas extrañas que se encuentran en un organismo vivo).
Esto significa que el glifosato podría potenciar los efectos perjudiciales de los otros residuos químicos transmitidos por los alimentos y las toxinas ambientales. De acuerdo a los autores, las dolencias a las que el glifosato podría plausiblemente contribuir, son a enfermedades como, inflamación en los intestinos, obesidad, depresión, Síndrome de Atención Dispersa, Hiperactividad e Impulsividad en pacientes adultos (ADHD), autismo, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, cáncer, caquexia (pérdida casi total del apetito), infertilidad, y malformaciones del desarrollo.
Los investigadores piden más investigación independiente para validar los resultados presentados y si se verifica, a tomar medidas inmediatas para reducir drásticamente el uso de glifosato en la agricultura.
Uso del glifosato en Uruguay
Es importante resaltar que en la zafra 2011- 2012 se sembró casi un millón de hectáreas de soja transgénica en nuestro país, a la cual se aplica glifosato un par de veces durante la siembra.
Por otro lado tenemos arriba de un millón de hectáreas de eucaliptus en las cuales también se utiliza glifosato antes de plantar, durante el primer año de crecimiento y al cortarse el árbol, para eliminar los tocones. Seguramente, en un futuro cercano este millón de hectáreas de eucaliptus, se expandirá con la nueva planta de celulosa Montes del Plata.
Nada bueno se puede decir sobre el aumento de este herbicida en nuestro país, solo que la población cada día se ve más expuesta a este veneno. Aparte de ser utilizado en la soja transgénica y en los monocultivos forestales, también es utilizado en otros cultivos agrícolas.
En efecto, evidencias más que suficientes existen para eliminar esta sustancia, sin embargo solo podrá ser posible, si nuestros gobernantes apuntan a una producción diferente y reconocen que tanto trabajadores y ciudadanía en general se exponen diariamente a este veneno, directa o indirectamente, a través de alimentos producidos con este veneno.
Nuestra dieta, también está compuesta principalmente por azúcar, maíz, soja y trigo, principalmente en alimentos procesados, o sea que el veneno es parte del pan de cada día.
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Fecha de Publicación: 08/09/2013
Fuente: RAPAL - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
"Un nuevo estudio sobre células humanas realizado en Tailandia, muestra que el glifosato induce al crecimiento de células cancerígenas en mamas, a través de receptores de estrógeno. Incluso bajas dosis de relevancia ambiental pueden estimular la actividad estrogénica."
El glifosato es el herbicida más popular y usado en el mundo. Se aplica no sólo en chacras, sino también en plantaciones forestales, parques, espacios públicos y jardines. Es el ingrediente activo de la empresa Monsanto denominado "Roundup”. Este herbicida es usado en los cultivos genéticamente modificados, Roundup Ready construidos para ser resistentes al glifosato. Durante años, la industria ha afirmado que el glifosato es mínimamente tóxico para los humanos, pero nuevos estudios indican lo contrario.
Un nuevo estudio sobre células humanas realizado en Tailandia, muestra que el glifosato induce al crecimiento de células cancerígenas en mamas, a través de receptores de estrógeno. Incluso bajas dosis de relevancia ambiental pueden estimular la actividad estrogénica.
Además, el estudio encontró que hubo un efecto estrogénico aditivo entre glifosato y la genisteína, un fitoestrógeno de la soja. Esto es preocupante, ya que los herbicidas a base de glifosato son ampliamente utilizados en el cultivo de soja.
Otro estudio encontró que en la exposición aguda, contacto que ocurre una sola vez o durante un período de tiempo corto (hasta 14 días [en el caso de los seres humanos]), el Roundup a dosis bajas durante 30 minutos, altera las funciones reproductivas masculinas mediante la activación de células mediada por las células muertas en los testículos de rata y células de Sertoli.
Residuos de glifosato se han encontrado en los principales alimentos de la dieta occidental, compuesta principalmente por azúcar, maíz, soja y trigo.
Otro estudio presenta evidencia de que el glifosato puede alterar la flora intestinal, suprimir la clase de la enzima CYP , y probablemente poner en peligro el transporte del hierro sulfate, que se obtiene a través de los alimentos, induciendo así la enfermedad. Una de las funciones de las enzimas del CYP es desintoxicar xenobióticos (sustancias químicas extrañas que se encuentran en un organismo vivo).
Esto significa que el glifosato podría potenciar los efectos perjudiciales de los otros residuos químicos transmitidos por los alimentos y las toxinas ambientales. De acuerdo a los autores, las dolencias a las que el glifosato podría plausiblemente contribuir, son a enfermedades como, inflamación en los intestinos, obesidad, depresión, Síndrome de Atención Dispersa, Hiperactividad e Impulsividad en pacientes adultos (ADHD), autismo, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, cáncer, caquexia (pérdida casi total del apetito), infertilidad, y malformaciones del desarrollo.
Los investigadores piden más investigación independiente para validar los resultados presentados y si se verifica, a tomar medidas inmediatas para reducir drásticamente el uso de glifosato en la agricultura.
Uso del glifosato en Uruguay
Es importante resaltar que en la zafra 2011- 2012 se sembró casi un millón de hectáreas de soja transgénica en nuestro país, a la cual se aplica glifosato un par de veces durante la siembra.
Por otro lado tenemos arriba de un millón de hectáreas de eucaliptus en las cuales también se utiliza glifosato antes de plantar, durante el primer año de crecimiento y al cortarse el árbol, para eliminar los tocones. Seguramente, en un futuro cercano este millón de hectáreas de eucaliptus, se expandirá con la nueva planta de celulosa Montes del Plata.
Nada bueno se puede decir sobre el aumento de este herbicida en nuestro país, solo que la población cada día se ve más expuesta a este veneno. Aparte de ser utilizado en la soja transgénica y en los monocultivos forestales, también es utilizado en otros cultivos agrícolas.
En efecto, evidencias más que suficientes existen para eliminar esta sustancia, sin embargo solo podrá ser posible, si nuestros gobernantes apuntan a una producción diferente y reconocen que tanto trabajadores y ciudadanía en general se exponen diariamente a este veneno, directa o indirectamente, a través de alimentos producidos con este veneno.
Nuestra dieta, también está compuesta principalmente por azúcar, maíz, soja y trigo, principalmente en alimentos procesados, o sea que el veneno es parte del pan de cada día.
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Denuncia por la aprobación irregular de la Intacta RR2
Una ONG ambientalista objeta una nueva semilla
Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto.
Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
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Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto.Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
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Los dueños de la semilla en Argentina, próximo debate
La batalla por las semillas se intensifica en Argentina
Fecha de Publicación: 16/07/2013
Fuente: IPS Noticias
Provincia/Región: Nacional
El debate por la reforma de la ley de semillas en Argentina enfrenta a las firmas transnacionales productoras de especies transgénicas con organizaciones sociales, académicas y rurales que se resisten al avance del monocultivo en defensa de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria.
El Ministerio de Agricultura insiste desde hace más de un año en que enviará un proyecto de reforma al parlamento a fin de reemplazar una ley sobre la materia que data de 1973, modificada varias veces al compás de la expansión de los monocultivos genéticamente modificados, como la soja, iniciada en los años 90.
Pero el proyecto aún no se presenta, aunque hay dos borradores. La Asociación de Semilleros de Argentina, que reúne a las empresas de biotecnología, avala el contenido de los textos, pero es cuestionado por quienes ven en esas iniciativas intentos de restringir al máximo el uso propio –o la resiembra- por parte de los productores.
Las empresas argumentan que el mundo exige un mayor rendimiento por hectárea de los cultivos para satisfacer una demanda creciente de alimentos y añaden que una norma que regule y controle el mercado de semillas garantizará la recuperación de la inversión en investigación y desarrollo de las variedades modificadas.
En cambio, los críticos rechazan la expansión de este tipo de cultivos, aduciendo que impactan negativamente en la biodiversidad, incrementan la vulnerabilidad de la actividad agrícola frente a la variabilidad del clima y amenazan la supervivencia de familias rurales, que seleccionan las mejores semillas, las guardan y las utilizan para la resiembra.
En Argentina, uno de los principales productores mundiales de soja, alrededor de 98 por ciento de las plantaciones de esa oleaginosa son de semillas transgénicas, una variedad desarrollada en los laboratorios de Monsanto que resiste la aplicación del herbicida glifosato, de la misma firma. Asimismo, 80 por ciento de las tierras cultivadas con maíz son también con semillas transgénicas.
Para 2014, esta transnacional estadounidense prevé inaugurar una planta de acondicionamiento de semillas de este tipo en la central provincia de Córdoba, que producirá 60.000 toneladas por año.
La idea, dicen los responsables de la empresa en su sitio de Internet, es contribuir a la meta de duplicar la producción de alimentos para 2050. Pero junto con esta promesa, Monsanto también prevé una mayor fiscalización de las semillas que produce, que la que hubo hasta ahora.
Carlos Carballo, coordinador de la cátedra de soberanía alimentaria de la Facultad de Agronomía de la estatal Universidad de Buenos Aires, advirtió que esta expansión amenaza la diversidad de semillas nativas y criollas adaptadas a las condiciones del suelo y el clima de cada región.
“La semilla no es una mercancía, sino parte de un patrimonio de la humanidad”, subrayó Carballo ante la consulta de IPS.
Con el avance del monocultivo de soja y maíz transgénico, que está previsto en los planes del gobierno de aumento de la producción de alimentos, “habrá una expulsión masiva de pequeños productores”.
Los conflictos por la tierra ya son una realidad. Un estudio del Ministerio de Agricultura y de la estatal Universidad Nacional de San Martín dio cuenta en 2012 de que eran 830 las controversias que involucraban a 60.000 familias, en su mayoría productoras de subsistencia.
Las pujas se incrementaron con el avance de la frontera agrícola liderado por los cultivos transgénicos.
Para Carballo, más allá de la ley que se apruebe, las empresas ya lanzaron su estrategia de protección de los nuevos conflictos. Monsanto comunicó en 2012 que ya no entregaría más semillas a productores que no hubieran firmado un compromiso que, entre otras cláusulas, permitiera a la firma fiscalizar su uso.
Apenas unos meses después de esa advertencia, Monsanto informó que entre 70 y 80 por ciento de los productores de soja ya habían firmado ese contrato, es decir que estaban obligados no solo a pagar regalías, sino a abstenerse de reutilizar las semillas patentadas bajo amenaza de acciones legales.
Monsanto, la principal productora de transgénicos en Argentina, fue la gran responsable de la expansión en los años 90 de la soja de este origen con su estrategia de resignar el cobro de regalías, señaló a IPS el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinación regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL).
“Eso le permitió ampliarse a todos los países del Cono Sur” de América, dijo este académico de vasta trayectoria en la materia, responsable de producir actualmente 47 por ciento de la soja y 28 por ciento del maíz que se venden en el mundo, según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Ahora la estrategia es exigir la firma de contratos. “El productor no tiene escapatoria ni posibilidad de volver a usar la semilla”, remarcó Souza.
Alertó, además, que en la norteña provincia de Salta está avanzando la soja transgénica en pequeñas comunidades, lo cual pone en riesgo a las semillas nativas.
“Necesitamos una ley que promueva el respeto de los modos de producción de las comunidades para conservar, mejorar y multiplicar las semillas, y permitir que haya intercambio”, dijo.
Los actores de este movimiento que busca participar en el debate señalan que el modelo de ley de semillas de Argentina podría ser el de Brasil o de Bolivia, donde se permite el cultivo transgénico a la vez que se fomenta y se protege la existencia de variedades de semillas nativas y criollas.
Carballo dijo que con apoyo estatal o de organizaciones no gubernamentales internacionales, en Colombia, Bolivia, Perú y Paraguay hay “guardianes de semillas”, que seleccionan y custodian esos bienes naturales en bancos o casas de semillas, que son de disponibilidad pública.
Argentina también tiene programas locales de protección de semillas como el que funciona desde hace dos décadas en la occidental provincia de Misiones. Mediante el “Programa de los maíces criollos”, el estado provincial y el nacional apoyan con asistencia técnica y recursos la selección, preservación y multiplicación de semillas de maíz criollas y nativas.
“Se producen allí semillas de muy buena calidad que luego el Estado compra y distribuye, porque el maíz es la base de la producción de proteínas para economías rurales pequeñas, que producen aves y cerdos”, destacó Carballo.
“Este modelo favorece el empleo rural y mejora la calidad de la alimentación”, añadió.
Para el experto, el caso de Misiones muestra que hay una alternativa posible y no muy cara de preservar esos recursos naturales… y de hacerlo también desde el marco legal.
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Fecha de Publicación: 16/07/2013
Fuente: IPS Noticias
Provincia/Región: Nacional
El debate por la reforma de la ley de semillas en Argentina enfrenta a las firmas transnacionales productoras de especies transgénicas con organizaciones sociales, académicas y rurales que se resisten al avance del monocultivo en defensa de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria.El Ministerio de Agricultura insiste desde hace más de un año en que enviará un proyecto de reforma al parlamento a fin de reemplazar una ley sobre la materia que data de 1973, modificada varias veces al compás de la expansión de los monocultivos genéticamente modificados, como la soja, iniciada en los años 90.
Pero el proyecto aún no se presenta, aunque hay dos borradores. La Asociación de Semilleros de Argentina, que reúne a las empresas de biotecnología, avala el contenido de los textos, pero es cuestionado por quienes ven en esas iniciativas intentos de restringir al máximo el uso propio –o la resiembra- por parte de los productores.
Las empresas argumentan que el mundo exige un mayor rendimiento por hectárea de los cultivos para satisfacer una demanda creciente de alimentos y añaden que una norma que regule y controle el mercado de semillas garantizará la recuperación de la inversión en investigación y desarrollo de las variedades modificadas.
En cambio, los críticos rechazan la expansión de este tipo de cultivos, aduciendo que impactan negativamente en la biodiversidad, incrementan la vulnerabilidad de la actividad agrícola frente a la variabilidad del clima y amenazan la supervivencia de familias rurales, que seleccionan las mejores semillas, las guardan y las utilizan para la resiembra.
En Argentina, uno de los principales productores mundiales de soja, alrededor de 98 por ciento de las plantaciones de esa oleaginosa son de semillas transgénicas, una variedad desarrollada en los laboratorios de Monsanto que resiste la aplicación del herbicida glifosato, de la misma firma. Asimismo, 80 por ciento de las tierras cultivadas con maíz son también con semillas transgénicas.
Para 2014, esta transnacional estadounidense prevé inaugurar una planta de acondicionamiento de semillas de este tipo en la central provincia de Córdoba, que producirá 60.000 toneladas por año.
La idea, dicen los responsables de la empresa en su sitio de Internet, es contribuir a la meta de duplicar la producción de alimentos para 2050. Pero junto con esta promesa, Monsanto también prevé una mayor fiscalización de las semillas que produce, que la que hubo hasta ahora.
Carlos Carballo, coordinador de la cátedra de soberanía alimentaria de la Facultad de Agronomía de la estatal Universidad de Buenos Aires, advirtió que esta expansión amenaza la diversidad de semillas nativas y criollas adaptadas a las condiciones del suelo y el clima de cada región.
“La semilla no es una mercancía, sino parte de un patrimonio de la humanidad”, subrayó Carballo ante la consulta de IPS.
Con el avance del monocultivo de soja y maíz transgénico, que está previsto en los planes del gobierno de aumento de la producción de alimentos, “habrá una expulsión masiva de pequeños productores”.
Los conflictos por la tierra ya son una realidad. Un estudio del Ministerio de Agricultura y de la estatal Universidad Nacional de San Martín dio cuenta en 2012 de que eran 830 las controversias que involucraban a 60.000 familias, en su mayoría productoras de subsistencia.
Las pujas se incrementaron con el avance de la frontera agrícola liderado por los cultivos transgénicos.
Para Carballo, más allá de la ley que se apruebe, las empresas ya lanzaron su estrategia de protección de los nuevos conflictos. Monsanto comunicó en 2012 que ya no entregaría más semillas a productores que no hubieran firmado un compromiso que, entre otras cláusulas, permitiera a la firma fiscalizar su uso.
Apenas unos meses después de esa advertencia, Monsanto informó que entre 70 y 80 por ciento de los productores de soja ya habían firmado ese contrato, es decir que estaban obligados no solo a pagar regalías, sino a abstenerse de reutilizar las semillas patentadas bajo amenaza de acciones legales.
Monsanto, la principal productora de transgénicos en Argentina, fue la gran responsable de la expansión en los años 90 de la soja de este origen con su estrategia de resignar el cobro de regalías, señaló a IPS el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinación regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL).
“Eso le permitió ampliarse a todos los países del Cono Sur” de América, dijo este académico de vasta trayectoria en la materia, responsable de producir actualmente 47 por ciento de la soja y 28 por ciento del maíz que se venden en el mundo, según datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Ahora la estrategia es exigir la firma de contratos. “El productor no tiene escapatoria ni posibilidad de volver a usar la semilla”, remarcó Souza.
Alertó, además, que en la norteña provincia de Salta está avanzando la soja transgénica en pequeñas comunidades, lo cual pone en riesgo a las semillas nativas.
“Necesitamos una ley que promueva el respeto de los modos de producción de las comunidades para conservar, mejorar y multiplicar las semillas, y permitir que haya intercambio”, dijo.
Los actores de este movimiento que busca participar en el debate señalan que el modelo de ley de semillas de Argentina podría ser el de Brasil o de Bolivia, donde se permite el cultivo transgénico a la vez que se fomenta y se protege la existencia de variedades de semillas nativas y criollas.
Carballo dijo que con apoyo estatal o de organizaciones no gubernamentales internacionales, en Colombia, Bolivia, Perú y Paraguay hay “guardianes de semillas”, que seleccionan y custodian esos bienes naturales en bancos o casas de semillas, que son de disponibilidad pública.
Argentina también tiene programas locales de protección de semillas como el que funciona desde hace dos décadas en la occidental provincia de Misiones. Mediante el “Programa de los maíces criollos”, el estado provincial y el nacional apoyan con asistencia técnica y recursos la selección, preservación y multiplicación de semillas de maíz criollas y nativas.
“Se producen allí semillas de muy buena calidad que luego el Estado compra y distribuye, porque el maíz es la base de la producción de proteínas para economías rurales pequeñas, que producen aves y cerdos”, destacó Carballo.
“Este modelo favorece el empleo rural y mejora la calidad de la alimentación”, añadió.
Para el experto, el caso de Misiones muestra que hay una alternativa posible y no muy cara de preservar esos recursos naturales… y de hacerlo también desde el marco legal.
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La ley de Semillas saldrá luego de las elecciones
Argentina: le darán un negocio en bandeja a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org - Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, aseguró ayer que el envío del proyecto de ley de Semillas quedaría para después de las elecciones de octubre para evitar que esta iniciativa "se manche de contenido político".
Con esa frase, el funcionario intenta correr el eje del debate que han instalado los pequeños y medianos productores, y que este diario ha publicado a mediados de febrero: la Ley de Semillas implica un negocio millonario a la medida de las corporaciones que comercializan semillas y biotecnología, principalmente Monsanto, Nidera y Syngenta, perjudicando a las economías regionales.
Concretamente, la nueva ley buscaría extender la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, abarcando el control sobre la comercialización de lo producido, lo que violaría la actual normativa argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el “uso propio” gratuito de semillas.
Se trataría de un negociado multimillonario que podría terminar hipotecando uno de los recursos más valiosos que tiene nuestro país: la actividad agrícola.
La iniciativa, a su vez, tendría otro costado oscuro: incrementaría de forma considerable los costos de producción, lo que podría implicar importantes aumentos en los precios de los alimentos, agravando aún más la escalada inflacionaria que se registra en el país, de manera ininterrumpida, desde el año 2007.
El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y productor agropecuario, Matías de Velazco, explicó a Hoy que “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es como si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por se parado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”, como Monsanto.
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Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org - Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, aseguró ayer que el envío del proyecto de ley de Semillas quedaría para después de las elecciones de octubre para evitar que esta iniciativa "se manche de contenido político".
Con esa frase, el funcionario intenta correr el eje del debate que han instalado los pequeños y medianos productores, y que este diario ha publicado a mediados de febrero: la Ley de Semillas implica un negocio millonario a la medida de las corporaciones que comercializan semillas y biotecnología, principalmente Monsanto, Nidera y Syngenta, perjudicando a las economías regionales.
Concretamente, la nueva ley buscaría extender la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, abarcando el control sobre la comercialización de lo producido, lo que violaría la actual normativa argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el “uso propio” gratuito de semillas.
Se trataría de un negociado multimillonario que podría terminar hipotecando uno de los recursos más valiosos que tiene nuestro país: la actividad agrícola.
La iniciativa, a su vez, tendría otro costado oscuro: incrementaría de forma considerable los costos de producción, lo que podría implicar importantes aumentos en los precios de los alimentos, agravando aún más la escalada inflacionaria que se registra en el país, de manera ininterrumpida, desde el año 2007.
El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y productor agropecuario, Matías de Velazco, explicó a Hoy que “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es como si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por se parado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”, como Monsanto.
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