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Fuerte rechazo a la Ley de Semillas en Argentina
10:54 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Ley de Semillas en Argentina: "Que el anteproyecto no salga nunca del Ministerio de Agricultura"
Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Más de cien organizaciones de todo el país iniciaron en junio una campaña nacional contra el anteproyecto de Ley de Semillas que desde el 2012 está impulsando el Ministerio de Agricultura de la Nación. Mediante distintas actividades –como festivales, movilizaciones, ferias de semillas y productos orgánicos, entre otras– buscan dar a conocer las consecuencias de una posible modificación de la legislación vigente. También esperan organizar cerca de fin de año una jornada de debate en el Congreso de la Nación.
"Estamos trabajando, en primer lugar, para dar a conocer a la sociedad qué significa una Ley de Semillas, qué significa un derecho de obtentor y qué consecuencias tiene esto no solo sobre productores familiares y campesinos sino sobre cualquier ciudadano o habitante de una ciudad", expresó en relación a la campaña Carlos Vicente, referente de la organización GRAIN, en diálogo con Comunidad al Palo!.
La iniciativa comenzó 'formalmente' el 18 de junio pasado con una charla-debate realizada en el hotel BAUEN de Capital Federal a la que asistieron unas 200 personas, aunque los primeros pasos de esta iniciativa –que hoy moviliza a un centenar de organizaciones sociales, ambientales y políticas– comenzaron en agosto de 2012.
Por esos días, quien fuera el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, anunciaba la aprobación de la nueva semilla Intacta RR2 PRO resistente al glifosato fabricada por Monsanto. En esa oportunidad Yauhar también informó que enviarían al Congreso el "borrador de una Ley de Semillas, como corresponde que tenga la Argentina y que tenga un país serio que pretende ser líder en producción de alimentos".
Aquel borrador nunca fue publicado ni facilitado a las organizaciones que lo solicitaron, que a partir de filtraciones pudieron conocerlo y analizarlo, logrando que finalmente el texto no salga del ámbito del ministerio. Según explicó Vicente, hace unos meses la Secretaria de Desarrollo Rural, Carla Camps Bilbao, presentó a las organizaciones de la agricultura familiar un nuevo anteproyecto que contiene algunas modificaciones respecto al anterior.
El slogan de la campaña que comenzó el 18 de junio pasado
Las modificaciones que Monsanto necesita
Según se observa en el documento de lanzamiento de la campaña, el borrador con el que se pretende cambiar la ley plantea las siguientes modificaciones:
Limita el 'uso propio' de las semillas, al restringir la posibilidad de guardar semillas para futuras cosechas. Solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas. "Si alguien que compró una semilla que tiene derechos de obtentor la quiere volver a guardar, tiene que pagarle regalías a la empresa que tiene ese derecho de obtentor", explicó Vicente.
Expande sobre todas las especies vegetales los derechos de obtentor como forma de propiedad intelectual sobre las semillas, profundizando la ya iniciada privatización de la biodiversidad nativa.
Extiende hasta los veinte (20) años los derechos de obtentor, y hasta veinticinco (25) años para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales.
Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, estableciendo tales incumplimientos como delitos penales.
El borrador impulsado este año incorpora también otros artículos en relación a la agricultura familiar y los pueblos originarios, quienes estarían exceptuados de la limitación del 'uso propio' siempre que figuren inscriptos en un Registro Nacional de Agricultores Familiares. Tales modificaciones fueron calificadas como un "absurdo" por Vicente, al "pretender que una excepción se haga a partir de un registro nacional, cuando en Argentina tenemos campesinos y pueblos originarios viviendo en todos los rincones del país".
Para seguir de cerca las actividades o acceder a los materiales de difusión de la campaña puede visitarse la página en Facebook NO a la nueva Ley "Monsanto" de Semillas en Argentina. Las más de cien organizaciones de todo el país también reciben adhesiones al correonoalanuevaleydesemillas@gmail.com.
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Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Más de cien organizaciones de todo el país iniciaron en junio una campaña nacional contra el anteproyecto de Ley de Semillas que desde el 2012 está impulsando el Ministerio de Agricultura de la Nación. Mediante distintas actividades –como festivales, movilizaciones, ferias de semillas y productos orgánicos, entre otras– buscan dar a conocer las consecuencias de una posible modificación de la legislación vigente. También esperan organizar cerca de fin de año una jornada de debate en el Congreso de la Nación.
"Estamos trabajando, en primer lugar, para dar a conocer a la sociedad qué significa una Ley de Semillas, qué significa un derecho de obtentor y qué consecuencias tiene esto no solo sobre productores familiares y campesinos sino sobre cualquier ciudadano o habitante de una ciudad", expresó en relación a la campaña Carlos Vicente, referente de la organización GRAIN, en diálogo con Comunidad al Palo!.
La iniciativa comenzó 'formalmente' el 18 de junio pasado con una charla-debate realizada en el hotel BAUEN de Capital Federal a la que asistieron unas 200 personas, aunque los primeros pasos de esta iniciativa –que hoy moviliza a un centenar de organizaciones sociales, ambientales y políticas– comenzaron en agosto de 2012.
Por esos días, quien fuera el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, anunciaba la aprobación de la nueva semilla Intacta RR2 PRO resistente al glifosato fabricada por Monsanto. En esa oportunidad Yauhar también informó que enviarían al Congreso el "borrador de una Ley de Semillas, como corresponde que tenga la Argentina y que tenga un país serio que pretende ser líder en producción de alimentos".
Aquel borrador nunca fue publicado ni facilitado a las organizaciones que lo solicitaron, que a partir de filtraciones pudieron conocerlo y analizarlo, logrando que finalmente el texto no salga del ámbito del ministerio. Según explicó Vicente, hace unos meses la Secretaria de Desarrollo Rural, Carla Camps Bilbao, presentó a las organizaciones de la agricultura familiar un nuevo anteproyecto que contiene algunas modificaciones respecto al anterior.
El slogan de la campaña que comenzó el 18 de junio pasado
Las modificaciones que Monsanto necesita
Según se observa en el documento de lanzamiento de la campaña, el borrador con el que se pretende cambiar la ley plantea las siguientes modificaciones:
Limita el 'uso propio' de las semillas, al restringir la posibilidad de guardar semillas para futuras cosechas. Solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas. "Si alguien que compró una semilla que tiene derechos de obtentor la quiere volver a guardar, tiene que pagarle regalías a la empresa que tiene ese derecho de obtentor", explicó Vicente.
Expande sobre todas las especies vegetales los derechos de obtentor como forma de propiedad intelectual sobre las semillas, profundizando la ya iniciada privatización de la biodiversidad nativa.
Extiende hasta los veinte (20) años los derechos de obtentor, y hasta veinticinco (25) años para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales.
Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, estableciendo tales incumplimientos como delitos penales.
El borrador impulsado este año incorpora también otros artículos en relación a la agricultura familiar y los pueblos originarios, quienes estarían exceptuados de la limitación del 'uso propio' siempre que figuren inscriptos en un Registro Nacional de Agricultores Familiares. Tales modificaciones fueron calificadas como un "absurdo" por Vicente, al "pretender que una excepción se haga a partir de un registro nacional, cuando en Argentina tenemos campesinos y pueblos originarios viviendo en todos los rincones del país".
Para seguir de cerca las actividades o acceder a los materiales de difusión de la campaña puede visitarse la página en Facebook NO a la nueva Ley "Monsanto" de Semillas en Argentina. Las más de cien organizaciones de todo el país también reciben adhesiones al correonoalanuevaleydesemillas@gmail.com.
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Córdoba: encuesta determina el rechazo a Monsanto
El 68% de los vecinos de Malvinas Argentinas votaría contra el proyecto de Monsanto
Fecha de Publicación: 09/09/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Así lo arroja una encuesta realizada por el Conicet a pedido de la organización cívica Avaaz. Además, 9 de cada 10 ciudadanos sostiene que debe realizarse una consulta popular para decidir si se instala o no la planta de semillas de la multinacional.
Según una encuesta realizada por el Conicet a pedido de la organización cívica Avaaz, 9 de cada 10 ciudadanos de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas sostienen que debe realizarse una consulta popular para decidir si se instala o no la planta acondicionadora de semillas de maíz de Monsanto. Asimismo, el estudio sostiene que si dicha consulta se realizara hoy, un 64,86% votaría en contra del proyecto del gigante biotecnológico.
La encuesta demuestra que los niveles de aceptación a Monsanto siguen tan bajos como el año pasado, en el que también se había realizado un estudio similar, y a pesar de la fuerte campaña de promoción realizada por Monsanto en Córdoba.
En marzo del año pasado, la investigación estadística hecha en un muestreo de 352 encuestados en el pueblo de Malvinas Argentina, había sido realizada también por científicos del Conicet y de la Universidad Católica de Córdoba, en colaboración con estudiantes y egresados de la Universidad Queen Mary (Londres). En esa ocasión, casi seis de cada diez vecinos de la ciudad (58,21%) estaba en contra de la instalación de Monsanto, y nueve de cada diez (87,3%) querían la consulta popular.
En el estudio de este año, nueve de cada diez ciudadanos (un 90,63%) sostienen que están de acuerdo con la realización de una “consulta popular o referéndum” para definir la instalación de la planta de Monsanto, y casi nueve de cada diez ciudadanos (86,57%) cree que el resultado de la consulta debería ser de obligado cumplimiento y vinculante para las autoridades.
“Esto sugiere una amplia legitimidad de este mecanismo como un instrumento para la toma de decisión pública definitiva, a la vez que un pedido generalizado de los vecinos de un modo de participación en el cual la ciudadanía pueda ser escuchada por las autoridades sin exponerse a probables sanciones”, indicó Víctor Hugo Mazzalay, investigador del Conicet, que coordinó la encuesta.
El estudio de opinión indica asimismo que el 64,86%, casi dos de cada tres electores, “votarían por el ‘no’ a la planta” y sólo un 21,73% votaría por el “‘sí’ a la planta”, mientras que el 13,42% se manifestó indeciso.
Se mantiene una posición
“Considerando resultados de estudios previos, estos datos sugieren que existe una mayoría consistente de la población que mantiene una posición firme de rechazo a la planta de Monsanto. Nótese que transcurrido más de un año, desde la realización de un estudio de opinión en Marzo de 2013, la distribución de posicionamientos se mantiene similar pese a las numerosas acciones de los diversos actores involucrados”, finalizó Mazzalay.
La encuesta de este año fue realizada en forma presencial entre 358 pobladores de Malvinas Argentinas entre el 11 y 19 de julio.
Avaaz, un movimiento ciudadano con más de 38 millones de miembros a nivel global, ha venido apoyando a los vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas, en su lucha por ser escuchados por las autoridades en sus reclamos contrarios a la instalación de la planta. Más de un millón de miembros de Avaaz de todo el mundo le han pedido al intendente de esa localidad, Daniel Arzani, que detenga los planes de la multinacional, en una campaña que ha incluido avisos publicitarios en diarios locales y una avalancha de más de 7 mil mensajes telefónicos a las autoridades locales y provinciales.
Cabe recordar que el proyecto de Monsanto sufrió un revés judicial en enero pasado, cuando la Justicia detuvo la construcción de la planta hasta tanto las autoridades gubernamentales aprueben su estudio de impacto ambiental, y en febrero las autoridades lo rechazaron denunciando graves inconsistencias técnicas en el proyecto.
Según un grupo reconocidos juristas consultados por Avaaz el mes pasado, el rechazo del estudio de impacto ambiental asociado a la instalación de la planta de Monsanto, el pasado mes de Febrero, pone fin a la vía administrativa tal y como recoge el artículo 20 de la nueva Ley N° 10.208 de Política Ambiental Provincial. Aprobada en junio pasado, la nueva legislación prohíbe expresamente la presentación de documentación relativa a un mismo proyecto con el fin de ser re-evaluada. Así, la corporación no puede presentar el mismo proyecto por segunda vez.
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Fecha de Publicación: 09/09/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Así lo arroja una encuesta realizada por el Conicet a pedido de la organización cívica Avaaz. Además, 9 de cada 10 ciudadanos sostiene que debe realizarse una consulta popular para decidir si se instala o no la planta de semillas de la multinacional.
Según una encuesta realizada por el Conicet a pedido de la organización cívica Avaaz, 9 de cada 10 ciudadanos de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas sostienen que debe realizarse una consulta popular para decidir si se instala o no la planta acondicionadora de semillas de maíz de Monsanto. Asimismo, el estudio sostiene que si dicha consulta se realizara hoy, un 64,86% votaría en contra del proyecto del gigante biotecnológico.
La encuesta demuestra que los niveles de aceptación a Monsanto siguen tan bajos como el año pasado, en el que también se había realizado un estudio similar, y a pesar de la fuerte campaña de promoción realizada por Monsanto en Córdoba.
En marzo del año pasado, la investigación estadística hecha en un muestreo de 352 encuestados en el pueblo de Malvinas Argentina, había sido realizada también por científicos del Conicet y de la Universidad Católica de Córdoba, en colaboración con estudiantes y egresados de la Universidad Queen Mary (Londres). En esa ocasión, casi seis de cada diez vecinos de la ciudad (58,21%) estaba en contra de la instalación de Monsanto, y nueve de cada diez (87,3%) querían la consulta popular.
En el estudio de este año, nueve de cada diez ciudadanos (un 90,63%) sostienen que están de acuerdo con la realización de una “consulta popular o referéndum” para definir la instalación de la planta de Monsanto, y casi nueve de cada diez ciudadanos (86,57%) cree que el resultado de la consulta debería ser de obligado cumplimiento y vinculante para las autoridades.
“Esto sugiere una amplia legitimidad de este mecanismo como un instrumento para la toma de decisión pública definitiva, a la vez que un pedido generalizado de los vecinos de un modo de participación en el cual la ciudadanía pueda ser escuchada por las autoridades sin exponerse a probables sanciones”, indicó Víctor Hugo Mazzalay, investigador del Conicet, que coordinó la encuesta.
El estudio de opinión indica asimismo que el 64,86%, casi dos de cada tres electores, “votarían por el ‘no’ a la planta” y sólo un 21,73% votaría por el “‘sí’ a la planta”, mientras que el 13,42% se manifestó indeciso.
Se mantiene una posición
“Considerando resultados de estudios previos, estos datos sugieren que existe una mayoría consistente de la población que mantiene una posición firme de rechazo a la planta de Monsanto. Nótese que transcurrido más de un año, desde la realización de un estudio de opinión en Marzo de 2013, la distribución de posicionamientos se mantiene similar pese a las numerosas acciones de los diversos actores involucrados”, finalizó Mazzalay.
La encuesta de este año fue realizada en forma presencial entre 358 pobladores de Malvinas Argentinas entre el 11 y 19 de julio.
Avaaz, un movimiento ciudadano con más de 38 millones de miembros a nivel global, ha venido apoyando a los vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas, en su lucha por ser escuchados por las autoridades en sus reclamos contrarios a la instalación de la planta. Más de un millón de miembros de Avaaz de todo el mundo le han pedido al intendente de esa localidad, Daniel Arzani, que detenga los planes de la multinacional, en una campaña que ha incluido avisos publicitarios en diarios locales y una avalancha de más de 7 mil mensajes telefónicos a las autoridades locales y provinciales.
Cabe recordar que el proyecto de Monsanto sufrió un revés judicial en enero pasado, cuando la Justicia detuvo la construcción de la planta hasta tanto las autoridades gubernamentales aprueben su estudio de impacto ambiental, y en febrero las autoridades lo rechazaron denunciando graves inconsistencias técnicas en el proyecto.
Según un grupo reconocidos juristas consultados por Avaaz el mes pasado, el rechazo del estudio de impacto ambiental asociado a la instalación de la planta de Monsanto, el pasado mes de Febrero, pone fin a la vía administrativa tal y como recoge el artículo 20 de la nueva Ley N° 10.208 de Política Ambiental Provincial. Aprobada en junio pasado, la nueva legislación prohíbe expresamente la presentación de documentación relativa a un mismo proyecto con el fin de ser re-evaluada. Así, la corporación no puede presentar el mismo proyecto por segunda vez.
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Conflicto en la UNC por Monsanto
Tamarit: Convenio entre Agronomía y Monsanto no refleja la posición de UNC
Fecha de Publicación: 04/09/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El Consejo Superior adhirió ayer a una declaración del rector que señala que el acuerdo “compromete a la comunidad educativa con las actividades que la empresa quiere desarrollar en Malvinas Argentinas”.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba aprobó anoche por mayoría una declaración del rector Francisco Tamarit y la vicerrectora Silvia Barei, que expresa una postura contraria al cuestionado convenio firmado entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la multinacional Monsanto.
La declaración de Tamarit y Barei fue leída anoche en la sesión del Consejo Superior, el cual se desarrolló en medio de un tenso clima, como consecuencia de la manifestación y protesta que desde temprano desarrollaban distintas organizaciones estudiantiles, ambientales, políticas y sociales, entre los cuales se encontraban representantes de Malvinas Lucha por la Vida.
La misma ratifica la adhesión a la declaración que el Consejo Superior aprobó el 18 de setiembre de 2012, solidarizándose con la comunidad de Malvinas Argentinas y comprometiéndose a trabajar para desarrollar sistemas de producción agropecuaria diversificados.
“Estamos convencidos de que nuestra Universidad debe que contribuir a la solución del conflicto sin recurrir a actitudes parcializadas y aportando una mirada integral a los múltiples desafíos técnicos, científicos y sociales a los que nos enfrenta esta problemática. El convenio con Monsanto, firmado por el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, no considera el principio de precaución de la Ley General de Ambiente 25.675/02 invocado por el Consejo Superior en su declaración de 2012... Por el contrario, contribuye valiéndose del prestigio de esta Universidad, a legitimizar la pretensión de la empresa de radicarse en Malvinas Argentinas, generando confusión en la opinión pública en relación a la posición asumida por la UNC sobre este tema en ocasiones anteriores”, señala la declaración.
“Por todo ello, creemos que este convenio no expresa la posición vigente del Consejo Superior, no aporta soluciones integrales a la complejidad del problema y compromete a nuestra comunidad educativa con las actividades que dicha empresa pretende desarrollar en Malvinas Argentinas, las que son fuertemente cuestionadas por amplios sectores de la población”, señala además el texto, cuya adhesión fue tratada sobre tablas y aprobada por mayoría.
“En virtud de todo esto, llamamos a reflexionar sobre la necesidad de actuar con prudencia, anteponiendo a los intereses personales y sectoriales, los derechos de las comunidades y la plena vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes”, concluye el duro comunicado que expresaba la mirada del rector y vicerrectora sobre “la conveniencia y oportunidad del contenido y convenio de la FCA”.
Desde temprano, manifestantes pertenecientes a agrupaciones políticas, estudiantiles, sociales y ambientales se autoconvocaron frente al Consejo Superior y Rectorado, para exigir un rechazo al acuerdo.
Asimismo, vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida elevaron una nota al Consejo Superior en la que expresaron su preocupación porque el convenio pusiera en duda “que la investigación científica universitaria esté orientada al beneficio de la comunidad, aparenta estar a los pies de la empresa Monsanto, al abrirle las puertas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias e incluso disponer de profesionales como el decano y profesores de dicha unidad académica para disertar charlas en nuestra localidad”.
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Fecha de Publicación: 04/09/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El Consejo Superior adhirió ayer a una declaración del rector que señala que el acuerdo “compromete a la comunidad educativa con las actividades que la empresa quiere desarrollar en Malvinas Argentinas”.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba aprobó anoche por mayoría una declaración del rector Francisco Tamarit y la vicerrectora Silvia Barei, que expresa una postura contraria al cuestionado convenio firmado entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la multinacional Monsanto.
La declaración de Tamarit y Barei fue leída anoche en la sesión del Consejo Superior, el cual se desarrolló en medio de un tenso clima, como consecuencia de la manifestación y protesta que desde temprano desarrollaban distintas organizaciones estudiantiles, ambientales, políticas y sociales, entre los cuales se encontraban representantes de Malvinas Lucha por la Vida.
La misma ratifica la adhesión a la declaración que el Consejo Superior aprobó el 18 de setiembre de 2012, solidarizándose con la comunidad de Malvinas Argentinas y comprometiéndose a trabajar para desarrollar sistemas de producción agropecuaria diversificados.
“Estamos convencidos de que nuestra Universidad debe que contribuir a la solución del conflicto sin recurrir a actitudes parcializadas y aportando una mirada integral a los múltiples desafíos técnicos, científicos y sociales a los que nos enfrenta esta problemática. El convenio con Monsanto, firmado por el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, no considera el principio de precaución de la Ley General de Ambiente 25.675/02 invocado por el Consejo Superior en su declaración de 2012... Por el contrario, contribuye valiéndose del prestigio de esta Universidad, a legitimizar la pretensión de la empresa de radicarse en Malvinas Argentinas, generando confusión en la opinión pública en relación a la posición asumida por la UNC sobre este tema en ocasiones anteriores”, señala la declaración.
“Por todo ello, creemos que este convenio no expresa la posición vigente del Consejo Superior, no aporta soluciones integrales a la complejidad del problema y compromete a nuestra comunidad educativa con las actividades que dicha empresa pretende desarrollar en Malvinas Argentinas, las que son fuertemente cuestionadas por amplios sectores de la población”, señala además el texto, cuya adhesión fue tratada sobre tablas y aprobada por mayoría.
“En virtud de todo esto, llamamos a reflexionar sobre la necesidad de actuar con prudencia, anteponiendo a los intereses personales y sectoriales, los derechos de las comunidades y la plena vigencia de la Constitución Nacional y de las leyes”, concluye el duro comunicado que expresaba la mirada del rector y vicerrectora sobre “la conveniencia y oportunidad del contenido y convenio de la FCA”.
Desde temprano, manifestantes pertenecientes a agrupaciones políticas, estudiantiles, sociales y ambientales se autoconvocaron frente al Consejo Superior y Rectorado, para exigir un rechazo al acuerdo.
Asimismo, vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida elevaron una nota al Consejo Superior en la que expresaron su preocupación porque el convenio pusiera en duda “que la investigación científica universitaria esté orientada al beneficio de la comunidad, aparenta estar a los pies de la empresa Monsanto, al abrirle las puertas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias e incluso disponer de profesionales como el decano y profesores de dicha unidad académica para disertar charlas en nuestra localidad”.
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Hasta los productores denunciarán a Monsanto
Productores de soja denunciarán a Monsanto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Fecha de Publicación: 02/09/2014
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de productores, multiplicadores y acopiadores de soja presentarán una denuncia contra la multinacional Monsanto por entender que la empresa impone exigencias en sus contratos de venta de semillas, que pueden constituir potenciales herramientas de concentración del sector en toda la cadena de producción y comercialización.
Las organizaciones denunciantes son la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem),la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), las Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos (Cafer), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) y la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada (Facal), las que alegan prácticas “discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores”.
Las observaciones se centran sobre los contratos para la adquisición y utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se establecen exigencias que condicionan la venta de la variedad de semilla de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen “conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés económico general”.
El tipo de semillas Intacta RR2 Pro es presentada por Monsanto como la nueva biotecnología que provee a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo, y que permite la menor utilización de insecticidas.
Para las entidades agrarias, los contratos que Monsanto exige firmar con los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en toda la cadena de producción y comercialización”.
En particular, consideran que en los contratos se restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de las semillas a algunas provincias del territorio nacional.
También se entiende que se acota la comercialización del grano obtenido exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema y se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador.
“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”, denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.
Al respecto Esteban Motta, de Fecofe, manifestó que “la biotecnología debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”
Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, señaló que “complementariamente a la presentación de la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta lesiva durante la tramitación del procedimiento”.
La multinacional Monsanto, en tanto, explicó ante una consulta de Télam “que la denuncia de concretarse quedará desfasada de la realidad tras la presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”.
La empresa explicó que dispuso “una campaña comercial más adaptada a la realidad actual del productor” que permite ampliar las condiciones de pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.
Monsanto aseguró que las nuevas condiciones comerciales permiten el “desarrollo de alternativas de pago adicionales para esta y futuras campañas, que permiten a los productores pagar por hectárea, independientemente de su productividad”.
Además, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de tecnologías.
Más allá de las aclaraciones de la multinacional, los distintos sectores de la cadena que resultan denunciantes anticiparon que solicitarán a la Comisión de Defensa de la Competencia “que adopte medidas para el cese de prácticas discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores, generando una situación de dependencia comercial”.
En ese sentido, consideraron que esta situación permite “el aumento unilateral de costos” y en consecuencia “una limitación de la capacidad productiva de las empresas que operan en la cadena”, al ser Monsanto -según la denuncia- la que “selecciona los eslabones actuantes en cada eslabón, y desplaza al resto de los competidores”.
También aseguraron que “no se pudo comprobar que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual haya concedido a Monsanto el derecho de patente sobre la construcción genética que rinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta RR2 Pro, a pesar de que la empresa lo dice públicamente”.
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Fecha de Publicación: 02/09/2014
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de productores, multiplicadores y acopiadores de soja presentarán una denuncia contra la multinacional Monsanto por entender que la empresa impone exigencias en sus contratos de venta de semillas, que pueden constituir potenciales herramientas de concentración del sector en toda la cadena de producción y comercialización.
Las organizaciones denunciantes son la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem),la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), las Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos (Cafer), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) y la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada (Facal), las que alegan prácticas “discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores”.
Las observaciones se centran sobre los contratos para la adquisición y utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se establecen exigencias que condicionan la venta de la variedad de semilla de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen “conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés económico general”.
El tipo de semillas Intacta RR2 Pro es presentada por Monsanto como la nueva biotecnología que provee a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo, y que permite la menor utilización de insecticidas.
Para las entidades agrarias, los contratos que Monsanto exige firmar con los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en toda la cadena de producción y comercialización”.
En particular, consideran que en los contratos se restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de las semillas a algunas provincias del territorio nacional.
También se entiende que se acota la comercialización del grano obtenido exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema y se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador.
“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”, denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.
Al respecto Esteban Motta, de Fecofe, manifestó que “la biotecnología debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”
Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, señaló que “complementariamente a la presentación de la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta lesiva durante la tramitación del procedimiento”.
La multinacional Monsanto, en tanto, explicó ante una consulta de Télam “que la denuncia de concretarse quedará desfasada de la realidad tras la presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”.
La empresa explicó que dispuso “una campaña comercial más adaptada a la realidad actual del productor” que permite ampliar las condiciones de pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.
Monsanto aseguró que las nuevas condiciones comerciales permiten el “desarrollo de alternativas de pago adicionales para esta y futuras campañas, que permiten a los productores pagar por hectárea, independientemente de su productividad”.
Además, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de tecnologías.
Más allá de las aclaraciones de la multinacional, los distintos sectores de la cadena que resultan denunciantes anticiparon que solicitarán a la Comisión de Defensa de la Competencia “que adopte medidas para el cese de prácticas discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores, generando una situación de dependencia comercial”.
En ese sentido, consideraron que esta situación permite “el aumento unilateral de costos” y en consecuencia “una limitación de la capacidad productiva de las empresas que operan en la cadena”, al ser Monsanto -según la denuncia- la que “selecciona los eslabones actuantes en cada eslabón, y desplaza al resto de los competidores”.
También aseguraron que “no se pudo comprobar que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual haya concedido a Monsanto el derecho de patente sobre la construcción genética que rinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta RR2 Pro, a pesar de que la empresa lo dice públicamente”.
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Campaña contra el proyecto de ley de semillas
Inicia una campaña ecologista contra el proyecto de ley de semillas en Argentina
Fecha de Publicación: 21/08/2014
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Ecologistas argentinos iniciaron una campaña pública en repudio al proyecto de ley de comercialización y uso de semillas que impulsa el Gobierno y sostienen que la norma privatizará recursos en favor de compañías multinacionales.
Asociaciones ambientalistas argentinas confirmaron hoy a Efe que se unieron bajo el lema "no a la nueva ley Monsanto" de semillas para frenar la aprobación del anteproyecto del Ministerio de Agricultura argentino, que intenta reemplazar la norma vigente desde 1973.
Uno de los aspectos más criticados de la iniciativa es el que prohíbe a los agricultores guardar semillas de su propia cosecha para las siembras posteriores e intercambiarlas libremente.
Otro punto controvertido es el denominado "derecho de obtentor", por el cual el agricultor debería pagar regalías a las empresas biotecnológicas, entre ellas la multinacional Monsanto, al utilizar semillas patentadas por hasta veinte años.
En 2012 se presentó una primera versión del proyecto, al que se opusieron ambientalistas de todo el país y el pasado mayo se anunciaron cambios respecto de algunos de los aspectos cuestionados por las organizaciones.
"Del 2012 a hoy el anteproyecto agregó algunos puntos que favorece al pequeño productor pero en general sigue en el camino de privatización de las semillas", aseguraron a Efe fuentes de Amigos de la Tierra, una de las asociaciones convocantes.
Respecto de la versión anterior, el nuevo borrador de la ley incorpora artículos en relación a la protección de la agricultura familiar, pero, sin embargo, las asociaciones sostienen que continúa favoreciendo a las grandes corporaciones biotecnológicas.
"Esta es una ley redactada bajo la presión económica de transnacionales como Monsanto", afirmaron desde Amigos de la Tierra.
Las organizaciones que repudian la nueva ley de semillas trabajan en la recolección de firmas y llevan adelante una campaña pública de difusión para evitar que el anteproyecto llegue al debate en el Congreso argentino.
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Fecha de Publicación: 21/08/2014
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Ecologistas argentinos iniciaron una campaña pública en repudio al proyecto de ley de comercialización y uso de semillas que impulsa el Gobierno y sostienen que la norma privatizará recursos en favor de compañías multinacionales.
Asociaciones ambientalistas argentinas confirmaron hoy a Efe que se unieron bajo el lema "no a la nueva ley Monsanto" de semillas para frenar la aprobación del anteproyecto del Ministerio de Agricultura argentino, que intenta reemplazar la norma vigente desde 1973.
Uno de los aspectos más criticados de la iniciativa es el que prohíbe a los agricultores guardar semillas de su propia cosecha para las siembras posteriores e intercambiarlas libremente.
Otro punto controvertido es el denominado "derecho de obtentor", por el cual el agricultor debería pagar regalías a las empresas biotecnológicas, entre ellas la multinacional Monsanto, al utilizar semillas patentadas por hasta veinte años.
En 2012 se presentó una primera versión del proyecto, al que se opusieron ambientalistas de todo el país y el pasado mayo se anunciaron cambios respecto de algunos de los aspectos cuestionados por las organizaciones.
"Del 2012 a hoy el anteproyecto agregó algunos puntos que favorece al pequeño productor pero en general sigue en el camino de privatización de las semillas", aseguraron a Efe fuentes de Amigos de la Tierra, una de las asociaciones convocantes.
Respecto de la versión anterior, el nuevo borrador de la ley incorpora artículos en relación a la protección de la agricultura familiar, pero, sin embargo, las asociaciones sostienen que continúa favoreciendo a las grandes corporaciones biotecnológicas.
"Esta es una ley redactada bajo la presión económica de transnacionales como Monsanto", afirmaron desde Amigos de la Tierra.
Las organizaciones que repudian la nueva ley de semillas trabajan en la recolección de firmas y llevan adelante una campaña pública de difusión para evitar que el anteproyecto llegue al debate en el Congreso argentino.
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Debería recategorizarse el glifosato pero....
Negocio mortal: El Gobierno da rienda suelta a peligrosos agrotóxicos
Fecha de Publicación: 23/07/2014
Fuente: Diario Hoy - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La presidenta Cristina Fernández se ha mostrado orgullosa en distintas reuniones junto a los directivos de las multinacionales Monsanto y Syngenta, a los cuáles ha beneficiado con disposiciones que le permiten a estas compañías –productoras a agroquímicos y alimentos transgénicos– obtener ganancias extraordinarias a costa de eliminar centenares de pequeños productores y de enfermar a la población con sus fumigaciones.
Algunas estadísticas dan miedo. Según denunció la Red de Médicos de Pueblo Fumigados, una de cada tres personas muere por cáncer en pueblos donde se utilizan agrotóxicos (ver aparte).
Nuestro diario ya ha publicado que el Gobierno pretende darles a estas compañías, y a otras como Nidera, un fenomenal negociado con la Ley de Semillas para que puedan comercializar ese producto como así también biotecnología. Sin embargo, hay otro negociado que es tan o más peligroso que ese: la no aplicación de la resolución 302 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Esta disposición fue dictada el 19 de junio de 2012 por este organismo a causa de la presión de técnicos universitarios, especialistas y organizaciones ambientales (ver aparte), para que el país se adecúe a la clasificación de sustancias agrotóxicas que proponía desde 2009 la Organización Mundial de la Salud.
La resolución daba dos años a las cámaras que agrupan a las empresas que comercializan y aplican estos productos (CASAFE y CIAFA) para adecuarse. “Pasaron dos años de silencio en donde el SENASA pareciera no haberle informado a nadie de estos cambios. Si vamos hoy a comprar estos productos, cuando ya pasaron los dos años de gracia, y se siguen vendiendo como banda verde. Sigue sin aplicarse lo que el SENASA tiene, que es el poder de policía y el poder de fiscalización”, explicó a Hoy la licenciada Silvana Buján, titular de BIOS, ONG miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE).
Peligro mortal
“La OMS tomó un centenar de sustancias distintas y las cambió de lugar: lo que era menos peligroso de pronto pasó a ser más peligroso debido a esta modificación”, señaló Buján. Esto implica que productos como el glifosato –uno de los más usados– pasaron de considerarse Clase IV (la menor clasificación toxicológica) a Clase III (que implica mayores restricciones para su aplicación).
Entonces, los bidones que contienen glifosato en vez de tener “banda verde” debieran llevar una “banda azul”. Sin embargo eso nunca ocurrió. ¿A quién beneficia esto? A Monsanto, Nidera, Syngenta y el resto de las compañías que integran las cámaras mencionadas.
“Esto beneficia a los productores de estas sustancias. Porque si una persona sigue una disposición que dice que a 500 o mil metros de los bordes de las poblaciones sólo puede utilizar banda verde, y no sabe que el bidón con banda verde que tiene en su mano es falso -porque ya no debería ser más banda verde- va a seguir aplicándolo igual”, concluyó la especialista.
Los pesticidas aumentan el riesgo de cáncer
Para tener una dimensión de los riesgos, basta citar un reciente estudio del Ministerio de Salud de Córdoba sobre el cáncer en esa provincia. Se trata de una sistematización de cinco años de información y, entre otros parámetros, fueron determinados geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional.
“Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Ávila Vázquez.
La pelea por la legislación
Para que el SENASA dictara la medida que luego nunca cumplió, hubo que atravesar varias instancias. Según explicó la licenciada Silvana Buján, la clasificación anterior que adoptaba el organismo, llamada “dosis letal 50% aguda”, no contemplaba la aplicación crónica (diaria) de los productos y tampoco “qué pasa con la aplicación de esas sustancias no en estado puro, si no como vienen en los bidones: mezclados con una serie de aditivos que hacen que no se salga de la planta, que la lluvia no lo lave, etc. Estos son los coadyudantes o sulfactantes, que muchas veces incluso son más tóxicos que el principio activo principal de la etiqueta, como el glifosato”.
Después de 2009, cuando la OMS dictó la nueva clasificación, “hubo muchas quejas de profesionales y de un montón de gente” para que el país se adecúe. “Ahí fue cuando el Defensor del Pueblo de la Nación hizo un dictamen diciendo que estaba siendo utilizada una metodología que no era correcta”.
“La Auditoría General de la Nación toma este informe y directamente le pide al SENASA, como autoridad de aplicación para que establezcan estas diferencias. El SENASA ahí abre en su página web un espacio para que quien tuviera algo para decir al respecto lo hiciera. Se llenó la página de técnicos de distintas universidades argentinas, de víctimas de la fumigación. Fue una situación muy desbordada, donde todo el mundo decía que estaban haciendo las cosas mal”, aseguró Buján.
“Entonces el SENASA saca la resolución 302 para aplicar la nueva clasificación de la OMS, que en realidad ya era vieja, era de 2009”, detalló. Lo cierto es que la medida nunca se aplicó. “Acá hay claramente una suerte de silencio cómplice porque están permitiendo utilizar bajo la presunta banda verde una cantidad enorme de productos que ya hoy están prohibidos”, sentenció.
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Fecha de Publicación: 23/07/2014
Fuente: Diario Hoy - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La presidenta Cristina Fernández se ha mostrado orgullosa en distintas reuniones junto a los directivos de las multinacionales Monsanto y Syngenta, a los cuáles ha beneficiado con disposiciones que le permiten a estas compañías –productoras a agroquímicos y alimentos transgénicos– obtener ganancias extraordinarias a costa de eliminar centenares de pequeños productores y de enfermar a la población con sus fumigaciones.
Algunas estadísticas dan miedo. Según denunció la Red de Médicos de Pueblo Fumigados, una de cada tres personas muere por cáncer en pueblos donde se utilizan agrotóxicos (ver aparte).
Nuestro diario ya ha publicado que el Gobierno pretende darles a estas compañías, y a otras como Nidera, un fenomenal negociado con la Ley de Semillas para que puedan comercializar ese producto como así también biotecnología. Sin embargo, hay otro negociado que es tan o más peligroso que ese: la no aplicación de la resolución 302 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Esta disposición fue dictada el 19 de junio de 2012 por este organismo a causa de la presión de técnicos universitarios, especialistas y organizaciones ambientales (ver aparte), para que el país se adecúe a la clasificación de sustancias agrotóxicas que proponía desde 2009 la Organización Mundial de la Salud.
La resolución daba dos años a las cámaras que agrupan a las empresas que comercializan y aplican estos productos (CASAFE y CIAFA) para adecuarse. “Pasaron dos años de silencio en donde el SENASA pareciera no haberle informado a nadie de estos cambios. Si vamos hoy a comprar estos productos, cuando ya pasaron los dos años de gracia, y se siguen vendiendo como banda verde. Sigue sin aplicarse lo que el SENASA tiene, que es el poder de policía y el poder de fiscalización”, explicó a Hoy la licenciada Silvana Buján, titular de BIOS, ONG miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE).
Peligro mortal
“La OMS tomó un centenar de sustancias distintas y las cambió de lugar: lo que era menos peligroso de pronto pasó a ser más peligroso debido a esta modificación”, señaló Buján. Esto implica que productos como el glifosato –uno de los más usados– pasaron de considerarse Clase IV (la menor clasificación toxicológica) a Clase III (que implica mayores restricciones para su aplicación).
Entonces, los bidones que contienen glifosato en vez de tener “banda verde” debieran llevar una “banda azul”. Sin embargo eso nunca ocurrió. ¿A quién beneficia esto? A Monsanto, Nidera, Syngenta y el resto de las compañías que integran las cámaras mencionadas.
“Esto beneficia a los productores de estas sustancias. Porque si una persona sigue una disposición que dice que a 500 o mil metros de los bordes de las poblaciones sólo puede utilizar banda verde, y no sabe que el bidón con banda verde que tiene en su mano es falso -porque ya no debería ser más banda verde- va a seguir aplicándolo igual”, concluyó la especialista.
Los pesticidas aumentan el riesgo de cáncer
Para tener una dimensión de los riesgos, basta citar un reciente estudio del Ministerio de Salud de Córdoba sobre el cáncer en esa provincia. Se trata de una sistematización de cinco años de información y, entre otros parámetros, fueron determinados geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional.
“Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Ávila Vázquez.
La pelea por la legislación
Para que el SENASA dictara la medida que luego nunca cumplió, hubo que atravesar varias instancias. Según explicó la licenciada Silvana Buján, la clasificación anterior que adoptaba el organismo, llamada “dosis letal 50% aguda”, no contemplaba la aplicación crónica (diaria) de los productos y tampoco “qué pasa con la aplicación de esas sustancias no en estado puro, si no como vienen en los bidones: mezclados con una serie de aditivos que hacen que no se salga de la planta, que la lluvia no lo lave, etc. Estos son los coadyudantes o sulfactantes, que muchas veces incluso son más tóxicos que el principio activo principal de la etiqueta, como el glifosato”.
Después de 2009, cuando la OMS dictó la nueva clasificación, “hubo muchas quejas de profesionales y de un montón de gente” para que el país se adecúe. “Ahí fue cuando el Defensor del Pueblo de la Nación hizo un dictamen diciendo que estaba siendo utilizada una metodología que no era correcta”.
“La Auditoría General de la Nación toma este informe y directamente le pide al SENASA, como autoridad de aplicación para que establezcan estas diferencias. El SENASA ahí abre en su página web un espacio para que quien tuviera algo para decir al respecto lo hiciera. Se llenó la página de técnicos de distintas universidades argentinas, de víctimas de la fumigación. Fue una situación muy desbordada, donde todo el mundo decía que estaban haciendo las cosas mal”, aseguró Buján.
“Entonces el SENASA saca la resolución 302 para aplicar la nueva clasificación de la OMS, que en realidad ya era vieja, era de 2009”, detalló. Lo cierto es que la medida nunca se aplicó. “Acá hay claramente una suerte de silencio cómplice porque están permitiendo utilizar bajo la presunta banda verde una cantidad enorme de productos que ya hoy están prohibidos”, sentenció.
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Controversias por la ley de semillas en Argentina
Controversias por la ley de semillas en Argentina
Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: La Gran Época - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La controversia entre los distintos sectores es muy grande, por un lado están las organizaciones sociales y ambientalistas que hacen campaña para que la Ley 20.247, que data de 1973, no se modifique, y por el otro están las organizaciones dependientes del Ministerio de Agricultura, más otras privadas que tienen interés en la reforma de la ley.
El anteproyecto logró filtrarse a los opuestos al cambio, quienes formaron una resistencia y trabajan para que el mismo no llegue a tratarse en el Congreso de la Nación, a través de recolección de firmas y otras campañas asociadas.
“El proyecto es el mismo que se había formulado en el 2012, con las mismas limitaciones, y los mismos problemas de ampliar la privatización de las semillas, con el agregado de algunos capítulos que intentan atenuar el efecto sobre la agricultura familiar”, dijo Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, en una entrevista con La Gran Época.
Propiedad intelectual
Uno de los puntos más cuestionados en el anteproyecto del año pasado es el de propiedad intelectual, por lo que las organizaciones ambientalistas consideran que intenta “privatizar las semillas”, e implica el “pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas”.
Este año, según Carlos Vicente, se modificó esa cláusula pero con una salvedad: para eximirse del pago de regalías y seguir teniendo uso propio de las semillas, los agricultores deben cumplir con la condición de estar inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, lo cual consideró absurdo.
“Si hay algo que no pueden las semillas es regularse en términos de los instrumentos, cualquiera que pueda sembrar tiene que poder sembrar y guardar semillas”, apuntó.
Vinculación con Monsanto
Otro punto sensible que denuncian las organizaciones sociales es que las grandes corporaciones biotecnológicas, como Monsanto, ejercen presión política sobre los gobiernos locales.
“Esta es una ley hecha para Monsanto, el Ministro de Agricultura en el año 2012 la lanzó al lado de Pablo Vaquero, el representante de Monsanto en Argentina, entonces es muy explícito que es una ley para Monsanto”, señaló Vicente.
Asimismo denuncian que hay una alianza muy clara entre la transnacional Monsanto, los grandes productores de soja y los comercializadores de semillas.
Vicente afirmó que en los últimos 20 años surgió una intensa amenaza a la semilla ya que, en el siglo 20, se perdió las 3/4 partes de la biodiversidad agrícola que el hombre generó durante 10.000 años.
“En ese camino vimos que los derechos de propiedad intelectual es una de las maneras que utilizan las corporaciones para apropiarse de las semillas y por eso esta resistencia”, agregó.
Contraparte
Una de las organizaciones que apoya el proyecto es la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), quien se conforma por 84 socios que estimulan “el uso de tecnología para mejorar la calidad de las semillas y la competitividad de la producción agropecuaria”, según su portal.
“El gran tema que divide las aguas es el uso propio. Hoy tenemos la necesidad de que se equilibren los derechos. El uso propio debe tener una regulación, y se deberían poder exigir regalías extendidas por diferenciación de productores” dijo el Director Ejecutivo de la ASA, el Ing. Miguel Rapela en un debate llevado a cabo el 17 de junio, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones.
Según Carlos Vicente, el proyecto de ley está dilatándose por los mismos intereses contrapuestos dentro del Ministerio de Agricultura y comentó que, dentro de las organizaciones del campo que estaban agrupadas en la mesa de enlace hubo diferencias entre ellos, como el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien se retiró de la discusión del proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 20/07/2014
Fuente: La Gran Época - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
La controversia entre los distintos sectores es muy grande, por un lado están las organizaciones sociales y ambientalistas que hacen campaña para que la Ley 20.247, que data de 1973, no se modifique, y por el otro están las organizaciones dependientes del Ministerio de Agricultura, más otras privadas que tienen interés en la reforma de la ley.
El anteproyecto logró filtrarse a los opuestos al cambio, quienes formaron una resistencia y trabajan para que el mismo no llegue a tratarse en el Congreso de la Nación, a través de recolección de firmas y otras campañas asociadas.
“El proyecto es el mismo que se había formulado en el 2012, con las mismas limitaciones, y los mismos problemas de ampliar la privatización de las semillas, con el agregado de algunos capítulos que intentan atenuar el efecto sobre la agricultura familiar”, dijo Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, en una entrevista con La Gran Época.
Propiedad intelectual
Uno de los puntos más cuestionados en el anteproyecto del año pasado es el de propiedad intelectual, por lo que las organizaciones ambientalistas consideran que intenta “privatizar las semillas”, e implica el “pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas”.
Este año, según Carlos Vicente, se modificó esa cláusula pero con una salvedad: para eximirse del pago de regalías y seguir teniendo uso propio de las semillas, los agricultores deben cumplir con la condición de estar inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, lo cual consideró absurdo.
“Si hay algo que no pueden las semillas es regularse en términos de los instrumentos, cualquiera que pueda sembrar tiene que poder sembrar y guardar semillas”, apuntó.
Vinculación con Monsanto
Otro punto sensible que denuncian las organizaciones sociales es que las grandes corporaciones biotecnológicas, como Monsanto, ejercen presión política sobre los gobiernos locales.
“Esta es una ley hecha para Monsanto, el Ministro de Agricultura en el año 2012 la lanzó al lado de Pablo Vaquero, el representante de Monsanto en Argentina, entonces es muy explícito que es una ley para Monsanto”, señaló Vicente.
Asimismo denuncian que hay una alianza muy clara entre la transnacional Monsanto, los grandes productores de soja y los comercializadores de semillas.
Vicente afirmó que en los últimos 20 años surgió una intensa amenaza a la semilla ya que, en el siglo 20, se perdió las 3/4 partes de la biodiversidad agrícola que el hombre generó durante 10.000 años.
“En ese camino vimos que los derechos de propiedad intelectual es una de las maneras que utilizan las corporaciones para apropiarse de las semillas y por eso esta resistencia”, agregó.
Contraparte
Una de las organizaciones que apoya el proyecto es la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), quien se conforma por 84 socios que estimulan “el uso de tecnología para mejorar la calidad de las semillas y la competitividad de la producción agropecuaria”, según su portal.
“El gran tema que divide las aguas es el uso propio. Hoy tenemos la necesidad de que se equilibren los derechos. El uso propio debe tener una regulación, y se deberían poder exigir regalías extendidas por diferenciación de productores” dijo el Director Ejecutivo de la ASA, el Ing. Miguel Rapela en un debate llevado a cabo el 17 de junio, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones.
Según Carlos Vicente, el proyecto de ley está dilatándose por los mismos intereses contrapuestos dentro del Ministerio de Agricultura y comentó que, dentro de las organizaciones del campo que estaban agrupadas en la mesa de enlace hubo diferencias entre ellos, como el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien se retiró de la discusión del proyecto de ley.
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Piden no dar más oportunidades a Monsanto en Córdoba
Protestaron para que Ambiente no le dé otra oportunidad a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/07/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ante la confirmación de la multinacional de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental el mes próximo, organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron ayer ante la cartera provincial.
Tras haberse confirmado la intención de la multinacional Monsanto de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental con el fin de instalar la planta acondicionadora de semillas en Malvinas Argentinas, ayer organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron frente el Secretaría de Ambiente de la Provincia.
“Ante la insistencia de querer radicarse en Malvinas Argentinas ‘con los máximos estándares vigentes’ (luego del rechazo del Primer EIA en febrero de este año) desde los sectores participantes en la lucha exigimos al secretario de Ambiente, Germán Pratto, denegarle la oportunidad de presentar un segundo estudio de impacto ambiental”, señalaron desde las agrupaciones.
Entre los argumentos expuestos, dijeron estar “convencidos de que Monsanto se tiene que ir no solo por la ilegalidad e impunidad con la que siempre se ha manejado, sino por que sabemos que trae muerte, saqueo y destrucción. Para sostener lo que es Monsanto basta con tan solo mirar lo que ya en muchos países del mundo ha generado, basta con solo saber que Córdoba es la provincia mas afectada por el agrogenocidio: contiene la tasa de mortalidad de cáncer más alta del país”.
“No permitiremos ni una oportunidad más. Monsanto se va o se va”, explicaron en la protesta realizada en Richieri al 2.000.
Por su parte, Alejandro Furman de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, acompañó la protesta de asambleístas del acampe de Malvinas Argentinas, denunció que “la votación de la nueva ley de medio ambiente tenía como objetivo dar lugar a este nuevo estudio de impacto ambiental para permitir la instalación de Monsanto en Córdoba. Denunciamos, a su vez, los intentos de sanción contra la banca del FIT. Se trata de un intento por parte del delasotismo y la UCR de atacar a la única fuerza política de la Legislatura que se opuso a la votación de la Ley de Medio Ambiente y que viene apoyando la lucha contra Monsanto”.
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Fecha de Publicación: 18/07/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ante la confirmación de la multinacional de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental el mes próximo, organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron ayer ante la cartera provincial.
Tras haberse confirmado la intención de la multinacional Monsanto de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental con el fin de instalar la planta acondicionadora de semillas en Malvinas Argentinas, ayer organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron frente el Secretaría de Ambiente de la Provincia.
“Ante la insistencia de querer radicarse en Malvinas Argentinas ‘con los máximos estándares vigentes’ (luego del rechazo del Primer EIA en febrero de este año) desde los sectores participantes en la lucha exigimos al secretario de Ambiente, Germán Pratto, denegarle la oportunidad de presentar un segundo estudio de impacto ambiental”, señalaron desde las agrupaciones.
Entre los argumentos expuestos, dijeron estar “convencidos de que Monsanto se tiene que ir no solo por la ilegalidad e impunidad con la que siempre se ha manejado, sino por que sabemos que trae muerte, saqueo y destrucción. Para sostener lo que es Monsanto basta con tan solo mirar lo que ya en muchos países del mundo ha generado, basta con solo saber que Córdoba es la provincia mas afectada por el agrogenocidio: contiene la tasa de mortalidad de cáncer más alta del país”.
“No permitiremos ni una oportunidad más. Monsanto se va o se va”, explicaron en la protesta realizada en Richieri al 2.000.
Por su parte, Alejandro Furman de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, acompañó la protesta de asambleístas del acampe de Malvinas Argentinas, denunció que “la votación de la nueva ley de medio ambiente tenía como objetivo dar lugar a este nuevo estudio de impacto ambiental para permitir la instalación de Monsanto en Córdoba. Denunciamos, a su vez, los intentos de sanción contra la banca del FIT. Se trata de un intento por parte del delasotismo y la UCR de atacar a la única fuerza política de la Legislatura que se opuso a la votación de la Ley de Medio Ambiente y que viene apoyando la lucha contra Monsanto”.
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Hoy es la Jornada mundial contra Monsanto
Un día contra los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina fue la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba.
“Jornada mundial contra Monsanto”, fue la consigna de la manifestación que se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. Uno de los epicentros fue Malvinas Argentinas (Córdoba), donde acaba de conocerse un estudio que conmovió a la población y acentuó las críticas a la empresa y al modelo agropecuario: análisis de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que los vecinos tienen agroquímicos en la sangre. La Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida exigió a las autoridades gubernamentales que realicen análisis a toda la población, reiteró el rechazo a la instalación de Monsanto en Córdoba y reclamó la prohibición de uso de agroquímicos a 2500 metros de las viviendas. También hubo actos contra la compañía en Rosario, La Plata, Paraná y ciudad de Buenos Aires.
Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a catorce kilómetros de la capital provincial. Desde 2012 cambió su tranquilidad por la llegada de la multinacional Monsanto, que planea instalar su mayor planta de Latinoamérica de tratamiento de semillas transgénicas.
En dos años se sucedieron media docena de represiones contra los vecinos que cuestionan a la empresa, un fallo judicial que frena la construcción de la obra, la negativa de la Secretaría de Ambiente de Córdoba al estudio de impacto ambiental de Monsanto y un bloqueo de ocho meses en los portones de la planta. También dos encuestas precisan que el 60 por ciento de los vecinos rechaza a la compañía.
Malvinas Argentinas está dentro de los pueblos fumigados de Argentina, rodeado por producción agrícola industrial. Desde 2012 exigen al intendente, Daniel Arzani, y al gobernador, José Manuel de la Sota, que realicen estudios sobre la población. Nunca obtuvieron respuesta.
También presentaron un proyecto de ordenanza en 2012 para restringir las fumigaciones a 2500 metros de las viviendas. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.
La asamblea de Malvinas Argentinas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) dieron a conocer un estudio exploratorio realizado por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal (ambos de la Universidad de Buenos Aires). Analizaron la sangre de diez personas (seis adultos, cuatro niños). Los resultados confirmaron las sospechas: el 70 por ciento tiene agroquímicos en sangre.
El estudio demostró que la sangre de las personas tiene los plaguicidas Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH. “Incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo. Las consecuencias sanitarias son más graves en mujeres embarazadas, en embriones y fetos en desarrollo y en recién nacidos y niños”, explicó Raúl Montenegro, de Funam.
Vanesa Sartori, de la asamblea de Malvinas, explicó que sólo realizaron diez estudios porque cada análisis tiene un valor de 1500 pesos y aclaró que no aparecieron agroquímicos actuales (como glifosato y endosulfan) porque no consiguieron un laboratorio que sí puede detectarlos. “La sensibilidad de los aparatos no detectan glifosato, y por eso exigimos a la intendencia y a la provincia que realizan estudios sobre una muestra amplia de la población. Estamos seguros de que aparecerán todos los agroquímicos que se usan en soja y maíz transgénico”, advirtió la asambleísta.
Sartori detalló que entre las personas con plaguicidas en sangre hay dos niñas. “Imaginate lo cruel que es saber que dos nenas tendrán toda su vida esos venenos en sangre y que incluso la misma situación les tocará a sus hijos”, lamentó Sartori y señaló otro caso, el de una vecina que vive en el centro del pueblo: “Si los vecinos de frente a la plaza principal tienen plaguicidas, estamos seguros de que cuanto más cerca de los campos agropecuarios, peor será la situación. Es urgente hacer los estudios, hay enorme preocupación porque todos nuestros hijos pueden tener venenos en sangre”.
Los vecinos solicitaron a las autoridades políticas la realización de estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna. Y, sobre todo, exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad. “Ya estamos enfermos, con veneno en sangre, la instalación de Monsanto será un desastre y agravará la situación”, afirmó Sartori.
Montenegro, que actuó como asesor técnico de la asamblea, explicó que todos los plaguicidas detectados están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y en las personas. “Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos) y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, señaló y detalló que al Beta HCH se lo asocia a las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, el DDT es considerado “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Dieldrin pueden alterar el sistema inmune.
En el marco de la Jornada mundial contra Monsanto, se realizó el jueves en Malvinas Argentinas una campaña de difusión sobre los análisis de agroquímicos en sangre. Los vecinos realizaron un corte informativo, una panfleteada casa por casa y una marcha hasta la municipalidad para exigir la cancelación definitiva del permiso de instalación de Monsanto.
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Fecha de Publicación: 27/05/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En 200 ciudades de 49 países se realizaron actividades en contra del modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas. El epicentro en la Argentina fue la ciudad de Malvinas Argentinas, en Córdoba.
“Jornada mundial contra Monsanto”, fue la consigna de la manifestación que se realizó el sábado en 200 ciudades de 49 países. Uno de los epicentros fue Malvinas Argentinas (Córdoba), donde acaba de conocerse un estudio que conmovió a la población y acentuó las críticas a la empresa y al modelo agropecuario: análisis de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que los vecinos tienen agroquímicos en la sangre. La Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida exigió a las autoridades gubernamentales que realicen análisis a toda la población, reiteró el rechazo a la instalación de Monsanto en Córdoba y reclamó la prohibición de uso de agroquímicos a 2500 metros de las viviendas. También hubo actos contra la compañía en Rosario, La Plata, Paraná y ciudad de Buenos Aires.
Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a catorce kilómetros de la capital provincial. Desde 2012 cambió su tranquilidad por la llegada de la multinacional Monsanto, que planea instalar su mayor planta de Latinoamérica de tratamiento de semillas transgénicas.
En dos años se sucedieron media docena de represiones contra los vecinos que cuestionan a la empresa, un fallo judicial que frena la construcción de la obra, la negativa de la Secretaría de Ambiente de Córdoba al estudio de impacto ambiental de Monsanto y un bloqueo de ocho meses en los portones de la planta. También dos encuestas precisan que el 60 por ciento de los vecinos rechaza a la compañía.
Malvinas Argentinas está dentro de los pueblos fumigados de Argentina, rodeado por producción agrícola industrial. Desde 2012 exigen al intendente, Daniel Arzani, y al gobernador, José Manuel de la Sota, que realicen estudios sobre la población. Nunca obtuvieron respuesta.
También presentaron un proyecto de ordenanza en 2012 para restringir las fumigaciones a 2500 metros de las viviendas. Tampoco tuvo apoyo gubernamental.
La asamblea de Malvinas Argentinas y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) dieron a conocer un estudio exploratorio realizado por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal (ambos de la Universidad de Buenos Aires). Analizaron la sangre de diez personas (seis adultos, cuatro niños). Los resultados confirmaron las sospechas: el 70 por ciento tiene agroquímicos en sangre.
El estudio demostró que la sangre de las personas tiene los plaguicidas Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH. “Incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo. Las consecuencias sanitarias son más graves en mujeres embarazadas, en embriones y fetos en desarrollo y en recién nacidos y niños”, explicó Raúl Montenegro, de Funam.
Vanesa Sartori, de la asamblea de Malvinas, explicó que sólo realizaron diez estudios porque cada análisis tiene un valor de 1500 pesos y aclaró que no aparecieron agroquímicos actuales (como glifosato y endosulfan) porque no consiguieron un laboratorio que sí puede detectarlos. “La sensibilidad de los aparatos no detectan glifosato, y por eso exigimos a la intendencia y a la provincia que realizan estudios sobre una muestra amplia de la población. Estamos seguros de que aparecerán todos los agroquímicos que se usan en soja y maíz transgénico”, advirtió la asambleísta.
Sartori detalló que entre las personas con plaguicidas en sangre hay dos niñas. “Imaginate lo cruel que es saber que dos nenas tendrán toda su vida esos venenos en sangre y que incluso la misma situación les tocará a sus hijos”, lamentó Sartori y señaló otro caso, el de una vecina que vive en el centro del pueblo: “Si los vecinos de frente a la plaza principal tienen plaguicidas, estamos seguros de que cuanto más cerca de los campos agropecuarios, peor será la situación. Es urgente hacer los estudios, hay enorme preocupación porque todos nuestros hijos pueden tener venenos en sangre”.
Los vecinos solicitaron a las autoridades políticas la realización de estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna. Y, sobre todo, exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad. “Ya estamos enfermos, con veneno en sangre, la instalación de Monsanto será un desastre y agravará la situación”, afirmó Sartori.
Montenegro, que actuó como asesor técnico de la asamblea, explicó que todos los plaguicidas detectados están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y en las personas. “Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos) y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, señaló y detalló que al Beta HCH se lo asocia a las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, el DDT es considerado “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Dieldrin pueden alterar el sistema inmune.
En el marco de la Jornada mundial contra Monsanto, se realizó el jueves en Malvinas Argentinas una campaña de difusión sobre los análisis de agroquímicos en sangre. Los vecinos realizaron un corte informativo, una panfleteada casa por casa y una marcha hasta la municipalidad para exigir la cancelación definitiva del permiso de instalación de Monsanto.
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Córdoba: la Justicia con Monsanto va y viene
Idas y vueltas de la Justicia respecto de la multinacional Monsanto
Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: ArgenPress
Provincia/Región: Córdoba
La instalación de la planta en la localidad de Malvinas Argentinas, a 16 kilómetros de Córdoba, está paralizada por la oposición de sus vecinos y por diferentes fallos judiciales que se han pronunciado en diverso sentido.
La empresa que lidera el mercado internacional en materia de producción de semillas transgénicas de soja y maíz, la firma Monsanto, no puede todavía finalizar su instalación en Córdoba. Eso a pesar de haber comenzado las obras civiles de la planta en Malvinas Argentinas, que es similar a la que posee en Rojas, provincia de Buenos Aires, pero de mucha mayor capacidad, al punto que, si prospera, sería la planta más grande de Monsanto a nivel mundial.
Los cordobeses, haciendo honor a su fama de "díscolos", le están complicando las cosas a la multinacional con sede en Saint Louis, Estados Unidos. Además de la oposición de los vecinos organizados en la "Asamblea Malvinas Lucha por la Vida", y apoyados por un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y defensoras del medio ambiente, la semana pasada se denunció los efectos nocivos para la salud de las personas, que provocará la instalación de dicha planta productora de semillas de maíz.
Denuncia
El martes 13, en el Gremio de los Judiciales de Córdoba, tuvo lugar una conferencia de prensa, simultánea con otras que se realizaban en diferentes ciudades del país, para informar sobre los resultados de análisis de sangre efectuados a diez pobladores de Malvinas Argentinas, seis mayores y cuatro menores.
Esos análisis mostraron un dato muy preocupante: en siete de esos diez se encontró presencia de plaguicidas en la sangre, que son muy persistentes, y entre ellos se encuentran algunos como Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH.
La conferencia de prensa en Córdoba fue presidida por Raúl Montenegro, titular de la Fundación por la Defensa del Ambiente (Funam) y premio Nobel alternativo 2004, junto a integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, entre ellos su abogado, Federico Macciocchi. Montenegro, que es biólogo y titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y quien se encuentra asesorando a los vecinos de Malvinas Argentinas, advirtió que "incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo".
Contaminación en sangre
El biólogo expresó que estos plaguicidas están prohibidos pero "persisten en el ambiente y en las personas. Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero -embriones y fetos-, y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados".
Los análisis de sangre fueron encargados por la Asamblea Malvinas a la Universidad de Buenos Aires, porque ni la municipalidad de esa localidad ni el gobierno de José Manuel de la Sota, accedieron a costear esos estudios en la población.
Ahora, con los resultados en la mano y la comprobación de que Malvinas Argentinas es una población en riesgo por la gran proporción de vecinos con contaminación en su sangre, la Asamblea y la Funam exigen la realización de "estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna" y la puesta en marcha, para toda la provincia, de un Observatorio Ambiental de residuos peligrosos y de un Observatorio Epidemiológico, ambos continuos.
El dirigente de la Funam denunció que en Malvinas Argentinas existe un "fondo" de contaminación por plaguicidas "en el cuerpo de personas de todas las edades, y seguramente en los suelos y aguas subterráneas. Esto es el resultado de años de pulverizaciones y la carencia de una ordenanza que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas agrícolas". Esta situación agrava de por sí el efecto negativo que tendría la instalación de la planta de Monsanto, pues "descargaría partículas contaminadas con plaguicidas durante las operaciones de manejo de maíz transgénico (descarga, desgranado, secado) y al aplicarlos en silos y curado de semillas".
Justicia que mira y no ve
El Poder Judicial de Córdoba ya tuvo su participación en casos de impacto ambiental, como fue en 2012, con el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sudeste de la ciudad capital. En ese juicio, que fue el primero en Argentina y en América Latina, se condenó, a penas leves, a los productores agrícolas y al aviador que participaron de fumigaciones.
Pero una cosa es juzgar a dos medianos productores agropecuarios y a un aviador, y otra muy distinta, a la multinacional Monsanto. Es así, que los amparos judiciales presentados por los vecinos de Malvinas Argentinas, patrocinados por el joven abogado Macciocchi, del Club de Derecho, han tenido idas y vueltas, con dispares resoluciones, algunas denegando y otras acogiendo su petición, que no era otra que se respetara la legislación nacional y provincial en defensa del ambiente. Según estas normas, ninguna planta puede instalarse si previamente no presenta un estudio de impacto ambiental, que demuestre que no es peligrosa ni dañina para la salud de los pobladores o del medioambiente. Y en la legislación nacional se prevé una consulta popular si el emprendimiento a instalarse genera malestar en la población.
En Río Cuarto, el intendente radical Juan Jure, decidió el año pasado por decreto rechazar la instalación de Monsanto, con el apoyo de la Universidad Nacional y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, en base a los estudios realizados por la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal. Jure dijo en ese momento que lo hacía, sobre todo, para preservar la "paz social" en esa ciudad.
Poderes en sintonía
En abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia dictó un fallo que rechazaba la pretensión de los vecinos de Malvinas Argentinas y, aduciendo que se trataba sólo de "autorizar las obras civiles" de la planta de Monsanto, permitió que las mismas continuaran. De esta forma el TSJ, en sintonía con el gobierno provincial y el intendente Arzani, daban "vía libre" a la empresa multinacional, para que continuara la construcción de la planta. Obviamente constituía toda una señal jurídico-política para que luego obtuviera la autorización definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que implica esta instalación.
Pero los vecinos no se amilanaron y a la par que cortaban el acceso a la planta, para impedir la continuidad de las obras, siguieron la batalla judicial.
Nuevamente un fallo de primera instancia les rechazó el pedido de paralización de las obras, pero luego una sentencia de la Cámara Laboral, Sala II, en enero de 2014, hizo lugar al amparo, y prohibió a Monsanto continuar con la construcción de la planta, hasta tanto no se presentara un estudio de impacto ambiental, tal como lo dispone la legislación nacional.
Apelación
Esa resolución fue apelada tanto por Monsanto como por el intendente Arzani, éste último ya muy castigado por las numerosas movilizaciones de los vecinos en Malvinas Argentinas, algunas de las cuales fueron duramente reprimidas. También hubo marchas en Córdoba Capital.
Y aunque la Cámara Laboral rechazó los recursos, los disconformes fueron en queja al Tribunal Superior, que acogió ese pedido y en pocas semanas más se espera una resolución.
Según el periodista Luis Kempa, de La Voz del Interior, quien suele publicar primicias del máximo tribunal cordobés, el fallo del TSJ estaría en sintonía con el del año pasado, esto es, autorizaría a Monsanto a continuar la construcción de su planta procesadora y productora de semillas transgénicas de maíz. Todo ello, invocando la "seguridad jurídica", en una causa sobre derecho ambiental, contra la multinacional más denunciada en todo el mundo.
Si ésa fuera la decisión del TSJ cordobés, sus integrantes estarían desoyendo a un científico de indudable prestigio como Montenegro, y a las numerosas denuncias sobre la contaminación en los pobladores de Malvinas Argentinas, cuya salud se vería aún más resentida con los efectos de la manipulación de sustancias como las que utiliza Monsanto.
¿Cerca de la gente?
El TSJ de Córdoba suele utilizar como lema de su gestión la frase: "Justicia cerca de la gente". Un fallo favorable a la radicación de esa empresa en Córdoba, muy por el contrario, sería una demostración de un Poder Judicial que favorece a los poderosos y deniega los reclamos de los más vulnerables y humildes, la salud pública y los derechos ambientales.
Sería de esperar que los vocales del TSJ, incluso su presidente, que fue denunciado el año pasado por ser titular de un emprendimiento agropecuario, situación incompatible con la función de un magistrado, atiendan la petición razonable y justa de una población que ya tiene su salud resentida. Ellos tienen derecho a vivir, como lo dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, en un "ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".
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Fecha de Publicación: 23/05/2014
Fuente: ArgenPress
Provincia/Región: Córdoba
La instalación de la planta en la localidad de Malvinas Argentinas, a 16 kilómetros de Córdoba, está paralizada por la oposición de sus vecinos y por diferentes fallos judiciales que se han pronunciado en diverso sentido.
La empresa que lidera el mercado internacional en materia de producción de semillas transgénicas de soja y maíz, la firma Monsanto, no puede todavía finalizar su instalación en Córdoba. Eso a pesar de haber comenzado las obras civiles de la planta en Malvinas Argentinas, que es similar a la que posee en Rojas, provincia de Buenos Aires, pero de mucha mayor capacidad, al punto que, si prospera, sería la planta más grande de Monsanto a nivel mundial.
Los cordobeses, haciendo honor a su fama de "díscolos", le están complicando las cosas a la multinacional con sede en Saint Louis, Estados Unidos. Además de la oposición de los vecinos organizados en la "Asamblea Malvinas Lucha por la Vida", y apoyados por un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y defensoras del medio ambiente, la semana pasada se denunció los efectos nocivos para la salud de las personas, que provocará la instalación de dicha planta productora de semillas de maíz.
Denuncia
El martes 13, en el Gremio de los Judiciales de Córdoba, tuvo lugar una conferencia de prensa, simultánea con otras que se realizaban en diferentes ciudades del país, para informar sobre los resultados de análisis de sangre efectuados a diez pobladores de Malvinas Argentinas, seis mayores y cuatro menores.
Esos análisis mostraron un dato muy preocupante: en siete de esos diez se encontró presencia de plaguicidas en la sangre, que son muy persistentes, y entre ellos se encuentran algunos como Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH.
La conferencia de prensa en Córdoba fue presidida por Raúl Montenegro, titular de la Fundación por la Defensa del Ambiente (Funam) y premio Nobel alternativo 2004, junto a integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, entre ellos su abogado, Federico Macciocchi. Montenegro, que es biólogo y titular de la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y quien se encuentra asesorando a los vecinos de Malvinas Argentinas, advirtió que "incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo".
Contaminación en sangre
El biólogo expresó que estos plaguicidas están prohibidos pero "persisten en el ambiente y en las personas. Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero -embriones y fetos-, y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados".
Los análisis de sangre fueron encargados por la Asamblea Malvinas a la Universidad de Buenos Aires, porque ni la municipalidad de esa localidad ni el gobierno de José Manuel de la Sota, accedieron a costear esos estudios en la población.
Ahora, con los resultados en la mano y la comprobación de que Malvinas Argentinas es una población en riesgo por la gran proporción de vecinos con contaminación en su sangre, la Asamblea y la Funam exigen la realización de "estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna" y la puesta en marcha, para toda la provincia, de un Observatorio Ambiental de residuos peligrosos y de un Observatorio Epidemiológico, ambos continuos.
El dirigente de la Funam denunció que en Malvinas Argentinas existe un "fondo" de contaminación por plaguicidas "en el cuerpo de personas de todas las edades, y seguramente en los suelos y aguas subterráneas. Esto es el resultado de años de pulverizaciones y la carencia de una ordenanza que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas agrícolas". Esta situación agrava de por sí el efecto negativo que tendría la instalación de la planta de Monsanto, pues "descargaría partículas contaminadas con plaguicidas durante las operaciones de manejo de maíz transgénico (descarga, desgranado, secado) y al aplicarlos en silos y curado de semillas".
Justicia que mira y no ve
El Poder Judicial de Córdoba ya tuvo su participación en casos de impacto ambiental, como fue en 2012, con el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sudeste de la ciudad capital. En ese juicio, que fue el primero en Argentina y en América Latina, se condenó, a penas leves, a los productores agrícolas y al aviador que participaron de fumigaciones.
Pero una cosa es juzgar a dos medianos productores agropecuarios y a un aviador, y otra muy distinta, a la multinacional Monsanto. Es así, que los amparos judiciales presentados por los vecinos de Malvinas Argentinas, patrocinados por el joven abogado Macciocchi, del Club de Derecho, han tenido idas y vueltas, con dispares resoluciones, algunas denegando y otras acogiendo su petición, que no era otra que se respetara la legislación nacional y provincial en defensa del ambiente. Según estas normas, ninguna planta puede instalarse si previamente no presenta un estudio de impacto ambiental, que demuestre que no es peligrosa ni dañina para la salud de los pobladores o del medioambiente. Y en la legislación nacional se prevé una consulta popular si el emprendimiento a instalarse genera malestar en la población.
En Río Cuarto, el intendente radical Juan Jure, decidió el año pasado por decreto rechazar la instalación de Monsanto, con el apoyo de la Universidad Nacional y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, en base a los estudios realizados por la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal. Jure dijo en ese momento que lo hacía, sobre todo, para preservar la "paz social" en esa ciudad.
Poderes en sintonía
En abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia dictó un fallo que rechazaba la pretensión de los vecinos de Malvinas Argentinas y, aduciendo que se trataba sólo de "autorizar las obras civiles" de la planta de Monsanto, permitió que las mismas continuaran. De esta forma el TSJ, en sintonía con el gobierno provincial y el intendente Arzani, daban "vía libre" a la empresa multinacional, para que continuara la construcción de la planta. Obviamente constituía toda una señal jurídico-política para que luego obtuviera la autorización definitiva, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que implica esta instalación.
Pero los vecinos no se amilanaron y a la par que cortaban el acceso a la planta, para impedir la continuidad de las obras, siguieron la batalla judicial.
Nuevamente un fallo de primera instancia les rechazó el pedido de paralización de las obras, pero luego una sentencia de la Cámara Laboral, Sala II, en enero de 2014, hizo lugar al amparo, y prohibió a Monsanto continuar con la construcción de la planta, hasta tanto no se presentara un estudio de impacto ambiental, tal como lo dispone la legislación nacional.
Apelación
Esa resolución fue apelada tanto por Monsanto como por el intendente Arzani, éste último ya muy castigado por las numerosas movilizaciones de los vecinos en Malvinas Argentinas, algunas de las cuales fueron duramente reprimidas. También hubo marchas en Córdoba Capital.
Y aunque la Cámara Laboral rechazó los recursos, los disconformes fueron en queja al Tribunal Superior, que acogió ese pedido y en pocas semanas más se espera una resolución.
Según el periodista Luis Kempa, de La Voz del Interior, quien suele publicar primicias del máximo tribunal cordobés, el fallo del TSJ estaría en sintonía con el del año pasado, esto es, autorizaría a Monsanto a continuar la construcción de su planta procesadora y productora de semillas transgénicas de maíz. Todo ello, invocando la "seguridad jurídica", en una causa sobre derecho ambiental, contra la multinacional más denunciada en todo el mundo.
Si ésa fuera la decisión del TSJ cordobés, sus integrantes estarían desoyendo a un científico de indudable prestigio como Montenegro, y a las numerosas denuncias sobre la contaminación en los pobladores de Malvinas Argentinas, cuya salud se vería aún más resentida con los efectos de la manipulación de sustancias como las que utiliza Monsanto.
¿Cerca de la gente?
El TSJ de Córdoba suele utilizar como lema de su gestión la frase: "Justicia cerca de la gente". Un fallo favorable a la radicación de esa empresa en Córdoba, muy por el contrario, sería una demostración de un Poder Judicial que favorece a los poderosos y deniega los reclamos de los más vulnerables y humildes, la salud pública y los derechos ambientales.
Sería de esperar que los vocales del TSJ, incluso su presidente, que fue denunciado el año pasado por ser titular de un emprendimiento agropecuario, situación incompatible con la función de un magistrado, atiendan la petición razonable y justa de una población que ya tiene su salud resentida. Ellos tienen derecho a vivir, como lo dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, en un "ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".
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Córdoba: gobernador apura la "convivencia ambiental"
El delasotismo planea votar la ley de ambiente a fin de mes
Fecha de Publicación: 19/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras una ronda de consultas, la semana que viene el oficialismo avanzaría en la redacción final del proyecto. Expectativa por la planta de Monsanto en Malvinas.
Si se concretan las aspiraciones de Unión por Córdoba, a fin de mes la Unicameral aprobaría la nueva ley de ambiente. Así lo confirmó a este diario el legislador Dante Heredia, presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos que recibió en los últimos dos meses a decenas de organizaciones sociales, cámaras empresariales y académicos que dieron su visión sobre el proyecto del Ejecutivo.
Si bien el oficialismo intentó despegar este debate del conflicto por la instalación de una planta de semillas de Monsanto en Malvinas Argentinas, representantes de esa multinacional y del Ministerio de Agua provincial blanquearon que esperan la sanción de la norma para volver a empezar el proceso de autorización del semillero, cuya construcción hoy está suspendida por una orden judicial y un bloqueo de ambientalistas.
La nueva norma exigirá una evaluación de impacto ambiental completa antes de habilitar emprendimientos que puedan afectar el ambiente e incorporará instancias de participación ciudadana (audiencias públicas u otras) en ese proceso.
“Vamos a hacer todas las modificaciones que sean necesarias para llegar a un texto consensuado”, declaró Heredia.
La próxima semana el delasotismo avanzaría en la redacción final del proyecto para ser debatido y aprobado.
Las mayores críticas a la iniciativa se concentran en los mismos puntos: que no queda claro en qué casos se exigirá la participación ciudadana y de qué modo será; que quedan muchos aspectos sujetos a la reglamentación de la ley; y hasta se puso en duda la necesidad misma de sancionar una nueva norma, considerando que la actual Ley de Ambiente es suficiente.
Como telón de fondo del debate está evidentemente la cuestión de la planta de Monsanto, parada por fallo judicial desde enero último. A esa empresa la Provincia le rechazó un primer estudio de impacto ambiental y la firma quiere insistir con una nueva evaluación, pero regida por la nueva Ley Ambiental que –se descuenta– alumbrará en breve la Unicameral.
La secuencia
Fallo. El 8 de enero, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionales los permisos que dio la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Malvinas Argentinas a Monsanto para construir su planta de semillas y ordenó frenar la obra.
Anuncio. El 1° de febrero, el gobernador anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley de “convivencia ambiental”.
En marcha. El proyecto se viene debatiendo con terceros invitados y se llevará al recinto de la Unicameral para su aprobación antes de que termine mayo.
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Fecha de Publicación: 19/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Tras una ronda de consultas, la semana que viene el oficialismo avanzaría en la redacción final del proyecto. Expectativa por la planta de Monsanto en Malvinas.
Si se concretan las aspiraciones de Unión por Córdoba, a fin de mes la Unicameral aprobaría la nueva ley de ambiente. Así lo confirmó a este diario el legislador Dante Heredia, presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos que recibió en los últimos dos meses a decenas de organizaciones sociales, cámaras empresariales y académicos que dieron su visión sobre el proyecto del Ejecutivo.
Si bien el oficialismo intentó despegar este debate del conflicto por la instalación de una planta de semillas de Monsanto en Malvinas Argentinas, representantes de esa multinacional y del Ministerio de Agua provincial blanquearon que esperan la sanción de la norma para volver a empezar el proceso de autorización del semillero, cuya construcción hoy está suspendida por una orden judicial y un bloqueo de ambientalistas.
La nueva norma exigirá una evaluación de impacto ambiental completa antes de habilitar emprendimientos que puedan afectar el ambiente e incorporará instancias de participación ciudadana (audiencias públicas u otras) en ese proceso.
“Vamos a hacer todas las modificaciones que sean necesarias para llegar a un texto consensuado”, declaró Heredia.
La próxima semana el delasotismo avanzaría en la redacción final del proyecto para ser debatido y aprobado.
Las mayores críticas a la iniciativa se concentran en los mismos puntos: que no queda claro en qué casos se exigirá la participación ciudadana y de qué modo será; que quedan muchos aspectos sujetos a la reglamentación de la ley; y hasta se puso en duda la necesidad misma de sancionar una nueva norma, considerando que la actual Ley de Ambiente es suficiente.
Como telón de fondo del debate está evidentemente la cuestión de la planta de Monsanto, parada por fallo judicial desde enero último. A esa empresa la Provincia le rechazó un primer estudio de impacto ambiental y la firma quiere insistir con una nueva evaluación, pero regida por la nueva Ley Ambiental que –se descuenta– alumbrará en breve la Unicameral.
La secuencia
Fallo. El 8 de enero, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionales los permisos que dio la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Malvinas Argentinas a Monsanto para construir su planta de semillas y ordenó frenar la obra.
Anuncio. El 1° de febrero, el gobernador anunció el envío a la Legislatura del proyecto de ley de “convivencia ambiental”.
En marcha. El proyecto se viene debatiendo con terceros invitados y se llevará al recinto de la Unicameral para su aprobación antes de que termine mayo.
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Córdoba: 7 cada 10 con plaguicidas en sangre en Malvinas
Detectan plaguicidas en la sangre de vecinos de Malvinas Argentinas
Fecha de Publicación: 14/05/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Se realizó análisis a 10 habitantes adultos y niños de la localidad. El 70% demuestran presencia de sustancias tóxicas peligrosas. Exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad.
Un análisis realizado a habitantes adultos y niños de la localidad Malvinas Argentinas arrojó que el 70% de esa población tiene presencia de plaguicidas y sustancias peligrosas en sangre.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) revelaron ayer la presencia de sustancias tóxicas peligrosas en adultos y niños que viven en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas y exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad.
Los análisis de sangre demostraron la presencia de plaguicidas en adultos y niños de Malvinas Argentinas: en 7 de las 10 personas analizadas por el estudio exploratorio se encontraron “residuos de plaguicidas antiguos muy persistentes como Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH”, indicó el Raúl Montenegro, asesor técnico de los vecinos y premio Nóbel Alternativo 2004. Agregó que “incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo”.
Los análisis de sangre fueron encargados por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la Universidad de Buenos Aires “ante la negativa de la Municipalidad de Malvinas Argentinas y del Gobierno de la Provincia para hacer esos estudios en la población”, señalaron ayer en conferencia de prensa.
Los vecinos y Funam exigieron nuevamente al intendente Daniel Arzani y al gobernador José Manuel de la Sota que realicen “estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna”.
Al mismo tiempo exigieron la puesta en marcha, para toda la provincia, de un Observatorio Ambiental de residuos peligrosos y de un Observatorio Epidemiológico, ambos continuos.
Malvinas Argentinas se encuentra 14 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba. Es el sitio donde Monsanto pretende construir la mayor acondicionadora mundial de semillas transgénicas de maíz, proyecto que está actualmente detenido por una decisión judicial y la fuerte resistencia social de los vecinos.
“El intendente Daniel Arzani ya no puede mirar para otro lado. Urge prohibir la aplicación periurbana de plaguicidas y realizar estudios para llegar a la verdad. Está claro además que la localización de Monsanto en un lugar ya contaminado y con personas contaminadas es inaceptable”, indicó Vanesa Sartori, de la Asamblea de Malvinas Argentinas.
“Ahora está claro por qué la Municipalidad de Malvinas Argentinas y el Gobierno de la Provincia rehusaron realizar análisis para la detección de plaguicidas en sangre y a monitorear los niveles de contaminación con agroquímicos en agua, suelo y seres vivos”, sostuvo Celina Molina, también de la Asamblea. “Para ellos era preferible que no se supiera”.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida obtuvo el apoyo de la organización no gubernamental alemana Grassoots, cuyo aporte permitió pagar el costo del estudio exploratorio y de los análisis.
El peligro de los plaguicidas
Raúl Montenegro, asesor técnico de la Asamblea, elaboró un informe técnico donde se analizan los plaguicidas encontrados y el riesgo sanitario de los cócteles de contaminantes. Fue hecho desde Funam y la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
La licenciada Vanesa Sartori, de la Asamblea, indicó que “como parte de un estudio exploratorio se obtuvieron 10 muestras de sangre de residentes permanentes de Malvinas Argentinas, 6 adultos (22, 32, 33, 33, 36 y 53 años) y 4 menores (7, 9, 12 y 14 años). Las muestras, debidamente acondicionadas y transportadas, fueron analizadas por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal, ambos de la Universidad de Buenos Aires”.
“Se detectó la presencia de los residuos de plaguicidas clorados Aldrin, Dieldrin, Gamma HCH, pp’ DDT, op’ DDT y pp’ DDE. Todos estos plaguicidas están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y las personas. Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos), y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, agregó.
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Fecha de Publicación: 14/05/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Se realizó análisis a 10 habitantes adultos y niños de la localidad. El 70% demuestran presencia de sustancias tóxicas peligrosas. Exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad.
Un análisis realizado a habitantes adultos y niños de la localidad Malvinas Argentinas arrojó que el 70% de esa población tiene presencia de plaguicidas y sustancias peligrosas en sangre.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) revelaron ayer la presencia de sustancias tóxicas peligrosas en adultos y niños que viven en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas y exigieron la suspensión definitiva de las obras de Monsanto debido a la contaminación ya existente en la localidad.
Los análisis de sangre demostraron la presencia de plaguicidas en adultos y niños de Malvinas Argentinas: en 7 de las 10 personas analizadas por el estudio exploratorio se encontraron “residuos de plaguicidas antiguos muy persistentes como Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH”, indicó el Raúl Montenegro, asesor técnico de los vecinos y premio Nóbel Alternativo 2004. Agregó que “incluso bajas dosis de estos plaguicidas pueden alterar el sistema hormonal y reducir las defensas del organismo”.
Los análisis de sangre fueron encargados por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la Universidad de Buenos Aires “ante la negativa de la Municipalidad de Malvinas Argentinas y del Gobierno de la Provincia para hacer esos estudios en la población”, señalaron ayer en conferencia de prensa.
Los vecinos y Funam exigieron nuevamente al intendente Daniel Arzani y al gobernador José Manuel de la Sota que realicen “estudios sobre muestras más grandes para establecer la presencia de agroquímicos en sangre, orina y leche materna”.
Al mismo tiempo exigieron la puesta en marcha, para toda la provincia, de un Observatorio Ambiental de residuos peligrosos y de un Observatorio Epidemiológico, ambos continuos.
Malvinas Argentinas se encuentra 14 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba. Es el sitio donde Monsanto pretende construir la mayor acondicionadora mundial de semillas transgénicas de maíz, proyecto que está actualmente detenido por una decisión judicial y la fuerte resistencia social de los vecinos.
“El intendente Daniel Arzani ya no puede mirar para otro lado. Urge prohibir la aplicación periurbana de plaguicidas y realizar estudios para llegar a la verdad. Está claro además que la localización de Monsanto en un lugar ya contaminado y con personas contaminadas es inaceptable”, indicó Vanesa Sartori, de la Asamblea de Malvinas Argentinas.
“Ahora está claro por qué la Municipalidad de Malvinas Argentinas y el Gobierno de la Provincia rehusaron realizar análisis para la detección de plaguicidas en sangre y a monitorear los niveles de contaminación con agroquímicos en agua, suelo y seres vivos”, sostuvo Celina Molina, también de la Asamblea. “Para ellos era preferible que no se supiera”.
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida obtuvo el apoyo de la organización no gubernamental alemana Grassoots, cuyo aporte permitió pagar el costo del estudio exploratorio y de los análisis.
El peligro de los plaguicidas
Raúl Montenegro, asesor técnico de la Asamblea, elaboró un informe técnico donde se analizan los plaguicidas encontrados y el riesgo sanitario de los cócteles de contaminantes. Fue hecho desde Funam y la cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
La licenciada Vanesa Sartori, de la Asamblea, indicó que “como parte de un estudio exploratorio se obtuvieron 10 muestras de sangre de residentes permanentes de Malvinas Argentinas, 6 adultos (22, 32, 33, 33, 36 y 53 años) y 4 menores (7, 9, 12 y 14 años). Las muestras, debidamente acondicionadas y transportadas, fueron analizadas por el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la Cátedra de Toxicología y Química Legal, ambos de la Universidad de Buenos Aires”.
“Se detectó la presencia de los residuos de plaguicidas clorados Aldrin, Dieldrin, Gamma HCH, pp’ DDT, op’ DDT y pp’ DDE. Todos estos plaguicidas están prohibidos y ya no se utilizan, pero persisten en el ambiente y las personas. Los transfieren a sus hijas e hijos las madres embarazadas a través de la placenta primero (embriones y fetos), y durante la lactancia después, e ingresan durante toda la vida de un individuo por inhalación de partículas de suelo y la ingesta de agua y alimentos contaminados”, agregó.
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Monsanto en manos del Tribunal Superior de Justicia
El TSJ evalúa si autorizará la reactivación de Monsanto
Fecha de Publicación: 02/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La empresa y el municipio de Malvinas pidieron al tribunal que revea el fallo que ordenó suspender la construcción de la planta.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) evalúa si hará lugar a los recursos directos de queja presentados por Monsanto y por la Municipalidad de Malvinas Argentinas la semana pasada, según confirmó la oficina de prensa de Tribunales.
Al TSJ le reclaman que revea el fallo de la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo, que el 8 de enero pasado declaró inconstitucionales los permisos dados a la empresa para empezar a construir su planta de semillas y ordenó la suspensión de la obra.
La expectativa es alta porque el TSJ ya revirtió un fallo de esa Cámara a favor de Monsanto cuando suspendió una medida cautelar, por el mismo caso, el año pasado.
En esa oportunidad, el máximo tribunal de la Provincia privilegió para la autorización de la planta de Monsanto la aplicación de leyes provinciales, antes que la legislación nacional.
El caso se originó en septiembre de 2012, cuando vecinos de Malvinas Argentinas junto con la Fundación Club de Derecho presentaron una acción de amparo para que se suspenda la construcción de la planta de tratamiento de semillas de maíz hasta que se realice la evaluación de impacto ambiental y una consulta pública, como lo establece la ley nacional de Ambiente N° 25.675.
Ante esa presentación, en febrero de 2013, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo dictó una medida cautelar para que se suspenda la construcción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo del amparo.
Dos meses después, en abril de 2013, el TSJ levantó esa ?medida cautelar porque entendió que para el caso no se aplica la legislación nacional sino leyes provinciales, que no exigen un estudio de impacto ambiental completo antes de autorizar la obra civil de construcción de la planta.
Ello permitió a Monsanto seguir construyendo hasta que en septiembre de ese año, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y otras organizaciones ambientalistas comenzaron el bloqueo a los ingresos a la planta. Esta acción provocó la suspensión casi total de la construcción.
Cuestión de fondo
La cuestión de fondo del amparo la resolvió el Juzgado de Conciliación de 4ª Nominación a favor de Monsanto y el municipio. En un fallo de octubre de 2013, la jueza Graciela Escudero de Fernández aplicó el mismo criterio que el TSJ.
Sin embargo, los vecinos apelaron y en enero último, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo revirtió el fallo y suspendió la obra.
Para la Cámara, los permisos otorgados tanto por la Secretaría de Ambiente de la Provincia como por la Municipalidad de Malvinas para que Monsanto comience a construir su planta en esa localidad violaron el artículo 41° de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Esta última norma ordena que antes de dar las autorizaciones, se debe realizar un estudio de impacto ambiental y una audiencia o consulta pública.
A raíz de ese fallo adverso, Monsanto y la comuna de Malvinas interpusieron recursos de casación para que el caso llegue al TSJ. Pero el 3 de abril último, la Cámara los rechazó.
Fue por ello que el lunes y martes pasados, la empresa y el municipio presentaron los recursos de queja directos para que sea el mismo TSJ el que decida si toma o no el caso.
Hace tres meses, el Gobierno provincial dispuso la adecuación de la legislación ambiental de la Provincia a la Ley General del Ambiente.
En consecuencia, envió un proyecto de nueva ley provincial de Ambiente a la Legislatura, que todavía está en debate.
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Fecha de Publicación: 02/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La empresa y el municipio de Malvinas pidieron al tribunal que revea el fallo que ordenó suspender la construcción de la planta.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) evalúa si hará lugar a los recursos directos de queja presentados por Monsanto y por la Municipalidad de Malvinas Argentinas la semana pasada, según confirmó la oficina de prensa de Tribunales.
Al TSJ le reclaman que revea el fallo de la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo, que el 8 de enero pasado declaró inconstitucionales los permisos dados a la empresa para empezar a construir su planta de semillas y ordenó la suspensión de la obra.
La expectativa es alta porque el TSJ ya revirtió un fallo de esa Cámara a favor de Monsanto cuando suspendió una medida cautelar, por el mismo caso, el año pasado.
En esa oportunidad, el máximo tribunal de la Provincia privilegió para la autorización de la planta de Monsanto la aplicación de leyes provinciales, antes que la legislación nacional.
El caso se originó en septiembre de 2012, cuando vecinos de Malvinas Argentinas junto con la Fundación Club de Derecho presentaron una acción de amparo para que se suspenda la construcción de la planta de tratamiento de semillas de maíz hasta que se realice la evaluación de impacto ambiental y una consulta pública, como lo establece la ley nacional de Ambiente N° 25.675.
Ante esa presentación, en febrero de 2013, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo dictó una medida cautelar para que se suspenda la construcción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo del amparo.
Dos meses después, en abril de 2013, el TSJ levantó esa ?medida cautelar porque entendió que para el caso no se aplica la legislación nacional sino leyes provinciales, que no exigen un estudio de impacto ambiental completo antes de autorizar la obra civil de construcción de la planta.
Ello permitió a Monsanto seguir construyendo hasta que en septiembre de ese año, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y otras organizaciones ambientalistas comenzaron el bloqueo a los ingresos a la planta. Esta acción provocó la suspensión casi total de la construcción.
Cuestión de fondo
La cuestión de fondo del amparo la resolvió el Juzgado de Conciliación de 4ª Nominación a favor de Monsanto y el municipio. En un fallo de octubre de 2013, la jueza Graciela Escudero de Fernández aplicó el mismo criterio que el TSJ.
Sin embargo, los vecinos apelaron y en enero último, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo revirtió el fallo y suspendió la obra.
Para la Cámara, los permisos otorgados tanto por la Secretaría de Ambiente de la Provincia como por la Municipalidad de Malvinas para que Monsanto comience a construir su planta en esa localidad violaron el artículo 41° de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Esta última norma ordena que antes de dar las autorizaciones, se debe realizar un estudio de impacto ambiental y una audiencia o consulta pública.
A raíz de ese fallo adverso, Monsanto y la comuna de Malvinas interpusieron recursos de casación para que el caso llegue al TSJ. Pero el 3 de abril último, la Cámara los rechazó.
Fue por ello que el lunes y martes pasados, la empresa y el municipio presentaron los recursos de queja directos para que sea el mismo TSJ el que decida si toma o no el caso.
Hace tres meses, el Gobierno provincial dispuso la adecuación de la legislación ambiental de la Provincia a la Ley General del Ambiente.
En consecuencia, envió un proyecto de nueva ley provincial de Ambiente a la Legislatura, que todavía está en debate.
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Monsanto insiste y va la justicia en Río Cuarto
Es inminente el amparo de Monsanto contra Jure por negarle la habilitación
Fecha de Publicación: 01/05/2014
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
El equipo legal de la empresa ultima los detalles para hacer la presentación. Se radicaría en el fuero penal. El argumento central es que el decreto del intendente es arbitrario y discrimina a la multinacional
Monsanto deposita en su equipo legal todas las esperanzas de poder instalarse en Río Cuarto. Hoy en día, ese grupo de trabajo ultima los detalles de la acción judicial con la que intentará levantar la negativa de habilitación que recibió del Municipio. De acuerdo al planteo que hará la empresa, la presentación tendría la forma de un amparo en el fuero penal, es decir, en los Tribunales provinciales. Uno de los ejes será el cuestionamiento del decreto del intendente Juan Jure, al que la multinacional considera arbitrario y sin sustento científico.
El equipo de asuntos legales de Monsanto trabaja para presentar en el corto plazo “una demanda” contra el intendente Jure, por su negativa a habilitar la estación experimental que la multinacional pretende operar en la ciudad.
“Apelaremos el decreto de Jure en la Justicia”, le adelantó a este diario Adrián Vilaplana, el gerente de asuntos corporativos de Monsanto Argentina.
De todas maneras, distintas fuentes judiciales locales le explicaron a PUNTAL que, probablemente, el camino que tome la empresa será una acción de amparo, que podría suspender el efecto de la negativa de habilitación.
“El equipo legal de la empresa está definiendo los últimos detalles para hacer la presentación en la Justicia. Será una demanda contra del decreto del intendente Jure”, indicó Vilaplana.
Con la acción judicial, la multinacional busca poder operar su estación experimental en Río Cuarto. “Fue Monsanto la que desarrolló maíces resistentes al Mal de Río Cuarto, una enfermedad típica de la zona. Y el hecho de no poder instalarnos en la ciudad es toda una paradoja”, señaló el ejecutivo.
“Es importante la igualdad ante la ley”
Tal como había adelantado tras publicarse en marzo la ratificación -por parte del intendente- del rechazo a su instalación, Monsanto le apunta a la arbitrariedad con la que el intendente tomó esa medida. Además, la firma habló de que es víctima de discriminación por parte del Municipio.
“Consideramos que es importante la igualdad ante la ley, porque se argumentaron razones de paz social, aduciendo que la empresa podía alterarla. Creemos que no tiene sustento legal ni lógico”, dijo Vilaplana.
“Si cumplimos con la ley, deberíamos poder avanzar con la inversión. No deberíamos sufrir la discriminación de la que hoy somos objeto. Pero, más allá de esta explicación, todo se definirá con términos precisos y técnicos en la demanda”, agregó.
Tal como venía adelantando en sus manifestaciones públicas, la estrategia de Monsanto buscará demostrar que el decreto del intendente Jure tomó una decisión
“arbitraria, que no tiene una base científica ni técnica”.
“Si Monsanto no puede instalar o poner en funcionamiento una estación de mejoramiento de variedades de soja y maíz, pensamos que con el mismo criterio, se debería cerrar el Inta de Manfredi, que hace la misma actividad y a una escala mucho mayor”, reflexionó Vilaplana.
“Vamos a seguir dando argumentos para que se entienda que esta actividad tiene sentido, y que va a generar desarrollo e investigación para la comunidad. Desde ya, no tiene impacto ambiental negativo”, completó.
Otro capítulo en la pelea
La disputa entre el Municipio y Monsanto se remonta a fines del año pasado. Luego de una asamblea pública y varias manifestaciones contra la radicación de la empresa en la ciudad, el 27 de noviembre de 2013, el intendente Jure firmó de puño y letra el decreto con el que le denegó la habilitación.
Luego, la empresa recurrió la decisión por la misma vía administrativa. Pero el 25 de marzo último, Jure ratificó por decreto el rechazo que había planteado cuatro meses antes, agotando la instancia administrativa.
Ahora, resta ver qué suerte corren en la Justicia los argumentos esgrimidos por el Municipio.
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Fecha de Publicación: 01/05/2014
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
El equipo legal de la empresa ultima los detalles para hacer la presentación. Se radicaría en el fuero penal. El argumento central es que el decreto del intendente es arbitrario y discrimina a la multinacional
Monsanto deposita en su equipo legal todas las esperanzas de poder instalarse en Río Cuarto. Hoy en día, ese grupo de trabajo ultima los detalles de la acción judicial con la que intentará levantar la negativa de habilitación que recibió del Municipio. De acuerdo al planteo que hará la empresa, la presentación tendría la forma de un amparo en el fuero penal, es decir, en los Tribunales provinciales. Uno de los ejes será el cuestionamiento del decreto del intendente Juan Jure, al que la multinacional considera arbitrario y sin sustento científico.
El equipo de asuntos legales de Monsanto trabaja para presentar en el corto plazo “una demanda” contra el intendente Jure, por su negativa a habilitar la estación experimental que la multinacional pretende operar en la ciudad.
“Apelaremos el decreto de Jure en la Justicia”, le adelantó a este diario Adrián Vilaplana, el gerente de asuntos corporativos de Monsanto Argentina.
De todas maneras, distintas fuentes judiciales locales le explicaron a PUNTAL que, probablemente, el camino que tome la empresa será una acción de amparo, que podría suspender el efecto de la negativa de habilitación.
“El equipo legal de la empresa está definiendo los últimos detalles para hacer la presentación en la Justicia. Será una demanda contra del decreto del intendente Jure”, indicó Vilaplana.
Con la acción judicial, la multinacional busca poder operar su estación experimental en Río Cuarto. “Fue Monsanto la que desarrolló maíces resistentes al Mal de Río Cuarto, una enfermedad típica de la zona. Y el hecho de no poder instalarnos en la ciudad es toda una paradoja”, señaló el ejecutivo.
“Es importante la igualdad ante la ley”
Tal como había adelantado tras publicarse en marzo la ratificación -por parte del intendente- del rechazo a su instalación, Monsanto le apunta a la arbitrariedad con la que el intendente tomó esa medida. Además, la firma habló de que es víctima de discriminación por parte del Municipio.
“Consideramos que es importante la igualdad ante la ley, porque se argumentaron razones de paz social, aduciendo que la empresa podía alterarla. Creemos que no tiene sustento legal ni lógico”, dijo Vilaplana.
“Si cumplimos con la ley, deberíamos poder avanzar con la inversión. No deberíamos sufrir la discriminación de la que hoy somos objeto. Pero, más allá de esta explicación, todo se definirá con términos precisos y técnicos en la demanda”, agregó.
Tal como venía adelantando en sus manifestaciones públicas, la estrategia de Monsanto buscará demostrar que el decreto del intendente Jure tomó una decisión
“arbitraria, que no tiene una base científica ni técnica”.
“Si Monsanto no puede instalar o poner en funcionamiento una estación de mejoramiento de variedades de soja y maíz, pensamos que con el mismo criterio, se debería cerrar el Inta de Manfredi, que hace la misma actividad y a una escala mucho mayor”, reflexionó Vilaplana.
“Vamos a seguir dando argumentos para que se entienda que esta actividad tiene sentido, y que va a generar desarrollo e investigación para la comunidad. Desde ya, no tiene impacto ambiental negativo”, completó.
Otro capítulo en la pelea
La disputa entre el Municipio y Monsanto se remonta a fines del año pasado. Luego de una asamblea pública y varias manifestaciones contra la radicación de la empresa en la ciudad, el 27 de noviembre de 2013, el intendente Jure firmó de puño y letra el decreto con el que le denegó la habilitación.
Luego, la empresa recurrió la decisión por la misma vía administrativa. Pero el 25 de marzo último, Jure ratificó por decreto el rechazo que había planteado cuatro meses antes, agotando la instancia administrativa.
Ahora, resta ver qué suerte corren en la Justicia los argumentos esgrimidos por el Municipio.
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Monsanto comienza a tener problemas en Buenos Aires
Reclaman a Scioli que exhiba las declaraciones de impacto ambiental de las plantas de Monsanto
Fecha de Publicación: 19/04/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Buenos Aires
Se reclamaron todos los antecedentes vinculados a las tres plantas agroindustriales y la Estación Experimental que la denunciada empresa Monsanto Argentina SAIC posee en la provincia de Buenos Aires.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA), solicitó este martes 15 de abril al Organismo Para el Desarrollo Sostenible autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires que en el plazo de 30 días exhiba las certificaciones de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) como de todos los antecedentes administrativos respecto a las tres plantas agroindustriales y Estación Experimental que la empresa Monsanto Argentina SAIC posee en la Provincia.
Concretamente se le solicita a la OPDS a que exhiba la DIA de los siguientes establecimientos agrobiotecnologicos de Monsanto Argentina SAIC:
1) Planta María Eugenia. Con una extensión de 22 hectáreas, donde se acondicionan semillas transgénicas. Ubicada en el Partido de Rojas desde el año 1994. Con una capacidad de 4.5 millones de bolsas de maíz transgénico por temporada. Asimismo terceriza a traves de contraros de arrendamientos en campos contiguos la produccion de semillas transgenicas, con el uso de agua subterranea a gran escala.
2) Planta Pergamino. Con una extensión de 12 Hectáreas donde se acondicionan semillas transgénicas de Maíz. (Secado, desgrane, clasificación, tratamiento y embolse de 15 mil bolsas diarias). Ubicada en el Partido de Pergamino Ruta 188 Km 77.
3) Planta Zarate. Con una extensión de 22 hectáreas. Se trata de una planta química de producción de los herbicidas que comercializa Monsanto Argentina SAIC. Instalada desde el año 1956.
4) Estación Experimental Fontezuela. Ubicada en el Partido de Pergamino. Ruta 8 km 214. Posee una extensión de 250 hectáreas y Monsanto Argentina SAIC ensaya las semillas de maíz y soja transgénica.
Conforme los arts. 11 y 12 de la ley 25675 en concordancia con las leyes provinciales 11.723 y 11.459, la empresa Monsanto Argentina SAIC debería poseer Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la actividad que desarrolla en los cuatro establecimientos mencionados. Siendo que las tres plantas, son anteriores a la legislación ambiental nacional y provincial, el estado provincial debió exigir en su oportunidad la adecuación al orden legal vigente.
Asimismo se pone de relieve la importancia de la DIA de la Planta Maria Eugenia, pues de un mapeo de la region donde se encuentra el establecimiento, el CELMA pudo corroborar la existencia de mas de 40 pozos de extracción de agua subterránea, que es utilizada en los procesos de produccion de semillas transgenicas por Monsanto Argentina SAIC, como riego suplementario.
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Fecha de Publicación: 19/04/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Buenos Aires
Se reclamaron todos los antecedentes vinculados a las tres plantas agroindustriales y la Estación Experimental que la denunciada empresa Monsanto Argentina SAIC posee en la provincia de Buenos Aires.
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA), solicitó este martes 15 de abril al Organismo Para el Desarrollo Sostenible autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires que en el plazo de 30 días exhiba las certificaciones de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) como de todos los antecedentes administrativos respecto a las tres plantas agroindustriales y Estación Experimental que la empresa Monsanto Argentina SAIC posee en la Provincia.
Concretamente se le solicita a la OPDS a que exhiba la DIA de los siguientes establecimientos agrobiotecnologicos de Monsanto Argentina SAIC:
1) Planta María Eugenia. Con una extensión de 22 hectáreas, donde se acondicionan semillas transgénicas. Ubicada en el Partido de Rojas desde el año 1994. Con una capacidad de 4.5 millones de bolsas de maíz transgénico por temporada. Asimismo terceriza a traves de contraros de arrendamientos en campos contiguos la produccion de semillas transgenicas, con el uso de agua subterranea a gran escala.
2) Planta Pergamino. Con una extensión de 12 Hectáreas donde se acondicionan semillas transgénicas de Maíz. (Secado, desgrane, clasificación, tratamiento y embolse de 15 mil bolsas diarias). Ubicada en el Partido de Pergamino Ruta 188 Km 77.
3) Planta Zarate. Con una extensión de 22 hectáreas. Se trata de una planta química de producción de los herbicidas que comercializa Monsanto Argentina SAIC. Instalada desde el año 1956.
4) Estación Experimental Fontezuela. Ubicada en el Partido de Pergamino. Ruta 8 km 214. Posee una extensión de 250 hectáreas y Monsanto Argentina SAIC ensaya las semillas de maíz y soja transgénica.
Conforme los arts. 11 y 12 de la ley 25675 en concordancia con las leyes provinciales 11.723 y 11.459, la empresa Monsanto Argentina SAIC debería poseer Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la actividad que desarrolla en los cuatro establecimientos mencionados. Siendo que las tres plantas, son anteriores a la legislación ambiental nacional y provincial, el estado provincial debió exigir en su oportunidad la adecuación al orden legal vigente.
Asimismo se pone de relieve la importancia de la DIA de la Planta Maria Eugenia, pues de un mapeo de la region donde se encuentra el establecimiento, el CELMA pudo corroborar la existencia de mas de 40 pozos de extracción de agua subterránea, que es utilizada en los procesos de produccion de semillas transgenicas por Monsanto Argentina SAIC, como riego suplementario.
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Monsanto reclama que De La Sota mire para su lado
Monsanto presiona por la inversión millonaria frenada en Córdoba
Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Los máximos ejecutivos de Monsanto en la Argentina reclamaron al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que se ponga al frente de una mesa de diálogo para destrabar el conflicto que desde el año pasado paraliza la construcción de una plan de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas.
El proyecto implica una inversión de 400 millones de dólares y según la compañía no implica ningún riesgo ambiental, pero no puede avanzar por el bloqueo que mantienen en el lugar grupos de ecologistas.
En contrapartida, distintos reportes desarrollados incluso por profesionales de la Universidad de Córdoba demuestran que ya existe contaminación en esa zona por el uso de agroquímicos para el cultivo de transgénicos.
La compañía considera que ese piquete está "fuera de la ley" y es llevado a cabo por "un grupo muy reducido de activistas profesionales", que apelan "reiteradamente a hechos de violencia y campañas de desinformación".
Ese grupo, sin embargo, no solo paralizó la obra sino que lograron que las autoridades provinciales no autorizaran el proyecto, argumentando algo concreto: que la multinacional estadounidense nunca completó el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Según Monsanto, a raíz del conflicto, se modificó el marco legal y ahora la empresa deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y esperar la realización de una audiencia pública, en un contexto en el que incluso se puede llegar a una consulta popular.
Según detalla Clarín, aunque ese proceso podría llegar a demorar un año, la firma se comprometió a cumplir con todos esos pasos. Pero a la vez le reclamó a De la Sota la creación de una mesa de diálogo.
En una carta se le solicitó al gobernador que convoque a la Universidad de Córdoba para que actúe como auditora del proceso.
"No merecemos que quienes tienen el poder de decisión se dejen llevar por las amenazas de los violentos y no tengan en cuenta las evidencias de la ciencia", señaló el documento, que ratificó que la planta de maíz -que generaría 400 empleos y proveería semilla para 3,5 millones de hectáreas- "no contamina y no hay fundamentos de fondo para no aprobar el proyecto".
En cambio, "si el gobernador logra resolver las tensiones con los activistas se abriría un futuro importante para Córdoba", juzgó la compañía.
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Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Los máximos ejecutivos de Monsanto en la Argentina reclamaron al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que se ponga al frente de una mesa de diálogo para destrabar el conflicto que desde el año pasado paraliza la construcción de una plan de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas.
El proyecto implica una inversión de 400 millones de dólares y según la compañía no implica ningún riesgo ambiental, pero no puede avanzar por el bloqueo que mantienen en el lugar grupos de ecologistas.
En contrapartida, distintos reportes desarrollados incluso por profesionales de la Universidad de Córdoba demuestran que ya existe contaminación en esa zona por el uso de agroquímicos para el cultivo de transgénicos.
La compañía considera que ese piquete está "fuera de la ley" y es llevado a cabo por "un grupo muy reducido de activistas profesionales", que apelan "reiteradamente a hechos de violencia y campañas de desinformación".
Ese grupo, sin embargo, no solo paralizó la obra sino que lograron que las autoridades provinciales no autorizaran el proyecto, argumentando algo concreto: que la multinacional estadounidense nunca completó el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Según Monsanto, a raíz del conflicto, se modificó el marco legal y ahora la empresa deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y esperar la realización de una audiencia pública, en un contexto en el que incluso se puede llegar a una consulta popular.
Según detalla Clarín, aunque ese proceso podría llegar a demorar un año, la firma se comprometió a cumplir con todos esos pasos. Pero a la vez le reclamó a De la Sota la creación de una mesa de diálogo.
En una carta se le solicitó al gobernador que convoque a la Universidad de Córdoba para que actúe como auditora del proceso.
"No merecemos que quienes tienen el poder de decisión se dejen llevar por las amenazas de los violentos y no tengan en cuenta las evidencias de la ciencia", señaló el documento, que ratificó que la planta de maíz -que generaría 400 empleos y proveería semilla para 3,5 millones de hectáreas- "no contamina y no hay fundamentos de fondo para no aprobar el proyecto".
En cambio, "si el gobernador logra resolver las tensiones con los activistas se abriría un futuro importante para Córdoba", juzgó la compañía.
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Córdoba: ahora el parece que el gobierno quiere consultar
Monsanto y servicios, temas de posible consulta popular
Fecha de Publicación: 02/04/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Lo sugirió De la Sota, aunque sin brindar precisiones. Su vocero mencionó la temática ambiental. Con Mestre, distribuyó aportes para intendentes y se le reclamó por la basura.
A través de la red social Twitter, el gobernador José Manuel de la Sota dijo ayer que estaba “considerando seriamente la opción de convocar a consulta popular sobre algunos temas vitales” para Córdoba.
El mensaje, que no brindó otras precisiones, fue difundido a las 10.58, antes de que recibiera en su despacho al intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
Nueve horas después, el vocero del gobernador, el ministro de Comunicación y Desarrollo Estratégico, Jorge Lawson, aclaró que el tuit del mandatario provincial no se refería “a un tema puntual, sino a varios en general”. Y enumeró: “Puede ser por el tema Monsanto, ya que si se sanciona la nueva ley de Ambiente en la Legislatura, y adhiere la Municipalidad de Malvinas Argentinas, es posible que se convoque a consulta popular”. Luego agregó: “También puede ser para regular el derecho de huelga de los policías, por ejemplo, y la prestación de los servicios públicos esenciales durante las medidas de fuerza gremiales”.
En este sentido, Lawson puso como ejemplo los paros de transporte y en los hospitales que tantos problemas provocan a los ciudadanos. “El gobernador ha querido decir que si alguno de estos temas necesita una consulta popular para ser definido, él no tiene problemas en convocarla”.
No obstante, como expresó otro miembro del gabinete, el tuit del gobernador pareció más “una expresión de deseo” que una decisión tomada.
Con Mestre y los radicales
El gobernador acercó posiciones ayer con el Foro de Intendentes Radicales, al dar respuesta parcial a un par de demandas históricas de ese sector de la oposición referidos al pago de fondos para ancianidad y el envío de ATP (Adelantos del Tesoro).
Por contrapartida, persisten grandes diferencias sobre las liquidaciones del Fofindes y la resolución del futuro predio de enterramiento sanitario, que recibirá la basura que generan la ciudad de Córdoba y otra decena de municipios del Gran Córdoba.
El gobernador, acompañado por los ministros Walter Saieg (Gobierno), Fabián López (Agua, Ambiente), Jorge Lawson (Comunicación y Desarrollo Estratégico) y el secretario de Asuntos Municipales, Rodrigo Rufeil, dialogó más de dos horas con las autoridades del Foro, encabezadas por Mestre.
De la Sota confirmó el próximo envío a los municipios de los fondos destinados a la atención de ancianos. Son casi cuatro millones de pesos que los intendentes venían reclamando desde hace más de un año. También habrá envío de ATP por dos millones de pesos. En cuanto al Fofindes, se acordó realizar un estudio “caso por caso” para determinar qué municipios efectivamente prestan más servicios sanitarios y –por lo tanto– requieren más fondos.
Otro tema que marcó la reunión, aunque sin avances concretos, fue un nuevo reclamo de Mestre para que la Provincia efectivice la expropiación de los dos predios (en Estación Juárez Celman y en cercanías de Bouwer) que la firma Cormecor SA destinaría al enterramiento de basura del Gran Córdoba.
Aunque no lo admite en público el Gobierno tiene “pisado” ese tema, de alta sensibilidad social, hasta resolver el conflicto ambiental abierto por la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Mestre, en tanto, insiste con una rápida definición, atento a que el actual vertedero de Piedras Blancas tiene margen para operar sólo nueve meses.
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Fecha de Publicación: 02/04/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Lo sugirió De la Sota, aunque sin brindar precisiones. Su vocero mencionó la temática ambiental. Con Mestre, distribuyó aportes para intendentes y se le reclamó por la basura.
A través de la red social Twitter, el gobernador José Manuel de la Sota dijo ayer que estaba “considerando seriamente la opción de convocar a consulta popular sobre algunos temas vitales” para Córdoba.
El mensaje, que no brindó otras precisiones, fue difundido a las 10.58, antes de que recibiera en su despacho al intendente de Córdoba, Ramón Mestre.
Nueve horas después, el vocero del gobernador, el ministro de Comunicación y Desarrollo Estratégico, Jorge Lawson, aclaró que el tuit del mandatario provincial no se refería “a un tema puntual, sino a varios en general”. Y enumeró: “Puede ser por el tema Monsanto, ya que si se sanciona la nueva ley de Ambiente en la Legislatura, y adhiere la Municipalidad de Malvinas Argentinas, es posible que se convoque a consulta popular”. Luego agregó: “También puede ser para regular el derecho de huelga de los policías, por ejemplo, y la prestación de los servicios públicos esenciales durante las medidas de fuerza gremiales”.
En este sentido, Lawson puso como ejemplo los paros de transporte y en los hospitales que tantos problemas provocan a los ciudadanos. “El gobernador ha querido decir que si alguno de estos temas necesita una consulta popular para ser definido, él no tiene problemas en convocarla”.
No obstante, como expresó otro miembro del gabinete, el tuit del gobernador pareció más “una expresión de deseo” que una decisión tomada.
Con Mestre y los radicales
El gobernador acercó posiciones ayer con el Foro de Intendentes Radicales, al dar respuesta parcial a un par de demandas históricas de ese sector de la oposición referidos al pago de fondos para ancianidad y el envío de ATP (Adelantos del Tesoro).
Por contrapartida, persisten grandes diferencias sobre las liquidaciones del Fofindes y la resolución del futuro predio de enterramiento sanitario, que recibirá la basura que generan la ciudad de Córdoba y otra decena de municipios del Gran Córdoba.
El gobernador, acompañado por los ministros Walter Saieg (Gobierno), Fabián López (Agua, Ambiente), Jorge Lawson (Comunicación y Desarrollo Estratégico) y el secretario de Asuntos Municipales, Rodrigo Rufeil, dialogó más de dos horas con las autoridades del Foro, encabezadas por Mestre.
De la Sota confirmó el próximo envío a los municipios de los fondos destinados a la atención de ancianos. Son casi cuatro millones de pesos que los intendentes venían reclamando desde hace más de un año. También habrá envío de ATP por dos millones de pesos. En cuanto al Fofindes, se acordó realizar un estudio “caso por caso” para determinar qué municipios efectivamente prestan más servicios sanitarios y –por lo tanto– requieren más fondos.
Otro tema que marcó la reunión, aunque sin avances concretos, fue un nuevo reclamo de Mestre para que la Provincia efectivice la expropiación de los dos predios (en Estación Juárez Celman y en cercanías de Bouwer) que la firma Cormecor SA destinaría al enterramiento de basura del Gran Córdoba.
Aunque no lo admite en público el Gobierno tiene “pisado” ese tema, de alta sensibilidad social, hasta resolver el conflicto ambiental abierto por la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas.
Mestre, en tanto, insiste con una rápida definición, atento a que el actual vertedero de Piedras Blancas tiene margen para operar sólo nueve meses.
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Córdoba: el gobernador avala la consulta por Monsanto
De la Sota aseguró que la consulta popular debutará con Monsanto
Fecha de Publicación: 13/03/2014
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Si bien dijo que es un resorte del municipio de Malvinas Argentinas, confirmó que la futura modificación de la ley de ambiente debería aplicarse a la radicación de la multinacional.
El gobernador José Manuel de la Sota se mostró a favor de una “consulta popular” sobre la instalación de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, una vez que se apruebe la nueva ley de ambiente en la provincia, complementaria de las normas ya vigentes.
El mandatario habló del tema y lanzó algunas precisiones respecto a cómo se plantearán las audiencias públicas y consultas populares que eventualmente se concreten ante proyectos con evidente impacto ambiental y social, en el marco de la nueva ley.
Por lo pronto, anticipó que, si el proyecto es aprobado en el corto plazo en la Unicameral, debutará con la instalación de Monsanto.
“Como ciudadano tengo derecho a opinar si quiero que se instale o no una empresa en el lugar donde vivo. Para eso se prevé la realización de audiencias antes de la aprobación y, si no fueran suficientes, existe la posibilidad de un plebiscito donde cada localidad diga ‘quiero’ o ‘no quiero’; me parece que allí con el intendente de Malvinas Argentinas (Daniel Arzani) compartimos el criterio. Si la Legislatura aprueba esta ley, la primera aplicación va a ser el tema Monsanto”, señaló De la Sota a Cadena 3 en el marco de su visita a Expoagro en San Nicolás (Buenos Aires).
Ayer, este medio había publicado que, a decir del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, la norma en estudio en la Legislatura,llegaba con el “espíritu” de respetar la decisión final de los pobladores en los que se quiera radicar un proyecto con impacto ambiental.
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Fecha de Publicación: 13/03/2014
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Si bien dijo que es un resorte del municipio de Malvinas Argentinas, confirmó que la futura modificación de la ley de ambiente debería aplicarse a la radicación de la multinacional.
El gobernador José Manuel de la Sota se mostró a favor de una “consulta popular” sobre la instalación de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, una vez que se apruebe la nueva ley de ambiente en la provincia, complementaria de las normas ya vigentes.
El mandatario habló del tema y lanzó algunas precisiones respecto a cómo se plantearán las audiencias públicas y consultas populares que eventualmente se concreten ante proyectos con evidente impacto ambiental y social, en el marco de la nueva ley.
Por lo pronto, anticipó que, si el proyecto es aprobado en el corto plazo en la Unicameral, debutará con la instalación de Monsanto.
“Como ciudadano tengo derecho a opinar si quiero que se instale o no una empresa en el lugar donde vivo. Para eso se prevé la realización de audiencias antes de la aprobación y, si no fueran suficientes, existe la posibilidad de un plebiscito donde cada localidad diga ‘quiero’ o ‘no quiero’; me parece que allí con el intendente de Malvinas Argentinas (Daniel Arzani) compartimos el criterio. Si la Legislatura aprueba esta ley, la primera aplicación va a ser el tema Monsanto”, señaló De la Sota a Cadena 3 en el marco de su visita a Expoagro en San Nicolás (Buenos Aires).
Ayer, este medio había publicado que, a decir del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, la norma en estudio en la Legislatura,llegaba con el “espíritu” de respetar la decisión final de los pobladores en los que se quiera radicar un proyecto con impacto ambiental.
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Monsanto a punto de ser vencido en Córdoba
Podrían cancelar el permiso a Monsanto
Fecha de Publicación: 10/03/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, analiza con abogados los alcances jurídicos de la ordenanza que otorgó el permiso de obra a la multinacional estadounidense. Un artículo de la normativa lo faculta a “caducar de pleno derecho” esa autorización.
Después de que Monsanto ratificó en las últimas horas su inversión en Córdoba, ateniéndose a las nuevas reglas oficiales, el municipio de Malvinas Argentinas estudia los pasos legales, incluso los que lo habilitarían a cancelar el permiso de construcción de la planta.
En el peor de los escenarios para la multinacional estadounidense, la Municipalidad de Malvinas Argentinas podría decidir remover el permiso para la instalación del semillero de maíz, que quedó en suspenso tras la no autorización provincial al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía.
El artículo 5 de la ordenanza 821 (aprobada el 10 de enero de 2013), es el instrumento legal que tiene a mano el municipio del Gran Córdoba para protegerse de una potencial demanda por parte de Monsanto y, por otra cuerda, dejar sin argumentos a los activistas que se oponen al proyecto y así garantizar la tranquilidad de sus habitantes.
El intendente radical Daniel Arzani reconoció ayer a La Voz del Interior que en esa línea el municipio “está trabajando” junto con abogados, especialistas en derecho administrativo, e incluso admitió que, llegado el caso, su administración podría resolver “caducar el permiso” de la radicación.
Qué dice la ordenanza
Según el artículo 5 de la ordenanza 821, aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto Argentina de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Los abogados del municipio estudian cómo afecta a la administración local la resolución de Ambiente de la Provincia que no aceptó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto y que frenó el emprendimiento agroindustrial.
Según se interpreta, por la ordenanza 821 se caería la autorización por el no cumplimiento y Monsanto debería iniciar todos los trámites de nuevo, desde cero. Pero, en la aplicación más drástica del artículo 5, Malvinas Argentinas “puede aprobar o desaprobar” la radicación.
Sobre este punto y ante la consulta específica de este diario, Arzani se mostró cauto y afirmó: “El alcance respecto de si se aprobará o no la inversión, no lo puedo adelantar. Es lo que estamos evaluando, punto por punto. Tomaremos el tiempo que haga falta; debemos ser prolijos también en la información que damos a la sociedad”.
No obstante, el intendente observó que la resolución de Ambiente sobre el informe de impacto ambiental “en ningún lado dice que se rechaza; dice ‘no autoriza’, lo que la empresa puede presentar uno nuevo”, y de este modo, no puede darse por totalmente anulada la radicación.
En lo formal, ni la Provincia ni el municipio le cerraron totalmente las puertas a la inversión.
¿La última palabra?
En sus últimas declaraciones sobre el caso, el gobernador José Manuel de la Sota sostuvo que “lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Rechazó el estudio de impacto ambiental. Ahora, si la Municipalidad va a revocar la autorización, eso no le compete a la Provincia”, en lo que se entendió como un intento por dejar la última palabra al intendente Arzani.
La ordenanza en cuestión, que fue la que otorgó el permiso de obra a Monsanto, enfrenta nuevos condimentos, como la no autorización del estudio de impacto ambiental, el avenimiento de la empresa de recomenzar ese punto evaluatorio y el nuevo marco legal que anunció como proyecto el gobernador. De manera que el municipio también deberá contemplar estos aspectos.
Según Arzani, la nueva ley ambiental “dará posibilidades de expresarse a la sociedad”, a través de los mecanismos de consulta que se fijen en la norma. “Me imagino que después de semejante exposición pública (del caso Monsanto), los legisladores evaluarán debidamente este aspecto”.
“Estuve personalmente con el gobernador y me parece que la prioridad número uno es la paz social; es un tema que se tiene que resolver, no se puede dejar pendiente todo el tiempo. La empresa se dio el lujo de presentar un estudio incompleto; todos corremos riesgos y enfrentamos responsabilidades. Ellos (por Monsanto) se tienen que preocupar por la inversión; quien debería hacer las cosas correctamente es la empresa”, insistió el intendente.
Arzani se mostró preocupado por resguardar al municipio de eventuales demandas económicas: “Tenemos que usar un criterio para que el día de mañana no tengamos un juicio”, reconoció.
Clave legal
Ordenanza 821. Fue aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas en enero de 2013, otorgándole a Monsanto Argentina el permiso de obra correspondiente a la primera etapa de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz en esta localidad del Gran Córdoba.
Qué dice el artículo 5º. Consigna que “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Interpretación. Los abogados del municipio analizan si la no aprobación del informe de impacto ambiental por parte de la Provincia habilita a Malvinas Argentinas a desaprobar la inversión.
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Fecha de Publicación: 10/03/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, analiza con abogados los alcances jurídicos de la ordenanza que otorgó el permiso de obra a la multinacional estadounidense. Un artículo de la normativa lo faculta a “caducar de pleno derecho” esa autorización.
Después de que Monsanto ratificó en las últimas horas su inversión en Córdoba, ateniéndose a las nuevas reglas oficiales, el municipio de Malvinas Argentinas estudia los pasos legales, incluso los que lo habilitarían a cancelar el permiso de construcción de la planta.
En el peor de los escenarios para la multinacional estadounidense, la Municipalidad de Malvinas Argentinas podría decidir remover el permiso para la instalación del semillero de maíz, que quedó en suspenso tras la no autorización provincial al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía.
El artículo 5 de la ordenanza 821 (aprobada el 10 de enero de 2013), es el instrumento legal que tiene a mano el municipio del Gran Córdoba para protegerse de una potencial demanda por parte de Monsanto y, por otra cuerda, dejar sin argumentos a los activistas que se oponen al proyecto y así garantizar la tranquilidad de sus habitantes.
El intendente radical Daniel Arzani reconoció ayer a La Voz del Interior que en esa línea el municipio “está trabajando” junto con abogados, especialistas en derecho administrativo, e incluso admitió que, llegado el caso, su administración podría resolver “caducar el permiso” de la radicación.
Qué dice la ordenanza
Según el artículo 5 de la ordenanza 821, aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto Argentina de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Los abogados del municipio estudian cómo afecta a la administración local la resolución de Ambiente de la Provincia que no aceptó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto y que frenó el emprendimiento agroindustrial.
Según se interpreta, por la ordenanza 821 se caería la autorización por el no cumplimiento y Monsanto debería iniciar todos los trámites de nuevo, desde cero. Pero, en la aplicación más drástica del artículo 5, Malvinas Argentinas “puede aprobar o desaprobar” la radicación.
Sobre este punto y ante la consulta específica de este diario, Arzani se mostró cauto y afirmó: “El alcance respecto de si se aprobará o no la inversión, no lo puedo adelantar. Es lo que estamos evaluando, punto por punto. Tomaremos el tiempo que haga falta; debemos ser prolijos también en la información que damos a la sociedad”.
No obstante, el intendente observó que la resolución de Ambiente sobre el informe de impacto ambiental “en ningún lado dice que se rechaza; dice ‘no autoriza’, lo que la empresa puede presentar uno nuevo”, y de este modo, no puede darse por totalmente anulada la radicación.
En lo formal, ni la Provincia ni el municipio le cerraron totalmente las puertas a la inversión.
¿La última palabra?
En sus últimas declaraciones sobre el caso, el gobernador José Manuel de la Sota sostuvo que “lo que tenía que hacer la Provincia ya lo hizo. Rechazó el estudio de impacto ambiental. Ahora, si la Municipalidad va a revocar la autorización, eso no le compete a la Provincia”, en lo que se entendió como un intento por dejar la última palabra al intendente Arzani.
La ordenanza en cuestión, que fue la que otorgó el permiso de obra a Monsanto, enfrenta nuevos condimentos, como la no autorización del estudio de impacto ambiental, el avenimiento de la empresa de recomenzar ese punto evaluatorio y el nuevo marco legal que anunció como proyecto el gobernador. De manera que el municipio también deberá contemplar estos aspectos.
Según Arzani, la nueva ley ambiental “dará posibilidades de expresarse a la sociedad”, a través de los mecanismos de consulta que se fijen en la norma. “Me imagino que después de semejante exposición pública (del caso Monsanto), los legisladores evaluarán debidamente este aspecto”.
“Estuve personalmente con el gobernador y me parece que la prioridad número uno es la paz social; es un tema que se tiene que resolver, no se puede dejar pendiente todo el tiempo. La empresa se dio el lujo de presentar un estudio incompleto; todos corremos riesgos y enfrentamos responsabilidades. Ellos (por Monsanto) se tienen que preocupar por la inversión; quien debería hacer las cosas correctamente es la empresa”, insistió el intendente.
Arzani se mostró preocupado por resguardar al municipio de eventuales demandas económicas: “Tenemos que usar un criterio para que el día de mañana no tengamos un juicio”, reconoció.
Clave legal
Ordenanza 821. Fue aprobada por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas en enero de 2013, otorgándole a Monsanto Argentina el permiso de obra correspondiente a la primera etapa de la planta de acondicionamiento de semillas de maíz en esta localidad del Gran Córdoba.
Qué dice el artículo 5º. Consigna que “la falta de cumplimiento por parte de Monsanto de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra”.
Interpretación. Los abogados del municipio analizan si la no aprobación del informe de impacto ambiental por parte de la Provincia habilita a Malvinas Argentinas a desaprobar la inversión.
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