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Modificación de la 7.722 en la incertidumbre
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Los proyectos para modificar la Ley antiminera quedaron estancados
Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Aseguran que están siendo estudiados pero esta semana los legisladores ni siquiera se reunieron
Parte del peronismo y del resto de la oposición frenaron los proyectos para modificar la Ley 7.722, conocida como antiminera, y estos podría no llegar a tratarse antes de fin de año.
Si bien no dan la discusión por terminada, los legisladores Alejandro Abraham (UC) y Juan Antonio Agulles (PJ), los autores de los proyectos con los que se pensaba reactivar el tema de minería, confirmaron que ayer no se pudieron firmar los despachos de ambas iniciativas, en las tres comisiones que las estudian: Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente e Hidrocarburos.
Los legisladores se venían juntando todos los jueves en la mañana, esta semana la reunión se suspendió.
"Los dictámenes están listos, pero los legisladores los están estudiando", manifestó Agulles.
El senador Marcelo Romano (PI) quien es un férreo contrincante de la minería, aseguró: "El proyecto está en manos del gobierno, Alfredo Cornejo es un cobarde que no quiere dar la cara y decir que apoya la actividad minera".
Ahora, el desafío para el oficialismo y para ambos legisladores es intentar sacarlo adelante antes de fin de año, ya que el 2019 es electoral y ambos proyectos se pueden mezclar con lo electoral.
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Fecha de Publicación: 11/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Aseguran que están siendo estudiados pero esta semana los legisladores ni siquiera se reunieron
Parte del peronismo y del resto de la oposición frenaron los proyectos para modificar la Ley 7.722, conocida como antiminera, y estos podría no llegar a tratarse antes de fin de año.
Si bien no dan la discusión por terminada, los legisladores Alejandro Abraham (UC) y Juan Antonio Agulles (PJ), los autores de los proyectos con los que se pensaba reactivar el tema de minería, confirmaron que ayer no se pudieron firmar los despachos de ambas iniciativas, en las tres comisiones que las estudian: Legislación y Asuntos Constitucionales, Ambiente e Hidrocarburos.
Los legisladores se venían juntando todos los jueves en la mañana, esta semana la reunión se suspendió.
"Los dictámenes están listos, pero los legisladores los están estudiando", manifestó Agulles.
El senador Marcelo Romano (PI) quien es un férreo contrincante de la minería, aseguró: "El proyecto está en manos del gobierno, Alfredo Cornejo es un cobarde que no quiere dar la cara y decir que apoya la actividad minera".
Ahora, el desafío para el oficialismo y para ambos legisladores es intentar sacarlo adelante antes de fin de año, ya que el 2019 es electoral y ambos proyectos se pueden mezclar con lo electoral.
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El proyecto de Vale de interés de China
El gobierno chino interesado en el potasio de Mendoza
Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Reactivar el proyecto de Vale requiere una inversión de U$S 1.500 millones y el precio internacional del mineral desalienta a las empresas.
El Gobierno de Mendoza espera que antes de fin de año una delegación del ente chino que se encarga de la producción e importación de potasio (la Shanghai Potash) visite la provincia, particularmente el sur de Malargüe, para estudiar la reingeniería del proyecto minero Potasio Río Colorado a fin de evaluar una posible inversión. Para avanzar con la explotación se necesitan unos U$S 1.500 millones y un inversor que desarrolle un negocio a “mediano y largo plazo” para poner a producir la mina.
Desde el 2013, cuando la minera Vale adujo problemas económicos por la abrupta caída del precio del mineral a nivel mundial y suspendió el proyecto, hubo más de un interesado en retomar los trabajos en el sur mendocino. El Gobierno mantuvo conversaciones con empresarios ingleses, australianos y estadounidenses, pero todos evaluaron que en este contexto internacional no resulta atractivo sumar mayor oferta de potasio.
Según explicó el subsecretario de Energía de la provincia, Emilio Guiñazú, el mercado mundial mueve 60 millones de toneladas de potasio al año, pero tiene una capacidad de abastecimiento de 80 millones anuales. Ese excedente de 20 millones fue el que hizo caer el precio de más de 600 dólares por tonelada al precio actual, estimado en 200 dólares por tonelada.
“En ese contexto una inversión nueva le agregaría producción al mercado (y aumentaría el excedente). Por eso no resulta atractivo el proyecto para quienes ya tienen están en el negocio”, explicó el funcionario de Energía.
La particularidad china
La situación de los inversores chinos es diferente a la de las empresas de otras partes del mundo, porque son ellos quienes marcan el ritmo al mercado mundial del potasio.
Ese país consume el 20% del potasio mundial e importa el 50% de lo que consume.
“Ellos mostraron mucho interés en el proyecto y los invitamos a visitar la provincia. Recientemente confirmaron que vienen y comenzamos a preparar los papeles para sus visas. Antes de fin de año esperamos tener la delegación de China haciendo una inspección de Potasio Río Colorado”, agregó Guiñazú.
De acuerdo con el funcionario, el país asiático proyecta sus inversiones mirando hacia los próximos 50 años, entendiendo que evaluar el mercado a cinco años (cuando el precio del potasio podría subir y aumentar la rentabilidad) es mirar a corto plazo.
El objetivo de Mendoza
En 2009, cuando llegó Vale a la provincia, el precio del potasio alcanzaba su máximo valor por tonelada (más de 600 dólares). En ese momento la brasileña había comprometido una inversión de U$S 6.300 millones para extraer cuatro millones de toneladas por año.
En abril del año 2016 se comenzó a trabajar en la reingeniería del proyecto para reducir la inversión a alrededor de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas.
De acuerdo con Guiñazú, estos números habrían sido del agrado de los funcionarios chinos.
A principios de noviembre, el ministro de Economía de la provincia, Martín Kerchner, mantuvo una reunión con Wei Chengguang, presidente de la Shanghai Potash, durante su viaje por Asia y desde su cartera esperan que dentro de poco la misión comercial de sus primeros frutos.
“Cuando arrancamos la gestión nos juntamos con Vale para hacer una reingeniería de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas por año. Sigue siendo un número importante y quien entre al proyecto tiene que tener una mirada de largo plazo. China sabe que en cuatro o cinco años la demanda será mayor y producirá un aumento en el precio del potasio”, indicó Guiñazú y agregó que aunque el proyecto de reactivación será a mediano plazo y excederá a la actual gestión, “el objetivo es que el yacimiento se reactive y se requiere una visión estratégica del asunto”.
La provincia es protagonista de las inversiones asiáticas
En el marco de las reuniones que mantuvo el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping la semana pasada en el G20, se firmó un Memorándum de Entendimiento para el Área de Minería por el que las partes se comprometen a “llevar a cabo la cooperación para la investigación, exploración y explotación de productos minerales como el litio, el cobre y las sales de potasio”.
No se menciona a la provincia y, de acuerdo con fuentes del Gobierno Nacional, se trata de una “carta de intención sobre la que hay que negociar”. Sin embargo, en principio se habla de inversiones de entre 5.500 millones y 6.500 millones de dólares de inversión China en minería Argentina, y sólo el proyecto en Malargüe requiere 1.500 millones de dólares.
Extracción de oro y cobre en Uspallata
Los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Aguelles presentaron un proyecto que le permitiría a la minera San Jorge avanzar con la extracción de oro y cobre en Uspallata.
La iniciativa, que propone modificar la ley 7.722, obtuvo un discreto apoyo del gobierno provincial y esperanzaron al sector minero. Es que si bien el texto mantiene la prohibición al cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, se agregaría una frase al párrafo más controversial. En lugar de decir “y otras sustancias similares”, dirá “y otras sustancias que puedan afectar los recursos hídricos”.
Así, con una buena planificación ambiental, proyectos como Cerro Amarillo, Hierro Indio y la extracción de oro y cobre que planea hacer San Jorge en Uspallata, tendrían una posibilidad de realizarse.
La propuesta de los senadores se discutirán la próxima semana, pero en lo inmediato el Subsecretario de Energía de la Provincia, Emilio Guiñazú, aseguró que el plan de San Jorge no están en condiciones de ponerse en marcha.
No obstante aclaró que la minera deberá actualizar su informe de impacto ambiental y cumplir con los pasos que la ley exige.
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Fecha de Publicación: 10/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Reactivar el proyecto de Vale requiere una inversión de U$S 1.500 millones y el precio internacional del mineral desalienta a las empresas.
El Gobierno de Mendoza espera que antes de fin de año una delegación del ente chino que se encarga de la producción e importación de potasio (la Shanghai Potash) visite la provincia, particularmente el sur de Malargüe, para estudiar la reingeniería del proyecto minero Potasio Río Colorado a fin de evaluar una posible inversión. Para avanzar con la explotación se necesitan unos U$S 1.500 millones y un inversor que desarrolle un negocio a “mediano y largo plazo” para poner a producir la mina.
Desde el 2013, cuando la minera Vale adujo problemas económicos por la abrupta caída del precio del mineral a nivel mundial y suspendió el proyecto, hubo más de un interesado en retomar los trabajos en el sur mendocino. El Gobierno mantuvo conversaciones con empresarios ingleses, australianos y estadounidenses, pero todos evaluaron que en este contexto internacional no resulta atractivo sumar mayor oferta de potasio.
Según explicó el subsecretario de Energía de la provincia, Emilio Guiñazú, el mercado mundial mueve 60 millones de toneladas de potasio al año, pero tiene una capacidad de abastecimiento de 80 millones anuales. Ese excedente de 20 millones fue el que hizo caer el precio de más de 600 dólares por tonelada al precio actual, estimado en 200 dólares por tonelada.
“En ese contexto una inversión nueva le agregaría producción al mercado (y aumentaría el excedente). Por eso no resulta atractivo el proyecto para quienes ya tienen están en el negocio”, explicó el funcionario de Energía.
La particularidad china
La situación de los inversores chinos es diferente a la de las empresas de otras partes del mundo, porque son ellos quienes marcan el ritmo al mercado mundial del potasio.
Ese país consume el 20% del potasio mundial e importa el 50% de lo que consume.
“Ellos mostraron mucho interés en el proyecto y los invitamos a visitar la provincia. Recientemente confirmaron que vienen y comenzamos a preparar los papeles para sus visas. Antes de fin de año esperamos tener la delegación de China haciendo una inspección de Potasio Río Colorado”, agregó Guiñazú.
De acuerdo con el funcionario, el país asiático proyecta sus inversiones mirando hacia los próximos 50 años, entendiendo que evaluar el mercado a cinco años (cuando el precio del potasio podría subir y aumentar la rentabilidad) es mirar a corto plazo.
El objetivo de Mendoza
En 2009, cuando llegó Vale a la provincia, el precio del potasio alcanzaba su máximo valor por tonelada (más de 600 dólares). En ese momento la brasileña había comprometido una inversión de U$S 6.300 millones para extraer cuatro millones de toneladas por año.
En abril del año 2016 se comenzó a trabajar en la reingeniería del proyecto para reducir la inversión a alrededor de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas.
De acuerdo con Guiñazú, estos números habrían sido del agrado de los funcionarios chinos.
A principios de noviembre, el ministro de Economía de la provincia, Martín Kerchner, mantuvo una reunión con Wei Chengguang, presidente de la Shanghai Potash, durante su viaje por Asia y desde su cartera esperan que dentro de poco la misión comercial de sus primeros frutos.
“Cuando arrancamos la gestión nos juntamos con Vale para hacer una reingeniería de U$S 1.500 millones para producir 1,4 millones de toneladas por año. Sigue siendo un número importante y quien entre al proyecto tiene que tener una mirada de largo plazo. China sabe que en cuatro o cinco años la demanda será mayor y producirá un aumento en el precio del potasio”, indicó Guiñazú y agregó que aunque el proyecto de reactivación será a mediano plazo y excederá a la actual gestión, “el objetivo es que el yacimiento se reactive y se requiere una visión estratégica del asunto”.
La provincia es protagonista de las inversiones asiáticas
En el marco de las reuniones que mantuvo el presidente Mauricio Macri con su par chino Xi Jinping la semana pasada en el G20, se firmó un Memorándum de Entendimiento para el Área de Minería por el que las partes se comprometen a “llevar a cabo la cooperación para la investigación, exploración y explotación de productos minerales como el litio, el cobre y las sales de potasio”.
No se menciona a la provincia y, de acuerdo con fuentes del Gobierno Nacional, se trata de una “carta de intención sobre la que hay que negociar”. Sin embargo, en principio se habla de inversiones de entre 5.500 millones y 6.500 millones de dólares de inversión China en minería Argentina, y sólo el proyecto en Malargüe requiere 1.500 millones de dólares.
Extracción de oro y cobre en Uspallata
Los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Antonio Aguelles presentaron un proyecto que le permitiría a la minera San Jorge avanzar con la extracción de oro y cobre en Uspallata.
La iniciativa, que propone modificar la ley 7.722, obtuvo un discreto apoyo del gobierno provincial y esperanzaron al sector minero. Es que si bien el texto mantiene la prohibición al cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, se agregaría una frase al párrafo más controversial. En lugar de decir “y otras sustancias similares”, dirá “y otras sustancias que puedan afectar los recursos hídricos”.
Así, con una buena planificación ambiental, proyectos como Cerro Amarillo, Hierro Indio y la extracción de oro y cobre que planea hacer San Jorge en Uspallata, tendrían una posibilidad de realizarse.
La propuesta de los senadores se discutirán la próxima semana, pero en lo inmediato el Subsecretario de Energía de la Provincia, Emilio Guiñazú, aseguró que el plan de San Jorge no están en condiciones de ponerse en marcha.
No obstante aclaró que la minera deberá actualizar su informe de impacto ambiental y cumplir con los pasos que la ley exige.
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Dietrich a favor de las mineras en Mendoza
Dietrich: “Mendoza tiene subdesarrollada la Cordillera y en Chile es fuente de desarrollo”
Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro aseguró que la actividad minera siempre que sea sustentable “es una gran oportunidad para la generación de empleo”.
Mendoza está en plena discusión por la modificación de la ley 7.722, que abriría el camino al desarrollo de la minería a gran escala si se aprueban los proyectos de los senadores peronistas Juan Agulles y Alejandro Abraham.
No obstante, aún la discusión está frenada por propias inseguridades del peronismo, que no tiene previsto por el momento asumir con el “costo político”, mientras que el radicalismo espera que se tome este tema como una política de estado.
Desde el Centro Internacional de Medios (IMC) del G20, el ministro Guillermo Dietrich, opinó a Los Andes que es necesario que Mendoza y el país desarrolle con fuerza la actividad minera, sobre todo por la “oportunidad de generar empleo y desarrollo”.
De todas maneras, hizo hincapié en que debe ser bajo estrictos controles y estándares de sustentabilidad. “Teniendo en cuenta eso, se puede, la minería es una actividad que genera muchos recursos con impuestos que se quedan en la provincia y la nación”.
En ese sentido, sostuvo que se debe mirar cómo el país trasandino ha hecho del desarrollo minero una actividad clave.
“Mendoza tiene a su lado Chile, tenemos la misma Cordillera, la nuestra está totalmente subdesarrollada, mientras que la chilena ha sido una de las fuentes para el desarrollo. Esta es una gran oportunidad para que lleguen inversiones”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro aseguró que la actividad minera siempre que sea sustentable “es una gran oportunidad para la generación de empleo”.
Mendoza está en plena discusión por la modificación de la ley 7.722, que abriría el camino al desarrollo de la minería a gran escala si se aprueban los proyectos de los senadores peronistas Juan Agulles y Alejandro Abraham.
No obstante, aún la discusión está frenada por propias inseguridades del peronismo, que no tiene previsto por el momento asumir con el “costo político”, mientras que el radicalismo espera que se tome este tema como una política de estado.
Desde el Centro Internacional de Medios (IMC) del G20, el ministro Guillermo Dietrich, opinó a Los Andes que es necesario que Mendoza y el país desarrolle con fuerza la actividad minera, sobre todo por la “oportunidad de generar empleo y desarrollo”.
De todas maneras, hizo hincapié en que debe ser bajo estrictos controles y estándares de sustentabilidad. “Teniendo en cuenta eso, se puede, la minería es una actividad que genera muchos recursos con impuestos que se quedan en la provincia y la nación”.
En ese sentido, sostuvo que se debe mirar cómo el país trasandino ha hecho del desarrollo minero una actividad clave.
“Mendoza tiene a su lado Chile, tenemos la misma Cordillera, la nuestra está totalmente subdesarrollada, mientras que la chilena ha sido una de las fuentes para el desarrollo. Esta es una gran oportunidad para que lleguen inversiones”, finalizó.
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Mendoza: productores se oponen a cambios en la 7722
"Sí al agua pura, no a la minería”: productores de Mendoza defienden la ley 7722 con un camionetazo
Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Mendoza
Convocados por la Sociedad Rural de Valle de Uco, marchan hacia la Legislatura para protestar por la modificación de la norma. "La 7722 no se toca" es la consigna.
Convocados por la Sociedad Rural del Valle de Uco, productores mendocinos realizan desde esta mañana un “camionetazo” en defensa de la ley 7722 y en contra de la minería.
“Sí al agua pura, no a la minería”, expresan los productores de la zona, que partieron hacia la Legislatura a las 6.30 desde el cruce de San Carlos junto con sus pares de Alvear. En tanto, en Zapata se sumaron productores de Tunuyán y Tupungato, mientras que en el Cóndor adhirió el este provincial.
El reclamo se originó a partir de la intención de los legisladores de Mendoza de modificar la ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias en la actividad minera.
“Diversas opiniones científicas demuestran el alto riesgo que la industria de la minería genera, una industria que usando los componentes químicos que propone, coloca en riesgo la calidad de nuestras aguas”, señalaron desde la Rural de Valle de Uco, que aseguró que en las audiencias públicas para cambiar la norma se evidenciaron las “relaciones económicas de poder”.
En ese sentido, los productores dijeron que la ley “es acompañada por juristas, científicos, organizaciones sociales” además del sector primario, al que consideraron “el primero en recibir el agua que viene de nuestra cordillera”.
“Somos la segunda economía regional del país (en relación a la medida en inversión que hace el productor) pero tenemos innumerables problemas. Esta situación tiene responsables directos y, como si fuera poco, nos ponen en riesgo el agua, recurso estratégico, eje de nuestra actividad y desarrollo”, dispararon desde la entidad.
En tanto, se refirieron a la presión impositiva y la falta de asistencia financiera del sector, que “favoreció a la concentración económica” que “está en manos de las bodegas, galpones de empaque, que pagan precios viles, sin un Estado que aplique las leyes vigentes y que impida estas posiciones dominantes”.
“¿Creen que podemos confiar en los controles de un Estado que abandonó a sus productores y ahora va a permitir que le saquen el agua con un rango de escasez declarada por irrigación? Rescatando algunas excepciones, ¿qué ha hecho la política para recuperar a tantos productores expulsados? Lo único que se les ocurrió es hablar de ampliar la matriz productiva, pero eliminando la que ya tienen”, reflexionaron los productores mendocinos.
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Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Mendoza
Convocados por la Sociedad Rural de Valle de Uco, marchan hacia la Legislatura para protestar por la modificación de la norma. "La 7722 no se toca" es la consigna.
Convocados por la Sociedad Rural del Valle de Uco, productores mendocinos realizan desde esta mañana un “camionetazo” en defensa de la ley 7722 y en contra de la minería.
“Sí al agua pura, no a la minería”, expresan los productores de la zona, que partieron hacia la Legislatura a las 6.30 desde el cruce de San Carlos junto con sus pares de Alvear. En tanto, en Zapata se sumaron productores de Tunuyán y Tupungato, mientras que en el Cóndor adhirió el este provincial.
El reclamo se originó a partir de la intención de los legisladores de Mendoza de modificar la ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias en la actividad minera.
“Diversas opiniones científicas demuestran el alto riesgo que la industria de la minería genera, una industria que usando los componentes químicos que propone, coloca en riesgo la calidad de nuestras aguas”, señalaron desde la Rural de Valle de Uco, que aseguró que en las audiencias públicas para cambiar la norma se evidenciaron las “relaciones económicas de poder”.
En ese sentido, los productores dijeron que la ley “es acompañada por juristas, científicos, organizaciones sociales” además del sector primario, al que consideraron “el primero en recibir el agua que viene de nuestra cordillera”.
“Somos la segunda economía regional del país (en relación a la medida en inversión que hace el productor) pero tenemos innumerables problemas. Esta situación tiene responsables directos y, como si fuera poco, nos ponen en riesgo el agua, recurso estratégico, eje de nuestra actividad y desarrollo”, dispararon desde la entidad.
En tanto, se refirieron a la presión impositiva y la falta de asistencia financiera del sector, que “favoreció a la concentración económica” que “está en manos de las bodegas, galpones de empaque, que pagan precios viles, sin un Estado que aplique las leyes vigentes y que impida estas posiciones dominantes”.
“¿Creen que podemos confiar en los controles de un Estado que abandonó a sus productores y ahora va a permitir que le saquen el agua con un rango de escasez declarada por irrigación? Rescatando algunas excepciones, ¿qué ha hecho la política para recuperar a tantos productores expulsados? Lo único que se les ocurrió es hablar de ampliar la matriz productiva, pero eliminando la que ya tienen”, reflexionaron los productores mendocinos.
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La reforma de la ley 7.722 con final abierto
No se debatirán cambios a la ley minera si no hay consenso
Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En el PJ hay puja entre legisladores a favor y en contra y podría declararse la libertad de acción para los bloques.
El Senado provincial está en proceso de discusión de los proyectos de reforma de la ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza. Las dos iniciativas del peronismo, una del kirchnerista Alejandro Abraham, y la otra del peronista orgánico Juan Agulles, deberán contar primero con el aval de las comisiones internas de la Cámara Baja, aunque desde la Legislatura ya adelantaron que no se dará la discusión en el recinto si no están los votos necesarios para que se logre la aprobación.
Durante varias semanas participaron diferentes actores de la sociedad, quienes expresaron con opiniones, posturas y también investigaciones, la necesidad o no de reformar una de las leyes que ha generado polémica cada vez que se ha hablado del tema de ampliación de la matriz productiva, con el desarrollo minero a gran escala.
Los proyectos, que llevan días de debate, se encuentran en las comisiones de senadores de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hidrocarburos y Ambiente. Allí, durante cinco semanas pasaron funcionarios de Gobierno, asambleístas del cuidado del agua, especialistas en geología, gremios, cámaras empresariales y profesionales que han estudiado el tema, quienes dieron sus opiniones sobre la 7.722, que rige desde hace más de 10 años.
El jueves pasado concluyeron estas audiencias, por lo que ahora se verá lo estrictamente político, debido a que el proyecto de reforma de la llamada "ley antiminera", deberá conseguir primero despacho, es decir, la aprobación de la mitad más uno de los legisladores que integran las comisiones, para que se trate sobre tablas en la sesión del Senado.
El gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que no impulsará la derogación de la 7.722 sino hay alto consenso político y manifestó que cree que se necesita ser reformada, tal como propusieron Agulles y Abraham.
“La minería es una industria lícita, pese a que la mayoría de los mendocinos cree lo contrario. Nosotros hemos generado un nuevo clima para el debate de esa ley y que no se dé demagógicamente”, agregó el mandatario.
Además agregó que “están aquellos que dicen que la minería es peor que la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno quiere cambiar, meten miedo. La estrategia del miedo es la más cobarde a esta altura de la cultura mundial”, completó.
Panorama legislativo
Las posturas políticas no están todavía planteadas por un sí o por el no a la modificación del proyecto, salvo algunas expresiones de manera individual.
En el frente Cambia Mendoza, el jefe de bloque radical, Diego Costarelli, aseguró que, salvo Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), no hay grandes disidencias para rechazar las reformas, que han sido avaladas por el Gobernador y algunos funcionarios, como el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú; o el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
No obstante, en base a lo que pueda ocurrir en las comisiones, luego tendrán reuniones de bloque para sentar las posturas y opiniones de algunos legisladores representantes de departamentos con más resistencia a la reforma de la 7.722, como puede ser General Alvear o las comunas del Valle de Uco.
Sin embargo, el ánimo que reina en el bloque oficialista es no ser impulsores de las modificaciones. La palabra “consenso” dicha por Cornejo resuena en los rumores: el oficialismo se sentará a votar, siempre y cuando haya voluntades dispuestas a hacerlo en la oposición. Tiene que haber una mayoría para aprobar las enmiendas o no se llega al recinto.
En el Partido Justicialista, todo indica que las diferencias estarán más vivas que nunca, aun teniendo en cuenta que ha sido el partido propulsor de las reformas, y también que ha destacado la necesidad de unión en la Legislatura que promueve la nueva dirigencia, que tiene a Guillermo Carmona como presidente.
Patricia Fadel, jefa de bloque del PJ orgánico, adelantó que ella está en contra de la reforma de la 7.722 y señaló que en los próximos días se realizarán reuniones entre el PJ, Unidad Ciudadana y la nueva dirigencia, para resolver este tema.
“Como tenemos que intentar mantener la unidad, y este es un tema que nos puede desunir, quizás lograr libertad de acción sería la mejor medida a tomar”, señaló la legisladora.
No obstante, el autor de uno de los proyectos, Alejandro Abraham, indicó que para evitar las especulaciones políticas, quizás lo mejor sería que no haya individualismos y se determine una “política de estado” entre los diferentes partidos.
Para eso se buscará realizar los retoques necesarios al proyecto para “sacar la mejor ley posible. De las exposiciones recibimos muy buenas propuestas para mejorar el proyecto”, señaló el ex intendente de Guaymallén.
En este sentido, las ideas van desde agregar controles internacionales hasta destinar más recursos de las regalías mineras para mejorar la infraestructura del riego agropecuario, entre otros.
Finalmente, desde el Frente de Izquierda se han mostrado desde el comienzo en contra de la modificación de la 7.722; mientras que en el fragmentado Partido Intransigente, Marcelo Romano (Protectora) también se opone a los cambios, aunque los demás senadores (Daniel Galdeano y Héctor Bonarrico) aún no definieron su postura.
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Fecha de Publicación: 25/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En el PJ hay puja entre legisladores a favor y en contra y podría declararse la libertad de acción para los bloques.
El Senado provincial está en proceso de discusión de los proyectos de reforma de la ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza. Las dos iniciativas del peronismo, una del kirchnerista Alejandro Abraham, y la otra del peronista orgánico Juan Agulles, deberán contar primero con el aval de las comisiones internas de la Cámara Baja, aunque desde la Legislatura ya adelantaron que no se dará la discusión en el recinto si no están los votos necesarios para que se logre la aprobación.
Durante varias semanas participaron diferentes actores de la sociedad, quienes expresaron con opiniones, posturas y también investigaciones, la necesidad o no de reformar una de las leyes que ha generado polémica cada vez que se ha hablado del tema de ampliación de la matriz productiva, con el desarrollo minero a gran escala.
Los proyectos, que llevan días de debate, se encuentran en las comisiones de senadores de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hidrocarburos y Ambiente. Allí, durante cinco semanas pasaron funcionarios de Gobierno, asambleístas del cuidado del agua, especialistas en geología, gremios, cámaras empresariales y profesionales que han estudiado el tema, quienes dieron sus opiniones sobre la 7.722, que rige desde hace más de 10 años.
El jueves pasado concluyeron estas audiencias, por lo que ahora se verá lo estrictamente político, debido a que el proyecto de reforma de la llamada "ley antiminera", deberá conseguir primero despacho, es decir, la aprobación de la mitad más uno de los legisladores que integran las comisiones, para que se trate sobre tablas en la sesión del Senado.
El gobernador Alfredo Cornejo ya adelantó que no impulsará la derogación de la 7.722 sino hay alto consenso político y manifestó que cree que se necesita ser reformada, tal como propusieron Agulles y Abraham.
“La minería es una industria lícita, pese a que la mayoría de los mendocinos cree lo contrario. Nosotros hemos generado un nuevo clima para el debate de esa ley y que no se dé demagógicamente”, agregó el mandatario.
Además agregó que “están aquellos que dicen que la minería es peor que la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno quiere cambiar, meten miedo. La estrategia del miedo es la más cobarde a esta altura de la cultura mundial”, completó.
Panorama legislativo
Las posturas políticas no están todavía planteadas por un sí o por el no a la modificación del proyecto, salvo algunas expresiones de manera individual.
En el frente Cambia Mendoza, el jefe de bloque radical, Diego Costarelli, aseguró que, salvo Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), no hay grandes disidencias para rechazar las reformas, que han sido avaladas por el Gobernador y algunos funcionarios, como el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú; o el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
No obstante, en base a lo que pueda ocurrir en las comisiones, luego tendrán reuniones de bloque para sentar las posturas y opiniones de algunos legisladores representantes de departamentos con más resistencia a la reforma de la 7.722, como puede ser General Alvear o las comunas del Valle de Uco.
Sin embargo, el ánimo que reina en el bloque oficialista es no ser impulsores de las modificaciones. La palabra “consenso” dicha por Cornejo resuena en los rumores: el oficialismo se sentará a votar, siempre y cuando haya voluntades dispuestas a hacerlo en la oposición. Tiene que haber una mayoría para aprobar las enmiendas o no se llega al recinto.
En el Partido Justicialista, todo indica que las diferencias estarán más vivas que nunca, aun teniendo en cuenta que ha sido el partido propulsor de las reformas, y también que ha destacado la necesidad de unión en la Legislatura que promueve la nueva dirigencia, que tiene a Guillermo Carmona como presidente.
Patricia Fadel, jefa de bloque del PJ orgánico, adelantó que ella está en contra de la reforma de la 7.722 y señaló que en los próximos días se realizarán reuniones entre el PJ, Unidad Ciudadana y la nueva dirigencia, para resolver este tema.
“Como tenemos que intentar mantener la unidad, y este es un tema que nos puede desunir, quizás lograr libertad de acción sería la mejor medida a tomar”, señaló la legisladora.
No obstante, el autor de uno de los proyectos, Alejandro Abraham, indicó que para evitar las especulaciones políticas, quizás lo mejor sería que no haya individualismos y se determine una “política de estado” entre los diferentes partidos.
Para eso se buscará realizar los retoques necesarios al proyecto para “sacar la mejor ley posible. De las exposiciones recibimos muy buenas propuestas para mejorar el proyecto”, señaló el ex intendente de Guaymallén.
En este sentido, las ideas van desde agregar controles internacionales hasta destinar más recursos de las regalías mineras para mejorar la infraestructura del riego agropecuario, entre otros.
Finalmente, desde el Frente de Izquierda se han mostrado desde el comienzo en contra de la modificación de la 7.722; mientras que en el fragmentado Partido Intransigente, Marcelo Romano (Protectora) también se opone a los cambios, aunque los demás senadores (Daniel Galdeano y Héctor Bonarrico) aún no definieron su postura.
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Avanza la inminente modificación de la 7722
Avanza proyecto del PJ para cambiar ley 7.722 y reactivar la minería
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Funcionarios del Gobierno avalan la iniciativa. La semana que viene se discutirá en comisiones si se debate o no sobre tablas.
Luego de numerosas audiencias en las que participaron varias organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios mineros, especialistas y funcionarios de gobierno, la Legislatura finalmente decidirá si debate o no en el recinto las modificaciones planteadas a la ley 7.722, reconocida como ley antiminera.
La semana que viene se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.
Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de Guaymallén, al que lo someterán a una serie de modificaciones, según se han propuesto en estas discusiones.
Desde el Gobierno no se opusieron al tratamiento del tema en la Legislatura, y si bien se mantienen al margen con las declaraciones, algunos funcionarios han propuesto modificar la 7.722 para que se puedan establecer otros proyectos mineros.
Es el caso del subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer, durante la audiencia en el salón Rojas del anexo del Senado, que "la postura del Gobierno está marcada en el trabajo que se hizo sobre desarrollo de política minera. Evaluamos que estos proyectos son coherentes con lo que proponemos", señaló el funcionario.
Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle el desarrollo minero y también el recurso hídrico.
"Estamos absolutamente capacitados para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace 100 años con el petróleo", dijo.
En este sentido, opinó que en la minería "se está viendo una foto con 10 años de atraso" y que en la actualidad las empresas se manejan con otro tipo de prácticas, estándares y se someten a controles que han evolucionado.
Cambios al proyecto
Guiñazú consideró en su presentación que el proyecto de Abraham debería mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas "que se hacen necesarias para la protección del agua", pero sí repensar en qué parte del territorio de la provincia, tal como está actualmente explicitado en la 7.722.
"¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibilidad respecto del recurso hídrico?", se preguntó el funcionario, y acotó que, siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar las fuentes de recursos hídricos.
"Hay que perfeccionar la ley pero que no se transforme en lo que se acusa, una ley antiminera. Que no se transforme en una ley que impida el crecimiento de Mendoza", finalizó.
En tanto, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hizo hincapié en el acceso a la información que debe tener tanto la sociedad como los diferentes organismos de control en el Estado, y también se mostró de acuerdo en realizar una "reingeniería" de la ley.
"En principio los recursos disponibles permiten hacer una reingeniería de la ley, aggiornarla para proteger el ambiente, pero que se pueda desarrollar la actividad en términos de viabilidad, desarrollo y equilibrio territorial", expresó.
Sobre los controles, destacó las mejoras y avances tecnológicos para ser más precisos y rápidos en la fiscalización del trabajo de las mineras, pero puso énfasis la "gran institucionalidad" de la provincia para realizar bien el trabajo desde cada lugar.
Finalmente, comentó que no serían "más de 40 a 50 los proyectos mineros que podrían darse en Mendoza de minería en estos próximos años" y que lo que hay que hacer es "generar las exigencias a las empresas".
Voces a favor y en contra de la modificación
El debate tuvo varias posturas, además de la de funcionarios de gobierno. Se acopló por ejemplo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien comentó sobre la posibilidad de "no quedarse quieto para ver quién le quita el agua a quién", respecto a las diferentes actividades industriales. "Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo", agregó.
En contra se manifestó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a las empresas mineras de dar un "terrorismo estadístico", con datos falsos. "Nos oponemos a la minera trasnacional, por su escala, modalidad de explotación y que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar", dijo.
Por su parte, Maristella Svampa, socióloga del Conicet, acusó al gobierno y a las megamineras de "esconder y falsear" números y confrontó a la minería con las actividades agrícolas. Además dijo que este tema se convirtió en un "problema público" y que la gente "fue tomando conciencia de los daños irreversibles a los ecosistemas", que puede generar esta actividad.
Daniel Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, habló sobre la posibilidad de que conviva la minería y la agroindustria. "Hay cientos de países en el mundo que son extraordinarios productores de fruta, de vino y también tienen minería. El ejemplo es Chile. El mundo no estaría comprando la fruta chilena y el vino chileno si estuviera contaminada", explicó.
Guillermo Pensado, licenciado en Geología, se mostró también a favor de la modificación de la 7.722 y destacó que en San Juan, por ejemplo "el agua que consume la minería metalífera equivale a una finca de 150 hectáreas, es decir, el 0,1% de la demanda neta que entró en la finca".
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Funcionarios del Gobierno avalan la iniciativa. La semana que viene se discutirá en comisiones si se debate o no sobre tablas.
Luego de numerosas audiencias en las que participaron varias organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios mineros, especialistas y funcionarios de gobierno, la Legislatura finalmente decidirá si debate o no en el recinto las modificaciones planteadas a la ley 7.722, reconocida como ley antiminera.
La semana que viene se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.
Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de Guaymallén, al que lo someterán a una serie de modificaciones, según se han propuesto en estas discusiones.
Desde el Gobierno no se opusieron al tratamiento del tema en la Legislatura, y si bien se mantienen al margen con las declaraciones, algunos funcionarios han propuesto modificar la 7.722 para que se puedan establecer otros proyectos mineros.
Es el caso del subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer, durante la audiencia en el salón Rojas del anexo del Senado, que "la postura del Gobierno está marcada en el trabajo que se hizo sobre desarrollo de política minera. Evaluamos que estos proyectos son coherentes con lo que proponemos", señaló el funcionario.
Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle el desarrollo minero y también el recurso hídrico.
"Estamos absolutamente capacitados para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace 100 años con el petróleo", dijo.
En este sentido, opinó que en la minería "se está viendo una foto con 10 años de atraso" y que en la actualidad las empresas se manejan con otro tipo de prácticas, estándares y se someten a controles que han evolucionado.
Cambios al proyecto
Guiñazú consideró en su presentación que el proyecto de Abraham debería mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas "que se hacen necesarias para la protección del agua", pero sí repensar en qué parte del territorio de la provincia, tal como está actualmente explicitado en la 7.722.
"¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibilidad respecto del recurso hídrico?", se preguntó el funcionario, y acotó que, siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar las fuentes de recursos hídricos.
"Hay que perfeccionar la ley pero que no se transforme en lo que se acusa, una ley antiminera. Que no se transforme en una ley que impida el crecimiento de Mendoza", finalizó.
En tanto, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, hizo hincapié en el acceso a la información que debe tener tanto la sociedad como los diferentes organismos de control en el Estado, y también se mostró de acuerdo en realizar una "reingeniería" de la ley.
"En principio los recursos disponibles permiten hacer una reingeniería de la ley, aggiornarla para proteger el ambiente, pero que se pueda desarrollar la actividad en términos de viabilidad, desarrollo y equilibrio territorial", expresó.
Sobre los controles, destacó las mejoras y avances tecnológicos para ser más precisos y rápidos en la fiscalización del trabajo de las mineras, pero puso énfasis la "gran institucionalidad" de la provincia para realizar bien el trabajo desde cada lugar.
Finalmente, comentó que no serían "más de 40 a 50 los proyectos mineros que podrían darse en Mendoza de minería en estos próximos años" y que lo que hay que hacer es "generar las exigencias a las empresas".
Voces a favor y en contra de la modificación
El debate tuvo varias posturas, además de la de funcionarios de gobierno. Se acopló por ejemplo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien comentó sobre la posibilidad de "no quedarse quieto para ver quién le quita el agua a quién", respecto a las diferentes actividades industriales. "Es indispensable ser eficientes para mantener los niveles de actividad. Y sobre todo, para incrementarlos. El objetivo es ir hacia el desarrollo", agregó.
En contra se manifestó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a las empresas mineras de dar un "terrorismo estadístico", con datos falsos. "Nos oponemos a la minera trasnacional, por su escala, modalidad de explotación y que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar", dijo.
Por su parte, Maristella Svampa, socióloga del Conicet, acusó al gobierno y a las megamineras de "esconder y falsear" números y confrontó a la minería con las actividades agrícolas. Además dijo que este tema se convirtió en un "problema público" y que la gente "fue tomando conciencia de los daños irreversibles a los ecosistemas", que puede generar esta actividad.
Daniel Jerez, titular de la Dirección Nacional de Promoción Minera, habló sobre la posibilidad de que conviva la minería y la agroindustria. "Hay cientos de países en el mundo que son extraordinarios productores de fruta, de vino y también tienen minería. El ejemplo es Chile. El mundo no estaría comprando la fruta chilena y el vino chileno si estuviera contaminada", explicó.
Guillermo Pensado, licenciado en Geología, se mostró también a favor de la modificación de la 7.722 y destacó que en San Juan, por ejemplo "el agua que consume la minería metalífera equivale a una finca de 150 hectáreas, es decir, el 0,1% de la demanda neta que entró en la finca".
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Modificación de la 7722: la lucha en la calle
Asambleas por el agua contra la minería: “No queremos ser Jáchal”
Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Vecinos, trabajadores rurales y autoconvocados expusieron sus argumentos frente a los senadores para que no se modifique la ley 7722.
El debate por la minería sigue a pleno en la Legislatura. Los proyectos presentados por Juan Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) consiguieron el visto bueno en el Senado para ser tratados en comisiones.
Hasta el momento los senadores han escuchado a empresarios, cámaras de comercio, sindicatos, especialistas y municipios. Finalmente, hoy fue el turno de las asambleas por el agua para exponer sus argumentos.
“Los pueblos tienen instinto y no se dejan llevar puesto por ningún Gobierno. Hay que hacer todo lo posible para que no se lleven puesta a nuestra tierra. El agua de Mendoza no se negocia y la megaminería no tiene licencia social”, dijo uno de los vecinos.
Además, el mismo orador explicó que la actividad agrícola, las plantas de residuos cloacales y los hidrocarburos han contaminado la primera napa del acuífero norte.
“Si quieren eliminar el artículo 1 y 3 de la ley 7722 iniciaría la actividad de San Jorge, Hierro Indio y Sierra Pintada. Se van a contaminar los ríos Mendoza, Atuel y Diamante. También Potrerillos”, sentenció.
Por su parte, la representante de los autoconvocados de Tunuyán dijo: “Nos tildan de personas cerradas, dogmáticas que no quieren el desarrollo económico del país. Nosotros defendemos el agua. Queremos una Mendoza productiva, no extractiva”.
“¿Cuántos proyectos de energías renovables han presentado?”, los increpó.
“Cómo le van a explicar a la gente que la montaña va a estar llena de agujeros, que el agua va a estar contaminada. No somos ignorantes”, cerró.
Otro testimonio fue el de la representante de la Asociación Cuyana para el Desarrollo Sustentable. “Deberían legislar para sustentar la vida. No para que atente contra la vida. Abrir la puerta a la megaminería es burlarse de la gente de campo”, dijo.
Desde Guanacache expuso una joven que dijo: “Necesitamos soluciones reales a la crisis hídrica. Por eso resulta ilógico informar los problemas del agua y defender la 7722. Hay escasez de agua en Mendoza y en vez de discutir cómo salir de la sequía están viendo como modificar una ley que protege el agua”.
“¿Van a comer y tomar oro? ¿Piensan que la actividad nos va a devolver las montañas, los ríos y los glaciares?”, le preguntó a los senadores.
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Fecha de Publicación: 13/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Vecinos, trabajadores rurales y autoconvocados expusieron sus argumentos frente a los senadores para que no se modifique la ley 7722.
El debate por la minería sigue a pleno en la Legislatura. Los proyectos presentados por Juan Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) consiguieron el visto bueno en el Senado para ser tratados en comisiones.
Hasta el momento los senadores han escuchado a empresarios, cámaras de comercio, sindicatos, especialistas y municipios. Finalmente, hoy fue el turno de las asambleas por el agua para exponer sus argumentos.
“Los pueblos tienen instinto y no se dejan llevar puesto por ningún Gobierno. Hay que hacer todo lo posible para que no se lleven puesta a nuestra tierra. El agua de Mendoza no se negocia y la megaminería no tiene licencia social”, dijo uno de los vecinos.
Además, el mismo orador explicó que la actividad agrícola, las plantas de residuos cloacales y los hidrocarburos han contaminado la primera napa del acuífero norte.
“Si quieren eliminar el artículo 1 y 3 de la ley 7722 iniciaría la actividad de San Jorge, Hierro Indio y Sierra Pintada. Se van a contaminar los ríos Mendoza, Atuel y Diamante. También Potrerillos”, sentenció.
Por su parte, la representante de los autoconvocados de Tunuyán dijo: “Nos tildan de personas cerradas, dogmáticas que no quieren el desarrollo económico del país. Nosotros defendemos el agua. Queremos una Mendoza productiva, no extractiva”.
“¿Cuántos proyectos de energías renovables han presentado?”, los increpó.
“Cómo le van a explicar a la gente que la montaña va a estar llena de agujeros, que el agua va a estar contaminada. No somos ignorantes”, cerró.
Otro testimonio fue el de la representante de la Asociación Cuyana para el Desarrollo Sustentable. “Deberían legislar para sustentar la vida. No para que atente contra la vida. Abrir la puerta a la megaminería es burlarse de la gente de campo”, dijo.
Desde Guanacache expuso una joven que dijo: “Necesitamos soluciones reales a la crisis hídrica. Por eso resulta ilógico informar los problemas del agua y defender la 7722. Hay escasez de agua en Mendoza y en vez de discutir cómo salir de la sequía están viendo como modificar una ley que protege el agua”.
“¿Van a comer y tomar oro? ¿Piensan que la actividad nos va a devolver las montañas, los ríos y los glaciares?”, le preguntó a los senadores.
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7.722: intervienen las universidades
Dos universidades se meten en la discusión sobre la minería
Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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Fecha de Publicación: 08/11/2018
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza
En medio del debate por los proyectos que habilitan la minería metalífera en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo retomó un informe elaborado hace algunos años pero con aspectos vigentes, mientras que la cátedra de Derecho Minero de la Universidad de Champagnat sugirió perfeccionar puntos de las iniciativas en el Senado.
Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.
En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.
Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.
A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.
“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.
En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Gabriela Lúquez, destacó que el documento, pese al paso de los años, “hace aportes sobre lo que debería tenerse en cuenta frente a la debilidad de los controles del Estado, que es lo que siempre se cuestiona a este tipo de actividades” y añadió: “Es muy saludable que la provincia revise su matriz productiva y que también lo hagan los municipios que ahora son más protagonistas a partir de los planes de ordenamiento territorial, pero también debe estar acompañado con la opinión de las comunidades donde se asentarán estos proyectos”.
Por último reflexionó: “Debemos repensar los beneficios económicos que se obtendrán por regalías frente a la pérdida de los recursos naturales que se ponen en juego”.
En el análisis los aportes se realizaron por áreas temáticas: Recursos hídricos, Recurso aire, Aspectos sociales, Salud, Aspectos económicos y Ciudado del ambiente.
El informe indica: “Para la preservación del recurso hídrico debe realizarse un estudio profundo para determinar con certeza el posible impacto sobre el agua superficial y subterránea, tanto respecto de la calidad como a la cantidad que insumiría el emprendimiento”.
Cabe destacar que, en la actualidad, el Gobierno, a través del Departamento General de Irrigación, está impulsando una ley en la Legislatura para limitar el uso del agua al haberse profundizado la escasez por la merma en los caudales de los ríos. Hoy se habla de un estado de sequía.
Respecto del cuidado del aire, el estudio agrega: “Se marca la conveniencia de realizar estudios adecuados de base cero en relación con la calidad del aire, con monitoreos periódicos y realizando un cálculo matemático para establecer la distribución de los contaminantes emitidos”.
Sobre los aspectos sociales, “se destaca la necesidad de profundizar todo lo relativo a los aspectos socioeconómicos y culturales de los centros poblacionales potencialmente afectados por el proyecto minero”. Y hace hincapié especialmente en la licencia social: “Es preciso efectuar una consulta sobre la visión, expectativas y opinión de la comunidad”.
Desde el punto de vista de la salud, el informe hace las siguientes recomendaciones: incrementar el control sanitario por el aumento significativo de la población durante el proceso de explotación minera, ante el cual, los hospitales y los centros de salud “resultarán insuficientes, debiendo preverse la mitigación de esa situación”.
Pero también que deberán instalarse especialidades de salud directamente relacionadas con la actividad en temas de toxicidad frente a una potencial contaminación del suelo, del agua y el aire. Finalmente, en materia económica, advierte de la necesidad de evaluar correctamente el valor de los beneficios futuros frente al costo de la explotación de los recursos minerales, “valorados desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
“Las vallas normativas de la 7.722”
La Universidad Champagnat presentó en las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Derecho Constitucional un análisis de los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles, un artículo que aborda los aspectos legales realizado por la cátedra de Derecho de Minería y Agrario. Desde esa casa de estudios se destacó que no responde a la postura de la universidad pero que es una contribución a la discusión.
Raúl Javier Rodríguez, el autor, además de ser profesor, ha asesorado a la Cámara de Mendocina de Empresarios Mineros en el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7.722. Consultado por los aspectos que menciona su trabajo afirmó: “La evaluación que realizó la cátedra tiene dos partes: por un lado, un análisis de la ley 7.722, que, a nuestro criterio, ha impedido el desarrollo minero en la provincia, mientras que la segunda parte retoma aspectos a mejorar en los proyectos que se están debatiendo en el Senado”.
En cuanto a la norma que está en vigencia y que prohíbe el uso de una serie de sustancias contaminantes para la minería, el documento sostiene: “Esta prohibición que sólo afecta a la minería metalífera constituye una violación al derecho de ejercer industria lícita y a la igualdad ante la ley, ambos contemplados y tutelados en nuestra Carta Magna”.
Y cuestiona que estas sustancias sólo están vedadas para la minería metalífera porque se usan en otras industrias.
“Estas sustancias podrían ser usadas por cualquier persona, incluso por un minero que no emprenda un proyecto no metalífero, pero no por aquellos que quieran hacer minería metalífera”, cuestiona el escrito.
Por otro lado, el informe de la cátedra de Derecho Minero refuta el requisito de que sea la Legislatura la que termine convalidando la declaración de impacto ambiental.
“Este extremo legal ha configurado una evaluación meramente política de un tema que debería ser técnico, aun cuando dentro de la evaluación científica debe cumplirse con herramientas de participación ciudadana, como son la consulta y la audiencia pública”.
En esa línea, esta mirada coincide con el proyecto de Abraham, quien suprime de la norma el rol de la Legislatura en la ratificación del informe de impacto ambiental. “Es conveniente la iniciativa de suprimir la ratificación legislativa y respetar el procedimiento evaluativo ambiental minero”, remarca.
Finalmente, como aporte a las dos iniciativas que vienen a flexibilizar la prohibición del uso de sustancias tóxicas, el informe se inclina por el de la creación de los parques mineros controlados (Agulles), pero advierte que no está aclarado “cómo se crearán, quién los propondrá y aprobará y bajo qué procedimiento”.
Mientras tanto, el jueves volverán a escucharse las postura de los distintos actores y, en esta oportunidad, a quienes mayor resistencia han planteado, como son los integrantes de las Asambleas por el Agua Pura.
Se espera que, antes de la votación, el Gobierno provincial dé a conocer su opinión, la que hasta el momento no ha sido planteada en profundidad.
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Intendentes quiern en su mayoría cambiar la 7.722
La mayoría de los intendentes, a favor de modificar la 7.722
Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Fecha de Publicación: 05/11/2018
Fuente: El Sol (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
En el debate que se está produciendo en el Senado por las modificaciones a la ley que regula la minería, sólo dos departamentos pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos y Alvear.
La iniciativa de dos senadores justicialistas para habilitar la minería metalífera en Mendoza fue respaldada por la mayoría de los intendentes, quienes expusieron sus puntos de vista o enviaron a funcionarios para hacerlo en el Senado de la provincia. Sólo dos municipios se expresaron en contra este jueves: fue el caso de Alvear y de San Carlos.
A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda, según se informó desde la organización.
Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: "La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico".
También remarcó que "se estigmatizó a la minería que es una actividad lícita y en la cual se utilizan químicos que están presentes en otras, como es la agricultura por ejemplo".
Iglesias le dio un guiño a la iniciativa presentada por Abraham, quien fuera intendente de Guaymallén.
"Lamentablemente los ambientalistas o los integrantes de las asambleas por el agua pura se han apropiado de esta norma y se creó una antinomia que no es tal, agua versus minería", soltó el jefe comunal.
En esa misma línea apuntó: "En mi experiencia como bioquímico, cualquiera de estos productos deben utilizarse con precaución y siguiendo los distintos protocolos, por eso creo que debemos avanzar en esta actividad con los controles necesarios".
Y añadió: "En lo personal, espero que se modifique la ley y celebro que se haya habilitado el debate".
Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: "Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia".
Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, Luis Lucero, también dio luz verde a esta iniciativa, teniendo en cuenta que en ese departamento se encuentra una zona industrial importante que brinda servicios petroleros.
En tanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Capital, Beatriz Martínez, manifestó que desde la municipalidad están de acuerdo con el desarrollo minero de la provincia y la ampliación de la matriz productiva.
Difonso: "Sin la ley, esto sería Jáchal"
Desde una posición diametralmente opuesta brindó su exposición el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma que restringe la actividad minera y regula las sustancias que se utiliza para la extracción de minerales.
"Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal", afirmó en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.
"En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua", planteó Difonso.
"Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión", agregó.
Difonso pidió a los legisladores que tuvieran en cuenta que la proyección es que haya menos agua para los próximos años, "va haber menos agua y tenemos que priorizar el agua para consumo humano y para la producción".
Por último, quien fuera legislador por ese entonces, también recordó que al momento de la redacción de la ley, una especialista aportó la necesidad de establecer cuáles eran las sustancias que debían prohibirse.
En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.
Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus "compañeros" de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.
"La ley va a salir"
El senador Agulles uno de los impulsores de los dos proyectos que están en análisis se mostró optimista de que la ley para habilitar la minería metalífera se apruebe.
"Estamos en un escenario diferente. Y nosotros vamos a tomar todos los aportes que nos hagan. Incluso el de las universidades que estuvieron hoy presentes", indicó.
En la jornada de este jueves también estuvieron presentes representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Champagnat y organizaciones ambientalistas.
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Potasio Río Colorado, minería que sigue reflotándose
Cornejo busca inversores chinos para reactivar la mina de potasio de Malargüe
Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Fecha de Publicación: 02/11/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto de Vale quedó suspendido en 2013. Esta semana el ministro Martín Kerchner busca tentar a una empresa.
El Gobierno provincial no se olvida del proyecto trunco minero Potasio Río Colorado, al sur de Malargüe, que se suspendió a mediados del 2013, costó una pérdida de al menos 3.000 puestos de trabajo. Durante una misión a China, que se desarrollará esta semana, el Ministerio de Economía intentará reflotarlo, o al menos dejar sentadas las bases para lograr una reactivación con inversiones concretas.
Según informó el ministro Martín Kerchner, se reunirán con dirigentes de la empresa Shangai Potash Engineering Research Center, encargada del control y entrada de potasio en el país asiático.
Junto a él, estará el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y explicarán a los potenciales inversores la reingeniería del proyecto, que fue iniciado por la empresa brasileña Vale en 2009, y que debió suspenderlo a mediados del 2013, a causa de problemas económicos de la empresa y de la abrupta caída del precio del potasio a nivel mundial, lo que quitó rentabilidad al proyecto.
Según el funcionario, China consume 14 millones de toneladas de potasio, y produce poco menos de la mitad, por lo que lo demás lo importa. “El precio del potasio está planchado, y nuestro panorama nos indica que seguirá así por un tiempo. Buscamos cerrar el esquema del negocio para que la operación se haya vendido, y así, una vez que suba el valor del potasio, esté todo listo para que se operativice”, agregó el ministro.
El valor del cloruro de potasio rondaba los 500 dólares por tonelada en 2013, pero actualmente se encuentra en los U$S215. Su pico igual fue en 2009 -cuando llegó Vale-, con un precio por tonelada de casi U$S900.
Reingeniería y problemas
Luego de la estrepitosa suspensión del proyecto, la empresa debió trabajar para modificarlo y hacerlo rentable, ya que como estaba pensado de manera primigenia no era viable.
De hecho, se acordó que el nuevo emprendimiento se achicaría a un tercio de lo que se había programado. Según cuenta la edición de este diario de abril del 2016, en vez de una inversión de U$S6.300 millones, bajaría a un desembolso de U$S1.300 millones; y la producción de sales de potasio rondaría 1,3 millón de toneladas por año, un número sensiblemente menor a los 4 millones proyectados en un primer momento.
De hecho, se acordó que Vale vendería el proyecto en Malargüe a inversores, para que continuara la posta con su posterior desarrollo.
Kerchner contó que en primer lugar se contrató a una reconocida consultora canadiense, Hatch, para hacer los estudios de factibilidad con los costos, logística de todo el proceso y los posibles beneficios.
“Los resultados no fueron positivos, porque debía hacerse una gran inversión en logística, para llevar el potasio al puerto”, detalló el ministro de Economía. En el proyecto original, se preveía la construcción -con una inversión de 500 millones de dólares- de una línea de tren 400 kilómetros desde la minera para trasladar el potasio y así conectarla con la traza actual de la red, para exportar el producto desde el puerto de Bahía Blanca.
Se llegó a un convenio en febrero de este año entre el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez; el gobierno nacional, el local y Vale; en el cual solamente se construirían 120 kilómetros de líneas de tren hasta Añelo (Neuquén), pasando por Chinchinales. El recorrido sería entonces por el ferrocarril Roca, el cual el ministerio de Transporte refuncionalizó para hacer rentable Vaca Muerta.
“Esa solución reduce la inversión en un 50 por ciento, ya que además, es funcional a YPF, porque la carga del tren vendría con arena hasta Vaca Muerta, y se iría hacia el puerto de Bahía Blanca con potasio”, acotó Kerchner.
No obstante, hay aún otra propuesta superadora, que es la de utilizar los llamados "bitrenes" para que recorran los 120 kilómetros en una ruta con un camino consolidado, y así ahorrar el costo de la línea del tren.
“Hasta allí hemos llegado. Queremos estar preparados con un proyecto rentable para cuando suba el precio del potasio en el mercado”, finalizó Kerchner.
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Encuentro en Mendoza por el cambio climático
Cambio climático: especialistas debatirán en Mendoza
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Ley 7.722 siguen debatiendo como dar luz verde a la minería
Minería: buscan darle más poder a los municipios
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Como resultado de las distintas opiniones de los sindicatos que se escucharon este jueves en el Senado, surgieron propuestas para darle una mayor potestad a las comunas en los controles de la actividad y a los trabajadores del sector.
En medio de la discusión por los cambios en la Ley 7.722 que pone límites a la minería metalífera en la provincia, este jueves en el Senado se escucharon las opiniones de los sindicatos vinculados al sector, quienes pusieron de manifiesto otorgarle mayor competencia a los municipios para la realización de los controles, pero también de darle un rol de protagonismo a los empleados de la minería, como auditores de ese proceso.
Otros gremios, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) y aquellos vinculados a la producción agropecuaria rechazaron de plano hacer modificaciones al texto de la normativa.
Esta legislación que regula la actividad desde el 2007, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos mineros.
Uno de los sectores que se manifestó en contra estuvo representado por la gremialista Raquel Blas, actual secretaria general de la CTA en Mendoza.
Las exposiciones se realizaron en el marco de una reunión conjunta entre las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales en el Senado, como también la de Minería e Hidrocarburos y contó con la presencia de los legisladores justicialistas Juan Agulles y Alejandro Abraham, ambos autores de dos textos que buscan habilitar la minería metalífera en la provincia.
"Fue muy positivo escuchar los distintos análisis, sobre todo aquellos que plantean darle una mayor competencia a los municipios para los controles. Ahora, lamento que desde los gremios que están en contra se opongan por oponerse sin haber leído el proyecto", sostuvo Abraham al término de las exposiciones.
Por otro lado, destacó que "al darle un reconocimiento a las comunas donde se realizará la minería, estamos enriqueciendo su autonomía, el planteo fue interesante y lo podemos llegar a incorporar".
"Estamos abiertos a tomar nota de todo lo que están planteando. Hemos permitido que todos los sectores involucrados puedan hacer sus aportes. Ahora, quienes rechazan el proyecto no han hecho ninguna consideración que enriquezca el debate", afirmó, por su parte Agulles.
Entre los modelos que se buscan replicar en la provincia, se citaron las experiencias de Chile y de Canadá, donde según aseguraron los controles son efectivos.
Sin embargo, a nivel regional también se mencionaron las situaciones de contaminación, como las que se produjeron en San Juan, en donde se detectaron sustancias cianuradas en el río Jáchal.
Posturas a favor
Desde la Asociación Sindical del Personal Jerárquico y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz afirmó que "si se pudiera avanzar con un método de gran escala, estamos hablando de que se podrían generar unos 20.000 puestos de trabajo".
Mena recalcó que "Mendoza tiene una riqueza minera muy importante, pero se deberían incorporar controles estrictos que tienen que ser ejercidos por el mismo trabajador y el gobierno".
Por su parte, el productor e integrante de la Sociedad Rural en el Valle de Uco, Martín Garboide expuso su visión en contra de la modificación de la norma.
"Pertenezco a un movimiento que defiende a los trabajdores, ustedes no los están protegiendo, los ponen como mascarón de proa para disminuir los costos que requiere la minería seria y de la remediación para que el ambiente quede tal cual como estaba", disparó.
Las claves
- Ambos proyectos buscan flexibilizar la letra de la ley y permitir la minería metalífera.
- La iniciativa del senador Abraham elimina la obligatoriedad de que la Legislatura avale la declaración de impacto ambiental.
- Mientras que el de Agulles habla de fijar controles a la actividad, a través del concepto "parques mineros controlados".
- La próxima semana se espera la intervención de uno de los sectores más reactivos, las asambleas por el agua pura.
- Los proyectos podrían llegar a tratarse a mediados de noviembre, cuando se haya escuchado a todos los actores, como también, a los funcionarios del gobierno provincial.
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El debate por la minería en Mendoza no arrancó muy bien
Cruces e insultos en el comienzo del debate para reactivar la minería en Mendoza
Fecha de Publicación: 24/10/2018
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Mendoza
Mendoza comenzó a discutir la reactivación de la minería, en medio de la resistencia de ambientalistas y de nuevos escándalos entre los protagonistas del debate.
El Gobierno provincial dio su aval a la reapertura, a pesar del fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes, como el cianuro. El avance del debate en la Legislatura se da luego de que un legislador kirchnerista presentara un proyecto para realizarle modificaciones a esa norma y permitir el desarrollo de la actividad. Asimismo, otro senador justicialista también propuso cambiar las reglas vigentes.
Sin embargo, en medio del primer día de diálogo en la Casa de las Leyes entre empresarios del sector minero y senadores, comenzaron los contrapuntos y los incidentes. Marcelo Romano, legislador del Partido Intransigente y referente de la asociación de consumidores Protectora, aseguró haber sido amenazado por el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, con quien cruzó varios insultos que pueden observarse en un video. En principio, el motivo de la discusión fue la clara postura del senador mendocino en contra de los cambios y en defensa del agua, lo que llevó a un cruce con el empresario.
"Hago responsable de cualquier cosa que me suceda en mi integridad al Dr Carlos Ferrer, abogado de la Cámara Minera de Mendoza. En Comisión del Senado donde pretenden modificar la 7722 (Ley que defiende el Agua) me amenazó públicamente. Está denunciado", indicó Romano. Sin embargo, Ferrer asegura que su malestar creció cuando Romano le recordó que se bajó de su candidatura a gobernador por el partido de Rodríguez Saá tras una denuncia pública que hizo su hija, Sofía Ferrer, quien aseguró que su padre es homofóbico y golpeador.
Los proyectos de modificación de la 7.722 con autoría del senador K, Alejandro Abraham y su par peronista, Juan Agulles, ex intendente de Malargüe, seguirán analizándose en las próximas semanas en la Legislatura provincial, por lo que se espera la visita de universidades, sindicatos, municipalidades, asambleas y especialistas. En definitiva, lo que buscan estas iniciativas, que se transformarían en una a ser tratada en el recinto en noviembre, es eliminar la obligatoriedad de que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Además, se establece quitar de la ley la palabra "otras sustancias
similares" en la especificación de las prohibiciones de los contaminantes cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, en los procesos mineros metalíferos de cateo o exploración, prospección, explotación y/o industrialización a través de cualquier método extractivo.
Hace unos años, la norma, sancionada en 2007, fue puesta en tela de juicio por el sector minero, por lo que llegó a estar bajo análisis del máximo tribunal provincial, que finalmente en diciembre del 2015 determinó la constitucionalidad de la ley. Con este nuevo intento de reactivación, en el sector se muestran expectante, ya que aseguran que el desempleo en la actividad está por encima del 90%.
Entre las posturas expuestas en el primer día de debate, se destacó el reclamo de Raúl Rodríguez, presidente de CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), quien aseguró que desde el 2007 no se logró aprobar ningún nuevo proyecto minero, sobre todo por el uso de ciertas sustancias. "Los que son más creativos y logran pasar este punto, son rechazados en la Legislatura. La minería está sobreregulada. Ningún lugar del mundo dispone de recursos y voluntariamente no los utiliza en beneficio de la población. Nadie dice 'no vamos a hacer minería', no pasa", cuestionó el abogado.
Entre los fundamentos de los proyectos, se hace hincapié en la necesidad de ampliar el espectro de desarrollo local y de generar riquezas. "Las inversiones mineras son de capital intensivo que generan infraestructura diversa y desarrollo, son fuertes demandantes de servicios y de mano de obra de todo tipo de calificación y pagan impuestos nacionales, provinciales y regalías. Es un sector que genera divisas por exportación o por sustitución de importaciones, ayudando a equilibrar la balanza comercial del país e incrementando las magnitudes de intercambio de la provincia. Por eso se propone una actualización de la norma de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo", indica la iniciativa.
Desde el oficialismo, el senador Diego Costarelli, titular del bloque Cambia Mendoza, aseguró que se discutirán las iniciativas en comisiones y que se les buscará dar un tratamiento de calidad, porque consideran que se trata de proyectos serios.
Frente a este escenario complejo, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la ley antiminera 7.722 y uno de los más críticos a estos intentos de realizarle modificaciones, cargó contra el supuesto plan político y contras las empresas multinaciones por insistir con el "lobby", a través de los hombres de la Casa de las Leyes.
La misma postura han tomado reconocidos especialistas ambientales y defensores del agua. En diálogo con LA NACION el jefe comunal mostró su preocupación por lo que está ocurriendo en la Legislatura, avalado por el Ejecutivo provincial. "Es un nuevo intento por eliminar controles a la minería. Gracias a la 7.722 Mendoza no fue Jachal, con dos derrames consecutivos de cianuro al río, afectando el agua para consumo humano y el riego agrícola para la producción de alimentos. "Usan diversos argumentos para poder habilitar una discusión. Las multinacionales tienen lobistas en los poderes de turno", expresó Difonso, y agregó: "Es una ley que nos ha puesto a la vanguardia en el oeste argentino en cuanto a la protección ambiental. Varias legislaturas del país nos llamaron para sacar leyes similares. Es una legislación de la cual los mendocinos debemos estar orgullosos y cuidarla".
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Fecha de Publicación: 24/10/2018
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Mendoza
Mendoza comenzó a discutir la reactivación de la minería, en medio de la resistencia de ambientalistas y de nuevos escándalos entre los protagonistas del debate.
El Gobierno provincial dio su aval a la reapertura, a pesar del fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes, como el cianuro. El avance del debate en la Legislatura se da luego de que un legislador kirchnerista presentara un proyecto para realizarle modificaciones a esa norma y permitir el desarrollo de la actividad. Asimismo, otro senador justicialista también propuso cambiar las reglas vigentes.
Sin embargo, en medio del primer día de diálogo en la Casa de las Leyes entre empresarios del sector minero y senadores, comenzaron los contrapuntos y los incidentes. Marcelo Romano, legislador del Partido Intransigente y referente de la asociación de consumidores Protectora, aseguró haber sido amenazado por el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, con quien cruzó varios insultos que pueden observarse en un video. En principio, el motivo de la discusión fue la clara postura del senador mendocino en contra de los cambios y en defensa del agua, lo que llevó a un cruce con el empresario.
"Hago responsable de cualquier cosa que me suceda en mi integridad al Dr Carlos Ferrer, abogado de la Cámara Minera de Mendoza. En Comisión del Senado donde pretenden modificar la 7722 (Ley que defiende el Agua) me amenazó públicamente. Está denunciado", indicó Romano. Sin embargo, Ferrer asegura que su malestar creció cuando Romano le recordó que se bajó de su candidatura a gobernador por el partido de Rodríguez Saá tras una denuncia pública que hizo su hija, Sofía Ferrer, quien aseguró que su padre es homofóbico y golpeador.
Los proyectos de modificación de la 7.722 con autoría del senador K, Alejandro Abraham y su par peronista, Juan Agulles, ex intendente de Malargüe, seguirán analizándose en las próximas semanas en la Legislatura provincial, por lo que se espera la visita de universidades, sindicatos, municipalidades, asambleas y especialistas. En definitiva, lo que buscan estas iniciativas, que se transformarían en una a ser tratada en el recinto en noviembre, es eliminar la obligatoriedad de que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Además, se establece quitar de la ley la palabra "otras sustancias
similares" en la especificación de las prohibiciones de los contaminantes cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, en los procesos mineros metalíferos de cateo o exploración, prospección, explotación y/o industrialización a través de cualquier método extractivo.
Hace unos años, la norma, sancionada en 2007, fue puesta en tela de juicio por el sector minero, por lo que llegó a estar bajo análisis del máximo tribunal provincial, que finalmente en diciembre del 2015 determinó la constitucionalidad de la ley. Con este nuevo intento de reactivación, en el sector se muestran expectante, ya que aseguran que el desempleo en la actividad está por encima del 90%.
Entre las posturas expuestas en el primer día de debate, se destacó el reclamo de Raúl Rodríguez, presidente de CAMEM (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros), quien aseguró que desde el 2007 no se logró aprobar ningún nuevo proyecto minero, sobre todo por el uso de ciertas sustancias. "Los que son más creativos y logran pasar este punto, son rechazados en la Legislatura. La minería está sobreregulada. Ningún lugar del mundo dispone de recursos y voluntariamente no los utiliza en beneficio de la población. Nadie dice 'no vamos a hacer minería', no pasa", cuestionó el abogado.
Entre los fundamentos de los proyectos, se hace hincapié en la necesidad de ampliar el espectro de desarrollo local y de generar riquezas. "Las inversiones mineras son de capital intensivo que generan infraestructura diversa y desarrollo, son fuertes demandantes de servicios y de mano de obra de todo tipo de calificación y pagan impuestos nacionales, provinciales y regalías. Es un sector que genera divisas por exportación o por sustitución de importaciones, ayudando a equilibrar la balanza comercial del país e incrementando las magnitudes de intercambio de la provincia. Por eso se propone una actualización de la norma de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo", indica la iniciativa.
Desde el oficialismo, el senador Diego Costarelli, titular del bloque Cambia Mendoza, aseguró que se discutirán las iniciativas en comisiones y que se les buscará dar un tratamiento de calidad, porque consideran que se trata de proyectos serios.
Frente a este escenario complejo, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la ley antiminera 7.722 y uno de los más críticos a estos intentos de realizarle modificaciones, cargó contra el supuesto plan político y contras las empresas multinaciones por insistir con el "lobby", a través de los hombres de la Casa de las Leyes.
La misma postura han tomado reconocidos especialistas ambientales y defensores del agua. En diálogo con LA NACION el jefe comunal mostró su preocupación por lo que está ocurriendo en la Legislatura, avalado por el Ejecutivo provincial. "Es un nuevo intento por eliminar controles a la minería. Gracias a la 7.722 Mendoza no fue Jachal, con dos derrames consecutivos de cianuro al río, afectando el agua para consumo humano y el riego agrícola para la producción de alimentos. "Usan diversos argumentos para poder habilitar una discusión. Las multinacionales tienen lobistas en los poderes de turno", expresó Difonso, y agregó: "Es una ley que nos ha puesto a la vanguardia en el oeste argentino en cuanto a la protección ambiental. Varias legislaturas del país nos llamaron para sacar leyes similares. Es una legislación de la cual los mendocinos debemos estar orgullosos y cuidarla".
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Estudiarán las tormentas de Córdoba y Mendoza
Estudiarán las tormentas de Córdoba y Mendoza para mejorar su predicción
Fecha de Publicación: 23/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba - Mendoza
Las severas tormentas eléctricas que afectan todos los años al centro del país, consideradas entre las más intensas del mundo, serán objeto de estudio por parte de especialistas argentinos, estadounidenses y brasileños, para mejorar la predicción meteorológica y disminuir el impacto económico y social.
El proyecto “Relámpago-Cacti, cazando tormentas la frontera de la ciencia” fue presentado esta semana en la sede del Servicio Meteorológico Nacional con la asistencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad; el secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado.
Se trata de una iniciativa que se realizará en colaboración con Estados Unidos y Brasil, y la participación de distintos organismos de ciencia y tecnología y que tiene como finalidad investigar tormentas eléctricas de alta intensidad en la región central del país, principalmente en las provincias de Córdoba y Mendoza. El proyecto se extenderá desde noviembre hasta mediados de diciembre en las provincias mencionadas.
“Lo que estamos haciendo en el Servicio Meteorológico Nacional es para nosotros un acontecimiento muy importante, ya que se trata de recibir el apoyo indispensable de dos entidades que están destinadas en Estados Unidos a la ciencia y a la tecnología, materias muy pendientes en nuestro país”, dijo Aguad.
“Esto acrecienta y gratifica el trabajo de nuestros científicos, que hacen una tarea silenciosa y fructífera para la Argentina”, agregó el ministro.
El embajador Prado destacó que “una de las mayores metas es entrecruzar los lazos entre nuestros países. La cooperación en ciencia y tecnología entre Estados Unidos y Argentina es muy amplia, tiene una larga trayectoria y abarca distintas áreas, como las de energía, salud, espacio, medio ambiente y ciencias del mar, entre otras, todo con el fin de ayudar a la sociedad”.
Por su parte, Barañao aseguró: “Hay variables naturales que tenemos que ser capaces de predecir para poder remediar sus efectos o tomar medidas con antelación que nos permitan hacer que las consecuencias no sean graves”. Y añadió: “Éste es un problema de tremenda complejidad que no puede ser resuelto desde una disciplina en particular, motivo por el cual es tan importante la interacción interdisciplinaria que se evidencia en este proyecto”.
La directora del SMN, Celeste Saulo, a su turno, destacó la posibilidad de estudiar los sistemas convectivos de mesoescala con equipamiento idóneo, la interdisciplinariedad para entender mejor las tormentas, y la generación de servicio.
El proyecto contará con radiosondeos, radar SPolKa, radares portables del conjunto de radares de Doppler on Wheels (DOW), y sensor Lidar para medir de vapor de agua, entre otro instrumental.
Cindy Fernández, vocera del SMN, explicó que se busca estudiar cómo crece y evolucionan las tormentas. “Tenemos tormentas más severas que evolucionan más rápido, por eso resultó interesante estudiarlas a científicos de Estados Unidos y Brasil”. Y destacó: “Los meteorólogos no podemos estudiar los fenómenos en laboratorio. No nos queda otra que salir a medir a campo. Por eso los datos van a ser abiertos y van a tener acceso la gente de la universidad y los científicos”.
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Fecha de Publicación: 23/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba - Mendoza
Las severas tormentas eléctricas que afectan todos los años al centro del país, consideradas entre las más intensas del mundo, serán objeto de estudio por parte de especialistas argentinos, estadounidenses y brasileños, para mejorar la predicción meteorológica y disminuir el impacto económico y social.
El proyecto “Relámpago-Cacti, cazando tormentas la frontera de la ciencia” fue presentado esta semana en la sede del Servicio Meteorológico Nacional con la asistencia del ministro de Defensa, Oscar Aguad; el secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado.
Se trata de una iniciativa que se realizará en colaboración con Estados Unidos y Brasil, y la participación de distintos organismos de ciencia y tecnología y que tiene como finalidad investigar tormentas eléctricas de alta intensidad en la región central del país, principalmente en las provincias de Córdoba y Mendoza. El proyecto se extenderá desde noviembre hasta mediados de diciembre en las provincias mencionadas.
“Lo que estamos haciendo en el Servicio Meteorológico Nacional es para nosotros un acontecimiento muy importante, ya que se trata de recibir el apoyo indispensable de dos entidades que están destinadas en Estados Unidos a la ciencia y a la tecnología, materias muy pendientes en nuestro país”, dijo Aguad.
“Esto acrecienta y gratifica el trabajo de nuestros científicos, que hacen una tarea silenciosa y fructífera para la Argentina”, agregó el ministro.
El embajador Prado destacó que “una de las mayores metas es entrecruzar los lazos entre nuestros países. La cooperación en ciencia y tecnología entre Estados Unidos y Argentina es muy amplia, tiene una larga trayectoria y abarca distintas áreas, como las de energía, salud, espacio, medio ambiente y ciencias del mar, entre otras, todo con el fin de ayudar a la sociedad”.
Por su parte, Barañao aseguró: “Hay variables naturales que tenemos que ser capaces de predecir para poder remediar sus efectos o tomar medidas con antelación que nos permitan hacer que las consecuencias no sean graves”. Y añadió: “Éste es un problema de tremenda complejidad que no puede ser resuelto desde una disciplina en particular, motivo por el cual es tan importante la interacción interdisciplinaria que se evidencia en este proyecto”.
La directora del SMN, Celeste Saulo, a su turno, destacó la posibilidad de estudiar los sistemas convectivos de mesoescala con equipamiento idóneo, la interdisciplinariedad para entender mejor las tormentas, y la generación de servicio.
El proyecto contará con radiosondeos, radar SPolKa, radares portables del conjunto de radares de Doppler on Wheels (DOW), y sensor Lidar para medir de vapor de agua, entre otro instrumental.
Cindy Fernández, vocera del SMN, explicó que se busca estudiar cómo crece y evolucionan las tormentas. “Tenemos tormentas más severas que evolucionan más rápido, por eso resultó interesante estudiarlas a científicos de Estados Unidos y Brasil”. Y destacó: “Los meteorólogos no podemos estudiar los fenómenos en laboratorio. No nos queda otra que salir a medir a campo. Por eso los datos van a ser abiertos y van a tener acceso la gente de la universidad y los científicos”.
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La modificación de la 7722 mendocina ya se debate
Arranca el debate para modificar la ley de minería
Fecha de Publicación: 20/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Después de la sanción de la ley 7722 en 2007 y del rechazo de la Suprema Corte a los planteos de inconstitucionalidad -en abril del año pasado-, el tema de la minería parecía resuelto en Mendoza hasta que este mes dos proyectos de la oposición reabrieron el debate sobre la necesidad modificar la norma para ampliar la matriz productiva de la provincia.
A pesar de que las iniciativas surgieron de dos peronistas, el oficialismo en la Legislatura se apresuró a abrir el debate. El miércoles se espera que se discutan las propuestas de los senadores Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) y Juan Agulles (PJ) en una reunión conjunta de las comisiones de Hidrocarburo, Minería y Energía, y Legislación y Asuntos Constitucionales.
Desde el oficialismo se muestran cautos a fijar una posición pero sí se expresaron abiertos al debate. Hasta el gobernador Alfredo Cornejo aseguró a Los Andes que hay que deliberar sobre el tema en la Casa de las Leyes.
Genera incertidumbre que no hay una postura partidaria fijada de parte de Cambia Mendoza, que tiene mayoría en la Cámara Alta. La minería genera un quiebre en todos los bloques.
Representantes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza y la Unión Industrial de Mendoza presentaron un diagnóstico de la situación económica de la provincia y plantearon la necesidad de desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos naturales.
“Hoy la minería en Mendoza es de hecho considerada una actividad casi ilícita”, expresaron en un documento recibido por todos los legisladores.
En defensa de la ley
Ante el inminente tratamiento de los proyectos, en el Valle de Uco, el viernes pasado se reunieron concejales, ambientalistas y el intendente para diagramar un plan de acción.
“Nos preocupa que se quiera modificar una ley que está a la vanguardia. Hay un fallo plenario de 100 hojas avalando la ley. Si no existiera esta ley Mendoza sería Jachal”, explicó el intendente de San Carlos Jorge Difonso, aliado del oficialismo.
En General Alvear las más de 30 entidades que conforman la muiltisectorial (Cámara de Comercio, Federación Agraria, sindicatos entre otras) iniciaron movilizaciones para pedir que no se toque le ley y en el Concejo Deliberante los ediles de la UCR, el Pro y el PJ, unificaron en torno a una resolución que solicita directamente archivar el proyecto de reforma de la 7.722.
En la misma línea, Walther Marcolini, jefe comunal alvearense, no titubeó al momento de asegurar que “vamos a defender el agua y la ley, entendemos que no hace falta modificarla porque no prohíbe la actividad minera sino que establece niveles de control a la actividad”.
Claves
Lo que dice la ley 7.722. Prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, “y otras sustancias tóxicas similares” en los procesos mineros.
La modificación polémica. El proyecto de Abraham busca eliminar la frase "y otras sustancias tóxicas similares" de la 7.722 para abrir la puerta al uso de otros recursos químicos en minería.
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Fecha de Publicación: 20/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Después de la sanción de la ley 7722 en 2007 y del rechazo de la Suprema Corte a los planteos de inconstitucionalidad -en abril del año pasado-, el tema de la minería parecía resuelto en Mendoza hasta que este mes dos proyectos de la oposición reabrieron el debate sobre la necesidad modificar la norma para ampliar la matriz productiva de la provincia.
A pesar de que las iniciativas surgieron de dos peronistas, el oficialismo en la Legislatura se apresuró a abrir el debate. El miércoles se espera que se discutan las propuestas de los senadores Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) y Juan Agulles (PJ) en una reunión conjunta de las comisiones de Hidrocarburo, Minería y Energía, y Legislación y Asuntos Constitucionales.
Desde el oficialismo se muestran cautos a fijar una posición pero sí se expresaron abiertos al debate. Hasta el gobernador Alfredo Cornejo aseguró a Los Andes que hay que deliberar sobre el tema en la Casa de las Leyes.
Genera incertidumbre que no hay una postura partidaria fijada de parte de Cambia Mendoza, que tiene mayoría en la Cámara Alta. La minería genera un quiebre en todos los bloques.
Representantes del Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza y la Unión Industrial de Mendoza presentaron un diagnóstico de la situación económica de la provincia y plantearon la necesidad de desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos naturales.
“Hoy la minería en Mendoza es de hecho considerada una actividad casi ilícita”, expresaron en un documento recibido por todos los legisladores.
En defensa de la ley
Ante el inminente tratamiento de los proyectos, en el Valle de Uco, el viernes pasado se reunieron concejales, ambientalistas y el intendente para diagramar un plan de acción.
“Nos preocupa que se quiera modificar una ley que está a la vanguardia. Hay un fallo plenario de 100 hojas avalando la ley. Si no existiera esta ley Mendoza sería Jachal”, explicó el intendente de San Carlos Jorge Difonso, aliado del oficialismo.
En General Alvear las más de 30 entidades que conforman la muiltisectorial (Cámara de Comercio, Federación Agraria, sindicatos entre otras) iniciaron movilizaciones para pedir que no se toque le ley y en el Concejo Deliberante los ediles de la UCR, el Pro y el PJ, unificaron en torno a una resolución que solicita directamente archivar el proyecto de reforma de la 7.722.
En la misma línea, Walther Marcolini, jefe comunal alvearense, no titubeó al momento de asegurar que “vamos a defender el agua y la ley, entendemos que no hace falta modificarla porque no prohíbe la actividad minera sino que establece niveles de control a la actividad”.
Claves
Lo que dice la ley 7.722. Prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, “y otras sustancias tóxicas similares” en los procesos mineros.
La modificación polémica. El proyecto de Abraham busca eliminar la frase "y otras sustancias tóxicas similares" de la 7.722 para abrir la puerta al uso de otros recursos químicos en minería.
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Mendoza: la sequía ahora es la norma
Irrigación: la sequía es la “nueva normalidad” en Mendoza
Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales han logrado este fenómeno.
La situación de sequía y que ha mantenido en emergencia hídrica a Mendoza durante los últimos nueve años ha pasado a convertirse en el panorama cotidiano en toda la provincia.
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales –todos hechos intervinculados– han llevado a que la “nueva normalidad” sea la de años secos, situación que parece haber llegado para quedarse.
En este contexto, Irrigación presentará hoy (junto al último pronóstico de escurrimiento) un Plan de Sequía, que luego enviará a la Legislatura para que se convierta en ley.
Según adelantó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el objetivo de este trabajo es controlar minuciosamente el uso del agua –con micromedidores y un fuerte control, entre otras cosas–, intentando controlar el derroche.
“El agua que llega a las plantas cloacales es la mitad de la que se produce y que llega a la gente. La otra mitad se pierde en riego y por ineficiencia”, destacó Marinelli, quien resaltó que el proyecto no apunta a restringir el uso del agua.
“No pensamos modificar el principio de inherencia de la tierra, ni llevarnos el agua de un río al otro ni tampoco disminuir el uso de un sector para dárselo a otro”, aclaró Marinelli.
Mediante el plan -que pretende convertirse en ley-, buscan fijar las pautas para actuar y trabajar en esta “nueva normalidad”, y mantener el orden de prioridades para el uso del agua. El prioritario es el consumo poblacional, seguido por el uso agrícola; tercero el uso industrial y finalmente los emprendimientos mineros.
“Hoy sólo existen estas prioridades, pero la única herramienta legal es la Emergencia Hídrica (con medidas transitorias y de corto plazo). La ley va fijar los tres escenarios posibles (normal, alerta y crítico), y qué medidas se toman. Cuando el escenario sea crítico, se va a priorizar el consumo poblacional”, resumió el funcionario.
“Nueva normalidad”
También el Plan de Sequía pretende darle un formato definitivo al procedimiento de erogación (distribución) de agua.
“Antes se mandaba siempre igual, todos los años de la misma manera. Pero el año pasado empezamos a tener en cuenta el tipo de cultivo, la demanda y la cantidad de agua. A partir del seguimiento de esa curva de demanda, se está haciendo un uso más eficiente”, insistió Marinelli, quien destacó que el objetivo de convertirlo en ley es que trascienda las gestiones.
En comparación con el último verano, la situación para esta temporada asoma más crítica en lo que respecta al caudal de los ríos mendocinos. Y por eso es que una de las patas más fuertes de la ley está centrada en poner finalmente en funcionamiento los medidores.
“Hay que evitar el uso de agua potable para el riego de jardines, al mismo tiempo que hay que trabajar en planes para evitar que se pierda agua en las cañerías”, explicó.
Además, resaltó que la ley implica la participación de todos los actores (irrigación, Aysam, EPAS y los municipios de Luján, Tupungato y Maipú -prestadores del servicio-). Y se detuvo en el derroche generalizado, agregando que en promedio se gastan 800 litros diarios de agua, cuando el consumo personal no debería superar los 250 litros.
“Se necesitan cambios culturales que permitan más el aprovechamiento”, resumió el titular de Irrigación.
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Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales han logrado este fenómeno.
La situación de sequía y que ha mantenido en emergencia hídrica a Mendoza durante los últimos nueve años ha pasado a convertirse en el panorama cotidiano en toda la provincia.
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales –todos hechos intervinculados– han llevado a que la “nueva normalidad” sea la de años secos, situación que parece haber llegado para quedarse.
En este contexto, Irrigación presentará hoy (junto al último pronóstico de escurrimiento) un Plan de Sequía, que luego enviará a la Legislatura para que se convierta en ley.
Según adelantó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el objetivo de este trabajo es controlar minuciosamente el uso del agua –con micromedidores y un fuerte control, entre otras cosas–, intentando controlar el derroche.
“El agua que llega a las plantas cloacales es la mitad de la que se produce y que llega a la gente. La otra mitad se pierde en riego y por ineficiencia”, destacó Marinelli, quien resaltó que el proyecto no apunta a restringir el uso del agua.
“No pensamos modificar el principio de inherencia de la tierra, ni llevarnos el agua de un río al otro ni tampoco disminuir el uso de un sector para dárselo a otro”, aclaró Marinelli.
Mediante el plan -que pretende convertirse en ley-, buscan fijar las pautas para actuar y trabajar en esta “nueva normalidad”, y mantener el orden de prioridades para el uso del agua. El prioritario es el consumo poblacional, seguido por el uso agrícola; tercero el uso industrial y finalmente los emprendimientos mineros.
“Hoy sólo existen estas prioridades, pero la única herramienta legal es la Emergencia Hídrica (con medidas transitorias y de corto plazo). La ley va fijar los tres escenarios posibles (normal, alerta y crítico), y qué medidas se toman. Cuando el escenario sea crítico, se va a priorizar el consumo poblacional”, resumió el funcionario.
“Nueva normalidad”
También el Plan de Sequía pretende darle un formato definitivo al procedimiento de erogación (distribución) de agua.
“Antes se mandaba siempre igual, todos los años de la misma manera. Pero el año pasado empezamos a tener en cuenta el tipo de cultivo, la demanda y la cantidad de agua. A partir del seguimiento de esa curva de demanda, se está haciendo un uso más eficiente”, insistió Marinelli, quien destacó que el objetivo de convertirlo en ley es que trascienda las gestiones.
En comparación con el último verano, la situación para esta temporada asoma más crítica en lo que respecta al caudal de los ríos mendocinos. Y por eso es que una de las patas más fuertes de la ley está centrada en poner finalmente en funcionamiento los medidores.
“Hay que evitar el uso de agua potable para el riego de jardines, al mismo tiempo que hay que trabajar en planes para evitar que se pierda agua en las cañerías”, explicó.
Además, resaltó que la ley implica la participación de todos los actores (irrigación, Aysam, EPAS y los municipios de Luján, Tupungato y Maipú -prestadores del servicio-). Y se detuvo en el derroche generalizado, agregando que en promedio se gastan 800 litros diarios de agua, cuando el consumo personal no debería superar los 250 litros.
“Se necesitan cambios culturales que permitan más el aprovechamiento”, resumió el titular de Irrigación.
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Un nuevo "no acuerdo" por el Río Atuel
Restitución del Río Atuel: La Pampa rechazó la propuesta de Nación
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Contundente movilización a favor de la 7.722 mendocina
Unas 4.000 personas se manifestaron a favor de la ley 7.722 en Alvear
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Minería en Mendoza, Cornejo dice que no tienen posicion
Cornejo se refirió a los proyectos para modificar la ley de minería: “No tenemos posición tomada”
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la posible modificación de la Ley 7.722, que sería tratada la semana próxima en comisiones del Senado, el gobernador Alfredo Cornejo brindó su opinión.
“Hay dos proyectos de dos senadores justicialistas. Están en comisiones, van a tener la suficiente deliberación”, indicó el gobernador en declaraciones a Radio Nihuil.
“El Gobierno está abierto a escuchar propuestas, mis funcionarios van a dar explicaciones desde el punto de vista ambiental e industrial pero no tenemos posición tomada”.
“Esto surgió con mucha movilización y cambiar exige escuchar a todos los actores, empresarios y a aquellos que forjaron la ley hace once años atrás. Tiene un final abierto”, agregó.
Los proyectos presentados por los senadores Juan Antonio Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) proponen realizar algunas modificaciones en la Ley 7.722, que regula la actividad minera.
Mientras que el primer propone crear Parques Industriales Mineros para utilizar en ellos todo tipo de sustancias, el segundo busca eliminar la parte de la ley que dice: “Y otras sustancias similares”. Esto ampliaría el espectro de recursos químicos a utilizar.
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Conflicto por el Atuel: Nación propuso solución
Propuesta para destrabar el conflicto con La Pampa
Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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Fecha de Publicación: 13/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A días de que venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri) y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar recursos y un territorio”.
En primer lugar la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano. Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33 sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto, la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos, Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte. Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con participación de la Nación.
Así, aunque pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la última reunión, Mendoza había presentado la información con las obras que proponía para realizar en conjunto.
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