Iniciativa Popular para declarar la Emergencia Ambiental por agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/06/2021
Fuente: Página Política
Provincia/Región: Entre Ríos


La motoriza el colectivo Basta es Basta. Se trata de la primera vez que se recurre al instrumento previsto por la Constitución reformada en 2008. Reuniendo el 2% de las voluntades del padrón, la Legislatura deberá tratar la iniciativa, aprobarla o rechazarla. El proyecto de ley, sustentado en un voluminoso trabajo de fundamentación.
La Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta” encara una Iniciativa Popular para declarar la Emergencia Ambiental por agroquímicos.
Se trata de la primera vez que una organización recurre a este instrumento de participación popular que previó la Carta Magna entrerriana luego de la Convención Constituyente de 2008.
El texto de la Constitución, en el artículo 49, garantiza a “todos los habitantes mayores de dieciséis años con dos de residencia en la Provincia” el derecho de presentar “proyectos de ley ante cualquiera de las cámaras, con el 2 por ciento, como mínimo, de firmas del padrón electoral provincial”. Lo previsto es que la Legislatura le deba dar tratamiento a toda iniciativa que cumpla con los requisitos “dentro de un período de sesiones”.
El contexto en el que se presenta la propuesta es el “de la inacción de legisladores y del Poder Ejecutivo” que se demora en el tratamiento de una legislación respecto del uso de agroquímicos y del estudio del impacto de su uso en la salud de la población y el ambiente.
El proyecto de ley, con el que se inició la reunión de firmas en la provincia, declara como Actividad Peligrosa a la producción agrícola que utiliza insumos de síntesis químicas, en el artículo 1º.
En el artículo 2º declara la Emergencia Ambiental por el impacto de estos insumos por el lapso mínimo y prorrogable de dos años “por estricta aplicación del principio precautorio y en virtud de los fundamentos de la normativa”.
Se crea además un Registro Público Provincial de Establecimientos Agropecuarios y un Registro Público Provincial de Vigilancia Epidemiológica.
Se impone, mientras dura la emergencia, la Evaluación de Impacto Acumulativo y Sinérgico en todo el territorio provincial, la que deberá tener en cuenta “las diferentes matrices ambientales, sociales y productivas”.
Se contempla que el presupuesto para el cumplimiento de la presente ley surja de la asignación prevista por el Ejecutivo, además de 0,50% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural y el 100% de la alícuota proveniente del Impuesto a los Ingresos Brutos de la comercialización de los productos de síntesis químicas, entre otros recursos.
El formulario para adherir a la iniciativa puede descargarse aquí

El texto y los fundamentos
En los fundamentos de la iniciativa, Basta es Basta acumula abundante información respecto de estudios que han dado cuenta del impacto del uso de agroquímicos en el ambiente (en el agua, el suelo, la fauna y la flora).
Citan trabajos vinculados a los efectos nocivos en la salud y particularmente con relación a la salud infantil y la del impacto de los agrotóxicos en el embrión humano. Mencionan, entre otros trabajos, los resultados de los campamentos sanitarios desarrollados por universidades públicas en territorio entrerriano y la exposición que al respecto realiza el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, en el marco de la causa iniciada por el Foro Ecologista contra el gobierno de la provincia.
La organización remarca el “valioso instrumento de democracia directa” al que acuden con el fin de “revalorar el bien más preciado y derecho humano fundamental como la vida de los entrerrianos y entrerrianas, pero por sobre todo de nuestras generaciones futuras”.
Afirman que la propuesta “se constituye en una herramienta que significará un contrapeso ante tanta irreversibilidad de contaminación en los componentes de nuestro territorio y la vida de quienes lo habitamos”.
“Nuestra solicitud se cimienta en un interés público superior de niñas y niños por nacer, titulares de los bienes comunes hoy altamente amenazados y en el que se deberán desplegar sus derechos fundamentales a la vida, a un ambiente sano, a la salud, a la integridad física, a la educación”, apuntan en el texto.
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Delta del Paraná: avanza el trabajo conjunto de Nación y las provincias de Santa Fe y Entre Ríos

Fecha de Publicación: 07/06/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


Es en el marco de la estrategia de Faros de Conservación creada por el Ministerio que conduce Juan Cabandié.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación participó de una nueva reunión con la Administración de Parques Nacionales (APN) y representantes de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos para fortalecer acciones de la Red de Faros de Conservación, en contexto de la articulación en materia de conservación y aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná.
El encuentro se realizó en la isla santafesina Ingeniero Sabino Corsi y participaron por parte de Nación Abelardo Llosa, director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, y Eugenio Magliocca, vocal del directorio de APN. Además estuvieron presentes la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, y la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García.
Llosa aseguró: “Desde Nación hemos puesto en común toda la información sobre lo que se viene trabajando con faros de conservación: el sistema de alerta temprana que se ha licitado y que ya se está construyendo, el que nos va a permitir identificar el inicio de cualquier incendio en un plazo cortísimo de segundos para que esa información llegue a las áreas que tienen que salir a hacer el combate”. “Ya tenemos equipado al personal de parques con tecnología, con capacitación y con planes de trabajo”, afirmó. También celebró el trabajo de articulación iniciado por las provincias, que son “las que tiene la responsabilidad inicial del combate al fuego” y afirmó: “La coordinación y la rapidez van a ser centrales y en eso estamos trabajando”.
Sobre la importancia de la prevención, el funcionario nacional explicó que en esos sitios se va a abordar “el monitoreo de biodiversidad, de condiciones hidrológicas y climáticas, la educación ambiental con la población en general, pero también y fundamentalmente, el diálogo con los actores del territorio, es decir, la población isleña y los productores para ayudarlos a que en sus prácticas productivas no usen el fuego o lo hagan de una manera controlada y racional para que no se salga de cauce”.
Por su parte, Gonnet indicó: “Nos encontramos ambas provincias con el Gobierno nacional, coordinando esta actividad con diferentes fuerzas, no solamente los ministerios o secretarías de Ambiente sino también las fuerzas de seguridad, Defensa Civil y Protección Civil de ambas provincias”. Y destacó que el objetivo es que frente a situaciones como las del año pasado con incendios en el área “nos encuentren articulados y con más estructuras, como son los faros de conservación”.
A su turno, García expresó que el encuentro “viene a coronar” el trabajo conjunto entre Nación y provincias “en la prevención, la evaluación del potencial riesgo, la detección temprana de los focos de fuego y la capacidad de acceder y trabajar en territorio”. “Este año estamos trabajando para que esa capacidad esté totalmente estudiada y a disposición para entrar y trabajar en territorio como se debe”, fundamentó. Finalmente sostuvo: “Si podemos hacer esto en conjunto, estamos hablando verdaderamente de desarrollo sostenible en el delta”, y recordó que es un territorio compartido por tres provincias y por la Nación.

Faros de Conservación
A través de esta iniciativa, impulsada por el ministro de Ambiente Juan Cabandié, se lleva adelante en el territorio del Delta del Paraná el despliegue de personal con apoyo logístico y equipamiento para monitorear la biodiversidad, relevar el estado de la vegetación y las condiciones hidrológicas e identificar el riesgo de incendios en las diferentes zonas.
El objetivo es crear un sistema de prevención de riesgos ambientales, conservación de la biodiversidad y apoyo a la transición productiva regional hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social. Además del monitoreo, el diálogo con los productores y habitantes isleños es otro de los ejes del programa. Todo ello enmarcado en el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Río Paraná (PIECAS), que integra la cartera de Ambiente nacional junto a las provincias.
La estrategia está en funcionamiento en los parques nacionales de Islas de Santa Fe y Pre Delta de Entre Ríos. Los faros de conservación permiten, a través de la asignación de recursos, la operación de equipos de monitoreo ambiental y de comunicación, más la presencia permanente de guardaparques y brigadistas de parques nacionales, desplegar un plan de detección temprana, prevención y disuasión de incendios que posibilite, mediante el patrullaje aéreo, terrestre y fluvial, detectar, informar y combatir focos.
Cabe agregar, en lo que respecta a la situación del delta del Paraná, el Ministerio de Ambiente nacional, en el marco del PIECAS, contrató y adjudicó la provisión e instalación de un sistema de alerta temprana de detección de incendios en el tramo superior del delta, constituido por cinco torres de detección equipadas con cámaras multiespectrales, dos centros de control y el servicio de mantenimiento de todo el sistema, lo que demandó una inversión de $ 111.900.000. También se llamó a licitación para la compra de cinco embarcaciones para el programa por un monto estimado de $ 19.000.000; y se adquirieron 11 estaciones meteorológicas, 110 cámaras trampa y 11 drones con cámaras térmicas y se realizaron cursos de capacitación para 33 operadores de drones; con una inversión de $ 8.306.045.
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ALERTAN : que el proyecto de Ley Buenas Prácticas Agrícolas es ilegítimo, inconstitucional y es impulsado por grandes empresas de agronegocios

Fecha de Publicación: 03/06/2021
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos


La Fundación Cauce, Cultura Ambiental-Causa Ecologista advirtió a los senadores y diputados entrerrianos que el proyecto de ley “Buenas prácticas agrícolas”, pronto a tratarse en ambas cámaras es “ilegítimo” e “inconstitucional”. Según información aportada a DIARIOJUNIO, el mencionado proyecto "es lisa y llanamente una reedición, con otro nombre, de antiguos proyectos de leyes de fitosanitarios, ni más ni menos” y que, "el ampuloso nombre con el que se ha dado a conocer el Proyecto del Poder Ejecutivo ‘Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)’” surge por el impulso de las grandes empresas de agronegocios. “Empresas, como Bayer, Monsanto, ChemChina Syngenta, entre otras", afirman.
La organización ambientalista, elevó este lunes 31 de mayo notas a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en las que advierte que el proyecto de ley es “ilegítimo”, ya que “no demuestra ser fruto de un análisis profundo del tema”.
En su fundamentación, la organización detalló que la iniciativa legislativa no “tiene en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades, en especial, los vinculados con los movimientos ecologistas, las víctimas afectadas y sus familiares y los profesionales de la salud y el ambiente del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos”.
“Este proyecto es lisa y llanamente una reedición, con otro nombre, de antiguos proyectos de leyes de fitosanitarios, ni más ni menos”, señaló Cauce.
Asimismo, denunció “la inconstitucionalidad de su contenido normativo, violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Acuerdo de Escazú, en nuestra Constitución Nacional, en nuestra Carta Magna provincial, y en abierta contradicción al programa constitucional establecido en la reforma del año 2008 y a los principios del derecho ambiental determinados en la ley general del ambiente 25.675”.
“Este proyecto, titulado ‘Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en la Provincia de Entre Ríos’, impulsado por el Ministerio de la Producción de la Provincia, de sancionarse como ley, en vez de promover ‘la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria’ como se indica en su primer artículo, causará un grave perjuicio para la salud de la población, el ambiente y las economías regionales”, subrayó.
Para Cauce “el ampuloso nombre con el que se ha dado a conocer el Proyecto del Poder Ejecutivo ‘Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)’” surge por el impulso de las grandes empresas de agronegocios. “Empresas, como Bayer, Monsanto, ChemChina Syngenta, entre otras, que dominan el mercado de los transgénicos y los agroquímicos y que se han hecho millonarias vendiendo peligrosos productos que perjudican el ambiente, el suelo, los cursos de agua, los ecosistemas, dando lugar a desastres ecológicos”.
En la extensa nota, Cauce no ahorró críticas. “El Ministerio de la Producción, entendemos que, fuertemente influenciado por lobistas del agronegocio, pretende otorgarle una protección a los productores que hace uso y abuso de los agroquímicos que fumigan nuestros pueblos y nuestras escuelas rurales, las áreas naturales protegidas e incluso las granjas o espacios donde realmente se practica la agroecología”.
“La Provincia se regirá por la clase toxicológica que determina el SENASA, un organismo que, históricamente, ha autorizado productos, clasificándolos, sin ningún tipo de respaldo científico real, concreto, seguro, verdadero y a espaldas de la ciudadanía que no ha tenido en ningún tiempo participación en las decisiones. Esto, en clara infracción de las normas que indican la necesidad de aplicar las herramientas de la democracia ambiental cuando hay eventos, proyectos o actividades que podrían causar impactos ambientales o en la salud humana”, cuestionó.
En otro párrafo, Cauce consideró que “el Proyecto es tan regresivo que se da de bruces con las autonomías municipales garantizadas por la Constitución de Entre Ríos (art. 231 de nuestra Carta Magna local). Se pretende imponerles una norma inconstitucional e ilegítima -viciada desde su origen- al prescribir en su art. 8º “(…) debiendo los Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno existentes en la Provincia adherir y adecuar sus normas a la presente”. Esto es una clara violación a acuerdos internacionales firmados por el Estado Argentino en las Conferencias mundiales de ambiente celebradas en Rio de Janeiro tanto en 1992 como en 2012”.
En cuanto a la agroecología, Cauce señaló que si el Poder Ejecutivo desea discutir sobre las “verdaderas buenas prácticas agrícolas” debe poner en discusión el proyecto de ley, cuyo expediente es el 23.372, que ya cuenta con media sanción del Senado sobre los sistemas de producción agroecológica.
“Estamos atravesando un momento histórico crucial donde la crisis ambiental, social, alimentaria y civilizatoria nos interpela respecto a observar nuestros modos de producir y consumir. No todo da lo mismo. ‘El modelo del agronegocio, sustentado en el uso de agroquímicos es altamente problemático e insostenible ambientalmente’. La sociedad en su conjunto aboga por el cuidado de la Casa Común”, resaltó Cauce en la nota enviada este lunes.
A modo de llamado, la organización dijo: “No podemos dejar que el pobre modelo agroindustrial y químico que claramente se impulsa y profundiza con este proyecto sea ley en nuestra Provincia. Debemos co-construir una política agraria a escala humana, agroecológica en la que prime la diversidad productiva y la sana alimentación de las personas, cuidando los ecosistemas”.
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ART deberá indemnizar a maestra rural que se expuso a plaguicidas

Fecha de Publicación: 05/05/2021
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos


La docente daba clases en una zona agrícola en donde se realizaban constantes tareas de fumigación. Se comprobó que sufrió daños dermatológicos y que tenía en su cuerpo restos de agroquímicos
La Sala II Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Entre Ríos, condenó a una ART a resarcir a una docente rural que sufrió los efectos de la exposición a plaguicidas -insecticidas y herbicidas organofosforados- cuando se desempeñaba en una pequeña escuela rural de la provincia.
En primera instancia, la demanda de la mujer fue desestimada, pero la decisión fue revertida por la Sala II Laboral de la mencionada cámara, que condenó al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos por la incapacidad parcial y definitiva que presenta, en virtud de lo normado por la LRT y la ley 26773.
La alzada también le ordenó a la ART otorgar a la actora «prestaciones en especie» para que se recupere y trate las secuelas producto de las intoxicaciones que sufrió.
El tribunal tuvo por probada la exposición reiterada de la reclamante a agentes de riesgo para la salud y estimó que sus dolencias guardan relación de causalidad con las tareas que cumplió; concretamente, con el ambiente donde trabajaba y vivía, y recordó que su lugar de trabajo está en un área agrícola que se fumigaba tanto en forma aérea como terrestre.

Campos
Las fumigaciones constantes en los campos vecinos a la institución educativa fueron ratificadas por testigos, quienes dijeron que se hacían dos o tres veces al año.
Además, reportaron que sufrieron “picazón de ojos” y “falta de aire” luego de la aplicación de los pesticidas y describieron el olor de los químicos como similar al insecticida conocido como “gamexane”.
“El hecho de que no se haya podido determinar quién era la persona o responsable directo de fumigar no implica tener por inexistente que efectivamente se fumigaba, pues la prueba concreta de los actos en tal sentido es contundente”, aclaró la sentenciante.
Si bien descartó que la maestra haya sufrido de daño neurológico, dio por acreditado que tiene lesiones dermatológicas y entendió que cabía reparación dentro del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo; ello así, porque en decreto 658/96 contempla como enfermedades profesionales las derivadas de agentes plaguicidas y órganos fosforados y carbamatos, como también la utilización de fósforo y sus compuestos, generadoras de dermatitis aguda  irritativa o crónica.
Finalmente, indicó que las lesiones en la piel también están dentro de la tabla de incapacidades laborales (decreto 659/96) derivadas de las enfermedades profesionales que figuren en el listado, diagnosticadas como permanentes o como secuelas de accidentes de trabajo, que prevén “un grado de incapacidad que varía según el lugar de afectación”.
Además, ratificó que la actora ingresó a trabajar sana y apta a prestar servicios y que se enfermó trabajando.
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Alertan "pérdida de fertilidad" en suelos tras los incendios en el Paraná

Fecha de Publicación: 03/05/2021
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Litoral Argentino


"El humedal y su biodiversidad están en riesgo" y "no hay margen para continuar con esta agresión" advirtió un estudio de especialistas de la Universidad Nacional de Rosario.
Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) alertaron sobre la "pérdida de la fertilidad" de los suelos afectados por los incendios el año pasado en los humedales del Delta del río Paraná.
"Los suelos quemados están más compactados y se perdió más del 60% del fósforo generando una disminución de la fertilidad y del equilibrio con otros elementos que participan de la nutrición de la vegetación local", indicó el primer informe divulgado el sábado por los investigadores Néstor Di Leo, Sergio Montico y José Alberto Berardi de la UNR.
Los expertos en suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad rosarina consideraron como un "impacto relevante" la detección de la "disminución del carbono almacenado en el suelo" lo que derivó en "una pérdida media del dióxido de carbono, equivalente a 16 toneladas por hectárea". "El destino de este gas de efecto invernadero, junto con el liberado por la vegetación quemada, fue a la atmósfera. De esta manera, tanto los suelos como la vegetación del humedal perdieron su rol de sumideros. Un sumidero es un sistema o proceso natural por el que se extrae de la atmósfera y se almacena un gas o gases, contribuyendo así a luchar contra el cambio climático", explicaron en el informe.
El delta del río Paraná es un conjunto de humedales, ecosistemas que brindan múltiples beneficios, como abastecimiento de agua y materiales, alimentación, almacenamiento de gases de efecto invernadero, transporte y ocio. "Los suelos de islas son diferentes a los pampeanos ya que se conforman con sedimentos que el agua va depositando a lo largo del tiempo. Por ello son muy particulares y frágiles frente a la agresión del fuego", dijo Sergio Montico sobre los suelos afectados en las Islas, ubicadas sobre el río Paraná frente a la ciudad de Rosario.
Para los expertos, "en los incendios se quema gran parte de la materia orgánica, componente vital que determina la acidez, la porosidad, reserva de nutrientes y actividad biológica del suelo".
"Se pierden nutrientes y, con ello, disminuye la fertilidad, característica que cuesta mucho recomponer en estos ambientes", advirtieron y sostuvieron que "perder, por ejemplo, nitrógeno y fósforo, significa tener menos recursos para reponerse luego del incendio, ya que estos nutrientes son muy necesarios para las plantas y para el suelo mismo".
Los investigadores utilizaron GPS de alta precisión que con técnicas específicas relevaron 24 sitios afectados por incendios de diferente severidad, extrajeron muestras de suelos que fueron analizadas en laboratorio y tomaron registros de su compactación. El informe concluyó que "el humedal y su biodiversidad están en riesgo" y que "ya no hay margen para continuar con esta agresión".
Los incendios registrados en el primer trimestre de 2020, según estimaciones de expertos y asociaciones ambientalistas, afectaron alrededor de 300 mil hectáreas, más del 17% de su superficie, provocando grandes daños tanto ambientales como sociales.
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Gualeguaychú: la Asamblea Ambiental marchó contra Botnia-UPM

Fecha de Publicación: 27/04/2021
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


Gualeguaychú reeditó la tradicional marcha al puente General San Martín. Por la pandemia la protesta se realizó en vehículos y con protocolos
Se llevó a cabo ayer en Gualeguaychú una nueva edición de la marcha convocada por la Asamblea Ambiental en rechazo al funcionamiento de las pasteras en el río Uruguay. En función de la emergencia sanitaria que conlleva la pandemia de coronavirus, la manifestación se realizó respetando los protocolos de distanciamiento social, uso de protocolos y a bordo de vehículos hasta el puente internacional General San Martín. Fuentes de la organización informaron a UNO que en la caravana participaron alrededor de 200 vehículos, y durante el recorrido se tuvo la intención de llegar hasta al otro lado de la conexión, pero no pudo ser posible. El gobierno uruguayo ordenó a la Prefectura cortar el enlace, para impedir el avance de los asambleístas. “Unos 25 autos intentaron subir y el resto esperó más por una cuestión de seguridad”, confirmó a UNO la asambleísta Cristina Limba.
Algunos medios locales que cubrieron la actividad destacaron la participación de algunas personalidades del campo de la política. Uno de los asistentes fue el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio. También dijeron presente el senador Jorge Maradey, el exintendente Emilio Martínez Garbino y el abogado asambleísta y dirigente del GEN, Osvaldo Fernández.

Documento
En el paraje de Arroyo Verde, sobre la ruta internacional 136, se leyó un documento donde se advirtió por la instalación de una tercera pastera en el vecino país. De la misma manera se condenó la falta de respuestas de los gobernantes “ante la instalación de Botnia-UPM y su posterior producción contaminante, que deteriora nuestras fuentes de vida, el agua. el aire y la tierra”.
En la convocatoria número 17 el movimiento ambiental renovó su reclamo para que la pastera se vaya del río Uruguay y alertó que se está proyectando una tercera pastera “ahora sobre el río Negro, que generará más contaminación sobre el río Uruguay”. La proclama también interpeló a la Justicia Federal de Gualeguaychú para que avance “con la investigación por el delito de propagación de efluentes, contemplado en la ley 24.051 y en reclamar que ante el incumplimiento de la República Oriental del Uruguay, se active el Protocolo de San Luis, que ambos países han firmado”.
En uno de sus tramos más relevantes el documento alude a los diferentes controles que se impulsaron para evitar la contaminación ambiental. “Creímos en la efectividad del registro de la estación de monitoreo de Ñandubaysal, y hoy sabemos que era un punto neutro para el registro de aire contaminado”, señalaron.
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El debate de uso de agroquímicos en Entre Ríos arrancó con desconfianzas, reclamos y recelos

Fecha de Publicación: 22/04/2021
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos


Un borrador del Ministerio de la Producción puso en alerta a organizaciones ambientalistas no convocadas para debatirlo. Se aclaró desde el Senado que el texto no tiene rango de proyecto de ley, pero se le parece bastante.
La anunciada Comisión Bicameral de Fitosanitarios, a la que aludió el gobernador Gustavo Bordet en la apertura de sesiones ordinarias, el 15 de febrero, no ha arrancado aún pero su tarea se inicia con desconfianzas, reclamos y recelos.
Fue a raíz de la presentación de una propuesta de manual de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en Entre Ríos. El texto fue elaborado por el Ministerio de la Producción y fue presentado como un trabajo elaborado en conjunto por funcionarios, técnicos y profesionales de la cartera junto a representantes de 31 organizaciones que integran la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias.
El portal EraVerde.com.ar, que ha seguido el tema en las últimas semanas, dio cuenta de reproches cruzados entre oficialismo y oposición por la convocatoria realizada a los legisladores para avanzar en el tema; y entre senadores y diputados por el cariz que tendría esa reunión en el debate de un texto que, en principio, aparecía como un proyecto de ley cerrado.
Hubo incluso planteos de sectores ruralistas porque el texto final no contemplaba sus pretensiones, pero fundamentalmente la queja llegó de parte de organizaciones ambientalistas no convocadas a debatir la iniciativa que tuvo su formal ingreso en Diputados, en febrero, junto a una nota del ministro Juan José Bahillo que respalda la propuesta sustentada en “el trabajo minucioso y detallado” a lo largo de seis meses.
El 30 de marzo pasado, por caso, el Foro Ecologista, los Agricultores Agroecológicos de Entre Ríos y el Colectivo Basta es Basta “enviaron formalmente notas a todos los legisladores y las autoridades de cámaras, solicitando una serie de precisiones oficiales”, publicó Era Verde. Treinta organizaciones reclamaron el “texto oficial del proyecto presentado por el Ministerio de Producción de la provincia” junto con precisiones sobre el encuadre de la bicameral, su integración y los mecanismos previstos para la participación ciudadana.
Finalmente, intervino la vicegobernadora Laura Stratta respondiendo al planteo con una nota a los ambientalistas en la que intentó poner blanco sobre negro sobre la instancia en la que se encuentra el debate y el carácter del paper en estudio.

Respuesta
Stratta informó que el 12 de marzo tuvo ingreso en el Senado la iniciativa del equipo de Bahillo. Dijo que la pretensión es “contribuir como insumo en el tratamiento de la Comisión Bicameral, que eventualmente se conforme para tratar proyectos de ley referidos a la materia”.
Destacó que “no se trata de un proyecto de ley, sino de un aporte que podrá ser considerado por los legisladores y legisladoras; y que por ello no se encuentra publicado en la página web del Senado, como sí lo están los proyectos de Ley, de Resolución, de Declaración o de Comunicación”.
Aclaró además que “no se ha conformado una comisión bicameral para el tratamiento de este tema, ni se ha convocado formalmente a las comisiones pertinentes, en los términos de los artículos 60° y 62° del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos”. Finalmente, expresó su acompañamiento a la decisión oficial de debatir una ley en materia de agroquímicos y dejó expresado su compromiso de “convocar oportunamente a los diferentes sectores para que manifiesten su postura al respecto”.

Distancias, prohibiciones y permisos
El borrador está presentado con el formato de un extenso proyecto de ley de 90 artículos.
Define como objetivos de “la presente ley” la “protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”.
En el Capítulo XIII, “de las aplicaciones y sus áreas”, surge el debate de interés social más importante. Donde se puede y donde no aplicar agroquímicos.
La propuesta, en un artículo 38, define “zona de exclusión”, con restricción absoluta para el uso de agroquímicos; “zonas de amortiguamiento”, donde sólo se pueden usar algunos fitosanitarios y de forma condicionada y “zona de libre aplicación”, sin restricciones.
Las distancias se miden en relación a “áreas sensibles” como son “viviendas, establecimientos educativos o recreativos, salas sanitarias, puestos policiales, cursos naturales y reservorios de agua, áreas naturales o reservas, granjas avícolas y apiarios”.
Se prohíbe aplicación con equipo de accionamiento manual desde el límite de áreas sensibles hasta un radio de 10 metros. Para aplicaciones de forma terrestre la distancia de exclusión es de 100 metros. Se prohíbe la aplicación aérea en la distancia de 200 metros para la fumigación aérea.
Un artículo (40º) prevé que en caso de “campañas nacionales, provinciales, municipales o situaciones especiales de control de adversidades” que requieran flexibilizar estos márgenes, deberá contarse con el aval del Consejo Provincial Fitosanitario contemplado en el proyecto que integrarían instituciones sociales, universidades, distintas áreas del Estado a nivel nacional y provincial.
Se ubica a la “zona amortiguamiento” desde el límite de la zona de exclusión hasta 30 metros para aplicaciones con equipos de accionamiento manual; desde el límite de la zona de exclusión hasta 300 metros para aplicaciones terrestres; y desde el límite de la zona hasta 600 metros para aplicaciones áreas”. En esas zonas se pueden utilizar fitosanitarios de categorías toxicológicas III y IV (de banda azul y verde).
Son zonas de libre aplicación, a 30 metros de áreas sensibles para aplicaciones con equipos de accionamiento manual; 300 metros desde áreas sensibles para aplicaciones terrestres; y 600 metros desde áreas sensibles para aplicaciones aéreas.
Se contempla particularmente el caso de las escuelas rurales. Las distancias consignadas deben medirse desde 150 metros de los establecimientos educativos.
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Un amparo busca prohibir la extracción de arena en Ibicuy para el fracking en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 21/04/2021
Fuente: El Entre Rios
Provincia/Región: Entre Rios


En la Justicia provincial ingresó un amparo que busca que se declare la nulidad del certificado de aptitud ambiental que obtuvo el establecimiento arenero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), ubicado en Islas del Ibicuy, a 363,7 kilómetros de Paraná, al sur de la provincia.
La firma extrae allí arena sílica que es utilizada para el fracking en los yacimientos de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Se trata de una técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
El amparo fue presentado por la Fundación Cauce (Cultura Ambiental-Causa Ecologista) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Aagmer). El gremio docente viene de advertir que la Escuela Ejército Argentino Nº 30, de Ibicuy, se encuentra a 500 metros de la planta El Mangrullo, por lo cual la comunidad educativa está expuesta a la presunta contaminación de la empresa.
El trámite está en manos de la vocal Valentina Ramírez Amable, de la Cámara II de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná. En el escrito, las organizaciones solicitan que se condene a la Municipalidad de Ibicuy “por su accionar ilegal y declare la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental emitido por el municipio firmado por su presidente municipal Gustavo Roldán, revocándolo en todos sus términos”.
En segundo término, también piden se condene al Gobierno provincial “por sus omisiones en el control que debió ejercer en su carácter de garante de la protección ambiental y de todos los bienes ambientales que le pertenecen por encontrarse en su territorio, principalmente, en el desarrollo del proceso de evaluación de impacto ambiental”.
Finalmente, peticionan que también se condene a YPF “por su accionar ilegal e inconstitucional al incumplir de manera explícita la regulación legal ambiental Nacional y de la Provincia al comenzar la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de lavado de arenas silíceas de manera previa a la finalización del proceso de evaluación de impacto ambiental, en un área natural protegida por ley provincial y formar parte principal de una audiencia pública viciada desde su origen; ordenándole retirar todo lo construido en el predio El Mangrullo y la recomposición del ecosistema al estado anterior a su intervención”.

La denuncia de un abogado
Es el segundo amparo ambiental que se presenta en la Justicia que advierte sobre el accionar de las empresas que, al sur de la provincia, extraen arena para el fracking.
En diciembre del año pasado, Ricardo José Luciano, abogado y apoderado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, presentó un amparo para conseguir información sobre las actividades de las areneras en la zona.
Dos fallos le dieron la razón: uno fue emitido el 24 de diciembre, a instancias del juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez; y el segundo fue el 18 de enero de este año, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) –con integración de feria- confirmó la sentencia de primera instancia.
Recientemente el letrado advirtió que los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas, entre ellas YPF, son “un dibujo”, puesto que los consultores contratados realizan “un trabajo a medida de las exigencias estatales” para aprobar los requisitos de admisibilidad ambiental.
Este sábado, el letrado envió un artículo en el que volvió a denunciar lo que está sucediendo en Ibicuy y alrededores. “Miles y miles de toneladas de arena se extraen mensualmente de los departamentos Islas del Ibicuy, Victoria, Diamante, Concepción del Uruguay, entre otros, dejando cráteres a su paso, contaminado con el uso de floculantes, residuos de combustibles, esparcimiento por el aire de arena sílica que está probado científicamente que es cancerígena por inhalación”, denunció.
Además, afirmó que producto de esa actividad “se inundan campos linderos a las plantas como ya está sucediendo en el departamento Islas del Ibicuy; se destruyen caminos, complicando el traslado de enfermos a centros de atención” y se pierde “una biodiversidad abundante, autóctona, propia a la idiosincrasia de los habitantes de la zona”.
“Vida vegetal y animal que durante cientos de años se adecuó a las condiciones particulares de la zona, hoy a raíz de los grandes cambios que se están produciendo, estamos soportando pacíficamente un ‘ecocidio’. Se está destruyendo el hábitat natural de innumerables variedades de animales autóctonas, con efecto a corto plazo de extinción de los mismos- Así también se está aniquilando la flora, contaminando arroyos, ríos, el Acuífero Guaraní, y se están profundizando las napas de agua, contaminando el aire, por lo tanto, a todos los seres vivos (vegetal, animal y humando), que lo inhalan diariamente. Todos se encuentran expuesto a una silenciosa pero infalible contaminación, con las consecuencias más letales”, advirtió.
El abogado explicó además que, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de YPF, la planta El Mangrullo tiene una superficie de 430 hectáreas e “informan que van a tener una producción anual de 400 mil toneladas de arena sílica”.
A partir de esa información, estimó que si la empresa trabaja durante 240 días (contando sólo de lunes a viernes) extraerá 400.000 toneladas, lo que representaría sacar 1.666 toneladas diarias. “La cuenta nos da 55 camiones por día. Instalaciones con menos de la mitad de infraestructura que la planta El Mangrullo extraen el doble diariamente. Lo evidente no necesita explicación”, sentenció.
Luego aseguró que el Estado provincial no brindó toda la información requerida en el marco del amparo por información ambiental. “En el mentado amparo, el Estado provincial no pudo informar quién, cómo, y cuándo se controlan las actividades que desarrollan las areneras, y por consiguiente, el grado de contaminación y devastación que producen”.
En ese marco, denunció que hay funcionarios que “miran para otro lado” o “no quieren” controlar a las firmas areneras que explotan el sur provincial. “Estamos a tiempo de evitar lo inminente y de prevenir la destrucción de toda una zona rica en biodiversidad. El único escollo que tenemos es que es un negocio millonario en dólares. Cada tonelada extraída de arena sílica se vende con un precio base de U$S 40, con el pago de un canon ínfimo de $14,70”, afirmó.

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Gualeguaychú reafirma la marcha contra las pasteras

Fecha de Publicación: 19/04/2021
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag) confirmó la caravana para este 25 de abril “en defensa del agua, el aire y la tierra, es decir, por la vida”, indicó a AIM Javier Pretto, integrante de la organización. La jornada repudia la planta de pasta de celulosa UPM I, la instalación de otra pastera sobre el río Negro, la ampliación de la planta química de Kemira y la flexibilización del Digesto del río Uruguay.
En el 2020 se realizó de forma virtual la manifestación y este 2021 se realizará la XVII marcha en forma presencial, con una gran caravana hasta el puente general San Martín. La concentración de vehículos “será a las 15:30 en la banquina de Arroyo Verde y a las 16 comenzará la marcha al puente general San Martín, que une Argentina con Uruguay y la proclama y arenga se hará en Arroyo Verde, sin bajar de los vehículos (que será trasmitida por radio de FM 88.1)”, contó a esta Agencia Pretto, quien confirmó la jornada, ya que la modalidad se encuadra en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar la propagación del Covid-19.
La caravana “será en defensa de la vida, porque sin agua, aire y tierra limpia no tenemos vida (desde los seres humanos a los animales y plantas). Los seres humanos somos los más destructivos para el planeta tierra, no quiero hablar de seres racionales porque hay un grupo de humanos que actúan irracionalmente, porque sino no estaríamos en las luchas que estamos”, dijo el activista.
En ese sentido, precisó que “hay que defender el planeta tierra, la casa en común que tenemos, porque si la seguimos destruyendo las generaciones futuras no tendrán dónde vivir, porque se seguirá contaminando el agua, el aire y la tierra y sin ellas la vida será de mala calidad y las expectativas de vida se acortarán, porque tendremos más enfermedades”. En ese marco, ilustró que “la pandemia que atravesamos es porque no supimos cuidar el ambiente para que algunos pocos se enriquezcan y los otros seamos más pobres, viviendo en un ambiente más pobre, endeble y contaminado”.
Particularmente, la protesta será contra la ilegal UPM I “instalada en la ribera del río Uruguay que comparte Argentina y Uruguay”, indicó el activista, quien recordó que la Corte Suprema de La Haya determinó que “Uruguay violó (por los hechos consumados) el Estatuto del río Uruguay (de 1975) en cinco oportunidades, normativa que prevé que si hay algún emprendimiento en algún país el vecino se debe pedir autorización para hacerlo y debe ser permitido por las dos naciones y Argentina no le dio la autorización a Botnia (hoy UPM I), que para nosotros es un emprendimiento ilegal”. También, “está el problema de UPM II, que se instalará en el río Negro, que es afluente del río Uruguay, por lo que contaminará el río Uruguay; además, Uruguay pidió autorización a Argentina para ampliar la planta química Kemira (en Fray Bentos) para abastecer también a UPMII y no se presentó el estudio de impacto ambiental; asimismo, se pretende acrecentar la empresa Linde (que está en UPM I), que no tiene controles; y a todo eso se suma la barbaridad de que en la gestión de Mauricio Macri (junto al gobierno de Uruguay) que hizo más permisivo el Digesto y se violó el principio de no regresión establecido en el Estatuto del río Uruguay al reducir la calidad del agua y que el monitoreo de la planta que existe”, dijo.
Al respecto, subrayó que el digesto vigente “se hizo a medida de emprendimientos contaminantes para instalarse en el río Uruguay, lo que es nefasto e implica destruir el río Uruguay sin derecho a reclamo alguno de la ciudadanía”.

Sin controles del aire
Por otro lado, Pretto denunció que el gobierno provincial no realiza los controles de aire más allá de disponer del equipamiento: “En 2014 Nación y Entre Ríos firmaron un acuerdo para realizar un monitoreo del aire de UPM I en la que el gobierno nacional giró 5 millones de pesos para poner en funcionamiento y realizar un control global de control de aire en la provincia y hasta ahora es muy poco lo que se hizo”.
“En 2014 el dólar estaba a 10 pesos y ahora a 98.50 pesos por lo que la plata ahora no alcanza para hacer lo que se tenía que realizar, por lo que el gobernador (Gustavo Bordet) y sus funcionarios de Ambiente deben hacerse responsables por inacción, ya que ese dinero que envió Nación no se ejecutó como debía ser y ahora dicen que la plata no les alcanza por lo que hay incumplimiento de los deberes de funcionario público”, advirtió.
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Cabandié: "La Justicia no ha avanzado" en la acción por la quema de islas

Fecha de Publicación: 01/04/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


El ministro nacional recorrió la Granja La Esmeralda con su par provincial Erika Gonnet. Recordó que las quemas forestales configuran un delito penal.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandie, estuvo este lunes en la ciudad capital para recorrer, junto con su par provincial Erika Gonnet, el predio de la Granja La Esmeralda. En ese contexto, y luego de establecer las pautas con las que se organizará la actividad en ese predio, dialogó con periodistas sobre un tema que durante el 2020 estuvo presente en la agenda santafesina: la quema de islas.

- ¿Cuáles fueron los avances judiciales?,- quiso saber El Litoral.
- El año pasado hubo 300 mil hectáreas quemadas en las islas del lado de Entre Ríos que afectó a distintas localidades de Santa Fe en la costa del Paraná, y la Justicia no ha avanzado. Tenemos un nuevo magistrado a cargo de la causa. Esperemos que eso redunde en avances y logros.
Para el problema de las quemas hay que identificar a tres actores: los que prenden, los que apagan y los que tienen que impedir que los que prenden vuelvan a hacerlo. El que prende comete un delito, nuestra responsabilidad es apagarlo y lo hacemos; pero si a los dos días vuelven a prender se vuelve un círculo vicioso imposible de frenar si es que la Justicia no actúa en castigar con el peso de la ley a quien prende.

 - ¿Por qué esa dilación de la Justicia?- inquirió este diario.
- Hay distintos intereses cruzados. De productores, medios de comunicación. Vamos a ser realistas: hay gente a la que le importa "un comino" el ambiente y al mismo tiempo la voracidad de ciertos sectores…

- ¿Sectores inmobiliarios, por ejemplo?-, preguntó El Litoral.
- La voracidad lleva a que se perjudique durante nueve meses como fue el 2020 a toda la costa del Paraná, de la provincia de Santa Fe, incluso ha llegado a Entre Ríos, y no les importa. Y la Justicia convive con esa actitud delictiva de quemar. Porque la quema de pastizales o las quemas forestales son un delito penal.

El ministro abogó por una producción sostenible. "Muchas veces esa voracidad de ganar a expensas de las personas y del ambiente nos trae grandes dolores de cabeza". Y aclaró que "no estamos hablando del futuro lejano sino del día a día porque la bajante del Paraná que tuvimos el año pasado y hoy por suerte no está en los mismos registros, ha generado perjuicios enormes como dar pie a la quema de esos pastizales para que los productores ganaderos no desaprovechen ni un centavito. Hace años que hay ganado ahí, el objetivo era quemar pastizales para que esos animales puedan consumir", advirtió. Pero también llamó la atención sobre la caza furtiva, como parte de la causa de las quemas.
Con relación a la instalación de faros de conservación en la provincia, Cabandie detalló los proyectos en marcha y advirtió: "Los recursos son infinitos para comprar la tecnología necesaria pero es más fácil castigar con el peso de la ley a quien prende (fuego) porque de esa manera no van a volver a prender. Pero la justicia no lo hace".

Humedales
En otro orden, Cabandie felicitó a la provincia "porque está iniciando un inventario de humedales que es un avance enorme".
"También lo están haciendo otras provincias pero Santa Fe fue pionera y eso nos permite avanzar en pos de construir escenarios para que en algún momento tengamos una ley de humedales".
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La Asamblea Ambiental y Piaggio planifican una nueva marcha contra Botnia

Fecha de Publicación: 30/03/2021
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos


Fue en el marco de la organización de la marcha contra Botnia el próximo 25 de abril, para coordinar trabajo conjunto.
En el salón de la Memoria de la Municipalidad, el intendente Martín Piaggio recibió esta semana a integrantes de la Asamblea Ambiental Ciudadana en el marco de la organización de una nueva marcha contra Botnia que se realizará el próximo 25 de abril hasta Arroyo Verde.
En 2020 la marcha no pudo realizarse debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, y este 2021 será, con uso de tapaboca y distanciamiento, hasta el sitio histórico de manifestación de la Asamblea en Arroyo Verde.
“Uno de los principales ejes de nuestro gobierno municipal es la lucha por el cuidado del ambiente, algo que todos saben, y que no sólo militamos sino que también accionamos a partir de las medidas de gobierno que tomamos desde hace más de cinco años” aseguró Piaggio.
Recordó que “siempre acompañamos la marcha contra la planta de pasta de celulosa Botnia y el daño que provoca a nuestro ambiente, y este año, a pesar de que sea una marcha diferente, desde la Municipalidad colaboraremos de la misma manera”.
Por último, remarcó que “continuaremos siempre nuestra lucha por un ambiente sano y cuidado para que nuestros hijos e hijas crezcan felices en el mejor lugar del mundo”.
Del encuentro participaron miembros de la asamblea, la viceintendenta Lorena Arrozogaray, el senador departamental Jorge Maradey, y la directora de Ambiente, María de los Ángeles Gómez.
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Grupos ambientalistas marcharon por la salud del río Gualeguaychú

Fecha de Publicación: 24/03/2021
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Más de un centenar de ambientalistas pertenecientes a distintas agrupaciones se concentraron ayer a la tarde en la zona del Obelisco con carteles y la convocatoria a los vecinos para la firma de un petitorio ambiental.
Los ambientalistas le solicitan al Municipio mayor información sobre la calidad del agua del río, tras la presencia  de cianobacterias a principio de este mes y el derrame de combustible de una cisterna del Frigorífico Gualeguaychú el pasado 14 de marzo.
La concentración y marcha la organizó ayer a la tarde desde las 18 en los Obeliscos de la Costanera la asamblea abierta Yaguarí Guazú y concluyó alrededor de las 21 en la plaza Urquiza frente a la Municipalidad.
Es una asamblea que se armó cuando comenzaron las quemas en la provincia de Córdoba y también marcharon en varias ocasiones para protestar por  la instalación de las granjas porcinas de inversiones Chinas.
La Yaguarí Guazú estuvo acompañada también en la protesta por la Asamblea Ciudadana Ambiental que está preparando la gran marcha contra Botnia el último domingo de abril.
Tras la asamblea que duró unas dos horas en la Costanera, los ambientalistas marcharon hasta la Municipalidad, para dejar muestras del río en la escalinata del palacio Municipal y leer el petitorio dirigido al intendente Martin Piaggio, que será formalmente entregado hoy.

El petitorio
Los ciudadanos  que aquí suscriben, en carácter de autoconvocados, conformando la presente asamblea abierta ambiental Yaguarí Guazú nos dirigimos a Ud. con mucha preocupación por la actual situación ambiental que atraviesa la Cuenca del río Gualeguaychú.
Como es de público conocimiento, el último mes, se observa una alta concentración de cianobacterias en distintos tramos de la cuenca,  con el consabido peligro que dichos microorganismos representan para la salud humana y de las demás especies animales y vegetales que dependen directamente de los recursos que brinda nuestro río.
Si bien sabemos que la causa de proliferación de cianobacterías no es unívoca (uso de fitosanitarios, vertido de desechos cloacales etc ) entendemos que un impetuoso monitoreo de la calidad del agua, sumado a la firme decisión política de sancionar a quienes se hallen en infracción a las normativas vigentes, unidas a la promoción de prácticas realmente sustentares pueden impactar positivamente en la problemática que nos autoconvoca.
En los últimos días observamos perplejos como, a raíz de la sustracción de una pieza que funciona como llave de paso de un reservorioo en el Frigorífico Gualeguaychu se desató un derrame de fuel-oil,  el que provocó un evento sumamente nocivo para nuestro ya contaminado río. Desconocemos el verdadero impacto ambiental de este suceso y -peor aún- ignoramos la verdadera potencialidad contaminante que el  Frígorifico engendra; ya que suponemos (basándonos en dichos de reconocidos activistas locales que han recorrido las instalaciones) existen otros depósitos que podrían terminar vertiendo accidentalmente sus contenidos al lecho del río, con sustancias igual o más contaminantes que la derramada en el evitable incidente que relatamos.
Por esto, creemos que es urgente realizar un relevamiento de todos los reservones o dependencias que existen en el  Frigorifico que pudieran contener sustancias nocivas para brindar una solución inmediata a dicha problemática Resulta inverosímil que una mdustna que no fondona hace décadas en nuestra dudad, siga representando un peligro tan grande para el ambiente por la simple inacción de las sucesivas gestiones municipales al respecto.
Por último, apelamos a la buena voluntad y compromiso ambiental de la gestión municipal que usted encabeza, en el entendimiento de que la crisis socioambiental que atravesamos requiere de trabajo mancomunado de la sociedad civil y las autoridades municipales, y solicitamos ordene la conformación de una unidad de monitoreo integrada por funcionarios municipales, de la Dirección de Ambiente junto a representantes de esta asamblea, a fin de permitir un trabajo de interacción permanente.   
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Qué pasó con las aves después de las quemas

Fecha de Publicación: 24/03/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


Científicos y especialistas relevan las islas del Delta del Paraná para determinar las consecuencias de las quemas indiscriminadas que azotaron la región desde el año pasado.
¿Qué pasó con las aves que vivían en la isla, luego de los incendios del año pasado? Esa es la pregunta que se hicieron investigadores santafesinos tras las quemas que se replicaron en toda la región. Es que con la quema de los árboles las aves perdieron sus nidos, dónde refugiarse y de qué alimentarse frente a la devastación de la flora.
Para saberlo, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario está estudiando qué efectos provocó el fuego en las aves del humedal. En un primer viaje, hicieron un reconocimiento del territorio, específicamente en la isla "Los Mástiles" frente a la Reserva Natural de Granadero Baigorria, al norte del puente Rosario - Victoria. Allí recorrieron zonas que fueron afectadas por las quemas y otras que no, con la intención de comparar y analizar cómo afectó al ecosistema y luego, ver su evolución en el tiempo.
La coordinadora del grupo, Caterina Barisón, explicó que para observar aves se necesita tranquilidad y silencio, así que apenas llegaron a la isla debieron apartarse del resto de los investigadores de la Universidad que también cruzaron para realizar otros tipos de estudios. En un segundo viaje, hacia finales de 2020, el equipo acampó en el lugar para realizar el primer muestreo de aves. Y la semana pasada volvieron al lugar para continuar con las tareas.
Acompañan a Barisón en la investigación las Licenciadas en Recursos Naturales Julia Gastaudo y Jorgelina Asmus y el estudiante Agustín Duarte. Además participan integrantes del grupo auto convocado "Ambientalistas de Baigorria", Georgina Papini, Juan Ignacio Ladeveze, Guillermo Federico Bordin y el Club de Observadores de Aves COA Federal Rosario a través de su coordinador Cesar Giarduz.
"Se espera que la diversidad de aves sea mayor en las áreas que quedaron intactas frente a las quemadas, donde ya no cuentan con tantos recursos para alimentarse, refugiarse o dormir," supuso la Licenciada en Biodiversidad, y aclaró que las aves también brindan servicios ecosistémicos. Por ejemplo, se alimentan de frutos y semillas, y estos, al pasar por su tracto digestivo, se ablandan. Cuando defecan, mientras vuelan sobre la isla, pueden ayudar a poblar de vegetación nativa aquellas áreas que se quemaron, es decir que "contribuyen a la restauración del ecosistema".
"No siempre se puede ver el ave pero sí escucharla, identificar el canto y saber qué especie es", dice Barisón, al recorrer los puntos que habían establecido previamente con imágenes satelitales y muestrear las aves que veían o escuchaban. La observación la hacen con ayuda de binoculares y telescopios porque en algunos casos las aves están lejos y es necesario identificarlas. También utilizan una aplicación para celulares que permite reproducir el canto de cada especie de ave y así se despejan dudas.
El muestro pretende dar cuenta de que las aves se trasladan por la isla sin problemas. En algunos sectores donde todavía quedan pequeños humedales en medio de la laguna, hay muchas aves playeras, garzas, patos, chajá. Y en aquellas zonas que estuvieron quemadas, la diversidad podría ser menor porque al estar los árboles quemados, se reduciría la cantidad disponible para que se puedan posar, anidar o alimentarse. Allí observaron más rapaces, dado que al estar más despejado el ambiente, lleno de cenizas, sería más fácil para estas aves la caza de pequeños roedores o reptiles. También registraron la presencia de varias especies de paseriformes (pajaritos).
El equipo tiene planificado visitar la isla entre una y dos veces por estación del año. En primavera y verano, tienen que registrar la visita de las aves migratorias que vienen desde el norte. "Queremos ver quiénes llegan a la isla e intentar observar qué uso de los recursos hacen", dijo la especialista.
"Es muy importante sentar precedente, saber qué sucede en el delta del Paraná, cómo afectó el fuego, cómo responde el ecosistema, cómo se restaura con el paso del tiempo. Es tener una idea de qué le pasa a nuestros humedales después del fuego", resaltó.

Abundancia y diversidad de aves
Las aves constituyen el grupo de vertebrados más diversos del Delta del río Paraná ya que en esta región convergen especies de diferentes lugares. Por un lado, las especies amazónicas como el arañero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y la mosquetita (Phylloscartes ventralis); y por otro, especies típicas de la región pampeana como el curutié pardo (Cranioleuca sulphurifera) y la perdiz chica (Nothura maculosa). Por último, también hay especies chaqueñas como los carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Esta región también representa un importante hábitat para especies migratorias.
Se encuentran registradas aquí unas 260 especies de aves no paseriformes, muchas de las cuales están clasificadas como amenazadas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
Cabe señalar por último que los investigadores tratarán de determinar la diversidad de aves a través de muestreos comparativos en las diversas zonas quemadas y no quemadas.

Monitoreo de la recuperación del humedal del Delta
Además del estudio en particular de las aves, un equipo de investigadores más amplio lleva adelante un monitoreo del impacto y la recuperación del humedal del Delta Superior del río Paraná luego de los incendios que castigaron toda la zona desde el año pasado. Se trata de una mirada transdisciplinar, con el aprovechamiento de los conocimientos y las capacidades de cada científico. El mismo es una iniciativa de la Plataforma Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de su director, el Dr. Arístides Pochettino, bajo la coordinación de la Ing. Clara Mitchell.
Se trata de un estudio innovador ya que es la primera vez que se realiza un análisis abarcando tantas disciplinas de manera conjunta sobre los efectos de los incendios en el Delta del Paraná. El mismo abarca un periodo temporal de dos años y se realiza en el Delta Superior del río Paraná, comenzando en el Islote de los Mástiles, ubicado frente a las ciudades de Granadero Baigorria y Capitán Bermudez, aguas arribas del Puente Rosario-Victoria, entre el canal principal y el paso destilería. Este islote tiene una superficie de 914 hectáreas, según la mensura realizada en 2004 por la Facultad de Ciencias Exactas, Ingenierías y Agrimensuras de la UNR, y está catalogado como "Zonas de muy alto grado de conservación que no deben transformarse", según el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos – Ley Provincial Nº 13372.
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El 25 de abril se realizará la marcha contra la pastera hacia el río Uruguay

Fecha de Publicación: 16/03/2021
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Entre Ríos


El 25 de abril se realizará la 17° marcha al Puente Internacional General San Martín en repudio a la presencia contaminante de la pastera UPM (Botnia), el NO a las papeleras con su correlato de propuesta que implica el SI a la vida; que todos los años es convocada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Los organizadores aclararon que si bien está enmarcado en la histórica movilización que todos los años recuerda que a los pueblos ribereños les adeudan respuestas ambientales, por razones de la pandemia mundial del Covid-19, esta vez decidieron realizar una caravana automovilística.
El recorrido proyectado se iniciará con una concentración en el histórico sitio de Arroyo Verde sobre la Ruta Nacional N° 136, y la idea (aún falta definir detalles) sería luego transitar –siempre en caravana automovilística- los kilómetros restantes hasta el denominado óvalo de Aduana-Gendarmería ubicado en la cabecera Oeste del puente internacional General San Martín.
Al regresar de ese recorrido, la movilización finalizaría en el lugar donde comenzó, esto es Arroyo Verde, para compartir la proclama de la Asamblea Ciudadana Ambiental.
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Advierten sobre cianobacterias en el río Gualeguaychú

Fecha de Publicación: 15/03/2021
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Las cianobacterias o algas verdes azuladas son organismos microscópicos que se reproducen como consecuencia de la sobrecarga de nitrógeno y fósforo en relación con condiciones ambientales como la presencia de luz y altas temperaturas.
En el río Gualeguaychú, más cerca de la desembocadura, desde hace días se observa un manto de  algas. Este proceso es conocido como “verdín” o floraciones algales, las cuales se pueden observar dependiendo la densidad y acumulación por la sobrecarga de nitrógeno y fósforo.
Estas floraciones se encuentran asociadas, a las actividades antrópicas que funcionan como aportantes de nutrientes para facilitar la reproducción y consecuentes floraciones.
Las algas se vienen arrastrando desde “río arriba” por el Río Uruguay, donde la suma de factores como el nitrógeno y fosforo más las condiciones climáticas actuales sequías, altura del río baja, altas temperaturas, permitieron la reproducción del verdín.
En caso de tomar contacto con el agua y las floraciones de estas algas se recomienda que se limpien con agua limpia, evitando el ingreso por la boca, piel, ojos y oídos para evitar que nos ocasionen problemas gastrointestinales como cólicos, diarreas y vómitos, y también algunas alergias en la piel.  

Los factores contaminantes
La falta de tratamiento de efluentes cloacales en ciudades vecinas y que se encuentran a orillas del Río Uruguay y de comunidades que se encuentran en la cuenca del Rio Gualeguaychú.
El aporte  de nitrógeno y fosforo a partir del desarrollo de  actividades agrícolas extrativistas que se desarrollan en los campos de todo el territorio entrerriano, la aplicación de agrótoxicos y fertilizantes que a través del lavado de suelos erosionados arrastran a los nutrientes hacia los cuerpos de agua dulce.
La producción y explotación ganadera a través de la cría intensiva a gran escala como por ejemplo feed lots, criaderos de pollos, producción de cerdos, entre otros, las cuales en muchas oportunidades cuentan con sistemas de tratamiento deficientes o descargas inadecuadas en cuerpos receptores de agua, aumentando aún más, la carga de nutrientes.
Por último, y no menos importante, la producción de la pastera Botnia – UPM realiza descarga de fosforo y nitrógeno a escasos kilómetros sobre el Río Uruguay en la ciudad vecina de Fray Bentos, lo que acumula la carga de nutrientes que alimentan a las algas verdes azuladas y que motivan su crecimiento acelerado, entre otras actividades del hombre.
El HCD sancionó la ordenanza 12173/2017 de sistemas de tratamiento alternativos de efluentes cloacales que tuvo como objetivo evitar la descarga de efluentes sin tratamiento de forma directa al río Gualeguaychú, logrando que los emprendimientos de la zona ribereña cuenten con sistemas óptimos.
En tanto el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, busca que la producción de alimentos sea de forma segura y libre de agrotóxicos, prohibiendo la venta, almacenamiento y aplicación de glifosato en todo el ejido de la ciudad, así como la prohibición de cualquier tipo de aplicación de agrotóxicos en zona de quintas, chacras e industrias. Y que propone la producción de alimentos de forma amigable con el ambiente.
En cuanto a la lucha ciudadana en contra de la instalación de la pastera Botnia- UPM, siempre se han acompañado los reclamos por parte de la comunidad de Gualeguaychú en pos de cuidar la ciudad de toda la población.
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Toma forma el nuevo proyecto sobre regulación del uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 10/03/2021
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


El Ministerio de Producción y la Mesa de Enlace elaboraron un borrador. El Ejecutivo lo tomará como base para delinear un documento que sirva como disparador para retomar el debate en la Legislatura.
La distancia a la que se permite fumigar es el tema clave: proponen un “Área Sensible” en la que las restricciones sean mayores a otras dos.
El texto que acordaron el Ministerio -a cargo de Juan José Bahillo- y las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace Rural apunta a regular “las prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia”, destaca APF.
Uno de los temas que ha trabado sistemáticamente la posibilidad de avanzar en una ley que regule la actividad, se centra en la “distancia” de centros poblados o escuelas a la que se habilitará las fumigaciones.
Allí hay diferencias abismales entre representantes de los sectores productivos y ambientalistas, pero también las discrepancias atraviesan la Legislatura.
En el borrador elaborado por el Ministerio de Producción y las entidades rurales este tema álgido se concentra en el Capítulo XIII (artículos 37, 38 y 39). Marcan tres zonas: las “Zonas Sensibles”, donde hay restricción absoluta para las aplicaciones de fitosanitarios de síntesis química; las “Zonas de Amortiguamiento”, donde solo se podrán aplicar algunos fitosanitarios de forma condicionada y las “Zonas sin resguardo”, donde no existirán restricciones para el uso de fitosanitarios.
A continuación, de manera textual, qué se entiende por “Zona Sensible”: “Establécese una zona donde hay restricción absoluta para la aplicación de productos fitosanitarios de síntesis química desde el límite de viviendas urbanas o rurales habitadas de manera permanente y efectiva, establecimientos educativos o recreativos, salas sanitarias, puestos policiales, cursos naturales y reservorios de agua permanente, áreas naturales o reservas reconocidas como tales por ley, granjas avícolas y apiarios debidamente registrados, con equipos de accionamiento manual hasta un radio de 10 metros. Para aplicaciones de forma terrestre hasta un radio de 100 metros y para aplicaciones aéreas hasta un radio de 200 metros”.
En tanto, define a la “Zona de amortiguamiento” como al sector que “va desde el límite de la Zona Sensible hasta 30 metros para aplicaciones con equipos de accionamiento manual, desde el límite de la zona sensible hasta 300 metros para aplicaciones terrestres y desde el límite de la zona sensible hasta 600 metros para aplicaciones aéreas”.
“En estas zonas solo se podrán utilizar productos fitosanitarios pertenecientes a las categorías toxicológicas correspondientes a la III y IV, banda azul y verde respectivamente y deberá comunicarse fehacientemente a las autoridades con un mínimo de 48 horas de anticipación la aplicación en esta zona”.
Finalmente hace referencia a la “Zona sin resguardo”: “Corresponde a las zonas de producción ubicadas desde la línea de 30 metros de la Zona Sensible para aplicaciones con equipos de accionamiento manual, 300 metros de la zona sensible para aplicaciones terrestres y 600 metros de la zona sensible para aplicaciones aéreas”.
“Para las aplicaciones realizadas en inmediaciones de escuelas rurales, las distancias consignadas en los artículos 39, 41 y 42, deberán ser medidas desde 150 metros de los de establecimientos educativos antes mencionados. En caso de tener que realizarse una aplicación en la zona de amortiguamiento alrededor de una escuela rural además se debe dar copia de la Receta Agronómica Digital de Aplicación al Director del Establecimiento para que se tomen los recaudos establecidos por la Autoridad de Aplicación”, se dispone.
Finalmente señala que “para las Zonas Sensibles se deberá promover -a través de la Autoridad de Aplicación- la implantación de cortinas vegetales o emprendimientos forestales comerciales, cuyas especificaciones técnicas se determinarán en las normas reglamentarias de la presente ley”.

Otros puntos del borrador
El borrador del proyecto tiene 89 artículos y en el primero establece que los objetivos son “la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”.
En la primera parte se da cuenta de las definiciones de los términos que atraviesan el texto, desde “Buenas Prácticas Agropecuarias” hasta “Zonas Sensibles”, pasando por una serie de terminología puntual.
Luego se dispone la creación de diversos Registros: de expendedores de fitosanitarios, de aplicadores, de empresas de Verificación Técnica Funcional (VTF), etc, y también se hace referencia a las condiciones que deben reunir los equipos de aplicación y los locales de expendio y/o depósito de productos fitosanitarios para su habilitación.
Hay un capítulo dedicado exclusivamente a las prohibiciones, otro a la fiscalización y otro a las sanciones que les caben a quienes cometan infracciones a la norma.
También el borrador -al que tuvo acceso esta Agencia- establece la creación de un Consejo Provincial Fitosanitario (integrado por representantes de todos los sectores involucrados en la problemática), cuyas opiniones en algunos casos tendrán carácter vinculante.
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Reunión por la reinstalación de la estación para medir las emanaciones de la pastera

Fecha de Publicación: 08/03/2021
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional


La semana entrante se celebrará un encuentro en el ministerio de ambiente de la Nación, en la que intervendrán representantes de la Provincia y el Municipio de nuestra ciudad
La semana que viene, funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Nación, la Secretaría homónima de la Provincia y representantes municipales se reunirán en relación con la reinstalación de la estación de mediciones atmosféricas de las emanaciones de la pastera Botnia, que funciona en Fray Bentos.
El encuentro fue confirmado por el Subsecretario de Fiscalización y Recomposición del Ministerio de Ambiente de la Nación, Gerardo López Arrojo y se produce como consecuencia del pedido de activación urgente para la puesta en funcionamiento de dicha estación de medición que pertenece a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y que deberá ser ubicada en la costa Uruguay Sur, en un predio lindero a la Escuela 12 del Pericón.
En una reunión celebrada en enero último, una representación de la Asamblea Ciudadana Ambiental que fue recibida en el Ministerio de Ambiente de la Nación planteó ante la Jefa de Gabinete de esa cartera, Soledad Cantero, la puesta en marcha, cuanto antes de dicho equipamiento que hace años atrás sufrió un serio desperfecto, dejó de funcionar y estuvo abandonado durante mucho tiempo en su anterior emplazamiento en la zona del Ñandubaysal.
La estación de medición controlará de forma continua, las emanaciones atmosféricas de la pastera de Botnia y esos datos, una vez analizados, serán puestos en conocimiento de la Municipalidad de nuestra ciudad y la Asamblea Ciudadana Ambiental.
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El debate por los agroquímicos fumiga las alianzas en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 03/03/2021
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Entre Ríos


Con apoyo opositor y de la Mesa de Enlace, Bordet impulsa una ley que divide la tropa propia y empioja su sucesión. El episodio Grabois. Gualeguaychú, siempre.
Una ley que regule la utilización de agroquímicos tiene una historia de ida y vuelta en Entre Ríos. No solo entre el gobierno y las entidades del campo, sino, también, en el seno del oficialismo. El debate parte aguas en el peronismo gobernante y pone de cabeza el tablero político, porque acerca posiciones entre habituales antagonistas: la dirigencia ruralista y un Ejecutivo comandado por el Frente de Todos.
En la reciente apertura de sesiones parlamentarias, el gobernador Gustavo Bordet anunció que enviará a la Legislatura un proyecto que reglamentará en la provincia el uso de pesticidas, entre ellos el más conocido, el glifosato. En la actualidad, la norma que rige para estas prácticas está fijada por un decreto que surgió al calor de la interna peronista en 2018, luego de que la Cámara de Diputados diera marcha atrás con una iniciativa que tenía aprobación del Senado. En aquella ocasión, el presidente del cuerpo, Sergio Urribarri, desestimó el texto que venía de la Cámara alta. El contexto fue su enfrentamiento con Bordet.
Ante la ausencia de una ley rectora de la actividad, se dictó un decreto que en muy poco tiempo fue llevado a la Justicia por colectivos ambientalistas y docentes. En sede judicial y en varias instancias, los peticionantes obtuvieron fallos favorables obligando al Poder Ejecutivo a modificar la decisión. Lo que se cuestionó fue la distancia mínima determinada entre los establecimientos educativos rurales y el comienzo de las zonas habilitadas para fumigar.
La primera reacción ante el anuncio gubernamental ante la Asamblea Legislativa estuvo en la voz de la diputada Mariana Farfán, peronista oriunda de Gualeguaychú, con todo lo que eso significa. En esa ciudad se gestó en 2005 la lucha ambiental contra la instalación de las papeleras Botnia y Ence que dio la vuelta al mundo y fue también uno de los epicentros del enfrentamiento del gobierno nacional con las entidades del campo enrolados en la Mesa de Enlace por la resolución 125.
La legisladora dijo que quisiera que toda la provincia de Entre Ríos estuviera “libre de glifosato” y destacó el ejemplo de su ciudad, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza en ese sentido. “Voy a seguir sosteniendo esa convicción y coherencia en la Legislatura provincial”, adelantó Farfán que, en su momento, votó la ordenanza cuando se desempeñó como concejal. Y agregó: “Es una decisión de la comunidad y de la gestión del intendente Martín Piaggio, que incluye una propuesta de producción agroecológica sustentable”. El jefe comunal respaldó los dichos de la dirigente, que pertenece a su espacio interno en el PJ.
Veinticuatro horas después de que eso sucediera, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos, Juan Grabois, destacó la figura de Piaggio por haber sancionado la ordenanza y haberle ganado en las elecciones de 2019 al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Javier Melchiori, con una ventaja de 30 puntos. La figura de Grabois está fresca en la comarca luego de haber protagonizado un enfrentamiento con Luis Miguel Etchevehere, exministro de Mauricio Macri, y su familia, cuando un grupo de militantes de su agrupación se metió en uno de los campos del clan. Todas esas jornadas contaron con una extraordinaria vidriera nacional en los medios.
 
Otro de Gualeguaychú
Quien coordinó a diferentes sectores para elaborar el proyecto oficial de uso de agroquímicos que se abordaría prontamente en una comisión bicameral es otro gualeguaychuense. Se trata de Juan José Bahillo, intendente de la ciudad en dos oportunidades, exdiputado nacional y hoy ministro de la Producción de la provincia. La relación entre el funcionario y Piaggio, a quien impulsó como sucesor en 2015, está quebrada. Fuentes de la cartera productiva dejaron trascender a Letra P el malestar por las declaraciones de Farfán, no porque exprese sus convicciones, sino porque “milite en contra”. Decodificación: si no quiere votar la ley, que no lo haga, pero que tampoco se ponga a patear a favor del equipo contrario.
El intendente Piaggio y el ministro Bahillo son dos de los anotados para la sucesión de Bordet. El primer round tendrá a un tema sensible para su comunidad.
El proyecto de ley anunciado por Bordet fue trabajado por una mesa integrada, entre otros, por la Facultad de Agronomía de la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en Paraná; la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; el INTA y referentes de la Mesa de Enlace, que presentaron una disidencia: las distancias permitidas para la fumigación respecto de las zonas urbanas.
Bordet había fijado, mediante un decreto, distancias de 100 y 500 metros, terrestres y aéreas, de las escuelas rurales. Sin embargo, la Justicia prohibió las aplicaciones a menos de mil y 3.000 metros. Ante el fallo, la Mesa de Enlace, ferviente defensora del primer decreto de Bordet, cuestionó la sentencia y dijo que con esos parámetros saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a toda la siembra de trigo.
Lo novedoso del proceso en el cual se le dio forma al texto, que fue presentado este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná, es que cuenta con el apoyo de los históricos adversarios del peronismo. El diputado del PRO Esteban Vitor sostuvo que “era necesario avanzar en la regulación del tema dado que la legislación existente, que, si bien fue pionera en su momento, tiene su falencia en la falta de control propio del poder de policía del Estado”.
“La presentación de la propuesta de trabajo de fitosanitarios es bienvenida”, cerró Vitor, expresidente de la Sociedad Rural de la capital provincial y legislador en el que la Mesa de Enlace dejó su representación en el ámbito parlamentario.
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Preocupa a legisladores la posible extracción de arena para Shell Oil en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 27/02/2021
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La diputada Sara Foletto impulsó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle si tiene conocimiento de extracción en Entre Ríos de arena silícea para ser utilizada por Shell Oil en el proceso de fractura hidráulica – fracking. Además, la legisladora indicó a AIM que reclamó datos sobre el control del Estado.
La petrolera “estaría sacando arena en los departamentos Diamante, Concordia y Uruguay”, dijo a esta Agencia Foletto. En ese marco, la diputada realizó un pedido de informes “sobre la autorización para la extracción en la provincia de arena silícea u otras similares para ser utilizado en la extracción de combustible mediante fracking”.
En ese marco, requirió datos sobre el tiempo de la extracción de la arena y cuál es el volumen del mineral que se tomó hasta la fecha.
También, demandó conocer “si previo a la autorización para la extracción de la arena silícea u otras similares, se realizó por parte de la secretaría de Ambiente dependiente del ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, un estudio de impacto ambiental, audiencias públicas y demás protocolos establecidos en la Ley 25.675”.
Asimismo, pidió al Ejecutivo que devele si se concretaron controles y si se sabe de que para la extracción se estarían utilizando floculantes.
Además, el pedido de informe demanda datos sobre el contralor que realizan organismos públicos provinciales de la cantidad de material extraído, tratamiento y eliminación de los desechos producidos, método de transporte y su recorrido dentro del territorio provincial.
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