En 10 años, la Argentina perdió más de 2,4 millones de hectáreas de árboles

Fecha de Publicación: 18/10/2022
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El dato surge de un análisis de imágenes satelitales que hizo TN. El 55% del desmonte de 2021 se produjo en sectores donde estaba prohibido deforestar.
“No puedo hablar de largo plazo porque yo no veo largo plazo. Esta ya no es una problemática para nuestros hijos y nuestros nietos, hoy estamos viendo las consecuencias gravísimas de la deforestación. Hace tres años que tenemos sequías e incendios. ¿Qué va a pasar cuando empiece a llover, con todo el suelo desnudo como está?”.
La pregunta -retórica, porque ya sabe la respuesta- se la hizo Micaela Camino, científica del Conicet y fundadora del proyecto de conservación Quimilero, destinado a proteger el pecarí del Impenetrable chaqueño.
Desde hace más de 10 años trabaja en medio del bosque de Chaco, con comunidades aborígenes y fauna autóctona. A diario es testigo del desmonte y la deforestación, de la muerte de la naturaleza en un pulmón vital para la provincia, para la Argentina y para la región.
En los últimos 10 años (2012-2021), en el país se perdieron 2.460.469 de hectáreas de bosque y pastizales a causa de la deforestación. Es el equivalente a 123 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos surgen de un cálculo propio que hizo TN sobre el modelo e imágenes satelitales de Hansen y Global Forest Change.
El 85% de esta pérdida se concentró en cinco provincias: Santiago del Estero (619.183 hectáreas), Salta (448.082), Chaco (420.675), Formosa (371.047) y Misiones (248.790). Esta zona reúne más de la mitad del bosque del país.
La principal causa del desmonte es el avance agropecuario y ganadero empujado por la suba del precio de las commodities en el mundo, sobre todo, durante la década pasada. Los incendios, cada vez más desbocados producto del cambio climático, también contribuyen a la desaparición de la cobertura natural del suelo.
En 2007 se sancionó la Ley de Bosques para proteger estos ambientes y la situación mejoró. Sin embargo, la normativa nunca recibió el presupuesto pautado (el máximo fue 36%) y la deforestación, desmontes e incendios siguen ocurriendo en áreas protegidas.
Con la desaparición de estos ecosistemas no solo se destruye flora y fauna autóctona y se desplazan comunidades, sino que se erosiona el suelo, que pierde su utilidad comercial en pocos años. Los daños quedan para siempre.

El desmonte, una dinámica que se repite
“Las grandes empresas agropecuarias avanzan sobre el bosque con cadenas y topadoras. Desplazan a las comunidades que viven ahí. A veces tienen permiso del gobierno provincial, otras veces avanzan sin permiso”, relató a TN la investigadora Camino, testigo del desmonte en Chaco desde hace 10 años.
Según datos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%.
“Cuando se quita esta masa de árboles, de biodiversidad, se liberan al ambiente partículas de carbono que retenía el bosque, lo que contribuye al calentamiento global. También el suelo se va erosionando, se va desertificando, el bosque de alrededor se empobrece y los animales ya no pueden vivir ahí. Si esto sigue así, las especies con las que trabajo van a desaparecer en 20 años”, advirtió la investigadora.
El cambio del uso del suelo es la principal causa de la desaparición de la biodiversidad en el mundo. Esta semana el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) publicó su informe bianual “Planeta Vivo” con un dato estremecedor: en América Latina en los últimos 50 años cayó 94% la población de especies salvajes monitoreadas. En la Argentina, por caso, tan solo queda el 1% de la población de yaguaretés originaria.
Pero el impacto de la deforestación, por desmonte o por los cada vez más recurrentes incendios, no solo afecta a los animales sino a la tierra que se empobrece y se vuelve estéril en pocos años. Y las comunidades que vivían de manera sostenible allí pierden su sustento económico y medicinal y son forzadas a migrar.
“El bosque funciona como una esponja natural que retiene y regula el agua. Su destrucción nos vuelve más vulnerables a los efectos del cambio climático: hay más sequías y a la vez, cuando llueve, todo se inunda. Después del desmonte el suelo queda desnudo y al poco tiempo se ven procesos de desertificación. Hay cada vez más campos abandonados porque los suelos no son aptos para poner pastura o cultivos”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques en Greenpeace.

La ley de Bosques, una iniciativa útil pero con mínimo presupuesto
El avance del agro sobre los bosques del Norte se debió al boom del precio de las materias primas, sobre todo, en la primera década del 2000 y a la necesidad de expandir el negocio más allá de las fértiles tierras pampeanas. La deforestación fue récord en 2008 con la pérdida de 593.000 hectáreas (casi el triple que en 2021).
A raíz de este fenómeno, se sancionó la Ley de Bosques Nativos (26.331) que contempla una partida de dinero destinada a la conservación que debe ser el 0,3% del Presupuesto Nacional cada año. Por el momento, esa meta nunca se cumplió: en los últimos 5 años apenas alcanzó el 6,4% del total que debería tener, de acuerdo al monitoreo que lleva adelante Vida Silvestre.
A través de esta normativa, también se ordenaron las tierras de todo el país y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
De acuerdo con el monitoreo de la superficie de bosque nativo que lleva adelante el Gobierno, durante 2021 el 55% de los desmontes se produjeron en zonas rojas y amarillas. Es decir, que fueron ilegales.
“Lo que pasa es que las zonas que son aptas para ese tipo de producción se están acabando, entonces las empresas que desmontan y cultivan se están aventurando en zonas más frágiles”, explicó Matías Mastrangelo, doctor en Biología de la Conservación e investigador del Conicet en Santiago del Estero.
El especialista señaló que esta dinámica ocurre gracias a la connivencia de los gobiernos provinciales que ven una oportunidad de mayores desembolsos económicos. “Los gobiernos provinciales hacen la vista gorda. Un desmonte ilegal hoy es una contravención. No hay un desincentivo para estas empresas dejen de desmontar. Lo absorben como un costo de producción”.
Hace un mes, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, envió un decreto provincial (2157/2022) a la legislatura para actualizar el ordenamiento territorial de bosques y poder transformar en “verde” una zona amarilla. Estos cambios estaban prohibidos por la Justicia por una disposición ambiental desde 2021. Ambientalistas e investigadores argumentaron en contra de este cambio.
El decreto de Capitanich surgió luego de una carta que enviaron miembros de empresas agrícolas ganaderas (Los Frentones, Pampa del Infierno) en donde pidieron “actualizar el ordenamiento territorial de un área de vital importancia por su potencial productivo para la actividad agrícola”.
Al respecto, en el gobierno provincial dijeron a TN: “Algunas personas, desde el sector productivo y desde la organización civil organizada, plantearon discusiones. Son tensiones que sucederán. Estamos a la espera de la decisión de la Cámara de Diputados, con las recomendaciones que surjan y poder aplicar esta herramienta de la mejor manera”.

¿Hay tiempo de cambiar las cosas?
La recuperación de la cobertura arbórea perdida y de la biodiversidad es una delicada tarea que llevará décadas. Hay que volver a construir un ecosistema absolutamente depredado. Pero los expertos coinciden en que el primer paso es dejar de deforestar. El segundo, comprender la importancia del capital natural y valorar el peso específico de disminuir las emisiones en un contexto de crisis climática global.
Hoy, la deforestación genera entre el 10 y el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
En este sentido, Martín Mónaco, Director Nacional de Bosques, dijo a TN que la posibilidad de llevar a cabo políticas de protección “dependen de la conciencia ciudadana y de los tenedores de bosques para comprender el valor de estos ecosistemas y sus servicios, el financiamiento y las decisiones políticas respecto de un desarrollo rural diferente que comprenda la integralidad de los desmontes y sus consecuencias en las inundaciones, la migración rural hacia las grandes ciudades, la perdida de capacidad productiva del país a través de la perdida de suelos y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El año pasado, el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció un Plan Nacional de Forestación a través del cual se plantarían 100 millones de árboles en 2022. Según constató TN, hasta el momento no se sembró ni uno.
Para Lucía Lázari, coordinadora de Paisajes Terrestres de Vida Silvestre la restauración no se trata solo de “plantar árboles” sino de tener un compromiso integral con el ambiente y conciencia de la crisis climática cada vez más profunda. “Necesitamos un esfuerzo de muchas partes (instituciones públicas de gobierno, privados, academia, organizaciones de la sociedad civil, comunidades del territorio) que deben reunirse para el diálogo y acción. Solo si todos los actores somos parte y nos involucramos, vamos a poder afrontar este desafío tan complejo”.
Sobre el tiempo de recuperación de los bosques en la Argentina, Giardini aseguró que se tardará “al menos 50 años”. “En algunos lugares puede suceder naturalmente, si están cerca de otro bosque. Pero en zonas totalmente desmontadas no. Y aún si se quisiera ayudar, hoy no tenemos la cantidad de viveros capaces de proveer plantines suficientes. ¿Se puede recuperar? Sí. Pero esto es como una guerra en donde cada vez se te mueren más soldados”, ejemplificó Giardini.

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Bosques: en menos de 48 secuestraron seis topadoras

Fecha de Publicación: 12/10/2022
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Sin el mapa del OTBN y con permisos de cambio de uso de suelos prohibidos. Bosques recaudó 350.000.000 de pesos por multas a los depredadores
A los depredadores no los asustan ni las mesas técnicas ni los proyectos de ordenamiento territorial, ni las exuberantes comunicaciones en medios nacionales de algunas entidades ambientalistas que residen en Buenos Aires y, al parecer, tampoco les asusta las millonarias multas que se les aplica, lo cual habla a las claras quienes son los que promueven actividad.
Con un aún incierto mapa de OTBN y con un fallo de la justicia provincial que no escuchó a los chaqueños sino a los planteos de ambientalistas extraprovinciales prohibiendo los cambios de uso de suelo, ahora el Chaco se enfrente ante una de las prácticas más detestables que puedan hacer los depredadores: el uso de cadenas entre topadoras para derribar todas las especies forestales que encuentren a su paso. Así se simple, así de dramático.

Seis topadoras, dos con cadenas
En menos de 48 horas, entre la tarde del martes 4 y el mediodía del jueves 6 de octubre, la Dirección de Bosques del Chaco frenó la actividad ilegal de 6 topadoras. Una fue en el Departamento Guemes el martes y las otras 5, el jueves en el departamento Almirante Brown.
El martes 4, personal de la Dirección de Bosques procedió al secuestro de una topadora D8 y un rollo de 5 metros de ancho, con la que se estaba llevando a cabo un desmonte sin permiso en la Parcela 2073 Circunscripción VII del Departamento General Güemes, por lo que se iniciaron las actuaciones por Infracción a la Ley 2079-R.
Durante la jornada del jueves 6 de octubre, los inspectores de esta dependencia que funciona en el área del Ministerio de Producción, y luego de chequear a través de imágenes satelitales que se había producido un cambio de uso de suelo no autorizado, llevó a cabo el secuestro de 5 Topadoras que se encontraban desmontando de manera ilegal en predios del Departamento Almirante Brown.
Para el ingreso a los predios, se solicitó una Orden de Allanamiento al Juzgado de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña, la cual fue diligenciada por una Oficial de Justicia del Juzgado de Paz y Faltas de Pampa del Infierno.

Con cadena de 30 metros
En la Parcela 393 Zona D, de la Circunscripción V, se logró parar el trabajo de dos Topadoras que realizaban el desmonte utilizando una cadena de 30 metros. Las topadoras son Caterpillar D8K, ambas quedaron secuestradas en el predio con las cadenas antes mencionada. En la Parcela 107 de la Circunscripción VIII, se detuvo el trabajo de 3 topadoras Caterpillar D8, con Rolo de unos 5 metros. Todos los bienes utilizados para realizar el desmonte ilegal fueron secuestrados, quedando depositado en el predio.
En ambos casos, se iniciaron las actuaciones por Infracción a la Ley 2079-R. El director de Bosques, Emanuel Carrocino, agradeció la predisposición del Juzgado de Garantías de Sáenz Peña por la pronta respuesta en el otorgamiento de las órdenes de allanamiento, como así también al Juzgado de Paz y Faltas de Pampa del Infierno por su diligenciamiento. "También a la Comisaria de Pampa del Infierno que nos acompañó en la tarea de fiscalización forestal".

Millonarias multas
Según confirmó a NORTE Emanuel Carrocino, el director de Bosques del Chaco, en lo que va del año (incluido septiembre) se llevan recaudados 350.000.000 de pesos en concepto de multas por actividades ilegales en los bosques chaqueños.
Para tener como parámetro, en 2021 el total recaudado fue de 132.000.000 de pesos.
"Se aplica lo que la reglamentación y el máximo de las penalidades así lo establecen", dijo Carrocino.
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Informe revela que se pierden 8 mil hectáreas de selva misionera al año

Fecha de Publicación: 10/10/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La forestoindustria y la agricultura son las actividades que ganaron terreno, según las conclusiones de la investigación entre científicos locales, de Brasil y Paraguay
Un equipo de investigadores del Instituto de Biología Subtropical (IBS), que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Misiones (Unam) presentó esta semana un trabajo de investigación que arroja datos sobre uso y cobertura del suelo en la selva misionera, desde 1985 hasta 2021.
Los análisis revelan que la pérdida del bosque atlántico en la provincia en ese período fue de 305 mil hectáreas, a un ritmo promedio de 8.260 hectáreas por año.
A su vez, destacan que las tierras que ocupaban estos ecosistemas se destinan en la actualidad a agricultura (60%), forestaciones (27%) y pasturas (10%).
El bosque atlántico ocupa el 8% (1.422.742 kilómetros cuadrados) de la superficie de Sudamérica. El 92% está en Brasil, el 6% en Paraguay y el 2% en Argentina, precisamente en Misiones, con 27.091 kilómetros cuadrados.
A partir de esta nueva colección de mapas realizada se determinó que el bioma perdió el 11% de su vegetación nativa (bosque, pastizales y humedales) en los tres países en 37 años. Este porcentaje representa una pérdida de 6,6 millones de hectáreas (más de dos veces la provincia de Misiones).
Para obtener los datos, a través de la plataforma del Bosque Atlántico Trinacional se crearon mapas anuales de cobertura y uso del suelo desde 1985 hasta el 2021.
“El objetivo básico era mapear el uso de los suelos y las coberturas dentro de la extensión del bosque atlántico, que tiene su límite en la ecorregión de campos y malezales ubicados en el Sur de la provincia”, explicó a El Territorio Juan Pablo Zurano, investigador del IBS.
“Se formó una red de trabajo y junto al soporte técnico de la gente de Map Biomas Brasil arrancamos con el trabajo sobre la primera colección de mapeos, uso de suelos y cobertura”, agregó el especialista.
Map Biomas surgió en Brasil y mapea todos los biomas, entre ellos el bosque atlántico. Pero nunca había monitoreado la porción Argentina hasta el momento. Cuando los brasileños abrieron las puertas a sus pares “nos sumamos y así se completa el bioma del bosque atlántico”.
Si bien las pérdidas más importantes del bosque atlántico se dieron en Brasil (1,6 millones de hectáreas en 37 años) y Paraguay (2,7 millones en el mismo periodo de tiempo), la pérdida en Misiones no fue menor.
Además se debe tener en cuenta que la mayor proporción boscosa está ubicada en esos países vecinos.
“En Misiones hay una tendencia bastante fuerte también en la pérdida, 300 mil hectáreas es casi una biósfera de Yabotí. Pero la pérdida es en toda la provincia, no se concentra en una región específica”, explicó Zurano.
Además aclaró que la cobertura que más aumentó en el período de tiempo analizado fue la forestación con bosque implantado, seguida por la agricultura.
Las plantaciones forestales pasaron de 130 mil hectáreas en 1985 a 330 mil hectáreas en el 2021, lo que representa un aumento del 151%.
“Pero hay que tener en cuenta que la proporción de agricultura ya desde 1985 era mucho mayor que el área ocupada por las forestaciones”, aclaró.
Para dimensionar lo perdido en la tierra colorada, realizó una analogía. “Decir 8.260 hectáreas por año, es un equivalente a 12.000 canchas de fútbol por año”, comentó.
Los datos son de acceso libre y están en www.bosqueatlantico.mapbiomas.org/es
“Todo el mundo tiene acceso a ellos y se pueden usar de diferentes formas, tanto académico como para definir políticas de conservación”, sostuvo.
“Con esta información se pueden apuntalar políticas de restauración para revertir a largo plazo el efecto de la pérdida del bosque. Algo que no solo tiene que ver con la salud del bosque sino también con las personas que conviven a diario con él. Mantener un bosque saludable no es solo que esté en pie el bosque sino que la fauna lo ocupe”, señaló y agregó: “Este tipo de herramientas permite visualizar donde se produjeron las pérdidas, donde se siguen produciendo, en qué momento de la historia reciente sucedió la mayor pérdida de bosque y desarrollar medidas para mitigarla”.
Además de Zurano, en el equipo de expertos del Instituto de Biología Subtropical, participaron Ariel Insarrualde e Ignacio Minoli. Y por la Facultad de Forestales de la Unam, Andrés Leszczuk.
También formaron parte del trabajo especialistas de la UBA y la Fundación Vida Silvestre Argentina.
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Desmonte en Santiago del Estero: Greenpeace frenó cuatro topadoras que arrasaban casi 3000 hectáreas de bosques

Fecha de Publicación: 28/09/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Santiago del Estero


Fueron detectadas por imágenes satelitales y sobrevuelos en helicóptero. La organización ecologista denuncia que en esa provincia ya se perdieron casi un millón de hectáreas desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007. El riesgo para los menos de 20 yaguaretés que quedan en la región.
A través de imágenes satelitales y sobrevuelos en helicóptero, la organización ecologista Greenpeace detectó cuatro topadoras en funcionamiento que avanzaban “arrasando cerca de tres mil hectáreas de bosques” en Santiago del Estero. Como medida de protesta, activistas se interpusieron ante las máquinas y bloquearon su funcionamiento mediante la instalación de cepos en las palancas de manejo. Denuncian que en esa provincia se deforestaron casi un millón de hectáreas desde la sanción de Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007. Reclaman además por la protección de los menos de 20 yaguaretés que se estima sobreviven en ese hábitat, en el Gran Chaco argentino.
“Santiago del Estero es la provincia con más deforestación del país, y el gobierno provincial es cómplice de la violación de la Ley de Bosques, ya que permanentemente autoriza desmontes donde no está permitido”, alertó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Y agregó: “Con el implacable avance de las topadoras sobre los bosques se genera cambio climático, inundaciones, enfermedades, desalojos de campesinos e indígenas, pérdida de alimentos, maderas y medicinas, y la desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté”.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación de la Ley de Bosques hasta agosto de este año se deforestaron 957.687 hectáreas en esa provincia. Es decir, una superficie equivalente a 48 ciudades de Buenos Aires. Las cuatro topadoras frenadas estaban en fincas ubicadas entre las localidades de Añatuya y Campo Gallo.
La organización ecologista exige “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y pide que se implemente un Plan de Manejo que garantice la protección de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, se presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. En el marco del amparo judicial en representación de los menos de los yaguaretés que quedan en la región, Greenpeace fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse durante este año.
“Iremos a la Corte Suprema a defender al Yaguareté y sus bosques, cada vez más amenazados por el avance de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, fundamentalmente para la producción de ganadería y soja, que suelen exportarse a China y Europa. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. No podemos seguir perdiendo bosques nativos”, planteó Giardini.
En Corrientes, por caso, el yaguareté estuvo extinto durante alrededor de siete décadas. El freno en la devastación de su hábitat y el trabajo de organizaciones ambientalistas para su reintroducción permitió que en el último tiempo nacieran cachorros de ejemplares silvestres, que ya suman una docena.
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Greenpeace reclama a Capitanich que el nuevo Ordenamiento de Bosques prohíba los desmontes

Fecha de Publicación: 10/09/2022
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


En el marco del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Chaco, Greenpeace le envió una carta al gobernador Jorge Capitanich reclamando que el nuevo mapa no valide los desmontes ilegales y que los mismos sean restaurados; que se respeten los territorios indígenas; que se garantice la participación de campesinos e indígenas en los talleres; que se mantengan amplias zonas forestales continuas para la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté y que no permita más desmontes.
“Teniendo en cuenta que Argentina firmó en la última Cumbre Climática un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, y que la provincia de Chaco ya perdió más de la mitad de sus bosques nativos (454.874 hectáreas desde la sanción Ley Nacional 26.331), el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco no debe habilitar nuevas zonas para desmonte, resultando necesario eliminar del mismo la Categoría III – verde. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. Más deforestación significa más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas”, señaló la organización ecologista en su carta.
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Bosques nativos: ya se perdieron la mitad de los que había en el país

Fecha de Publicación: 31/08/2022
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


Si bien una ley procura su conservación, los desmontes e incendios arrasan con la superficie boscosa. La Auditoría General de la Nación advirtió las fallas para implementar la norma.
Cada 29 de agosto, desde 1901, se celebra en nuestro país el Día del Árbol. La fecha fue establecida por el Consejo Nacional de Educación con el objetivo de concientizar sobre el cuidado y la protección de las superficies arboladas. Sin embargo, Argentina ya perdió más de la mitad de sus bosques nativos, una tendencia que se replica en el mundo, donde desaparecen anualmente 13 millones de hectáreas.
Entre 2010 y 2020 América del Sur perdió 26 millones de hectáreas de bosques, la segunda tasa más alta del mundo después de África, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde donde posicionaron a la Argentina entre los 10 países con más desmontes.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 1998 y 2018 se perdieron 6,5 millones de hectáreas de la superficie boscosa. Si bien desde 2007 nuestro país cuenta con la Ley 26.331 de Bosques Nativos que busca protegerlos, al año se siguen desmontando unas 200.000 hectáreas según aseguraron desde Greenpeace. “Desde la Ley bajaron los niveles de deforestación pero siguen siendo altos y más de la mitad de los desmontes son ilegales”, mencionó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace en diálogo con El Auditor.info.
“La Ley se cumple a medias ya que se sigue desmontando donde no se puede y las multas que se aplican son bajas o terminan judicializadas. Esto nos preocupa, la destrucción de bosques debería convertirse en un delito penal”, alertó Giardini. Las causas de pérdida de masa boscosa son los incendios, los desarrollos agrícolas, ganaderos o inmobiliarios “como sucedió en la Patagonia y en Córdoba con los incendios forestales”, señaló.
Los bosques son los ecosistemas terrestres que albergan más biodiversidad. "Son claves en la regulación hídrica y para la crisis climática que se da por la quema de combustibles fósiles pero el segundo motivo es por deforestación”, destacó Giardini en relación a la importancia en cuanto a su protección y conservación.

Control ambiental y auditorías
En 2021 la Auditoría General de la Nación (AGN) observó dificultades para implementar la Ley de Bosques, señalando la falta de reglamentación de metas e indicadores de la normativa como una de las razones. Además el organismo relevó que 16 provincias tienen sus ordenamientos territoriales desactualizados. Por otro lado, detectó incongruencias normativas en varias jurisdicciones. Asimismo, observaron la falta de actualización del inventario y alertaron por la tendencia creciente en la pérdida de bosques nativos. Este no fue el único informe en la materia, ya que regularmente, la AGN controla estos recursos.
“La AGN controla la materia bosques previo a tener una Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos al igual que la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) y la actualización del Inventario Nacional de Bosques Nativos”, indicó Sol Klas, integrante de la AGN, secretaria de Ambiente de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) y referente del Frente Sindical de Acción Climática.
La importancia de auditar la implementación de la Ley de bosques “es clave”, aseguró Klas, ya que permite identificar “cuáles son las causas que generan el incumplimiento de la norma o determinar cómo o por qué las políticas públicas de protección de bosques no pueden ser eficaces, eficientes o efectivas. De ahí la importancia de las auditorías de seguimiento de las recomendaciones, que nos permiten evaluar el grado de avance sobre las sugerencias efectuadas por los equipos de auditoría”, añadió Klas quien remarcó que los bosques son parte de la Agenda 2030, contemplados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 15.

El norte del país, la región más afectada
Según los últimos datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2020 se perdieron 333.222 hectáreas en nuestro país de bosque, de los cuales el 80% de la deforestación la concentran cuatro provincias en el norte del país. Este año, Greenpeace publicó un informe donde aseguraban que durante 2021 se deforestaron 110.180 hectáreas en el norte argentino, de las cuales 52.290 corresponden a la provincia de Santiago del Estero; 29.165 a Formosa; 18.068 a Chaco y 10.657 a Salta.
Ignacio Goytia es el director General de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta y en comunicación con este medio aseguró que la provincia disminuyó sus desmontes: “ahora estamos en el quinto lugar, bajaron mucho los desmontes ilegales. Hicimos un gran esfuerzo para evitarlos promocionando otras prácticas y usos sostenible”. Por año, representan unas 1.600 a 2.000 hectáreas las afectadas por talas ilegales.
Siguiendo los datos que enviaron desde la dirección, para 2022 se autorizan desmontes en unas 19.678 hectáreas, una proporción superior a lo desmontado el año pasado. "Es superior porque en 2020 y 2021 por la pandemia no estuvo funcionando el área que autoriza, y por eso fueron menos. Una vez que se autoriza tienen hasta 5 años para efectuar el desmonte, entonces muchas veces hay un desfase”, explicó.
Actualmente se encuentran trabajando en una propuesta de Ordenamiento Territorial, el cual está vencido desde 2014. “Estamos en un proceso clave, convocamos al Consejo Asesor y a especialistas, para definir los posibles mapas, si todo sale bien a fin de año lo tendríamos aprobado”, informó el funcionario.

El fuego y los incendios
Otra de las grandes causas de pérdida de bosques son los incendios. En 2021 el Ministerio de Ambiente registró 330 mil hectáreas afectadas por el fuego, pero solo a principios de 2022 se quemaron 800 mil hectáreas. “El clima está jugando en contra de los bosques nativos. En todo el territorio venimos de una sequía de dos años, con una bajante del Río Paraná que impactó en toda la cuenca y generó un alto riesgo de incendios. Están ocurriendo algunos de gran gravedad como los de Corrientes, Misiones y Formosa, donde se perdieron muchas hectáreas y también en la Patagonia”, alarmó Naguel Schenone, investigador e integrante de la Fundación Bosques Nativos.
Recuperar estos bosques puede llevar 100 años y con los fenómenos climáticos cada vez más extremos, hay mayores riesgos y amenazas. “Se genera un ciclo que es contraproducente porque cada vez que se quema un bosque, se emite más dióxido de carbono a la atmósfera y continuamos en una generación de calentamiento atmosférico. Esto está pasando a nivel global”, expresó Schenone quien detalló que el mal manejo de las tierras, el descuido y las prácticas indebidas son un factor que hacen que el riesgo escale.
Desde Bosques Nativos trabajan en diferentes proyectos en Misiones, en zonas incendiadas en Chubut, junto a comunidades Huarpes recuperando bosques de algarrobo en Mendoza, en Jujuy con modelos de ganadería, en la provincia de Buenos Aires y en Formosa. Su objetivo es recuperar y restaurar los sistemas boscosos que han sufrido incendios, desmontes o sobrepastoreo. Hasta la fecha llevan plantados más de 200.000 árboles nativos y una de las piezas fundamentales en esta tarea, son las comunidades.
“Muchísimas personas viven en los montes, en los bosques. Comunidades originarias como los Qom, Pilagá, Wichí lo habitan, lo usan, es su medio de vida, tienen un vínculo muy fuerte y su día a día transcurre con el bosque como elemento”, aseveró Schenon integrante de la fundación con la cual se puede colaborar. Más de 300 millones de personas en todo el mundo habitan los bosques de todas las latitudes y unos 1.600 millones dependen directamente de ellos para su sustento. En Argentina no se sabe con exactitud cuántos habitantes tienen estos ecosistemas.

Vivir en la selva misionera
Patricia Araya vive en la selva misionera desde hace 13 años en unos de los proyectos de reforestación de la Fundación Bosques Nativos, junto a su marido y sus tres hijos, en una chacra que comparten con otras familias. “Nos dedicamos a la reforestación de los montes nativos. Para nosotros es sumamente importante recuperar los animales que se fueron perdiendo por la deforestación. Conocer la riqueza que tenemos nos da el valor necesario para cuidarlo”, reflexionó.
Junto a su esposo son los encargados de hacer plantines, armar el vivero, juntar semillas, sembrar y plantar. “Trabajamos con otras familias y la comunidad inculcándoles conocimientos como el cuidado del agua a quienes tienen ganado, todo lo que se puede hacer para cuidar el medio ambiente, lo hacemos”, describió. Del monte nativo extraen frutas para producción de mermeladas, madera, pastizal para los animales y productos como la mandioca. “Para nosotros es nuestro hogar, nuestro ritmo de vida. Me gustaría incentivar a las personas a cuidar la naturaleza, los recursos que tenemos, pero entiendo que para ver lo que nosotros vemos, al monte hay que vivirlo”, finalizó Araya.
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Hace 10 años desmontó ilegalmente 11 mil ha, y aún no cumple con la recomposición

Fecha de Publicación: 13/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La deforestación se detectó en 2013 gracias a un operativo de la AFIP, que además encontró personas en condición de esclavitud. Pasó varias instancias judiciales y la Procuración General permitió que no se pagara una multa.
La Justicia de Salta ordenó a un empresario agrícola cumplir con el Plan de ejecución de Recomposición Ambiental que aceptó en una conciliación firmada en 2016. El acuerdo al que llegó aquel año con el Ministerio Público Fiscal (MPF, en aquel momento encabezado por el ahora juez de la Corte de Justicia salteña, Pablo López Viñals), fue tras un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en dos catastros del departamento San Martín, donde viven comunidades criollas e indígenas.
La deforestación fue en 2013. Pobladores criollos e indígenas, e incluso la asociación ambientalista Greenpeace, habían denunciado el desmonte en aquellos años. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente de la provincia no veía la deforestación y negaba la existencia de esa situación.
Recién en ese año, gracias a un operativo de la AFIP, que encontró a personas adultas y menores de edad en situación de esclavitud laboral, los funcionarios provinciales se dieron por enterados de que el desmonte existía y no tenía autorización administrativa alguna para realizarse.

Los antecedentes
Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen son los propietarios de los catastros en donde se realizó el desmonte ilegal. Tras detectarse el ilícito, la Secretaría de Ambiente de la provincia ordenó la paralización de las tareas que se estaban realizando o pudieran realizarse, conforme el principio precautorio. Pero esa disposición se desobedeció. Ambiente impuso en ese momento una multa administrativa de 16 millones de pesos; el equivalente actual, por el precio de la nafta que es el parámetro sobre el cual se calcula, sería de 200 millones.
Ante el incumplimiento, el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, impulsó una causa contra Karlen por desobediencia judicial. El 2 de octubre de 2015, la jueza Azucena Vázquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio, dispuso sobre uno de los demandados una condena inédita en materia jurídica ambiental en el país, referida a incumplimientos de órdenes administrativas y judiciales contra desmontes.
Incluso se había dispuesto hace ya 7 años, un pago de $171.413.473. Pero en 2016, tras la firma de un convenio marco entre la firma y la Procuración General, se suspendieron los plazos judiciales a condición de que Karlen cumpliera con la recomposición ambiental, que incluía la incorporación de las comunidades criollas e indígenas para un desarrollo sustentable y regularización de su situación en la zona. El plan de recomposición ambiental, abarcaría toda la finca y se extendería en el tiempo por 30 años.

Otra fiscala que intervino
Ya en 2020 ante los incumplimientos del Plan convenido, la fiscala Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, solicitó la aplicación de astreintes (multas diarias) para que los propietarios agilizaran el cumplimiento de sus obligaciones, y la jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1 de Tartagal, Claudia Yance, resolvió imponérselas en 30 mil pesos diarios. El MPF (actualmente a cargo de Pedro García Castiella) informó que la cifra acumulada hasta agosto del año pasado, en que el abogado de los Karlen recurrió, ya era millonaria.
En agosto de 2021, el letrado apoderado de los propietarios de las actuales matrículas Nº 30746 y 30747 del departamento San Martín, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, esgrimiendo que vulneraba el principio de bilateralidad, igualdad procesal y defensa técnica a su parte, por la sanción judicial que se les imponía debido al incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Vélez Román solicitó el rechazo del planteo que pretendía “reeditar cuestiones ya resueltas” y que sólo tenían “asidero en justificar su actuar negligente” y que pretendía “dejar sin efecto la imposición de multa” diaria judicial.
Yance rechazó el recurso de la firma. En su fallo sostuvo que “no ha habido constancia de haber dado inicio al cumplimiento de lo homologado judicialmente”, además de que a lo largo de los trámites de un proceso judicial complejo la demandada “no ha colaborado, sino que ha mantenido una conducta obstruccionista, no asumiendo las responsabilidades” impuestas.

Panorama actual
Vecinos de la zona judicializada se comunicaron con Salta/12 tras conocer el fallo de Yance. Indicaron que pese al convenio homologado por el MPF, el plan de recomposición no se cumplió y aún siguen muchas familias criollas y originarias dentro de estas tierras, que no son las únicas a nombre de los Karlen en el Chaco salteño. “Hay familias que cuando ellos iniciaron con los desmontes se tuvieron que ir. De alguna manera como que fueron expulsados”, indicó una de las vecinas de la zona.
Aseguró que además de no haber hecho nada para remediar el desmonte ilegal, “siguen explotando la zona”, y que los campesinos que están en sus puestos se encuentran “encerrados por enormes y extensos alambrados”.
“Lo mínimo que deberían haber hecho es clausurarles el campo durante todo este tiempo. Es una vergüenza que hayan levantado tantas cosechas después de haber desmontado”, sostuvo por su parte el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
Al igual que la vecina, dijo que los integrantes de la organización ambientalista vieron cómo en estas extensiones judicializadas se continuó produciendo.
Cuando se firmó el convenio en 2016 se criticó el acuerdo anticipando que podía llegar a ser contraproducente. Giardini afirmó que de hecho los empresarios tuvieron “impunidad” durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey para desmontar de manera ilegal. “No se te puede escapar un desmonte de 11 mil hectáreas con 18 topadoras cuando tenés un control (de imágenes) satelital cada 15 días. Eso habla de la impunidad de dejar hacer”, aseguró.
Para el ambientalista, que esta situación continúe después de tanto tiempo “es terrible”. Mientras el tiempo pasa, destacó que un monte necesita al menos 50 años para recuperarse. Casi diez ya se perdieron.
Añadió que este caso demuestra que “no sirve el sistema de multa”, dado que “cuando son bajas las pagan alegremente y cuando son muy altas las judicializan”, para no pagarlas. Es por ello que insistió, el desmonte debe ser calificado como delito penal.
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Chaco: frenan avance de desmonte ilegal y secuestran topadoras

Fecha de Publicación: 03/08/2022
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Chaco


El cambio de la cobertura boscosa de la región activó el accionar de los funcionarios.
Dos topadoras fueron secuestradas en el departamento Almirante Brown, provincia de Chaco, luego que inspectores y técnicos de la Dirección de Bosques detectaron un desmonte ilegal en la zona.
El desmonte sin permiso en una parcela del Departamento Almirante Brown se detectó a través del Departamento de Geo-Información, que mostró un cambio de cobertura boscosa en el mencionado predio, dando intervención al Departamento de Fiscalización y Control para que inicie el proceso de infracción al régimen forestal.
Las topadoras secuestradas son una Caterpillar D8 y una Fiat Allís FD20, las cuales realizaron el desmonte utilizando una cadena.
Según se pudo determinar estas topadoras ya habrían utilizado en otros desmontes ilegales en la zona. Se imputó cargos por Infracción a la Ley 2079-R Art. 6 Inc. B.1.
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La deforestación en el norte del país se convirtió en un ecocidio

Fecha de Publicación: 01/08/2022
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional


Riccardo "Dardo" Tiddi es Físico y Técnico en Imágenes Satelitales y Lauxo Karina Alonso es integrante del Pueblo Qom y docente de la Escuela Bilingüe Cacique Pelayo de la localidad de Fontana. Forman parte de Somos Monte Chaco, una asamblea conformada por vecinos y organizaciones sociales. El Gran Chaco Americano es una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas. La principal causa de esto es el avance de la frontera agropecuaria, es decir, ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a China y Europa.
"El Gran Chaco -Argentina, Bolivia y Paraguay- en los últimos 13 años, ha perdido una cuarta parte de todos los bosques y el equivalente se había perdido en las décadas anteriores. Este ritmo no está disminuyendo, por lo cual es posible que de acá a 2050 su bosque deje de existir. Van a quedar los bosques de algunas reservas, parques, comunidades indígenas, pero el resto va a volar. Este escenario es escalofriante para quienes vivimos acá, pensar que cuando vamos a tener 70 años no va a quedar nada, da miedo", nos adelanta Riccardo sobre la urgencia de la problemática.
"La primera reacción es ver lo que hacen las empresas, donde hay muchos episodios de corrupción, actúan en contra de la Ley de Bosques abiertamente. Y el otro interlocutor es el Gobierno, pero particularmente con los locales es muy difícil tener confianza, su palabra no tiene ningún valor, firman acuerdos que al día siguiente no cumplen. Y cuando vemos que no son de confianza, recurrimos a la Justicia pero ahí también vemos que hay intereses muy poderosos que bloquean o ralentizan el actuar de la Justicia", denunció y agregó: "Los únicos actores de confianza, serios y comprometidos en la defensa de los bosques son las comunidades locales, las campesinas, las indígenas, a pesar de la presión que reciben".

Lo más urgente
Dardo explicó que hace unos 10 días se enteraron que "el Ministerio de la Producción de Chaco presentó un nuevo mapa actualizado del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que plantea la Ley Nacional de Bosques. Un grupo de empresas y funcionarios, a puertas cerradas, han decidido hacer un mapa que consideramos regresivo y completamente ilegal, donde se pasó de categoría "amarilla" a categoría "verde" amplias regiones en El Impenetrable.
La urgencia es visibilizar esto para que la Justicia actúe. Estamos siguiendo dos juicios abiertos en contra del Estado provincial por la mala gestión de los bosques".
Las categorías "verde" y "amarilla" que menciona Riccardo Tiddi corresponden a la zonificación que establece la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007. La Categoría I (rojo) es para los sectores de un alto valor de conservación que no deben transformarse; la Categoría II (amarillo) es para los sectores de mediano valor de conservación, es decir, zonas que pueden estar degradadas, pero que con adecuadas actividades de restauración pueden tener un alto valor de conservación y usarse para prácticas sustentables; y la Categoría III (verde) es para los sectores de bajo valor de transformación que pueden transformarse parcial o totalmente, con la previa realización de una Evaluación de Impacto Ambiental.
Sobre la llegada del yaguareté a la Corte Suprema de Justicia, Dardo explicó: "Es una buena noticia que a nivel federal se esté encarando el juicio, porque el animal de alguna forma viene a hacernos de paraguas para la situación local que es muy complicada".
En Chaco, por la falta de controles, siguen los desmontes a pesar de estar suspendidos por la justicia provincial: "Disminuyó la deforestación respecto a un año atrás, pero deberían ser cero", contó Tiddi.

La (no) participación en las decisiones sobre el bosque
"Las comunidades están desinformadas de lo que ocurre y ahí es donde está fallando este proceso que debería ser participativo. La participación no se está cumpliendo", dijo Riccardo. Y agregó: "Nosotros estábamos participando, pero para que haya real participación se necesita que haya información. Y cuando en el año 2020 empezamos a hacer pedidos de informes al Gobierno y en particular a la Dirección de Bosques para preguntar cuáles eran los permisos que se habían otorgado o donde había terminado la madera, cosas que ellos tienen que conocer por Ley, no nos brindaban, nos cerraban las oficinas".
"En el nuevo mapa que presentaron, muchos de los campos que han sido desmontados ilegalmente en zona amarilla, pasan a categoría verde. En lugar de decir "tenemos 192 mil hectáreas de desmonte ilegal", blanquean la situación. Esto es inaceptable", finalizó Tiddi.

El surgimiento de "Somos Monte Chaco"
"Varios amigos y yo vivíamos en El Impenetrable y nos empezó a dar impotencia la situación de ver pasar todos los días varios camiones de maderas. Investigamos y aprendimos que existía una Ley Nacional de Bosques. Empezamos a capacitarnos, a invitar más gente como abogados que nos explicaron cómo funcionaba la Ley y conformamos un espacio que después se convirtió en la asamblea permanente de "Somos Monte Chaco", a principios del 2019", cuenta Riccardo en las afueras de Resistencia.
 Y agregó: "En El Impenetrable constantemente escuchábamos voces y quejas de gente que no daba más. Episodios de violencia o estafa, y en lo que se dice mal llamado "interior" es muy difícil hacerse escuchar, no sólo por las presiones, sino que también porque no hay medios de comunicación o visibilidad. Por eso llegamos a Resistencia, para abrir una puerta en la ciudad donde se toman decisiones. Era importante conectar estos dos mundos, porque muchos han olvidado o no conocen lo que es la realidad del campo y el bosque".
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Tierra arrasada y especies en riesgo: viaje a la zona cero de la deforestación en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Las provincias del Gran Chaco (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta) concentran el 75% del desmonte de los últimos 25 años
Apenas diez metros separan al monte silvestre de algo que empieza a parecerse a un páramo. Alcanza con girar la cabeza a ambos lados para ver el contraste entre la maraña verde de quebrachos blancos y colorados, algarrobos y espinillos, y la tierra arrasada y revuelta tras el paso reciente de las topadoras. En un puñado de días, una porción de monte vivo, colorido, diverso y sonoro del Gran Chaco argentino cambió para siempre.
LA NACION llegó junto a un equipo de la ONG ambientalista Greenpeace hasta el corazón de la deforestación en la Argentina. A una hora en camioneta hacia el norte desde Las Lomitas, en Formosa, no muy lejos de la frontera con Paraguay, se acaban de desmontar centenares de hectáreas. Desde la ruta no se ve, pero un sobrevuelo previo y las imágenes satelitales no dejan dudas sobre su ubicación. El proceso de desmonte es brutal y no hay sutilezas: para “limpiar” una parcela, en la mayoría de los casos se usan dos topadoras separadas decenas de metros entre sí y entre ellas se tensa una gruesa cadena que, de forma literal, arranca y derriba todo a su paso al avanzar las máquinas. Como en las películas de guerra, el lugar queda lleno de restos apilados, aplastado, polvoriento y en silencio.
Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco concentran el 75% de la deforestación en la Argentina del último cuarto de siglo. Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos orilló los 7 millones de hectáreas.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, no detuvo esa tendencia: datos de Greenpeace muestran que, desde ese año y hasta 2021, esas cuatro provincias perdieron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos. Según la organización, casi la mitad de ese desmonte es ilegal porque se hizo en zonas que, en los papeles, debían protegerse.
Para Hernán Giardini, a cargo de la campaña de bosques de la ONG y conocedor de esta región bella y llena de contrastes, la deforestación es sinónimo de “más crisis climática”. Esto significa más inundaciones, enfermedades, pérdida de alimentos, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y desaparición de especies como el yaguareté.

Un ecosistema en la mira
Con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie, el Gran Chaco es el segundo ecosistema forestal de América del Sur, después del Amazonas. Cubre porciones del norte de la Argentina y partes de Paraguay y de Bolivia. Es, también, una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas, como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria.
El valor ecológico del Gran Chaco es único: abarca 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios. Por la caza y el desmonte, varias especies de mamíferos están amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta y el tapir.
El monitoreo de deforestación de Greenpeace muestra que entre enero y junio de este año se perdieron en el norte argentino 41.332 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires: 16.106 en Santiago del Estero, 10.223 en Chaco, 10.056 en Formosa y 4947 en Salta. En el último año y medio, esa cuenta llega a las 150.000 hectáreas, y se estima que la mitad de esos desmontes fueron ilegales.
¿Por qué la Ley de Bosques no alcanzó para detener la deforestación? Según Giardini, el problema es la implementación que hacen las cuatro provincias, que armaron planes de ordenamiento “a la medida del sector agropecuario”. El ambientalista explicó que en la región se autorizaron desmontes en bosques protegidos y que Formosa armó un ordenamiento tan laxo que se autorizó a desmontar hasta el 75% de sus bosques: “Formosa pasó de destruir 7500 hectáreas por año hasta 2006 a 30.000 por año entre 2008 y 2021”, dijo.

Formosa y Chaco
Según Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales de Formosa, la información que brinda Greenpeace “es falsa” cuando expresa que su plan de ordenamiento territorial permite deforestar el 75% de los bosques. “Nuestra ley crea una zonificación que establece grandes restricciones para los cambios de uso de suelo, aun dentro de la categoría verde”, dijo. Y agregó: “Fue elaborada en seis talleres regionales con amplia participación de miles de formoseñas y formoseños, y aprobada por unanimidad de todos los sectores políticos de la provincia en 2018.
Desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que trabaja con las comunidades wichi y nivaclé del centro-oeste de Formosa, denunciaron que, si bien uno de los diez criterios de la Ley de Bosques establece que los pueblos originarios deben ser consultados para los planes de ordenamiento, esto no ocurrió. “Nadie los escucha y las audiencias no son vinculantes”, advirtió Pablo Chianetta, el secretario de la APCD. Hace más de 30 años decidió instalarse en Las Lomitas, en el extremo norte del país, la zona que recorrió LA NACION hace una semana.
Chaco es otra provincia que está bajo la lupa de las organizaciones: según Somos Monte, el gobierno prepara una actualización de un plan provincial más permisivo que el anterior y hay poco o nulo control sobre los desmontadores. Si bien la justicia provincial prohibió esa actividad a principios de noviembre pasado hasta que haya un nuevo plan de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), Greenpeace detectó que más de 10.000 hectáreas desaparecieron en el primer semestre de 2022.
“Nuestros datos oficiales son bastante coincidentes, las superficies desmontadas son las mismas. Se trata de desmontes ilegales porque la Justicia falló que no se pueden desarrollar cambios de uso del suelo”, ratificó Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad del Chaco.
En relación al nuevo ordenamiento dijo que “ya se avanzó mucho” y que existe una decisión del gobernador, Jorge Capitanich, de no demorarlo más, ya que lleva siete años vencido. “Presentamos una propuesta muy elaborada el año pasado, con mucha información y una etapa de consultas. Estamos hablando de una actualización muy integral con más superficie protegida en el Impenetrable”, agregó Soneira.
Ricardo Tiddi y Karina Alonso, de Somos Monte Chaco, ven las cosas de otra manera. Antes de la charla, que tiene lugar en Fontana, en la periferia de Resistencia, preparan el lugar: eligen un espacio al aire libre, se sientan sobre el pasto y despliegan un cartel de la ONG. “El proyecto del gobierno es regresivo y en el Chaco nadie controla nada. Se desmontaron 10.000 hectáreas este año, aun con una prohibición expresa de la Justicia”, dice Tiddi. Alonso, que pertenece al pueblo qom, informa que las comunidades de pueblos originarios “ni se enteraron de que estaban haciendo un nuevo mapa”. A su lado, sobre una manta, colocó una estatuilla de arcilla que representa una mujer, un bolso tejido con chaguar, un cuenco con hojas y frutos, varias piedras y un caracol. “Esto representa a mi cultura”, aclara.

Proyecto Yaguareté
Uno de los efectos directos de la deforestación es la pérdida de hábitat para especies como el yaguareté, el mayor felino de América. Panthera onca para los científicos, tigre para los lugareños, se estima que quedan unos 250 individuos en la Argentina, de los cuales 20 viven en el Gran Chaco.
Seguir sus rastros es una tarea detectivesca que la guardaparque Lucero Corrales encara a diario junto a la voluntaria y también guardaparque Rocío Cardona. Las dos mujeres son parte del interinstitucional Proyecto Yaguareté. A la vera del Bermejito, un brazo del río Bermejo, reciben a LA NACION y explican su trabajo: recorrer, durante semanas, cada paraje de esta geografía inmensa en busca de relatos que hablen de huellas, excrementos, arañazos o cualquier indicio que sirva para confirmar la presencia de algún felino de esta especie. “El contacto permanente con los habitantes es clave para detectar si hay animales, ya que la geografía es tan grande que resulta inabarcable de otra manera”, cuenta Lucero, mientras despliega mapas, folletos y hasta un boletín: El tronco donde se rasca el tigre. Su primer objetivo es compartir información científica con los pobladores para explicarles que el animal no es peligroso (contra la creencia popular) y que su caza está prohibida por ley.
En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema para frenar la destrucción del bosque y para preservar el hogar de los últimos 20 yaguaretés del Gran Chaco argentino. La audiencia será en pocas semanas y la organización busca visibilizar al máximo el pedido. Por eso idearon una espectacular intervención de activistas disfrazados de yaguaretés en el río Bermejo (que separa Formosa y Chaco), donde con gomones y kayaks desplegaron un cartel de 230 m2 con el slogan “Deforestación Cero”.

Comunidades originarias
“Las topadoras borran posibilidades de vida, no solo árboles y animales. Borran creencias, cultura, identidad y potencialidades de los pueblos originarios. Los pueblos originarios vivieron siglos en el Gran Chaco sin destruirlo, nosotros en menos de 100 años ya rompimos todo. Ellos tienen mucho por enseñarnos”, detalla Chianetta. Se estima que el 8% de los habitantes del Gran Chaco argentino pertenecen a pueblos originarios que, desde siempre, encontraron en el monte su refugio, alimentos, agua, materiales de construcción y medicamentos.
Una de esas comunidades wichi es la de Tres Pozos, ubicada a 30 kilómetros de Las Lomitas. Allí viven 96 familias que crían chivos, chanchos, gallinas, algunas vacas y ovejas, y hacen algo de apicultura y artesanías. Los referentes de la comunidad, todos hombres, dialogan con LA NACION en una sala sencilla que antes se usaba como salón escolar. Sentados en ronda, explican que para preservar su forma de vida precisan tener acceso a un territorio sano, que conserve sus beneficios ecosistémicos: “Estamos muy en contra del desmonte, nosotros queremos preservar el territorio, pensamos al revés que el gobierno. Pensamos que tenemos que cuidar al monte y a sus animales”, sintetiza Florencio González.
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Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba

Fecha de Publicación: 20/07/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Córdoba


El pasado 12 de julio, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) publicó un nuevo informe especial titulado “Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba” que muestra cómo el modelo económico del cordobesismo trae aparejada la destrucción ambiental, sumado al desfinanciamiento de los programas de cuidado del ambiente por parte del gobierno provincial.

¿El modelo productivo?: desmonte y más desmonte
Como se viene sosteniendo desde el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) en informes anteriores, la economía cordobesa presenta un proceso de reprimarización y desindustrialización en los últimos años. De hecho, al analizar el Producto Geográfico Bruto (PGB), aquellas actividades que experimentaron un mayor crecimiento entre 2010 y 2020 fueron la agricultura y las actividades inmobiliarias respectivamente.
A su vez, como indican desde Proyecto MonTeS, entre los principales factores que explican la pérdida de bosque nativo en Córdoba, se encuentran el corrimiento de la frontera agropecuaria, los incendios y el crecimiento urbano. El modelo productivo cordobés se vincula directamente con uno de los principales problemas ambientales de la provincia, la pérdida de bosque nativo.
Un claro ejemplo de este vínculo entre modelo productivo y desmonte es que las zonas de la provincia donde ha crecido la explotación agropecuaria en los últimos años, el noroeste provincial, es donde más bosque nativo se ha perdido. Las imágenes a continuación muestran esta relación.
Variación de Explotación Agropecuaria por superficie en hectáreas entre 2002 y 2018. Fuente: OTES en base a datos de Proyecto MonTeS.

¿El presupuesto ambiental?: arrasado como el bosque nativo
En Argentina, por disposición de la Constitución Nacional, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. A su vez, Córdoba, a través de su constitución provincial en sus artículos 11, 66 y 68, establece lo siguiente: “Art. 11. El Estado provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el ambiente y preserva los recursos naturales; Art. 66, establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano; Art. 68, el Estado provincial defiende los recursos naturales renovables y no renovables”.
¿Cómo cumple el Estado provincial con estas obligaciones? Desde OTES, se realizó un análisis de la evolución del presupuesto que la provincia destina al cuidado y protección del ambiente. Se tomaron tanto los programas que componen la Secretaría de Ambiente como otros que se encuentran por fuera de la misma, pero están orientados a la protección, conservación o recuperación del patrimonio ambiental.
Al analizar estas partidas, se observa que, entre 2016 y 2021, se llevó a cabo una caída constante en los montos disponibles de los programas de Ambiente. En el monto presupuestado en 2022, se produce un repunte, pero no logra recuperar los niveles previos a 2020. A precios de hoy, se han recortado cerca de $390 millones entre 2016 y 2022. La figura a continuación muestra esta evolución.
Al desagregar el presupuesto de políticas ambientales, dentro de los principales datos, se destaca la fuerte caída en el programa Ambiente, el cual pierde el 50% de sus recursos. Este programa está compuesto entre un 97% y un 85% (dependiendo del año) por pago de salarios, lo cual implica una fuerte reducción en el presupuesto destinado al personal encargado de llevar a cabo los programas de ambiente.
A la hora de analizar política presupuestaria, no solo es necesario conocer el monto destinado a los diferentes programas, sino que también es interesante observar cuánto es lo que efectivamente se ejecutó. En este punto, el informe del OTES señala que la ejecución de los programas ambientales venía en ascenso desde 2016 hasta 2019 (alcanzando el 97% de ejecución). Sin embargo, en 2020, cayó el porcentaje a 86% y, en 2021, se devengó el 89% del presupuesto. Esto implica que, en 2021, quedaron sin utilizar $136 millones, lo que equivale a todo el programa de Ordenamiento de Bosques Nativos.

En síntesis
Si bien la preocupación ambiental está cada vez más presente en el discurso público, en Córdoba, al analizar sus aristas económicas, vemos que las perspectivas no son buenas. Por un lado, el modelo productivo fomentado desde el oficialismo provincial conlleva que las dos actividades económicas que más crecieron en la última década en Córdoba sean la explotación agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios. Ambas vinculadas directamente a uno de los mayores desastres ambientales que sufrimos quienes habitamos en Córdoba, la desaparición de nuestro monte nativo.
Por otro lado, el presupuesto provincial destinado a la preservación del ambiente cae desde 2016 y, aunque en 2022 apunta a crecer, no logra alcanzar los valores de seis años atrás. A su vez, en 2020, con la llegada de la pandemia, la ejecución de este presupuesto se redujo y aún no se recuperaron los niveles previos.
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Preocupa la deforestación por el agronegocio en Argentina

Fecha de Publicación: 15/07/2022
Fuente: TV Pública
Provincia/Región: Nacional


Argentina está entre los 10 países que más desmontaron en las últimas tres décadas: se estima que se perdieron cerca de 8 millones de hectáreas de bosques. Científicos del CONICET alertan por la destrucción de bosques nativos y cuentan a la expansión de la frontera agrícola como el principal factor.
Desde hace ya varios años la Argentina se encuentra en emergencia forestal. Y más allá de los números internos, el problema de la pérdida de bosques nativos en el país ya se expuso en el marco internacional.
El avance de la frontera agropecuaria aumenta la destrucción de bosques y los conflictos territoriales entre pueblos originarios y empresarios, los cuales compran fincas que, históricamente, pertenecen a territorio indígena y las deforestan, en su mayor parte para ganadería intensiva y cultivo de soja transgénica.
De acuerdo al monitoreo de la organización Greenpeace, durante la cuarentena en 2020, a pesar de que el desmonte es una actividad que estuvo suspendida durante el ASPO, en cuatro provincias del norte argentino fueron arrasadas casi 50 mil hectáreas de bosques.
En Salta se desmontaron 12.863 hectáreas, 19.673 en Santiago del Estero, 6.109 en Chaco y 10.011 en Formosa. Estas cuatro provincias concentran el 80% de la deforestación en Argentina.
La organización ambientalista aseguró que durante 2021 se deforestaron 110.180 hectáreas de bosques nativos en el norte argentino, superficie equivalente a cinco veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires

“Pampeanización” y frontera agrícola
Con respecto a las causas de la deforestación, las principales son la expansión y la diversificación agropecuaria, en especial la agricultura y la ganadería intensivas. En menor medida, la agricultura de subsistencia, los incendios, el sobrepastoreo, el desarrollo de infraestructura y la sobreexplotación de los recursos forestales.
Nuestro país cuenta con 536.545 km² de bosques nativos, lo que representa el 19,2 % de nuestra superficie continental. Las provincias con mayor superficie de bosque nativo son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa correspondientes al Parque Chaqueño.
Muchos de los grandes productores agropecuarios no son de la región chaqueña: provienen de la región pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) y en algunos casos del exterior.
En vez de adaptarse a las limitaciones y las posibilidades que les brinda el ecosistema chaqueño para producir, deciden transformarlo, destruyéndolo.
Esta “pampeanización” del Gran Chaco se produce, fundamentalmente, porque el precio de una hectárea en el norte oscila entre los 300 y 500 dólares (con bosques), mientras que en la zona pampeana su valor ronda entre los 10 mil y 15 mil dólares.
La ampliación de la frontera agrícola y la cría intensiva de ganado, en detrimento de los bosques, deja tras de sí terrenos áridos y desérticos.
La Ley de Bosques es el principal instrumento de política publica del que se vale Argentina para conservar sus bosques. Antes de su sanción, se desmontaban a razón de 300.000 hectáreas por año. Ese número disminuyó en forma notoria durante los últimos tres años: 190.589 hectáreas en 2014; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016. Con todo, Argentina permanece entre los diez países que más árboles talaron en el último cuarto de siglo, con 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos. La misma superficie que toda República Checa.
Cabe recordar que la ley estableció tres áreas con criterios distintos de conservación. Se trata de las categorías: I (rojo), bosques nativos de alto valor de conservación, que no deben transformarse; II (amarillo), de mediano valor de conservación, con posibilidad de llevar a cabo aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y III (verde), de bajo valor de conservación, lo que permite su transformación parcial o total.
Sin embargo, Greenpeace destacó en su informe que, a pesar de la disminución de la deforestación, en 2019 un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 27.704 hectáreas (Santiago del Estero 18.679 ha, Chaco 7.683 ha, Salta 1.326 ha, Formosa 16 ha). En estas cuatro provincias que enmarcan esta región, se habían perdido 112.766 hectáreas en 2018 y 172.639 hectáreas en 2017.
Los bosques son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono; la diversificación y belleza del paisaje, además de la defensa de la identidad cultural.
La deforestación, por su parte, ocasiona la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático, genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones; y en general la disminución en la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad.
Además, el modelo productivo que reemplaza al bosque por pasturas o cultivos anuales está vinculado con la pérdida de empleo rural, la concentración de la tierra y la migración de la población rural hacia los centros urbanos.
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Corrientes: probaron con fotografías el desmonte en zonas protegidas

Fecha de Publicación: 01/07/2022
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Corrientes


El intendente de la localidad correntina Riachuelo, Martín Jetter, convocó para este jueves a una reunión a los ambientalistas que reclamaron información pública sobre los desmontes en zonas protegidas por la Ley de Ordenamiento Territorial. Solicitaron informes de impacto ambiental así como el conocimiento de los planes de gestión para autorizar estas actividades.
El jefe municipal aseguró a este diario que se comunicó con el propietario de los terrenos afectados y que “en este momento no se está realizando ningún trabajo en el lugar”.
Sin embargo, la zona detectada por fotografías aéreas abarca unas cuatro hectáreas marchitas. “Obtuvimos imágenes con un drone y en Google se pueden obtener capturas satelitales, se ve el manchón del desmonte”, explicó Gabriela Mac Donald a El Litoral.
“Barajamos dos teorías, que el desmonte es para avanzar con negocios inmobiliarios o para un basurero, que es lo que se está haciendo. Como falta espacio, van desmontando cada vez más. Apuntamos a que vuelvan a forestar el lugar”, agregó la activista ambiental.
Señalaron que los desmontes están ocurriendo específicamente en el barrio Once Leones, de Riachuelo. Según la Ley N°5.974 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Corrientes (enmarcada en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N°26.331), esta zona se encuentra en la categoría 2, en “amarillo”,
De acuerdo con el artículo 17 de esa ley, los bosques categorizados en “amarillo” no pueden ser sometidos a cambios en el uso del suelo, y las únicas actividades permitidas son la conservación y el uso sostenible sin provocar cambios en la cobertura vegetal. Por esto, solicitan informes de impacto ambiental así como el conocimiento de los planes de gestión para autorizar estas actividades ante el organismo de aplicación de la ley correspondiente: la Dirección de Recursos Forestales.
Por su parte, el ambientalista correntino Luis Martínez confirmó que la reunión se realizará mañana por la mañana.
“Queremos saber los motivos del desmonte. Esperemos que haya consenso. Preocupa mucho porque es una zona de hábitat de monos carayá, tenemos miedo por otras especies también y está cerca de la reserva provincial: hay abundancia de animales silvestres. La disminución del hábitat para la fauna autóctona podría traer consecuencias a futuro”, advirtió Martínez en diálogo con El Litoral.
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Greenpeace asegura que la Ley Provincial de Bosques propicia el desmonte de unas 30.000 hectáreas por año

Fecha de Publicación: 28/06/2022
Fuente: Diario La Mañana
Provincia/Región: Formosa


Desde la organización no gubernamental sostienen que Formosa cuadruplicó su deforestación porque la ley es “muy flexible, incluso más que la ley nacional”
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina, licenciado en Comunicación Social Hernán Giardini, criticó el manejo del Gobierno provincial sobre sus recursos naturales y afirmó que la flexibilidad de la Ley Provincial de Bosques cuadruplicó la deforestación en Formosa.
“La situación es tan preocupante como en las demás provincias del norte, como Salta, Chaco y Santiago del Estero que concentran desde hace 30 años el 80% de los desmontes del país. En vez de disminuir la deforestación, en la provincia se cuadruplicó y por cada año se desmontan 30.000 hectáreas de bosques”, comentó Giardini a La Mañana.
Sostuvo que la Ley de Bosques de la provincia tiene algunas falencias que fueron señaladas desde hace tiempo porque permite en gran parte del territorio seguir con la deforestación.
“Cada finca puede desmontar un porcentaje y a eso hay que sumarle las explotaciones ilegales, que es un problema de todas las provincias, que avanzan porque las multas son muy bajas como para frenarlas, porque además no constituyen un delito penal. Formosa tiene una Ley Provincial de Bosques muy flexible, incluso más que la Ley Nacional, que permite hoy cuatro veces más desmontes”, sostuvo.
Señaló que permite la deforestación en el 75% del territorio porque define un porcentaje de bosque por finca, lo que a su entender no genera el efecto de dejar amplias zonas forestales como contemplaba la antigua ley.
“La ley formoseña permite que cada propietario pueda desmontar hasta la mitad de su finca. Tal vez al Gobierno formoseño le parezca poco que se cuadruplique la deforestación y se pierdan 30.000 hectáreas por año, pero la cifra colocó a la provincia entre las dos jurisdicciones que más desmontan del país, superada por Santiago del Estero y ubicada por arriba de Salta y Chaco, cuando históricamente eso no pasaba”, agregó.
A todo esto, opinó que la Provincia cree que deforestación significa desarrollo, cuando 30 años después de fuertes niveles de desmontes no se percibe el progreso para los formoseños y la sociedad en su conjunto no vio los beneficios, con un impacto ambiental negativo importante.
Recordó que Greenpeace tiene presentado un amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, por entender que permiten prácticas que violan la normativa de protección de los bosques y poner en riesgo a especies en peligro de extinción como el yaguareté.
“Pero además de atentar contra la mayor fuente terrestre de biodiversidad, hay otros impactos graves que produce la deforestación como la posibilidad de más inundaciones, porque los bosques funcionan como una esponja natural, la aparición de cambios de tipo climáticos, sequías y fenómenos meteorológicos más intensos como tormentas y tornados.
Los bosques también concentran alimentos, madera, medicina natural, claves para la supervivencia, sobre todo para las comunidades locales e indígenas. Hay casos de campos que se venden con la gente adentro”, añadió.

Default ambiental
Algunas organizaciones ambientales advirtieron que Argentina entró desde este viernes en default ambiental, y sobre el tema, Giardini aclaró que es un cálculo que se hace respecto a la cantidad de recursos naturales que consume el país y la capacidad para recuperarlos.
“Tiene que ver con el sobreconsumo de recursos naturales. Esto no está analizado por persona sino en conjunto y es dispar. Es un cálculo en forma global en el país y ya se consumió ahora lo que debería consumirse en un año para una recuperación normal y se entra en una suerte de deuda ambiental. Este informe no lo hizo Greenpeace, pero está bueno para alertar que tenemos una sobrexplotación de recursos y una distribución desigual de los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza”, se explayó.
Sostuvo que es importante propiciar estrategias de desarrollo que favorezcan la generación de empleo y que haya menos pobres en el país, pero a la vez con equilibrio en el manejo de los recursos. “Pero, lamentablemente, el modelo que tenemos de desarrollo en los últimos años no ha facilitado esto y no hablo sólo de lo agropecuario sino también desde el extractivismo minero que no generan el crecimiento económico de la población y produce un impacto ambiental grave”, concluyó.
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Vecinos quieren frenar los desmontes de Los Maitines en Las Yungas

Fecha de Publicación: 15/06/2022
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta


Vecinos de San Lorenzo colectan firmas en Chang.org para que exigir al Gobierno provincial y a la Municipalidad de San Lorenzo que frenen el desmonte en Las Yungas que actualmente se hace para dar inicio a la construcción del loteo Los Maitines.
Además, recaudan fondos para tomar medidas legales de protección de la zona, a través de la aplicación https://cafecito.app/salvemosyungas.
Desde la intendencia de Fernando "Kila" Gonza, ex intendente de San Lorenzo, que la familia Patrón Costa busca llevar a cabo el proyecto inmobiliario Los Maitines S.A. en aproximadamente 125 hectáreas, para subdividir en 300 lotes destinados a viviendas y espacios de recreación. Se emplaza en las laderas y serranías de San Lorenzo y Castellanos.
Julieta Valencia, una de las vecinas en lucha por resguardar Las Yungas, indicó a Nuevo Diario que "Los Maitines desmonta el bosque nativo, que es parte de una reserva de biodiversidad y se encuentra protegido por normativas provinciales y nacionales. Los Maitines, de acuerdo a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, está en Zona Amarilla tipo II, por lo que no debe haber desarrollos urbanísticos, no sólo por ser una reserva protegida, sino por la geocomposición del suelo y la pendiente de ladera que pone en riesgo las construcciones, dado que la desforestación causa el debilitamiento de las raíces de los árboles que sujetan el suelo arenoso pedregoso que compone el espacio sobre el cual avanza el proyecto".
Agregó que el proyecto también infringe la normativa nacional de Protección de Bosques Nativos y no prevé el suministro de agua dado que el recurso de la zona se extrae de lugares que hoy ya son insuficientes para el municipio.
"Según la ley provincial 7070 de Protección de Medio Ambiente, está prohibido el cambio de uso de suelo o recategorización", remarcó.
"Ellos dicen que van a hacer su propia toma, pero no de dónde la van a sacar. En San Lorenzo la extracción de agua no se puede hacer de pozo debido a la falta de napas acuíferas", explicó.
Valencia contó que la familia Patrón Costa presentó el proyecto para su aprobación en la Municipalidad de San Lorenzo la que, al no contar con los recursos técnicos para la evaluación correspondiente, derivó las gestiones a la Secretaría de Medioambiente de la Provincia. "Lo único que hicieron fue hacer un chek list de los requisitos, como la Audiencia Pública, Estudio de Impacto Ambiental. Vieron que estaba la documentación presentada, pero no evaluaron que todo estuviera correcto o cumpliera con las normativas. Con el chek list se dio pase al municipio para que autorice", indicó.  
Ya con la pandemia encima, se convocó a una audiencia pública vía zoom, lo que provocó el rechazo de los vecinos que pedían fuera presencial o se suspenda hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran. "Este sistema imposibilitaba la participación ciudadana, dado que no todos los vecinos cuentan con el servicio de internet y los dispositivos necesarios para la conexión. Además, hubo poca información", remarcó.  
"A pesar que se vulneran tres normas (ley provincial 7070, ley nacional de bosques y ley de ordenamiento territorial) ellos siguen con los desmontes para la apertura de caminos porque dicen que obtuvieron la aprobación municipal. El emprendimiento no debería estar aprobado, ya que para avanzar sobre las leyes se requiere que sean modificadas, y no de una simple resolución de un municipio que los autorice. Claramente las urbanizaciones en zonas categorizadas en amarillo y rojo están prohibidas, ya que requieren desmontar para los accesos y levantar las propiedades", expresó Valencia.
Por último, detalló que el tema fue usado políticamente por Héctor Chibán, candidato en el 2019 a diputado nacional y por el actual intendente Manuel Saravia. "Antes de asumir (Saravia) estaba en contra de Los Maitines. Su compromiso era asumir y frenar esta situación, sin embargo fue uno de los primeros proyectos que saca".
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