Chaco aprovecha el Mundial para tratar de dar luz verde al desmonte

Fecha de Publicación: 14/12/2022
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Chaco


La Legislatura chaqueña está a punto de habilitar nuevas áreas para el desmonte. “La evidencia científica es suficiente para afirmar que los bosques chaqueños son clave para el mantenimiento de la biodiversidad”, explica Micaela Camino, bióloga, investigadora del Conicet y premio Whitley, Proyecto Quimilero.
Aprovechando el Mundial y la increíble actuación de nuestro equipo, está a punto de discutirse en la Legislatura del Chaco un proyecto de ley que pretende habilitar nuevas áreas para desmonte. O sea, bosques que hoy en día están protegidos podrían ser completamente eliminados, desmontados. Es necesario evitar que esto suceda.
La evidencia científica es suficiente para afirmar que los bosques chaqueños son clave para el mantenimiento de la biodiversidad, incluso de especies amenazadas y que son monumentos provinciales o nacionales, como el yaguareté o el pecarí quimilero. Además, estos bosques son necesarios para conservar la fertilidad de los suelos y a la regulación climática. De hecho, el fuerte calor que atravesamos estos días es en gran medida consecuencia de los bosques que perdemos en la región chaqueña y resulta claro que las consecuencias del desmonte nos afectan a todos. Avanzar con el desmonte nos pone en riesgo ambiental y climático.
 Además, familias indígenas y criollas campesinas viven en los bosques y utilizan sus maderas, forrajes, alimentos y medicinas. Estas familias son desplazadas por el avance del desmonte. Ni las familias locales ni otros sectores de la sociedad han sido consultados respecto a la propuesta de avanzar con los desmontes. Esto va contra leyes y convenios internacionales, que preveen participación social en decisiones ambientales (Ley Nacional de Bosques, acuerdo de Escazú, Convenio Internacional OIT 169 para pueblos indígenas).
En Chaco tenemos una riqueza biológica y cultural maravillosa, con el bosque seco tropical/subtropical más grande del mundo. El desarrollo verdadero solo será posible si conservamos nuestra diversidad y respetamos nuestras leyes. Por eso espero que la Legislatura de la Provincia del Chaco no de tratamiento a este proyecto de ley, que no haya más intentos de aumentar las áreas habilitadas para desmonte en la provincia y que encontremos la manera de tener cero desmontes y un verdadero desarrollo. Y, además, espero que podamos disfrutar del maravilloso mundial sin tener que salir a marcar posiciones políticas en órsay; recordando que solo en 2021 perdimos en el país unas 12 canchas de fútbol por hora pero sabiendo que podemos revertir y ganar este partido.
El Mundial es justo lo que necesitaba: sacar toda la pasión, sentir que se me va la vida si entra o no la pelota en la red. Soy investigadora científica y, al trabajar en investigaciones relacionadas a la conservación y desarrollo sustentable, muchas veces tengo que tocar temas dolorosos o preocupantes. Pero en el Mundial no. En el Mundial me prometí que iba a trabajar tranquila en mis artículos científicos, sin mayor atención a problemas urgentes y graves con los que tengo que lidiar cada día. Pensé que, solo por lo que durara el mundial podría tener ese privilegio y tomarme unos días de camiseta, alegría y pasión. Pero, lamentablemente, me encuentro nuevamente envuelta en problemas relacionados a la conservación de nuestros bosques.
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Las ventas de soja y carne argentinas en riesgo por una medida de la UE

Fecha de Publicación: 09/12/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El Bloque europeo decidió restringir las importaciones de productos donde haya deforestación. Un acuerdo histórico que incluye alimentos como el cacao, el café o la soja.
Este martes, la Unión Europea selló un acuerdo histórico para prohibir la importación de productos que hayan contribuido a la deforestación, como el café, cacao o la soja.
El acuerdo se produce en vísperas de la COP15 de la Biodiversidad en Canadá y la medida podría afectar las ventas de soja y carne argentinas al viejo continente, ya que, se estipula que todo producto producido o fabricado generando deforestación quedará prohibido para su importación.
En la lista de insumos se incluyen: el cacao, el café, el aceite de palma, el caucho, la madera y, entre las grandes exportaciones argentinas, la carne vacuna y la soja. Asimismo, afectará a productos derivados de esos insumos que Europa importa directamente, como chocolates, cuero, muebles, papel o carbón.
“El Parlamento ha añadido (a la lista) el caucho, el carbón vegetal y productos de papel impreso también. Se va a prohibir que esas materias sean adquiridas porque la Unión Europea va a rastrear su origen y demostrar si están vinculadas a la destrucción del medioambiente, a la degradación de los bosques o directamente a la deforestación ilegal. La impunidad se va a acabar”, dijo al respecto el eurodiputado César Luena, citado por rFi.
De acuerdo con un informe de Global Witness, los bancos radicados en la Unión Europea otorgaron, entre 2016 y 2020, unos 30 mil millones de euros en financiación a 20 gigantes de la industria agroalimentaria responsables de deforestación. Es por ello que a partir de ahora se va a aplicar un control basado en riesgos, agregó el eurodiputado.
“La Comisión va a clasificar a los países en riesgo bajo, estándar o alto. Eso lo va a hacer en los próximos 18 meses, a la entrada en vigor del reglamento. Al país que se considere en riesgo alto y que pueda estar involucrado en esta comercialización, se le va a aplicar un 9% de controles a todas las transacciones que realicen”, explicó Luana.
En ese contexto, el reglamento dice que cualquier producto generado en un terreno deforestado a partir de diciembre de 2022 tendrá prohibida su entrada a los 27 países que conforman la Zona Euro.
Según consigna NA, el control de origen estará a cargo de las empresas importadoras, que bajo la amenaza de multas tendrán que controlar de dónde viene el producto que importan. Por ejemplo, deberán controlar territorios con ayuda de agentes nacionales, de altos de trazabilidad que permitan localizar el origen de los productos y hasta de imágenes satelitales para describir si aumenta la deforestación.
Como todas las normas aprobadas por la Unión Europea, esta medida pasó por varias instancias. Sin embargo, en las negociaciones no se decantó, por el contrario, se endureció, lo que expone el nivel de compromiso del bloque para con el medio ambiente.
Si bien todavía no se conoce la lista de países que se encuentran oficialmente en riesgo alto, ya hay indicios según adelanta el eurodiputado Luena: “Quizás Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, México… son países donde hay mucha deforestación. Se debe determinar si está ligada a la producción y comercialización de productos”, citado por rFi.
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15 años de la Ley de Bosques: ¿cuál es el balance desde su sanción?

Fecha de Publicación: 29/11/2022
Fuente: Fundación Vida Silvestre
Provincia/Región: Nacional


La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007 y Fundación Vida Silvestre hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007, luego de un largo proceso legislativo y un fuerte consenso social, con el objetivo de frenar la deforestación creciente, promover la conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos de nuestro país.
Hoy, 15 años después, Fundación Vida Silvestre Argentina hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
El 28 de noviembre de 2007, en un contexto de emergencia forestal, en Argentina se sancionaba la ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Con tasas de deforestación que rondaban las 0,94% anual (aproximadamente 700.000 hectáreas por año) diferentes sectores de la sociedad civil se unieron para trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar y fomentar la aprobación del proyecto de ley.
La Ley de Bosques marcó un hito en el país en materia de regulación ambiental. Su sanción modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos, fortaleció técnica y económicamente a todas las jurisdicciones, visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas, y se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar su uso, brindando alternativas para equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Pero durante los 15 años desde su sanción, su implementación fue parcial y adoleció de la falta de voluntad política necesaria para su plena implementación en la mayoría de las jurisdicciones.
Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los dos últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.
Por otra parte, desde su implementación, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo y recibió mucho menos de lo que le correspondería, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración. En relación al estímulo financiero para el año próximo, el Presupuesto 2023 aprobado recientemente en el Congreso le asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones, lo que representa sólo el 10,36% de lo establecido por la Ley 26.331. Si bien el porcentaje se triplicó en comparación a los años 2021 y 2022, sigue siendo mucho menor del que debería asignarse.
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales” afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. A principios del año 2022, luego de los incendios de la provincia de Corrientes, se anunció la asignación extra de 10.000 millones de pesos, de los cuales finalmente solo se derivaron a las provincias 5.000 millones de pesos. Para el 2023, el monto asignado llegará a un 10,36%, lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.

¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?
La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso –y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad, y los servicios ambientales.
El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operarios forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionares públicos será central para avanzar en los desafíos que demanda la correcta implementación de la Ley.
La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la genuina participación en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.
"Quienes trabajamos desde hace años vinculados a la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, sabemos que ha habido un salto de calidad en la gestión de los mismos desde la sanción de la Ley de bosques. Eso ha ocurrido a pesar que solo se le ha asignado aproximadamente el 8% del financiamiento establecido, que en algunas Jurisdicciones se ha carecido de la voluntad política apropiada para su plena implementación y que diversos sectores productivos han operado política y económicamente para evitar su plena implementación. Si en los próximos años logramos revertir estos factores que han atentado contra nuestros bosques y contra las comunidades que dependen de ellos, estaremos más cerca de lograr su verdadera conservación y manejo sustentable”, concluyó Manuel Jaramillo.
Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño, hasta su implementación, así como también evaluando su funcionamiento y propiciando propuestas de mejora. Es por eso que, a partir de pedidos de información pública ambiental a la autoridad nacional de aplicación, más  un exhaustivo análisis y recopilación de información, se desarrollaron fichas infográficas descargables para exponer las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su situación actual, tanto a nivel nacional como provincial, con toda la información (perfil territorial de cada provincia, hectáreas deforestadas, especies en peligro, hectáreas bajo planes de manejo o conservación, el presupuesto correspondiente y el asignado y más). Las fichas buscan graficar la información y ser material de consulta y comparativo para diferentes actores clave y la presente actualización incluye la proyección de asignación de fondos para el año 2023, provincia por provincia.

Ver Infografías-fichas por provincias
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Denuncian avance del monocultivo de pino, desmonte y erosión hídrica

Fecha de Publicación: 26/11/2022
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


El corredor verde “no existe más como tal” advierten y reclaman más inversión del gobierno. El Movimiento Agrario de Misiones (MAM) adhirió al pedido que hicieron organizaciones sociales, ambientales, gremios y de Derechos Humanos. Esperan más acción y menos relato. También exigen que se cumplan leyes ambientales y la expropiación de las 600 ha a Arauco  que está pendiente desde el año 2013.
La política de cuidado del medio ambiente que pregona el gobierno del Frente Renovador no genera convencimiento en algunas organizaciones con trayectoria en el tema. Es así que son cada vez más las que reclaman que se intensifiquen las políticas al respecto: más acción y menos relato.
En este sentido, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) adhirió a un documento en el que un conjunto de organizaciones agrarias, sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales alertó al Gobierno provincial por la dramática destrucción del Corredor Verde, área establecida por la Ley XVI-N°60 (antes 3631) para conservar lo que es considerado como el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo.
Valiéndose de imágenes satelitales como evidencia contundente, se advirtió que el Corredor Verde “no existe más como tal” ya que se encuentra “severamente fracturado” debido al desmonte, la erosión hídrica y el avance descontrolado del monocultivo del pino.
La postura de estas organizaciones choca de frente con el discurso oficial del Gobierno donde habla de una provincia verde con pocos fundamentos más que la creación de un Ministerio de Cambio Climático, que en tres años de funcionamiento no ha generado resultados visibles, como tampoco la anunciada venta de bonos verdes.
Por ello, se solicitó al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que implemente con urgencia medidas que apunten a recuperar el monte y el agua y avanzar hacia un nuevo modelo productivo en la provincia, que priorice la inclusión social con la multiplicación de la producción de alimentos saludables en el territorio.
En la nota, presentada en Casa de Gobierno, se plantea que tales acciones deberían, además, fortalecer a la agricultura familiar, limitar la expansión del monocultivo de especies exóticas y el uso de agrotóxicos y resolver de manera definitiva la situación territorial de los pueblos originarios a través de la mensura de las tierras y reconociendo su preexistencia en la Constitución provincial.
Los diputados de Misiones sancionaron este año una ley en este sentido, que prohíbe progresivamente el uso de agroquímicos, sin embargo, las entidades productoras e industriales advirtieron que no hay ningún insumo que reemplace la función de los agroquímicos y aplicando esta ley se produciría un encarecimiento de los costos de producción. Pidieron que, antes de sancionar leyes, se consulte a los sectores que están día a día en el tema.
 Salvador Torres, secretario general del MAM, manifestó que se planteó que es impostergable una política estratégica en lo referido a cuestiones ambientales y productivas: “No podemos admitir que Misiones siga siendo considerada como ‘forestal’ y ‘energética’. Eso lo sufrimos durante demasiado tiempo y las consecuencias están a la vista. Y todavía se sigue vendiendo a Misiones como una ‘provincia verde’”.
“Hay que advertir que ese discurso es engañoso y peligroso, porque una cosa es el verde de la Selva Paranaense, donde existen miles de especies de flora y fauna autóctona; y otra el verde del pino, donde prácticamente no existe vida más allá de estas plantaciones exóticas”, dijo.
“Cuidar el Corredor Verde debe implicar acciones de control social, ciudadano, de este territorio importantísimo”, destacó Torres, quien valoró en ese sentido la iniciativa de trabajo articulado por parte de un amplio conjunto de organizaciones populares de la provincia que coinciden en esta preocupación.
Las organizaciones no sólo se quedaron en el reclamo sino que también elevaron propuestas.
La problemática del Corredor Verde ya había sido planteada al mandatario misionero a principios de agosto. En esta oportunidad, los referentes acercaron un nuevo documento que contiene un diagnóstico del Corredor Verde y propone medidas concretas, como la reglamentación y cumplimiento efectivo de las leyes y de organismos, el Instituto del Suelo; la restauración del monte y del agua; programas provinciales de cisternas y de sistematización de caminos para almacenar y retener agua de lluvia en las chacras, e iniciativas de prevención de incendios.
Las organizaciones también solicitan al Gobernador que priorice a las organizaciones sociales, agrarias y ambientales en la asistencia por parte del Estado en la asignación de tierras para la producción y multiplicación de alimentos sanos y nutritivos y reforestación con nativas; y el cumplimiento efectivo de la Ley XXIV- Nº11, que establece la expropiación de 600 hectáreas de la empresa Arauco para ser destinadas a Productores Independientes de Puerto Piray para la producción de alimentos.
La norma fue sancionada en el año 2013 y hasta la fecha, sólo 160 de las 600 hectáreas fueron transferidas a los trabajadores.
También, piden establecer mecanismos para facilitar la formalización de emprendimientos rurales y el trabajo rural (compatibilidad entre planes sociales y trabajo), el incentivo para la permanencia de jóvenes y adultos en la zona rural mediante la regularización de la tenencia de la tierra, la asignación de tierras fiscales y la creación de “comunidades eco agrarias”, donde el Estado provea viviendas, servicios de agua, luz, conectividad, transporte, insumos y herramientas para la agroecología.

Pueblos originarios
Específicamente sobre pueblos originarios, los referentes plantean la necesidad de un referéndum para que la sociedad de Misiones se expida sobre el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios con la enmienda de la Ley Provincial 4.000/03 y que ésta sea incorporada a la Constitución Provincial.
De la misma manera, que la designación del titular de la Dirección de Asuntos Guaraníes sea consensuada con todos los caciques de las comunidades originarias en Misiones, y que el Gobierno, a través de la dependencia que correspondiere, concrete los planos de mensura de territorios de comunidades originarias.
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Córdoba: ambientalistas inician acciones judiciales por el desmonte

Fecha de Publicación: 26/11/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Córdoba


Aseguran que se trata de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos.
En la provincia de Córdoba, las topadoras trabajan desde hace meses en la construcción de una obra vial de ensanchamiento y mejoramiento en el camino de Achiras Arriba, que llega hasta el departamento de San Javier. Pobladores del lugar denuncian que están destrozando el poco monte que queda, que usurpan partes de terrenos y que destruyen alambrados de los vecinos.
Por todo ello, la organización autoconvocada Guardianes del Monte inició acciones sumariales judiciales para proteger los recursos naturales. Denuncian también que varias personas que intentaron proteger los árboles molles fueron brutalmente golpeadas por varios hombres que «se movían en camionetas 4×4 blancas». Aseguran que la respuesta que recibieron de Vialidad Provincial fue incompleta y sin el plano de la obra.
«Los daños ambientales se producen mayoritariamente en el marco de la incompetencia, negligencia, falta de consideración de la problemática ambiental por parte de los funcionarios públicos que deberían proteger y cuidar el ambiente en el que vivimos», sostuvo Luis Jiménez, miembro de la organización Guardianes del Monte Traslasierra, a Tiempo. Continuó ahondando en la necesidad de que «la sociedad, o al menos parte de ella, reflexione sobre que hay que poner un límite a quienes cometen delitos contra la naturaleza».
A partir de estas consideraciones, decidieron informar a la comunidad «que la semana pasada nuestra organización ha iniciado actuaciones sumariales judiciales», aseveró Jiménez y continuó: «Lo hacemos por las diferentes irregularidades que producen severos e irreversibles daños ambientales en la ejecución de las obras viales».
En Córdoba, desde el pasado 1° de agosto Vialidad Provincial está realizando una obra y desmonte en el camino vecinal T281-17, que corre desde el paraje Los Molles, Las Rosas, hasta el paraje San Onofre, pedanía de San Javier y Yacanto. El mismo pasa por los parajes Rodeo de Piedra y Achiras Arriba.
Estas actuaciones sumariales judiciales que iniciaron las personas que protegen a los árboles están a cargo de la Fiscalía de Segunda Nominación de Villa Dolores, de la doctora Eugenia Ferreyra. Por su lado, la organización Guardianes del Monte es patrocinada por la abogada Eugenia Scarpinello.
«Queremos comunicar a la sociedad que en ningún momento nos hemos opuesto a la realización de las obras viales», sostuvo Jiménez y apuntó: «Solo exigimos que se realicen con la debida supervisión ambiental y que informen a los vecinos en el marco de los procedimientos administrativos para la obra pública como corresponde».
«Por el momento, no podemos revelar la tipificación de los delitos denunciados, tampoco la identificación de los actores denunciados ni la naturaleza de la documentación probatoria», explicó. Las acciones judiciales iniciadas se basan en la información recibida «por parte de la dirección de Vialidad Provincial en respuesta a la resolución legislativa 36147/R/22, que fue gestionada por la legisladora Noelia Agüero de la Izquierda Socialista–FIT Unidad».
«Habiéndonos constituido como querellantes, convocamos a los y las vecinas de Traslasiera a sumarse en calidad de testigos», contó Jiménez. También aseguró que «quienes lo hagan tendrán identidad reservada para que no sufran represalias de ningún tipo».
Cabe destacar que la organización Guardianes del Monte presentó ante la Justicia cordobesa declaraciones testimoniales de testigos oculares del desmonte, fotografías y vídeos. Muchos vecinos fueron afectados por las expropiaciones compulsivas de partes de sus terrenos y destrucción de sus alambrados perimetrales con las topadoras.

Foro Ambiental contra el desmonte
El Foro Ambiental Traslasierra -línea fundadora- con la activa colaboración de la organización Guardianes del Monte, hizo un llamado público a las demás organizaciones ambientales de Traslasierra. Porque se trata -aseguran- de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos. Además, advierten que en Córdoba queda menos del 3% de los bosques nativos en alto valor de conservación.
«Debemos pensar entre todos nuevas estrategias y protocolos para la defensa de los bienes comunes, acciones necesarias y urgentes, como indica la reciente modificación de la Ley 10.208», explicó Jiménez. También dijo que esta norma alerta a «militantes y la opinión pública sobre la necesidad de generar decretos y disposiciones que protejan a la naturaleza».
«En Traslasierra se vive un momento histórico en cuanto al cuestionamiento del poder político regional, ahora más que nunca por lo que está pasando con la obra vial», aseguró Jiménez. Continuó explicando que los vecinos cuestionan «el modo en que se realiza el proyecto de asfaltado y la violencia sobre los pobladores».
«Utilizan una metodología mafiosa que es protagonizada por personajes locales que al amparo del poder político actúan en el territorio», denunció el guardián del monte. Agregó que estas personas que menciona tienen «causas penales en su contra por agresiones, pero no tienen investigación visible, no sabemos nada, ni una resolución recibimos por parte de la justicia, de este modo permite que continúen cometiendo delitos contra las personas y la naturaleza».
«Nosotros adherimos al pedido de expulsión del titular de la legislatura departamental de San Javier, para que sea sometido como cualquier otro ciudadano a los procedimientos legales correspondientes», reclamó Jiménez. Finalmente, expresó: «Basta de encubrimientos, privilegios y manejos oscuros para quienes tienen el poder político».

Denuncias por violencia
Este diario -cuando empezó la obra vial- tuvo acceso a videos que muestran a los maquinistas junto a varios hombres que se movían en camionetas 4×4 blancas, agrediendo verbal y físicamente a los y las vecinas que intentaban impedir que destruyan árboles molles.
Por todo ello, realizaron varias denuncias ante la Fiscalía N°1 de Villa Dolores a cargo de la doctora Lucrecia Zambrana. Las víctimas ya declararon, pero aún no tuvieron una respuesta por el ataque y los golpes que sufrieron.
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Sin control: Foto satelital muestra cómo avanza el desmonte en el Corredor Verde

Fecha de Publicación: 21/11/2022
Fuente: Misiones Cuatro
Provincia/Región: Misiones


Pese a las leyes de conservación vigente, ya se perdieron más de 300 mil hectáreas de selva paranaense en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen. Fuerte advertencia en bloque de dirigentes agrarios, sociales y ambientalistas al Gobernador Oscar Herrera Ahuad.
Una imagen satelital de agosto de 2022 muestra con “claridad” la fractura –o desmonte- del Corredor Verde, considerado el último remanente continuo de Selva Paranaense en el mundo, situado en la zona del Alto Uruguay de Misiones.
En 1999, su conservación fue establecida por la Ley 3631 (Ley XVI – Nº60) con el principal propósito de garantizar la permanencia del agua, la biodiversidad de especies de plantas y animales, oxígeno, suelo productivo, el territorio Mbya guaraní, el equilibrio ambiental y la identidad de la selva misionera.
Pero el Corredor Verde como tal, no existe más. Lo advierten, en bloque, los referentes de organizaciones agrarias, sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales al cotejar imágenes satelitales que muestran una severa fragmentación en el Noreste misionero, imágenes que monitorea el propio Ministerio de Ecología de la Provincia.
La imagen demuestra que está “severamente fracturado” en el centro y en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen, con “notables desmontes” en toda el área, sobre todo en el norte, y el aislamiento del Parque Provincial Urugua-í y de la Reserva de Biósfera Yabotí.
“Nos estamos quedando sin monte, sin agua y sin suelo productivo”, dijo Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM). “Los primeros perjudicados con esta situación son los agricultores y las personas de menos recursos”, agregó por su parte Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM).

Números que duelen
La advertencia que proclama el bloque de dirigentes de reconocida militancia agraria y ecologista se sostiene, también, con una investigación del CONICET, divulgada en octubre de 2022, que indica que entre 1985 y 2021 fueron deforestadas en Misiones 305 mil hectáreas de Selva Paranaense.
Dicho de otro modo, sostiene el informe, elevado casi como una plegaria al gobernador Oscar Herrera Ahuad, que se ha eliminado un 20% de la superficie con monte en ese período, o su equivalente a un promedio de 8.260 hectáreas por año. El mismo estudio señala que el monte fue reemplazado por plantaciones forestales, mayoritariamente, entre otras actividades.
“El mayor aumento se registró en el área ocupada por las plantaciones forestales pasando de130 mil hectáreas en 1985 a 330 mil hectáreas en el 2021, lo que representa un aumento del 151por ciento”, se puede leer en la web del CONICET.
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Ley de bosques: a quince años de su sanción, la deforestación ilegal persiste

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Su aprobación fue uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental. Sin embargo, años más tarde, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde.
Un 28 de noviembre de 2007 en la Argentina se producía uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental: se sancionaba la N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El país se encontraba en emergencia forestal, con tasas de deforestación que rondaban el 0,94% anual (lo que significaba una pérdida aproximada de 700 mil hectáreas por año), lo que impulsó a diferentes sectores de la sociedad civil a trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  
A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar la aprobación del proyecto de ley. Durante ese proceso, la Fundación Vida Silvestre Argentina aportó elementos técnicos para la discusión que luego se vieron reflejados en la Ley,
Hoy, a 15 años de su sanción, la Ley de Bosques se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos y visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Además, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, estabilizándose hasta el año 2019, momento en el cual volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.
A pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. El avance de la deforestación y conversión de estos ambientes naturales para dichas actividades provoca graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles y que atentan contra nuestra salud y nuestro bienestar, así como el de otras especies que habitan los bosques.
A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas, como claramente indica la ley 26.331. Complementariamente, la ausencia de un registro nacional de infractores a la ley limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Además, los bosques sanos funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano.
A partir del informe “Diagnóstico actualizado del estado de implementación - Ley N° 26.331” -elaborado en conjunto entre Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)- se pueden destacar los siguientes puntos:
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Durante el año 2021 se asignaron 5.000.000 de pesos adicionales que fueron derivados a las provincias y para el 2023, según el proyecto de ley de Presupuesto, el monto asignado tendría un leve aumento y llegaría a un 10,4%., lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras, desde su creación y puesta en marcha continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.
Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las jurisdicciones y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales.

Por Manuel Jaramillo es director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y Daniela Gomel, especialista en políticas públicas y gobernanza de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

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Aunque hay una cautelar, la sucesión Patrón Costas desmonta Las Yungas en Salta

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


En la zona quieren instalar un barrio privado, pese a que la Justicia tomó cartas en el asunto. Acusan que no se fiscaliza el avance de la obra.
"La Secretaría de Ambiente de la Provincia incumple la no fiscalización que efectivamente demuestra que los desmontes están frenados", afirmó Fernanda Guillén, abogada que patrocina a los vecinos que decidieron ir a la Justicia para frenar desmontes en las Yungas sanlorenceñas, que inició en diciembre del año pasado Los Maitines S.A. para construir un barrio privado.
Esta área se encuentra protegida por ser uno de los reservorios de especies vegetales más importantes del país, tiene una variada fauna autóctona que incluye algunos animales en peligro de extinción y es una fuente de recursos naturales renovables, además de ser reservorio de agua. Tras los desmontes que inició Los Maitines, vinculada a la familia Patrón Costas, para la caminería en un predio de 125 hectáreas ubicado entre el cerro Elefante y La Quebrada, los vecinos entraron en alerta sobre todo por la amenaza de quedarse sin agua, puesto que el desarrollo urbanístico tendría una toma de captación del líquido elemento del río Castellanos en la zona alta de San Lorenzo.
Por ello interpusieron un amparo ambiental y lograron que la jueza de primera instancia Civil y Comercial de Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, calificara la acción como un proceso colectivo puesto que los vecinos buscan "proteger la biodiversidad de las Yungas y la calidad y caudal del agua del río Castellanos". Los vecinos pusieron foco en los avales irregulares que consiguió Los Maitines, tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como de la Municipalidad de San Lorenzo, para iniciar la tala en una zona categorizada como Amarilla por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que no autoriza desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).
"El amparo ambiental pretende que se declare la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente y de la Municipalidad de San Lorenzo que aprueban el proyecto. Ambiente aprobó un plan de manejo sostenible cuando para una urbanización se tiene que aprobar un plan de cambio de uso de suelo.
La Municipalidad otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental. Lo que es grave ya que se trata de una zona amarilla y en ambas resoluciones eso está reconocido", explicó Fernanda Guillén.
La abogada señaló que el proyecto urbanístico va en contra no sólo de la OTBN, sino de Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y los principios protectorios del Derecho Ambiental. Así las cosas, el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación, concedió una Medida Cautelar de No Innovar por la cual ordena el cese de todo acto o actividad que implique extracción de especies nativas en los inmuebles propiedad de Los Maitines S.A, en atención a la naturaleza de las obras y a la importancia del proyecto.
"Esto es complicado de fiscalizar, porque se libró un oficio a la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Medioambiente y no se respondió. Se reiteró el oficio y tampoco respondieron. El 26 de octubre venció el plazo para responder el oficio", apuntó Guillén. Agregó, se solicitó la intervención para fiscalizar Ambiente "bajo apercibimiento de desobediencia judicial porque no está cumpliendo. Tiene que hacer informes cada 15 días con imágenes satelitales para que la jueza pueda verificar el cumplimiento de la medida. Y hasta ahora no hizo ni un informe", apuntó./ Nuevo Diario.
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Movimiento campesino denunció el desmonte ilegal de territorios en un paraje jujeño

Fecha de Publicación: 17/11/2022
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy


El Movimiento Nacional Campesino Indígena en Jujuy (MNCI) denunció hoy el desmonte ilegal de diversas especies de árboles por parte de una empresa privada en el paraje Maíz Gordo, ubicado a 50 kilómetros de la localidad de Palma Sola y llamaron a defender los territorios de las familias nativas.
Los activistas se pronunciaron este lunes en contra del “robo descarado” de rollos de árboles como quina, cebil, quebracho, palo blanco, entre otros, los cuales fueron sacados del paraje Maíz Gordo, emplazado en el límite con la provincia de Salta.
Los pobladores aseguraron que “vieron salir del paraje tres camiones repletos de inmensos rollos de madera” por lo que refirieron que “para circular la empresa desmontadora tuvo que romper el candado de entrada al paraje campesino”.
La zona afectada es un paraje habitado por cuatro puestos rurales, “cada puesto incluye entre al menos cuatro familias que son poseedoras de los territorios desde el año 1935, nunca abandonaron la posesión, ni la posesión fue interrumpida”, precisaron los voceros en dialogo con Télam.
En ese marco desde el colectivo campesino recordaron que “no es la primera vez que sufren el robo de madera”, debido a que “ya en las décadas de los 70 y en los 90 sufrieron este tipo de saqueo”, aseveraron.
La denuncia de las familias afectadas recayó contra Daniel Gurrieri, alias “tacho”, por “sustracción de madera en peligro de extinción y de manera ilegal, porque usurpa terrenos privados para lograr su cometido”, completaron.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Ambiental y Delegación Fiscal Nº 4, a cargo de Mariana Subelza, el Comando de Prevención Rural y Ambiental, a cargo del subinspector Miguel Oyarzu y el preventor subcomisario Pablo Montoya.
Los campesinos también declararon que se extendieron las denuncias hace poco más de semana, pero “hasta el momento no hubo ninguna reacción del Gobierno provincial que, está claro, creó la policía rural para perseguir a familias campesinas e indígenas, pero no para cuidar el monte ni los parajes campesinos”.
Más adelante manifestaron que en el campo se pudo “constar al menos 5 kilómetros de picadas dónde por lo menos dos máquinas desmontadoras rodean los troncos para cargarlos”, precisaron.
Los activistas remarcaron el pedido para “intentar frenar los desmontes en el territorio”, por lo que las familias de la zona se organizaron para hacer “guardias”, al tiempo que cambiaron el candado a un portón de acceso y carteles que da cuenta del repudio a los desmontes en el departamento jujeño Santa Bárbara.
Finalmente, las familias analizan continuar con “las denuncias iniciadas en la policía” local y se mantienen en alerta con sus asesores legales para realizar las presentaciones pertinentes en la Justicia ordinaria.
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En 20 años, Argentina perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo

Fecha de Publicación: 14/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Entre 2001 y 2021, del total de la masa forestal talada en el país, el 80% fue consecuencia directa de la industria de materias primas, incendios forestales, agricultura itineraria y urbanización, según un informe. Cómo afecta el desmonte a las comunidades del norte argentino, la zona más desprotegida.   
Las zonas deforestadas en la Argentina se incrementaron sustancialmente en los últimos 20 años y la desaparición de gran parte del área boscosa, sin intención de nuevas plantaciones, engrosa la lista de factores que profundizan la crisis climática: desde 2001 hasta 2021, el 80% de la masa forestal local eliminada estuvo directamente vinculada con los sectores dominantes que responden a la deforestación, según relevó la plataforma de monitoreo de bosques Global Forest Watch.
Durante ese período, el país perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 7% de la pérdida total de cobertura arbórea y una disminución de esa flora nativa del 9,9%.

Un castigo a nuestra tierra
Entre las actividades que generaron mayor índice de pérdida forestal en el país, la deforestación asociada a la obtención de materias primas -postes de luz, tanino, durmientes o carbón- encabezó la lista, con 151 mil hectáreas menos en 2021 que en 2001. Le siguieron la agricultura itinerante, que dejó en ese mismo año un saldo de 25 mil hectáreas taladas de las 200 mil que hubo en total, según informó el organismo.
"Muchas zonas desmontadas después terminan siendo suelos inútiles al cabo de los años, por la salinización y la contaminación con agrotóxicos. Los wichí les llaman 'campos vencidos', son suelos que hacen más frecuentes las inundaciones porque ya no absorben las lluvias y, en verano, el efecto espejo contribuye al calentamiento", lamentó en diálogo con Télam Noemí Cruz, responsable del área de bosques de Greenpeace.
"Cuando la materia prima es sólo para carbón, tanino, postes de luz o durmientes para la utilización en las vías férreas, se hace sobrexplotación. Eso se denomina 'erosión de bosques'; se extrae madera y se empobrece y degrada todo le suelo de la zona boscosa", advirtió Cruz, y denunció: "El 85% de un ecosistema único como el quebrachal del Bosque de Tres Quebrachos -al sur de Chaco- fue destruido".
Fuentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalaron en diálogo con Télam que "la deforestación registrada se debe a desmontes ilegales o prácticas de transformación excesivas por parte de productores ganaderos en sistemas silvopastoriles, además de los incendios", que suceden con frecuencia en los bosques de categoría I y II, los más preservados.
Para dar respuesta a esta problemática, entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Gandería y Pesca, se creó en 2022 el Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que busca transformar esas prácticas silvopastoriles en modelos foresto-ganaderos para "asegurar la continuidad de la estructura y función de los bosques nativos", explicaron desde la entidad.
"El MBGI busca abordar el problema de la pérdida de bosques regulando las intervenciones en bosques nativos para poder arribar a modelos de producción libres de deforestación, forma parte de los lineamientos técnicos estratégicos de la Ley Bosques", reforzaron las fuentes oficiales.
El estudio evidenció además que Argentina perdió 6,32 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa un 16% menos de su totalidad, y generó como consecuencia la emisión de 1,4 gigatoneladas de carbono a la atmósfera.
En 2008, por ejemplo, se midió una deforestación récord: hubo un total de 588 mil hectáreas podadas, de las cuales 491 mil fueron utilizadas para materias primas. ¿Qué consecuencias generó este desmonte? Cruz advirtió que los pueblos que habitan en la cercanía de las zonas deforestadas "pasan a ser desalojados, son parias en zonas urbanas, sin posibilidades de subsistencia conforme su cultura”.
Además, la masiva deforestación provoca la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, también en la productividad de los suelos, cambios en los llamados "ciclos hidrológicos" -que facilita las inundaciones-, y pérdida en la capacidad de fijar carbono, que termina expulsado a la capa de ozono y contribuye al avance del calentamiento global.
Sobre el dosel arbóreo en Argentina -el ecosistema que se forma por debajo y entre las copas de los árboles-, en ese mismo período las cinco provincias que registraron mayor pérdida fueron Santiago del Estero, con 1,90 millones de hectáreas; seguida por Salta, con 1,39 Mha; Chaco, con 878 Mha; Formosa, con 693 Mha; y Misiones, con 533 Mha.
El 52% del total de la pérdida de la cobertura arbórea en del país corresponde solo a la suma de las dos primeras provincias que encabezan esa lista.
Además, el 87% de la pérdida de bosques nativos corresponde a esa región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14%) y Formosa (13%). El total del área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica, después del Amazonas.
Actualmente, la plataforma registró que sólo en seis días -el período que va del 6 al 13 de octubre de 2022- se registraron 163.693 alertas de deforestación local, lo que abarca un área de 1,81 mil hectáreas que se encuentran en proceso de ser taladas para diferentes actividades, entre ellas, la industria agropecuaria (mayormente), la agricultura y ganadería intensivas.
De modo que, si bien toda actividad forestal que se ejecuta dentro del territorio argentino debería estar estrictamente controlada bajo el marco regulatorio de la Ley de Bosques -la 23.331-, Cruz aseguró que “en el norte, lamentablemente, no hay recomposición de los bosques destruidos ilegalmente”.
Incluso, refuerza, “hemos presenciado desmontes en lugares de Salta, como El Arenal, y en Chaco, cerca de Misión Nueva Pompeya, donde el monte había empezado a volver después de ser arrasado y en menos de diez años se le volvió a pasar la topadora”.

La Ley de Bosques
El aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales de los bosques primarios llevó a que en 2007 se discutiera un marco legal que garantizara la protección de los bosques y los clasificara según su valor de conservación. La resolución de la ley, que se implementó en 2009, estableció un presupuesto mínimo para la protección ambiental y el manejo sostenible de esas zonas.
Sobre eso, Cruz alertó que en las zonas donde ella trabaja -Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa- “hay bosques muy amenazados, principalmente habitados por campesino e indígenas que no tienen el reconocimiento de la tierra y, con lo cual, no son destinatarios de esos fondos y no perciben las mejoras económicas locales”.
En ese sentido, desde el Ministerio respondieron que junto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) elaboraron un Proyecto de Pagos Basados en Resultados (PBR) por el cual Argentina recibió un financiamiento de USD82 millones en concepto de pago por reducción de emisiones forestales por la disminución de la deforestación.
Este financiamiento tiene una duración de seis años a partir del 2022 y está destinado a la implementación de modelos de gestión forestal libres de deforestación que contemplen, a su vez, la participación social en la planificación y el uso sostenible de los bosques como factor de desarrollo de las economías regionales.
Este programa incluye, además, "actividades que prevén la inclusión social con especial atención a comunidades indígenas y campesinas para promover el arraigo, la perspectiva de género; la producción de conocimiento y trasferencia y la mejora permanente de instrumentos de monitoreo y control como el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación", aseguraron desde la cartera ambiental.
En total, existen en Argentina 34,3 millones de hectáreas de superficie forestal, de las cuales 33,1 millones pertenecen a monte nativo, mientras que solo 1,2 millones están compuestos por monte implantado.
Sobre ese caudal de territorio, la ley jerarquizó los bosques según el valor de conservación y la dificultad para mantenerlo activo:
Categoría 1 - Rojo: Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse ni ser sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación.
Categoría 2 -Amarillo: Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría 3 - Verde: Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
Las mediciones llevadas adelante por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indicaron en un informe titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, que entre el período que va desde 2008 al 2018, el 47,2% de la deforestación correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría 3, mientras que el 52,8% restante se produjo en las categorías 1 y 2, es decir, en áreas que la ley prohíbe.
Por otra parte, están los incendios: en Argentina, la época donde se registran mayores focos ígneos es a principios de agosto. Entonces, los organismos especializados se encargan de difundir información para evitar el inicio de éstos y dar a conocer las multas para quienes los generan adrede.
Estas alarmas rigen con frecuencia y en el período que va del 1 de noviembre de 2021 hasta el 24 de octubre del 2022, se registraron 14.590 alertas si sólo se toman en cuentas aquellas que son de "alta confianza".
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, midió que este fenómeno se dio fundamentalmente en las regiones Espinal y Monte -San Luis, La Pampa y Río Negro-, en donde más del 95% de las pérdidas de bosque nativo fueron causadas por incendios en los años 2017 y 2018.
Asimismo, en la región del Bosque Andino Patagónico, se identificaron 64.340 hectáreas de pérdida de bosque nativo entre 2001 y 2017 por incendios forestales, representando el 84% de las pérdidas registradas.
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Gran Chaco: Argentina corre el riesgo de perder su mayor bosque nativo

Fecha de Publicación: 11/11/2022
Fuente: Portal dialogochino.net
Provincia/Región: Nacional


Una propuesta de cambio en las normas de uso de la tierra podría dar luz verde a la deforestación en el bioma del Chaco, y poner en duda la promesa del país de frenar la pérdida de bosques para 2030
Aunque atrae menos atención que su vecino amazónico, el Gran Chaco tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo, habiendo perdido más de una cuarta parte de su superficie forestal desde el año 2000.
La destrucción del bioma, que se extiende por el norte de Argentina, Paraguay, el sur de Bolivia y el extremo sur de Brasil, se ha visto impulsada en las últimas décadas, en particular, por la expansión de la producción de soja modificada genéticamente y la ganadería.
Sin embargo, en la provincia de Chaco, en el norte de Argentina, el bosque ha vivido recientemente un período de paz incómoda. A finales de 2020, se introdujeron protecciones legales para suspender la tala de bosques en la provincia, después de que sus autoridades no actualizaran su plan de uso del suelo para los bosques nativos, conocido como "ordenamiento territorial" (OTBN). La ley argentina exige a las provincias que actualicen estos ordenamientos cada cinco años, clasificando sus áreas forestales según su valor de conservación. Sin embargo, el ordenamiento más reciente de Chaco había expirado en 2014.
A pesar de la intervención judicial, Greenpeace informa que el año pasado se talaron más de 18.000 hectáreas de superficie forestal en la provincia, mientras que en lo que va de 2022 se han perdido otras 10.000 hectáreas.
El sistema de ordenación territorial se estableció con la Ley de Bosques Autóctonos de 2007, que entró en vigor en 2009. Establece tres categorías de clasificación para las zonas forestales: Categoría I, (Roja) para áreas de alto valor de conservación que no deben ser transformadas; Categoría II (Amarilla), para áreas de mediano valor de conservación, que pueden ser degradadas pero siempre y cuando se realicen actividades adecuadas de restauración; y Categoría III (Verde), áreas de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas parcial o totalmente.
Según la plataforma de monitoreo de la deforestación a cargo de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), entre 2008 y 2020, la provincia perdió más de 376 mil hectáreas de bosque nativo, en su mayoría en las áreas Verdes, pero también en las Amarillas y Rojas, donde la deforestación no está permitida.
A pesar de estas pérdidas, a finales de septiembre, el gobierno provincial presentó una propuesta de actualización del plan de ordenamiento territorial de los bosques nativos, según la cual se ampliarían las áreas categorizadas como verdes, abriendo la puerta a una mayor deforestación. La propuesta aún debe ser aprobada por la legislatura provincial, pero ha suscitado duras críticas, pues se teme que acelere la destrucción del segundo bosque más grande de Sudamérica.

Indígenas y activistas luchan contra la deforestación
Epifanio Leiva vive en una pequeña casa en el pueblo de Miraflores, el último asentamiento que se pasa antes de tomar el camino de tierra hacia el bosque conocido como El Impenetrable.
Los antepasados de Leiva vivían, y estaban enterrados, en un territorio de más de 10.000 hectáreas que luego fue ocupado por el gobierno provincial para desarrollar este rincón del Chaco, dedicándolo principalmente a la producción maderera y a la agroindustria. Fueron desplazados y trasladados a una parcela más pequeña, donde ahora se ganan la vida produciendo artesanía indígena.
"En 1915, a mi abuelo le dijeron que una parte de la tierra entre Castelli y Miraflores se iba a repartir entre los 24 jefes de la tribu y que cada uno de ellos recibiría 10.000 hectáreas", cuenta Leiva. "Ha pasado más de un siglo y todavía estamos esperando que las autoridades locales cumplan su promesa. Ahora este paisaje ha perdido sus recursos naturales a manos de los criollos, por lo que no podemos seguir con nuestros medios de vida tradicionales con los animales salvajes como antes."
Mempo Giardinelli es un célebre novelista argentino, oriundo del Chaco, que también dirige una fundación que promueve la alfabetización y la educación en la provincia. Explica que el Chaco pasó de ser una provincia "selvática" a una provincia forestal, que se desarrolló sin planificación ni conciencia ambiental.
Impulsada por la extracción de la madera dura Schinopsis balansae, o árboles de quebracho rojo -nombre que significa "rompehachas"-, la deforestación comenzó a ritmo acelerado con las operaciones de la empresa maderera británica La Forestal a finales del siglo XIX.
Aunque La Forestal desapareció en la década de 1960, en la época de la dictadura militar argentina (1976-1983), el gobierno comenzó a penetrar en el bosque profundo de la ecorregión del Chaco.
Hoy, en las áreas de conservación del Rojo ubicadas en el noroeste de la provincia, sólo queda entre el 20 y el 25% del bosque original. "Temo que una economía que se ve obligada a hacer ajustes para cumplir con un préstamo del FMI tenga que vender los recursos naturales de El Impenetrable para pagar su deuda externa", dice Giardinelli, refiriéndose a las presiones económicas relacionadas con la reestructuración de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional.
Rubén Luca es el líder indígena wichí de MOWITOB, una organización que representa a los grupos indígenas moqoit, wichí y toba y que controla la llamada Reserva Grande, un territorio de 300.000 hectáreas en el norte del Chaco. Luca afirma que la organización apoya el uso sostenible de los bosques del Chaco y entiende la necesidad de utilizar los recursos.
El problema es que los árboles, especialmente el quebracho colorado y el algarrobo, son regalados, dijo Luca. "Cada vez quedan menos algarrobos, las empresas madereras deciden el precio, y lo que pagan es miserable".
Ricardo Tiddi, de la ONG Somos Monte Chaco, dijo que, según los datos oficiales, se extrae un millón de toneladas de madera al año en el Chaco, una cifra que probablemente no da la imagen completa, dada la gran cantidad de madera que se extrae ilegalmente; la escala real puede alcanzar niveles de hasta dos o tres millones de toneladas al año.
"Para el sector agroforestal es más barato comprar tierras en zonas boscosas que por ley no pueden ser desmontadas, y luego presionar para obtener permisos especiales de desmonte, o simplemente pagar las ridículas [pequeñas] multas", dice Tiddi. "Lo que estamos presenciando en el Chaco ya no es un daño a los bosques nativos, sino simplemente su extinción".

Fábricas de tanino en el Chaco
A finales de 2020, Chaco celebró la entrada en funcionamiento de dos plantas de biomasa que utilizan los residuos de la industria del tanino y que se presentan como una fuente de energía "sostenible".
Según las estadísticas oficiales revisadas por Diálogo Chino, en 2021 se produjo un total de 423.000 toneladas de troncos en el Chaco, gran parte de ellos extraídos del bosque nativo por la industria forestal provincial. De esta producción, el 38%, es decir, 163.000 toneladas, se destinó a la industria del tanino, y el resto de la madera y subproductos fueron utilizados por aserraderos, carpinterías y fabricantes de muebles.
La planta de tanino de Indunor, en la localidad de La Escondida, requiere una media de 30 toneladas de troncos al día, o más de 160.000 toneladas al año. Junto con la otra instalación de Indunor en La Verde, también en la provincia del Chaco, la planta contribuye a la producción anual de la empresa de 25.000 toneladas de tanino, que se utilizarán en la producción de cuero, el procesamiento de petróleo y minerales, cemento y asfalto, cerámica y productos sanitarios.
Michelle Battaglia, presidenta de Indunor, afirmó que en los últimos 10 años la empresa ha utilizado madera procedente de tierras deforestadas, ya que "no tiene sentido dejar que se queme". En los últimos años se han producido repetidas oleadas de incendios forestales en el Gran Chaco, y en los cuatro países se han producido algunos de los peores incendios en décadas.
Para el ingeniero zootécnico Mauricio Tinari, de la Fundación Gran Chaco, las especies de interés forestal -algarrobos y quebrachos, principalmente- deben ser aprovechadas de manera ordenada y aplicando los criterios técnicos adecuados. "Si se sigue cosechando indiscriminadamente, estos árboles desaparecerían todos en unos 15-20 años", dice.
Los activistas de Somos Monte Chaco llevan mucho tiempo denunciando el uso por parte de las empresas de tanino de madera procedente de desmontes o de cambios de uso del suelo, muchos de ellos sin permisos oficiales. Tiddi también se queja de algunos de los entresijos, y de la indulgencia de los castigos.
"Cuando se descubren plantas de tanino [que han utilizado madera procedente de talas ilegales] y son sancionadas por las autoridades, las empresas o los propietarios de los campos de los que proceden las talas ilegales son sancionados con multas que pueden pagarse en cuotas, y que pueden descontarse si se realizan como pagos al contado", dijo Tiddi.

El desarrollo del Chaco en el contexto mundial
El nuevo plan de ordenamiento territorial de los bosques nativos propuesto ha sido presentado por el gobierno provincial como "sostenible", a pesar de su apertura a la tala en zonas donde actualmente está prohibida. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, dijo que el plan permite que el sector agrícola se expanda de forma sostenible, y prometió mejorar los sistemas de vigilancia y hacer frente a la deforestación ilegal con multas más fuertes.
Capitanich también dijo que recaudará fondos para la protección y vigilancia de los bosques mediante la emisión de bonos verdes a través de "Eco-Tokens" que cubran 100.000 hectáreas de bosques de la provincia.
El gobernador señaló recientemente que "como país, debemos fortalecer nuestra estrategia de acreedores ambientales", refiriéndose al hecho de que Argentina está proporcionando servicios ecosistémicos al resto del mundo debido al dióxido de carbono capturado por sus bosques nativos, un argumento que también utiliza el gobierno nacional de Argentina. Los créditos de carbono, comercializados en los mercados internacionales, son objeto de un creciente entusiasmo en el país.
A principios de noviembre, el presidente argentino Alberto Fernández presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de cara a la próxima cumbre del clima COP27 en Egipto. Tras la victoria electoral de Lula da Silva en el país vecino, declaró a la prensa durante la presentación del plan que "junto con Brasil y los países latinoamericanos, somos el pulmón del mundo".
Pero los nuevos planes en el Chaco ponen en duda la administración del país sobre estos pulmones. Matías Mastrangelo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET), escribió recientemente en El Diario que el nuevo ordenamiento territorial de los bosques nativos en el Chaco viola de hecho la Ley de Bosques Nativos de Argentina, ya que degrada el valor de conservación de Verde a Amarillo de más de 376.350 hectáreas de bosques nativos.
En Chaco, el ministerio provincial de Medio Ambiente tiene poder de policía en casi todo lo relacionado con el control de los recursos naturales, excepto en la protección de los bosques, que es manejada por el ministerio de Producción. "Aquí, las empresas tanineras preceden a la provincia y al Estado, por lo que siguen creyendo que pueden gobernar por encima de la ley", dijo Paula Soneira, bióloga y ex subsecretaria de Medio Ambiente y Biodiversidad de Chaco.
Para Soneira, ya no se trata sólo de conservar lo que estipula la ley de bosques, sino de preparar a la provincia para los efectos del cambio climático: "Este año en El Impenetrable y en la capital chaqueña hemos sufrido picos de calor que no se habían producido antes. No es posible producir productos básicos de la misma manera que hace 100 años. En esta década hay que adaptarse y reducir los graves impactos del cambio climático".
En una reciente entrevista, el diputado chaqueño Nicolás Slimel dijo que quiere votar una nueva propuesta que pueda representar los intereses sociales y ecológicos de la provincia, de acuerdo con las leyes forestales nacionales. El grupo de trabajo del que forma parte quiere ampliar las áreas productivas de la provincia sin reducir las áreas de conservación.
Fernando Miñarro, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre, una ONG argentina, dijo que todavía tienen la esperanza de que el nuevo plan de uso de la tierra del Chaco para los bosques nativos no avance. "Aunque la legislatura del Chaco apruebe este plan, es poco probable que el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno nacional apoye un plan que ignora la protección de los bosques", dijo a Diálogo Chino.
Para Tiddi, de Somos Monte Chaco, el actual proceso en torno al plan de uso de la tierra es una exposición más de la violencia colonial que ha marcado la historia de la región. Este patrón de intrusión, dice, perdura hasta hoy, ya que el gobierno sigue imponiéndose a los pueblos indígenas, pueblos que han estado presentes en el Chaco mucho antes de que se fundaran los estados nacional y provincial. En su petición más reciente, la ONG dejó claras sus exigencias: "No más desmontes con topadoras, no se pueden perder más bosques".
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Frenan el desmonte ilegal de tres topadoras

Fecha de Publicación: 01/11/2022
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Durante la jornada de ayer viernes, personal de la Dirección de Bosques del Chaco logró detener el desmonte ilegal que se estaba llevando a cabo en un predio del Departamento Independencia, ubicado unos ocho kilómetros al noroeste de la localidad de Avia Terai.
El predio afectado es el denominado Parcela 69, Lote 14, Circunscripción III. En él estaban trabajando de manera ilegal tres topadoras Caterpillar D8, de una conocida empresa de desmontes establecida en la ciudad de Pampa del Infierno.
El procedimiento empezó con el Informe de Detección 1182/22 del Departamento de Geo- Información, con el cual se solicitó la orden de allanamiento en el Juzgado de Paz de Avia Terai, la cual fue otorgada de manera inmediata. Una vez constituidos en el predio, junto a la oficial de justicia y la Policía Rural, se procedió a detener el trabajo de las tres topadoras Caterpillar D8, las cuales quedaron secuestradas en el predio. Se imputó cargos por Infracción a la Ley 2079-R.
Consultado el Director de Bosques sobre el accionar de la empresa de servicios que realiza el topado, advirtió que si bien no se puede mencionar el nombre de la empresa para no entorpecer el proceso administrativo, se puede decir que es una empresa instalada en la localidad de Pampa del Infierno, y que de manera reincidente realiza trabajos de desmonte ilegal. Inclusive, una de las topadoras, ya había sido secuestrada.
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Ley de bosques: cambian un mapa que no tenía base técnica

Fecha de Publicación: 20/10/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Para cumplir con la normativa nacional, actualizan el ordenamiento territorial.Desde la UNSa explicaron el proceso, que se encara tras años de inacción
El Gobierno provincial coordina un plan de trabajo para cumplir con lo que marca la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (o simplemente ley de bosques), con la revisión del mapa de ordenamiento territorial que indica las zonas que se deben proteger. El proceso se enfrenta con la preocupación del sector empresarial-productivo y con el antecedente de un trabajo que se hizo mal cuando la norma comenzó a instrumentarse, hace casi 14 años, y que nunca se corrigió.
En junio del año pasado, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia inició la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, tarea que ya viene con un retraso de 9 años. El proceso se encara, esta vez, con la participación de un gran abanico de consultores académicos, especialistas de distintas áreas y referentes de comunidades y de actividades productivas.
Entre los que colaboran en la revisión, una pata importante para el desarrollo técnico corresponde a la Universidad Nacional de Salta, en donde el doctor en Biología Enrique Derlindati está a cargo del equipo que analiza el OTBN. En diálogo con El Tribuno, el docente e investigador de la UNSa describió el arduo desafío que enfrentan para definir un nuevo mapa para la ley de bosques, sobre el que hubo que trabajar desde cero.
"La principal falla del actual ordenamiento es que no encontramos en ningún punto las bases técnicas, los criterios con los que se hizo. Hablando en términos más coloquiales, cuáles fueron los criterios con los que se decidió que el amarillo sea amarillo y el rojo, rojo y el verde, verde", señaló el biólogo.
Los colores a los que se refiere son los que están plasmados en un mapa de Salta, que restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Derlindati quiso "llevar tranquilidad" y afirmó que el proceso de ordenamiento territorial que ahora se encara "tiene una base técnica muy fuerte".
"Cualquier duda que surja de cualquier sector puede ser aclarada, desde que una limitación puede ser el contenido de materia orgánica del suelo hasta cuestiones de distribución de determinados grupos de especies amenazadas o lo que sea. Toda esa información va estar disponible, entonces se va a poder aclarar y discutir, y plantear cualquier inconveniente o consulta sobre bases técnicas fuertes", afirmó.
La semana pasada el Gobierno provincial difundió un parte de prensa en el que se ratifica que el nuevo ordenamiento territorial no reducirá las áreas protegidas, tal como había anticipado El Tribuno.

Preocupación
Esa certeza puso en alerta a dirigentes del campo salteño, quienes insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. La preocupación del sector se centra, en especial, en la superficie pintada de amarillo, donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Hay dos millones de hectáreas en particular que corresponden, en gran parte, a Rivadavia y al este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
Sobre ese punto, el representante de la UNSa dijo: "Es muy probable que el mapa sea distinto al que conocemos, pero las superficies se van a mantener. Lo que puede llegar a cambiar en algunos sitios es la categoría asignada".
Según lo planificado, antes de fin de año estaría terminado el mapa del ordenamiento territorial de los bosques nativos.
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