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Denuncian desmonte de bosques de ribera en Bernal
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Asambleístas denuncian desmonte en la ribera de Bernal
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda denunció que Edesur estaría realizando el desmonte del bosque nativo ribereño bajo la línea de cableado de alta tensión.
“Esta es una zona categorizada como área roja - de alto valor de conservación del bosque nativo ribereño. Evidentemente Edesur no conoce cómo proceder en un área protegida y el Municipio no fiscaliza”, señalaron los asambleístas.
“Esperamos que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes”.
“Para demostrar que los vecinos nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata”.
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda denunció que Edesur estaría realizando el desmonte del bosque nativo ribereño bajo la línea de cableado de alta tensión.
“Esta es una zona categorizada como área roja - de alto valor de conservación del bosque nativo ribereño. Evidentemente Edesur no conoce cómo proceder en un área protegida y el Municipio no fiscaliza”, señalaron los asambleístas.
“Esperamos que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes”.
“Para demostrar que los vecinos nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata”.
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Santa Fe: bajan los desmontes (Ya no hay nada que talar)
La tasa de deforestación en Santa Fe fue la más baja en la última década
Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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Fecha de Publicación: 16/02/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Santa Fe perdió más de 30 mil hectáreas de vegetación nativa en los últimos 10 años a pesar de la sanción de la ley de bosques en 2007, una superficie equivalente a una vez y media la extensión de la ciudad de Rosario. Estas cifras se desprenden del monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina publicado hace pocos días por el Ministerio de Ambiente de la Nación realizado a través del análisis de datos satelitales de los últimos diez años.
Aún así, si se toman en cuenta los datos para cada año desde 2007 hasta el año pasado queda claro que la progresión es claramente a la baja en el global provincial: mientras que en 2007 se talaron 9.580 hectáreas de bosque nativo esa cifra disminuyó drásticamente en 2016, cuando "solo" se destruyeron 539 hectáreas.
Dos factores ayudan a entender el porqué de esta disminución, uno por la positiva y otro por la negativa: por un lado es innegable que aún con sus limitaciones y el desfinanciamiento verificado tanto bajo el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri, la ley de bosques ayudó a poner un freno a la tala indiscriminada.
Sin embargo, también queda claro que la baja en la tasa de deforestación de los últimos años en las provincias tradicionalmente agrícolas como Santa Fe está atada a que ya casi no queda bosque para talar. Por eso la deforestación fue mucho mas fuerte en las provincias recién llegadas al modelo agrícola industrial, como Chaco, Salta, Santiago del Estero o Formosa.
Algo parecido se registró dentro del propio territorio santafesino, ya que según los registros los departamentos donde hubo talas durante 2016 fueron los del noroeste, todas tierras con menor aptitud agrícola que las del sur que se fueron incorporando al modelo agroindustrial de la mano de tecnologías más resistentes y adaptadas a condiciones inicialmente no ideales.
Datos detallados
Según los datos oficiales publicados por Ambiente de Nación, la progresión de la pérdida de tierras forestales para Santa Fe durante los últimos diez años fue la siguiente: en 2007 se talaron 9.580 hectáreas, en el período 2008/11 fueron 11.692 hectáreas, en 12/13 esa cantidad cayó a las 5.397 hectáreas y a partir de ese momento no paró de decrecer.Fueron 1.958 hectáreas taladas en 2014, 1.700 en 2015 y finalmente 539 en 2016, el último año analizado.
Los años con el pico de deforestación coinciden además con el pico de precios de commodities agrícolas que se vivió a nivel mundial y con la escalada del conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector rural por las retenciones a la soja. Todos aspectos de un mismo proceso: la sojización a ultranza de la zona núcleo agropecuaria de la cual Rosario es el corazón comercial.
Otra información interesante es la que surge del análisis de la deforestación en la provincia durante 2016, ya que las talas se concentraron en los cuatro departamentos del noroeste: 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y Vera.
Mas llamativo aún es que la pérdida de tierras forestales en el norte santafesino ocurrió en zonas catalogadas como amarillas o rojas según el ordenamiento de la ley de bosques. Esa ley estipula que las zonas rojas no deben (deberían en este caso) sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales.
En líneas generales Argentina también viene reduciendo sus tasas de deforestación año tras año, aunque se verifican fuertes diferencias entre las provincias tradicionalmente agrícolas y las del noroeste.
Si se consideran los datos desde 2008 hasta 2016, cuatro provincias lideran la tala: Santiago del Estero con 733 mil hectáreas deforestadas, Salta con 567 mil, Chaco con 292 mil y Formosa con 286 mil. Territorios sobre los cuales avanzó la expansión de la frontera agrícola durante los años del boom de las commodities, con el paquete tecnológico soja siembra directa agroquímicos como bandera.
Según Ambiente en 2016 se talaron más de 130.000 hectáreas, el mínimo de los últimos años en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación cero antes de 2020.Los bosques nativos son esenciales para el equilibrio del ambiente: son receptores de biodiversidad, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono.
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bosques nativos,
Desmontes,
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legislación y derecho ambiental,
Santa Fe
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Los desmontes podrían convertirse en un delito penal
Presentan proyecto para que la deforestación ilegal sea considerada delito penal
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional
Es impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Nación después de frenar el desmonte de 40 mil hectáreas en Salta, propiciado por Urtubey y el primo de Marcos Peña. Las penas van de seis meses a tres años de prisión e incluyen agravantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar la deforestación ilegal como delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.
La medida llega después de la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey y ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.
"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
En diálogo con el portal Infobae, el funcionario detalló que la norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
“En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", explicó Moreno.
En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques.
Por ese motivo, obligó a Salta a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo" provenientes de esas áreas.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional
Es impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Nación después de frenar el desmonte de 40 mil hectáreas en Salta, propiciado por Urtubey y el primo de Marcos Peña. Las penas van de seis meses a tres años de prisión e incluyen agravantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso para considerar la deforestación ilegal como delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión no excarcelable.
La medida llega después de la resolución 56/2018, con la cual suspendió en enero las talas que habían sido autorizadas por decretos del gobierno salteño de Juan Manuel Urtubey y ordenó restaurar los montes nativos afectados en 40 mil hectáreas ya desmontadas en la finca El Cuchuy, de General Ballivián, propiedad de Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun.
"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", informó el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Diego Moreno.
En diálogo con el portal Infobae, el funcionario detalló que la norma prevé penas entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podrían elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
“En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos", explicó Moreno.
En la resolución 56/2018, el ministro de Ambiente Sergio Bergman estableció que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo, sancionadas en los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, son incompatibles con la Ley de Bosques.
Por ese motivo, obligó a Salta a restaurar "las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo esas autorizaciones" y prohibió "la emisión de certificados de exportación de palo santo" provenientes de esas áreas.
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Mas de 59 mil hectáreas deforestadas ilegalmente
Las 128.000 hectáreas de bosque argentino que dejaron de existir
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
En 2017 la desforestación en el norte argentino alcanzó a 128.217 hectáreas, de las cuales 59.541 eran bosques protegidos, denuncia Greenpeace en un informe, en el que advirte del empeoramiento de estas cifras con respecto a las de 2016.
La organización ecologista tuvo en cuenta las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, donde se produce el 80 % de la deforestación en todo el país, la cual aseguraron que se debe a insuficiencia de las sanciones y a la colaboración ocasional de los Gobiernos regionales.
Entrevistado por Efe, el responsable de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que aunque la pérdida de masa forestal ha caído desde la promulgación de la Ley de Bosques en 2007, está aumentando la deforestación de áreas protegidas porque las multas que contempla la norma son “realmente muy bajas”.
Giardini contó que en ocasiones las empresas judicializan los casos y terminan no pagando las sanciones, y otras veces prevén el pago de la multa como un coste más que sigue haciendo rentable una deforestación que en la mayoría de los casos busca el aumento de la superficie dedicada a la ganadería.
Bosque argentino
“Compran una finca a un precio muy barato, la desforestan, pagan la multa y no las obligan a reforestar”, denunció Giardini, que añadió que se dan casos en los que los Gobiernos provinciales autorizan estas operaciones.
Frente a las 128.000 hectáreas de bosque desmontadas el año pasado, y cerca de la mitad correspondía a zonas prohibidas, en 2016 la cifra fue de unas 112.000, y de zonas protegidas era cercana a un tercio.
Por provincias, en Santiago del Estero se desforestaron 42.827 hectáreas, 28.987 de ellas protegidas; en Chaco 41.734 hectáreas, 26.020 protegidas; en Formosa 23.736 hectáreas, 663 bajo protección y en Salta un total de 19.920 hectáreas de las cuales 3.871 de manera ilegal.
La metodología empleada por Greenpeace, detallaron en el informe, se basa en capas vectoriales obtenidas de organismos públicos, que luego se procesan con sistemas digitales.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el establecimiento de la Ley de Bosques en el 2007 se desforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las que más de 750.000 eran bosques protegidos.
Por ello, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace defendió que se convierta en delito penal la deforestación, “porque con este sistema de multas no pueden pararlo”.
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En Chaco aseguran que cumplen con la Ley de Bosques
El Chaco frenó la deforestación y cumple con las reglas de juego de la Ley de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Chaco figura entre los distritos del país en los que más se destruyen los montes, según una estadística difundida a nivel nacional, pero las autoridades locales señalaron que se trata de cifras “históricas” que no representan lo que sucede actualmente, ya que hoy hay más controles y un mayor cuidado de los bosques.
Ese fue el planteo ayer del subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, quien marcó que en la gestión actual se autorizan no más de 22.000 hectáreas de deforestación por año, muy por debajo de lo que sucedía en épocas como 2005 o 2006.
“Que la gente quede tranquila”
En la información publicada por La Nación, basada en datos del Ministerio de Ambiente, el Chaco es la tercera provincia del país en la que más bosques se perdieron desde 2008, con 292.573 hectáreas de montes que quedaron barridas para ser destinadas a cultivos o ganadería. En primer lugar aparece Santiago del Estero, con 733.701 hectáreas, y segunda Salta con 567.621.
Olivares reconoció ayer que no estaba enterado de la publicación del diario porteño, efectuada el lunes. “Creo que esas cifras pueden ser reales si son desde fines de los ’90 a la fecha”, dijo.
Luego recordó que la Ley de Bosques se sancionó en 2007, promovida por el diputado, escritor y periodista Miguel Bonasso, con apoyo de numerosas organizaciones, “porque había un índice muy acelerado de explotación, sobre todo en las provincias del norte, como el Chaco, un poco por la falta de una normativa seria al respecto y la desactualización de la normativa existente”.
Olivares, en ese sentido, dijo que la Ley Bonasso “trajo seguridad para mantener los bosques en pie”, al plantear una clasificación de los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las verdes la deforestación está permitida, en las amarillas depende de ciertas condiciones y en las rojas la tala de árboles está terminantemente prohibida.
Pero varias organizaciones comenzaron a denunciar que los gobiernos locales modificaban las categorizaciones sin argumentos válidas para convertir áreas amarillas o rojas en verdes, con lo cual los desmontes continuaron, aunque a menor ritmo que antes.
Eso es lo que viene planteando el Centro de Estudios Nelson Mandela (mencionado en el editorial de La Nación) para el caso del Chaco, diciendo que se desvirtúa la Ley de Bosques para favorecer a quienes hacen negocio con la deforestación.
Olivares, en cambio, sostuvo ayer que la situación no es ésa. “No se autorizan desmontes en zonas protegidas. Para que la gente esté tranquila, nosotros los permisos de desmontes o cambios de usos de suelo son solicitudes de los particulares que hacen los particulares al Estado, y están previstos por la Ley de Bosques mientras se preserven y evalúen todos los requerimientos técnicos y legales que marca la norma. Desde que ingresa el pedido hasta la correspondiente audiencia pública, e incluso después, publicamos todo en nuestra web oficial, con todos los datos del expediente”, marcó.
De ayer a hoy
“En lo que queremos avanzar ahora es en dar también información estadística, porque detrás de cada proyecto de cambio de uso de suelo hay dos cuestiones. La ley provincial exige la conservación de un determinado porcentaje de bosque y por otro lado exige que la madera tenga un valor agregado, para no perder esa materia prima”, agregó.
El funcionario por eso insistió en que los datos publicados en la prensa nacional “son cifras históricas”, y afirmó que “hoy estamos en un 70 a 80% menos que los años 2005 o 2006, que fueron los años en que más se desmontaba por año en la provincia”.
“En 2006 y 2007 se desmontaron 65.000 hectáreas y nosotros van a hacer ya tres períodos que no superamos las 22.000 o 24.000 hectáreas anuales. Esto es producto de muchísimo trabajo”, afirmó.
En cuanto a la forma en que se distribuyen los fondos previstos por la Ley Bonasso para compensar a las provincias por el cuidado de sus bosques, Olivares destacó el trabajo de la ministra de Ambiente, María Elina Serrano, “que en todas las instancias nacionales nos ayuda a reclamar que nos depositen todos los fondos que correspondan por la ley, para que podamos tener más capacidad para mejorar. Hoy estamos un poco limitados presupuestariamente”.
También brindó su reconocimiento al ministro de Producción, Marcelo Repetto, “porque gracias a él se pudo fortalecer esta área y su asunción nos dio perspectivas de seguir mejorando”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Chaco figura entre los distritos del país en los que más se destruyen los montes, según una estadística difundida a nivel nacional, pero las autoridades locales señalaron que se trata de cifras “históricas” que no representan lo que sucede actualmente, ya que hoy hay más controles y un mayor cuidado de los bosques.
Ese fue el planteo ayer del subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, quien marcó que en la gestión actual se autorizan no más de 22.000 hectáreas de deforestación por año, muy por debajo de lo que sucedía en épocas como 2005 o 2006.
“Que la gente quede tranquila”
En la información publicada por La Nación, basada en datos del Ministerio de Ambiente, el Chaco es la tercera provincia del país en la que más bosques se perdieron desde 2008, con 292.573 hectáreas de montes que quedaron barridas para ser destinadas a cultivos o ganadería. En primer lugar aparece Santiago del Estero, con 733.701 hectáreas, y segunda Salta con 567.621.
Olivares reconoció ayer que no estaba enterado de la publicación del diario porteño, efectuada el lunes. “Creo que esas cifras pueden ser reales si son desde fines de los ’90 a la fecha”, dijo.
Luego recordó que la Ley de Bosques se sancionó en 2007, promovida por el diputado, escritor y periodista Miguel Bonasso, con apoyo de numerosas organizaciones, “porque había un índice muy acelerado de explotación, sobre todo en las provincias del norte, como el Chaco, un poco por la falta de una normativa seria al respecto y la desactualización de la normativa existente”.
Olivares, en ese sentido, dijo que la Ley Bonasso “trajo seguridad para mantener los bosques en pie”, al plantear una clasificación de los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las verdes la deforestación está permitida, en las amarillas depende de ciertas condiciones y en las rojas la tala de árboles está terminantemente prohibida.
Pero varias organizaciones comenzaron a denunciar que los gobiernos locales modificaban las categorizaciones sin argumentos válidas para convertir áreas amarillas o rojas en verdes, con lo cual los desmontes continuaron, aunque a menor ritmo que antes.
Eso es lo que viene planteando el Centro de Estudios Nelson Mandela (mencionado en el editorial de La Nación) para el caso del Chaco, diciendo que se desvirtúa la Ley de Bosques para favorecer a quienes hacen negocio con la deforestación.
Olivares, en cambio, sostuvo ayer que la situación no es ésa. “No se autorizan desmontes en zonas protegidas. Para que la gente esté tranquila, nosotros los permisos de desmontes o cambios de usos de suelo son solicitudes de los particulares que hacen los particulares al Estado, y están previstos por la Ley de Bosques mientras se preserven y evalúen todos los requerimientos técnicos y legales que marca la norma. Desde que ingresa el pedido hasta la correspondiente audiencia pública, e incluso después, publicamos todo en nuestra web oficial, con todos los datos del expediente”, marcó.
De ayer a hoy
“En lo que queremos avanzar ahora es en dar también información estadística, porque detrás de cada proyecto de cambio de uso de suelo hay dos cuestiones. La ley provincial exige la conservación de un determinado porcentaje de bosque y por otro lado exige que la madera tenga un valor agregado, para no perder esa materia prima”, agregó.
El funcionario por eso insistió en que los datos publicados en la prensa nacional “son cifras históricas”, y afirmó que “hoy estamos en un 70 a 80% menos que los años 2005 o 2006, que fueron los años en que más se desmontaba por año en la provincia”.
“En 2006 y 2007 se desmontaron 65.000 hectáreas y nosotros van a hacer ya tres períodos que no superamos las 22.000 o 24.000 hectáreas anuales. Esto es producto de muchísimo trabajo”, afirmó.
En cuanto a la forma en que se distribuyen los fondos previstos por la Ley Bonasso para compensar a las provincias por el cuidado de sus bosques, Olivares destacó el trabajo de la ministra de Ambiente, María Elina Serrano, “que en todas las instancias nacionales nos ayuda a reclamar que nos depositen todos los fondos que correspondan por la ley, para que podamos tener más capacidad para mejorar. Hoy estamos un poco limitados presupuestariamente”.
También brindó su reconocimiento al ministro de Producción, Marcelo Repetto, “porque gracias a él se pudo fortalecer esta área y su asunción nos dio perspectivas de seguir mejorando”.
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La pérdida de bosques no puede soportarse más
Pérdida de bosques
Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Fecha de Publicación: 09/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Las masas forestales del país han sufrido un constante deterioro que ha comenzado a decrecer en los últimos años, pero que aún es preocupante
Las tierras forestales argentinas no son ajenas al proceso global de deforestación. La reducción de cobertura boscosa es atribuible a una compleja combinación de elementos sociales, económicos y naturales. Por su perfil histórico de país agroexportador y la creciente demanda internacional de alimentos, la Argentina transformó parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. Como consecuencia, se expandió la frontera agropecuaria hacia regiones anteriormente ocupadas por bosques y pastizales.
Las masas forestales del país han sufrido y sufren un constante deterioro debido a la ausencia de planificación en sus usos madereros y ganaderos. Así, los desmontes ocurridos en los últimos 18 años han afectado severamente los bosques nativos, y si bien la tasa anual de deforestación descendió a menos de la mitad en los últimos tres años, con respecto al ritmo que tenía antes de la sanción de la ley, ese descenso en la frecuencia del desmonte todavía es insuficiente.
En 2016, fueron taladas más de 130.000 hectáreas boscosas y, según la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo del monitoreo de los bosques en todo el territorio nacional, la reducción se adecua a lo posible y razonable, en un proceso que pretende alcanzar la meta de deforestación neta cero antes de 2020.
Los bosques nativos son esenciales para la vida en la tierra: albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono.
Las especies más afectadas por la explotación son, principalmente, las del parque chaqueño y, en menor volumen, el área de las yungas y la selva paranaense, entre otras menores. La preocupación que subsiste es con relación a los bosques clasificados como rojos y amarillos, de acuerdo con su valor de conservación. Los rojos no deben sufrir reducción alguna, en tanto que los amarillos admiten un uso productivo en la medida en que este no afecte significativamente la estructura del bosque y sus servicios ambientales. Finalmente, los verdes, por su menor valor ambiental, permitían el desmonte previa autorización de la autoridad provincial y mediando una evaluación de impacto ambiental.
Al considerar la superficie boscosa perdida en las últimas décadas, se distinguen dos períodos: el primero, entre 1998 y 2013, en el cual se perdieron entre 25.000 y 300.000 hectáreas de bosques anualmente; el segundo, en los últimos tres años, alcanzando en 2016 el mínimo de 136.000 hectáreas. Esta cifra representa una tasa anual del 0,4% de reducción de la superficie boscosa de nuestro país, que actualmente alcanza a 27 millones de hectáreas.
A la hora de establecer la causa de los desmontes se hace mención de la siembra de soja y de la explotación ganadera. Sin duda, un factor que ha servido para justificar los desmontes en áreas prohibidas por los ordenamientos territoriales (en áreas rojas y amarillas) ha sido la recategorización irregular de los bosques a nivel de predios productivos (pasando de rojo y amarillo a verde) o la implementación de sistemas silvopastoriles no sustentables en áreas amarillas. En el primer caso, una vez lograda esa calificación, se desmontó para sembrar soja. Esto provocó la intervención del Centro Mandela, dedicado a la investigación social, cuyo coordinador, Rolando Núñez, explicó que, según fijan las normas aplicadas a categorizar los bosques, ningún ajuste puede invocarse para reducir los niveles de su protección.
Por otra parte, las multas a quienes no respetan la protección de los montes son difíciles de cobrar o, en muchos casos, su valor irrisorio no constituye un desincentivo económico. Las empresas en falta llevan el problema a la Justicia y ese trámite prolonga un proceso en el cual se busca evadir o dilatar la sanción económica. En Salta y en Chaco, por ejemplo, han solicitado que los permisos de desmonte en zonas protegidas sean considerados delitos penales, porque lo frecuente es que las multas no lleguen a aplicarse. Una auspiciosa noticia ha sido la reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que declara incompatibles con la ley de bosques las recategorizaciones de predios hechas por Salta, ordenándole suspenderlas y restaurar los ambientes nativos desmontados.
Más allá de las fundadas razones para conservar los bosques, debido a los daños ya sufridos, resulta imprescindible continuar esas restauraciones, sobre todo en áreas críticas que sufren inundaciones, sequías y problemas de erosión. De esta manera, se podrán recuperar no solo el bosque, sino también sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
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Productores salteños enojados con Bergman y Urtubey
Prohibición de desmontes: productores salteños aseguran que se afecta el desarrollo de la provincia
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
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Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Cumplieron con rigurosos y extensos trámites para lograr la autorización provincial para poder desmontar sus fincas e iniciar emprendimientos agrícolas y ganaderos, pero ahora cambiaron las reglas del juego y deben frenar sus actividades por una reciente nueva medida del gobernador basada en las recomendaciones del Gobierno Nacional.
“Nos preocupa mucho desde las instituciones la intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación, en un tema que es absolutamente de índole provincial y que es absolutamente legal y legítimo lo que se hizo. El gobernador firmó un decreto habilitando los permisos y habilitaciones de las fincas”, cuestionó Lucas Elizalde, presidente Sociedad Rural de Salta a LA GACETA y consideró que el hecho de que el Ministerio de Ambiente de Nación trate de determinar que el decreto de un gobernador es ilegal, “es una aberración jurídica”.
En el mismo sentido se expresó el productor Ignacio Pisani al cuestionar que la Nación se haya inmiscuido en decisiones de la provincia y al apuntar que además de afectarlos, perjudica a la provincia porque “para todo lo que es desarrollo de la provincia”. “Por una vez, Salta tiene que decidir qué va a hacer y no permitir que nadie venga de Nación a decir cualquier pavada que Salta tenga que aceptar”, enfatizó.
¿Cuál es el impacto de esta suspensión de los desmontes en el proyecto productivo de la región?
Elizalde explicó que la medida, más que tener impacto en lo productivo, afecta lo jurídico. “Todos los productores de 32 fincas hicieron todo por la vía legal, por derecha, estuvieron años gestionando los permisos de desmontes, presentando informes de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, para llegar al resultado de que la provincia le diga que efectivamente podían hacer las habilitaciones de determinada forma, preservando determinadas superficies de bosques, para que después de años venga el Ministerio de Ambiente de NaciónAgregó que esta es una más de muchas cosas que vienen pasando en la provincia y donde el Gobierno provincial no fue claro. “Esto es una razón más para que todo este soñado proyecto ganadero que tiene Salta se postergue y lo veamos cada vez más lejos, con todo el potencial que tiene la provincia, va a seguir siendo un potencial. Las inversiones en ganadería, mientras siga pasando esto, no van a venir”, afirmó.
El malestar es compartido por uno de los productores afectados que figuran en el listado de los que deben frenar sus actividades. “Hice todo legal, de la forma que la Provincia quería para otorgar los permisos, dejé mil hectáreas de reserva, logré habilitar 800; ya tengo desmontado lo que me permitieron y con un desarrollo ganadero, por lo tanto, si me piden reforestar, voy cerrar las tranqueras del campo, vender las vacas, sacar toda la gente y que venga alguien a remediar las cosas en mi campo”, dijo Pisani.
Los decretos provinciales emitidos por Juan Manuel Urtubey reglamentaban cómo se hacían las recategorizaciones y permitían el cambio de uso de suelo, lo que se denomina permisos de desmonte. A instancias de Nación, el gobernador decidió revertirlos para decir que estaba todo mal hecho, habiendo tantos desmontes ilegales que no tienen ningún tipo de castigo”, indicó.
Pisani entiende que este cambio genera mucha inseguridad para futuras inversiones y desarrollos que hoy están en proceso. “Lo más grave de todo es que provoca una incertidumbre muy grande para todo lo que son futuras inversiones porque demuestra que en Salta no existe la seguridad jurídica ni siquiera de las decisiones ya tomadas con anterioridad”, señaló.
¿Qué medida están estudiando los productores?
Según Elizalde, no va a haber retiro de las inversiones ni de los proyectos productivos: “estamos analizando, todavía no tenemos en claro qué hacer y cómo reaccionar esto. A nivel nacional estamos tratando de que nos expliquen lo que intentan hacer y reviertan la medida porque no terminamos de entender”, explicó.
La mayor parte de los proyectos de desmonte ya fueron ejecutados y solo quedan cuatro o cinco sin terminar. Ejemplo de lo primero es el de Pisani, quien es propietario de una fracción de campo en Apolinario Saravia que había logrado autorización para desmontar hace cinco años: “si a mí me hacen vender todo, echar gente y reforestar, voy a perder mucho dinero al igual que la gente que trabaja conmigo y los pueblos que están alrededor de estos desarrollos, además tampoco sé si pretenden que yo vuelva a reforestar porque no nos notificaron al respecto”, esgrimió.
Además, los productores aseguran que no pueden ofrecer implementar el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada porque por ahora solo es un enunciado ya que no existen resoluciones ministeriales, ni nada por el estilo que le permita a un productor avanzar en proyectos de esta naturaleza.
¿Por qué se sigue desmontando si hay tanta superficie ya desmontada y apta para la producción en la provincia?
“Cuando uno ve la generalidad se entiende el planteo, pero hay gente que es dueña de campo, porque lo compró o lo heredó, no importa el origen, es dueña de la tierra, tenía previsto producir ahí y de golpe vino la Provincia y pintó todo de amarillo”, esbozó Elizalde para defender el derecho de los productores sosteniendo que el mapa de ordenamiento territorial es posterior a la propiedad.
Allí es donde viene el cuestionamiento a la recategorización de los terrenos cuando “de golpe vino alguien a pintar de colorado, amarillo o verde”, pese a que se trató de demostrar que en esos bosques es mejor producir que mantenerlos en el estado en que estaban.
Sobre este punto, Pisani resaltó que hay que ir sobre cada catastro y definir si se puede desmontar o no, pero no coartar el derecho de cada propietario de presentar un proyecto. “Si la provincia dice que no a ese proyecto en ese lugar, estaremos de acuerdo pero no puede ser que pinten así nomás toda la provincia de rojo y que no se pueda hacer nada”, señaló.
Desacuerdo con la Ley de Bosques
Elizalde consideró que el sistema está mal parido desde el primer día porque no comparten que se haya pintado de manera orientativa a la provincia. “Lo rechazamos desde el principio porque creemos que hay una gran cantidad de bosques, sobre todo en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, todos pintados de amarillo social, y para nosotros no tiene sentido ya que son áreas que deben estar pintadas de verde, porque consideramos que son bosques de bajo valor de conservación”, argumentó.
"La provincia, con un criterio que no es aceptado por los productores, creó el amarillo social, que obedecería, no a criterios de conservación de bosques, sino de cuidado de comunidades y pueblos criollos", agregó Elizalde.
Los desmontes ilegales y la posibilidad de judicializar el problema
Pisani se mostró muy molesto por la medida ya que sanciona a quienes cumplieron con la ley mientras que nada ataca a los muchos desarrollos ilegales que nadie castiga. “Los ilegales no figuran en los registros nacionales obviamente, por eso para la Nación es como si hubiese monte cuando en realidad está desmontado”, indicó.
Tanto Urtubey como el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, esbozaron la posibilidad de judicializar el problema pero para Pisani esa sería una pésima decisión porque generaría que transcurran otros dos o tres años con la provincia “más parada de lo que está”.
Por ello entiende que sería “tirar la pelota para adelante” e implicaría que Urtubey se desentienda del problema ya que cuando la instancia judicial concluya, él ya no será gobernador y “será problema del que vendrá”.
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Neuquén: esperan remediación de desmontes
Esperan por la remediación de un sector de la barda afectado por un loteo
Fecha de Publicación: 03/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La justicia ordenó al municipio y a una empresa privada, hace cuatro meses, frenar las obras de socavado que se estaban realizando en un sector de la barda declarada área protegida. Hasta el momento los trabajos siguen en pausa y la jueza fijó próxima audiencia para el 7 de febrero.
El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén. En una semana, la firma ASPA y el municipio deberán presentar los proyectos con el detalle de la metodología de construcción de los azudes que intentaban terminar en septiembre, cuando los vecinos los detuvieron.
“En su momento se logró que se retiraran las máquinas y se frenó el desmonte. Todo quedó sujeto a lo que decía la jueza. La municipalidad y la empresa supuestamente quieren continuar con la obra, así que deben presentar los proyectos”, contó Martín Islas, integrante del Colegio Ambientalista.
Además nada se sabe de la remediación del sector dañado, que según se estableció es de 3.473 metros cuadrados de la barda, en los que se sacó la vegetación autóctona. Ese daño pude tardar, en el mejor de los casos, entre 15 y 20 años en recuperarse, según se estimó.
“Logramos que se frenen los trabajos iniciales, pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Necesitamos que se remedie el sector y pedimos compensación doble, o sea, que se saneé lo que se dañó en el lugar señalado y también en otro punto de desmonte”, dijo Islas.
La justicia determinó que se suspendan los trabajos para el desarrollo. El próximo 7 de febrero las partes volverán a reunirse en una nueva audiencia.
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Fecha de Publicación: 03/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
La justicia ordenó al municipio y a una empresa privada, hace cuatro meses, frenar las obras de socavado que se estaban realizando en un sector de la barda declarada área protegida. Hasta el momento los trabajos siguen en pausa y la jueza fijó próxima audiencia para el 7 de febrero.
El área en cuestión se encuentra en inmediaciones al nuevo loteo Rincón del Río y el barrio Rincón de Emilio, sobre la vera del río Neuquén. En una semana, la firma ASPA y el municipio deberán presentar los proyectos con el detalle de la metodología de construcción de los azudes que intentaban terminar en septiembre, cuando los vecinos los detuvieron.
“En su momento se logró que se retiraran las máquinas y se frenó el desmonte. Todo quedó sujeto a lo que decía la jueza. La municipalidad y la empresa supuestamente quieren continuar con la obra, así que deben presentar los proyectos”, contó Martín Islas, integrante del Colegio Ambientalista.
Además nada se sabe de la remediación del sector dañado, que según se estableció es de 3.473 metros cuadrados de la barda, en los que se sacó la vegetación autóctona. Ese daño pude tardar, en el mejor de los casos, entre 15 y 20 años en recuperarse, según se estimó.
“Logramos que se frenen los trabajos iniciales, pero no nos vamos a quedar solamente con eso. Necesitamos que se remedie el sector y pedimos compensación doble, o sea, que se saneé lo que se dañó en el lugar señalado y también en otro punto de desmonte”, dijo Islas.
La justicia determinó que se suspendan los trabajos para el desarrollo. El próximo 7 de febrero las partes volverán a reunirse en una nueva audiencia.
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Córdoba: desmontes sin control real oficial
En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Una ley sin derecho ni revés ni controles
La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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Urtubey se hecha atrás: ordena parar desmonte de Braun Peña
El gobierno de Urtubey intimó a Braun Peña para que frene el desmonte
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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A 10 años de la Ley de Bosques: sabor agridulce
Argentina mira a sus bosques, pero aún no los cuida bien
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Nunca en la historia parlamentaria de Argentina había pasado algo parecido: un millón y medio de personas en 2007 firmaron para pedir al Senado que sancionara una ley para reducir la deforestación. La norma fue rápidamente aprobada, y promulgada el 26 de diciembre de ese año. Pero 10 años después, el sabor es agridulce.
Investigadores y organizaciones ambientalistas admiten que la ley tuvo impactos positivos y desaceleró la destrucción de los bosques nativos del país, causada en su mayor medida por el avance de la frontera agropecuaria.
Pero advierten que continúa la deforestación en zonas donde se encuentra prohibida, y que el gobierno nacional ha mostrado un marcado desinterés en la aplicación de la ley, reflejado en la falta de los fondos necesarios para financiar las políticas de conservación.
“Lo más positivo de la ley fue que hizo visible la problemática de comunidades indígenas y campesinas, y la sociedad comenzó a mirar con ojos críticos la actividad agropecuaria, que siempre había sido señalada como un factor positivo, siendo Argentina un país agroexportador”, explicó a IPS el doctor en ciencias agropecuarias José Volante.
“La expansión de la frontera agropecuaria significa concentración de la producción en pocas manos, tecnología avanzada, poca ocupación de mano de obra y expulsión de pobladores rurales. La ley de bosques pretendió frenar ese modelo y poner sobre la mesa otro que permita la incorporación de más gente y sea social y ambientalmente amigable”, agrega Volante, investigador del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Salta.
Salta, en el noroeste del país, es justamente una de las provincias críticas desde el punto de vista de la deforestación. Una parte de su territorio forma parte del Gran Chaco americano, un extenso bosque subtropical que se extiende hacia Paraguay y Bolivia, y que en las últimas décadas sufre la presión de un proceso llamado “pampeanización”.
Pampeanización es el nombre que se le da a la extensión de la agricultura y la ganadería a zonas marginales desde las Pampas, tradicional región de pastizales fértiles en el centro de Argentina y Uruguay, gracias a los avances de la biotecnología y a los precios internacionales favorables de las materias primas.
La superficie sembrada de Argentina pasó de 15 millones de hectáreas a más del doble en unos 30 años. Y el bosque chaqueño ha sido justamente la principal víctima, ya que allí creció no sólo la agricultura sino también la ganadería, muchas veces desplazada de zonas fértiles para hacer lugar a los cultivos.
Más de la mitad de esa superficie sembrada está ocupada actualmente por la soja transgénica, resistente a herbicidas y cuya comercialización fue autorizada por el gobierno en 1996. Desde entonces tuvo una explosión que dejó en un segundo plano al trigo y al maíz, gracias a su mayor rentabilidad.
Salta perdió 415.000 hectáreas de bosques nativos entre 2002 y 2006, según datos oficiales, pero el proceso se aceleró en 2007, cuando era público que el Congreso Nacional estaba cerca de aprobar la ley que pondría severas restricciones a la posibilidad de los gobiernos provinciales de autorizar desmontes.
Según la organización ecologista Greenpeace, en 2007, Salta convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes en 425.958 hectáreas, una cifra más de cinco veces superior a la del año anterior y que superó ampliamente el promedio de deforestación anual de todo el país.
“Justamente el aluvión de permisos de deforestación que provincias como Salta otorgaron durante 2007 es la mejor prueba de que la ley de bosques fue vista como una herramienta de transformación de la realidad”, explicó Juan Carlos Villalonga, diputado nacional de la alianza oficialista Cambiemos, a IPS.
“Y en alguna medida lo fue, porque aunque parecía imposible, el ritmo de la deforestación en Argentina empezó a caer. Pasamos de un promedio aproximado de 300.000 hectáreas anuales a 200.000 en 2016”, agregó.
Villalonga saltó a la política desde Greenpeace, una de las aproximadamente 30 organizaciones que en el segundo semestre de 2007, con una intensa campaña publicitaria, lograron la proeza de recolectar un millón y medio de firmas para pedirle al Senado que aprobara la ley de protección de bosques.
En ese momento, la ley ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero parecía empantanarse por la resistencia de senadores, que la veían como un obstáculo al desarrollo productivo de sus provincias.
Con la presión popular, a los senadores no les quedó más alternativa que aprobar la norma, en un contexto en el cual la tasa de deforestación en Argentina resultaba seis veces más alta que el promedio mundial, según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia de la ley, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los países con mayor área de bosques perdida entre 2010 y 2015. En la lista también figuran países de África y Asia y tres de Sudamérica: Brasil, Bolivia y Paraguay.
La ley 26.631 fue un caso extraordinario de participación de la sociedad civil en una política pública, y resulta hoy una herramienta importante para este país en el cumplimiento de los objetivos asumidos internacionalmente, en el combate contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad.
Su texto reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques e instruye a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus áreas boscosas, de acuerdo a tres categorías, que replican las de un semáforo.
Así, las áreas rojas son las de alto valor de conservación que no deben transformarse; las amarillas, las medianas que pueden destinarse a actividades sostenibles; y las verdes, las de bajo valor de conservación que pueden transformarse.
Las 23 provincias argentinas ya realizaron sus ordenamientos territoriales, que alcanzan en total a cerca de 54 millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 19 por ciento del total de la superficie nacional.
Frente a los rumores que circularon hace poco en ámbitos ambientalistas de Argentina, el director nacional de Bosques, Juan Pedro Cano, aseguró a IPS que el gobierno no piensa impulsar cambios a la ley.
“Por el contrario, la consideramos una ley muy positiva y estamos trabajando para mejorar su implementación”, dijo el funcionario.
“Ya hemos creado un fondo fiduciario para asegurar que los fondos del Presupuesto Nacional asignados al Fondo que compensa a los dueños de tierras que conserven sus bosques no puedan ser reasignados a otras necesidades del Estado, como pasó otros años”, agregó Cano.
Ese fondo debe recibir 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional –dice la ley-, pero siempre ha estado muy por debajo de esa referencia, con una preocupante tendencia a la baja en los últimos años, advierte el informe de FARN.
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Frenan otro desmonte de la finca de Marcos Peña
Greenpeace volvió a frenar topadoras en Salta
Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Fecha de Publicación: 14/01/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Activistas detuvieron una topadora en el momento justo en que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, vinculada a un familiar del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Hoy activistas de Greenpeace detuvieron una topadora que se encontraba deforestando en la finca Cuchuy, en el norte de Salta.
Desde de organización no gubernamental remarcaron que se trata de un desmonte en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques, autorizado en forma ilegal por el gobierno salteño, “a pedido del dueño de la finca, Alejandro Jaime Braun Peña”. El empresario, recalcan desde Greenpeace, es primo del Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri.
La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Para el gobierno el desmonte es legal
El siete de diciembre, después de que se conociera la primera denuncia de Greenpeace, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
Greenpeace insiste
Desde la organización ambientalista se enfatiza, sin embargo, que la estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde se prohíben desmontes.
Y recalcan que la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron la intervención de los funcionarios.
“Quienes destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.
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Salta: favores políticos de Urtubey a Marcos Peña
Desforestación en Salta: Urtubey y sus “favores” al primo de Marcos Peña y a multinacionales
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Fecha de Publicación: 30/12/2017
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Salta
El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urubey, está indicado como ser el responsable de allanarle el camino a un empresario primo de Marcos Peña y a multinacionales como Coca Cola, para la deforestación ilegal.
Dos conflictos graves de desmontes ilegales ponen en aprietes al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien ha permitido a un empresario –primo del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña- y a una multinacional como Coca Cola, avanzar en territorios protegidos y a costa de algunas leyes sancionadas.
Alejandro Jaime Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, un empresario dueño de la denominada finca “Cuchuy”, que desde 2013 tiene un conflicto directo con 10 familias Wichi y siete criollas, debido a los imparables desmontes que “destruyen la vida” y la cultura de estas poblaciones, que viven de la tierra.
A pesar del ordenamiento territorial de Bosques nativos y también pese a una Ley de Tierras indígenas, el empresario es responsable de un imparable desmonte que llevan a cabo sus topadoras, eliminando los bosques milenarios para plantar soja.
La organización ambientalista internacional, Greenpeace, ha denunciado el caso y responsabilizó al gobernador salteño de ser quien “autorizó” el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos, “por el pedido de los empresarios”.
El ordenamiento territorial de Bosques nativos ya había advertido que esa zona entraba en la categoría 1 y 2, es decir, rojo y amarillo, los niveles en donde se prohíbe expresamente la deforestación para preservar la vida.
Campesinos de la zona admiten que se “organizan como pueden”, pero que la justicia en “Tartagal está a disposición de la empresa”.
Los negocios de Alejandro Jaime Braun Peña –el primo de Marcos Peña- integra una cantidad extensa de proyectos empresariales que, curiosamente, tienen conexión directa con la empresa principal de presidente Mauricio Macri, Socma.
Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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Tal como adelantó el diario Página 12, Braun Peña “integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación”. Braun Peña y Clusellas también forman parte, de los “directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace”.
Pero los vínculos con empresarios no solo incluyen a familiares de funcionarios nacionales, sino que el gobernador Urtubey también le hace favores a multinacionales como Coca Cola, dueña de la marca de gaseosa Sprite, que actualmente está incumpliendo la Ley de Bosques nativos, violando toda jurisdicción y soberanía.
La empresa a cargo se llama la Moraleja S.A y cuenta actualmente con 15.000 hectáreas de agricultura y 3.000 hectáreas de cítricos, sobre todo para la producción de limones, elemento clave para la gaseosa. A esto hay que sumarle las 3.000 hectáreas ilegalmente deforestadas entre 2010 y 2014. Por eso mismo, si Sprite necesita seguir deforestando para la producción de limones, debe hacerlo en otra zona.
“A pesar de que la Ley de Bosques no se lo permitía La Moraleja S.A. consiguió que el gobierno de Salta le otorgara permisos para desmontar, violando lo establecido por la normativa”.
La relación entre empresarios de la talla de Peña Braun y de la multinacional como Coca Cola, deja mal parado a un gobernador que hasta hace poco se candidateaba dentro de las filas del peronismo como una imagen de “renovación”.
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El "Cordobés del Año" vinculador a la defensa de los bosques
José Luis Serrano recibió el premio Cordobés del Año 2017
Fecha de Publicación: 20/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue otorgado en el acto de fin de año de la escuela que dirige otra de las candidatas al premio, Alicia Ceballos. Franco Piccato, secretario de Redacción de La Voz del Interior le entregó la estatuilla luego de la actuación de Doña Jovita.
José Luis Serrano recibió este jueves la distinción Cordobés del Año 2017 que surge luego del voto de la gente y del jurado conformado por los ganadores de las ediciones anteriores.
Serrano recibió la estatuilla de manos del secretario de Redacción de La Voz del Interior, Franco Piccato, en el acto de fin de año de la escuela donde trabaja Alicia Ceballos –otra de las candidatas- en el barrio-ciudad Sol Naciente de Córdoba.
Los niños se sentaron alrededor del escenario y escucharon atentos a “Doña Jovita” que empezó a cantar canciones e interactuar con los chicos. Después de hacer reír a todos, “Jovita” pidió a uno de ellos que le quitara la peluca para recibir el premio.
En el acto también estuvieron presentes los otros dos finalistas, Germán Laborda Soler y Liliana González que junto a Alicia Ceballos recibieron un certificado de reconocimiento a sus trabajo por los que fueron distinguidos.
Algunos miembros del jurado también se llegaron a la escuela Jorge Raúl Recalde para participar de la entrega del premio y los diplomas: Marta Pons (ganadora 2003), Silvia Vélez Funes (ganadora 2011) e Ignacio Aguirre (ganador 2012).
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Fecha de Publicación: 20/12/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue otorgado en el acto de fin de año de la escuela que dirige otra de las candidatas al premio, Alicia Ceballos. Franco Piccato, secretario de Redacción de La Voz del Interior le entregó la estatuilla luego de la actuación de Doña Jovita.
José Luis Serrano recibió este jueves la distinción Cordobés del Año 2017 que surge luego del voto de la gente y del jurado conformado por los ganadores de las ediciones anteriores.
Serrano recibió la estatuilla de manos del secretario de Redacción de La Voz del Interior, Franco Piccato, en el acto de fin de año de la escuela donde trabaja Alicia Ceballos –otra de las candidatas- en el barrio-ciudad Sol Naciente de Córdoba.
Los niños se sentaron alrededor del escenario y escucharon atentos a “Doña Jovita” que empezó a cantar canciones e interactuar con los chicos. Después de hacer reír a todos, “Jovita” pidió a uno de ellos que le quitara la peluca para recibir el premio.
En el acto también estuvieron presentes los otros dos finalistas, Germán Laborda Soler y Liliana González que junto a Alicia Ceballos recibieron un certificado de reconocimiento a sus trabajo por los que fueron distinguidos.
Algunos miembros del jurado también se llegaron a la escuela Jorge Raúl Recalde para participar de la entrega del premio y los diplomas: Marta Pons (ganadora 2003), Silvia Vélez Funes (ganadora 2011) e Ignacio Aguirre (ganador 2012).
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Etiquetas:
bosques nativos,
Córdoba,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
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Ley de Bosques: a 10 años, algunos lo ven positivo
Cayó a una sexta parte la superficie anual deforestada a 10 años de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%. Esto sucede a diez años de la sanción de la Ley de Bosques. No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
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Fecha de Publicación: 18/12/2017
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional
La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%. Esto sucede a diez años de la sanción de la Ley de Bosques. No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
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El gobierno salteño defiende la deforestación Braun Peña
El gobierno afirma que la deforestación en la finca El Cuchuy fue legal
Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Fecha de Publicación: 11/12/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace había denunciado que esas tierras, pertenecientes a un pariente del Jefe de Gabinete de la Nación, habían sido desmontadas de manera ilegal.
Ayer se conoció la denuncia realizada por Greenpeace, en la que daba a conocer que se habían desmontado casi 9.000 hectáreas de la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La organización gubernamental enfatizaba que esas tierras estaban dentro del área protegida por la Ley de Bosques y que el gobierno provincial había cambiado su categoría de manera arbitraria y, según Greenpeace, también de manera ilegal para permitir que las topadoras marchen.
LA GACETA, que difundió el informe de Greenpeace, trató de comunicarse de manera reiterada ayer y antes de ayer con autoridades de la provincia para que dieran su versión. Y no hubo respuesta. Pero hoy, después de que se publicara el artículo, replicado por otros medios, el gobierno publicó un comunicado oficial sobre el tema, en el que aseguran que “los trabajos de cambio de uso de suelo que se ejecutan en la finca El Cuchuy (departamento San Martín) desde 2014, fueron avalados por la autoridad competente provincial y se encontraron ajustados a la normativa ambiental vigente en el momento del dictado de la autorización”.
Se enfatiza, además, que la Ley de Bosques Nativos (Ley de Presupuestos Mínimos) establece que las (provincias o jurisdicciones) dictarán sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de acuerdo con los lineamientos y en función a criterios de conservación establecidos en la misma, como piso para determinar las diferentes categorías (bajo, mediano y alto).
“La Autoridad de Aplicación en materia ambiental en la provincia es el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otorga las autorizaciones de planes de manejo de cambio de uso de suelo, como también de planes de manejos forestales y de conservación, una vez que se realizan las evaluaciones técnicas y siempre que cumplan con los requisitos establecidos (evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, etc). La autorización del cambio de uso de suelo en cuestión se realizó en el marco del Decreto 2.211/10, a través del cual se aprobaba el Procedimiento de Análisis de Proyectos a Nivel Predial, en virtud de la escala en la cual se realizó la cartografía que sirve de base al mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, lo que permitía incorporar la posibilidad de presentar planes de ordenamiento de escala predial para determinar si en la superficie no confluyen los criterios establecidos por la ley y lo que orientativamente estableció la cartografía”, dice el comunicado.
El comunicado recalca el gobierno autorizó proyectos para la producción agrícola a partir de 2012. “Vale aclarar que los proyectos de cambio de uso de suelo autorizados cuando la ley lo permitía no se realizan en una sola acción sino por módulos y que los mismos se ejecutan con intervalos de tiempo entre uno y otro. En este marco, el actual desmonte en ejecución en el mencionado predio corresponde a un módulo autorizado oportunamente”, señalaron.
“Es importante tener en cuenta que consta en el expediente (foja 453 exp. 119-15742-2017) el acta acuerdo celebrada entre Braun Peña y Larrán Gastón por una parte y, por la otra, la comunidad wichí Laguna Cuchuy, en la que los primeros se comprometen a la donación de 300 hectáreas, que están dentro del 40% exigido por la Ley como reserva natural. Asimismo, consta y se ratifica la conformidad de las comunidades respecto del área del proyecto en acta. (foja 479)”, concluye el comunicado.
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Las multas son insuficientes para frenar los desmontes
Desmontes en el Chaco: cuando las multas son insuficientes
Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Chaco
La sanción en 2007 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la ley de bosques, fue el acontecimiento más relevante en material ambiental en el país.
Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones sumado a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y lograron que el Congreso la sancionara. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente en la protección de nuestros bosques.
“En Argentina, la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar la deforestación significativamente. Sin embargo, en la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante los últimos tres años, la deforestación disminuyó notoriamente comparado a la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300.000 hectàreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas).
“Ya son insuficientes las multas por desmontar ilegalmente o por generar incendios de manera intencional. En la mayoría de los casos, no se reforestan las hectáreas destruidas. Esto lo posibilita, en gran parte, la complicidad de funcionarios públicos que cambian arbitrariamente los ordenamientos territoriales y otorgan licencias de desmonte en áreas que deberían estar protegidas. Por eso, necesitamos la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice esta situación”, finalizó Giardini.
Greenpeace informa que entre enero y octubre de 2017 en el Chaco se deforestaron 32.061 hectáreas. En ese contexto, precisa que del total de hectáreas deforestadas 21.882 fueron ilegales.
En el documento se describe que en el período que va del 2007 al 2013 se perdieron más de 290 mil hectáreas de tierras forestales; el número descendió a 19 mil en 2014 y comenzó a subir nuevamente en 2015 hasta alcanzar más de 28 mil hectáreas en 2016.
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Fecha de Publicación: 05/12/2017
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Chaco
La sanción en 2007 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como la ley de bosques, fue el acontecimiento más relevante en material ambiental en el país.
Fue la primera ley ambiental en proteger ecosistemas y en fijar un mínimo de protección para ser respetado en todas las jurisdicciones, en la que trabajaron organizaciones y agrupaciones sumado a un millón y medio de ciudadanos que se hicieron escuchar y lograron que el Congreso la sancionara. Sin embargo, aún queda mucho trabajo pendiente en la protección de nuestros bosques.
“En Argentina, la ley ha brindado una herramienta jurídica y legal para desalentar la deforestación significativamente. Sin embargo, en la actualidad, la mitad de los desmontes son ilegales. La promoción de las actividades agropecuarias, los incendios forestales y las urbanizaciones son las principales causas que han propiciado el desmonte de bosques nativos”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante los últimos tres años, la deforestación disminuyó notoriamente comparado a la década previa a la ley, que tenía índices de desmonte de 300.000 hectàreas anuales. En 2014, fueron deforestadas 190.589 hectáreas; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas).
“Ya son insuficientes las multas por desmontar ilegalmente o por generar incendios de manera intencional. En la mayoría de los casos, no se reforestan las hectáreas destruidas. Esto lo posibilita, en gran parte, la complicidad de funcionarios públicos que cambian arbitrariamente los ordenamientos territoriales y otorgan licencias de desmonte en áreas que deberían estar protegidas. Por eso, necesitamos la sanción de una Ley de Delitos Forestales que penalice esta situación”, finalizó Giardini.
Greenpeace informa que entre enero y octubre de 2017 en el Chaco se deforestaron 32.061 hectáreas. En ese contexto, precisa que del total de hectáreas deforestadas 21.882 fueron ilegales.
En el documento se describe que en el período que va del 2007 al 2013 se perdieron más de 290 mil hectáreas de tierras forestales; el número descendió a 19 mil en 2014 y comenzó a subir nuevamente en 2015 hasta alcanzar más de 28 mil hectáreas en 2016.
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Deforestación made in Braun Peña
Las topadoras de la familia Braun Peña
Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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Fecha de Publicación: 30/11/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La zona está protegida por la Ley de Bosques y de Tierras Indígenas. En ella viven diez familias wichi y siete criollas. Para talar, el dueño esgrime un permiso otorgado por el gobernador Urtubey. Pero Greenpeace sostiene que es contrario a la legislación.
Las topadoras en la finca salteña Cuchuy –propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña– retomaron el avance que habían cesado en 2013, al tratarse de una zona protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y por la Ley de Tierras Indígenas. La finca está ubicada en Corralito, en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas. El desmonte sobre esa zona de 8962 hectáreas de bosques había sido autorizado por el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques, a pedido de los propietarios de la finca para plantar soja. En diálogo con PáginaI12, el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, advirtió que en la finca “quedan entre 2 mil y 3 mil hectáreas de monte”, en donde viven “cuatro comunidades wichi que fueron arrinconadas en el último lote, alrededor de un mar de soja”. Ángel Amancio, habitante de una de las comunidades de Corralito, dijo a este diario que “vimos 4 máquinas que están abriendo picadas para meter las cadenas. Trabajan sin parar de sábado a domingo. A este ritmo en un mes terminan de desaparecer todo el monte”.
Amancio contó que hace un mes fue a recorrer el monte con otros integrantes de la comunidad wichi Chorrito, que está dentro de Corralito, y encontraron dos máquinas que abrían picadas entre los árboles, a unos 5 kilómetros de donde están sus casas. “Cuando les preguntamos a los operarios de dónde venían nos dijeron que eran de la empresa de Braun Peña, que era propiedad privada y no podíamos estar ahí”, relató Amancio. “Les contestamos que nosotros éramos de ahí. Yo nací en Chorrito y aquí murieron mis abuelos. En nuestra comunidad somos 32 personas, pero entre las tres comunidades somos 17 familias”, agregó.
Cuando la semana pasada volvieron a la zona en la que habían visto las máquinas un mes atrás, vieron 4 topadoras y varios caminos ya abiertos que penetraban el bosque. “Están abriendo el monte para poder meter las cadenas”, explicó Amancio. “Nos estamos organizando para ver cómo podemos hacer para frenarlos. Pero la justicia acá en Tartagal está a disposición de la empresa; no podemos ir a reclamar a ellos”, denunció.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín y contiene bosque nativo de la ecoregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I-Rojo y II-Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. “Al igual que con otras 31 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, Urtubey autorizó a pedido los empresarios la deforestación en esa región”, recordó Giardini. “El gobernador autorizó el desmonte de 144.984 hectáreas de bosque protegidos”, agregó el activista, y apuntó que en la finca Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas. La finca es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, quien integra el directorio de Finca Cuchy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la familia Macri.
“En 2013 logramos que Urtubey derogue los decretos 2211/10 y 3136/11, después de una fuerte campaña que hicimos en conjunto con la Coalición Salta con Bosques. Logramos que el gobierno salteño no siguiera recategorizando zonas protegidas”, señaló Giardini. “En el momento de la derogación, la finca El Yuto estaba tramitando para desmontar también, pero finalmente no llegó a la recategorización”, explicó el activista. De todas formas, Giardini indicó que la derogación de los decretos no logró detener el avance sobre zonas que ya habían sido modificadas. “No tiraron para atrás ninguna de las rezonificaciones y se sigue desmontando ilegalmente”, denunció. Según un informe que presentó Greenpeace en julio, entre enero y junio de este año, el desmonte superó las 45 mil hectáreas, de las cuales un 42 por ciento se produjo en zonas protegidas por la ley. En Cuchuy se desmontaron 2264 hectáreas en 2014; 378 en 2015; 1141 en 2016; y, según los últimos cálculos de Greenpeace, unas 400 hectáreas más en 2017.
El desmonte sobre las hectáreas restantes de la finca de Braun Peña violaría también la Ley de Territorios Indígenas, ya que, según explicó Giardini, “si avanzan sobre ese territorio sería un desalojo de facto”. “Estas comunidades viven del monte, y están ahí desde antes de que se conformara el Estado argentino. Cuando se compran y venden los terrenos, las transacciones se hacen con las comunidades adentro”, agregó. Las tierras de esa región son codiciadas por los empresarios de la agricultura debido a que “son terrenos considerablemente más baratos que en otras partes del país y, paradójicamente, son más baratos cuando tienen bosques que cuando están ‘limpios’, ya que el objetivo es explotarlos con soja”, indicó Giardini.
El activista denunció que, bajo la legislación actual, la deforestación ilegal sólo implica multas para los empresarios, que representan un gasto mínimo en relación a las ganancias que obtienen de los terrenos. Por ese motivo, Greenpeace y otras organizaciones sociales elaboraron el proyecto de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del año pasado por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. “Con esta ley el desmonte ilegal se convertiría en un delito penal. Esto permitiría que los jueces y los fiscales pudieran investigar estos crímenes”, aseguró Giardini. Otra de las novedades de la norma es que “los funcionarios que otorgan un permiso para desmiente ilegal van a tener responsabilidad, al igual que los empresarios”, detalló, y denunció que el proyecto se encuentra demorado por la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.
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El plan de Ambiente para proteger los bosques
Cinco planes oficiales para proteger los bosques
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con la restauración de aquellos degradados.
Por un lado impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados) adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema exige un área de reserva de biodiversidad del 10% del predio. Ya hay unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección de bosques.
"Los cinco lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
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Milo Lockett se sumo a los reclamos contra Coca Cola
El artista Milo Lockett reclamó la reforestación de un desmonte en Salta
Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
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Fecha de Publicación: 05/11/2017
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Junto a Greenpeace instaló una botella gigante frente a las oficinas de una importante compañía de gaseosas para defender los bosques nativos. La empresa salió a desmentir la denuncia.
El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques nativos de la Argentina. Junto a Greenpeace instaló una botella de dos metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.
De esta manera se unió al reclamo de la organización ecologista, que pide la reforestación de un desmonte ilegal en Salta, según denunció Greenpeace. Es decir que se habría talado parte de los bosques nativos considerados de alto valor de conservación.
"Los ecologistas reclamaron a la marca de gaseosas que reforeste tres mil hectáreas que desmontó su proveedor en Salta, La Moraleja S.A. -que le suministra el jugo de limón concentrado- y que establezca una política de cero deforestación para sus proveedores", informó la organización.
“Estamos interviniendo una botella de una marca que dice ser sustentable y, sin embargo, le compra limones a una empresa que destruyó bosques nativos. Por eso, a través de esta acción ponemos en escena una problemática urgente para que la sociedad la conozca”, consideró Lockett en un comunicado.
El artista, oriundo del Chaco, comparte la preocupación por la emergencia forestal en la que se encuentra el país.
Greenpeace indicó que, según las Naciones Unidas, Argentina está entre los 10 países que más destruyeron sus bosques en los últimos 25 años.
"El 80 por ciento de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco", explicó.
Greenpeace afirmó que viene denunciando casos de "destrucción de bosques en todo el país" y, a su vez, reclamó la sanción de una ley de delitos forestales que castigue penalmente a los responsables.
¿Qué dice Coca Cola?
Por su parte, Coca Cola desmintió la denuncia de la organización ambientalista. A través de un comunicado, la compañía dijo:
“Sprite no deforestó ilegalmente. Greenpeace, organización con la que mantenemos diálogo, acusa a La Moraleja, uno de nuestros proveedores en la provincia de Salta, por la deforestación de 3.000 hectáreas.
Desde el inicio del reclamo, estamos facilitando conversaciones que involucran a La Moraleja, a ProYungas -una fundación especializada en la conservación del bosque nativo en el área-, al gobierno de la provincia de Salta y al Ministerio Nacional de Medio Ambiente.
La Moraleja cumple con las regulaciones correspondientes al uso de tierra. Sin embargo, dada la importancia de la zona para la Reserva Nacional Pizarro, La Moraleja decidió desarrollar junto a Fundación ProYungas, un plan de conservación en la región, que incluye casi 7000 hectáreas en esta área clave”.
Por su parte, La Moraleja SA también difundió su comunicado en el que aseguró que “no ha realizado ningún tipo de deforestación ilegal”.
“La empresa cumple con todas las regulaciones de uso de la tierra establecido por las leyes nacionales y provinciales y cuenta con las autorizaciones pertinentes del Gobierno de la Provincia de Salta”, agregó. Además dijo que está trabajando con la Fundación ProYungas desde septiembre pasado para desarrollar un plan de restauración y conservación en la región.
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