Advierten sobre experimentos químicos en el norte cordobés

Fecha de Publicación: 13/06/2022
Fuente: Ahora Córdoba Noticias
Provincia/Región: Córdoba


“Los arbustos que crecen entre los alambrados de los establecimientos ganaderos causan pérdidas a los productores y además podrían propagar incendios”, el argumento es esgrimido desde el campo experimental del INTA Deán Funes, impulsado por la Secretaría de Ganadería provincial y la Sociedad Rural de esa región.
De tanto buscar, finalmente parece que encontraron una nueva excusa para instalar la legalización del desmonte químico en territorio cordobés: “los arbustos que crecen entre los alambrados de los establecimientos ganaderos causan pérdidas a los productores y además podrían propagar incendios”.
El argumento es esgrimido desde el campo experimental del INTA Deán Funes, impulsado por la Secretaría de Ganadería provincial y la Sociedad Rural de esa región: hay que eliminar la vegetación que invade los alambrados de los campos y para ello, no puede haber mejor idea que arrojar diferentes compuestos químicos (herbicidas y/o arbusticidas) para producir la muerte o el debilitamiento de las especies leñosas.
Una metodología dicen, capaz de llevar adelante la limpieza de alambrados en forma económica y eficiente con el fin de impedir que los grandes productores ganaderos se vean perjudicados. ¿Quién financia estos ensayos? Atrás del decorado experimental asoma Corteva Agrosciencie, la compañía transnacional que provee los agroquímicos.
La experiencia de desmontes ilegales en el norte cordobés muestra –desde hace años- que en cuestión de días un centenario bosque nativo pasa a ser un campo ganadero. La velocidad de ese cambio es proporcional a la rapidez con que los grandes productores de vacas pulverizan con productos químicos la vegetación y todo lo que la rodea, aunque la ley lo prohíba.
“Cualquier intento de legitimar el uso de agrotóxicos en los bosques nativos determina, lisa y llanamente, una actividad absolutamente ilícita debido a que el Decreto 170 – reglamentario de la Ley 9814 que ordena territorialmente nuestro bosque nativo- prohíbe expresamente el uso de químicos para llevar a cabo actividades de desmonte» indica Darío Ávila, abogado especialista en temas ambientales.

¿Desmonte químico para prevenir incendios?
Desde hace seis meses en el campo experimental del INTA Deán Funes realizan ensayos en un laboratorio a cielo abierto: “Control químico de arbustos para prevenir la destrucción de alambrados por incendios”, denominan al proyecto en los pasillos gubernamentales.
Sala de Prensa Ambiental pudo establecer que dichas pruebas consisten en la aplicación de agrotóxicos sobre arbustos –como espinillos o piquillines por ejemplo- o lo que es lo mismo, sobre el estrato medio del bosque nativo porque, curiosamente, para los grandes empresarios ganaderos estas especies no forman parte del monte cordobés.
Los rocían, se secan y quedan de pie… pero muertos. Sucede con los arbustos pero también con árboles de gran porte cuando la dosis o el cálculo de aplicación fallan, según admiten los propios responsables del ensayo.
El experimento es ensayado en el norte de Córdoba donde los mapeos más actualizados señalan que apenas sobreviven los últimos manchones de bosques bien conservados. Pero también, las imágenes muestran con claridad que las mayores superficies desmontadas en los últimos años corresponden justamente a esa región (ver https://periodismoambiental.com.ar/el-calvario-de-los-bosques/).
Darío Ávila indica que «si bien aquí no podemos hablar claramente de que existe un desmonte, sabemos de la enorme incapacidad que tiene el Estado para controlar este tipo de actividad como es el uso de agrotóxicos, es decir, no existe ninguna garantía de que esta práctica, si se termina aprobando, pueda ser fiscalizada» y agrega que «no solamente hablamos de una actividad contraria a la ley provincial 9814 sino también de una manifiesta violación a normas superiores como la ley 26331, que al momento de definir qué debemos entender como bosque define cuales son aquellos ecosistemas naturales forestales que están compuestos por distintas especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, conjuntamente con las especies de flora y fauna asociadas».

Topadoras y venenos
La sociedad cordobesa tiene la piel sensible a partir del último intento -por parte del gobierno provincial y de los grandes empresarios ganaderos- de modificar la Ley de Bosques, en el 2017. Una de las novedades que impulsaba esa modificación radicaba en habilitar el desmonte químico, legalizándolo. Un intento fallido, hasta ahora. (ver https://periodismoambiental.com.ar/schiaretti-y-los-socios-del-desierto/)
Acuerdan los especialistas en que este método de deforestación es una variante mucho más dañina que el tradicional desmonte con topadoras y rolos para eliminar el sotobosque con el fin de implantar pasto exótico que alimente a la hacienda de los ganaderos, lo que genera un importante desequilibrio ambiental.
Tras las manifestaciones de los investigadores del INTA–Manfredi que trabajan en el campo experimental Deán Funes, los pobladores del norte cordobés comienzan a denunciar ensayos con agrotóxicos en el campo para perfilar datos que avalen la utilización del desmonte químico, y con estos, finalmente apoyar cambios en la legislación que actualmente lo condena.
Por eso, no es novedad que a pesar de estar prohibido se realicen desmontes químicos. Lo novedoso puede radicar en que estén intentando pasarlos de la ilegalidad a la legalidad con la excusa de prevenir incendios.
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Afirman que la Sociedad Rural quiere desmontar el 50% de sus fincas

Fecha de Publicación: 07/06/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El titular de la Secretaria de Ambiente, José Aldazábal, afirmó que las intenciones fueron negadas en tres ocasiones por las autoridades de la Nación.
La organización ambientalista Greenpeace advirtió que la Sociedad Rural Salteña “presiona” al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50 por ciento de la superficie de sus fincas.
En la información se añadió que este pedido se realizó en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta, y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio. Este amparo incluye regiones de Salta y otras provincias.
Si bien la intencionalidad de los ruralistas fue reconocida, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, indicó a Salta/12 que en tres ocasiones autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación negaron tal alternativa.
“Cuando asumimos la Sociedad Rural tenía un proyecto propio sobre el Manejo Ganadero Integrado en los Bosques (MGIB), que había realizado un especialista contratado por ellos”, dijo Aldazábal ante la consulta realizada por Salta/12.
En la propuesta elevada se plasmó la intención de deforestar el 50 por ciento de las fincas. La iniciativa ya había sido elevada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero el Ministerio de Ambiente de ese entonces rechazó el proyecto en dos ocasiones. Mientras, la actual gestión, a cargo de Juan Cabandié, hizo lo propio “una vez”.
Aldazábal añadió que está vigente un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que dispone que el MGIB debe dejar un 70 por ciento de los árboles en pie de cada un catastro, y hacer lo propio con el 30 por ciento de las especies arbustivas.
“Cualquier cosa que se aparte de la ley no corre, es imposible”, reiteró el funcionario al responder a las intenciones denunciadas por Greenpeace respecto de las pretensiones de la Sociedad Rural Salteña. Sin embargo, el alerta surge de los antecedentes de las actuaciones de los sucesivos administradores del estado salteño. La historia reciente demuestra que en más de una ocasión primaron más los intereses particulares que lo establecido por la normativa vigente.

Una de las provincias más deforestadas
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En un comunicado, la entidad ambientalista sostuvo que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre de 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. “Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19”, recordó Greenpeace.
“El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté”, señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas.
La organización ecologista solicitó garantizar la “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y que se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5 por ciento de la superficie original. La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó el referente ambientalista.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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Advierten que la Sociedad Rural Salteña presiona al gobierno por más desmontes

Fecha de Publicación: 02/06/2022
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


En medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la ONG Greenpeace advierte que la Sociedad Rural Salteña está presionando al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50% de la superficie de sus fincas.
Esta demanda se hace también ante la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio.
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques.
Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación.
Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19.
"El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté", señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas. (2)
Greenpeace solicita se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional.
A su vez, la organización ecologista presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5% de la superficie original.
La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó Giardini.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20.
Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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Ordenaron frenar el desmonte en territorio mbya del Cuñá Pirú

Fecha de Publicación: 01/06/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Mediante un decreto, el gobernador Herrera Ahuad reconoció el derecho de las comunidades mbya que habitan ese lugar
El gobierno de Misiones, a través del decreto 710/22, ordenó frenar todo tipo de actividad de la empresa forestal Carba en el territorio indígena del Valle del Cuñá Pirú. Asimismo, impulsó el inicio de un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades que allí habitan (Ka’a Kupé, Yvy Chi, Ko’e Ju Mirí, Tajy Poty y Ko’e Ju), sobre cualquier actividad. Indicó también al Ministerio de Ecología acogerse a esta normativa que marca una nueva línea en cuanto a los conflictos con las comunidades respecto del manejo de los montes nativos.
“El enfrentamiento con la empresa Carba, que lleva al menos dos décadas, significó mucho dolor para las comunidades. Vieron frente a sus ojos la destrucción del monte nativo, las motosierras cortando sus árboles y la desidia de las autoridades que durante mucho tiempo le fueron indiferentes al reclamo”, indicaron desde el Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen (Emipa) que los acompañó en el pedido.
Sin embargo, producto de la lucha incansable de los pueblos mbya por sus territorios, se dio un paso contundente con la firma el viernes último del decreto reparatorio por parte del gobernador Oscar Herrera Ahuad. Entre sus considerandos se menciona el incumplimiento estatal de su obligación de consulta previa, libre e informada, por demás obligatoria, sobre todos los actos que afecten a los recursos naturales y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, haciendo mención de los marcos legales que los amparan: la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Hoy sentimos que cuando se quiere solucionar y comprender, es fácil de hacer. Esto significa el compromiso de escuchar a las comunidades. Siempre se necesita el compromiso del Gobierno, porque son los responsables y quienes deben estar cerca de las comunidades”, expresó Mario Borjas, mburuvichá (cacique) de la aldea Ka’a Kupé.
Aseguró que sienten alivio, “pero por dentro tenemos sufrimiento y no nos olvidamos del impacto que hemos pasado, varias situaciones por defender la naturaleza”.
Por eso, Borjas espera que esto sea un comienzo y que “siempre sea así, que las comunidades indígenas sean escuchadas y sean partícipes”.
“El monte no es un bien económico para los mbya. Es su casa, donde producen y reproducen cultura, de donde se sirven los alimentos, el techo, las medicinas y donde pueden ser libres”, aseguraron desde Emipa.
Borjas también agradeció el compromiso que tomó en este caso el Estado provincial y también a la abogada Roxana Rivas, quien tiene a su cargo pleitos judiciales que involucran a varias comunidades mbya en Misiones.
“Seguiremos llevando nuestros reclamos porque queremos que el título de propiedad quede en manos de la comunidad, sabemos que esto también es un proceso. Seguiremos luchando por nuestros territorios porque son nuestros, porque somos los primeros habitantes”, cerró.
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Cabandié anunció un aumento de inversiones para bosques nativos en la 10.ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande

Fecha de Publicación: 30/05/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El encuentro del Consejo Regional, que congrega a las diez provincias de NOA y NEA, se desarrolló en la localidad de San Miguel de Tucumán.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, participó en la 10.ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que se llevó a cabo en Tucumán, junto a las autoridades de las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán y funcionarios nacionales.
En la Asamblea, los gobernadores y las autoridades presentes abordaron temas de interés para las jurisdicciones que componen el Norte Grande, entre ellas, se dialogó sobre la actualidad ambiental y las políticas nacionales para la región, en particular, sobre el cuidado de los bosques nativos.
Cabandié partió de asumir “el déficit estructural que tiene la Nación con el Norte Grande”, región que “representa el 53 % de los bosques nativos del país”. Al referirse a la ley de bosques, el ministro explicó que “el fondo de bosques nunca cumplió el objetivo que está establecido en la norma, nunca tuvo los recursos que establece la ley”. Luego de reconocer que en 2021 solo se contó con “un 4 % de los fondos de la ley”, aseguró: “Ahora estamos duplicando por diez esos fondos”.
En continuidad con su exposición, el funcionario nacional afirmó: “Hemos conseguido muchos recursos para el fondo de bosques y para el cuidado y protección de los bosques nativos”, a lo que sumó que se había firmado con las provincias, mediante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), “un acta acuerdo con cada uno de sus ministros y autoridades ambientales para saldar un problema estructural que teníamos, que eran las deudas en las rendiciones de las provincias con la Nación sobre el fondo de bosques”.
Dado que en la región se ubica más de la mitad de los bosques nativos del país, a la vez que el área presenta altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y de desmontes, surge la necesidad de fortalecer las herramientas de política pública en la materia. Para revertir las desigualdades, Cabandié se comprometió a aumentar el presupuesto de bosques nativos destinado a las provincias. Además, ya se encuentran disponibles en el Fondo Fiduciario para la protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE) más de $ 3.000 millones para estas jurisdicciones. El compromiso asumido procura llevar la inversión a más de $ 12.000 millones, es decir, diez veces más que los fondos definidos por la ley de bosques en 2021.
Por otro lado, Cabandié también se refirió a la necesidad de “bajar la tasa de deforestación”. “Por eso queremos impulsar la modificación de la ley de bosques. Porque lo cierto es que hoy no está tipificado el delito del desmonte y en nuestro país tenemos mucho desmonte”, indicó. En tal sentido, el ministro dijo que la propuesta es “eliminar una de las tres categorías que existen hoy en la ley, el color verde", "que cada provincia determine una zona productiva con la categoría de interés público. De esta manera no se afectará la actividad forestal y el resto pasaría a estar dentro de las categorías de preservación", amplió. En la misma sintonía, el ministro aseguró: “Deberíamos incluir que los fondos fueran coparticipables. De esta manera, no sería la Nación la que tuviera que administrar los fondos de cada provincia”, lo que evitaría las complicaciones en los procesos “de distribución de los fondos".
Cabe agregar también que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se busca el fortalecimiento de las acciones de restauración de bosques dañados por los incendios recientes en distintos puntos del país. En tanto, está previsto proveer a las provincias de la región con equipamiento para el manejo del fuego, lo que incluye: una autobomba forestal, un camión volcador, una camioneta de respuesta rápida, otra tipo pick up, una chipeadora y 50 kits de ropa ignífuga y herramientas de mano para el combate de incendios.
Finalmente, se destaca que desde la cartera que dirige Cabandié ya se firmaron los convenios con las 23 provincias para ejecutar fondos por USD 82 millones destinados a potenciar las políticas de manejo forestal a nivel de cuencas, manejo de bosques con ganadería integrada, entre otras acciones. Sobre esto, Cabandié aseguró: "El Fondo Verde para el Clima tiene seis años de ejecución y es para restaurar bosques dañados producto de los incendios o de la deforestación, como sucedió en Corrientes y parte de Misiones el último verano".
La Asamblea contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur; del presidente pro tempore del Norte Grande y gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Salta, Gustavo Saénz, junto al vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim.
También estuvieron presentes los ministros del Interior, Wado de Pedro; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, senadores, diputados nacionales y autoridades provinciales.
Por parte del Ministerio de Ambiente nacional, también integraron la comitiva la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena; el director nacional de Bosques, Martín Mónaco; y el director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información, Nicolás Fernández.
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Deforestación: Argentina recibió u$s82 millones por la reducción de la actividad

Fecha de Publicación: 24/05/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Las zonas del país donde se realizó aquel proceso son el Parque Chaqueño, la Selva Tucumano Boliviana, en el Espinal y la Selva Misionera.
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) otorgó u$s82 millones a Argentina como retribución a la reducción en la deforestación en el Parque Chaqueño, la Selva Tucumano Boliviana, en el Espinal y la Selva Misionera.
Así se dio comienzo al Proyecto de Pagos Basados en Resultados de REDD+, una herramienta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que busca reducir las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, al cual adhirieron las 23 provincias argentinas.
El proyecto es liderado por el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el financiamiento del GCF.
La secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, destacó que "es una construcción colectiva que cuenta con el aporte de cada una de las provincias, la síntesis de la participación y la decisión política e institucional".
Además, explicó que "apunta al cuidado de los bosques nativos y a la reducción de las emisiones, y con esto incidir en lo que tiene que ver con el cambio climático". "Resignifica a nuestros pueblos originarios, al trabajo en infraestructura y a la producción de manera sostenible en materia forestal", concluyó.
Para el secretario de Ambiente de la provincia de La Rioja y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), Santiago Azulay, "las provincias supieron tener la madurez política e institucional para conformar esta única voluntad del pueblo".
Por su parte, la coordinadora REDD+, Serena Fortuna, manifestó que "es el primer proyecto aprobado por el GCF para Argentina en el sector de bosques y uso de la tierra", y celebró que el país continúe invirtiendo en la conservación de sus bosques, a través de la Ley de Bosques y su Plan Nacional de Acción sobre Bosques y Cambio Climático.
El representante ad interim para FAO Argentina y Uruguay, Tito Díaz Muñoz, destacó que "de los 15 proyectos que el GCF apoya, siete se desarrollan en América latina por un valor superior a los u$s300 millones y Argentina tiene el proyecto más importante en materia de bosques".
"Hablamos de más 7.000 familias que se beneficiarán del proyecto; 2.900 comunidades locales; el desarrollo de siete cuencas forestales sostenibles; 95 planes integrales de manejo comunitario y 92 de bosques y ganadería; el desarrollo de estrategias para la prevención de incendios; y el fortalecimiento de los gobiernos locales y provinciales para avanzar en el desarrollo sostenible", resaltó.
El subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo y representante argentino ante el Fondo Verde para el Clima, Leandro Gorgal, aseguró que se trata de un "financiamiento de fondos no reembolsables; no estamos endeudando al país, sino que pudimos canalizar recursos que tienen los organismos multilaterales".
En tanto, el secretario de Agricultura, Matías Lestani, destacó el componente ganadero del proyecto: "Es la actividad más federal de todas, por eso el Manejo Integrado de la Ganadería en Bosques Nativos es fundamental en este proyecto porque donde hay una vaca, hay pequeños productores y arraigo".
La jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Soledad Cantero, explicó que "fue una labor coordinada y sistematizada por nuestros equipos que tuvieron en cuenta cada una de las necesidades existentes en las comunidades".
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Frenaron un desmonte ilegal en Pampa del Infierno: arrasaron con unas 30 hectáreas

Fecha de Publicación: 16/05/2022
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


La Policía allanó un campo sobre la ruta provincial 5 y frenó un desmonte ilegal este viernes en la localidad de Pampa del Infierno.
Cerca de las 9, los agentes rurales junto al personal de la Dirección de Bosques irrumpieron en el Lote 98, a unos 11 kilómetros de la Planta Urbana de la localidad, sobre la Ruta N° 5.
Al momento de ingresar se encontraron con una casilla, cisternas con agua y combustibles, además de otros elementos. Luego escucharon los ruidos del motor de una máquina que se encontraba campo adentro.
Por eso, los policías rastrearon el ruido y detectaron una topadora Caterpillar que derribaba a su paso toda la masa boscosa. Inmediatamente frenaron el desmonte, demoraron al conductor de la máquina de 36 años y constataron unas 30 hectáreas deforestadas.
Horas más tarde se presentó el dueño de la maquinaria, un hombre de 43 años.
Finalmente, el conductor junto al propietario de las maquinas fueron notificados de su infracción al Régimen Forestal.
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Referentes ambientales piden actualización de leyes que autorizan la explotación de bosques nativos en lotes privados en Misiones

Fecha de Publicación: 03/05/2022
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Misiones


Bajo el titulo “Revisión de Leyes Ambientales, cumplimiento o caos”, el ingeniero Juan Perié y Rulo Bregagnolo plantearon la necesidad de revisión y modificación de la Ley Prov. 854 de Bosques y Tierras Forestales, sancionada en 1977 e innovadora en su época. “Pero es una norma de hace 45 años atrás, es clara pero no se cumple. Debemos adecuar las normativas a la realidad que vivimos. Vemos como circulan “los coches fúnebres” por las rutas de la provincia con rollos de madera nativa. Se requiere información sobre la extracción que se realiza del monte, su impacto a la biodiversidad y adoptar medidas locales para mitigar los efectos globales del Cambio Climático”, advierten los referentes ambientalistas.
Referentes ambientalistas abrieron el debate sobre las autorizaciones vigentes por leyes ambientales que otorgan planes de aprovechamiento de bosques nativos, marco jurídico bajo la supervisión técnica de profesionales en Ingeniería Forestal que permite la gestión sustentable del recurso natural, competencia que se encuentra bajo el Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones,  organismo que registra más de 200 especies nativas de uso maderable.
Sin embargo,  no solo preocupa el apeo ilegal que en forma cotidiana se detecta con los controles del organismo provincial, sino que solicitan “la necesaria revisión de las normativas ambientales vigentes de protección de los bosques”. Esto es porque consideran que la Ley Provincial 854, sancionada en 1977, no está a la altura de lo que sucede en el mundo actual y frente a la realidad que vive la humanidad consecuencia de los efectos extremos del Cambio Climático, donde es clave frenar la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
“En Misiones vemos diariamente transitar por nuestras rutas nacionales 12 y 14, como por las provinciales 7, 17, 20 y otras, grandes camiones con magníficos rollos de árboles nativos, producto que la naturaleza tardó años invirtiendo en su crecimiento y aportando al ecosistema de la biodiversidad misionera. ¿Y en segundos una motosierra lo extermina?”, se preguntan Juan Perié, del Movimiento Ecologista Tamanduá (Eldorado) y Rulo Bregagnolo, del Grupo Ecologista Cuña Pirú (Aristóbulo del Valle).
En un artículo de opinión realizado en conjunto, sostienen que en los últimos meses se refleja esta preocupación en varias notas periodísticas. La realidad nos indica que hay gran preocupación por los bienes naturales ligados al calentamiento global que lleva indefectiblemente al Cambio Climático, con consecuencias algo ya predecibles y conocidas para los seres vivos, incluidos los humanos.
“Existen los compromisos internacionales como el Acuerdo de Paris, en el que se trata sobre los mercados voluntarios de carbono, en la que los países industrializados, promoviendo que sigan contaminando y compensen a aquellos países que conservan sus montes nativos, pagándoles de alguna manera por “limpiar la atmósfera” que ellos destruyen. Este es un enfoque que fue muy cuestionado en la COP 26 en Glasgow, Escocia”, explicaron los ambientalistas misioneros.

Compensación ambiental para Misiones
El gobierno de la provincia a la Nación una compensación ambiental por luchar contra el Cambio Climático. “Misiones solicitó 114 mil millones por reparaciones históricas a favor de la provincia, con argumento sólidos, si se toma en cuenta la dedicación o uso del suelo a mantener la Selva, en lugar de utilizarlo para el cultivo de maíz transgénico, pinos u otros monocultivos, y dedicarlo al cuidado de los cursos de agua, a la producción agrícola orgánica y de más servicios ecosistémicos. Es inmenso el aporte de los misioneros para cuidar los bosques a lo largo de décadas”, sostienen Perié y Bregagnolo.
Incluso, señalaron que el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante una visita a la provincia tiempo atrás consideró que “todos los argentinos deberían compensar a la provincia de Misiones, por el esfuerzo que realiza a favor de la conservación”.
Y hace pocas semanas, en la Cumbre de Cambio Climático realizada en la Casa Rosada, nuevamente en su discurso habla de la necesidad del cuidado de los bienes naturales estratégicos, como el Agua y los Bosques.
En Misiones, si bien las máximas autoridades provinciales hablan en forma permanente del cuidado de la Selva Paranaense, de la biodiversidad, los ríos, arroyos y los bosques nativos, y remarcan la importancia de albergar el 52% de la biodiversidad del país en el territorio, los especialistas ambientales consideran que “son todas lindas palabras, y parecería estar todo claro, ya que coincidimos en los objetivos que se persiguen a lo que hace a la conservación de ese 52% de biodiversidad, que poseemos los misioneros y los estamos cuidando. ¿Pero cómo explicamos estas dos realidades? Por un lado las declaraciones del cuidado y protección de ese porcentaje de la biodiversidad, y por otra los “carros fúnebres” con los últimos ejemplares de madera nativa que diariamente se observan en las rutas misioneras”, cuestionan Perié y Bregagnolo.
Más allá de que se traten de planes forestales de aprovechamiento sustentable con permisos de explotación y regulados por la Dirección de Bosques del Ministerio de Ecología, a través de las legislaciones ambientales vigentes, cuestionan que la emergencia climática exige normativas “aggiornadas” a la realidad actual,  explicó Bregagnolo en contacto con ArgentinaForestal.com.
También se suman las denuncias de Comunidades Mbya Guaraní que se consideran “atropelladas por la avaricia de forestales y aserraderos para extraer maderas de los árboles que están en áreas de supervivencia indígena.
“Tenemos un problema, y por eso debemos tomar cartas en el asunto…” dijo el Presidente Fernández frente al cambio climático.
Para los referentes ambientales, se requiere debatir con la sociedad misionera las leyes de protección de los montes nativos, regulada en la actualidad por la Ley Provincial XVI-N°7 (ex N°854) del año 1977., y que en uno de sus párrafos, es clara al decir que: “Por cada metro cúbico de madera nativa apeada, se tiene que plantar tres ejemplares de renovales nativos y cinco de exóticas…”.
Perié y Bregagnolo se preguntan y quieren ver dónde están las plantaciones de nativas que propone la ley. “En estos 45 años, podríamos haber hecho aprovechamiento forestal y aún tendríamos para otros tantos años más si hubiesen hecho bien los deberes. Pero la respuesta es clara. Se ven únicamente plantaciones de Pinos, Eucaliptus, yerba y té en grandes superficies donde antes había variedades de especies nativas que aportaban a la biodiversidad y servicios ambientales necesarios para la vida”, aseveran.
Tras sus interrogantes y reflexiones, los ambientalistas de Tamanduá y Cuña Pirú solicitaron que “se revise y modifique esta ley 854, porque es más fácil plantar exóticas que nativas, y la diferencia entre ambas en cuanto a los beneficios que aportan a la Vida humana son muy grandes. Cabe la revisión de varias Leyes del Digesto Ambiental Provincial. Es tiempo de actualizar y ser más proteccionistas para toda la sociedad, no solo “desarrollistas” para un pequeño sector”, concluyeron.
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Fiscalizan varios predios por desmontes ilegales y encuentran una topadora escondida

Fecha de Publicación: 26/04/2022
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


Al menos tres operativos de fiscalización forestal se realizaron en los últimos días en distintas localidades donde se constataron trabajos de desmontes sin correspondientes permisos.
Inspectores de la Dirección de Bosques constataron en un predio del Departamento Almirante Brown un desmonte sin permiso de unas 70 hectáreas. Se solicitó en consecuencia una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, para ser llevada adelante por el Juzgado de Paz de Los Frentones.
Cuando ingresaron al predio, no se encontró la topadora con la cual se llevó adelante la tarea ilegal, se labró las actas correspondientes y se continúa la tramitación del expediente por infracción a la Ley 2079-R.
El segundo caso ocurrió en el Departamento 9 de Julio, predio en el que ya se habían realizado operativos por desmonte sin permiso en años anteriores. No estuvieron presentes el personal policial de la Comisaría de Las Breñas.
Al llegar al predio, los inspectores de Bosques y el oficial de Justicia, no pudieron acceder al predio. Sin embargo, finalmente lograron hacerlo y se constató la irregularidad y además encontraron dentro del predio una Topadora Caterpillar D6, de propiedad del dueño y presunto infractor, la que pretendía ser escondida en el monte. Se procedió al secuestro de la máquina y se labraron las correspondientes actas de infracción.
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Afirman que no habrá más áreas para desmonte que las ya previstas

Fecha de Publicación: 25/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Ambientalistas, organizaciones sociales e indígenas se manifestaron fuera de la casa de Gobierno de Salta.
La provincia comprometió el "principio de no regresividad", lo cual implicaría no extender las superficies de desmontes más allá de las actualmente previstas. Así lo indicó el equipo técnico a cargo de la actualización del  mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), que analizó ayer en reunión el Consejo Asesor conformado para tal fin.
En las afueras de la Casa de Gobierno, donde se había realizado el encuentro, ambientalistas, organizaciones sociales, de derechos humanos, y referentes de comunidades originarias, se manifestaron bajo el lema "Basta de Desmontes", con la intención de alertar a la población sobre posibles maniobras que signifiquen un avance en la deforestación.
La advertencia tiene su origen en lo que aconteció entre 2009 y 2010 cuando pese a que se había acordado un mapa de OTBN con un poco más de 600 mil hectáreas a desmontar, se aprobó por imperio de decisión del gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey otra cartografía que le sumó un millón más de hectáreas en verde. Este color define los lugares donde se puede desmontar, mientras que el amarillo y el rojo indican por donde no deben pasar las topadoras.
La otra desavenencia sobre la guía que debían seguir las topadoras fueron dos decretos de 2011, las cuales permitieron que zonas amarillas y rojas pasen a ser verdes, y que fueron luego desmontadas.
"En 2017 Salta fue la provincia con la tasa de deforestación más alta del mundo", dijo Cristian Venencia, ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente y becario doctoral de la iniciativa Land Matrix, quien participó de la manifestación que se realizó fuera de la reunión. El antecedente, dijo, refiere a un estudio que se conoció en aquel año, y en el cual investigadores de la provincia hicieron un análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2014.
Venencia añadió que el mapa está desactualizado desde 2014, cuando la provincia presentó una cartografía en la que pretendía, a su entender, "blanquear" los desmontes ilegales. Aunque la ley dispone que la cartografía debe actualizarse cada 5 años, el nuevo mapa de ordenamiento está suspendido hasta ahora. Esto a su vez pone en peligro la llegada de los fondos para la conservación de los bosques nativos establecida por la ley nacional.
El becario doctoral entendió que debería aplicarse la necesidad de no retroceder en la cuestión ambiental y de conservación al momento de definir las áreas de desmonte. "El amarillo y el rojo del OTBN deberían mantenerse, y no ir para atrás o aumentar las hectáreas a desmontar", sostuvo. Un principio que, según las consideraciones realizadas ayer, se prevé cumplir.
Las sospechas de Venencia tienen su base en que los pedidos que se vienen manifestando por parte de grandes empresarios agrícolas (que no participaron de esta reunión). La intención del sector es extender las superficies a desmontar para, según sus argumentos, generar "un área de desarrollo para salir de la pobreza". Al referir a este presunto fin que implica deforestaciones, Venencia recordó que los desmontes no mejoraron las condiciones de vida en los pueblos y ciudades cercanas a estas grandes empresas.
Asimismo, observó la necesidad de contar con controles efectivos cuando se habla del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que es uno de los ejes en los que se hace hincapie para trabajar. "En la práctica se está haciendo muy poco", afirmó al indicar que estos proyectos deben ser controlados para que no se conviertan luego en un desmonte extensivo.
Mencionó como otro punto fundamental la disputa por la tierra, en tanto en el Chaco salteño (la región en la que coexisten los bosques con el desmonte) persisten los conflictos por la tenencia de los territorios entre comunidades indígenas, criollas y titulares registrales. En este punto, sostuvo que el MBGI podría funcionar entre las comunidades originarias dado que son las que viven en el lugar y precisan contar con acciones que permitan su arraigo. Y es que el desmonte no solo implicó el exterminio de los bosques, sino también la expulsión de integrantes de estas  comunidades de sus lugares de origen.
"Hay que evitar que se siga avanzando con los desmontes porque con ellos también se generó extrema pobreza y muertes por desnutrición que se ven a causa de la menor posibilidad de las comunidades de susbsistir en el bosque", afirmó Venencia.

Sin mapa actualizado hace más de una década
El ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldázabal, encabezaron ayer la reunión del Consejo Asesor de Revisión de OTBN, luego del traspié de la renuncia del presidente de este Consejo, Carlos Trucco, en septiembre pasado.
“Tenemos una obligación legal de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de esta forma: abierta, absolutamente transparente y participativa” sostuvo De los Ríos y agregó: “este proceso y continuidad de trabajo técnico tiene que confluir en un resultado virtuoso producto de la opinión, conocimiento, participación, responsabilidad y sustento técnico de todos los que estamos trabajando".
En la primera parte del encuentro se expuso lo actuado hasta el momento, incluyendo las reuniones del Consejo y los talleres informativos realizados con comunidades originarias, pequeños productores y comunidades criollas, que se llevaron a cabo desde el inicio del proceso, en 2021, en los distintos municipios y localidades con bosque.
Los técnicos a cargo explicaron las falencias del mapa de 2009 y la necesidad de elaborar una nueva cartografía teniendo como primer mandato, en todos los sentidos, el principio de no regresividad. En la misma línea presentaron la metodología participativa, inclusiva y vinculante, de la cual saldrá un nuevo mapa de OTBN.
Durante la tarde, organizados en grupos, los presentes trabajaron con la aplicación del método Q, herramienta utilizada para agrupar percepciones y relevarlas.
Se invitó a 120 organizaciones. Participaron representantes de Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFICI), la Universidad Nacional de Salta, la fundación Hombre y Hábitat, la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrantes de los pueblos Kolla, Diaguita, Wichí, Lule, Wichí y Iogys; el Instituto IDEAS, la Universidad Católica de Salta, Asociana, Proyungas, Redes Chaco, la Asociación Ragone, la Fundación Cebil, la Fundación RE Verdecer, represenantes del Instituto Provinicial de Pueblos Indígenas (IPPIS) de los pueblos Chané, Wichi, Tapiete, Toba (Qom), la Fundación Vida Silvestre y la diputada provincial Sofía Sierra.

El sector productivo, ausente
Uno de los visibles ausentes en la reunión fue el sector de los grandes productores. Al ser consultada, desde la Secretaría de Ambiente se afirmó que las invitaciones habían sido cursadas el 29 de marzo pasado, y se les recordó la convocatoria el domingo último. Sin embargo, se desconocían las razones de esta ausencia.
Mientras, se prevé que el proceso participativo implique un acuerdo entre todos los actores involucrados para determinar las superficies que podrían desmontarse. Incluso no se descarta una reubicación de zonas verdes, amarillas y rojas. Pero el principio fundamental es no extender más hectáreas para el desmonte, sino ir en sentido contrario, se insistió.
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Ambientalistas pidieron a la Justicia una medida cautelar para evitar el desmonte en la Ribera de Hudson

Fecha de Publicación: 23/04/2022
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires


El Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente hizo una nueva presentación judicial reclamando la urgente intervención de la Justicia para paralizar la depredación y desmonte en el country Puerto Nizuc, en la Ribera de Hudson.
“Ante la incesante depredación del bosque ribereño que se está produciendo en Puerto Nizuc, y la vulneración de todos los plazos razonables para obtener una respuesta, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente se ha presentado ante la Cámara de Apelaciones de La Plata denunciando la continuación de la actividad antrópica de depredación, tala y desmonte durante este año,  como así también la concreta destrucción y/o extinción del Bosque Ribereño y sus humedales en Hudson”, se informó.
El escrito deja asentado que “las denuncias realizadas no han surtido efectos y que las obras continúan cada vez con mayor agresividad hacia el bien colectivo del ambiente. Es decir que mientras esperamos un pronunciamiento de la Cámara Contenciosa Administrativa se continúa con las tareas de desmonte, movimiento de suelo y depredación en zonas protegidas, categoría amarilla y roja, por el la Ley provincial de ordenamiento territorial”.
“Atentos a que en materia ambiente debe imperar el principio preventivo y que si el tiempo continúa corriendo ya no habrá nada que proteger es que solicitamos al órgano se expida a la mayor brevedad. Se trata de una medida precautoria fundamental para hacer efectivo el principio de prevención y precautorio, previsto en la Ley General del Ambiente 25675, indispensable para evitar la profundización del daño ambiental ya producido en la zona, a consecuencia de la tala y desmonte indiscriminados”.
Basado en estos y otros argumentos es que reclamamos que se disponga urgente una protección cautelar ordenándose la suspensión de las acciones que lleva a cabo la empresa. A los jueces les solicitamos rapidez para que hagan Justicia, a la sociedad les pedimos que nos acompañen en este reclamo porque ya no hay más tiempo”, añadieron los ambientalistas berazateguenses.
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Por qué el río Paraná está de color marrón rojizo y no es una buena señal

Fecha de Publicación: 18/04/2022
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Litoral Argentino


“Lo único que nos permitirá recuperar la calidad del agua y de los suelos, es cambiar las prácticas agrícolas y reforestar con árboles nativos todo espacio que se pueda para preservar las cuencas hídricas de la provincia. Entender en el caso de Misiones que, dejar la selva en pie, además de saludable para nosotros los pobladores, es un gran negocio”, señaló el ambientalista Rulo Bregagnolo.
Las aguas marrones rojizas de ríos y arroyos exponen el deterioro del suelo y cuencas hídricas por la deforestación.
Desde hace varios días que, después de las lluvias, llama la atención el color marrón rojizo más intenso que se observa en las aguas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.
Los lectores de Misiones Online comparten imágenes y plantean sus inquietudes, en algunos casos, opinan que se debe a los suelos rojos o lo consideran como un “atractivo” de la tierra colorada en contraste con los verdes de los bosques de la selva misionera.
Sin embargo, este “color rojizo” más intenso que se refleja en las aguas no sería una buena señal sobre el estado de los suelos de Misiones y las cuencas hídricas de la región, ya que el problema ambiental se arrastra por la deforestación progresiva que se registra en la provincia por las diversas actividades productivas, según explicó en una entrevista con ArgentinaForestal.com el ambientalista Rulo Bregagnolo, miembro de la Asociación Ecologista Cuñá Pirú.

AF: ¿Cuál es la explicación técnica y ambiental, por el cual después de las lluvias se observa este color de mayor intensidad rojiza en los arroyos y ríos de la provincia?
RB: Naturalmente, cuando caen las lluvias sobre el follaje en la selva, de los bosques, las gotas tardan mucho más para llegar al suelo, porque son amortiguadas por las mismas y su caída es más bien suave, se desliza sobre el suelo.
Ahora, al no estar ese follaje, las lluvias caen directamente al suelo y lo perforan, generando remoción y lavando el mismo, lo que se va aflojando.
Los suelos, a causa de la tala en suelos rojos profundos o no, aptos o no para cultivos, quedan al desnudo al hacerse en forma raza -que además de ser quemados los restos del desmonte- generan un empobrecimiento en el suelo.
Ese empobrecimiento, además de ser mineral, es del sustento vegetal propio: las raíces de los árboles, que son las que unen, sostienen al suelo. De esa manera, se genera un “lavado” del suelo y todo esto se transforma en sedimento, que va a parar a los arroyos y ríos.

AF: ¿Entonces los ríos “rojos” son una mala señal?  
RB: Es muy mala señal. Cuando éramos chicos, hablamos de 35 años atrás, por ejemplo el Arroyo Cuña Pirú tardaba en cambiar de color a los tres o cuatro días, de igual manera el aumento del nivel  (pero nunca antes fue ese rojo amarronado que se observa ahora)
Ese cambio de color se daba incluso con su cauce rodeado de selva protegida en buen estado (Parque Prov. Salto Encantado del Valle del Cuña Pirú), no así su cuenca. Hoy, en apenas unas horas el arroyo sube el nivel y automáticamente se tiñe de rojo.
Es muy mala señal, además, porque esto a las claras demuestra que el tratamiento que se le está haciendo a la cuenca hídrica es incorrecto.
Todos los nutrientes de los suelos de la cuenca están siendo lavados y llevado por los cauces de los arroyos.
Se está transformando el suelo que antes tenía selva en pie a suelos agrícolas y ganaderos, con prácticas que deterioran el suelo sin dudas.
El nuevo invento genocida para la selva misionera es la ganadería bajo cubierta selvática, ya que las vacas nunca vivieron en la selva ni mucho menos el pasto crece bajo monte. Ni hablar de los tabacales en pendientes, mucho menos de las plantaciones de té que sí o sí las realizan en suelos desmontados, otra vez beneficiándose los grandes con el suelo de los chicos.

AF: ¿Esta situación se da por la falta de conciencia ambiental, es por desconocimiento o por irresponsabilidad?
RB: Para mí es suma de factores. Hoy por hoy nadie puede hablar de desconocimiento, cuando el conocimiento está al alcance de todos. Hay una enorme irresponsabilidad de parte de las autoridades ambientales en no hacer cumplir las leyes correspondientes y ante la falta de control, sin dudas.
Esta es una falta eterna que vienen cometiendo todos los gobernantes en mayor o menor medida.
Pero el otro gran irresponsable es el privado, que en el afán de lograr la mayor renta posible a la propiedad, termina explotando irracionalmente el suelo.
Insisto en este aspecto que la mayor responsabilidad en el privado la tienen los terratenientes, que mayormente transformaron el suelo para plantar pinos.
 
AF: ¿Y cuánto de esta situación considera es consecuencia de los desmontes cercanos a los cursos de agua?  
RB: No soy especialista y tampoco dispongo de porcentajes. Pero no nos olvidemos que no todo es números. Vivir en la zona y conocerla me permite darme cuenta de que, por ejemplo, el Cuña Pirú, que nace apenas unos 5 km del Salto Encantado ya cae “rojomarrón” en el Parque y si “drenas” la cuenca el problema está claro con la transformación de suelo. Esto mismo se repite en los distintos arroyos y estos a la vez a los ríos principales como son el Paraná, Iguazú, Uruguay.
En Brasil nacen los tres ríos principales y el mayor deterioro sin dudas viene desde allí.

AF: ¿Cuál es la situación hídrica en Misiones, en cuanto a la calidad de agua o contaminación, etcétera?
RB: Me atrevo a decir que aún los ríos tienen buena salud, más allá de que se siguen arrojando efluentes de pasteras y petroquímicas, estás últimas en las cuencas brasileñas. Más allá del cóctel de agroquímicos que se sigue impregnando a los suelos que se va colando a los cursos de agua. Pero a este ritmo, no me caben dudas que el deterioro futuro será mayor y las consecuencias serán palpables.

AF: ¿Cuáles serán las consecuencias?
RB: La calidad del agua irá disminuyendo, comprometiendo a los Pueblos que toman el agua para potabilizarlas. La pesca irá disminuyendo y así ese atractivo turístico se perderá. Los suelos se irán deteriorando a tal punto que dejarán de ser productivos y la inyección de recursos económicos deberá ser mayor, hasta para potabilizar el agua.
Otra vez, los que pueden se salvarán primero, los que no…Dios los cuide. Nada profético, pero 2+2=4 también en la naturaleza.

AF: ¿Qué se puede o se debe hacer para frenar este escenario?
RB: Cumplir las leyes ambientales de Misiones y obviamente de los países limítrofes. Si no hay leyes, generarlas y cumplirlas. Reforestar lo más que se pueda las cuencas. Disminuir la superficie de cultivos intensivos, así como de ganadería intensiva.
Lo único que nos permitirá recuperar la calidad del Agua y de los suelos, es cambiar las prácticas agrícolas y reforestar con nativas todo espacio que se pueda. Entender, en el caso de Misiones, que dejar la selva en pie, además de saludable para nosotros los pobladores, es un gran negocio.
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Ya son 19 las provincias que se sumaron a la implementación del pago por resultados del Fondo Verde del Clima

Fecha de Publicación: 13/04/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Es una herramienta tendiente a reducir las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, encabezó la firma de los convenios de colaboración técnica para la implementación del Pago de Resultados REDD+ con las provincias de Catamarca, La Pampa, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Tierra Del Fuego, Córdoba, San Juan y Jujuy —estas tres últimas, de forma remota—. Los fondos serán otorgados por el Fondo Verde del Clima y los coejecutará el Ministerio junto a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), por un período de seis años.
En la jornada, Cabandié se refirió a la necesidad de modificar la ley de bosques y explicó que lo que se busca es “para mejorarla, tipificar el delito de desmonte ilegal, ver lo de la categoría II (color verde), incluso coparticipar los recursos, que es una demanda muy solicitada”.
De esta manera, las partes se comprometen a contribuir con la implementación del mencionado programa. Además, junto a la FAO realizará los procesos de contratación y adquisiciones en dicho ámbito.
El mecanismo REDD+ es una herramienta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para reducir las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo. Su función es impulsar la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en estos países con el fin de contribuir a los esfuerzos globales frente al cambio climático y sus consecuencias.
La posibilidad de solicitar pagos por resultados al programa del Fondo Verde del Clima se debe al resultado obtenido por el país en la reducción de emisiones a partir de la deforestación evitada durante el período 2014-2016, junto con el cumplimiento de los pilares de REDD+. El financiamiento de dicho proyecto involucra USD 82 millones en total.
Vale recordar que días atrás se llevó a cabo la firma de convenios con otras 10 provincias con la misma finalidad —Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y San Luis—, por lo que el total asciende a 19. Mediante estos acuerdos, el objetivo perseguido es operativizar el programa de trabajo en territorio, luego de la Resolución 480/21 del COFEMA, en la que se acordó la distribución geográfica de proyectos de manejo forestal sostenible a nivel de cuencas, planes integrales comunitarios, manejo de bosques con ganadería integrada y planes de prevención de incendios forestales que se implementarán a través de este financiamiento en las distintas jurisdicciones.
Durante las firmas realizadas, también participaron la jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente nacional, Soledad Cantero; la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales de la cartera, Beatriz Domingorena; y el director nacional de Bosques, Marín Mónaco junto a las autoridades de aplicación de las provincias firmantes: Catamarca, el secretario de Medio Ambiente, Nicolás Verón; Córdoba, el secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto; Jujuy, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; La Pampa, la ministra de Producción, Fernanda González; Mendoza, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance; Salta, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; San Juan, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco Guevara; Santiago del Estero, el ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente, Miguel Ángel Mandrile; Tierra del Fuego, la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione y la secretaría de Ambiente, Eugenia Álvarez.
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Cruce entre los ambientalistas y forestales por apeo de monte nativo

Fecha de Publicación: 09/04/2022
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


“En Misiones la madera nativa se extrae bajo autorización”, señalaron desde la foresto industria. Mientras que los proteccionistas del medio ambiente apuntaron a la necesidad de transformar el modelo productivo.
El pedido expresado por el dirigente agrario Hugo Sand, para que el Gobierno disponga la prohibición del apeo de monte nativo en toda la provincia, con el objetivo de proteger a las producciones de los efectos de la sequía y el cambio climático, despertó diversas opiniones que derivaron en un polémico cruce entre las posturas tomadas por los industriales forestales y proteccionistas del medio ambiente.
Ayer, el sector forestal emitió una dura carta en la que rechazaron las ideas postuladas por Sand días atrás al ser entrevistado por FM 89.3 Santa María de las Misiones. Ese comunicado, a su vez, tuvo respuestas inmediatas por parte de los ambientalistas que defendieron al referente agrario.
Consultado por PRIMERA EDICIÓN, César Jakimczuk, integrante de “Forestales Autoconvocados de Misiones”, señaló que “el principal problema es que la gente tiene un preconcepto de que los industriales son los responsables de la gran deforestación que se da en la provincia. Pero nosotros trabajamos con planes de aprovechamiento de madera, por ejemplo, sacamos 5 o 10 árboles por hectárea y nos vamos. Nosotros no somos los que terminamos con el monte”.
“El monte es afectado por los que hacen tala rasa. Además, la mayor deforestación de la provincia es hecha por quienes intrusan las propiedades”, acusó y añadió: “La deforestación hecha por intrusos es algo que también afecta a nuestro sector, porque cuando desaparecen los montes nos vamos quedando sin materia prima”.
Por otro lado, Jakimczuk cuestionó que “cuando (Sand) compara el accionar del INYM que limitó las plantaciones nuevas de yerba, y también quiere limitar la plantación de pinos y eucaliptus en la provincia, es una locura porque, en nuestro caso, habiendo más madera implantada, nosotros ocupamos esa implantada y se deja de usar la madera nativa”.
Los denominados “Forestales Autoconvocados de Misiones” publicaron una carta abierta titulada “La realidad de nuestro trabajo, ante acusaciones permanentes e infundadas”. En ella, plantearon que “los obrajeros forestales y madereros de la provincia necesitamos poner luz sobre acusaciones permanentes e infundadas que recibimos respecto a nuestro trabajo. La primera gran acusación que nos atribuyen es la deforestación, lo que demuestra en primer lugar ignorancia total de quienes nos acusan, respecto a las políticas y reglamentaciones nacionales y provinciales de manejo sustentable a las que estamos sujetos y respetamos desde hace años”.
Además, aclararon que “en Misiones y Argentina, la madera nativa se extrae bajo autorización y un Plan de Manejo Sustentable, desarrollado y controlado por el mismo Estado nacional y provincial. Lo que quiere decir que, del monte autorizado para aprovechamiento forestal, solo se extraen determinadas especies y respetando cupos por hectárea. No se ‘tumba’ el monte”.
“Cuando un camión sale a la ruta, la carga está informada digitalmente. Hay una trazabilidad de la madera extraída que informa al Estado, al dueño de la propiedad, el obrajero, y aserradero que recibe la carga. Y cuando el obrajero termina de aprovechar su plan autorizado, deja un monte en pie que sigue su proceso de regeneración, permitiendo que, en 20 años, nuevamente haya madera aprovechable”, ampliaron.
“El problema también está en las miles de hectáreas con yerba y té sin ningún árbol nativo, cuando sabemos que las especies nativas protegen el suelo y los cultivos del sol en verano, resguardan los cauces de agua, y en invierno aportan materia orgánica, son cortinas ante los vientos y protegen del granizo entre otros beneficios”, detallaron y añadieron que “la falta de árboles es una realidad de las chacras, donde solo se ven plantaciones de monocultivos sin un árbol, donde no hay cortinas nativas de ningún tipo. Empecemos entonces por reforestar las plantaciones de yerba, soja, mandioca y tantos miles de hectáreas donde una vez había monte”.
Al mismo tiempo, apuntaron que “el problema es también la intrusión permanente en lotes donde se quema y tala, y donde siempre se llega después del desastre ambiental ya hecho. El otro problema es la realidad de los propietarios de montes, que tampoco ven beneficio alguno en contar con un bosque nativo en pie más allá del aprovechamiento sustentable, porque siguen pagando impuestos y buscan alternativas para vivir”.

Apoyo ambiental
El Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera contestó directamente con críticas hacia la carta publicada por los forestales autoconvocados.
Así, el grupo de ambientalistas adhirió a “cada una de las líneas que el señor Hugo Sand –Convencional Constituyente de Misiones en el año 2006, entre otras cosas- expresa en el artículo periodístico”, difundido por este Diario, “y entiende, al igual que la mayoría de los misioneros que viven en contacto con los bienes naturales, que urge atender la recuperación del agua, del monte y del suelo para la familia agraria y urbana, y en ese contexto debatir en sociedad el poner límites a la expansión del monocultivo de especies exóticas, e ir definiendo qué modelo productivo queremos los misioneros, más que nunca amigable con la selva, fuente de servicios ambientales”.
Kaapuera cuestionó la carta de sector forestal provincial “por personalizar un tema que es de interés general de los misioneros y como tal, amerita un debate abierto, maduro, sin personalizaciones, con datos actuales y reales del mapa socio económico y ambiental de Misiones”.
Así, opinaron que “esta actitud de enfrentamiento individual, focalizado en una persona, revela a un sector que se escuda detrás de un supuesto aprovechamiento forestal legal, que, como se hizo público en otras oportunidades, tiene casos resonantes que involucran mecanismos ilegales, con complicidades institucionales y políticas”.
Desde el “Espacio socio ambiental de Misiones” también se solidarizaron con Sand, y destacaron que “el espacio integrado por decenas de organizaciones” comparte la preocupación “que venimos expresando desde hace mucho tiempo con la necesidad de debatir y transformar el actual modelo productivo que alienta el uso indiscriminado de agroquímicos contaminando nuestras tierras y reservas de agua, concentra la tenencia de las tierras en pocas manos, expulsa a trabajadores rurales, aumenta el riesgo de incendios forestales, invade territorios de las comunidades mbya tal como se han denunciado en los últimos meses, con la complicidad incluso de fuerzas policiales, y ante el silencio absoluto de las autoridades”.
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En dos procedimientos secuestran cuatro topadoras que realizaban desmonte ilegal

Fecha de Publicación: 05/04/2022
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


En Pampa del Infierno y en Las Breñas personal de la Dirección de Bosques procedió al secuestro de cuatro topadoras que realizaban desmonte ilegal. Uno de los casos fue denunciado por un vecino de la localidad y rápidamente el director de Bosques Emanuel Carrocino arbitró los medios necesarios para la realización del procedimiento en cuestión.
Uno de los operativos donde se logró el secuestro de tres topadoras, fue en la localidad de Pampa del Inferno.  
El procedimiento empezó con un informe de cambio de cobertura boscosa generado por el Departamento de Geo-Información, a través de la utilización de sistema SIG, en la parcela 719, circunscripción VI, con el cual se pidió una orden de allanamiento en el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña.
En el lugar se hizo presente personal de la Dirección de Bosques, acompañado de la Oficial de Justicia del Juzgado de Paz de Los Frentones, y la Policía Rural de Pampa del Infierno. Tras cumplirse el allanamiento se procedió al secuestro de tres topadoras caterpillar D8, las cuales estaban realizando el topado utilizando cadenas.
Se inició un expediente por Infracción a la Ley 2079-R, el cual se tramitará en la Oficina Central de la Dirección de Bosques.
En la localidad de Las Breñas, inspectores de la Dirección de Bosques detuvo otra Topadora, la cual se encontraba realizando un desmonte sin el permiso correspondiente en un predio del Departamento 9 de Julio. Esta situación, fue alertada por un vecino de la localidad de manera informal, a través de un llamado telefónico al Director de Bosques, quien de inmediato puso en marcha el procedimiento de fiscalización. Se solicitó una orden de allanamiento en el Juzgado de Garantías de Charata, quien otorgo la misma, delegando el diligenciamiento en el Oficial de Justicia del Juzgado de Paz de Las Breñas. Del procedimiento también participaron agentes de la Policía del Chaco.
En el predio inspeccionado se logró el secuestro de una topadora marca Caterpillar D8, un Rolo de 5 metros de ancho y un cajón sembrador de semillas. La infracción se constató en la Parcela 131, Circunscripción II del Departamento 9 de Julio, pero la Topadora se encontraba en un predio lindante donde quedó resguardada la misma.
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Denuncian que una máquina vial intentó un desmonte en una reserva urbana de Bariloche

Fecha de Publicación: 31/03/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Los vecinos del oeste reclamaron que las inmobiliarias venden lotes sin informar sobre las condiciones de la zona "de tanta sensibilidad ambiental".
Los vecinos de la reserva natural urbana Morenito Ezquerra denunciaron el ingreso de una máquina para desmonte en un lote de la calle Pinsa Huapi, en el barrio Parque Lago Moreno, en proximidades de la laguna Ezquerra.
Según indicaron, la máquina fue contratada por una inmobiliaria de Bariloche para facilitar la venta de un lote en esa zona desconociendo las reglamentaciones en la zona por tratarse de una reserva urbana.
Hicieron una presentación ante la Delegación Lago Moreno y en la Dirección de Bosques. Además, pidieron una multa para la inmobiliaria involucrada y la inhabilitación de la matrícula de la profesional. «Si no hay castigo, queda un precedente«, indicaron.
Al radicar la denuncia, señalaron que «la máquina ingresó a un lote propiedad de Andrea Saslavsky, sin autorización y violando la disposición provincial de uso de maquinaria pesada. Intentó la apertura de esa calle y acceder al lote, arrasando con todo a su paso y formando un talud de casi 3 metros de tierra en su trayecto».
Recordaron que 12 años atrás, Bariloche promulgó la ordenanza que crea la reserva urbana Morenito-Ezquerra, a la altura del kilómetro 19 en la avenida Bustillo. El Plan de Manejo, detallaron, dispone «evitar la remoción en gran escala de especies leñosas y movimiento de tierra masivo ya que provoca un incremento de escorrentía (agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno, lavando los suelos e ingresando materia orgánica los ambientes acuáticos)”.
«Las inmobiliarias, las empresas de alquiler de maquinarias, los colegios de profesionales y los propietarios tienen la obligación de conocer la legislación vigente antes de realizar tareas en un área protegida y de tanta sensibilidad ambiental«, indicaron en la denuncia.
Diego Mamann, uno de los vecinos que intervino, destacó que «la zona es tentadora y hay negocios inmobiliarios muy grandes. Intervienen constantemente sobre el bosque nativo».
En este último caso, Mamann dijo que «la inmobiliaria que administra el predio se tomó la atribución de abrir un camino para tener acceso a ese terreno, con costa de la Laguna Ezquerra, generando un destrozo terrible, haciendo movimientos de tierra y arrasando con la vegetación de la zona. Pero un particular no puede abrir camino a donde quiere. Esto debe ser consensuado con la Municipalidad y Bosques».
El vecino arremetió contra la inmobiliaria: «Cuando se consultó por qué no pidió los permisos correspondientes, de manera prepotente y arrogante, la responsable dijo: ‘No voy a esperar seis meses. Pago la multa y ya está´».
Insistió en que constantemente, las inmobiliarias venden lotes sin informar a los compradores sobre las condiciones de las reservas naturales. «La gente compra de buena fe sin saber qué se puede hacer. Hay un abuso por parte de las inmobiliarias. Estamos expuestos a que cada uno haga lo que quiera», dijo.
Mamann cuestionó, por otro lado, que el Municipio no cumple con la convocatoria a las comisiones mixtas entre diversos actores -entre los que se encuentran las juntas vecinales, por ejemplo- a fin de abordar estos temas. «El municipio no nos convoca desde hace dos meses y esto genera un vacío«, objetó.
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Cómo protege cada provincia a sus bosques

Fecha de Publicación: 23/03/2022
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


La norma sobre el presupuesto mínimo para resguardar los ecosistemas no se cumplió desde su sanción. Varias provincias continúan deforestando en zonas prohibidas con fines agrícolas o de desarrollos urbanos. La justicia y la sociedad civil intentan impedirlo pero las cifras no descienden.
Los bosques nativos están protegidos en el país por la ley 26.331 y en ella se establecen presupuestos mínimos para poder conservarlos, restaurarlos y aprovechar de manera sustentable los recursos del país. La norma fue pensada como una forma de organizar una acción conjunta que evite la deforestación, pero su implementación no alcanza los resultados esperados.
En diálogo con El Auditor.info, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, aseguró que la cobertura que brinda la ley es parcial, ya que si bien "la deforestación tuvo una disminución comparada con la época previa a la norma", sigue habiendo un número alto de desmontes y, en promedio, más de la mitad se da en las zonas en las que está prohibido.
Los desmontes ocurren a lo largo y a lo ancho del país, sin embargo, hay cuatro provincias que reúnen casi el 80% del total: Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta. En 2018, un relevamiento de Greenpeace mostró que en esa zona se talaron bosques por un total de 112.766 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires durante 12 meses.
Giardini también aseguró que en Santiago del Estero y Chaco se realizan procesos de desmontes selectivos en la zona marcada como amarilla (de protección media), para el desarrollo ganadero. “Ahí hay una responsabilidad de las provincias al habilitar esto cuando la ley no lo permite”, indicó.

Clasificaciones dudosas
En provincias como Formosa y Corrientes, a la hora de ordenar su mapa como pedía la ley, “pusieron más del 70% de su territorio en zona verde (baja protección), por lo tanto han dicho que se puede desmontar prácticamente en todos lados”, remarcó Giardini. Esto terminó provocando que en Formosa haya más desmontes después de la ley que antes de la misma.
Consultada por este medio, Adriana Piffaretti, supervisora en la AGN en el área de Gestión Ambiental y licenciada en Administración, sostuvo que en los informes de auditoría "insistimos con la promoción de encuentros y espacios de discusión dentro del COFEMA, abordando el proceso de ordenamiento territorial de bosques con una visión integrada para hacer nexo entre las categorías de conservación de jurisdicciones vecinas reclamando a las autoridades locales provinciales el desarrollo de normativas complementarias que generen incentivos a la preservación de los bosques nativos".
Más allá de las cuatro provincias que concentran el mayor volumen de deforestación, Giardini explicó que, por ejemplo, en Córdoba se hicieron varios desmontes para la construcción de countries y otros desarrollos urbanos a cargo de los propios municipios, aunque la potestad sobre la tierra la tiene la provincia. “En la Patagonia hubo intentos de desarrollos urbanísticos grandes pero la principal causa de deforestación fueron los incendios, que en algunos casos son naturales pero en otros tantos hubo accidentes o intencionales”, agregó.  
El ordenamiento territorial de todas las provincias sumadas da un promedio del 80% de los bosques del país protegidos y, “si se cumpliese a rajatabla, no se deberían desmontar”, aseguró Giardini.
En este sentido, Greenpeace considera que se debe penalizar el desmonte ilegal y el incendio intencionado, así como al funcionario que legaliza lo ilegal. “Debería haber una suspensión de los desmontes para las provincias que no hayan hecho su ordenamiento, como pasó con Chaco, pensando en mejorar la protección y porque Argentina firmó que para 2030 no debe haber más desmontes”, analizó Giardini.

Control
La Auditoría General de la Nación realizó varios informes sobre el tema. En un análisis de 2014 se hablaba de estas mismas cuatro provincias y se mostró que en Santiago del Estero y Salta se desmontaba sin que hubiera una audiencia pública previa. En un trabajo de 2021 se explicó que Santiago del Estero mejoró la situación y es de las pocas junto a Chaco, San Juan y Buenos Aires que tienen el mecanismo de participación ciudadana implementado.
Según Giardini, hay más panoramas alentadores. “En Salta, en los últimos tiempos están en proceso de reordenar el mapa y por esto no se autorizaron muchos desmontes pero sigue teniendo una deuda con todo lo que se permitió con los últimos gobiernos”, aseguró.
Algo similar pasa en Chaco, donde la justicia local consideró al ordenamiento territorial vencido (se debe renovar cada cinco años) y suspendió los desmontes hasta que se haga un nuevo mapa. “Igualmente el nivel de los controles es bajo, con lo cual el desmonte ilegal aumentó”, corrigió Giardini.  
El caso de Misiones es distinto al de los demás: antes de la Ley de Bosques había un alto nivel de deforestación y después de la zonificación bajó notoriamente.
La AGN también detectó debilidades que afectan a los procesos participativos, como por ejemplo, los conflictos con comunidades de pueblos originarios; falta de convocatorias más amplias; ausencia de mecanismos de difusión y de registro documental que acrediten dicho proceso. "Es bastante recurrente que las audiencias públicas, cuando se hacen, se brinde poca información, son exprés y muy pocas frenan un proyecto que ya estaba encaminado”, sostuvo Giardini. "Eso va de la mano de desmontes sobre territorios indígenas sin consentimiento de las comunidades”, agregó.
Por su parte, Piffaretti afirmó que cuando los dueños de la tierra con bosques nativos tienen una motivación económica para conservarla, "no lo cederán a los emprendimientos inmobiliarios que hacen lobby para cambiar el uso de suelo y talar cientos de hectáreas en beneficio propio, descuidando el medio ambiente". Además aseguró que son las provincias "las que deben realizar acciones para la recuperación y restauración de los bosques nativos degradados por cambios de categoría a nivel predial; y eso no sucede actualmente".

Falta de financiamiento
El organismo de control notó la falta de financiamiento que tiene la ley. En 2013 se destinó el 13,26% de lo estipulado en la norma; en 2015, el 6,21% y en 2016 el 5,26%. En el año 2020, se le asignó poco más del 3% de lo correspondiente. Hablando en concreto, ese año por cada hectárea se previó destinar $10,20 para su conservación.
“La desfinanciación de la ley no es un tema menor, ya que todos los años el Congreso da menos plata para la Ley de Bosques, eso no ayuda en los controles ni a financiar un desarrollo sustentable”, aseguró Giardini y remarcó que hay una responsabilidad compartida: “el Ejecutivo manda proyectos de presupuesto con un número menor y los legisladores no hacen nada para cambiarlo”.
En esta misma línea, Piffaretti considera que "todavía falta recorrer un camino de consensos, a nivel legislativo nacional también, para componer una demanda de política pública ambiental que requiere la urgencia de sostener este tema en una agenda prioritaria".
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