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Otra demostración científica de la toxicidad del glifosato
07:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Para un grupo de científicos cordobeses, el glifosato afecta a la biodiversidad y genera sus malezas
Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Científicos cordobeses determinaron que, aun en dosis bajas, este herbicida afecta al 70% de las especies nativas. La presión sobre la flora local provoca la aparición de plagas resistentes.
Además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el propio glifosato está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida.
Esta es la conclusión más importante de un trabajo realizado por científicos del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, perteneciente al Conicet y a la Universidad Nacional de Córdoba) y publicado hace unos días en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety.
Los investigadores analizaron los efectos del glifosato, el herbicida más usado en Argentina, en 23 especies nativas del bosque chaqueño cordobés.
Recolectaron semillas de remanentes de montes ubicados en zonas agrícolas de Río Ceballos, de Colonia Caroya y de San Agustín. Luego las hicieron germinar en un invernadero y aplicaron diferentes dosis del herbicida.
El 70 por ciento de las especies murieron o tuvieron efectos subletales (dificultades para crecer) cuando se les aplicó un cuarto de la dosis de glifosato recomendada para uso agrícola.
Esta proporción es la cantidad de herbicida que podría llegar a un relicto de bosque nativo producto de la deriva ocasionada durante la fumigación de un campo cercano.
Con la mitad de la dosis recomendada, el porcentaje de plantas nativas afectadas fue del 92 por ciento. Estos efectos fueron observados en los plantines luego de 21 días de vida.
Analizaron especies herbáceas, arbustos y árboles, como tala y aromillo.
Estos resultados siguen la tendencia observada en otros estudios realizados en otras regiones biogeográficas.
Entre los efectos negativos de esta práctica, está la pérdida de biodiversidad en estos relictos de bosque nativo, como también cambios en la estructura y la composición de las comunidades naturales. “Las especies más sensibles podrían sufrir extinciones locales”, indica el trabajo.
Pero hay un efecto inesperado: la generación de malezas debido a la exposición constante y a las bajas dosis de glifosato.
“Esta estrategia repetida puede causar una gran presión para seleccionar biotipos y una resistencia posterior al herbicida”, explica el trabajo.
Y agrega: “Nuestros resultados sugieren el desarrollo de biotipos tolerantes en muchas especies de bosques del chaco. Algunas de estas especies nativas pueden ?potencialmente convertirse en malezas”.
Leonardo Galetto, uno de los autores del estudio, asegura que la aparición de malezas resistentes ya se viene dando hace varios años.
Un ejemplo es la campanita ( Ipomoea purpúrea ), una enredadera de flor azul a violeta que ya está invadiendo los campos.
Los investigadores vieron que, aunque muchas especies mueren, también muestran un gradiente de tolerancia al herbicida.
“Esto se debe quizá a que ya hay una historia de 20 años de exposición al glifosato, y algunos biotipos se vuelven resistentes”, explica Galetto.
Y agrega: “Numerosos estudios a nivel global indican el potencial que tienen dosis muy bajas de glifosato para seleccionar rápidamente biotipos con altos niveles de resistencia”, dice.
Otras malezas nativas que ya sufren los campos cordobeses son diferentes especies nativas de la familia de los amarantos, las rubiáceas y las malváceas.
“El manejo agronómico actual termina complicando tanto la conservación de la flora nativa como la producción al seleccionarse germoplasma que se vuelve resistente al glifosato y comienza a invadir los campos. Son malezas inmanejables para los agricultores”, explica Galetto.
Recomendaciones
Galetto señala algunas recomendaciones que surgen de este trabajo, como lograr un mayor apego de los productores a las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos.
Por ejemplo, aplicarlos en días sin viento, con una modalidad y cantidades de producto recomendadas en el momento del ciclo del cultivo apropiado y en el sector del lote en que es necesario.
También plantea que se deberían crear zonas “ buffer ” cercanas a estos relictos de monte donde se prohíba la fumigación.
Galetto cree que quizá ya es hora de repensar si a largo plazo esta tecnología y este modelo de producción son los mejores.
“Nos debemos un debate como sociedad para explorar otras opciones que son tanto o más exitosas que las que se implementan actualmente, para mantener una renta en la producción de cultivos y cuidar el capital natural del que disponemos”, reflexiona.
El grupo de investigación. Integrantes: Leonardo Galetto, Florencia Ferreira y Carolina Torres, del Imbiv, y Enzo Bracamonte, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Fecha de Publicación: 14/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
Científicos cordobeses determinaron que, aun en dosis bajas, este herbicida afecta al 70% de las especies nativas. La presión sobre la flora local provoca la aparición de plagas resistentes.
Además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el propio glifosato está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida.
Esta es la conclusión más importante de un trabajo realizado por científicos del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, perteneciente al Conicet y a la Universidad Nacional de Córdoba) y publicado hace unos días en la revista Ecotoxicology and Environmental Safety.
Los investigadores analizaron los efectos del glifosato, el herbicida más usado en Argentina, en 23 especies nativas del bosque chaqueño cordobés.
Recolectaron semillas de remanentes de montes ubicados en zonas agrícolas de Río Ceballos, de Colonia Caroya y de San Agustín. Luego las hicieron germinar en un invernadero y aplicaron diferentes dosis del herbicida.
El 70 por ciento de las especies murieron o tuvieron efectos subletales (dificultades para crecer) cuando se les aplicó un cuarto de la dosis de glifosato recomendada para uso agrícola.
Esta proporción es la cantidad de herbicida que podría llegar a un relicto de bosque nativo producto de la deriva ocasionada durante la fumigación de un campo cercano.
Con la mitad de la dosis recomendada, el porcentaje de plantas nativas afectadas fue del 92 por ciento. Estos efectos fueron observados en los plantines luego de 21 días de vida.
Analizaron especies herbáceas, arbustos y árboles, como tala y aromillo.
Estos resultados siguen la tendencia observada en otros estudios realizados en otras regiones biogeográficas.
Entre los efectos negativos de esta práctica, está la pérdida de biodiversidad en estos relictos de bosque nativo, como también cambios en la estructura y la composición de las comunidades naturales. “Las especies más sensibles podrían sufrir extinciones locales”, indica el trabajo.
Pero hay un efecto inesperado: la generación de malezas debido a la exposición constante y a las bajas dosis de glifosato.
“Esta estrategia repetida puede causar una gran presión para seleccionar biotipos y una resistencia posterior al herbicida”, explica el trabajo.
Y agrega: “Nuestros resultados sugieren el desarrollo de biotipos tolerantes en muchas especies de bosques del chaco. Algunas de estas especies nativas pueden ?potencialmente convertirse en malezas”.
Leonardo Galetto, uno de los autores del estudio, asegura que la aparición de malezas resistentes ya se viene dando hace varios años.
Un ejemplo es la campanita ( Ipomoea purpúrea ), una enredadera de flor azul a violeta que ya está invadiendo los campos.
Los investigadores vieron que, aunque muchas especies mueren, también muestran un gradiente de tolerancia al herbicida.
“Esto se debe quizá a que ya hay una historia de 20 años de exposición al glifosato, y algunos biotipos se vuelven resistentes”, explica Galetto.
Y agrega: “Numerosos estudios a nivel global indican el potencial que tienen dosis muy bajas de glifosato para seleccionar rápidamente biotipos con altos niveles de resistencia”, dice.
Otras malezas nativas que ya sufren los campos cordobeses son diferentes especies nativas de la familia de los amarantos, las rubiáceas y las malváceas.
“El manejo agronómico actual termina complicando tanto la conservación de la flora nativa como la producción al seleccionarse germoplasma que se vuelve resistente al glifosato y comienza a invadir los campos. Son malezas inmanejables para los agricultores”, explica Galetto.
Recomendaciones
Galetto señala algunas recomendaciones que surgen de este trabajo, como lograr un mayor apego de los productores a las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos.
Por ejemplo, aplicarlos en días sin viento, con una modalidad y cantidades de producto recomendadas en el momento del ciclo del cultivo apropiado y en el sector del lote en que es necesario.
También plantea que se deberían crear zonas “ buffer ” cercanas a estos relictos de monte donde se prohíba la fumigación.
Galetto cree que quizá ya es hora de repensar si a largo plazo esta tecnología y este modelo de producción son los mejores.
“Nos debemos un debate como sociedad para explorar otras opciones que son tanto o más exitosas que las que se implementan actualmente, para mantener una renta en la producción de cultivos y cuidar el capital natural del que disponemos”, reflexiona.
El grupo de investigación. Integrantes: Leonardo Galetto, Florencia Ferreira y Carolina Torres, del Imbiv, y Enzo Bracamonte, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Las tormentas de Córdoba son dignas de estudio
U$S 30 millones para estudiar las tormentas cordobesas, las más poderosas del mundo
Fecha de Publicación: 07/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Varias instituciones científicas de Estados Unidos financiarán el proyecto, que tendrá su centro de operaciones en Córdoba. Servirá para mejorar los pronósticos de eventos extremos a nivel global y para ayudar a las regiones agrícolas. Participan investigadores de la UNC.
Una amplia zona de Argentina, que incluye a nuestra provincia, es testigo de las tormentas más poderosas del mundo.
Entender cómo se forman y se desarrollan es clave para mejorar los pronósticos, en especial sobre eventos serios. Un equipo internacional destinará 30 millones de dólares para esta misión.
El proyecto Relámpago tendrá su centro de operaciones cerca de la ciudad de Córdoba.
“Este conocimiento redundará en beneficios para hacer prevención y alerta de tormentas serias. Pero primero tenemos que conocer, entender y cuantificar estos fenómenos”, explica Eldo Ávila, investigador del Grupo de Física de la Atmósfera de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la UNC.
Además de este equipo, por la UNC participará el Centro de Estudios y Tecnología del Agua de la Facultad de Ciencias Exactas.
De Argentina también participarán otros investigadores del Conicet y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las más fuertes
Según la hipótesis más consensuada, el poder de las tormentas en esta región se debe a una combinación de los vientos altamente húmedos que vienen del Amazonas, los cuales chocan contra distintas zonas montañosas de Argentina y suben con gran energía (proceso llamado convección) para luego producir nubes muy altas y cargadas energéticamente.
Las características que las hacen especiales son su gran desarrollo vertical (la nubosidad tiene varios kilómetros de alto), precipitaciones intensas y, sobre todo, gran actividad eléctrica.
Según Ávila, las sierras de Córdoba juegan un rol clave, ya que buena parte de estas tormentas extremas se origina gracias a nuestras Altas Cumbres.
El investigador señala que el proyecto Relámpago es una oportunidad única para trabajar con los científicos más prestigiosos del mundo. “Vamos a disponer de instrumentos de medición que ni siquiera en sueños uno se podría imaginar”, asegura.
Gran parte de la iniciativa estará financiada por la Fundación Nacional para la Ciencia, el Departamento de Energía, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Nasa, todas instituciones de Estados Unidos.
Interés mundial
“Más que un interés de Estados Unidos, los científicos de todo el mundo están entusiasmados por desentrañar cómo son las tormentas más intensas del planeta”, dice Ávila.
Steve Nesbitt, profesor de la Universidad de Illinois del país de Norteamérica, es el investigador principal del proyecto.
“Con esta investigación estaremos ayudando a las regiones agrícolas afectadas por el granizo y las inundaciones y se podrá determinar qué infraestructura local necesitan para ser más resistentes ante estos peligros”, dice.
Aunque el proyecto se centrará en un área pequeña (Córdoba y Mendoza), los resultados serán cruciales para una comprensión más global del clima.
“Una vez que se cree un modelo más preciso a partir de estos datos, podría utilizarse en otras áreas del mundo, lo que ayudaría a muchas regiones agrícolas a evitar la pérdida de cultivos”, detalla el investigador.
Explica que en muchas regiones agrícolas las tormentas eléctricas del verano son las lluvias primarias, por lo que es vital predecir este tipo de impactos y cómo la agricultura puede verse afectada por el cambio climático.
Además del centro de operaciones cordobés, se distribuirán instrumentos móviles de medición, como radares y globos meteorológicos, por todo el territorio.
“Vamos a necesitar la buena voluntad y colaboración de los habitantes de las localidades donde se instalen estos equipos”, asegura Ávila.
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Fecha de Publicación: 07/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Varias instituciones científicas de Estados Unidos financiarán el proyecto, que tendrá su centro de operaciones en Córdoba. Servirá para mejorar los pronósticos de eventos extremos a nivel global y para ayudar a las regiones agrícolas. Participan investigadores de la UNC.
Una amplia zona de Argentina, que incluye a nuestra provincia, es testigo de las tormentas más poderosas del mundo.
Entender cómo se forman y se desarrollan es clave para mejorar los pronósticos, en especial sobre eventos serios. Un equipo internacional destinará 30 millones de dólares para esta misión.
El proyecto Relámpago tendrá su centro de operaciones cerca de la ciudad de Córdoba.
“Este conocimiento redundará en beneficios para hacer prevención y alerta de tormentas serias. Pero primero tenemos que conocer, entender y cuantificar estos fenómenos”, explica Eldo Ávila, investigador del Grupo de Física de la Atmósfera de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la UNC.
Además de este equipo, por la UNC participará el Centro de Estudios y Tecnología del Agua de la Facultad de Ciencias Exactas.
De Argentina también participarán otros investigadores del Conicet y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las más fuertes
Según la hipótesis más consensuada, el poder de las tormentas en esta región se debe a una combinación de los vientos altamente húmedos que vienen del Amazonas, los cuales chocan contra distintas zonas montañosas de Argentina y suben con gran energía (proceso llamado convección) para luego producir nubes muy altas y cargadas energéticamente.
Las características que las hacen especiales son su gran desarrollo vertical (la nubosidad tiene varios kilómetros de alto), precipitaciones intensas y, sobre todo, gran actividad eléctrica.
Según Ávila, las sierras de Córdoba juegan un rol clave, ya que buena parte de estas tormentas extremas se origina gracias a nuestras Altas Cumbres.
El investigador señala que el proyecto Relámpago es una oportunidad única para trabajar con los científicos más prestigiosos del mundo. “Vamos a disponer de instrumentos de medición que ni siquiera en sueños uno se podría imaginar”, asegura.
Gran parte de la iniciativa estará financiada por la Fundación Nacional para la Ciencia, el Departamento de Energía, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Nasa, todas instituciones de Estados Unidos.
Interés mundial
“Más que un interés de Estados Unidos, los científicos de todo el mundo están entusiasmados por desentrañar cómo son las tormentas más intensas del planeta”, dice Ávila.
Steve Nesbitt, profesor de la Universidad de Illinois del país de Norteamérica, es el investigador principal del proyecto.
“Con esta investigación estaremos ayudando a las regiones agrícolas afectadas por el granizo y las inundaciones y se podrá determinar qué infraestructura local necesitan para ser más resistentes ante estos peligros”, dice.
Aunque el proyecto se centrará en un área pequeña (Córdoba y Mendoza), los resultados serán cruciales para una comprensión más global del clima.
“Una vez que se cree un modelo más preciso a partir de estos datos, podría utilizarse en otras áreas del mundo, lo que ayudaría a muchas regiones agrícolas a evitar la pérdida de cultivos”, detalla el investigador.
Explica que en muchas regiones agrícolas las tormentas eléctricas del verano son las lluvias primarias, por lo que es vital predecir este tipo de impactos y cómo la agricultura puede verse afectada por el cambio climático.
Además del centro de operaciones cordobés, se distribuirán instrumentos móviles de medición, como radares y globos meteorológicos, por todo el territorio.
“Vamos a necesitar la buena voluntad y colaboración de los habitantes de las localidades donde se instalen estos equipos”, asegura Ávila.
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"Somos el monte que marcha"
Un mosaico de reclamos por los montes
Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El miércoles pasado se realizó la última marcha contra el desmonte, en Córdoba. El próximo jueves se realiza otra de comunidades indígenas en Tucumán por un violento desalojo. Buscan poner freno a la destrucción de la naturaleza
Miles de personas marchan en defensa de los bosques nativos en Córdoba. Comunidades indígenas caminan siete días en defensa de sus territorios en Jujuy. Organizaciones sociales y Pueblo Mapuche de pie frente a petroleras en Neuquén. Comunidades diaguitas de Tucumán marchan contra el Poder Judicial. Sólo un puñado de movilizaciones que suceden en toda la Argentina y que tiene un punto en común: la defensa del territorio frente a empresas y funcionarios (políticos y judiciales).
Las entidades del agronegocio y el gobierno de Córdoba impulsan desde 2016 una nueva ley de bosques, para posibilitar el avance empresario sobre los últimos restos de monte nativo que quedan en la provincia. Según datos oficiales, Córdoba cuenta con sólo el tres por ciento del bosque que tenía a inicios del Siglo XX. Ya en 2010, burlando todo un proceso participativo que había incluido audiencias públicas y participación plural, el gobierno de Juan Schiaretti aprobó una legislación bautizada “la ley desmonte”, en sintonía con los pedidos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez/CRA), Sociedad Rural y sectores de Federación Agraria.
Sucedieron media docena de graves inundaciones y hasta aludes (también por la especulación inmobiliaria, que desmonta en los cerros). “Fue un tsunami que se vino del cielo”, fue la excusa del gobernador José Manuel De la Sota ante las inundaciones de 2015. Al año siguiente, nuevamente Juan Schiaretti gobernador, intentó una nueva legislación para avanzar sobre los bosques.
“No aceptaremos el capricho de políticos y empresarios. Estamos acá porque sabemos que menos bosques significa más inundaciones. Marchamos en pos de la vida y por la real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio que habitamos”, explicó el documento de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona), que reúne a un centenar de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles y asamblearias.
El miércoles 28 de junio hubo una multitudinaria marcha en la capital de Córdoba. Fue la tercera manifestación masiva por los bosques en sólo siete meses (las otras fueron en diciembre y marzo). Con miles en la calle, la Codebona ya contabiliza al menos tres logros: freno momentáneo de la ley (el oficialismo la pospuso para luego de las elecciones), instaló en la agenda la importancia del bosque y explicitaron que ningún color partidario tiene vía libre para avanzar con el extractivismo (agronegocio, megaminería).
En Jujuy, durante siete días caminaron 300 kilómetros una treintena de comunidades originarias nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, en reclamo por sus territorios, en denuncia por la violación sistemática de los derechos indígenas. Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias. Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio).
En Jujuy intentan avanzar con la minería de litio (incluso con sectores científicos que desoyen la opinión de las comunidades originarias que viven en el lugar) y con el proyecto minero Chinchillas, de plata y estaño, en mano de la multinacional Silver Standard (en sociedad con Golden Arrow). “Están afectando el monumento natural Laguna de los Pozuelos y violan todos nuestros derechos. Pero seguiremos marchando, luchando hasta el último suspiro”, advirtió Mercedes Maidana, de la Asamblea de Indígenas Libres.
En Neuquén se realizó en junio un encuentro multisectorial impulsado por el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Participaron medio centenar de organizaciones sociales, asambleas, feministas, comunidades mapuches, organismos de derechos humanos, partidos políticos, investigadores y referentes de México, Colombia, México, Estados Unidos e Inglaterra. “Es necesario que las corporaciones y gobiernos reparen el daño cometido y evitar que se sigan cometiendo. Es necesario parar el fracking ya y frenar el megaproyecto Vaca Muerta, que no es más ni menos que una de las etapas superiores y más integrales del extractivismo”, exige el documento consensuado, llamado “declaración de Vista Alegre” (localidad neuquina que rechaza la avanzada petrolera sobre las chacras).
Mendoza cuenta con una ley (número 7722) que limita la megaminería. Desde hace años que el sector empresario impulsa su derogación. El caso llegó hasta el máximo tribunal provincial, que en 2015 confirmó la constitucionalidad de la ley y su vigencia. Aún así, el lobby empresario y Gobierno buscan derogar la legislación. Las asambleas socioambientales se movilizaron en numerosas oportunidades. La última, en General Alvear, inauguraron un monumento a la ley. “Defendemos el agua y la vida”, resume la placa conmemorativa, que también es bandera de las asambleas mendocinas.
El gobierno informó en mayo la construcción de una central nuclear en Río Negro. Y generó el inmediato rechazo de las asambleas, organizaciones y comunidades, que volvieron a flamear la bandera “en la Patagonia no”, nacida en la década del 80 y mantenida durante los 90, cuando los distintos gobiernos intentaron instalar un basurero nuclear en Chubut. La Unión de Asambleas Patagónicas se manifestó en junio ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), reunido en Bariloche, y afirmó: “Más allá de la decisión del gobierno argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos la planta nuclear por inconsulta, arbitraria e ilegítima, y por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa”.
La Comunidad India Colalao de Tucumán sufrió el 28 de junio un violento desalojo, que incluyó decenas de policías e infantería. Denunciaron una escalada de violencia, que tiene como principal impulsor a jueces y fiscales. El próximo 6 de julio marcharán comunidades indígenas de toda la provincia hasta los tribunales de la capital provincial. Ivana Morales, de la comunidad diaguita, afirmó que en todo el país son violados los derechos indígenas para explotar los recursos naturales: “Esto no termina acá. Llevamos 525 años resistiendo. Y en 2017 continúa la lucha”.
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Fecha de Publicación: 04/07/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El miércoles pasado se realizó la última marcha contra el desmonte, en Córdoba. El próximo jueves se realiza otra de comunidades indígenas en Tucumán por un violento desalojo. Buscan poner freno a la destrucción de la naturaleza
Miles de personas marchan en defensa de los bosques nativos en Córdoba. Comunidades indígenas caminan siete días en defensa de sus territorios en Jujuy. Organizaciones sociales y Pueblo Mapuche de pie frente a petroleras en Neuquén. Comunidades diaguitas de Tucumán marchan contra el Poder Judicial. Sólo un puñado de movilizaciones que suceden en toda la Argentina y que tiene un punto en común: la defensa del territorio frente a empresas y funcionarios (políticos y judiciales).
Las entidades del agronegocio y el gobierno de Córdoba impulsan desde 2016 una nueva ley de bosques, para posibilitar el avance empresario sobre los últimos restos de monte nativo que quedan en la provincia. Según datos oficiales, Córdoba cuenta con sólo el tres por ciento del bosque que tenía a inicios del Siglo XX. Ya en 2010, burlando todo un proceso participativo que había incluido audiencias públicas y participación plural, el gobierno de Juan Schiaretti aprobó una legislación bautizada “la ley desmonte”, en sintonía con los pedidos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez/CRA), Sociedad Rural y sectores de Federación Agraria.
Sucedieron media docena de graves inundaciones y hasta aludes (también por la especulación inmobiliaria, que desmonta en los cerros). “Fue un tsunami que se vino del cielo”, fue la excusa del gobernador José Manuel De la Sota ante las inundaciones de 2015. Al año siguiente, nuevamente Juan Schiaretti gobernador, intentó una nueva legislación para avanzar sobre los bosques.
“No aceptaremos el capricho de políticos y empresarios. Estamos acá porque sabemos que menos bosques significa más inundaciones. Marchamos en pos de la vida y por la real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio que habitamos”, explicó el documento de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona), que reúne a un centenar de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles y asamblearias.
El miércoles 28 de junio hubo una multitudinaria marcha en la capital de Córdoba. Fue la tercera manifestación masiva por los bosques en sólo siete meses (las otras fueron en diciembre y marzo). Con miles en la calle, la Codebona ya contabiliza al menos tres logros: freno momentáneo de la ley (el oficialismo la pospuso para luego de las elecciones), instaló en la agenda la importancia del bosque y explicitaron que ningún color partidario tiene vía libre para avanzar con el extractivismo (agronegocio, megaminería).
En Jujuy, durante siete días caminaron 300 kilómetros una treintena de comunidades originarias nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, en reclamo por sus territorios, en denuncia por la violación sistemática de los derechos indígenas. Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias. Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio).
En Jujuy intentan avanzar con la minería de litio (incluso con sectores científicos que desoyen la opinión de las comunidades originarias que viven en el lugar) y con el proyecto minero Chinchillas, de plata y estaño, en mano de la multinacional Silver Standard (en sociedad con Golden Arrow). “Están afectando el monumento natural Laguna de los Pozuelos y violan todos nuestros derechos. Pero seguiremos marchando, luchando hasta el último suspiro”, advirtió Mercedes Maidana, de la Asamblea de Indígenas Libres.
En Neuquén se realizó en junio un encuentro multisectorial impulsado por el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Participaron medio centenar de organizaciones sociales, asambleas, feministas, comunidades mapuches, organismos de derechos humanos, partidos políticos, investigadores y referentes de México, Colombia, México, Estados Unidos e Inglaterra. “Es necesario que las corporaciones y gobiernos reparen el daño cometido y evitar que se sigan cometiendo. Es necesario parar el fracking ya y frenar el megaproyecto Vaca Muerta, que no es más ni menos que una de las etapas superiores y más integrales del extractivismo”, exige el documento consensuado, llamado “declaración de Vista Alegre” (localidad neuquina que rechaza la avanzada petrolera sobre las chacras).
Mendoza cuenta con una ley (número 7722) que limita la megaminería. Desde hace años que el sector empresario impulsa su derogación. El caso llegó hasta el máximo tribunal provincial, que en 2015 confirmó la constitucionalidad de la ley y su vigencia. Aún así, el lobby empresario y Gobierno buscan derogar la legislación. Las asambleas socioambientales se movilizaron en numerosas oportunidades. La última, en General Alvear, inauguraron un monumento a la ley. “Defendemos el agua y la vida”, resume la placa conmemorativa, que también es bandera de las asambleas mendocinas.
El gobierno informó en mayo la construcción de una central nuclear en Río Negro. Y generó el inmediato rechazo de las asambleas, organizaciones y comunidades, que volvieron a flamear la bandera “en la Patagonia no”, nacida en la década del 80 y mantenida durante los 90, cuando los distintos gobiernos intentaron instalar un basurero nuclear en Chubut. La Unión de Asambleas Patagónicas se manifestó en junio ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), reunido en Bariloche, y afirmó: “Más allá de la decisión del gobierno argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos la planta nuclear por inconsulta, arbitraria e ilegítima, y por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa”.
La Comunidad India Colalao de Tucumán sufrió el 28 de junio un violento desalojo, que incluyó decenas de policías e infantería. Denunciaron una escalada de violencia, que tiene como principal impulsor a jueces y fiscales. El próximo 6 de julio marcharán comunidades indígenas de toda la provincia hasta los tribunales de la capital provincial. Ivana Morales, de la comunidad diaguita, afirmó que en todo el país son violados los derechos indígenas para explotar los recursos naturales: “Esto no termina acá. Llevamos 525 años resistiendo. Y en 2017 continúa la lucha”.
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Córdoba nuevamente marchó para proteger su monte
Organizaciones ambientales marcharon en defensa de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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Campesinos denuncian desmontes en el norte cordobes
Denuncian desmontes con agrotóxicos en el campo La Libertad
Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
La comunidad campesina de La libertad, ubicada en el departamento Ischilín, donde habitan más de 30 familias denunciaron el desmonte de bosque nativo por parte de la empresa Petrocord, que accedió a las tierras por una subasta en 2014.
La comunidad campesina de La libertad, ubicada cerca de Quilino -departamento Ischilín-, denuncia un desmonte total realizado por la empresa que compró los títulos de estos campos en una subasta en 2014.
En el lugar viven más de 30 familias campesinas que reclaman derecho posesorio sobre esas tierras. El desmonte fue detectado por los campesinos hace unos 15 días. La zona afectada está a unos ocho kilómetros al oeste de las viviendas.
Desde el Movimiento Campesino Córdoba (MCC) aseguran que son frecuentes los intentos de desalojo realizados por la empresa Petrocord. “Denunciamos a la firma Petrocord de desmontar 441 hectáreas destrozando el bosque nativo en zona roja, utilizando agrotóxicos, poniendo en marcha su proyecto en base a despojo de las familias campesinas”, indicaron a través de un comunicado.
Y agrega: “Se trata de un monte ancestral arrasado por tractor-topadora, rolo, con uso de agrotóxicos y quema de ejemplares de gran valor de quebracho blanco. Todo esto sin cumplimentar condiciones de mínimos de cobertura leñosa remanente de estratos arbóreos y selectividad. En sectores, las arbóreas remanentes no alcanzan el 5 por ciento”.
Por su parte, Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de Córdoba, aseguró a la prensa que la zona del desmonte fue detectada entre marzo y junio y la empresa está autorizada para realizar un desmonte selectivo.
De todas formas, el uso de agroquímicos para desmontar está prohibido por ley, por lo que Policía Ambiental podría visitar el sitio para constatar lo que realmente sucedió."Nosotros detectamos un desmonte selectivo realizado con máquinas", indicó.
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Fecha de Publicación: 28/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
La comunidad campesina de La libertad, ubicada en el departamento Ischilín, donde habitan más de 30 familias denunciaron el desmonte de bosque nativo por parte de la empresa Petrocord, que accedió a las tierras por una subasta en 2014.
La comunidad campesina de La libertad, ubicada cerca de Quilino -departamento Ischilín-, denuncia un desmonte total realizado por la empresa que compró los títulos de estos campos en una subasta en 2014.
En el lugar viven más de 30 familias campesinas que reclaman derecho posesorio sobre esas tierras. El desmonte fue detectado por los campesinos hace unos 15 días. La zona afectada está a unos ocho kilómetros al oeste de las viviendas.
Desde el Movimiento Campesino Córdoba (MCC) aseguran que son frecuentes los intentos de desalojo realizados por la empresa Petrocord. “Denunciamos a la firma Petrocord de desmontar 441 hectáreas destrozando el bosque nativo en zona roja, utilizando agrotóxicos, poniendo en marcha su proyecto en base a despojo de las familias campesinas”, indicaron a través de un comunicado.
Y agrega: “Se trata de un monte ancestral arrasado por tractor-topadora, rolo, con uso de agrotóxicos y quema de ejemplares de gran valor de quebracho blanco. Todo esto sin cumplimentar condiciones de mínimos de cobertura leñosa remanente de estratos arbóreos y selectividad. En sectores, las arbóreas remanentes no alcanzan el 5 por ciento”.
Por su parte, Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental de Córdoba, aseguró a la prensa que la zona del desmonte fue detectada entre marzo y junio y la empresa está autorizada para realizar un desmonte selectivo.
De todas formas, el uso de agroquímicos para desmontar está prohibido por ley, por lo que Policía Ambiental podría visitar el sitio para constatar lo que realmente sucedió."Nosotros detectamos un desmonte selectivo realizado con máquinas", indicó.
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Justicia frena plan minero en reserva hídrica de Córdoba
Los Gigantes: la Justicia investigará la instalación de la mina Nacar
Fecha de Publicación: 19/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Luego que la Justicia aceptara el amparo presentado por el Club Andino Córdoba, la Federación Cordobesa de Montaña y Escalada y el ecologista Ricardo Suárez, ahora iniciará una investigación para determinar si se aprueba o rechaza este emprendimiento.
La Justicia aceptó el amparo presentado contra la instalación de la mina Nácar en el macizo Los Gigantes, y ahora iniciará una investigación para determinar si se aprueba o rechaza el emprendimiento que fuera autorizado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, según informó el Diario de Carlos Paz.
Luego que se suspendiera la Audiencia Pública que debía realizarse en el Tanti Sierras Club, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación realizó una audiencia por el amparo que presentó el Club Andino Córdoba, la Federación Cordobesa de Montaña y Escalada y el ecologista Ricardo Suárez.
Los denunciantes manifestaron que no existe ninguna posibilidad de que la mina se instale en una reserva hídrica y expusieron las pruebas técnicas y legales. Por su parte, desde la Secretaría de Minería y la Secretaría de Ambiente insistieron en que la ley respalda el emprendimiento y argumentaron que esa zona de Los Gigantes no alberga gran cantidad de especies arbóreas.
La jueza hizo lugar al amparo y la posición del gobierno provincial fue refutada por los amparistas, quienes buscará evitar que se comprometa ambientalmente la zona y se impida la extracción de cuarzo y feldespato. Asimismo,se exige la presentación del estudio de impacto ambiental.
La mayor preocupación de los habitantes de Punilla y las organizaciones ambientalistas, es que el macizo alberga la naciente de numerosos ríos y se constituye como una reserva de flora y fauna autóctona, al tiempo que reviste de un marcado carácter turístico y deportivo. En ese sentido, no sólo se atentaría contra el medioambiente sino también contra los intereses de numerosos operadores turísticos de la región y se abre la puerta a otros proyectos mineros.
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Fecha de Publicación: 19/06/2017
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Luego que la Justicia aceptara el amparo presentado por el Club Andino Córdoba, la Federación Cordobesa de Montaña y Escalada y el ecologista Ricardo Suárez, ahora iniciará una investigación para determinar si se aprueba o rechaza este emprendimiento.
La Justicia aceptó el amparo presentado contra la instalación de la mina Nácar en el macizo Los Gigantes, y ahora iniciará una investigación para determinar si se aprueba o rechaza el emprendimiento que fuera autorizado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, según informó el Diario de Carlos Paz.
Luego que se suspendiera la Audiencia Pública que debía realizarse en el Tanti Sierras Club, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación realizó una audiencia por el amparo que presentó el Club Andino Córdoba, la Federación Cordobesa de Montaña y Escalada y el ecologista Ricardo Suárez.
Los denunciantes manifestaron que no existe ninguna posibilidad de que la mina se instale en una reserva hídrica y expusieron las pruebas técnicas y legales. Por su parte, desde la Secretaría de Minería y la Secretaría de Ambiente insistieron en que la ley respalda el emprendimiento y argumentaron que esa zona de Los Gigantes no alberga gran cantidad de especies arbóreas.
La jueza hizo lugar al amparo y la posición del gobierno provincial fue refutada por los amparistas, quienes buscará evitar que se comprometa ambientalmente la zona y se impida la extracción de cuarzo y feldespato. Asimismo,se exige la presentación del estudio de impacto ambiental.
La mayor preocupación de los habitantes de Punilla y las organizaciones ambientalistas, es que el macizo alberga la naciente de numerosos ríos y se constituye como una reserva de flora y fauna autóctona, al tiempo que reviste de un marcado carácter turístico y deportivo. En ese sentido, no sólo se atentaría contra el medioambiente sino también contra los intereses de numerosos operadores turísticos de la región y se abre la puerta a otros proyectos mineros.
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Córdoba: "desarrollista" condenado a remediar
Ordenan a GAMA y a la Provincia remediar desmonte
Fecha de Publicación: 08/06/2017
Fuente: CBA 24
Provincia/Región: Córdoba
La Justicia de primera instancia consideró inconstitucional la habilitación del country "El Dorado" en San Antonio.
La empresa Gama deberá remediar el predio de San Antonio de Arredondo, en el que dispuso la construcción del country "El Dorado", por la destrucción del bosque nativo.
Así lo dispuso Viviana Rodríguez, jueza de Segunda Nominación de la ciudad de Carlos Paz, al considerar inconstitucional la autorización que emitió el Municipio de San Antonio en 2012.
Sobre los fundamentos de la Ley nacional Nº 26.391 y provincial Nº 9.814 la funcionaria judicial declaró a las 56 hectáreas como zona amarilla lo cual impide realizar desmontes.
Además la magistrada estableció un plazo de 180 días para concretar la reparación ambiental e involucró a la Provincia en los trabajos necesarios.
El dictamen judicial respondió al recurso de amparo que presentó la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) contra la firma privada, el municipio y el gobierno provincial.
Según el fallo de la jueza Rodríguez, la empresa deberá "recomponer el daño ambiental producido por el desmonte llevado adelante en el predio, en un plazo de 180 días a partir de que quede firme la presente resolución, previo relevamiento del daño que deberá realizarse en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Bosques de la Provincia de Córdoba”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2017
Fuente: CBA 24
Provincia/Región: Córdoba
La Justicia de primera instancia consideró inconstitucional la habilitación del country "El Dorado" en San Antonio.
La empresa Gama deberá remediar el predio de San Antonio de Arredondo, en el que dispuso la construcción del country "El Dorado", por la destrucción del bosque nativo.
Así lo dispuso Viviana Rodríguez, jueza de Segunda Nominación de la ciudad de Carlos Paz, al considerar inconstitucional la autorización que emitió el Municipio de San Antonio en 2012.
Sobre los fundamentos de la Ley nacional Nº 26.391 y provincial Nº 9.814 la funcionaria judicial declaró a las 56 hectáreas como zona amarilla lo cual impide realizar desmontes.
Además la magistrada estableció un plazo de 180 días para concretar la reparación ambiental e involucró a la Provincia en los trabajos necesarios.
El dictamen judicial respondió al recurso de amparo que presentó la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) contra la firma privada, el municipio y el gobierno provincial.
Según el fallo de la jueza Rodríguez, la empresa deberá "recomponer el daño ambiental producido por el desmonte llevado adelante en el predio, en un plazo de 180 días a partir de que quede firme la presente resolución, previo relevamiento del daño que deberá realizarse en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Bosques de la Provincia de Córdoba”.
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Córdoba: científicos rechazan herramienta de bosques
Bosques: investigadores cuestionan el método propuesto para cambiar el mapa
Fecha de Publicación: 30/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia presentó en la UNC la metodología para actualizar el anexo de la ley de bosques que debe ser modificado. Algunos docentes aseguran que hay muchas dudas y que no tiene sustento científico.
Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba criticaron la herramienta que la Provincia quiere utilizar para crear el nuevo mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo.
La presentación de la herramienta estuvo a cargo de Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia el miércoles pasado. Los investigadores salieron con más dudas que certezas de la reunión.
La Provincia realizó presentaciones similares en las otras universidades nacionales de la provincia. “Están buscando que las universidades validen la posibilidad de sacar una ley en el corto plazo”, comentó Marcelo Cabido, docente e investigador de Conicet, experto en el tema.
La herramienta cuenta con 13 capas de diferentes variables georreferenciadas como la cobertura vegetal, la pendiente del suelo, recursos hídricos, fauna, capacidad de uso de los suelos y otras.
El objetivo es ponderar cada capa para determinar qué nivel de protección le corresponde a cada sector de bosque nativo. Cabido indicó que la metodología se trata de una “entelequia”. “Es una creación intelectual irreal sin sustento científico”, indicó.
Por su parte, Fernando Barri, docente de la UNC e investigador de Conicet, cuestionó que entre las capas no figurara ninguna con la superficie desmontada desde 2007 a la fecha. “Sin esa capa, la superficie desmontada ilegalmente pasaría a ser blanca en el nuevo mapa, con lo cual no tendría ninguna protección”, indicó Barri.
Según Cabido, crear esa capa sería sencillo de elaborar, al contrario de lo que aseguraron desde la Provincia. Según Barri, en la reunión Britch reconoció que no quieren sumar las capas que les indicó la Dirección de Bosques de Nación, entre ellas la de desmontes, porque se les complicaría la metodología.
Los investigadores preguntaron qué pasaría si el mapa resultante de esta herramienta tuviera menos hectáreas protegidas que el vigente y, por lo tanto, se violara el principio de no regresividad que prevé el cuerpo normativo. Aseguran que no hubo respuesta concreta desde la provincia.
En la reunión estaban presentes Hugo Juri, rector de la UNC, y los decanos de las facultades de Ciencias Exactas, Pablo Recabarren, y Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero. También asistieron varios legisladores y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina Hafford.
En el final, Juri indicó que la UNC elaboraría un documento “oficial”, donde se sumarán todas las voces de la Casa de Trejo que quieran opinar sobre el tema.
Un largo debate
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba ese plazo venció en 2015.
Durante 2016 la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo del norte cordobés.
Ahora, la Provincia entregó la herramienta técnica al Poder Legislativo para que elabore el mapa correspondiente. Tras varios intentos fallidos para sancionar la nueva ley y el mapa, debido a la presión ciudadana, intervino la Nación, quien le pidió a Córdoba que realice un proceso participativo para discutir la modificación del mapa, como prevé la norma nacional.
Entre las medidas, la Provincia y la Legislatura dispusieron realizar reuniones en las universidades de la provincia. También se prevén asambleas regionales.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos más precisos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir en su mapa unas dos millones de hectáreas.
La imparable sangría del monte cordobés
Antes de 2004. Sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental informó datos parciales.
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Fecha de Publicación: 30/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia presentó en la UNC la metodología para actualizar el anexo de la ley de bosques que debe ser modificado. Algunos docentes aseguran que hay muchas dudas y que no tiene sustento científico.
Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba criticaron la herramienta que la Provincia quiere utilizar para crear el nuevo mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo.
La presentación de la herramienta estuvo a cargo de Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia el miércoles pasado. Los investigadores salieron con más dudas que certezas de la reunión.
La Provincia realizó presentaciones similares en las otras universidades nacionales de la provincia. “Están buscando que las universidades validen la posibilidad de sacar una ley en el corto plazo”, comentó Marcelo Cabido, docente e investigador de Conicet, experto en el tema.
La herramienta cuenta con 13 capas de diferentes variables georreferenciadas como la cobertura vegetal, la pendiente del suelo, recursos hídricos, fauna, capacidad de uso de los suelos y otras.
El objetivo es ponderar cada capa para determinar qué nivel de protección le corresponde a cada sector de bosque nativo. Cabido indicó que la metodología se trata de una “entelequia”. “Es una creación intelectual irreal sin sustento científico”, indicó.
Por su parte, Fernando Barri, docente de la UNC e investigador de Conicet, cuestionó que entre las capas no figurara ninguna con la superficie desmontada desde 2007 a la fecha. “Sin esa capa, la superficie desmontada ilegalmente pasaría a ser blanca en el nuevo mapa, con lo cual no tendría ninguna protección”, indicó Barri.
Según Cabido, crear esa capa sería sencillo de elaborar, al contrario de lo que aseguraron desde la Provincia. Según Barri, en la reunión Britch reconoció que no quieren sumar las capas que les indicó la Dirección de Bosques de Nación, entre ellas la de desmontes, porque se les complicaría la metodología.
Los investigadores preguntaron qué pasaría si el mapa resultante de esta herramienta tuviera menos hectáreas protegidas que el vigente y, por lo tanto, se violara el principio de no regresividad que prevé el cuerpo normativo. Aseguran que no hubo respuesta concreta desde la provincia.
En la reunión estaban presentes Hugo Juri, rector de la UNC, y los decanos de las facultades de Ciencias Exactas, Pablo Recabarren, y Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero. También asistieron varios legisladores y el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina Hafford.
En el final, Juri indicó que la UNC elaboraría un documento “oficial”, donde se sumarán todas las voces de la Casa de Trejo que quieran opinar sobre el tema.
Un largo debate
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba ese plazo venció en 2015.
Durante 2016 la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques 9.814 es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo del norte cordobés.
Ahora, la Provincia entregó la herramienta técnica al Poder Legislativo para que elabore el mapa correspondiente. Tras varios intentos fallidos para sancionar la nueva ley y el mapa, debido a la presión ciudadana, intervino la Nación, quien le pidió a Córdoba que realice un proceso participativo para discutir la modificación del mapa, como prevé la norma nacional.
Entre las medidas, la Provincia y la Legislatura dispusieron realizar reuniones en las universidades de la provincia. También se prevén asambleas regionales.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos más precisos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir en su mapa unas dos millones de hectáreas.
La imparable sangría del monte cordobés
Antes de 2004. Sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
2004-2010. Hasta la sanción de la actual ley, se perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
2012-2015. Se perdieron 29.925 hectáreas, en un cálculo que incluye datos oficiales desde septiembre de 2014 y relevamientos anteriores de la ONG Guyra.
2016. Se perdieron 1.619 hectáreas, según la ONG Guyra. Policía ambiental informó datos parciales.
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Mar Chiquita, camino a ser la mayor reserva del país
Laguna Mar Chiquita, camino a ser la mayor reserva natural del país
Fecha de Publicación: 14/05/2017
Fuente: Voy de Viaje
Provincia/Región: Nacional
Este hábitat natural teñido del rosa de los flamencos y rodeado de más de 300 especies de aves espera que 800.000 de sus hectáreas sean declaradas como el parque nacional más extenso del país. Ese será el objetivo del convenio pactado entre la Provincia y la Nación para conservar este imponente espejo de agua, el mayor lago de Sudamérica.
Laguna, bañados y pastizales conformarán el área que se definirá con exactitud para demarcar el parque, una decisión que espera ser concretada antes de fin de año. Esta reserva provincial de usos múltiples, como se la entiende, admite que los pueblos de la zona vivan de actividades productivas en el lugar. La Provincia comprende, de esta manera, que poseer un segundo parque nacional –el otro es el de la Quebrada del Condorito– tendrá un efecto positivo para las economías regionales de 13 poblaciones ubicadas alrededor de la laguna, gracias al impulso turístico que receptará con la nueva denominación.
La preservación de este sitio, que se caracteriza por su rica biodiversidad y un ecosistema único, es uno de los pilares de la iniciativa que transformará la laguna en el parque nacional número 35 de Argentina. De este modo, será el más extenso del país, con unas 73.000 hectáreas más que Los Glaciares, en Santa Cruz.
Por el tercero
Por otro lado, la Provincia y la Nación esperan avanzar en la creación de un tercer parque nacional en lo que fue la Estancia Pinas, al oeste de Córdoba. Esta propiedad perteneció al multimillonario Juan Feliciano Manubens Calvet, quien murió sin dejar descendientes directos.
Son 105.000 hectáreas de bosques, pastizales naturales y ambientes salinos muy bien conservados con más de 200 especies de aves, peces y mamíferos; algunas de ellas, en peligro de extinción.
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Fecha de Publicación: 14/05/2017
Fuente: Voy de Viaje
Provincia/Región: Nacional
Este hábitat natural teñido del rosa de los flamencos y rodeado de más de 300 especies de aves espera que 800.000 de sus hectáreas sean declaradas como el parque nacional más extenso del país. Ese será el objetivo del convenio pactado entre la Provincia y la Nación para conservar este imponente espejo de agua, el mayor lago de Sudamérica.
Laguna, bañados y pastizales conformarán el área que se definirá con exactitud para demarcar el parque, una decisión que espera ser concretada antes de fin de año. Esta reserva provincial de usos múltiples, como se la entiende, admite que los pueblos de la zona vivan de actividades productivas en el lugar. La Provincia comprende, de esta manera, que poseer un segundo parque nacional –el otro es el de la Quebrada del Condorito– tendrá un efecto positivo para las economías regionales de 13 poblaciones ubicadas alrededor de la laguna, gracias al impulso turístico que receptará con la nueva denominación.
La preservación de este sitio, que se caracteriza por su rica biodiversidad y un ecosistema único, es uno de los pilares de la iniciativa que transformará la laguna en el parque nacional número 35 de Argentina. De este modo, será el más extenso del país, con unas 73.000 hectáreas más que Los Glaciares, en Santa Cruz.
Por el tercero
Por otro lado, la Provincia y la Nación esperan avanzar en la creación de un tercer parque nacional en lo que fue la Estancia Pinas, al oeste de Córdoba. Esta propiedad perteneció al multimillonario Juan Feliciano Manubens Calvet, quien murió sin dejar descendientes directos.
Son 105.000 hectáreas de bosques, pastizales naturales y ambientes salinos muy bien conservados con más de 200 especies de aves, peces y mamíferos; algunas de ellas, en peligro de extinción.
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Humedad para una atmósfera depurada
Más humedad ambiente para tener una atmósfera más limpia
Fecha de Publicación: 13/05/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Científicos cordobeses descubren que la humedad disminuye hasta un 60 % el tiempo de degradación del metanol, uno de los principales contaminantes
El metanol es un alcohol que se utiliza principalmente como combustible y en procesos industriales. Cuando es liberado a la atmósfera actúa como contaminante que no sólo es perjudicial para la salud humana sino que en su proceso de degradación produce contaminantes secundarios y culmina generando dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero más importantes, una consecuencia que preocupa tanto a ecólogos como a gobiernos de todo el mundo.
El grupo liderado por Gustavo Pino, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC, CONICET-UNC) encontró que la humedad ambiente favorece la degradación química del metanol en la atmósfera por parte del radical OH•, que se conoce como el detergente de la atmósfera por ser el principal responsable de la degradación de la mayoría de los contaminantes del aire.
Los números hablan por sí solos. Mientras que en un ambiente seco, con 0 por ciento de humedad, este alcohol perdura entre 9 y 13 días, con una humedad del 100 por ciento, como en los trópicos o días muy húmedos, la duración se reduce a un período de entre 3 y 5 días. Los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Angewandte Chemie International Edition.
El metanol es el alcohol más importante en términos de contaminación debido a su abundancia, pero todos los alcoholes son contaminantes. La vida que tienen esos compuestos es muy relevante para entender el comportamiento de la atmósfera y disminuir las consecuencias de la contaminación.
“Si un gas se descompone inmediatamente su impacto será local mientras que si dura más puede tener efectos a nivel global. Eso fue lo que pasó en las décadas del ‘70 y ‘80 con los freones que se emitían: vivían muchísimo tiempo y lograban sobrevivir hasta llegar a la estratósfera, que es una región más alta de la atmósfera donde se encuentra la capa de ozono. Allí se descomponían por el efecto de la luz solar y reaccionaban con dicha capa, produciendo el conocido agujero. Sólo a partir del conocimiento científico pudieron aplicarse políticas mundiales para prohibir su uso y comenzar a reparar ese daño”, asegura Pino, quien además se desempeña en el Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y del Centro Láser de Ciencias Moleculares de la Universidad Nacional de Córdoba.
Por un lado existe la teoría: cada reacción química ocurre a una velocidad característica que es influida por la temperatura ambiente. Esto permite calcular y predecir a qué velocidad se degrada un compuesto y qué concentración debería haber en la atmósfera de acuerdo al nivel de emisión. Sin embargo los monitoreos que se realizan a nivel global mostraban sistemáticamente una inconsistencia en cuanto a la concentración de metanol: en los trópicos la concentración era mucho menor que la que predecían los cálculos.
“En base a nuestros estudios proponemos que esta variación tiene que ver con que el metanol se degrada más rápidamente cuando hay mucha humedad, mientras que la velocidad que se está utilizando en los cálculos tiene como referencia a una atmósfera más seca. Si esa velocidad aumenta con la presencia del agua, al momento de medirlo se va a haber degradado más de lo que se esperaba y la concentración va a ser menor. Los trópicos son justamente donde mayor humedad hay. Entonces nosotros creemos que introduciendo esa dependencia de la velocidad con la humedad, se va a lograr una mejor en el modelo teórico, en cuanto a la predicción de las concentraciones reales de metanol en las diferentes regiones del planeta”, describe Pino.
La novedad
Desde hace mucho tiempo se viene pensando que el agua puede jugar algún rol en estas reacciones químicas porque tanto este compuesto como los alcoholes y el radical OH• tienen átomos de oxígeno e hidrógeno que pueden interaccionar y hacer que cambien las velocidades a las cuales esas reacciones ocurren. “Sin embargo, hasta el momento, las pruebas en laboratorio indicaban que ese efecto se producía sólo por debajo de los -100 grados centígrados, que es una temperatura que no existe en la atmósfera terrestre, ni siquiera en los polos. Entonces si bien se había informado que existía ese efecto no tenía implicancias reales a nivel atmosférico”, describe el científico.
El investigador asegura que la imposibilidad de los estudios anteriores de detectar la influencia del agua en estos procesos tiene que ver con que las pruebas se realizaban con una humedad de entre 0 y 50 por ciento de humedad ambiente, que es un intervalo en donde la velocidad no varía significativamente. “Nosotros hicimos un estudio sistemático, con niveles de humedad más altos donde la dependencia aumenta. De hecho, la constante de velocidad frente a un 100 por ciento de humedad alcanza valores que superan en un 120 por ciento a los valores correspondientes a una humedad 0”, explica Pino.
Los experimentos se llevaron a cabo usando cámaras de simulación atmosférica con aire, al que se le añade compuestos y se irradia con luz, para simular la radiación solar que genera el radical OH•, tal como ocurre en la atmósfera. Luego los investigadores agregaron metanol en condiciones normales de temperatura y presión y encontraron que la velocidad a la cual este gas es consumido por el radical OH aumenta cuanto mayor es la humedad.
“Esta investigación ayuda a conocer mejor la atmósfera, cómo funciona y, en consecuencia, predecir cambios. Esto permitiría aportar información relevante a los gobiernos y a organizaciones de nivel mundial que les permita tomar decisiones políticas frente a la emisión de gases contaminantes. El tiempo que un compuesto puede subsistir en la atmósfera, y qué otros factores intervienen, son datos de suma importancia para tomar ese tipo de decisiones”, concluye el investigador.
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Fecha de Publicación: 13/05/2017
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Científicos cordobeses descubren que la humedad disminuye hasta un 60 % el tiempo de degradación del metanol, uno de los principales contaminantes
El metanol es un alcohol que se utiliza principalmente como combustible y en procesos industriales. Cuando es liberado a la atmósfera actúa como contaminante que no sólo es perjudicial para la salud humana sino que en su proceso de degradación produce contaminantes secundarios y culmina generando dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero más importantes, una consecuencia que preocupa tanto a ecólogos como a gobiernos de todo el mundo.
El grupo liderado por Gustavo Pino, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC, CONICET-UNC) encontró que la humedad ambiente favorece la degradación química del metanol en la atmósfera por parte del radical OH•, que se conoce como el detergente de la atmósfera por ser el principal responsable de la degradación de la mayoría de los contaminantes del aire.
Los números hablan por sí solos. Mientras que en un ambiente seco, con 0 por ciento de humedad, este alcohol perdura entre 9 y 13 días, con una humedad del 100 por ciento, como en los trópicos o días muy húmedos, la duración se reduce a un período de entre 3 y 5 días. Los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Angewandte Chemie International Edition.
El metanol es el alcohol más importante en términos de contaminación debido a su abundancia, pero todos los alcoholes son contaminantes. La vida que tienen esos compuestos es muy relevante para entender el comportamiento de la atmósfera y disminuir las consecuencias de la contaminación.
“Si un gas se descompone inmediatamente su impacto será local mientras que si dura más puede tener efectos a nivel global. Eso fue lo que pasó en las décadas del ‘70 y ‘80 con los freones que se emitían: vivían muchísimo tiempo y lograban sobrevivir hasta llegar a la estratósfera, que es una región más alta de la atmósfera donde se encuentra la capa de ozono. Allí se descomponían por el efecto de la luz solar y reaccionaban con dicha capa, produciendo el conocido agujero. Sólo a partir del conocimiento científico pudieron aplicarse políticas mundiales para prohibir su uso y comenzar a reparar ese daño”, asegura Pino, quien además se desempeña en el Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y del Centro Láser de Ciencias Moleculares de la Universidad Nacional de Córdoba.
Por un lado existe la teoría: cada reacción química ocurre a una velocidad característica que es influida por la temperatura ambiente. Esto permite calcular y predecir a qué velocidad se degrada un compuesto y qué concentración debería haber en la atmósfera de acuerdo al nivel de emisión. Sin embargo los monitoreos que se realizan a nivel global mostraban sistemáticamente una inconsistencia en cuanto a la concentración de metanol: en los trópicos la concentración era mucho menor que la que predecían los cálculos.
“En base a nuestros estudios proponemos que esta variación tiene que ver con que el metanol se degrada más rápidamente cuando hay mucha humedad, mientras que la velocidad que se está utilizando en los cálculos tiene como referencia a una atmósfera más seca. Si esa velocidad aumenta con la presencia del agua, al momento de medirlo se va a haber degradado más de lo que se esperaba y la concentración va a ser menor. Los trópicos son justamente donde mayor humedad hay. Entonces nosotros creemos que introduciendo esa dependencia de la velocidad con la humedad, se va a lograr una mejor en el modelo teórico, en cuanto a la predicción de las concentraciones reales de metanol en las diferentes regiones del planeta”, describe Pino.
La novedad
Desde hace mucho tiempo se viene pensando que el agua puede jugar algún rol en estas reacciones químicas porque tanto este compuesto como los alcoholes y el radical OH• tienen átomos de oxígeno e hidrógeno que pueden interaccionar y hacer que cambien las velocidades a las cuales esas reacciones ocurren. “Sin embargo, hasta el momento, las pruebas en laboratorio indicaban que ese efecto se producía sólo por debajo de los -100 grados centígrados, que es una temperatura que no existe en la atmósfera terrestre, ni siquiera en los polos. Entonces si bien se había informado que existía ese efecto no tenía implicancias reales a nivel atmosférico”, describe el científico.
El investigador asegura que la imposibilidad de los estudios anteriores de detectar la influencia del agua en estos procesos tiene que ver con que las pruebas se realizaban con una humedad de entre 0 y 50 por ciento de humedad ambiente, que es un intervalo en donde la velocidad no varía significativamente. “Nosotros hicimos un estudio sistemático, con niveles de humedad más altos donde la dependencia aumenta. De hecho, la constante de velocidad frente a un 100 por ciento de humedad alcanza valores que superan en un 120 por ciento a los valores correspondientes a una humedad 0”, explica Pino.
Los experimentos se llevaron a cabo usando cámaras de simulación atmosférica con aire, al que se le añade compuestos y se irradia con luz, para simular la radiación solar que genera el radical OH•, tal como ocurre en la atmósfera. Luego los investigadores agregaron metanol en condiciones normales de temperatura y presión y encontraron que la velocidad a la cual este gas es consumido por el radical OH aumenta cuanto mayor es la humedad.
“Esta investigación ayuda a conocer mejor la atmósfera, cómo funciona y, en consecuencia, predecir cambios. Esto permitiría aportar información relevante a los gobiernos y a organizaciones de nivel mundial que les permita tomar decisiones políticas frente a la emisión de gases contaminantes. El tiempo que un compuesto puede subsistir en la atmósfera, y qué otros factores intervienen, son datos de suma importancia para tomar ese tipo de decisiones”, concluye el investigador.
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Córdoba: denuncian a ex secretario de Ambiente
Denuncia contra ex secretario de Ambiente y empresarios por bosques nativos
Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: Día a Dïa
Provincia/Región: Córdoba
La coordinadora que defiende los bosques va contra un ex secretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto y cinco empresas beneficiadas.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona) presenta este lunes una denuncia penal contra tres funcionarios públicos provinciales y un abogado de la asociación ruralista Cartez por los supuestos delitos de incumpliento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita, en una serie de casos de autorizaciones de desmontes y explotaciones en áreas prohibidas.
La denuncia cuestiona el otorgamiento de autorizaciones administrativas por las que se aprobaron diversos “Planes de manejo sostenibles de bosques nativos", que se sostiene que está en franca violación a la ley provincial. La coordinadora denuncia cinco intervenciones concretas "sin haber respetado, observado, o cumplido cabalmente, con el procedimiento administrativo creado especialmente para el otorgamiento de las
mencionadas autorizaciones", dice la presentación.
"En solo 4 expedientes, se registran autorizaciones para desmontar ilegalmente unas 20.000 hectáreas de bosque nativo, superficie equivalente a 40000 canchas de fútbol y, en dos de los casos denunciados, Germán Pratto, entonces secretario de Ambiente de la Provincia, autorizó prácticas e intervenciones sobre bosques nativos, sin haber requerido los informes y dictámenes previos de las distintas áreas existentes a tal fin: Área de suelo, Área de Bosque Nativo, el Directorio, la Comisión Técnica Interdisciplinaria - CTI-, Área de Fiscalización y Control y Área de Despacho, tal como lo exigen el marco procedimental", argumentan.
Los hechos denunciados se agravan, especialmente, por la falta de intervención del Área de Bosques, a la que le corresponde informar acerca de si el predio en cuestión recae sobre “zona roja” o “zona amarilla”, expidiéndose sobre la procedencia o no de la petición y por tratarse de predios de 2.716 y 5.169 hectáreas ubicados en el norte provincial, enfatizan los denunciantes.
"La mayor pérdida de bosque nativo se da en los departamentos del norte cordobés. Precisamente, en aquellos zonas donde se aprobaron la mayoría de los planes de manejo sostenibles de bosques nativos", remarca la coordinadora.
Los desmontes fueron realizados en el noroeste cordobés, región pretendida por el actual proyecto de Ley de Bosques, y donde actualmente se sostienen prácticas ilegales de desmontes con rolado, quema de árboles, desmonte químico por aire y tierra, afectando a 1000 familias involucradas en la actividad apícola de la región de Cruz del Eje y el departamento Ischilín.
Estas son las autorizaciones que denuncia la coordinadora:
- Con expediente 0517020630 /2015 de la Secretaría de Ambiente se corresponde a Antonio Pérez “Centro Agropecuario SRL”, titular de un campo de 2716 hectáreas en Villa Quilino, Departamento Ischilín, también en zonas rojas.
- Con expediente 0517020727 /2015 donde Héctor L. Bonaldi , referente de la empresa láctea Windy “Agropecuaria Doña María”, titular de un campo de 5169 hectáreas en Chuña, Departamento Ischilín, fue autorizado a desmontar con un plan de desmonte sin estudio previo, en zonas rojas, con estricta prohibición para realizar desmontes. El empresario en cuestión, tiene registros de infracciones anteriores labradas por la Policía Ambiental.
- Con Expte N° 0517-009684/2007 quien presenta Miguel Ángel Mizzau, Gatopa S.A. de la localidad de Jesús María y autoriza la intervención selectiva de bajo impacto sobre una superficie de 300 hectáreas en una segunda etapa, y una superficie de 238 hectáreas en una segunda etapa, 8,5 hectáreas del estrato arbustivo es para caminos perimetrales (cortafuegos) y 1,5 hectáreas para corrales y aguadas, en un campo ubicado en el lugar denominado “El pensamiento”, pedanía Quilino, Departamento Ischilín”.
- Con Expte. N° 0517-010356/2007 Sres Carlos Alberto Arnaldo y Miguel Alejandro Arnaldo, a realizar picadas perimetrales y tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto en el campo de su propiedad ubicado en el lugar denominado Establecimiento “La Penca” Pedanía Villa de María, Departamento Río Seco.
- Con Expte N° 0517-010231/2007 ARNALDO Ramón Alberto y ARNALDO Miguel Angel , y autorizo a realizar Tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto sobre una superficie de 221 hectáreas, como así también, a realizar picadas perimetrales en el Establecimiento “La Penca”, en el lugar denominado “Estancia Yacanto”, Pedanía Villa de María, Departamento Rio Seco.
En dos de los hechos, se pide que se investigue al exsecretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto, actual miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos y Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales de la Legislatura. También se pide investigar al ingeniero forestal Néstor Cruz, ex director de Jurisdicción de Áreas Naturales, Bosques y Forestación, al abogado Jorge A. Ferrari, director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente y a su colega Raúl Carranza, “consultor ambiental”, ex-asesor legal de Cartez y patrocinante en la defensa judicial de infractores a la Ley de Bosques ante la Policía Ambiental .
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Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: Día a Dïa
Provincia/Región: Córdoba
La coordinadora que defiende los bosques va contra un ex secretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto y cinco empresas beneficiadas.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona) presenta este lunes una denuncia penal contra tres funcionarios públicos provinciales y un abogado de la asociación ruralista Cartez por los supuestos delitos de incumpliento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita, en una serie de casos de autorizaciones de desmontes y explotaciones en áreas prohibidas.
La denuncia cuestiona el otorgamiento de autorizaciones administrativas por las que se aprobaron diversos “Planes de manejo sostenibles de bosques nativos", que se sostiene que está en franca violación a la ley provincial. La coordinadora denuncia cinco intervenciones concretas "sin haber respetado, observado, o cumplido cabalmente, con el procedimiento administrativo creado especialmente para el otorgamiento de las
mencionadas autorizaciones", dice la presentación.
"En solo 4 expedientes, se registran autorizaciones para desmontar ilegalmente unas 20.000 hectáreas de bosque nativo, superficie equivalente a 40000 canchas de fútbol y, en dos de los casos denunciados, Germán Pratto, entonces secretario de Ambiente de la Provincia, autorizó prácticas e intervenciones sobre bosques nativos, sin haber requerido los informes y dictámenes previos de las distintas áreas existentes a tal fin: Área de suelo, Área de Bosque Nativo, el Directorio, la Comisión Técnica Interdisciplinaria - CTI-, Área de Fiscalización y Control y Área de Despacho, tal como lo exigen el marco procedimental", argumentan.
Los hechos denunciados se agravan, especialmente, por la falta de intervención del Área de Bosques, a la que le corresponde informar acerca de si el predio en cuestión recae sobre “zona roja” o “zona amarilla”, expidiéndose sobre la procedencia o no de la petición y por tratarse de predios de 2.716 y 5.169 hectáreas ubicados en el norte provincial, enfatizan los denunciantes.
"La mayor pérdida de bosque nativo se da en los departamentos del norte cordobés. Precisamente, en aquellos zonas donde se aprobaron la mayoría de los planes de manejo sostenibles de bosques nativos", remarca la coordinadora.
Los desmontes fueron realizados en el noroeste cordobés, región pretendida por el actual proyecto de Ley de Bosques, y donde actualmente se sostienen prácticas ilegales de desmontes con rolado, quema de árboles, desmonte químico por aire y tierra, afectando a 1000 familias involucradas en la actividad apícola de la región de Cruz del Eje y el departamento Ischilín.
Estas son las autorizaciones que denuncia la coordinadora:
- Con expediente 0517020630 /2015 de la Secretaría de Ambiente se corresponde a Antonio Pérez “Centro Agropecuario SRL”, titular de un campo de 2716 hectáreas en Villa Quilino, Departamento Ischilín, también en zonas rojas.
- Con expediente 0517020727 /2015 donde Héctor L. Bonaldi , referente de la empresa láctea Windy “Agropecuaria Doña María”, titular de un campo de 5169 hectáreas en Chuña, Departamento Ischilín, fue autorizado a desmontar con un plan de desmonte sin estudio previo, en zonas rojas, con estricta prohibición para realizar desmontes. El empresario en cuestión, tiene registros de infracciones anteriores labradas por la Policía Ambiental.
- Con Expte N° 0517-009684/2007 quien presenta Miguel Ángel Mizzau, Gatopa S.A. de la localidad de Jesús María y autoriza la intervención selectiva de bajo impacto sobre una superficie de 300 hectáreas en una segunda etapa, y una superficie de 238 hectáreas en una segunda etapa, 8,5 hectáreas del estrato arbustivo es para caminos perimetrales (cortafuegos) y 1,5 hectáreas para corrales y aguadas, en un campo ubicado en el lugar denominado “El pensamiento”, pedanía Quilino, Departamento Ischilín”.
- Con Expte. N° 0517-010356/2007 Sres Carlos Alberto Arnaldo y Miguel Alejandro Arnaldo, a realizar picadas perimetrales y tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto en el campo de su propiedad ubicado en el lugar denominado Establecimiento “La Penca” Pedanía Villa de María, Departamento Río Seco.
- Con Expte N° 0517-010231/2007 ARNALDO Ramón Alberto y ARNALDO Miguel Angel , y autorizo a realizar Tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto sobre una superficie de 221 hectáreas, como así también, a realizar picadas perimetrales en el Establecimiento “La Penca”, en el lugar denominado “Estancia Yacanto”, Pedanía Villa de María, Departamento Rio Seco.
En dos de los hechos, se pide que se investigue al exsecretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto, actual miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos y Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales de la Legislatura. También se pide investigar al ingeniero forestal Néstor Cruz, ex director de Jurisdicción de Áreas Naturales, Bosques y Forestación, al abogado Jorge A. Ferrari, director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente y a su colega Raúl Carranza, “consultor ambiental”, ex-asesor legal de Cartez y patrocinante en la defensa judicial de infractores a la Ley de Bosques ante la Policía Ambiental .
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La Nuclear de Embalse vuelve a la marcha en un año
En un año, la Nuclear de Embalse vuelve a la marcha
Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En el primer semestre de 2018: ese fue el plazo que se anunció ayer para la puesta en marcha de la Central Nuclear de Embalse, luego de una parada iniciada en diciembre de 2015 y que demandará dos años y medio para ejecutar las obras de recambio de equipos que permitirán extender su vida útil por otros 30 años.
En alrededor de un año, la planta sería puesta en marcha. Para que entre en régimen pleno de generación, necesitará unos seis meses más (hacia fines de 2018).
Con su reincorporación al sistema, Argentina generaría a fines del año próximo con energía nuclear el 6,5 por ciento de la demanda nacional. Hacia 2025, el propósito es llegar al nueve por ciento, con la suma de dos usinas más para cuya construcción el Gobierno nacional firmará, en apenas 10 días, los contratos con su par de China.
Alta inversión
Ayer, la firma Nucleoeléctrica SA, empresa estatal que opera las tres centrales nucleares argentinas, abrió las puertas de la usina de Embalse a un grupo de medios, para recorrer las obras de reconversión en marcha.
Cuando la administración nacional anterior inició el proyecto, se informó una inversión total estimada de 1.700 millones de dólares. Ahora, Rubén Semoloni, presidente de Nucleoeléctrica, actualizó esa cifra a algo más de 2.100 millones de dólares.
Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, justificó que el “reciclado” de Embalse representa un costo tres veces menor y un plazo tres veces más corto que el de construir una usina nueva de similar potencia. Semoloni lo tradujo en cifras: la reconversión de Embalse costará 2.100 millones de dólares y demandará unos tres años, frente a los seis años y seis mil millones de dólares que implicará Atucha 3, la cuarta usina atómica que el Gobierno nacional estima empezar a construir entre fines de 2017 y comienzos de 2018.
Más allá de diferencias metodológicas y operativas, el plan nuclear planteado por la administración de Macri sostiene los objetivos fijados en este rubro por el anterior gobierno nacional.
Segunda vida
La central instalada en Calamuchita, que aprovecha las aguas del mayor embalse cordobés, comenzó a construirse en 1974 y fue culminada 10 años después. En 2015 se inició el diseño para extender su vida útil, ante la inminencia de su salida de servicio por envejecimiento de sus componentes críticos. Las obras para ese proceso se iniciaron hacia 2011, mientras la parada, primero programada para 2013, se fue postergando hasta el fin de 2015.
La audiencia ambiental que debatió el proyecto se realizó recién en julio de 2016, cuando las obras ya estaban en marcha, aunque sin incursionar hasta entonces dentro del reactor.
Semoloni explicó que actualmente se trabaja en el recambio de los elementos críticos: los cuatro generadores de vapor y los 380 tubos de combustible, que se alimentan a uranio. También –indicó– habrá cambios de turbinas, de equipamientos de seguridad y otros componentes.
La remoción de los 380 viejos tubos fue el trabajo más complejo, en cuanto a riesgo radiológico, admitió Semoloni. “Esa tarea ya fue culminada y el material quedó confinado en un silo especialmente construido con ese fin”, marcó. Ese silo comparte espacios con muchos otros, menores en tamaño, que dentro del mismo predio contienen los residuos que acumuló la usina durante 31 años de generación.
Impacto en la zona
Desde hace meses, el frente de la Central –sobre la ruta entre Embalse y La Cruz– luce “inundado” de automóviles y colectivos. La playa de estacionamiento no da abasto para el movimiento de personal que requiere la obra de extensión de vida útil. Ahora, en su pico, ocupa a casi cuatro mil personas (la mayoría de empresas contratistas), incluidas varias decenas de técnicos extranjeros.
Directivos de la planta estiman que una vez que culminen las actuales obras, el personal estable rondará los 800, algo más de los casi 600 que contaba antes del proceso de reconversión.
Dos más, vía China
Gadano confirmó en Embalse los planes del Gobierno nacional en materia de energía nuclear: señaló que este mes se firmarán los contratos por los que China financiará gran parte de la construcción de dos nuevas centrales. “La cuarta estará también en Atucha y la quinta es casi seguro que no, pero no está definido el lugar hasta ahora”, dijo. Entre ambas, la inversión rondaría los 14 mil millones de dólares.
Esos contratos habían sido gestionados por el anterior gobierno nacional y, tras una renegociación, sostenidos por el actual.
Según Gadano, otros objetivos están vinculados a la fabricación de pequeños reactores para exportación y a sumar productos de utilidad para la medicina nuclear.
“Con lo nuclear, se trata de administrar riesgos”
Lo dijo Julián Gadano, secretario de Energía Nuclear de la Nación.
Marcó que toda generación de energía implica riesgos y que en el caso de la nuclear se centra en la confinación segura de los residuos radioactivos y en evitar accidentes.
A la vez, contrapuso que, salvadas esas dos cuestiones, esta energía es de bajo impacto ambiental y de nula afectación para el cambio climático. También insistió en que el país debe “diversificar su matriz energética, variando fuentes”.
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Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En el primer semestre de 2018: ese fue el plazo que se anunció ayer para la puesta en marcha de la Central Nuclear de Embalse, luego de una parada iniciada en diciembre de 2015 y que demandará dos años y medio para ejecutar las obras de recambio de equipos que permitirán extender su vida útil por otros 30 años.
En alrededor de un año, la planta sería puesta en marcha. Para que entre en régimen pleno de generación, necesitará unos seis meses más (hacia fines de 2018).
Con su reincorporación al sistema, Argentina generaría a fines del año próximo con energía nuclear el 6,5 por ciento de la demanda nacional. Hacia 2025, el propósito es llegar al nueve por ciento, con la suma de dos usinas más para cuya construcción el Gobierno nacional firmará, en apenas 10 días, los contratos con su par de China.
Alta inversión
Ayer, la firma Nucleoeléctrica SA, empresa estatal que opera las tres centrales nucleares argentinas, abrió las puertas de la usina de Embalse a un grupo de medios, para recorrer las obras de reconversión en marcha.
Cuando la administración nacional anterior inició el proyecto, se informó una inversión total estimada de 1.700 millones de dólares. Ahora, Rubén Semoloni, presidente de Nucleoeléctrica, actualizó esa cifra a algo más de 2.100 millones de dólares.
Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, justificó que el “reciclado” de Embalse representa un costo tres veces menor y un plazo tres veces más corto que el de construir una usina nueva de similar potencia. Semoloni lo tradujo en cifras: la reconversión de Embalse costará 2.100 millones de dólares y demandará unos tres años, frente a los seis años y seis mil millones de dólares que implicará Atucha 3, la cuarta usina atómica que el Gobierno nacional estima empezar a construir entre fines de 2017 y comienzos de 2018.
Más allá de diferencias metodológicas y operativas, el plan nuclear planteado por la administración de Macri sostiene los objetivos fijados en este rubro por el anterior gobierno nacional.
Segunda vida
La central instalada en Calamuchita, que aprovecha las aguas del mayor embalse cordobés, comenzó a construirse en 1974 y fue culminada 10 años después. En 2015 se inició el diseño para extender su vida útil, ante la inminencia de su salida de servicio por envejecimiento de sus componentes críticos. Las obras para ese proceso se iniciaron hacia 2011, mientras la parada, primero programada para 2013, se fue postergando hasta el fin de 2015.
La audiencia ambiental que debatió el proyecto se realizó recién en julio de 2016, cuando las obras ya estaban en marcha, aunque sin incursionar hasta entonces dentro del reactor.
Semoloni explicó que actualmente se trabaja en el recambio de los elementos críticos: los cuatro generadores de vapor y los 380 tubos de combustible, que se alimentan a uranio. También –indicó– habrá cambios de turbinas, de equipamientos de seguridad y otros componentes.
La remoción de los 380 viejos tubos fue el trabajo más complejo, en cuanto a riesgo radiológico, admitió Semoloni. “Esa tarea ya fue culminada y el material quedó confinado en un silo especialmente construido con ese fin”, marcó. Ese silo comparte espacios con muchos otros, menores en tamaño, que dentro del mismo predio contienen los residuos que acumuló la usina durante 31 años de generación.
Impacto en la zona
Desde hace meses, el frente de la Central –sobre la ruta entre Embalse y La Cruz– luce “inundado” de automóviles y colectivos. La playa de estacionamiento no da abasto para el movimiento de personal que requiere la obra de extensión de vida útil. Ahora, en su pico, ocupa a casi cuatro mil personas (la mayoría de empresas contratistas), incluidas varias decenas de técnicos extranjeros.
Directivos de la planta estiman que una vez que culminen las actuales obras, el personal estable rondará los 800, algo más de los casi 600 que contaba antes del proceso de reconversión.
Dos más, vía China
Gadano confirmó en Embalse los planes del Gobierno nacional en materia de energía nuclear: señaló que este mes se firmarán los contratos por los que China financiará gran parte de la construcción de dos nuevas centrales. “La cuarta estará también en Atucha y la quinta es casi seguro que no, pero no está definido el lugar hasta ahora”, dijo. Entre ambas, la inversión rondaría los 14 mil millones de dólares.
Esos contratos habían sido gestionados por el anterior gobierno nacional y, tras una renegociación, sostenidos por el actual.
Según Gadano, otros objetivos están vinculados a la fabricación de pequeños reactores para exportación y a sumar productos de utilidad para la medicina nuclear.
“Con lo nuclear, se trata de administrar riesgos”
Lo dijo Julián Gadano, secretario de Energía Nuclear de la Nación.
Marcó que toda generación de energía implica riesgos y que en el caso de la nuclear se centra en la confinación segura de los residuos radioactivos y en evitar accidentes.
A la vez, contrapuso que, salvadas esas dos cuestiones, esta energía es de bajo impacto ambiental y de nula afectación para el cambio climático. También insistió en que el país debe “diversificar su matriz energética, variando fuentes”.
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Córdoba: controversia por contaminación cloacal
Entre la desidia y la contaminación
Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi nulo
La degradación sin medida ni control del río Suquía, a su paso por la ciudad de Córdoba, se ha agravado en las últimas décadas, al extremo de convertir a su cauce en un depósito de residuos de distinta naturaleza y procedencia, con severos efectos contaminantes.
Entre las causas que contribuyen a incrementar ese grado de contaminación se anotan los líquidos cloacales que no terminan de ser tratados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, ubicada en la zona de Chacra de la Merced, en la periferia este de la capital provincial.
Es un antiguo problema al que tanto las autoridades municipales como las provinciales no aciertan en hallar soluciones en cuanto a sus responsabilidades jurisdiccionales, pese a los análisis y a las advertencias que dan cuenta de que la planta está sobrepasada en su capacidad de tratamiento de los efluentes que van al río.
Las promesas de construcción de una nueva planta depuradora aún no fueron cumplidas. Tampoco prosperaron las planificaciones de corto alcance tendientes a remediar una situación de virtual colapso que pone en riesgo la salud de la población y del ecosistema en general.
Un informe de este diario publicado el pasado martes, sustentado en análisis químicos, revela que los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Bajo Grande son arrojados aguas abajo del río Suquía casi con el mismo nivel de contaminación con el que ingresaron.
Además, en una recorrida por las instalaciones se observó que varios de los equipos de depuración están inactivos, lo cual coincide con lo que vienen alertando los propios agentes municipales asignados a esas tareas.
Los expertos trazan un diagnóstico desalentador. La bióloga Adriana Abril afirma que los valores coliformes (especies bacterianas) son muy altos y no difieren mucho entre la entrada y la salida de la planta. Es decir, no se realiza cloración, entre otros procedimientos.
Si tenemos en cuenta que los informes que alertan sobre la falta de tratamiento de las aguas servidas en la Estación de Bajo Grande datan de dos décadas atrás, se puede inferir que es muy poco lo que el Estado ha planificado y concretado y que las promesas de obras han pasado de largo como el río que arrastra aguas contaminadas.
No hay margen para posponer una remediación integral, que deberá atender el exponencial crecimiento de la red cloacal en Córdoba desde que la planta fue inaugurada en 1987.
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
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Fecha de Publicación: 29/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Bajo Grande: el tratamiento de líquidos contaminantes es casi nulo
La degradación sin medida ni control del río Suquía, a su paso por la ciudad de Córdoba, se ha agravado en las últimas décadas, al extremo de convertir a su cauce en un depósito de residuos de distinta naturaleza y procedencia, con severos efectos contaminantes.
Entre las causas que contribuyen a incrementar ese grado de contaminación se anotan los líquidos cloacales que no terminan de ser tratados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, ubicada en la zona de Chacra de la Merced, en la periferia este de la capital provincial.
Es un antiguo problema al que tanto las autoridades municipales como las provinciales no aciertan en hallar soluciones en cuanto a sus responsabilidades jurisdiccionales, pese a los análisis y a las advertencias que dan cuenta de que la planta está sobrepasada en su capacidad de tratamiento de los efluentes que van al río.
Las promesas de construcción de una nueva planta depuradora aún no fueron cumplidas. Tampoco prosperaron las planificaciones de corto alcance tendientes a remediar una situación de virtual colapso que pone en riesgo la salud de la población y del ecosistema en general.
Un informe de este diario publicado el pasado martes, sustentado en análisis químicos, revela que los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Bajo Grande son arrojados aguas abajo del río Suquía casi con el mismo nivel de contaminación con el que ingresaron.
Además, en una recorrida por las instalaciones se observó que varios de los equipos de depuración están inactivos, lo cual coincide con lo que vienen alertando los propios agentes municipales asignados a esas tareas.
Los expertos trazan un diagnóstico desalentador. La bióloga Adriana Abril afirma que los valores coliformes (especies bacterianas) son muy altos y no difieren mucho entre la entrada y la salida de la planta. Es decir, no se realiza cloración, entre otros procedimientos.
Si tenemos en cuenta que los informes que alertan sobre la falta de tratamiento de las aguas servidas en la Estación de Bajo Grande datan de dos décadas atrás, se puede inferir que es muy poco lo que el Estado ha planificado y concretado y que las promesas de obras han pasado de largo como el río que arrastra aguas contaminadas.
No hay margen para posponer una remediación integral, que deberá atender el exponencial crecimiento de la red cloacal en Córdoba desde que la planta fue inaugurada en 1987.
La Provincia y la Municipalidad, cada una en lo que atañe a sus responsabilidades de control y ejecución de obras, tienen el deber de revertir la postal de inmundicia que muestra el río Suquía y que pone en riesgo la salud de los ciudadanos.
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Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor
Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados
Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fecha de Publicación: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.
La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia
Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia
Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.
Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales
Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Los controles ambientales en Córdoba son poco claros
Relaciones cruzadas en los controles ambientales
Fecha de Publicación: 17/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Funcionarios actuales de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba fueron antes directivos en empresas o dueños de consultoras en el tema. También hay vínculos entre autoridades y un instituto encargado de hacer análisis a pedido del Estado.
Parece que el mundo de los residuos peligrosos es muy pequeño en Córdoba. Tanto que actuales funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia alguna vez fueron directivos de la empresa Taym, una de las principales operadoras de estos desechos en Córdoba, que ahora está en el ojo de la tormenta.
El nombre que hace ruido es el de Gustavo Savanco, quien trabajó para el área de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente hasta septiembre de 2016, según confirmaron desde este organismo. Esta misma persona fue jefe de planta de Taym SA por lo menos hasta 2011. En octubre de ese año, participó de unas jornadas sobre ambiente en representación de esta empresa.
En un documento de marzo de 2008 al que pudo acceder La Voz, Savanco aparece firmando como representante técnico de Taym SA para solicitar más información sobre un trámite que esta empresa estaba realizando ante la Secretaría de Ambiente.
El expediente (0517-003622/2004) tiene fecha de inicio en 2004. Ese año, una auditoría determinó una situación irregular en la planta de tratamientos que Taym tiene cerca de Bouwer y que hace unos días se inundó por las fuertes lluvias en la zona. Savanco nunca fue designado oficialmente en su puesto. Desde la Provincia, reconocieron que ocupó ese lugar, pero que, desde septiembre de 2016, el encargado de Residuos ?Peligrosos es Eduardo Garro.
Desde abril de 2016 hasta marzo de este año, Savanco recibió una “ayuda económica” mensual de 4.800 pesos en el marco del programa Guardianes Ambientales, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. La Voz pudo acceder al listado de voluntarios de 2016-2017 de este programa que está activo desde 2014.
Savanco es ingeniero civil y especialista en Ingeniería Ambiental, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Relaciones con la UTN
En tanto, Javier Britch, el actual secretario de Ambiente de la Provincia, fue durante mucho tiempo codirector del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (Ciqa) de la UTN Córdoba. Todavía figura en su sitio web.
Ciqa es la institución a la que el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep) recurrió para realizar los análisis de agua potable y cruda del canal Los Molinos luego del anegamiento que sufrió la planta de Taym.
Lo mismo sucede con Natalia Nachef, directora general de Instrumentos y Políticas de Gestión Ambiental de la Provincia desde enero de 2016. Entre 2009 y 2013 fue responsable del área de Gestión e Impacto Ambiental de esta institución de la UTN.
Héctor Macaño, director del Ciqa, aseguró que Britch está con licencia desde que es funcionario provincial, hace cinco años. “La página web no está actualizada”, reconoció. Y agregó: “La gente debe estar tranquila de que no hay nada raro. Los que firmamos los informes de los análisis nos hacemos legalmente responsables. Está mi matrícula profesional en juego”.
En la ley de bosques
Otro caso es el de Sergio Nirich. En diciembre de 2015, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció que Nirich, asesor de Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, también figuraba como dueño de una consultora ambiental, llamada Moebius. Su socia era Flavia Franchi Lamberti, su esposa (al menos hasta 2014).
“La denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque en la maquinaria judicial de Córdoba todos estos temas se archivan”, aseguró Raúl Montenegro, de Funam. El organismo nacional también desestimó el pedido de la ONG.
Según el escrito de Funam, al que se adjuntaron varios documentos, Franchi Lamberti figuraba como asesora ambiental en varios proyectos. El más reciente es el 0517-020304/2014, por un loteo sobre la ruta E-53.
El cortocircuito se genera porque, en diciembre de 2014, Nirich asumió como coordinador de la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, que tenía por objetivo reactualizar el mapa de la ley de bosques.
“¿Con qué imparcialidad Sergio Nirich puede contribuir a redefinir las zonas rojas, amarillas y verdes de la ley de bosques, habida cuenta de que sus clientes pretenden implantar sus loteos en zona de bosque nativo?”, se preguntaba Funam en la denuncia ante la Defensoría.
En este texto, Funam decía que era conveniente “tomar alguna medida precautoria para tener copias certificadas de los contenidos de páginas web correspondientes a la empresa Moebius y a sus propietarios”. Efectivamente, ya no existe la página web mencionada y Nirich asegura que la consultora Moebius se desarmó.
De todas formas, Franchi Lamberti figura en el último listado oficial de consultores ambientales, fechado en agosto de 2016.
La imparcialidad de Nirich como asesor de la Provincia también fue cuestionada durante la polémica instalación de Monsanto en Córdoba. El 11 de marzo de 2014, La Voz publicó que Nirich sostuvo vínculos profesionales con Jorge Dutto, ingeniero responsable del estudio de impacto ambiental de Monsanto.
Dutto trabajó con la empresa Innviron, la misma que en 2010 ofreció instalarse en Córdoba con un proyecto realizado por Nirich.
Nirich admitió estos vínculos. “No soy funcionario (de la Provincia), no firmo expedientes ni tengo incidencia en los trámites; sólo asesoro al ministro en cuestiones hídricas y ambientales”, argumentó.
En el caso Innviron, Nirich protagonizó otro hecho cuestionable. En 2010, fue representante de esta empresa, que estuvo a punto de quedarse con el tratamiento de residuos urbanos en Córdoba, en Villa María y en Río Cuarto, pero que al final resultó ser un fiasco. Meses antes había trabajado como funcionario en Obras Públicas del municipio capitalino.
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Fecha de Publicación: 17/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Funcionarios actuales de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba fueron antes directivos en empresas o dueños de consultoras en el tema. También hay vínculos entre autoridades y un instituto encargado de hacer análisis a pedido del Estado.
Parece que el mundo de los residuos peligrosos es muy pequeño en Córdoba. Tanto que actuales funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia alguna vez fueron directivos de la empresa Taym, una de las principales operadoras de estos desechos en Córdoba, que ahora está en el ojo de la tormenta.
El nombre que hace ruido es el de Gustavo Savanco, quien trabajó para el área de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente hasta septiembre de 2016, según confirmaron desde este organismo. Esta misma persona fue jefe de planta de Taym SA por lo menos hasta 2011. En octubre de ese año, participó de unas jornadas sobre ambiente en representación de esta empresa.
En un documento de marzo de 2008 al que pudo acceder La Voz, Savanco aparece firmando como representante técnico de Taym SA para solicitar más información sobre un trámite que esta empresa estaba realizando ante la Secretaría de Ambiente.
El expediente (0517-003622/2004) tiene fecha de inicio en 2004. Ese año, una auditoría determinó una situación irregular en la planta de tratamientos que Taym tiene cerca de Bouwer y que hace unos días se inundó por las fuertes lluvias en la zona. Savanco nunca fue designado oficialmente en su puesto. Desde la Provincia, reconocieron que ocupó ese lugar, pero que, desde septiembre de 2016, el encargado de Residuos ?Peligrosos es Eduardo Garro.
Desde abril de 2016 hasta marzo de este año, Savanco recibió una “ayuda económica” mensual de 4.800 pesos en el marco del programa Guardianes Ambientales, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. La Voz pudo acceder al listado de voluntarios de 2016-2017 de este programa que está activo desde 2014.
Savanco es ingeniero civil y especialista en Ingeniería Ambiental, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Relaciones con la UTN
En tanto, Javier Britch, el actual secretario de Ambiente de la Provincia, fue durante mucho tiempo codirector del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (Ciqa) de la UTN Córdoba. Todavía figura en su sitio web.
Ciqa es la institución a la que el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep) recurrió para realizar los análisis de agua potable y cruda del canal Los Molinos luego del anegamiento que sufrió la planta de Taym.
Lo mismo sucede con Natalia Nachef, directora general de Instrumentos y Políticas de Gestión Ambiental de la Provincia desde enero de 2016. Entre 2009 y 2013 fue responsable del área de Gestión e Impacto Ambiental de esta institución de la UTN.
Héctor Macaño, director del Ciqa, aseguró que Britch está con licencia desde que es funcionario provincial, hace cinco años. “La página web no está actualizada”, reconoció. Y agregó: “La gente debe estar tranquila de que no hay nada raro. Los que firmamos los informes de los análisis nos hacemos legalmente responsables. Está mi matrícula profesional en juego”.
En la ley de bosques
Otro caso es el de Sergio Nirich. En diciembre de 2015, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunció que Nirich, asesor de Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, también figuraba como dueño de una consultora ambiental, llamada Moebius. Su socia era Flavia Franchi Lamberti, su esposa (al menos hasta 2014).
“La denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque en la maquinaria judicial de Córdoba todos estos temas se archivan”, aseguró Raúl Montenegro, de Funam. El organismo nacional también desestimó el pedido de la ONG.
Según el escrito de Funam, al que se adjuntaron varios documentos, Franchi Lamberti figuraba como asesora ambiental en varios proyectos. El más reciente es el 0517-020304/2014, por un loteo sobre la ruta E-53.
El cortocircuito se genera porque, en diciembre de 2014, Nirich asumió como coordinador de la Unidad Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, que tenía por objetivo reactualizar el mapa de la ley de bosques.
“¿Con qué imparcialidad Sergio Nirich puede contribuir a redefinir las zonas rojas, amarillas y verdes de la ley de bosques, habida cuenta de que sus clientes pretenden implantar sus loteos en zona de bosque nativo?”, se preguntaba Funam en la denuncia ante la Defensoría.
En este texto, Funam decía que era conveniente “tomar alguna medida precautoria para tener copias certificadas de los contenidos de páginas web correspondientes a la empresa Moebius y a sus propietarios”. Efectivamente, ya no existe la página web mencionada y Nirich asegura que la consultora Moebius se desarmó.
De todas formas, Franchi Lamberti figura en el último listado oficial de consultores ambientales, fechado en agosto de 2016.
La imparcialidad de Nirich como asesor de la Provincia también fue cuestionada durante la polémica instalación de Monsanto en Córdoba. El 11 de marzo de 2014, La Voz publicó que Nirich sostuvo vínculos profesionales con Jorge Dutto, ingeniero responsable del estudio de impacto ambiental de Monsanto.
Dutto trabajó con la empresa Innviron, la misma que en 2010 ofreció instalarse en Córdoba con un proyecto realizado por Nirich.
Nirich admitió estos vínculos. “No soy funcionario (de la Provincia), no firmo expedientes ni tengo incidencia en los trámites; sólo asesoro al ministro en cuestiones hídricas y ambientales”, argumentó.
En el caso Innviron, Nirich protagonizó otro hecho cuestionable. En 2010, fue representante de esta empresa, que estuvo a punto de quedarse con el tratamiento de residuos urbanos en Córdoba, en Villa María y en Río Cuarto, pero que al final resultó ser un fiasco. Meses antes había trabajado como funcionario en Obras Públicas del municipio capitalino.
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Córdoba en alerta por crecida del río Dulce
Alerta amarilla en el norte de Córdoba por crecida del río Dulce
Fecha de Publicación: 13/04/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Córdoba
El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, señaló que rige un alerta amarilla para el sector del río Dulce, en el norte de la provincia, que alimenta a la laguna Mar Chiquita, mientras los pronósticos indican que el caudal proveniente de Santiago del Estero podría ser uno de los mayores de la historia, inclusive igual o mayor a la crecida de 1978.
El funcionario expresó: "Los picos de crecidas que se han venido viendo y la continuidad de las lluvias nos ha puesto en una alerta amarilla".
La crecida de la Cuenca Salí-Dulce, debido a las fuertes precipitaciones que asolaron el verano pasado a las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, genera preocupación por las consecuencias que podría acarrear.
La Sociedad Rural de Jesús María informó que ya se están evacuando animales y el Gobierno provincial ya diagramó un operativo especial para ir previniendo eventuales daños.
Las autoridades estiman que hay alrededor de 30 mil animales, entre bovinos, ovinos y caprinos, que pastorean en esa región y que constituyen la población en riesgo.
La magnitud de la crecida, cuyo pico se espera para mayo y junio, podría ser muy superior a las de los últimos años, por lo que se necesita tomar medidas de prevención para evitar mayores inconvenientes, según Busso.
En Santiago del Estero, los caudales que están saliendo desde las termas de Río Hondo alcanzaron niveles récord, del orden de los 1.700 metros cúbicos por segundo.
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Fecha de Publicación: 13/04/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Córdoba
El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, señaló que rige un alerta amarilla para el sector del río Dulce, en el norte de la provincia, que alimenta a la laguna Mar Chiquita, mientras los pronósticos indican que el caudal proveniente de Santiago del Estero podría ser uno de los mayores de la historia, inclusive igual o mayor a la crecida de 1978.
El funcionario expresó: "Los picos de crecidas que se han venido viendo y la continuidad de las lluvias nos ha puesto en una alerta amarilla".
La crecida de la Cuenca Salí-Dulce, debido a las fuertes precipitaciones que asolaron el verano pasado a las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, genera preocupación por las consecuencias que podría acarrear.
La Sociedad Rural de Jesús María informó que ya se están evacuando animales y el Gobierno provincial ya diagramó un operativo especial para ir previniendo eventuales daños.
Las autoridades estiman que hay alrededor de 30 mil animales, entre bovinos, ovinos y caprinos, que pastorean en esa región y que constituyen la población en riesgo.
La magnitud de la crecida, cuyo pico se espera para mayo y junio, podría ser muy superior a las de los últimos años, por lo que se necesita tomar medidas de prevención para evitar mayores inconvenientes, según Busso.
En Santiago del Estero, los caudales que están saliendo desde las termas de Río Hondo alcanzaron niveles récord, del orden de los 1.700 metros cúbicos por segundo.
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Las lagartijas con un futuro incierto en dos provincias
Mal pronóstico para las lagartijas
Fecha de Publicación: 09/04/2017
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Córdoba - Chubut
Se realizó una proyección a futuro para evaluar el efecto que causará el cambio climático sobre las regiones donde viven dos especies de estos reptiles.
Una pequeña modificación en el ambiente puede afectar masivamente a todo un ecosistema. Una investigación asegura que determinadas variables asociadas al clima ocasionarían para el año 2050 una reducción del área potencialmente adecuada en la que habitan una lagartija endémica de la Provincia de Córdoba y otra de Chubut.
“El objetivo es que esta información sea de utilidad para que instituciones gubernamentales que se dediquen por ejemplo a crear áreas protegidas, diseñarlas y mantenerlas, puedan tomar a tiempo las decisiones pertinentes para proteger a los animales de los efectos del cambio climático”, afirma el becario pos-doctoral del Grupo de Herpetología Patagónica del Instituto Patagónico para los Ecosistemas Continentales (IPEEC CONICET-CENPAT), Ignacio Minoli.
Las lagartijas que se estudiaron son dos especies del género Pristidactylus. P. achalensis vive en ambientes altos de pastizales en Córdoba en áreas comprendidas por el Parque Nacional Quebrada del Condorito, mientras que P. nigroiugulus habita en áreas asociadas con mesetas basálticas en Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
“La capacidad de dispersión que tiene un lagarto pequeño es muy limitada. Puede vivir toda su vida por ejemplo, debajo de un arbusto y cualquier alteración en el ambiente como las que puede ocasionar el cambio climático puede afectarlas sin darles el tiempo a suficiente para colonizar nuevas áreas con las condiciones adecuadas”, asegura el científico.
La Asociación Herpetológica Argentina categorizó en el año 2012 a la especie Pristidactylus achalensis en un estatus de conservación vulnerable y a P. nigroiugulus como no amenazada. Sin embargo, las proyecciones del modelo creado por los autores de este trabajo aseguran que los efectos del cambio climático afectarán de manera más drástica a P. nigroiugulus. Se estima que al comparar los modelos presentes con las proyecciones al 2050, P. achalensis tendría una reducción en el hábitat potencialmente adecuado en casi un 18 por ciento y P. nigroiugulus un 39 por ciento.
“La especie que vive en Chubut vive en roquedales que en determinadas épocas del año por la exposición al sol levantan altas temperaturas. En cambio, en las sierras de Córdoba existe vegetación herbácea con cierta altura. Tienen refugios y están expuestos a un clima más benevolente y menos extremo. Estas condiciones podrían influir en que el pronóstico a futuro sea menos favorable para una de las especies. A pesar de ser especies cercanamente emparentadas, cada una de ellas tiene un nicho ecológico propio, lo cual podría explicar las diferencias que encontramos en las magnitudes de los cambios en las proyecciones futuras”, sostiene el científico.
En otro escenario posible a futuro con emisiones mayores de dióxido de carbono, también recreado por el investigador, estos animales verían afectados sus hábitats en más de un 45 por ciento. Los reptiles son animales ectotérmicos, es decir que regulan su temperatura a partir de la temperatura ambiental y es por eso que son particularmente sensibles a una posible modificación climática, por lo cual representan buenos indicadores para estudiar esta problemática.
“Cada ecosistema tiene una historia natural compartida que está intrínsecamente relacionada con el clima. En el contexto de cambio climático pronosticado se estima a futuro una suba de la temperatura global-regional y alteraciones en el régimen de las precipitaciones. Esto tiene consecuencias asociadas al ambiente, a la fauna y a la flora de cada región. Este modelado de nicho ecológico calcula a partir de determinadas variables cuan adecuado es y será el hábitat para estas especies en particular y es por eso que puede ser utilizada como herramienta para planificar y conservar con base en resultados obtenidos en un plano espacial-geográfico y temporal”, concluye Minoli.
El modelado elaborado por los investigadores incluye diferentes variables climáticas que el científico representa geográficamente en un mapa y que permite realizar esta proyección a futuro.
“Solo evaluamos el cambio climático. Si incluyera otras variables vinculadas al efecto antrópico, es decir las modificaciones provocadas por el hombre como el uso de la tierra, el avance de la frontera agropecuaria y los cambios en la cobertura vegetal, el pronóstico para estos animales posiblemente sería aún peor”, analiza.
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Fecha de Publicación: 09/04/2017
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Córdoba - Chubut
Se realizó una proyección a futuro para evaluar el efecto que causará el cambio climático sobre las regiones donde viven dos especies de estos reptiles.
Una pequeña modificación en el ambiente puede afectar masivamente a todo un ecosistema. Una investigación asegura que determinadas variables asociadas al clima ocasionarían para el año 2050 una reducción del área potencialmente adecuada en la que habitan una lagartija endémica de la Provincia de Córdoba y otra de Chubut.
“El objetivo es que esta información sea de utilidad para que instituciones gubernamentales que se dediquen por ejemplo a crear áreas protegidas, diseñarlas y mantenerlas, puedan tomar a tiempo las decisiones pertinentes para proteger a los animales de los efectos del cambio climático”, afirma el becario pos-doctoral del Grupo de Herpetología Patagónica del Instituto Patagónico para los Ecosistemas Continentales (IPEEC CONICET-CENPAT), Ignacio Minoli.
Las lagartijas que se estudiaron son dos especies del género Pristidactylus. P. achalensis vive en ambientes altos de pastizales en Córdoba en áreas comprendidas por el Parque Nacional Quebrada del Condorito, mientras que P. nigroiugulus habita en áreas asociadas con mesetas basálticas en Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
“La capacidad de dispersión que tiene un lagarto pequeño es muy limitada. Puede vivir toda su vida por ejemplo, debajo de un arbusto y cualquier alteración en el ambiente como las que puede ocasionar el cambio climático puede afectarlas sin darles el tiempo a suficiente para colonizar nuevas áreas con las condiciones adecuadas”, asegura el científico.
La Asociación Herpetológica Argentina categorizó en el año 2012 a la especie Pristidactylus achalensis en un estatus de conservación vulnerable y a P. nigroiugulus como no amenazada. Sin embargo, las proyecciones del modelo creado por los autores de este trabajo aseguran que los efectos del cambio climático afectarán de manera más drástica a P. nigroiugulus. Se estima que al comparar los modelos presentes con las proyecciones al 2050, P. achalensis tendría una reducción en el hábitat potencialmente adecuado en casi un 18 por ciento y P. nigroiugulus un 39 por ciento.
“La especie que vive en Chubut vive en roquedales que en determinadas épocas del año por la exposición al sol levantan altas temperaturas. En cambio, en las sierras de Córdoba existe vegetación herbácea con cierta altura. Tienen refugios y están expuestos a un clima más benevolente y menos extremo. Estas condiciones podrían influir en que el pronóstico a futuro sea menos favorable para una de las especies. A pesar de ser especies cercanamente emparentadas, cada una de ellas tiene un nicho ecológico propio, lo cual podría explicar las diferencias que encontramos en las magnitudes de los cambios en las proyecciones futuras”, sostiene el científico.
En otro escenario posible a futuro con emisiones mayores de dióxido de carbono, también recreado por el investigador, estos animales verían afectados sus hábitats en más de un 45 por ciento. Los reptiles son animales ectotérmicos, es decir que regulan su temperatura a partir de la temperatura ambiental y es por eso que son particularmente sensibles a una posible modificación climática, por lo cual representan buenos indicadores para estudiar esta problemática.
“Cada ecosistema tiene una historia natural compartida que está intrínsecamente relacionada con el clima. En el contexto de cambio climático pronosticado se estima a futuro una suba de la temperatura global-regional y alteraciones en el régimen de las precipitaciones. Esto tiene consecuencias asociadas al ambiente, a la fauna y a la flora de cada región. Este modelado de nicho ecológico calcula a partir de determinadas variables cuan adecuado es y será el hábitat para estas especies en particular y es por eso que puede ser utilizada como herramienta para planificar y conservar con base en resultados obtenidos en un plano espacial-geográfico y temporal”, concluye Minoli.
El modelado elaborado por los investigadores incluye diferentes variables climáticas que el científico representa geográficamente en un mapa y que permite realizar esta proyección a futuro.
“Solo evaluamos el cambio climático. Si incluyera otras variables vinculadas al efecto antrópico, es decir las modificaciones provocadas por el hombre como el uso de la tierra, el avance de la frontera agropecuaria y los cambios en la cobertura vegetal, el pronóstico para estos animales posiblemente sería aún peor”, analiza.
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