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Córdoba: los datos sobre suelos será público
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Crean portal de datos abiertos sobre suelos cordobeses
Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Aporta información para la toma de decisiones en el sector socio-productivo. El relevamiento cubre un área de aproximadamente 20 mil kilómetros cuadrados y demandó más de cuatro años de trabajo
Con el objetivo de aportar una herramienta tecnológica versátil para la toma de decisiones en el sector socio-productivo, investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba pertenecientes al Centro de Transferencia Terra y a la cátedra de Informática, desarrollaron el Portal de Datos Abiertos de suelos de la provincia de Córdoba.
El portal reúne información de 11 variables de suelos, presentadas mediante de mapas interactivos que funcionan como aplicaciones dentro de un navegador web.
En su conjunto, permiten visualizar rápidamente las características de la superficie cordobesa. Además, los valores de cada una de las propiedades relevadas pueden ser descargadas en diversos formatos.
“El aporte más relevante es que estamos brindando a la sociedad información completa y ordenada de los valores actuales de la propiedad de los suelos en Córdoba.
Esta herramienta reúne múltiple información sobre aquéllos, que -además de estar disponible en un mismo lugar de fácil acceso- muestra una base de datos organizada, actualizada, ordenada, de muy fácil uso, respecto a la composición de los suelos de superficie, con la que aún la provincia no contaba, lo cual es un gran aporte que se ha realizado al conocimiento”, explicó Ariel Rampoldi, miembro del equipo de investigación.
Las diversas aplicaciones disponibles permiten disponer de información de granulometría (contenido de arcilla, limo y arena); constantes hídricas (capacidad de campo y capacidad a la marchitez permanente); conductividad eléctrica, PH, contenido de materia orgánica, contenido de nitrógeno total, capacidad de intercambio catiónico, nutrientes y micronutrientes del suelo (calcio, magnesio, sodio, potasio, fósforo, hierro, cinc, manganeso, cobre). También se podrá consultar mediante este portal niveles de óxidos de hierro y de aluminio presentes.
La información que se ha puesto disponible será de gran utilidad para docentes de todos los niveles educativos, profesionales, organismos de gobierno, entidades privadas.
Con una superficie de 65.321 kilómetros cuadrados, Córdoba es la quinta provincia argentina con mayor extensión. En ella coexisten extensiones de planicie junto con las sierras localizadas al oeste, dispuestas en tres cordones separados por valles.
El portal demandó más de cuatro años de trabajo, durante los cuales los investigadores que impulsaron el proyecto recorrieron 20 mil kilómetros para tomar 354 muestras. Este estudio fue financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación.
La iniciativa se realizó en el marco del proyecto de vinculación y transferencia tecnológica “Universidades Agregando Valor”, programa del Ministerio de Educación de la Nación que consiste en desarrollos e innovación que involucren universidades y empresas. Con el apoyo de docentes de Informática de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la empresa Ciampagna & asociados SA y utilizando tecnología basada en los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Buena salud
El suelo es un medio que está en perpetua renovación a diversas escalas de tiempo, por eso cobra particular relevancia la necesidad de protegerlo a corto y mediano plazo, evaluando los posibles impactos de los cambios climáticos o antropogénicos.
“En general, podemos decir que los suelos de Córdoba todavía gozan de buena salud. Hay que hacer mucho hincapié en las formas de trabajo, particularmente en los sistemas de labranza, con una mirada más amplia que pueda trascender los predios de cada productor y pensar el suelo desde la cuenca”, destacó Rampoldi.
“Con una mirada más amplia, podemos lograr que esa salud de la que gozan los suelos sea más permanente en el tiempo”, agregó.
Por su parte, Susana Hang, directora del equipo de investigación, destaca que uno de los objetivos del equipo, además de promover la vinculación con el sector socio-productivo, ha sido “estimular la conciencia de responsabilidad hacia el recurso suelo, consolidando la convicción que todos podemos hacer algo para su cuidado; y una de las formas de hacer una buena gestión del territorio es contar con información confiable, y éste es uno de los propósitos de poner a disposición de todos la caracterización de los suelos de Córdoba”.
El trabajo emprendido para la creación del portal sentó bases concretas para acciones futuras, tales como la delimitación de áreas homogéneas por sus fortalezas o debilidades, o la elaboración de mapas interactivos que permitan a los usuarios y gestores apoyarse en bases concretas para la toma de decisiones.
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Córdoba: empresas no quieren cumplir con normativa ambiental
El G-6 pide reabrir la discusión sobre la licencia ambiental
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Córdoba: toxinas peligrosas en los diques
Detectan la presencia crónica de toxinas graves en los diques
Fecha de Publicación: 04/07/2019
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Un alga microscópica que prolifera en las cuencas hídricas de Córdoba es estudiada en un laboratorio dependiente de la UNC; los investigadores advierten que los métodos tradicionales de potabilización del agua resultan cada vez mas ineficientes; la presencia de estos organismos aumentó un 200% en los últimos dos años
El Dique San Roque y el Dique los Molinos aportan el agua al 70% y al 30% respectivamente de la población; mientras el San Roque provee a la zona norte de la ciudad, Los Molinos lo hace a la zona sur. En los últimos tiempos, investigadores de las cuencas hídricas de la provincia vienen alertando sobre el deterioro que sufren ambos reservorios, una situación que se torna visible cuando parte de sus superficies se vuelve de colores verdes intensos.
En esta oportunidad, el químico de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Exequiel Di Tofino resalta dos puntos inquietantes: que el agua del dique Los Molinos se está deteriorando de forma más veloz que el tiempo que le llevó al San Roque; y la presencia de la microcystis, el alga generadora de una toxina calificada como “grave”, llamada microcystina, con alta presencia en ambos diques. “Las mediciones demuestran un marcado deterioro de las condiciones del agua de estos diques y una proliferación cada vez más acentuada de todo tipo de algas, bacterias y algunas variedades de especies fúngicas”, señaló Di Tofino a HOY DÍA CÓRDOBA.
“En la contaminación biológica, lo que vemos superficialmente como un manto verde es lo más inofensivos. Son plantas acuáticas, no algas, las algas son microscópicas y por lo tanto no se ven, y no existe una única variedad, existen al menos siete u ocho, de las cuales yo solo estudio una”, en referencia a la microcystis. Este organismo prolifera a causa de la contaminación química que presentan los diques, provocada por la deforestación, los desagües clandestinos y los efluentes cloacales que desembocan en las cuencas sin ningún tipo de tratamiento o de manera insuficiente.
Como ejemplo, menciona lo que ocurre en el valle de Punilla. “Excepto en Carlos Paz, donde la Coopi supuestamente sí aplica un tratamiento previo a los efluentes que libera al dique, el resto de las localidades aledañas no tienen ni si quiera una cooperativa de tratamiento, y los efluentes van cruditos por el río San Francisco, que luego se convierte en Cosquín y así llegan al San Roque”, dijo el además profesor de la UNC, que desde 2007 estudia el estado del agua.
Además, cuestionó la falta de control, reglamentación y de permisos para el desarrollo inmobiliario y hotelero en los valles de Punilla y Calamuchita como así también de los cultivos en campos, “hemos llegado a encontrar presencia de glifosato y agroquímicos que no deberían porqué estar ahí”, advirtió Di Tofino, aunque aclaró que la principal urgencia es atender la proliferación de la microcystis, que podría volver el agua intratable.
Los métodos convencionales de potabilización han quedado desactualizados en función de la composición actual del agua, incuso los filtros que existen en el mercado no son los suficientemente específicos para retener el alga en estudio y su toxina. Una práctica habitual como la de hervir el agua en la microcystina genera un efecto adverso, es decir, “potencia su toxicidad”.
A esta neurotoxina se la conoce desde hace tiempo, pero hoy se pone nuevamente en agenda por su exponencial proliferación. Se absorbe por piel, es decir que por más que decidamos no tomar el agua corriente, estamos sometidos a ella al bañarnos, higienizarnos y lavar la ropa. Afecta principalmente al nervio óptico y a nivel gastrointestinal. Respecto al grado de contaminación de los diques por su presencia, Di Tofino aclaró que aún no existen valores de referencia porque recién ahora se ha vuelto crónica. Sin embargo, mencionó que en el agua de consumo humano su presencia debería ser cero, pero en los últimos dos años su apariencia aumentó en un 200%: “Existe entre 50 y 100 unidades del organismo por litro de agua relevada”.
Canchas de golf donde había agua
La investigación forma parte del trabajo que desempeña Exequiel Di Tofino en un laboratorio de servicios externos dependiente de la UNC y que lleva adelante junto a un equipo interdisciplinario compuestos por biólogos, químicos e ingenieros. "La evidencia visual indica que nuestros diques se están convirtiendo en verdaderas canchas de golf”, grafica Di Tofino sobre el estado actual de los diques.
Por ello, además de los análisis sobre la composición del agua, el especialista adelantó a este medio que están experimentando un sistema de filtración capaz retener -y en lo posible inactivar- la toxina que genera la microcystis para mejorar las condiciones del agua, especialmente para consumo humano.
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Fecha de Publicación: 04/07/2019
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Un alga microscópica que prolifera en las cuencas hídricas de Córdoba es estudiada en un laboratorio dependiente de la UNC; los investigadores advierten que los métodos tradicionales de potabilización del agua resultan cada vez mas ineficientes; la presencia de estos organismos aumentó un 200% en los últimos dos años
El Dique San Roque y el Dique los Molinos aportan el agua al 70% y al 30% respectivamente de la población; mientras el San Roque provee a la zona norte de la ciudad, Los Molinos lo hace a la zona sur. En los últimos tiempos, investigadores de las cuencas hídricas de la provincia vienen alertando sobre el deterioro que sufren ambos reservorios, una situación que se torna visible cuando parte de sus superficies se vuelve de colores verdes intensos.
En esta oportunidad, el químico de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Exequiel Di Tofino resalta dos puntos inquietantes: que el agua del dique Los Molinos se está deteriorando de forma más veloz que el tiempo que le llevó al San Roque; y la presencia de la microcystis, el alga generadora de una toxina calificada como “grave”, llamada microcystina, con alta presencia en ambos diques. “Las mediciones demuestran un marcado deterioro de las condiciones del agua de estos diques y una proliferación cada vez más acentuada de todo tipo de algas, bacterias y algunas variedades de especies fúngicas”, señaló Di Tofino a HOY DÍA CÓRDOBA.
“En la contaminación biológica, lo que vemos superficialmente como un manto verde es lo más inofensivos. Son plantas acuáticas, no algas, las algas son microscópicas y por lo tanto no se ven, y no existe una única variedad, existen al menos siete u ocho, de las cuales yo solo estudio una”, en referencia a la microcystis. Este organismo prolifera a causa de la contaminación química que presentan los diques, provocada por la deforestación, los desagües clandestinos y los efluentes cloacales que desembocan en las cuencas sin ningún tipo de tratamiento o de manera insuficiente.
Como ejemplo, menciona lo que ocurre en el valle de Punilla. “Excepto en Carlos Paz, donde la Coopi supuestamente sí aplica un tratamiento previo a los efluentes que libera al dique, el resto de las localidades aledañas no tienen ni si quiera una cooperativa de tratamiento, y los efluentes van cruditos por el río San Francisco, que luego se convierte en Cosquín y así llegan al San Roque”, dijo el además profesor de la UNC, que desde 2007 estudia el estado del agua.
Además, cuestionó la falta de control, reglamentación y de permisos para el desarrollo inmobiliario y hotelero en los valles de Punilla y Calamuchita como así también de los cultivos en campos, “hemos llegado a encontrar presencia de glifosato y agroquímicos que no deberían porqué estar ahí”, advirtió Di Tofino, aunque aclaró que la principal urgencia es atender la proliferación de la microcystis, que podría volver el agua intratable.
Los métodos convencionales de potabilización han quedado desactualizados en función de la composición actual del agua, incuso los filtros que existen en el mercado no son los suficientemente específicos para retener el alga en estudio y su toxina. Una práctica habitual como la de hervir el agua en la microcystina genera un efecto adverso, es decir, “potencia su toxicidad”.
A esta neurotoxina se la conoce desde hace tiempo, pero hoy se pone nuevamente en agenda por su exponencial proliferación. Se absorbe por piel, es decir que por más que decidamos no tomar el agua corriente, estamos sometidos a ella al bañarnos, higienizarnos y lavar la ropa. Afecta principalmente al nervio óptico y a nivel gastrointestinal. Respecto al grado de contaminación de los diques por su presencia, Di Tofino aclaró que aún no existen valores de referencia porque recién ahora se ha vuelto crónica. Sin embargo, mencionó que en el agua de consumo humano su presencia debería ser cero, pero en los últimos dos años su apariencia aumentó en un 200%: “Existe entre 50 y 100 unidades del organismo por litro de agua relevada”.
Canchas de golf donde había agua
La investigación forma parte del trabajo que desempeña Exequiel Di Tofino en un laboratorio de servicios externos dependiente de la UNC y que lleva adelante junto a un equipo interdisciplinario compuestos por biólogos, químicos e ingenieros. "La evidencia visual indica que nuestros diques se están convirtiendo en verdaderas canchas de golf”, grafica Di Tofino sobre el estado actual de los diques.
Por ello, además de los análisis sobre la composición del agua, el especialista adelantó a este medio que están experimentando un sistema de filtración capaz retener -y en lo posible inactivar- la toxina que genera la microcystis para mejorar las condiciones del agua, especialmente para consumo humano.
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Córdoba inaugura un centro de rescate de grandes aves
Ya funciona el centro de rescate de grandes aves en Córdoba
Fecha de Publicación: 27/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El cielo cordobés es surcado por distintas aves, algunas de las cuales se encuentran protegidas para reducir el peligro de extinción de algunas especies. Este lunes, la Provincia anunció la inauguración de un centro de protección de las grandes aves que habitan el territorio provincial.
El secretario de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Servicios Públicos, Javier Britch, fue quien inauguró el primer Centro de Rescate y Rehabilitación de Grandes Aves, ubicado en la ruta nacional 38, específicamente en el zoo Tatú Carreta, de la localidad de Casa Grande, departamento Punilla.
Este centro estará disponible a nivel regional para receptar grandes aves (cóndores, águilas, gavilanes, halcones, entre otras) que requieran rehabilitación y recuperación para su posterior liberación en su hábitat natural.
"La flamante dependencia es el fruto del trabajo conjunto que desarrollan el organismo provincial, la Universidad Católica de Córdoba y los propietarios de Tatú Carreta", plantó Ambiente a través de un comunicado.
Centro de rescate
El centro funciona desde hace años como un espacio de rehabilitación y recuperación de otro tipo de animales (mamíferos especialmente) y ahora sumará la infraestructura necesaria para mejorar el estado de las grandes aves que se logren encontrar.
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Córdoba tendrá tormentas más intensas
Cambio climático: las tormentas serán más intensas en Córdoba
Fecha de Publicación: 10/05/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Para 2030 –en sólo 10 años–, se proyecta que Córdoba, en general, y las Sierras, en particular, percibirán con más intensidad algunos efectos del cambio climático que ya se viene materializando a nivel global. Se reflejará en el incremento paulatino de la temperatura mínima promedio, con menos días con heladas y más noches tropicales.
“En las Sierras, el total de precipitaciones anuales no va a cambiar mucho, pero posiblemente se observará un aumento de la torrencialidad de las lluvias; es decir, tormentas más severas, lo que puede traer aparejados problemas de crecidas y de inundaciones más frecuentes si no se toman las medidas adecuadas”, apuntó la bióloga Lara Dellaceca, del equipo técnico de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
La experta rosarina expuso en el marco de las Jornadas sobre Plantas Nativas y Cambio Climático, realizadas días atrás en Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba.
La deforestación –apuntó– es uno de los factores que más contribuye con estos cambios negativos. “Genera que la radiación que llega a la superficie se acumule en forma de calor en la atmósfera porque el suelo desnudo refleja más energía térmica que la cobertura vegetal”, explicó.
Para intentar al menos aletargar el impacto, sería imprescindible tomar medidas de mitigación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con actividades más sustentables (sustituir la energía por la solar, bajar consumo de combustibles fósiles, evitar quemas de basurales e incendios forestales, por ejemplo), así como medidas de adaptación, como reforestar zonas rurales y urbanas, y adaptar las ciudades con más verde y más desagües.
“Los bosques tienen una influencia muy grande en los ciclos del agua, en la retención del agua en los suelos, y eso afecta mucho los climas a escala local”, añadió Dellaceca sobre la zona serrana. Para lograrlo en la magnitud necesaria, deben generarse políticas de Estado y sumar el compromiso de la comunidad.
En un escenario de emisiones globales intermedias, es decir, si se bajaran un poco las actuales, la especialista calculó que el incremento, por ejemplo, en el Valle de Calamuchita sería de 0,67 grados más de temperatura en una década.
“Parece poco, pero con el tiempo influye mucho en la merma de días con heladas y en que se sumen noches tropicales, y hasta la vegetación empiece a verse afectada”, citó.
Los cambios ya se observan paulatinamente. Si bien cada región cordobesa tiene su microclima, se estima que los efectos ya casi irremediables serán similares para todo el territorio provincial.
El biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, advirtió en el encuentro que el cambio climático deparará “sucesos excepcionales” y que las comunidades deberán estar preparadas. Anticipó más inundaciones, más sequías prolongadas y más jornadas con temperatura extrema para la provincia en general.
Estar preparados
En las Sierras, las particularidades que hay que tener en cuenta serán las crecientes de los ríos en pendiente.
“En adaptación, las ciudades tienen que pensar en infraestructura de desagües, que puedan drenar rápido. Y en mitigación, aportar cada una en ahorro de energía para emitir menos gases de efecto invernadero y en alternativas en la construcción”, añadió.
En ese nuevo escenario, Kopta anticipó que es factible que en zonas templadas, como Córdoba, se agudice la incidencia de enfermedades tropicales.
Kopta marcó que estos escenarios se van a intensificar hasta mediados del siglo 21, “hagamos ya lo que hagamos”. Es decir, ya no alcanzan las medidas correctivas para frenar ese impacto. Lo que queda –coincidió– es no agravarlo aún más.
“De acuerdo con las decisiones políticas y económicas que se tomen, las situaciones podrán seguir empeorando o no. Y ahí es cuando no sabemos hasta qué punto el planeta tiene la capacidad de seguir mostrando flexibilidad para que los disturbios no sean tan grandes”, subrayó.
El ambientalista acotó que, “dentro de todo, Córdoba y el centro de la Argentina no serán los peores escenarios en el continente, de acá hasta fin del siglo, al menos. Hay otros espacios que se perfilan con peores consecuencias”.
Admitió, a la vez, que en un escenario macro (el calentamiento es planetario) las acciones por tomar en cada ciudad o región “son muy modestas, ante un problema grave pero global”.
El biólogo apeló a abrir alguna esperanza: “No es que los problemas dejen de existir, pero hay una ciudadanía que se va organizando y trabajando en forma colectiva y va empezando a generar cambios en comunidades chicas y, de a poco, también a nivel provincial”, subrayó.
Citó como ejemplos la movida para impulsar cambios en el proyecto de autovía de montaña en Punilla, los reclamos para evitar inundaciones en Sierras Chicas o las que se motorizaron contra una reforma de la ley de bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 10/05/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Para 2030 –en sólo 10 años–, se proyecta que Córdoba, en general, y las Sierras, en particular, percibirán con más intensidad algunos efectos del cambio climático que ya se viene materializando a nivel global. Se reflejará en el incremento paulatino de la temperatura mínima promedio, con menos días con heladas y más noches tropicales.
“En las Sierras, el total de precipitaciones anuales no va a cambiar mucho, pero posiblemente se observará un aumento de la torrencialidad de las lluvias; es decir, tormentas más severas, lo que puede traer aparejados problemas de crecidas y de inundaciones más frecuentes si no se toman las medidas adecuadas”, apuntó la bióloga Lara Dellaceca, del equipo técnico de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
La experta rosarina expuso en el marco de las Jornadas sobre Plantas Nativas y Cambio Climático, realizadas días atrás en Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba.
La deforestación –apuntó– es uno de los factores que más contribuye con estos cambios negativos. “Genera que la radiación que llega a la superficie se acumule en forma de calor en la atmósfera porque el suelo desnudo refleja más energía térmica que la cobertura vegetal”, explicó.
Para intentar al menos aletargar el impacto, sería imprescindible tomar medidas de mitigación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, con actividades más sustentables (sustituir la energía por la solar, bajar consumo de combustibles fósiles, evitar quemas de basurales e incendios forestales, por ejemplo), así como medidas de adaptación, como reforestar zonas rurales y urbanas, y adaptar las ciudades con más verde y más desagües.
“Los bosques tienen una influencia muy grande en los ciclos del agua, en la retención del agua en los suelos, y eso afecta mucho los climas a escala local”, añadió Dellaceca sobre la zona serrana. Para lograrlo en la magnitud necesaria, deben generarse políticas de Estado y sumar el compromiso de la comunidad.
En un escenario de emisiones globales intermedias, es decir, si se bajaran un poco las actuales, la especialista calculó que el incremento, por ejemplo, en el Valle de Calamuchita sería de 0,67 grados más de temperatura en una década.
“Parece poco, pero con el tiempo influye mucho en la merma de días con heladas y en que se sumen noches tropicales, y hasta la vegetación empiece a verse afectada”, citó.
Los cambios ya se observan paulatinamente. Si bien cada región cordobesa tiene su microclima, se estima que los efectos ya casi irremediables serán similares para todo el territorio provincial.
El biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, advirtió en el encuentro que el cambio climático deparará “sucesos excepcionales” y que las comunidades deberán estar preparadas. Anticipó más inundaciones, más sequías prolongadas y más jornadas con temperatura extrema para la provincia en general.
Estar preparados
En las Sierras, las particularidades que hay que tener en cuenta serán las crecientes de los ríos en pendiente.
“En adaptación, las ciudades tienen que pensar en infraestructura de desagües, que puedan drenar rápido. Y en mitigación, aportar cada una en ahorro de energía para emitir menos gases de efecto invernadero y en alternativas en la construcción”, añadió.
En ese nuevo escenario, Kopta anticipó que es factible que en zonas templadas, como Córdoba, se agudice la incidencia de enfermedades tropicales.
Kopta marcó que estos escenarios se van a intensificar hasta mediados del siglo 21, “hagamos ya lo que hagamos”. Es decir, ya no alcanzan las medidas correctivas para frenar ese impacto. Lo que queda –coincidió– es no agravarlo aún más.
“De acuerdo con las decisiones políticas y económicas que se tomen, las situaciones podrán seguir empeorando o no. Y ahí es cuando no sabemos hasta qué punto el planeta tiene la capacidad de seguir mostrando flexibilidad para que los disturbios no sean tan grandes”, subrayó.
El ambientalista acotó que, “dentro de todo, Córdoba y el centro de la Argentina no serán los peores escenarios en el continente, de acá hasta fin del siglo, al menos. Hay otros espacios que se perfilan con peores consecuencias”.
Admitió, a la vez, que en un escenario macro (el calentamiento es planetario) las acciones por tomar en cada ciudad o región “son muy modestas, ante un problema grave pero global”.
El biólogo apeló a abrir alguna esperanza: “No es que los problemas dejen de existir, pero hay una ciudadanía que se va organizando y trabajando en forma colectiva y va empezando a generar cambios en comunidades chicas y, de a poco, también a nivel provincial”, subrayó.
Citó como ejemplos la movida para impulsar cambios en el proyecto de autovía de montaña en Punilla, los reclamos para evitar inundaciones en Sierras Chicas o las que se motorizaron contra una reforma de la ley de bosques nativos.
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La sangría de los bosques cordobeses no se detiene
El desmonte ilegal sigue sin erradicarse en Córdoba
Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2018 se intervinieron 7.413 hectáreas de bosque nativo, según cifras oficiales. El dato marca un descenso respecto de 2017, pero se mantiene en relación con años anteriores.
El desmonte ilegal sigue siendo una práctica difícil de erradicar de la provincia. En 2018, la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba detectó intervenciones ilegales por 7.413 hectáreas.
Equivale a una deforestación de 27,4 canchas de fútbol como la del estadio Kempes por día.
De estas 7.413 hectáreas, 3.200 estaban protegidas bajo la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Son los sectores con monte mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Sin embargo, en 778 hectáreas se realizó un desmonte total, mientras que en las 2.422 hectáreas restantes las intervenciones ilegales fueron rolados para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos o aperturas de picadas.
Aunque con altos y bajos, los desmontes ilegales persisten en Córdoba y lejos se está del ideal de “deforestación cero”. En 2015, las intervenciones ilegales afectaron a un poco más de siete hectáreas.
En 2016, una cifra parcial (Policía Ambiental no informó todas las intervenciones en la categoría amarilla) arrojó 6.951 hectáreas. La cifra trepó a 14.427 en 2017.
Los datos del monitoreo de 2018 fueron publicados tras varios pedidos de este diario. Hay una baja respecto del año anterior, pero la cifra sigue siendo alta si se considera el escaso monte que queda en Córdoba.
Según estudios ambientales, sólo sobrevive un tres por ciento de bosque nativo bien conservado de los 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
El bosque nativo es sinónimo de biodiversidad y de paisaje y un atributo clave para el turismo, pero también es vital para la regulación hídrica y climática de la región. “Desde el período 2014, al menos cinco mil hectáreas de bosque nativo se han desmontado de manera ilegal todos los años. Eso es preocupante”, asegura Fernando Barri, biólogo e investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Y señala que a partir de 2016 comienzan a aumentar los desmontes selectivos y químicos en zona roja de parches de bosques ubicados entre la ruta 9 norte y Mar Chiquita.
“Es la zona más codiciada por el agronegocio, ya que las precipitaciones allí permiten hacer cultivos intensivos. Allí hay muy pocos parches de bosque que deberían ser conservados de manera estricta si queremos salvar su biodiversidad”, comenta el biólogo.
Barri también señala que se realizan muchas intervenciones en la zona de Quilino donde se puede implantar pasturas exóticas para alimentar el ganado.
Los cinco departamentos con más hectáreas intervenidas fueron San Justo (1.052,5 hectáreas), Tulumba (556), Ischilín (368,6), Río Seco (363,8) y Río Primero (307,3).
Hasta fines de 2015, la Policía Ambiental también publicaba las hectáreas afectadas por intervenciones autorizadas. “Ahora no hay manera de saber cuánto están autorizando y cómo inciden esas intervenciones en la superficie de bosque nativo en la provincia”, asegura Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
¿Y el desmonte químico?
A Kopta también le llama la atención que en 2018 no se haya detectado casi ningún predio con desmonte químico, una práctica expresamente prohibida por ley. En 2017, se detectaron 2.500 hectáreas intervenidas ilegalmente de esta forma.
Se utilizan pesticidas para matar arbustos y renoval con el objetivo de despejar el terreno para la ganadería. Sobreviven los árboles más maduros, útiles para dar sombra al ganado.
Barri asegura que el informe estaría obviando al menos un desmonte químico de 1.200 hectáreas ocurrido en un campo de “un conocido empresario ganadero”. “Los inspectores le labraron el acta en junio del año pasado, pero por alguna razón esto no ha salido a la luz”, sostiene.
Recuperación muy lenta
Barri y Kopta coinciden en que son irrisorias las accesorias de reforestación que se cumplieron el año pasado. Es que, frente a las 7.413 hectáreas desmontadas, se recuperaron cuatro predios por 32 hectáreas totales, y otros 19 infractores fueron emplazados para que remediaran el daño ambiental. Potencialmente, serían otras 1.508 hectáreas por recuperar.
“De esos miles de hectáreas que se desmontaron no se recuperó casi nada y probablemente hoy tengan cultivos, hayan pagado o no las multas”, dice Barri.
Kopta agrega: “Hay un abismo entre la superficie intervenida en forma ilegal y la que tiene accesoria de reforestación. Ante esa desproporción, quienes desmontan tienen ganada la carrera”.
Los productores rurales reclaman claridad en las normas
Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, asegura que es evidente la contradicción que hay entre la ley provincial de bosque nativo (9.814, sancionada en 2010) y su reglamentación de 2011.
“Los productores no saben qué es lo que pueden hacer o no en sus predios. Quizás por ese motivo algunos pequeños productores pueden cometer alguna ilegalidad sin saberlo”, comenta.
El 80 por ciento de los productores ganaderos del norte cordobés tienen rodeos de menos de 150 animales. Magliano explica que estos ganaderos necesitan utilizar toda la superficie habilitada por ley para que la producción sea rentable, pero las contradicciones con la normativa no permiten esto.
“Hay muchas chacras que históricamente fueron intervenidas, pero realizar ahora cualquier intervención puede ser tomado como una infracción, cuando hace 20 o 50 años fueron habilitadas y ya tienen poco bosque nativo”, ejemplifica.
Además, detalla que las habilitaciones de la Secretaría de Ambiente demoran hasta un año, lo que hace inviable cualquier emprendimiento.
Magliano entiende que el gran productor puede adaptarse mejor a las normas porque tiene suficiente superficie para proteger una parte de bosque sin perder productividad.
Para el dirigente rural, esta situación está generando pobreza en el norte porque se está impidiendo que se genere trabajo rural. “Hoy no se puede hacer prácticamente nada por esta normativa”, asegura.
Y agrega: “Hay que trabajar en una nueva normativa para preservar el bosque nativo y mejorarlo porque sabemos que la ganadería de Córdoba no existiría sin árboles”.
Magliano asegura que en la última discusión se había logrado bastante coincidencia entre todos los sectores, pero luego la iniciativa se frenó.
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Fecha de Publicación: 16/04/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2018 se intervinieron 7.413 hectáreas de bosque nativo, según cifras oficiales. El dato marca un descenso respecto de 2017, pero se mantiene en relación con años anteriores.
El desmonte ilegal sigue siendo una práctica difícil de erradicar de la provincia. En 2018, la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba detectó intervenciones ilegales por 7.413 hectáreas.
Equivale a una deforestación de 27,4 canchas de fútbol como la del estadio Kempes por día.
De estas 7.413 hectáreas, 3.200 estaban protegidas bajo la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Son los sectores con monte mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Sin embargo, en 778 hectáreas se realizó un desmonte total, mientras que en las 2.422 hectáreas restantes las intervenciones ilegales fueron rolados para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos o aperturas de picadas.
Aunque con altos y bajos, los desmontes ilegales persisten en Córdoba y lejos se está del ideal de “deforestación cero”. En 2015, las intervenciones ilegales afectaron a un poco más de siete hectáreas.
En 2016, una cifra parcial (Policía Ambiental no informó todas las intervenciones en la categoría amarilla) arrojó 6.951 hectáreas. La cifra trepó a 14.427 en 2017.
Los datos del monitoreo de 2018 fueron publicados tras varios pedidos de este diario. Hay una baja respecto del año anterior, pero la cifra sigue siendo alta si se considera el escaso monte que queda en Córdoba.
Según estudios ambientales, sólo sobrevive un tres por ciento de bosque nativo bien conservado de los 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
El bosque nativo es sinónimo de biodiversidad y de paisaje y un atributo clave para el turismo, pero también es vital para la regulación hídrica y climática de la región. “Desde el período 2014, al menos cinco mil hectáreas de bosque nativo se han desmontado de manera ilegal todos los años. Eso es preocupante”, asegura Fernando Barri, biólogo e investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba.
Y señala que a partir de 2016 comienzan a aumentar los desmontes selectivos y químicos en zona roja de parches de bosques ubicados entre la ruta 9 norte y Mar Chiquita.
“Es la zona más codiciada por el agronegocio, ya que las precipitaciones allí permiten hacer cultivos intensivos. Allí hay muy pocos parches de bosque que deberían ser conservados de manera estricta si queremos salvar su biodiversidad”, comenta el biólogo.
Barri también señala que se realizan muchas intervenciones en la zona de Quilino donde se puede implantar pasturas exóticas para alimentar el ganado.
Los cinco departamentos con más hectáreas intervenidas fueron San Justo (1.052,5 hectáreas), Tulumba (556), Ischilín (368,6), Río Seco (363,8) y Río Primero (307,3).
Hasta fines de 2015, la Policía Ambiental también publicaba las hectáreas afectadas por intervenciones autorizadas. “Ahora no hay manera de saber cuánto están autorizando y cómo inciden esas intervenciones en la superficie de bosque nativo en la provincia”, asegura Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.
¿Y el desmonte químico?
A Kopta también le llama la atención que en 2018 no se haya detectado casi ningún predio con desmonte químico, una práctica expresamente prohibida por ley. En 2017, se detectaron 2.500 hectáreas intervenidas ilegalmente de esta forma.
Se utilizan pesticidas para matar arbustos y renoval con el objetivo de despejar el terreno para la ganadería. Sobreviven los árboles más maduros, útiles para dar sombra al ganado.
Barri asegura que el informe estaría obviando al menos un desmonte químico de 1.200 hectáreas ocurrido en un campo de “un conocido empresario ganadero”. “Los inspectores le labraron el acta en junio del año pasado, pero por alguna razón esto no ha salido a la luz”, sostiene.
Recuperación muy lenta
Barri y Kopta coinciden en que son irrisorias las accesorias de reforestación que se cumplieron el año pasado. Es que, frente a las 7.413 hectáreas desmontadas, se recuperaron cuatro predios por 32 hectáreas totales, y otros 19 infractores fueron emplazados para que remediaran el daño ambiental. Potencialmente, serían otras 1.508 hectáreas por recuperar.
“De esos miles de hectáreas que se desmontaron no se recuperó casi nada y probablemente hoy tengan cultivos, hayan pagado o no las multas”, dice Barri.
Kopta agrega: “Hay un abismo entre la superficie intervenida en forma ilegal y la que tiene accesoria de reforestación. Ante esa desproporción, quienes desmontan tienen ganada la carrera”.
Los productores rurales reclaman claridad en las normas
Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, asegura que es evidente la contradicción que hay entre la ley provincial de bosque nativo (9.814, sancionada en 2010) y su reglamentación de 2011.
“Los productores no saben qué es lo que pueden hacer o no en sus predios. Quizás por ese motivo algunos pequeños productores pueden cometer alguna ilegalidad sin saberlo”, comenta.
El 80 por ciento de los productores ganaderos del norte cordobés tienen rodeos de menos de 150 animales. Magliano explica que estos ganaderos necesitan utilizar toda la superficie habilitada por ley para que la producción sea rentable, pero las contradicciones con la normativa no permiten esto.
“Hay muchas chacras que históricamente fueron intervenidas, pero realizar ahora cualquier intervención puede ser tomado como una infracción, cuando hace 20 o 50 años fueron habilitadas y ya tienen poco bosque nativo”, ejemplifica.
Además, detalla que las habilitaciones de la Secretaría de Ambiente demoran hasta un año, lo que hace inviable cualquier emprendimiento.
Magliano entiende que el gran productor puede adaptarse mejor a las normas porque tiene suficiente superficie para proteger una parte de bosque sin perder productividad.
Para el dirigente rural, esta situación está generando pobreza en el norte porque se está impidiendo que se genere trabajo rural. “Hoy no se puede hacer prácticamente nada por esta normativa”, asegura.
Y agrega: “Hay que trabajar en una nueva normativa para preservar el bosque nativo y mejorarlo porque sabemos que la ganadería de Córdoba no existiría sin árboles”.
Magliano asegura que en la última discusión se había logrado bastante coincidencia entre todos los sectores, pero luego la iniciativa se frenó.
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Córdoba: idean un 'área campesina protegida'
Proponen crear un 'área campesina protegida' al norte de Mar Chiquita
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Creen que el Parque Nacional Ansenuza amenaza la tenencia de la tierra y su modo de producción. La propuesta del Movimiento Campesino Córdoba tendría unas 120 mil hectáreas.
Para la mayoría de los cordobeses, la creación de un parque nacional en la laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce fue recibida como una buena noticia.
Pero para Zulema (70 años) fue una ingrata sorpresa. “Me pareció que se desmoronaba el mundo porque pensamos que no nos iban a dejar entrar el ganado y todo iba a pasar a ser parque nacional”, comenta esta campesina de La Rinconada, un paraje ubicado en el extremo noreste de la provincia de Córdoba.
En parte de la región que potencialmente formará el parque nacional viven campesinos como Zulema que realizan una ganadería trashumante desde hace varias décadas. Cada familia tiene sus animales y parcelas individuales, pero el ganado también se arrea hasta diferentes campos comunitarios.
El Movimiento Campesino Córdoba (MCC) entiende que este uso de la tierra y forma de producción están en riesgo por la creación del parque nacional. Días atrás, presentaron un informe en el que reclaman la creación de un área campesina protegida.
“Queremos un área campesina para poder seguir desarrollando la vida campesina con campos abiertos. Ahora han colocado alambres y a veces no tenemos acceso al agua del río”, comenta Zulema.
Victoria Gauna, abogada del MCC, asegura que la creación del parque va a profundizar la inseguridad en la tenencia de la tierra que hay en la zona. Explica que la mayoría de las familias campesinas no tienen títulos de la tierra, aunque la habitan desde hace años. “En su mayoría son comunidades indígenas que viven en asentamientos que son ancestrales”, dice.
Y agrega: “La creación del parque nacional puede ser una oportunidad para darle reconocimiento a estas familias y a su forma de producción, además darles seguridad en la tenencia de la tierra”.
El área campesina tendría unas 120 mil hectáreas y estaría conformada por la medialuna que abarca el norte de la laguna Mar Chiquita y que incluye los parajes de Isla Larga, Los Pozos, Campo Marull, El Zapallar sur, Pozo verde, Campo Alegre y Laguna La Paulina.
También la costa al oeste del río Dulce donde se encuentran los parajes La Rinconada, Los Eucaliptos, Cardones Altos, Isla Verde, Puesto del Medio, Las Tortugas, Los Espinillos, Mojón de Fierro y La Correntina.
Relevamiento
Investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizaron un relevamiento en el 80 por ciento de ese territorio. Allí detectaron que hay unas 119 unidades productivas y viven 369 personas.
“Un 30 por ciento de los campesinos entrevistados se reconocen como descendientes directos de pueblos originarios”, comenta Mariana Gamboa, coordinadora del Programa Ruralidades, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.
Y agrega: “Parece un área deshabitada que sólo tiene naturaleza, pero el hombre ha vivido allí desde hace tiempo”.
La docente asegura que así como se rescatan la importancia ambiental y la biodiversidad de la región, a su grupo le parece necesario aportar información sobre la gente que vive allí, en especial para la toma de decisiones.
Gamboa explica que fue un trabajo de tres años, con operativos de cuatro días para cubrir zonas de difícil acceso. Y rescata el trabajo que ha logrado de universidad de poder acercarse a esta región desconocida por muchas personas. Presentarán el informe en la Legislatura Unicameral.
Según datos de Senasa, el departamento Río Seco, donde se ubican la mayoría de estos parajes, es responsable del 2,3 por ciento de la producción ganadera de Córdoba.
Más demandas
El MCC demanda la reconversión productiva de los grandes productores que actualmente se encuentren dentro de la futura área campesina y que se levanten todos los alambrados que se hayan colocado en las zonas costeras que impiden el libre acceso al agua.
También reclaman que la gestión del futuro parque nacional se realice en conjunto entre las autoridades y los productores locales.
El relevamiento identificó 10 campos comunitarios: Mojón de Fierro, La Correntina Norte, La Correntina Sur, Las Tortugas, Simbolar Chico, Isla Larga, Laguna La Paulina, Campo Moyano, El Aguaraz y Campo del Río.
Para el MCC también es fundamental que se impulsen políticas públicas activas para mejorar y promocionar la producción campesina y el acceso al agua en el área de protección.
Qué será el Parque Nacional Ansenuza
Ya hay fondos internacionales para crear el área protegida.
Trabajo. La Provincia, Administración de Parques Nacionales y la ONG Aves Argentinas trabajan en la creación del parque, el cual abarcaría un sector cercano a Miramar (en la costa sur), la costa norte de la laguna y sectores de los Bañados del río Dulce.
Avances. A fines de octubre pasado se conoció una donación de la Fundación Wyss de 5,8 millones de dólares para llevar adelante este proyecto. Estos fondos servirían para sumar 26 mil hectáreas.
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Cosecharás abortos, malformaciones y cáncer
Cosecharás enfermedades
Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: Agencia Nex (UBA)
Provincia/Región: Córdoba
Un equipo de investigadores realizó dos estudios en un pueblo agrícola de Córdoba severamente contaminado con glifosato y otros pesticidas y detectó altas frecuencias de cáncer, abortos espontáneos y anormalidades congénitas que superan ampliamente el promedio nacional. Si bien el trabajo, por sus características, no permite realizar asociaciones directas, sí sugiere la aplicación de medidas preventivas para proteger a la población de esta exposición ambiental.
En Argentina las semillas transgénicas comenzaron a utilizarse en 1996. Básicamente, esta modificación genética le otorga a la planta la capacidad de sobrevivir en un ambiente saturado de glifosato, un herbicida que se aplica para erradicar malezas. A partir de allí, el uso de estas semillas ha crecido, año tras año, debido al aumento en los rindes y la simpleza del cultivo. Actualmente, se utilizan en unas 25 millones de hectáreas donde viven alrededor de 12 millones de personas. Este fenómeno trae aparejado un constante aumento en el uso de glifosato como consecuencia de la resistencia creciente que desarrollan las plantas a este herbicida, lo que genera la necesidad de mayores dosis por hectárea y su uso combinado con otros agrotóxicos. Hoy en día se aplican en el país unas 240 mil toneladas de glifosato por año.
Monte Maíz es una pequeña ciudad agrícola, de unos 8 mil habitantes, ubicada a 300 km al sudeste de Córdoba capital. Alrededor de 650 tn de glifosato por año se concentran, manipulan y movilizan por el pueblo, desde donde salen diariamente para ser aplicados, por medio de maquinarias terrestres o aviones fumigadores, en los campos cultivados con soja y maíz transgénico que comienzan en el límite inmediato de las viviendas.
Con el correr de los años, médicos, vecinos y autoridades locales comenzaron a percibir un incremento en el número de personas que enfermaban de cáncer. Por esta razón solicitaron una evaluación de estado sanitario a profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se conformó entonces un equipo de trabajo interdisciplinario de más de 70 personas encabezado por el médico Medardo Ávila Vázquez, docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica del Hospital de Clínicas de la UNC. Los especialistas llevaron a cabo un un estudio ecológico exploratorio sobre cáncer y contaminación ambiental que incluyó, por un lado, un estudio epidemiológico sustentado en un relevamiento poblacional con una encuesta dirigida a los habitantes del pueblo. Y, por otro, un análisis ambiental que apuntó a la detección de fuentes de contaminación como basureros, torres de antenas de telefonía móvil, transformadores de energía eléctrica, plantas industriales, acopios de granos, depósitos de pesticidas y de máquinas fumigadoras. También se tomaron muestras de agua, suelo y polvo de granos que fueron analizadas por el Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
“Ellos nos vinieron a ver porque intuían que estaban frente a una situación muy grave”, recuerda Ávila Vázquez. Y agrega: “En Monte Maíz pudimos hacer un trabajo profundo porque el intendente, que es médico, y un grupo muy movilizado de vecinos nos abrieron las puertas del pueblo. En otros lugares esto no suele ocurrir”.
Los resultados de la investigación fueron publicados en el International Journal of Clinical Medicine en febrero de 2017. Se trata del primer trabajo de estas características realizado en Argentina que es publicado por una revista científica internacional con referato. Además de Ávila Vázquez, también son autores del artículo Flavia Difilippo, Bryan Mac Lean, Eduardo Maturano y Agustina Etchegoyen.
Mucho glifosato
El análisis ambiental realizado por los investigadores permitió determinar que el desarrollo de este modelo agrícola produjo, con el correr de los años, una relocalización de los productores que se trasladaron del área rural al interior del pueblo, llevando a sus familias, equipos de trabajo, e insumos. Así, los depósitos se multiplicaron en la villa hasta alcanzar los veintidós sitios de almacenamiento de máquinas de fumigar y de pesticidas. Además, se observaron enormes silos de cereales y granos de los que se desprende polvillo de soja y de maíz.
De acuerdo con la información reunida por los científicos, para cultivar semillas de soja y de maíz genéticamente modificadas, se utilizan 10 kg de glifosato por hectárea, por año. Esto significa que 650 tn de ese herbicida son aerolizadas en la zona, lo que implica una carga general de exposición ambiental al glifosato de 79 kg por persona por año.
Los análisis realizados fueron contundentes: se encontró glifosato (y su metabolito AMPA) en todas las muestras de suelo y polvo de granos tomadas en el pueblo. La concentración hallada fue 10 veces más alta que la de otros pesticidas, lo que demuestra que, entre todos los pesticidas que contaminan el ambiente, glifosato es el más relevante.
“Ese cascarilla del grano que sale de los silos se aspira. Es material particulado que vuela y se va depositando sobre los autos, en la ropa que pone la gente a secar en la soga. El viento lo va acumulando contra el cordón de las veredas, de ahí tomamos las muestras. Es impresionante”, dice el investigador con preocupación.
Sorprendentemente, las concentraciones detectadas en el interior del pueblo fueron varias veces más elevadas que las encontradas en los suelos de los campos cultivados. Así, por ejemplo, las muestras obtenidas junto a una plaza de juegos infantiles presentan una concentración de 2297 ppb, unas 68 veces mayor que la obtenida de una muestra de tierra de un campo de maíz resistente a glifosato (41 ppb). La concentraciones más elevadas provienen de las muestras recogidas en la vereda peatonal lindante con un depósito de pesticida (3868 ppb).
“El agroquímico se concentra en los pueblos, porque los pueblos se han convertido en centros de operaciones. Los productores van a los campos y aplican los agrotóxicos cada quince o veinte días dependiendo del momento del año y de la situación del cultivo, pero en la ciudad la máquina va y viene todos los días con los agroquímicos para fumigar distintos lotes. La circulación de los agroquímicos adentro del pueblo, son un elemento de enfermedad”, asegura Ávila Vázquez. Y agrega: “En estos pueblos no se trata solamente de la nube de agrotóxicos fumigados por un avión que el viento lleva sobre el pueblo, sino que aquí tenés el depósito de agrotóxicos al lado de tu casa y al tractor fumigador pasando por tu puerta”.
Por otro lado, tanto el manejo de la basura sólida urbana (que es recogida por un servicio municipal que la deposita en un basural), como el sistema de cloacas (que alcanza a todos los hogares), y la buena calidad del agua que beben, libre de arsénico desde hace 16 años, no constituyen factores de contaminación que puedan influir en las patologías estudiadas. El informe subraya que el glifosato y, en menor medida, otros pesticidas, son el elemento principal de contaminación ambiental de Monte Maíz.
Mucho cáncer
El análisis epidemiológico se basó en información recolectada sobre 4859 personas, lo que representa un 62% del total de la población de Monte Maíz. Los resultados son, a todas luces, alarmantes.
La tasa de incidencia de cáncer fue de 706 casos cada 100 mil habitantes, es decir, un 276% más alta que la de Ciudad de Córdoba (259,4/100.00) y un 317% mayor que la estimada para la Argentina (217/100.000). Asimismo, de acuerdo con el Registro Provincial de Tumores, en Córdoba se presentan unos 9 mil casos nuevos de cáncer por año, lo que implica que en Monte Maíz deberían agregarse 13,9 pacientes cada año, sin embargo, en Monte Maíz, en 2014, se registraron 35 nuevos casos de cáncer.
“Entre los casi 5 mil habitantes que pudimos investigar, había 900 personas que formaban parte de 170 familias vinculadas directamente al campo. Son las familias del operario de la máquina de fumigar, de los peones rurales, de los agrónomos y de los productores. Son las personas que manipulan directamente los agroquímicos y su entorno. Este grupo tiene 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos”, detalla Ávila Vázquez.
En cuanto a la estructura de edad de los casos reportados, el trabajo señala que del total de los enfermos de cáncer en Monte Maíz surgidos entre 2010 y 2014, un 22% tenían menos de 44 años. Mientras que en Córdoba, ese valor (entre 2002 y 2009) sólo alcanzó al 11%. “Estos hallazgos son consistentes con las observaciones hechas por los médicos locales en dos caminos: un aumento absoluto de los casos de cáncer y una mayor presencia de pacientes oncológicos más jóvenes que lo habitual”, consigna el informe.
Otro dato inquietante que revela la investigación es que la tasa de mortalidad por cáncer en Monte Maíz es un 299% más elevada que en Ciudad de Córdoba. En efecto, 383/100.000 habitantes para el pueblo agrícola, contra 128/100.000 para la capital de la provincia. Por otro lado, mientras que a nivel nacional el 20% de los decesos se producen por cáncer -igual porcentaje que en Córdoba-, en Monte Maíz las muertes por esa enfermedad alcanzaron un 39% del total en 2013 y un 34% en 2014. Asimismo, el área urbana que contaba con los depósitos de pesticidas más importantes, mostraba una mayor tasa de prevalencia de la enfermedad comparada con las otras áreas del pueblo.
El trabajo concluye que el “vínculo entre glifosato ambiental y cáncer parece consistente con respecto a incidencia, prevalencia y mortalidad. La fuerza de la asociación aparece como importante y más destacada por el hecho que las familias con actividad agrícola tienen un mayor riesgo de cáncer con respecto a las familias no agrícolas del mismo pueblo, probablemente debido a una mayor exposición directa a glifosato”. Aunque también señala con prudencia que la investigación se basa “en un diseño exploratorio y observacional incapaz de hacer afirmaciones causales directas. Investigaciones adicionales son necesarias para revelar la exacta relación entre cáncer y glifosato”.
Muchos abortos, muchas malformaciones congénitas
Posteriormente, el mismo equipo de trabajo se abocó a averiguar el impacto sobre la salud reproductiva que generaba la alta exposición ambiental a los agrotóxicos, en especial el glifosato, en una ciudad agrícola como Monte Maíz. El estudio fue publicado el año pasado en el Journal of Environmental Protection con revisión de pares y rankeado internacionalmente.
En el marco del mismo escenario ambiental y con un estudio epidemiológico sobre la base de una metodología similar al trabajo anterior, los científicos alcanzaron resultados realmente preocupantes.
En concreto, de 981 mujeres encuestadas en edad reproductiva 79 sufrieron abortos espontáneos. Ahora bien, 62 de ellas tuvieron una sola pérdida, 15 tuvieron dos y 2 tuvieron tres episodios, lo que implica que, en total, a lo largo de 5 años, se produjeron 98 abortos espontáneos, sobre 981 nacimientos ocurridos durante el mismo período.
Estos número indican que la tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz llega al 10% y es más de 3 veces superior al promedio nacional (3%) informado por el Ministerio de Salud de la Nación.
También es más alta que la que surge de un relevamiento llevado a cabo en un barrio de Córdoba en 2016 donde la prevalencia de abortos espontáneos fue del 3,7% en 5 años.
El trabajo asegura que “ni la edad materna, ni los hábitos tóxicos ni la pobreza pueden explicar la alta tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz”. Y desliza: “Parece haber un vínculo claro entre la exposición a pesticidas, incluido el glifosato, y la pérdida del embarazo”.
Por otro lado, entre la población estudiada, hubo 853 nacimientos a lo largo de 10 años. De ese total, 25 fueron los niños que presentaron anomalías congénitas importantes y estaban vivos en el momento de la investigación. Si se incluyen a aquellos que murieron durante ese período habría que sumar, se calcula, unos 12 casos más. Es decir que la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas en Monte Maíz es de un 3% (si se contabilizan sólo a los niños vivos), mientras que llega al 4,3% si se incluyen los fallecidos.
En todo el país el Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC) informó que, en 2014, entre los 281.249 niños nacidos se registró un total de 4.120 anormalidades congénitas estructurales mayores, con una prevalencia del 1,4%. Esto significa que en Monte Maíz la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas es entre 2 y 3 veces mayor que la nacional.
“Yo hace 30 años que soy neonatólogo y todavía trabajo en una terapia intensiva. He visto por mi propia experiencia como, año tras año, el número de chicos con malformaciones fue aumentando, sobre todo en niños provenientes de familias agrícolas”, relata Ávila Vázquez, y completa: “Es realmente muy impactante cómo los agrotóxicos afectan los mecanismos genéticos. El mismo mecanismo por el cual provocan las mutaciones que van a producir cáncer, cuando afectan a un espermatozoide o un óvulo terminan produciendo malformaciones o abortos”.
Para finalizar, este trabajo vuelve a señalar que “dado que este estudio es exploratorio y el diseño es observacional no puede hacer aseveraciones causales directas. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud colectiva, este vínculo requiere recomendar la aplicación preventiva de medidas para proteger a la población de esta exposición ambiental”.
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Córdoba impulsa el autoconsumo de energía
Reducción de impuestos para quienes instalen paneles solares en su casa
Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia dio a conocer los beneficios fiscales para quienes se sumen al régimen de generación distribuida de energía. Este ahorro se sumará a la reducción que verán en la factura de luz. La contra: los equipos son caros.
El Gobierno provincial dio a conocer el decreto en el que fija los beneficios fiscales a los usuarios que se sumen al régimen de generación distribuida de energía.
Son reducciones en los impuestos inmobiliario, a los ingresos brutos y a los sellos tanto a usuarios residenciales como también a Pymes.
Inmobiliario. El descuento para los usuarios generadores podrá ser de hasta el 20 por ciento. En este caso como en los otros beneficios fiscales la autoridad de aplicación fijará una escala de porcentajes según los distintos niveles de usuario-generadores. Además, todos los beneficios fiscales tendrán una vigencia de cinco años.
Ingresos brutos. Los usuario-generadores podrán recibir una reducción de hasta el cinco por ciento en este impuesto. Además, la inyección de energía eléctrica al sistema de distribución que gestionan Epec y las cooperativas estará exenta de pagar esta alícuota siempre que no se exceda una determinada cantidad de kilovatios.
Sellos. Quedarán eximidos del pago de este impuesto todos los actos, contratos y/o instrumentos necesarios para la tramitación de la adhesión al régimen de generación eléctrica distribuida.
Otros detalles
El anexo fija tres categorías de usuario-generador según la cantidad de energía que generen. Los pequeños, hasta 3 kW; medianos de 3 a 300 kW y grandes, de 300 kW hasta 2MW.
El distribuidor (Epec o las cooperativas) deberán responder en un plazo de tres días hábiles cualquier solicitud de un usuario para sumarse a este régimen.
Si se lo autoriza, se expedirá un certificado y el distribuidor deberá colocar un medidor bidireccional para poder computar la energía que consume y la que eventualmente inyectare al sistema.
Vender energía
Esta energía que inyecte al sistema será el excedente que se genere luego de atender su propio consumo.
Ese excedente se pagará al valor que tiene el kW en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el momento de la inyección al sistema.
En la factura se realizará un balance de facturación. Es decir, al monto que la distribuidora le cobra por su consumo se le restará el monto de dinero que le pagará por la energía inyectada al sistema.
En un informe de este diario, varios expertos señalaron que esta forma de compensación no sería muy conveniente para los usuarios residenciales que decidan instalar paneles solares y no tengan sus mayores consumos en lo momentos de generación (entre las 10 y las 18 horas).
Sin embargo, la generación distribuida, por utilizar fuentes renovables, sí ayuda a reducir las emisiones contaminantes que provocan el cambio climático.
Buena parte de la electricidad del país se produce por la quema de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) que producen estos gases.
Créditos para equipos
Otro problema con la implementación de paneles solares es un gran costo inicial. En este sentido, el gobernador Juan Schiaretti anuncio la implementación de un sistema de créditos blandos para la compra de estos equipos. Este programa contará con fondos por 600 millones de pesos.
Según detalló Schiaretti durante el inicio de la sesiones de la Legislatura, será créditos de cinco y siete años, con dos años de gracias y con un tope en la tasa de interés.
Estos beneficios se podrán sumar a los que disponga la Nación a través del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis).
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Fecha de Publicación: 22/02/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Provincia dio a conocer los beneficios fiscales para quienes se sumen al régimen de generación distribuida de energía. Este ahorro se sumará a la reducción que verán en la factura de luz. La contra: los equipos son caros.
El Gobierno provincial dio a conocer el decreto en el que fija los beneficios fiscales a los usuarios que se sumen al régimen de generación distribuida de energía.
Son reducciones en los impuestos inmobiliario, a los ingresos brutos y a los sellos tanto a usuarios residenciales como también a Pymes.
Inmobiliario. El descuento para los usuarios generadores podrá ser de hasta el 20 por ciento. En este caso como en los otros beneficios fiscales la autoridad de aplicación fijará una escala de porcentajes según los distintos niveles de usuario-generadores. Además, todos los beneficios fiscales tendrán una vigencia de cinco años.
Ingresos brutos. Los usuario-generadores podrán recibir una reducción de hasta el cinco por ciento en este impuesto. Además, la inyección de energía eléctrica al sistema de distribución que gestionan Epec y las cooperativas estará exenta de pagar esta alícuota siempre que no se exceda una determinada cantidad de kilovatios.
Sellos. Quedarán eximidos del pago de este impuesto todos los actos, contratos y/o instrumentos necesarios para la tramitación de la adhesión al régimen de generación eléctrica distribuida.
Otros detalles
El anexo fija tres categorías de usuario-generador según la cantidad de energía que generen. Los pequeños, hasta 3 kW; medianos de 3 a 300 kW y grandes, de 300 kW hasta 2MW.
El distribuidor (Epec o las cooperativas) deberán responder en un plazo de tres días hábiles cualquier solicitud de un usuario para sumarse a este régimen.
Si se lo autoriza, se expedirá un certificado y el distribuidor deberá colocar un medidor bidireccional para poder computar la energía que consume y la que eventualmente inyectare al sistema.
Vender energía
Esta energía que inyecte al sistema será el excedente que se genere luego de atender su propio consumo.
Ese excedente se pagará al valor que tiene el kW en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el momento de la inyección al sistema.
En la factura se realizará un balance de facturación. Es decir, al monto que la distribuidora le cobra por su consumo se le restará el monto de dinero que le pagará por la energía inyectada al sistema.
En un informe de este diario, varios expertos señalaron que esta forma de compensación no sería muy conveniente para los usuarios residenciales que decidan instalar paneles solares y no tengan sus mayores consumos en lo momentos de generación (entre las 10 y las 18 horas).
Sin embargo, la generación distribuida, por utilizar fuentes renovables, sí ayuda a reducir las emisiones contaminantes que provocan el cambio climático.
Buena parte de la electricidad del país se produce por la quema de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) que producen estos gases.
Créditos para equipos
Otro problema con la implementación de paneles solares es un gran costo inicial. En este sentido, el gobernador Juan Schiaretti anuncio la implementación de un sistema de créditos blandos para la compra de estos equipos. Este programa contará con fondos por 600 millones de pesos.
Según detalló Schiaretti durante el inicio de la sesiones de la Legislatura, será créditos de cinco y siete años, con dos años de gracias y con un tope en la tasa de interés.
Estos beneficios se podrán sumar a los que disponga la Nación a través del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis).
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Córdoba: tres años que se incumple con la ley de bosques
La ley de bosques tampoco será tratada este año
Fecha de Publicación: 30/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace tres años que la provincia de Córdoba incumple con la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331), a raíz de la falta de actualización del mapa ambiental que de manera obligatoria debió realizar hace cinco años.
El primer ordenamiento territorial aprobado por la Legislatura provincial data de agosto de 2010. A los cinco años debió actualizar el mapa ambiental. Es decir que desde mediados de 2015, Córdoba está al margen de la norma.
Pasaron tres años sin la renovación del mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y en un año marcado por el pulso electoral, más la fuerte polémica que se activa con el debate de este tema, se descuenta que la iniciativa se tomará otro año sabático.
A menos de cuatro meses de las elecciones provinciales, la actualización del OTBN, durante el primer semestre del año, seguirá en punto muerto. Tampoco hay expectativas de que se promueva su debate, en una segunda etapa del año, marcada por los comicios nacionales.
Lo cierto es que Córdoba tiene en la columna del haber la sanción de una normativa remozada con su correspondiente mapa ambiental de zonas rojas, amarillas y verdes, las cuales marcan el nivel de intervención o restricción del uso del monte.
La fuerte polémica que se genera en torno a ley de bosques por las posiciones antagónicas de ambientalistas y ruralistas, encima, en un año dominado por el amplio cronograma electoral, desalienta cualquier chance de habilitar un escenario de debate en el recinto legislativo.
“No hay nada al respecto”, respondió ante la consulta de La Voz el presidente provisorio, a cargo de la Legislatura, Oscar González.
Además, la espada legislativa del oficialismo afirmó: “No hemos discutido la agenda parlamentaria de este año. Esperaremos el discurso de apertura de sesiones del gobernador”, que será el 1° de febrero.
En el oficialismo evitan decir públicamente que el debate en torno a la ley de bosques volverá a quedar pendiente durante 2019, aunque en privado hay múltiples voces que admiten que “no es el momento ya que estamos a las puertas de las elecciones”.
En la vereda de enfrente, la oposición renovó sus críticas contra el accionar del oficialismo y a la política ambiental del Gobierno provincial.
El titular de la bancada radical, Orlando Arduh, afirmó que “la UCR siempre tuvo voluntad de discusión y de consensuar sobre esta ley, pero lamentablemente sabemos los tiempos legislativos que maneja UPC y los intereses que están en juego sobre todo en un año electoral”.
El parlamentario le pidió al oficialismo “dejar de buscar culpables y hacerse cargo”. Así le atribuyó a la Provincia estar “en falta” desde 2015 con la Nación, en referencia a la ley nacional 26.331.
Al reclamar un “debate serio” con la participación de todos los actores, la legisladora Liliana Montero expresó que “si bien es preocupante que no se actualicen los mapas, más preocupante es que no se busquen las herramientas de participación transparente que permitan la construcción en beneficio del desarrollo sustentable y el cuidado de nuestro bosque”.
La opositora demandó “respetar la ley nacional vigente” de presupuestos mínimos que rige en todo el país. “De allí hay que partir”, acentuó.
El parlamentario del Frente de Izquierda Ezequiel Peressini renovó su rechazo “a cualquier proyecto del Gobierno”, ya que resaltó que los cambios a ley de bosques “se deben hacer con una nueva Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) y con un proceso democrático”.
Desde el bloque Córdoba Podemos, Carmen Nebreda sostuvo que “Córdoba no tiene más tiempo de no discutir el tema de ambiente”. Argumentó que “es una de las provincias que más ha devastado el medio ambiente”.
Nebreda también fue muy crítica con el accionar de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia. Manifestó que “los informes que está dando los hace con los conceptos de un proyecto de ley que fue rechazado”, en alusión a la iniciativa presentada en 2016 y que no avanzó en la Unicameral por el rechazo del colectivo ambientalista.
Ante los cuestionamientos, González resaltó que “la oposición está para criticar”, pero también devolvió la pelota al terreno opositor, al advertir que “si no hay consenso en los bloques, no vamos a avanzar sobre este tema”.
Este medio gestionó ante el área de prensa conocer la posición de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La respuesta fue que no habrá declaraciones ya que el tema se encuentra en el ámbito legislativo.
Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, no quiso entrar en polémica por la falta de actualización de la ley de bosques de Córdoba.
En cambio, sí se refirió al Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) a través del cual se obtendrá información actualizada del patrimonio de bosques nativos en el país, con un avance del 48 por ciento.
El último intento
La búsqueda de aprobar un nuevo esquema regulatorio para el bosque nativo en Córdoba se dio en el marco de la presentación del proyecto de ley 20.811 impulsado por un grupo de 12 legisladores (10 oficialistas y dos radicales), allá por diciembre de 2016. Ese intento fracasó.
En los primeros meses de 2017, se activó el tratamiento de dicha iniciativa que en sus fundamentos daba cuenta de que estaba “vencido el mapa de OTBN”. Asimismo, se justificaba la aplicación de nuevas tecnologías para la actualización del ordenamiento territorial, dando paso así a una “normativa más moderna”.
La dura resistencia del colectivo de organizaciones ambientalistas hizo naufragar el debate acerca de una nueva norma para regular la conservación, el manejo sostenible y el aprovechamiento con cambio de uso de suelo de los bosques existentes en la provincia.
Los ambientalistas afirmaron que el proyecto oficialista “agravaría” la situación ambiental de la provincia. También hubo reparos de las universidades nacionales con sede en Córdoba.
Se intentó remar contra la corriente, ya que había consenso de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical, pero el rechazo ambientalista, sumado a las elecciones legislativas de 2017, imposibilitaron que la iniciativa avanzara en su debate en el recinto. A fines de ese año, el proyecto perdió estado parlamentario.
Durante el año pasado, el tema no estuvo en agenda en ningún momento. Ni el oficialismo, ni el sector del radicalismo “procampo” promovió la discusión. Mucho menos lo harán este 2019, cuya atención estará puesta en las elecciones provinciales y nacionales.
La Nación avanza con el inventario de bosques nativos en el país
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación lleva adelante en el país el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2), con un grado de avance del 48 por ciento.
“Es una deuda que el país tenía pendiente desde hacía 11 años, ya que desde 2007, cuando se sancionó la ley de presupuestos mínimos (26.331), nunca se había realizado. El último relevamiento a escala nacional se inició en 1998 y finalizó en 2005, y la ley de bosques nativos establece que el inventario debe actualizarse cada cinco años como máximo”, afirmó su titular, Sergio Bergman.
Con este plan ya puesto en marcha se instalarán y se medirán 4.200 “parcelas remedibles” en todo el territorio nacional. En Córdoba, serán 116 de las 370 que se colocarán en las tres provincias de la Región Centro.
Esta herramienta, considerada “estratégica” para planificar políticas de conservación y de manejo sustentable de los bosques, busca promover la información actualizada del patrimonio de bosques nativos del país.
Desde el organismo de Ambiente de Nación, se indicó que en territorio cordobés se relevarán bosques de las regiones de parque chaqueño y espinal.
El Director Nacional de Bosque, Juan Pedro Cano, declaró a La Voz que el inventario en Córdoba “se va a realizar durante los próximos seis meses”. Es el plazo máximo que establece el contrato firmado por la Nación con las adjudicatarias.
Cabe mencionar que, a principios de enero, la secretaría a cargo de Bergman firmó la adjudicación de la licitación pública nacional N°2/2108 para la contratación del servicio de instalación de un total de 627 “parcelas remedibles” en cinco provincias: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El relevamiento del patrimonio forestal nativo se hace a través de un sistema de monitoreo de la cobertura forestal. Esto implica la instalación de una red de parcelas que permiten el muestreo permanente, con el objetivo de verificar los cambios que ocurren en los bosques.
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Fipronil mata 500 colmenas en localidad cordobesa
Un insecticida, la causa de la muerte de 500 colmenas en Porteña
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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Córdoba, nuclear y sin previsiones
¿Córdoba enfrenta su propia catástrofe nuclear?
Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Córdoba es una provincia nuclear. A 110 kilómetros de la capital cordobesa, sobre la costa sur del Embalse del río Tercero –también llamado Ctalamochita según su denominación primigenia-, en una pequeña península a unos 660 metros de altura sobre el nivel del mar se levantan los muros de la central nuclear que, al momento de su puesta en marcha, tenía una potencia instalada de 648 megavatios.
Allende los mares, en Viena, la capital de Austria, en un edificio de propiedad de Naciones Unidas funciona –desde el 29 de julio de 1957- el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA o IAEA, por sus siglas en inglés). Allí, una oficina conocida como Incident Reporting System (IRS) –Sistema para la Comunicación de Incidentes Nucleares- ha construido un robusto archivo de informes secretos sobre hechos o episodios producidos en centrales energéticas nucleares de todo el mundo.
Archivo al que han contribuido cientos de organizaciones no gubernamentales que han denunciado, antes que los estados comprometidos, eventos de distinta gravedad sucedidos en torno a las usinas nucleares sembradas por todo el globo terráqueo.
Entre esos hechos –y por eso nuestro particular interés- el ocurrido el 30 de junio de 1983 en Embalse, pero que recién fue conocido y notificado en mayo de 1986. Es decir, la declinante dictadura militar argentina, en medio de su crisis política, moral y económica, puso en riesgo la existencia de ciudades importantes de nuestra provincia y calló.
Las dudas sobre la seguridad de las usinas nucleares nunca han sido satisfechas acabadamente. Tras el accidente de Harrisburg, en Pennsylvania, crecieron los reclamos y el silencio de quienes tenían que dar un alerta temprano e informar. Los responsables de esa central, ante una comisión investigadora, admitieron haber mentido sobre la dimensión del accidente que puso en grave riesgo a miles de vidas en torno a Three Mile Island, al no ordenar la evacuación de la población en forma inmediata.
El 26 de abril de 1986, cuando el mundo había casi olvidado el suceso de Harrisburg, Chernobyl estremeció a todos. A menos de un año de aquella catástrofe, los sensores registraron en Europa Occidental preocupantes niveles de radioactividad. Los primeros datos -que luego fueron confirmados- señalaban el estallido en una usina nuclear en Ucrania. Cuestión negada por las autoridades soviéticas que acusaban a los organismos internacionales y la prensa mundial de participar de un complot en contra de Moscú.
Mientras sucedían los ocultamiento de la política nuclear, en el frente de combate y ante las radiaciones, los bomberos –esos servidores duramente criticados por los medios de comunicación- se batían con denuedo. Su comandante, Leonid Telyatnikov, jefe de la Estación de Bomberos No. 2, se subió al techo de la Unidad de Reactores 3. Había que extinguir los incendios en el techo del reactor en buen estado y en la sala de máquinas. El resto es historia conocida…
Las centrales están trabajando a plena potencia. Ese exclusivo club está integrado por un puñado de países que, en su totalidad, reportan con alguna morosidad sus incidentes y/o accidentes al IRS. Al resto de los mortales nos queda confiar en las habilidades de esos modernos hechiceros que han logrado domesticar a los átomos, más allá de estar inundados de preguntas que nadie se preocupa por responder.
Si hubiese oportunidad de enfrentar a un directivo de la usina le pediríamos que, en buen romance y lenguaje llano, dijera cómo se determina el límite entre un incidente y un accidente nuclear. Y, de paso, cuáles son las medidas de seguridad que se toman para proteger a la población. ¿Conocemos el plan de contingencia nuclear de la ciudad de Córdoba? ¿Quién lo coordina? ¿Hacia dónde correr o alcanza con resguardarnos debajo de una mesa? ¿Defensa Civil dirá donde están ubicados los refugios en caso de que se produzca un estallido en nuestra peligrosa usina instalada sobre la Falla de Santa Rosa?
Los datos de archivo en nuestro poder indican que el “incidente” de 1983 fue clasificado como peligroso. Sucedió tras la falla de una de las bombas del circuito de refrigeración de emergencia. El operador de campo, se señala en los informes a los que tuvo acceso el semanario, apeló a recursos de emergencia que tuvo a mano. Desviando agua hacia un circuito auxiliar para refrescar el principal, lo que sirvió de poco: una importante válvula quedó cerrada.
Cuando se descorrió el velo de lo sucedido en Embalse muchos fueron los que se preguntaron si esas eran las únicas respuestas que ofrecía la tecnología; si no había otras que explorar, más eficaces que perfeccionaran los sistemas automáticos de alarma mientras perduren en su limitada vida útil.
“En momentos de emergencia la gente reacciona instintivamente”, afirma siempre Helmut Hirsch, un físico de origen austríaco, integrante del Grupo de Ecología de Hannover y de la Sociedad Alemana para la Seguridad de las Instalaciones y los Reactores Nucleares (GRS). “Nadie en esas circunstancias puede pensar tan complejamente como sería necesario”, agrega.
Si bien en la Central Nuclear de Embalse –a tenor de los partes de prensa- no hubo fuga radiactiva, en casi todos los incidentes sólo falló un componente importante.
¿Qué haríamos si una avería menor afectara más de uno de los componentes de la usina? ¿Correr? ¿Hacia dónde? ¿Alguien puede explicar el por qué del extremo secretismo que rodea la actividad nuclear?
Es imposible volcar en los límites de El Balcón la totalidad del informe de Der Spiegel y saber con certeza si hubo o no liberación “involuntaria” de radiactividad el 30 de junio de 1983. La revista alemana, en su versión de los hechos, señala: “A pesar de que no hubo daños importantes a la planta, y de que los sistemas de seguridad ni el Sistema de Suministro de Agua de Emergencia fueron necesarios, el incidente puso de relieve una serie de distintos tipos de fallas. Entre ellas pueden señalarse en el capítulo “Errores de diseño”, las siguientes: Diseño de válvula de retención; diseño de transferencia rápida; ausencia de suficiente independencia entre la descarga de las principales bombas de alimentación de agua y la bomba auxiliar”.
En el apartado titulado “Errores u omisiones en la documentación y procedimientos”, leemos: “No se prohibía explícitamente, en la documentación sobre funcionamiento, la operación de la planta con un tren de alimentación de agua deteriorado.”
Del acápite “Fallas en la organización del funcionamiento, resumimos: “Además de la falta de una prohibición formal en la documentación, la organización del sistema permitió a la planta funcionar varios días con un tren de agua de alimentación en condiciones anormales, hallándose desmantelados y sin posibilidad de funcionar varios componentes esenciales y, la existencia de un caos en las órdenes provenientes del personal responsable que colisionaban con los manuales de procedimiento”.
No sabemos cuántos incidentes protagonizó nuestra peligrosa vecina. La organización Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) denunció que la remodelación de la usina de Embalse la torna más peligrosa y sus efectos devastadores. Y, que, el 17 de noviembre de 2017 se produjo el salto de varios sellos de contención en el Área de Operaciones del reactor nuclear, lo que permitió la liberación de vapor con tritio 3 radiactivo en el Área de Operaciones donde se encontraban unas 50 personas.
Durante las cinco horas que duró el episodio hubo registros altos de tritio radiactivo al mediodía y a las 14 horas, situación que forzó la evacuación total del área contaminada. Según datos proporcionados por un informante de FUNAM, hubo cinco trabajadores contaminados. La persona más impactada recibió 12 mSv en dos horas de exposición.
¿Cuánto hay más por saber? ¿Cómo incide en el cambio de clima que sufre la región y en la aparición de peces monstruosos en los anzuelo de los pescadores?
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Fecha de Publicación: 22/01/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Córdoba es una provincia nuclear. A 110 kilómetros de la capital cordobesa, sobre la costa sur del Embalse del río Tercero –también llamado Ctalamochita según su denominación primigenia-, en una pequeña península a unos 660 metros de altura sobre el nivel del mar se levantan los muros de la central nuclear que, al momento de su puesta en marcha, tenía una potencia instalada de 648 megavatios.
Allende los mares, en Viena, la capital de Austria, en un edificio de propiedad de Naciones Unidas funciona –desde el 29 de julio de 1957- el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA o IAEA, por sus siglas en inglés). Allí, una oficina conocida como Incident Reporting System (IRS) –Sistema para la Comunicación de Incidentes Nucleares- ha construido un robusto archivo de informes secretos sobre hechos o episodios producidos en centrales energéticas nucleares de todo el mundo.
Archivo al que han contribuido cientos de organizaciones no gubernamentales que han denunciado, antes que los estados comprometidos, eventos de distinta gravedad sucedidos en torno a las usinas nucleares sembradas por todo el globo terráqueo.
Entre esos hechos –y por eso nuestro particular interés- el ocurrido el 30 de junio de 1983 en Embalse, pero que recién fue conocido y notificado en mayo de 1986. Es decir, la declinante dictadura militar argentina, en medio de su crisis política, moral y económica, puso en riesgo la existencia de ciudades importantes de nuestra provincia y calló.
Las dudas sobre la seguridad de las usinas nucleares nunca han sido satisfechas acabadamente. Tras el accidente de Harrisburg, en Pennsylvania, crecieron los reclamos y el silencio de quienes tenían que dar un alerta temprano e informar. Los responsables de esa central, ante una comisión investigadora, admitieron haber mentido sobre la dimensión del accidente que puso en grave riesgo a miles de vidas en torno a Three Mile Island, al no ordenar la evacuación de la población en forma inmediata.
El 26 de abril de 1986, cuando el mundo había casi olvidado el suceso de Harrisburg, Chernobyl estremeció a todos. A menos de un año de aquella catástrofe, los sensores registraron en Europa Occidental preocupantes niveles de radioactividad. Los primeros datos -que luego fueron confirmados- señalaban el estallido en una usina nuclear en Ucrania. Cuestión negada por las autoridades soviéticas que acusaban a los organismos internacionales y la prensa mundial de participar de un complot en contra de Moscú.
Mientras sucedían los ocultamiento de la política nuclear, en el frente de combate y ante las radiaciones, los bomberos –esos servidores duramente criticados por los medios de comunicación- se batían con denuedo. Su comandante, Leonid Telyatnikov, jefe de la Estación de Bomberos No. 2, se subió al techo de la Unidad de Reactores 3. Había que extinguir los incendios en el techo del reactor en buen estado y en la sala de máquinas. El resto es historia conocida…
Las centrales están trabajando a plena potencia. Ese exclusivo club está integrado por un puñado de países que, en su totalidad, reportan con alguna morosidad sus incidentes y/o accidentes al IRS. Al resto de los mortales nos queda confiar en las habilidades de esos modernos hechiceros que han logrado domesticar a los átomos, más allá de estar inundados de preguntas que nadie se preocupa por responder.
Si hubiese oportunidad de enfrentar a un directivo de la usina le pediríamos que, en buen romance y lenguaje llano, dijera cómo se determina el límite entre un incidente y un accidente nuclear. Y, de paso, cuáles son las medidas de seguridad que se toman para proteger a la población. ¿Conocemos el plan de contingencia nuclear de la ciudad de Córdoba? ¿Quién lo coordina? ¿Hacia dónde correr o alcanza con resguardarnos debajo de una mesa? ¿Defensa Civil dirá donde están ubicados los refugios en caso de que se produzca un estallido en nuestra peligrosa usina instalada sobre la Falla de Santa Rosa?
Los datos de archivo en nuestro poder indican que el “incidente” de 1983 fue clasificado como peligroso. Sucedió tras la falla de una de las bombas del circuito de refrigeración de emergencia. El operador de campo, se señala en los informes a los que tuvo acceso el semanario, apeló a recursos de emergencia que tuvo a mano. Desviando agua hacia un circuito auxiliar para refrescar el principal, lo que sirvió de poco: una importante válvula quedó cerrada.
Cuando se descorrió el velo de lo sucedido en Embalse muchos fueron los que se preguntaron si esas eran las únicas respuestas que ofrecía la tecnología; si no había otras que explorar, más eficaces que perfeccionaran los sistemas automáticos de alarma mientras perduren en su limitada vida útil.
“En momentos de emergencia la gente reacciona instintivamente”, afirma siempre Helmut Hirsch, un físico de origen austríaco, integrante del Grupo de Ecología de Hannover y de la Sociedad Alemana para la Seguridad de las Instalaciones y los Reactores Nucleares (GRS). “Nadie en esas circunstancias puede pensar tan complejamente como sería necesario”, agrega.
Si bien en la Central Nuclear de Embalse –a tenor de los partes de prensa- no hubo fuga radiactiva, en casi todos los incidentes sólo falló un componente importante.
¿Qué haríamos si una avería menor afectara más de uno de los componentes de la usina? ¿Correr? ¿Hacia dónde? ¿Alguien puede explicar el por qué del extremo secretismo que rodea la actividad nuclear?
Es imposible volcar en los límites de El Balcón la totalidad del informe de Der Spiegel y saber con certeza si hubo o no liberación “involuntaria” de radiactividad el 30 de junio de 1983. La revista alemana, en su versión de los hechos, señala: “A pesar de que no hubo daños importantes a la planta, y de que los sistemas de seguridad ni el Sistema de Suministro de Agua de Emergencia fueron necesarios, el incidente puso de relieve una serie de distintos tipos de fallas. Entre ellas pueden señalarse en el capítulo “Errores de diseño”, las siguientes: Diseño de válvula de retención; diseño de transferencia rápida; ausencia de suficiente independencia entre la descarga de las principales bombas de alimentación de agua y la bomba auxiliar”.
En el apartado titulado “Errores u omisiones en la documentación y procedimientos”, leemos: “No se prohibía explícitamente, en la documentación sobre funcionamiento, la operación de la planta con un tren de alimentación de agua deteriorado.”
Del acápite “Fallas en la organización del funcionamiento, resumimos: “Además de la falta de una prohibición formal en la documentación, la organización del sistema permitió a la planta funcionar varios días con un tren de agua de alimentación en condiciones anormales, hallándose desmantelados y sin posibilidad de funcionar varios componentes esenciales y, la existencia de un caos en las órdenes provenientes del personal responsable que colisionaban con los manuales de procedimiento”.
No sabemos cuántos incidentes protagonizó nuestra peligrosa vecina. La organización Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) denunció que la remodelación de la usina de Embalse la torna más peligrosa y sus efectos devastadores. Y, que, el 17 de noviembre de 2017 se produjo el salto de varios sellos de contención en el Área de Operaciones del reactor nuclear, lo que permitió la liberación de vapor con tritio 3 radiactivo en el Área de Operaciones donde se encontraban unas 50 personas.
Durante las cinco horas que duró el episodio hubo registros altos de tritio radiactivo al mediodía y a las 14 horas, situación que forzó la evacuación total del área contaminada. Según datos proporcionados por un informante de FUNAM, hubo cinco trabajadores contaminados. La persona más impactada recibió 12 mSv en dos horas de exposición.
¿Cuánto hay más por saber? ¿Cómo incide en el cambio de clima que sufre la región y en la aparición de peces monstruosos en los anzuelo de los pescadores?
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Córdoba sin Ley de Bosques vigente
Ley de Bosques: “El debate no se va a realizar antes de las elecciones”
Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Fecha de Publicación: 11/01/2019
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Legisladores provinciales opinan que se trata de un tema “muy urticante” como para ponerlo en agenda previo a los comicios de mayo. Desde el oficialismo admiten que están incumpliendo la normativa vigente nacional
La actualización del mapa con el ordenamiento territorial de los bosques nativos no formó parte del temario de la Unicameral durante 2018 y según pronostican los legisladores consultados por este medio, tampoco se discutirá antes de la elección provincial en mayo.
“El armado del mapa ambiental tiene que estar consensuado con todos los sectores”, dice Germán Buttarelli (UPC), presidente de la comisión de Asuntos Ecológicos. “En febrero comenzaremos a establecer los temas de la agenda de los próximos meses y esperamos tener todo el consenso, para que nos nos genere otro problema”, añade. “Como presidente de la comisión me comprometo a seguir avanzando con la creación de reservas naturales como hemos venido haciendo”, indicó Buttarelli.
Para cumplimentar con el requisito de actualización del mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos -que está en falta- una de las posibilidades que están analizando desde el oficialismo -en conjunto con otros bloques- es adherir a la ley nacional de bosques, para generar los cambios necesarios en el esquema territorial, pero sin modificar la ley provincial.
En tanto, desde la oposición critican que no se haya avanzado en el tema y ven con preocupación que a causa de este motivo esté frenado el envío de los fondos de la Nación para la conservación de los bosques nativos.
Proyecto trunco
“Hay demasiados intereses creados para llegar a un consenso”, opinó la legisladora Amalia Vagni (UCR). “Al haber datos erróneos, porque hoy la Provincia está manejándose con un mapa de la vieja ley, que fue hecho a los apurones y no se condice con la realidad del bosque nativo de Córdoba, protestan los del campo y los campesinos y al desobedecer las voces y no haberlas escuchado, es un proyecto de ley trunco”.
“No creo que se vaya modificar el texto de la ley hasta el 12 de mayo”, opinó Vagni.
-Policía Ambiental informó que a través de satélites controlan el desmonte. ¿Es suficiente?
-No se trata sólo de monitorear con satélite, hay que labrar el acta. Además de que preocupa lo que hacen aquellos que infringen la ley, peor es lo que autoriza Secretaría de Ambiente con el avance de la cuestión urbana que afecta no sólo en materia de bosque nativo, sino de servicios insuficientes para atender a las necesidades de la población. Avavanza de forma tan vertiginosa la urbanización, que incluso a la vera de los lugares donde hay agua van a verse afectados por la falta de este servicio.
Necesidad de consenso
El legislador Martín Fresneda (Córdoba Podemos) dijo: “Justamente, en un período electoral es un tema tan sensible que yo no creo que pase nada”.
“Yo creo que el año pasado desistieron del proyecto de ley de modificación de la 9814, que fue archivado. Lo más acertado sería encontrar una definición de consenso para actualizar el mapa y exigir que actualicen el pago de Nación”, sostuvo.
“Lo que puede suceder, al menos, lo que estuvimos hablando y que será lo acertado para resolver el tema de la actualización del mapa de ordenamiento territorial, sería una adhesión de la legislatura a la ley nacional y armar un proceso participativo para actualizar el mapa”, señaló.
Fresneda apuntó contra el gobierno nacional por incumplir con los fondos de protección ambiental, establecidos en la ley 26.331. “Con la inflación que tuvo la Argentina es una vergüenza que el Gobierno pague $ 50 la hectárea por el servicio ambiental”.
-¿Está en pie el registro de infractores?
-La Nación debería tener registro, pero no está muy severa ni puede exigir mucho porque tampoco cumple la ley 26.631 con respecto al envío de los fondos.
Es muy relajado el tema, dicho hasta por los propios infractores cuando se ha dado el proceso de discusión de la ley frustada, estuvimos escuchando a todos los sectores y el sistema de infracciones no funcionaba. Por ahí prefieren pagar la multa a evitar avanzar sobre la zona.
-Algunos sectores ambientalistas temen que la ley agroforestal soslaye el debate por la ley de bosques. ¿Qué opina?
-Me parece que es complementario. Hay que tener un control como lo realiza el Foro Ambiental por el listado de especies prohibidas y permitidas, pero el lado industrial que puede tener la ley me parece bien. La ley expresamente prohíbe el enriquecimiento de bosque nativo con exóticas, y cuando se incumpla habrá que denunciarlo. Pero lo positivo es que hay que sumar árboles y aumentar la cobetura vegetal y siempre tiene que tener un manejo en función de la cuenca y de la eco región. Tenemos dos leyes, la 9814 que si se cumpliera junto con la ley nacional 26.631 Córdoba estaría cumpliendo el estándar ambiental. Depende de Nación que baje recursos y plata y de la Provincia que siga manteniendo compromiso.
En falta
La legisladora Liliana Montero (Bloque unipersonal) expresó: “Ni se abordó el tema. Se quedó en stand by”.
“No creo que pongan un tema tan urticante en agenda en un acto electoral”, dijo. Y agregó: “Con la movilización de las distintas organizaciones y asambleas, no creo que la provincia avance en medio de procesos electorales”.
“Estábamos en falta antes del 2016, incumpliendo por no presentar los mapas y el problema es que no estamos pudiendo imponer un ordenamiento y cumplir la ley”, advirtió.
Además, la legisladora cuestionó la efectividad de las las sanciones estipuladas para prevenir el desmonte y se refirió también a la ley agroforestal: “Quiere tapar el tema del desmonte”, expresó.
“El Foro Ambiental Córdoba realizó un análisis muy crítico sobre las especies que están en los listados porque hay algunas que no deberían estar”, afirmó.
Finalmente, cuestionó que los gobiernos utilizan como eslogan la expresión “nos debe preocupar el tema ambiental” porque para demostrarlo “tienen que poner plata”, expresó. “Ese es el problema de la política: estamos en siglo XXI, pero nos manejamos como si estuviéramos en el siglo XIX. Hoy la gente se entera de todas las acciones de gobierno”, cerró.
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Arrancó la "nueva" Embalse
Con Embalse, el 8,5% de la energía será nuclear
Fecha de Publicación: 09/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
El ajuste fiscal y el cierre del mercado crediticio para la Argentina llegaron al área energética y el Gobierno descartó en forma definitiva la posibilidad de construir una central nuclear en Río Negro con financiamiento propio, por lo que sólo avanzará con una planta en la localidad bonaerense de Lima.
Así lo confirmó ayer a La Voz en exclusiva el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, quien participó de la puesta en marcha de la “segunda vida” de la Central de Embalse, en la localidad cordobesa de Calamuchita, que permitirá llevar al 8,54% el aporte nuclear al sistema energético nacional.
Con la puesta en marcha de Embalse, ahora el sistema de energía nuclear de la Argentina cuenta con tres centrales, que se completa con Atucha I y Atucha II, ubicadas en Lima.
La cuarta estaba planificada como Atucha III, para funcionar a base de uranio natural y agua pesada en Lima. El inicio de obra estaba previsto para el primer trimestre de 2018, con financiamiento del Tesoro nacional.
Las restricciones presupuestarias por el ajuste fiscal emprendido por Cambiemos para reducir un déficit histórico y estructural y luego de la crisis cambiaria que terminó en un fuerte estrés financiero y pedido de auxilio al FMI, sepultaron la iniciativa.
Y la quinta central, que tendrá una potencia de 1.150 megavatios y funcionará con uranio enriquecido y agua liviana, estaba planificada para Río Negro pero ahora el proyecto se trasladó a Lima, en reemplazo de Atucha III. El objetivo oficial es iniciarla en 2020.
Gadano le explicó a La Voz que la planta que se construirá es la “más compleja” de las dos, dado que se ha decidido “privilegiar la central de uranio enriquecido” con tecnología y financiamiento de China, por unos 6.900 millones de dólares.
“Tenemos sitio en Lima (a metros de Atucha I y II) ya aprobado para una central. El terreno ya está expropiado, ya es propiedad de la empresa (administradora Nucleoeléctrica Argentina). Falta permiso ambiental y algunos trámites, pero estamos encaminados”, dijo Gadano.
Crédito chino
El crédito del gigante asiático, acordado en el marco del G-20 por el presidente Mauricio Macri y su par chino Xi Jinping, provendrá del banco ICBC (entre otros) y financiará el 85% de la construcción, con un plazo de 20 años, un período de gracia de ocho años y tasa preferencial.
Gadano destacó el acuerdo alcanzado con China al aclarar que Nucleoeléctrica Argentina empezará a pagar esta deuda al final de la construcción, cuando la planta ya esté operando, generando electricidad y facturando por ella.
Cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner firmó en febrero de 2015 el primer acuerdo crediticio por 14 mil millones de dólares para las dos centrales, la deuda caía sobre el Tesoro.
Pero al llegar Macri, renegoció para que Nucleoeléctrica Argentina asuma el costo de una planta. Y la otra la dejó en pausa hasta que ahora decidió no avanzar.
“¿Qué pasó con la otra planta?”, consultó La Voz, a lo que Gadano respondió que dados los objetivos de lograr déficit fiscal cero, se necesitaba “cambiar la ingeniería financiera del préstamo”.
Como la empresa Nucleoeléctrica Argentina no puede tomar un préstamo por 14 mil millones de dólares, se decidió elegir una sola central.
“Nos pareció mucho mejor acelerar la construcción de la quinta, que será con tecnología basada en PWR (Pressurized Water Reactor, es un tipo de reactor nuclear que usa agua liviana como refrigerante), con un diseño modernizado post-Fukushima”.
Poderío nuclear
Con la puesta en marcha de la Central de Embalse, la Argentina pasará a tener el 8,54% de su potencia eléctrica bruta a base del recurso atómico, según precisaron a La Voz expertos de la empresa administradora Nucleoeléctrica Argentina. Si se mide por potencia instalada, en cambio, representan el 6%.
Atucha I aporta al sistema interconectado nacional 362 megavatios eléctricos desde la localidad bonaerense de Lima; y Atucha II, ubicada en el mismo lugar, cuenta con una potencia de 745 megavatios eléctricos. Estas dos plantas están hoy paradas por problemas operativos y volverían a la plenitud en uno o dos meses, por los trabajos contrarreloj que se están desarrollando para reactivarlas, según precisó Gadano.
Embalse pasará a ubicarse entonces en el segundo lugar con una potencia de 683 megavatios eléctricos, lo que representa el 38,15% del total disponible de poderío energético nuclear en la Argentina.
Matriz eléctrica
El Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), la principal red de transporte de energía eléctrica, colecta y distribuye la potencia generada por 10 tipos de tecnologías distintas en el país.
Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación consultados por La Voz, la potencia energética de fuente hidráulica concentra el 29% del total; y los ciclos combinados –en los que se transforma la energía térmica del gas natural en electricidad–, el 29,2%
El 18,09% proviene de turbogás; el 12%, de turbovapor; el 8,54%, de nuclear (con la entrada plena en operaciones de Embalse, era de 4,7% antes); el 5,1%, de motores diésel; el 0,6%, de eólica; el 0,1%, de biogás; el 0,01%, de solar; y el 1,3%, de pequeñas hidroeléctricas.
La potencia nuclear argentina, en datos
Cuánto aporta cada central y cuál es su tecnología.
Embalse. Antes de su extensión de vida, la Central Nuclear de Embalse tenía una potencia de 648 MWe. Durante las tareas de reacondicionamiento se repotenció la planta, incrementando su potencia a 683 MWe, es decir, un 6% más que su capacidad de generación anterior. Trabajando al 80% aportaría el 3,25% de la energía del país. Su reactor son tubos de presión (Candu). La potencia térmica es de 2.109 MWt, la potencia eléctrica bruta es de 683 MWe y usa como combustible el uranio natural.
Atucha I. Trabaja con un reactor recipiente de presión Siemens. Tiene una potencia térmica de 1.179 MWt y una potencia eléctrica bruta de 362 MWe. Usa uranio levemente enriquecido (0,85%). Aporta el 1,74% trabajando al 80% de su capacidad.
Atucha II. Trabaja con un tipo de reactor de recipiente de presión. Su potencia térmica es de 2.175 MWt y su potencia eléctrica bruta es de 745 MWe. Usa como combustible el uranio natural. Trabajando al 80% de su capacidad aporta el 3,54% de la energía del país.
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