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FAA Córdoba contra la Soja
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
“La soja no paga la contaminación, la pérdida de biodiversidad ni da trabajo”
Fecha de Publicación: 14/09/2016
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Para el dirigente de Federación Agraria Claudio Demo, monopoliza el campo argentino e impide que crezcan modelos alternativos. Dijo que hay que modificar el sistema impositivo y la tenencia de tierras
Mientras el cultivo de soja sigue cubriendo buena parte de la geografía del país, hay quienes plantean alternativas sustentables que permitan mantener la producción agícola. Para el dirigente de Federación Agraria Claudio Demo, la rentabilidad de la oleaginosa se basa en que no paga ninguno de los pasivos que genera.
“Ni la contaminación, ni la pérdida de biodiversidad ni la caída de puestos de trabajo”, sostuvo. En tal sentido, aseguró que los modelos agroecológicos son igual de rentables porque generan más fuentes laborales y no son agresivos con el medioambiente. Además, señaló que, para revertir la situación, harían falta una reestructuración del sistema tributario y una nueva política de tenencia de tierras.
Para el ruralista Claudio Demo, una de las vías posibles sería instalar un sistema de producción agroecológico, lo que en la práctica permitiría bajar hasta un 80 por ciento el uso de químicos para el control de plagas y malezas.
“Esto presenta algunas diferencias sustanciales. Por ejemplo, la ganadería directamente no necesita de estos productos; el maíz permite en gran medida el cultivo sin herbicidas ni pesticidas, pero la soja y el maní requieren aunque sea algo de ellos”, explicó el dirigente agrario.
Demo admitió que este modelo implica una ecuación diferente en términos de rentabilidad, aunque por otro lado no deja un pasivo ambiental tan grande.
“En realidad, las grandes utilidades que deja la soja provienen de reducir la mano de obra. Es decir que a la desocupación que genera la paga otro”, reflexionó.
En cambio, el análisis de la producción agroecológica tiene otras variables. Si bien ofrece menor rentabilidad desde el punto de vista del capital, tiene la ventaja de dar puestos de trabajo y no engrosar la deuda ambiental.
“La soja convencional es barata porque externaliza costos. Es barata porque no paga la contaminación, no paga la pérdida de biodiversidad ni la desocupación. Si uno pone en la balanza todos estos daños colaterales, es igual de cara que la producción agroecológica”, apuntó el dirigente.
La diferencia de rentabilidad supone que pasar a un sistema amigable con el entorno natural es un 20 por ciento más caro para el productor.
Una de las políticas que, según Demo, pueden ayudar a revertir la concentración de tierra en pocas manos es reestructurar el sistema impositivo al agro, apuntando a convertirlo en un esquema progresivo en el que los productores más chicos paguen menos -o tengan más beneficios- que los grandes pooles de siembra.
Para ello, hay ejemplos a la mano. “En Estados Unidos rige una ley antimonopólica por la cual ninguna empresa puede concentrar más del 25 por ciento del mercado. En Argentina, dentro del rubro semillas, Monsanto controla alrededor del 70 por ciento del mercado en soja y maíz”.
Otra vía para instalar alternativas al monocultivo sojero sería, según el dirigente de Federación Agraria, otorgar incentivos a la producción agrícola menos extendida.
No obstante, hace falta una fuerte decisión política y, por ahora, no es negocio para el Gobierno. “El Estado piensa igual que los chacareros y por eso la forma ideal para recaudar a través de los impuestos es la soja”, señaló.
-¿Cómo salir de esa sociedad del Estado con las grandes corporaciones?
-El país tendría que sustituir 5 millones de hectáreas de soja por alfalfa, hacer ganadería y exportar carnes. Además, hay que pensar que hay otras alternativas de producción que tienen compradores en el mundo, como por ejemplo las legumbres que consume el mundo árabe, sorgo, lino y otros.
-¿Se pueden pensar estos cambios en la coyuntura actual o hacen falta políticas previas?
-Es fundamental el fraccionamiento de la tierra. Urquía, en el año 2002, declaró 500 mil hectáreas cultivadas en la provincia de Córdoba. Y la concentración se fue agravando en los últimos años. Otra de las políticas que se podrían imitar son las que aplica Europa, donde el sistema tributario es más contemplativo con los productores que habitan los campos, que generalmente son los de escala más pequeña. Hoy es muy difícil volver a la ganadería porque los campos argentinos se han quedado sin gente, y sin gente no hay ganadería.
-¿Qué chances tienen hoy estas políticas alternativas?
-Creo que muy pocas, porque los productos aumentaron entre 30 y 40 por ciento respecto a cuando los sembraron. Durante la siembra se rogaba vender la soja a 300 pesos, y el precio que tuvo fue de 430. Y después del año que viene, en el que se duplicará la oferta de maíz, los precios van a bajar mucho, pero van a favorecer sobre todo a los grandes productores de gallinas, cerdos y a los tambos. Al final, sólo esos van a quedar en pie, porque los chicos ya están todos fundidos.
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Fecha de Publicación: 14/09/2016
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Para el dirigente de Federación Agraria Claudio Demo, monopoliza el campo argentino e impide que crezcan modelos alternativos. Dijo que hay que modificar el sistema impositivo y la tenencia de tierras
Mientras el cultivo de soja sigue cubriendo buena parte de la geografía del país, hay quienes plantean alternativas sustentables que permitan mantener la producción agícola. Para el dirigente de Federación Agraria Claudio Demo, la rentabilidad de la oleaginosa se basa en que no paga ninguno de los pasivos que genera.
“Ni la contaminación, ni la pérdida de biodiversidad ni la caída de puestos de trabajo”, sostuvo. En tal sentido, aseguró que los modelos agroecológicos son igual de rentables porque generan más fuentes laborales y no son agresivos con el medioambiente. Además, señaló que, para revertir la situación, harían falta una reestructuración del sistema tributario y una nueva política de tenencia de tierras.
Para el ruralista Claudio Demo, una de las vías posibles sería instalar un sistema de producción agroecológico, lo que en la práctica permitiría bajar hasta un 80 por ciento el uso de químicos para el control de plagas y malezas.
“Esto presenta algunas diferencias sustanciales. Por ejemplo, la ganadería directamente no necesita de estos productos; el maíz permite en gran medida el cultivo sin herbicidas ni pesticidas, pero la soja y el maní requieren aunque sea algo de ellos”, explicó el dirigente agrario.
Demo admitió que este modelo implica una ecuación diferente en términos de rentabilidad, aunque por otro lado no deja un pasivo ambiental tan grande.
“En realidad, las grandes utilidades que deja la soja provienen de reducir la mano de obra. Es decir que a la desocupación que genera la paga otro”, reflexionó.
En cambio, el análisis de la producción agroecológica tiene otras variables. Si bien ofrece menor rentabilidad desde el punto de vista del capital, tiene la ventaja de dar puestos de trabajo y no engrosar la deuda ambiental.
“La soja convencional es barata porque externaliza costos. Es barata porque no paga la contaminación, no paga la pérdida de biodiversidad ni la desocupación. Si uno pone en la balanza todos estos daños colaterales, es igual de cara que la producción agroecológica”, apuntó el dirigente.
La diferencia de rentabilidad supone que pasar a un sistema amigable con el entorno natural es un 20 por ciento más caro para el productor.
Una de las políticas que, según Demo, pueden ayudar a revertir la concentración de tierra en pocas manos es reestructurar el sistema impositivo al agro, apuntando a convertirlo en un esquema progresivo en el que los productores más chicos paguen menos -o tengan más beneficios- que los grandes pooles de siembra.
Para ello, hay ejemplos a la mano. “En Estados Unidos rige una ley antimonopólica por la cual ninguna empresa puede concentrar más del 25 por ciento del mercado. En Argentina, dentro del rubro semillas, Monsanto controla alrededor del 70 por ciento del mercado en soja y maíz”.
Otra vía para instalar alternativas al monocultivo sojero sería, según el dirigente de Federación Agraria, otorgar incentivos a la producción agrícola menos extendida.
No obstante, hace falta una fuerte decisión política y, por ahora, no es negocio para el Gobierno. “El Estado piensa igual que los chacareros y por eso la forma ideal para recaudar a través de los impuestos es la soja”, señaló.
-¿Cómo salir de esa sociedad del Estado con las grandes corporaciones?
-El país tendría que sustituir 5 millones de hectáreas de soja por alfalfa, hacer ganadería y exportar carnes. Además, hay que pensar que hay otras alternativas de producción que tienen compradores en el mundo, como por ejemplo las legumbres que consume el mundo árabe, sorgo, lino y otros.
-¿Se pueden pensar estos cambios en la coyuntura actual o hacen falta políticas previas?
-Es fundamental el fraccionamiento de la tierra. Urquía, en el año 2002, declaró 500 mil hectáreas cultivadas en la provincia de Córdoba. Y la concentración se fue agravando en los últimos años. Otra de las políticas que se podrían imitar son las que aplica Europa, donde el sistema tributario es más contemplativo con los productores que habitan los campos, que generalmente son los de escala más pequeña. Hoy es muy difícil volver a la ganadería porque los campos argentinos se han quedado sin gente, y sin gente no hay ganadería.
-¿Qué chances tienen hoy estas políticas alternativas?
-Creo que muy pocas, porque los productos aumentaron entre 30 y 40 por ciento respecto a cuando los sembraron. Durante la siembra se rogaba vender la soja a 300 pesos, y el precio que tuvo fue de 430. Y después del año que viene, en el que se duplicará la oferta de maíz, los precios van a bajar mucho, pero van a favorecer sobre todo a los grandes productores de gallinas, cerdos y a los tambos. Al final, sólo esos van a quedar en pie, porque los chicos ya están todos fundidos.
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Jornadas para proyectar “ciudades resilientes”
Preparar ciudades resilientes ante los riesgos del cambio climático
Fecha de Publicación: 07/09/2016
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El mundo se debate hoy ante la necesidad de resolver problemáticas ambientales que requieren mayor conocimiento de los fenómenos que las causan, así como de los riesgos y consecuencias que influyen en las poblaciones afectadas. En este contexto, dos cuestiones preocupan a distintas disciplinas: el cambio climático y la resiliencia urbana.
En Córdoba, especialistas intercambiarán experiencias para proyectar “ciudades resilientes”, con capacidad de recuperación y crecimiento ante procesos de deterioro ocasionado por inundaciones, huracanes, sequías u otros fenómenos.
Lo harán la semana que viene en el marco de “Resurbe 2016. Encuentro internacional sobre resiliencia urbana y adaptación al cambio climático”. Será entre los días 15 y 17, organizado por las facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Instituto del Ambiente Humano “Liliana Rainis”, el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) y la Cátedra Unesco de Sostenibilidad y Asociación Internacional Recnet de la Universidad Politécnica de Catalunia.
“Las inundaciones son uno de los temas fundamentales a abordar en el encuentro. Contará su experiencia gente que ha desarrollado buenas prácticas durante las inundaciones de Sierras Chicas, explicará cómo la sociedad se organiza para generar redes sociales. Un grupo de psicólogos que estuvo atendiendo a los inundados en ese momento hablará desde la salud mental. Intentamos sacar esta idea de que todo el tema de prevención en casos de riesgos y catástrofes tiene que ser resuelto a través de obras de infraestructura, de obra pública”, explicó a Comercio y Justicia la arquitecta Patricia Buguña, miembro del comité organizador de Resurbe.
La especialista resaltó la importancia de que la población se organice frente al cambio climático y sepa desarrollar estrategias para revertir los deterioros.
“Respecto de lo ambiental, en un principio se empezó a hablar solamente de contaminación. Luego se incorporó lentamente la noción de sustentabilidad, cuando se empezó a reconocer la escasez de recursos y la finitud de ellos. Ya ahora tenemos que utilizar este nuevo término, que es la resiliencia urbana, porque el cambio climático está, provoca todas estas situaciones de catástrofes, y lo que hay que generar ahora no es solamente sustentabilidad en el término de sostener condiciones ambientales, sociales y económicas, sino también generar la capacidad de que estas condiciones puedan sostenerse y las poblaciones puedan recomponerse ante las catástrofes que vendrán relativas al cambio climático”, advirtió.
Planificación
Buguña sostiene que no es costumbre de la arquitectura planificar ciudades desde la noción de resiliencia, desde el reconocimiento del riesgo y la prevención. La resiliencia no sólo es adecuar las ciudades y organizar las sociedades, por ejemplo, con protocolos de Defensa Civil, sino también cuidar el ecosistema y prevenir que el desmonte genere situaciones de riesgo que sumen a las propias situaciones naturales referidas a cambio climático.
Todas las conferencias de Resurbe serán en el auditorio de la Facultad de Odontología, en Ciudad Universitaria.
Entre los disertantes de la apertura, figuran Nicola Tollin, director del Programa Internacional de Resiliencia Urbana e investigador de la Universidad de Bradford (Inglaterra), y Javier Britch, secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia.
Para conocer el programa completo, visitar el sitio http:// resurbe2016.congresos.unc.edu.ar/
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Fecha de Publicación: 07/09/2016
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El mundo se debate hoy ante la necesidad de resolver problemáticas ambientales que requieren mayor conocimiento de los fenómenos que las causan, así como de los riesgos y consecuencias que influyen en las poblaciones afectadas. En este contexto, dos cuestiones preocupan a distintas disciplinas: el cambio climático y la resiliencia urbana.
En Córdoba, especialistas intercambiarán experiencias para proyectar “ciudades resilientes”, con capacidad de recuperación y crecimiento ante procesos de deterioro ocasionado por inundaciones, huracanes, sequías u otros fenómenos.
Lo harán la semana que viene en el marco de “Resurbe 2016. Encuentro internacional sobre resiliencia urbana y adaptación al cambio climático”. Será entre los días 15 y 17, organizado por las facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Instituto del Ambiente Humano “Liliana Rainis”, el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) y la Cátedra Unesco de Sostenibilidad y Asociación Internacional Recnet de la Universidad Politécnica de Catalunia.
“Las inundaciones son uno de los temas fundamentales a abordar en el encuentro. Contará su experiencia gente que ha desarrollado buenas prácticas durante las inundaciones de Sierras Chicas, explicará cómo la sociedad se organiza para generar redes sociales. Un grupo de psicólogos que estuvo atendiendo a los inundados en ese momento hablará desde la salud mental. Intentamos sacar esta idea de que todo el tema de prevención en casos de riesgos y catástrofes tiene que ser resuelto a través de obras de infraestructura, de obra pública”, explicó a Comercio y Justicia la arquitecta Patricia Buguña, miembro del comité organizador de Resurbe.
La especialista resaltó la importancia de que la población se organice frente al cambio climático y sepa desarrollar estrategias para revertir los deterioros.
“Respecto de lo ambiental, en un principio se empezó a hablar solamente de contaminación. Luego se incorporó lentamente la noción de sustentabilidad, cuando se empezó a reconocer la escasez de recursos y la finitud de ellos. Ya ahora tenemos que utilizar este nuevo término, que es la resiliencia urbana, porque el cambio climático está, provoca todas estas situaciones de catástrofes, y lo que hay que generar ahora no es solamente sustentabilidad en el término de sostener condiciones ambientales, sociales y económicas, sino también generar la capacidad de que estas condiciones puedan sostenerse y las poblaciones puedan recomponerse ante las catástrofes que vendrán relativas al cambio climático”, advirtió.
Planificación
Buguña sostiene que no es costumbre de la arquitectura planificar ciudades desde la noción de resiliencia, desde el reconocimiento del riesgo y la prevención. La resiliencia no sólo es adecuar las ciudades y organizar las sociedades, por ejemplo, con protocolos de Defensa Civil, sino también cuidar el ecosistema y prevenir que el desmonte genere situaciones de riesgo que sumen a las propias situaciones naturales referidas a cambio climático.
Todas las conferencias de Resurbe serán en el auditorio de la Facultad de Odontología, en Ciudad Universitaria.
Entre los disertantes de la apertura, figuran Nicola Tollin, director del Programa Internacional de Resiliencia Urbana e investigador de la Universidad de Bradford (Inglaterra), y Javier Britch, secretario de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia.
Para conocer el programa completo, visitar el sitio http:// resurbe2016.congresos.unc.edu.ar/
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Córdoba: exceso hídrico cambia el paisaje en la provincia
Patos y garzas, donde siempre pastaron vacas
Fecha de Publicación: 06/09/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En el este cordobés, grandes extensiones rurales llevan meses convertidas en lagunas. Donde había soja y vacas, abundan las aves acuáticas. Se pueden ver hasta flamencos.
San Francisco. Donde había vacas para tambos o ganadería y cultivos de soja o maíz, ahora se ve agua y una variada gama de aves. No sólo el paisaje, sino que hasta la fauna ha cambiado tras la inundación que lleva largos meses.
Biguás, chajás, teros reales, coscorobas, garzas, cigüeñas, gallaretas, pollinas, chorlos, cuervillos, cormoranes y diversos patos están entre las especies que se pueden avistar. Para sorpresa de muchos, no faltan incluso los muy vistosos flamencos y los cisnes de cuello blanco. En algunos casos, hasta se pueden observar circulando por los tramos de rutas que han quedado rodeados por agua.
Ernestina Saravia, guardafauna de San Francisco y presidenta de la Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica (Amad), indicó que las modificaciones producidas en el ambiente generaron cambios y que las variantes en la fauna es uno de ellos. “Las lluvias ayudaron, pero el principal tema es la modificación ambiental que cambió el hábitat, haciéndolo más propicio para la alimentación de las aves”, explicó.
La especialista, que desde hace mucho tiempo recorre la región, sostuvo que van variando los lugares donde se asientan las aves. “Hace 30 años, las veíamos en la zona de Cañada Jeanmaire –a 50 kilómetros de San Francisco– y ahora las estamos observando en campos inundados en Colonia Malbertina, en inmediaciones del peaje de ruta 19, a sólo 10 kilómetros de San Francisco”, apuntó. En este punto, hasta las banquinas se formaron en caudalosos canales en los que se multiplican diferentes especies de aves.
La importante fauna en la zona rural motivó el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales. Amad llevó a cabo un censo de aves, en el marco del Censo Anual Neotropical de Aves Acuáticas que organiza Wetlands International, y la observación arrojó resultados importantes en variedad y cantidad de especies.
La guardafauna contó que incluso se registró una colonia de más de 40 flamencos. También se localizaron varios biguás, que son cazadores de peces. “Van apareciendo diferentes especies que antes eran típicas de otras regiones”, apuntó Saravia.
También explicó que las especies más exóticas están de paso y que algunos de ellos se quedan alrededor de 20 días. “Los que vienen emigrando se quedan unas horas para alimentarse y reposar, y luego siguen sus rutas”, afirmó.
Muchas de las aves que se observan en esta región son históricamente habituales en la laguna Mar Chiquita.
Para la guardafauna, la modificación del hombre en el ambiente natural con la construcción de canales de desagües está provocando impactos sobre el ecosistema. “Lo que beneficia al retirarse las aguas que inundan los campos está perjudicando otra parte que también es fundamental para mantener el equilibrio”, señaló Saravia.
Según opinó, la desaparición en esta región, hace ya décadas, del bosque nativo restó un factor central de absorción de agua. Sin masas de árboles, en años lluviosos, el agua sobra en mayor medida. “Se están formando pantanos porque el agua se estanca y se pudre sin poder circular”, finalizó.
Las lluvias abundantes de los últimos años generaron enormes volúmenes de agua que en muchas zonas aún se mantienen. Los suelos, con las napas ya muy elevadas, no absorben más lluvias.
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Fecha de Publicación: 06/09/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En el este cordobés, grandes extensiones rurales llevan meses convertidas en lagunas. Donde había soja y vacas, abundan las aves acuáticas. Se pueden ver hasta flamencos.
San Francisco. Donde había vacas para tambos o ganadería y cultivos de soja o maíz, ahora se ve agua y una variada gama de aves. No sólo el paisaje, sino que hasta la fauna ha cambiado tras la inundación que lleva largos meses.
Biguás, chajás, teros reales, coscorobas, garzas, cigüeñas, gallaretas, pollinas, chorlos, cuervillos, cormoranes y diversos patos están entre las especies que se pueden avistar. Para sorpresa de muchos, no faltan incluso los muy vistosos flamencos y los cisnes de cuello blanco. En algunos casos, hasta se pueden observar circulando por los tramos de rutas que han quedado rodeados por agua.
Ernestina Saravia, guardafauna de San Francisco y presidenta de la Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica (Amad), indicó que las modificaciones producidas en el ambiente generaron cambios y que las variantes en la fauna es uno de ellos. “Las lluvias ayudaron, pero el principal tema es la modificación ambiental que cambió el hábitat, haciéndolo más propicio para la alimentación de las aves”, explicó.
La especialista, que desde hace mucho tiempo recorre la región, sostuvo que van variando los lugares donde se asientan las aves. “Hace 30 años, las veíamos en la zona de Cañada Jeanmaire –a 50 kilómetros de San Francisco– y ahora las estamos observando en campos inundados en Colonia Malbertina, en inmediaciones del peaje de ruta 19, a sólo 10 kilómetros de San Francisco”, apuntó. En este punto, hasta las banquinas se formaron en caudalosos canales en los que se multiplican diferentes especies de aves.
La importante fauna en la zona rural motivó el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales. Amad llevó a cabo un censo de aves, en el marco del Censo Anual Neotropical de Aves Acuáticas que organiza Wetlands International, y la observación arrojó resultados importantes en variedad y cantidad de especies.
La guardafauna contó que incluso se registró una colonia de más de 40 flamencos. También se localizaron varios biguás, que son cazadores de peces. “Van apareciendo diferentes especies que antes eran típicas de otras regiones”, apuntó Saravia.
También explicó que las especies más exóticas están de paso y que algunos de ellos se quedan alrededor de 20 días. “Los que vienen emigrando se quedan unas horas para alimentarse y reposar, y luego siguen sus rutas”, afirmó.
Muchas de las aves que se observan en esta región son históricamente habituales en la laguna Mar Chiquita.
Para la guardafauna, la modificación del hombre en el ambiente natural con la construcción de canales de desagües está provocando impactos sobre el ecosistema. “Lo que beneficia al retirarse las aguas que inundan los campos está perjudicando otra parte que también es fundamental para mantener el equilibrio”, señaló Saravia.
Según opinó, la desaparición en esta región, hace ya décadas, del bosque nativo restó un factor central de absorción de agua. Sin masas de árboles, en años lluviosos, el agua sobra en mayor medida. “Se están formando pantanos porque el agua se estanca y se pudre sin poder circular”, finalizó.
Las lluvias abundantes de los últimos años generaron enormes volúmenes de agua que en muchas zonas aún se mantienen. Los suelos, con las napas ya muy elevadas, no absorben más lluvias.
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Ganaderos de Córdoba piden más desmontes
Cabañeros cordobeses reclaman cambios en Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 03/09/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Los productores consideran que es un aspecto clave para la apuesta que formuló el gobernador Juan Schiaretti y reclaman porque "Córdoba es la única provincia que tiene tanto rojo en el mapa".
Cabañeros cordobeses reclaman la necesidad de reformular la Ley de Bosques Nativos y la forma en que la Policía Ambiental la aplica, para lograr la "fábrica de terneros".
Los productores consideran que es un aspecto clave para la apuesta que formuló el gobernador Juan Schiaretti y reclaman porque "Córdoba es la única provincia que tiene tanto rojo en el mapa". El director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Córdoba, Alejandro Ferrero, habló en nombre de los productores en el acto organizado por la provincia y, luego de agradecerle a Schiaretti por reconocer el éxito de la genética cordobesa en Palermo, incluyó el tema del ordenamiento territorial como uno de los principales puntos a atender.
Luego, en diálogo con el portal Agrovoz, Ferrero amplió: "El principal reclamo es que tenemos que terminar de corregir el tema del ordenamiento territorial de bosques nativos, para que toda el ala del noroeste empiece a producir como se debe, y también logre desarrollarse".
Ayer, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó que la provincia debe generar políticas que le permitan convertirse en "una gran fábrica de terneros", al entregar distinciones a una treintena de cabañas ganaderas que participaron de la última Exposición Rural palermitana.
En tanto , Pedro Guerrero -abogado, productor agropecuario e integrante en nombre de Cartez de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, hizo un fuerte cuestionamiento a la gestión de la Secretaría de Ambiente de la provincia y denunció discriminación por parte de la Policía Ambiental hacia los productores.
Responsabiliza a esa repartición de "ser responsable de un desmonte indiscriminado" en la región, autorizado por esa cartera, bajo el control de la Policía Ambiental, y de la caída de indicadores sociales por la que calificó de "discriminación" a los pequeños ganaderos, que no son autorizados a realizar un manejo del monte. "Queremos trabajar en forma conjunta con los ambientalistas , porque hay arbitrariedades manifiestas", señaló.
Por su parte, Miguel Mizzau, dueño de la cabaña Los Socavones que ganó tres premios en Palermo, también apuntó a la Ley de Bosques. "Hizo muy bien el gobernador en hablar de la fábrica de terneros. En el norte hay un potencial inmenso, pero lamentablemente la Provincia pintó todo de rojo. Pide que produzcamos pero que no produzcamos, la verdad que hay una contradicción ahí", consideró.
Otro productor destacó que el mensaje de Schiaretti pareció alentar una esperanza sobre que este tema sea finalmente tratado, como piden los productores. Cabe recordar, por ejemplo, que la Mesa de Enlace armó una comisión especial para trabajar al respecto.
Schiaretti dijo que, entre todos, deben consensuar políticas para que en Córdoba se produzca más invernada, y no se engorden animales traídos de otras provincias, y que para eso hay que quitar todos los obstáculos que lo impidan.
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Fecha de Publicación: 03/09/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Los productores consideran que es un aspecto clave para la apuesta que formuló el gobernador Juan Schiaretti y reclaman porque "Córdoba es la única provincia que tiene tanto rojo en el mapa".
Cabañeros cordobeses reclaman la necesidad de reformular la Ley de Bosques Nativos y la forma en que la Policía Ambiental la aplica, para lograr la "fábrica de terneros".
Los productores consideran que es un aspecto clave para la apuesta que formuló el gobernador Juan Schiaretti y reclaman porque "Córdoba es la única provincia que tiene tanto rojo en el mapa". El director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Córdoba, Alejandro Ferrero, habló en nombre de los productores en el acto organizado por la provincia y, luego de agradecerle a Schiaretti por reconocer el éxito de la genética cordobesa en Palermo, incluyó el tema del ordenamiento territorial como uno de los principales puntos a atender.
Luego, en diálogo con el portal Agrovoz, Ferrero amplió: "El principal reclamo es que tenemos que terminar de corregir el tema del ordenamiento territorial de bosques nativos, para que toda el ala del noroeste empiece a producir como se debe, y también logre desarrollarse".
Ayer, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó que la provincia debe generar políticas que le permitan convertirse en "una gran fábrica de terneros", al entregar distinciones a una treintena de cabañas ganaderas que participaron de la última Exposición Rural palermitana.
En tanto , Pedro Guerrero -abogado, productor agropecuario e integrante en nombre de Cartez de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, hizo un fuerte cuestionamiento a la gestión de la Secretaría de Ambiente de la provincia y denunció discriminación por parte de la Policía Ambiental hacia los productores.
Responsabiliza a esa repartición de "ser responsable de un desmonte indiscriminado" en la región, autorizado por esa cartera, bajo el control de la Policía Ambiental, y de la caída de indicadores sociales por la que calificó de "discriminación" a los pequeños ganaderos, que no son autorizados a realizar un manejo del monte. "Queremos trabajar en forma conjunta con los ambientalistas , porque hay arbitrariedades manifiestas", señaló.
Por su parte, Miguel Mizzau, dueño de la cabaña Los Socavones que ganó tres premios en Palermo, también apuntó a la Ley de Bosques. "Hizo muy bien el gobernador en hablar de la fábrica de terneros. En el norte hay un potencial inmenso, pero lamentablemente la Provincia pintó todo de rojo. Pide que produzcamos pero que no produzcamos, la verdad que hay una contradicción ahí", consideró.
Otro productor destacó que el mensaje de Schiaretti pareció alentar una esperanza sobre que este tema sea finalmente tratado, como piden los productores. Cabe recordar, por ejemplo, que la Mesa de Enlace armó una comisión especial para trabajar al respecto.
Schiaretti dijo que, entre todos, deben consensuar políticas para que en Córdoba se produzca más invernada, y no se engorden animales traídos de otras provincias, y que para eso hay que quitar todos los obstáculos que lo impidan.
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Desmontes,
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legislación y derecho ambiental
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Córdoba prohibió el uso del herbicida 2,4 D
Agricultura prohibió el uso del herbicida 2,4 D en toda la provincia
Fecha de Publicación: 01/09/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El compuesto no se podrá usar desde agosto a marzo de cada temporada. Hasta ahora, la prohibición regía sólo para algunas zonas y se extendió a todo el territorio cordobés.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, firmó en Colonia Caroya la Resolución Ministerial N° 112, a través de la cual se prohíbe desde el 1 de agosto al 31 de marzo de cada año, el uso del herbicida ácido 2,4 D (diclorofenoxiacético), en formulaciones ésteres.
Durante ese lapso, la medida se extiende a toda la provincia e incluye a cualquier tipo de aplicación: aérea, terrestre o manual. Hasta ahora, la prohibición ya existía pero sólo para algunas zonas determinadas.
Esta ventana de nueve meses determinada en el documento se basa en que abarca la campaña de cultivos más sensibles, como la vid, los frutales y las producciones hortícolas.
De todos modos, el Ministerio de Agricultura aclaró que, excepcionalmente y solo por este año, la prohibición comenzará a regir el día 1° de noviembre, debido a que desde la cartera agropecuaria se dispuso un período de comunicación de la medida hacia los productores que utilizan estos productos.
Declaraciones
Durante el acto de firma, que se desarrolló en las instalaciones de la Bodega La Caroyense, Busso estuvo acompañado por el intendente local, Gustavo Brandán, por los legisladores del departamento Colón, y por los secretarios de Agricultura y de Ganadería, Juan Cruz Molina y Olden Riberi.
Al hacer uso de la palabra, el titular de la cartera productiva manifestó que “la decisión de prohibir el uso de estos herbicidas en toda la provincia durante un período ventana, tiene que ver con un compromiso de producir de manera cada vez más sostenible, sin perjudicar a economías regionales, en este caso algo tan emblemático para la zona como es la vid, además de la fruticultura y la horticultura”.
“Actualmente, existen en el mercado formulaciones menos volátiles que las que entran en la prohibición, porque ese es el principal problema. A esto, desde el ministerio y a través de la Dirección de Fiscalización y Control, vamos a realizar una fuerte tarea con los equipos de inspectores para actuar con el rigor necesario en caso de situaciones que violen estas normativas”, dijo el ministro.
Prohibiciones anteriores
Desde Agricultura recordaron que ya se habían dictado resoluciones anteriores a la presente, en zonas específicas de la provincia de Córdoba, donde la utilización del 2,4 D se encuentra totalmente prohibida durante todo el año por la existencia de cultivos de hoja ancha y especialmente los establecimientos dedicados a vid, frutales y hortícolas, que son muy sensibles al comienzo de la estación de crecimiento.
Estas zonas, en las cuales la nueva resolución 112 no modificará el alcance de las limitaciones, son las siguientes:
-Pedanías Constitución, Cañas, Río Ceballos y San Vicente del departamento Colón.
-Pedanías Sinsacate, Río Pinto y Totoral del departamento Totoral.
-Pedanías Potrero de Garay, Reartes, Santa Rosa, Cañada Álvarez y Río de los Sauces del departamento Calamuchita.
-Y de manera total los cinturones verdes de los departamentos capital y Río Cuarto.
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Fecha de Publicación: 01/09/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El compuesto no se podrá usar desde agosto a marzo de cada temporada. Hasta ahora, la prohibición regía sólo para algunas zonas y se extendió a todo el territorio cordobés.
El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, firmó en Colonia Caroya la Resolución Ministerial N° 112, a través de la cual se prohíbe desde el 1 de agosto al 31 de marzo de cada año, el uso del herbicida ácido 2,4 D (diclorofenoxiacético), en formulaciones ésteres.
Durante ese lapso, la medida se extiende a toda la provincia e incluye a cualquier tipo de aplicación: aérea, terrestre o manual. Hasta ahora, la prohibición ya existía pero sólo para algunas zonas determinadas.
Esta ventana de nueve meses determinada en el documento se basa en que abarca la campaña de cultivos más sensibles, como la vid, los frutales y las producciones hortícolas.
De todos modos, el Ministerio de Agricultura aclaró que, excepcionalmente y solo por este año, la prohibición comenzará a regir el día 1° de noviembre, debido a que desde la cartera agropecuaria se dispuso un período de comunicación de la medida hacia los productores que utilizan estos productos.
Declaraciones
Durante el acto de firma, que se desarrolló en las instalaciones de la Bodega La Caroyense, Busso estuvo acompañado por el intendente local, Gustavo Brandán, por los legisladores del departamento Colón, y por los secretarios de Agricultura y de Ganadería, Juan Cruz Molina y Olden Riberi.
Al hacer uso de la palabra, el titular de la cartera productiva manifestó que “la decisión de prohibir el uso de estos herbicidas en toda la provincia durante un período ventana, tiene que ver con un compromiso de producir de manera cada vez más sostenible, sin perjudicar a economías regionales, en este caso algo tan emblemático para la zona como es la vid, además de la fruticultura y la horticultura”.
“Actualmente, existen en el mercado formulaciones menos volátiles que las que entran en la prohibición, porque ese es el principal problema. A esto, desde el ministerio y a través de la Dirección de Fiscalización y Control, vamos a realizar una fuerte tarea con los equipos de inspectores para actuar con el rigor necesario en caso de situaciones que violen estas normativas”, dijo el ministro.
Prohibiciones anteriores
Desde Agricultura recordaron que ya se habían dictado resoluciones anteriores a la presente, en zonas específicas de la provincia de Córdoba, donde la utilización del 2,4 D se encuentra totalmente prohibida durante todo el año por la existencia de cultivos de hoja ancha y especialmente los establecimientos dedicados a vid, frutales y hortícolas, que son muy sensibles al comienzo de la estación de crecimiento.
Estas zonas, en las cuales la nueva resolución 112 no modificará el alcance de las limitaciones, son las siguientes:
-Pedanías Constitución, Cañas, Río Ceballos y San Vicente del departamento Colón.
-Pedanías Sinsacate, Río Pinto y Totoral del departamento Totoral.
-Pedanías Potrero de Garay, Reartes, Santa Rosa, Cañada Álvarez y Río de los Sauces del departamento Calamuchita.
-Y de manera total los cinturones verdes de los departamentos capital y Río Cuarto.
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Córdoba prohibirá el perdigón de plomo para cinegéticos
En dos años, los palomeros deben abandonar el plomo
Fecha de Publicación: 24/08/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Secretaría de Ambiente de la Provincia establecerá, por resolución, el abandono gradual y obligatorio de ese tipo de perdigón por la contaminación del suelo que ocasiona. Admiten que la normativa actual no permite un control exhaustivo. Disgusto empresarial.
El turismo cinegético, ese que se ha generado y establecido en Córdoba para la caza de la paloma, deja cada año varios millones de dólares. Pero durante las últimas décadas también ha dejado en un amplio sector del territorio provincial otra cifra millonaria: la de los kilos de perdigones de plomo que produce la actividad.
Tras varios años de cierto silencio oficial, desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia se admite ahora el riesgo de contaminación que esto representa. Y aunque se ponen en duda las conclusiones alarmantes de algunos informes que denuncian la afectación de la producción agrícola con plomo, algo está cambiando.
En los próximos 60 días, la Secretaría de Ambiente publicará una resolución que establecerá un plazo de dos años para que los palomeros dejen de usar, de manera definitiva, ese tipo de perdigón.
El dato fue confirmado por el secretario de Ambiente, Javier Britch: “Venimos trabajando con las empresas que desarrollan esta actividad, y una de las exigencias grandes que ya hemos acordado es la necesidad de una planificación para ir disminuyendo el uso del perdigón de plomo hasta erradicarlo en dos años”.
Apoyos y críticas
Para avanzar en esta decisión, que ya está recibiendo críticas del sector palomero y una medida aprobación de ecologistas, Britch cuenta con el respaldo de dos instituciones importantes: el Consejo de Desarrollo Sustentable de la Provincia, creado por la ley 10.208 e integrado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, entre otros referentes del sector público. Y del Consejo Federal de Medioambiente (Cofema), que nuclea a los secretarios de Ambiente de todas las provincias del país. Este organismo sesionó en Córdoba en julio pasado y, por unanimidad, declaró “de interés” la reducción del uso de la munición de plomo en todo el país en actividades deportivas.
Además, en la Legislatura, la parlamentaria radical Amalia Vagni acaba de presentar un proyecto de ley que propone la prohibición –inmediata, sin plazos– del uso de ese tipo de munición.
Consultado por este diario acerca de ese proyecto, Britch dijo que comparte el objetivo final (eliminar el uso de la munición de plomo), pero añadió que la resolución que está preparando contempla algo “fundamental” que la iniciativa legislativa no incluye, la gradualidad. “Para atender al desarrollo sostenible –aclaró–, ese que contempla todo el contexto, el turismo cinegético, el servicio que brinda cuando combate la plaga de las palomas, las fuentes de trabajo, los recursos que ingresan mediante esta actividad, necesitamos el espíritu de gradualidad en los cambios”.
En ese sentido, Britch aseguró que viene trabajando con las empresas del rubro “en planes de sustitución del perdigón de plomo por otros alternativos, más ecológicos”.
En Córdoba, el turismo cinegético está regulado por la resolución 1.115, del año 2012. Esta normativa prohíbe el uso de perdigones de plomo en humedales (zonas de bañados, lagunas, lagos y ríos) y en zonas declaradas áreas naturales protegidas.
Más controles
Además, establece un registro de operadores cinegéticos en el que están inscriptos 19 empresas que tienen bajo su responsabilidad, además de hoteles y de lodges , campos “fijos” y campos “eventuales” en los que se desarrolla la caza de paloma.
El secretario de Ambiente dijo que esa normativa “no permite un control exhaustivo de la actividad”. Por ese motivo, además del plazo para la erradicación definitiva de los perdigones de plomo, se está hablando con los palomeros sobre nuevas exigencias.
“Una de las cosas que acordamos es que las empresas van a tener que presentar, en el marco de la ley 10.208 (de agosto de 2014), planes de gestión ambiental para que podamos controlar qué hacen con los animales muertos y con los cartuchos”, explicó Britch.
El funcionario agregó que los que desarrollan esta actividad “son generadores de residuos sólidos y deben explicar qué hacen con esos residuos”.
Las nuevas exigencias también incluirán un análisis sobre la cantidad de plomo que hay en los campos que vienen utilizando, “con la discriminación de la cantidad de plomo libre (el perdigón no disuelto) y de plomo disuelto”.
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Fecha de Publicación: 24/08/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Secretaría de Ambiente de la Provincia establecerá, por resolución, el abandono gradual y obligatorio de ese tipo de perdigón por la contaminación del suelo que ocasiona. Admiten que la normativa actual no permite un control exhaustivo. Disgusto empresarial.
El turismo cinegético, ese que se ha generado y establecido en Córdoba para la caza de la paloma, deja cada año varios millones de dólares. Pero durante las últimas décadas también ha dejado en un amplio sector del territorio provincial otra cifra millonaria: la de los kilos de perdigones de plomo que produce la actividad.
Tras varios años de cierto silencio oficial, desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia se admite ahora el riesgo de contaminación que esto representa. Y aunque se ponen en duda las conclusiones alarmantes de algunos informes que denuncian la afectación de la producción agrícola con plomo, algo está cambiando.
En los próximos 60 días, la Secretaría de Ambiente publicará una resolución que establecerá un plazo de dos años para que los palomeros dejen de usar, de manera definitiva, ese tipo de perdigón.
El dato fue confirmado por el secretario de Ambiente, Javier Britch: “Venimos trabajando con las empresas que desarrollan esta actividad, y una de las exigencias grandes que ya hemos acordado es la necesidad de una planificación para ir disminuyendo el uso del perdigón de plomo hasta erradicarlo en dos años”.
Apoyos y críticas
Para avanzar en esta decisión, que ya está recibiendo críticas del sector palomero y una medida aprobación de ecologistas, Britch cuenta con el respaldo de dos instituciones importantes: el Consejo de Desarrollo Sustentable de la Provincia, creado por la ley 10.208 e integrado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, entre otros referentes del sector público. Y del Consejo Federal de Medioambiente (Cofema), que nuclea a los secretarios de Ambiente de todas las provincias del país. Este organismo sesionó en Córdoba en julio pasado y, por unanimidad, declaró “de interés” la reducción del uso de la munición de plomo en todo el país en actividades deportivas.
Además, en la Legislatura, la parlamentaria radical Amalia Vagni acaba de presentar un proyecto de ley que propone la prohibición –inmediata, sin plazos– del uso de ese tipo de munición.
Consultado por este diario acerca de ese proyecto, Britch dijo que comparte el objetivo final (eliminar el uso de la munición de plomo), pero añadió que la resolución que está preparando contempla algo “fundamental” que la iniciativa legislativa no incluye, la gradualidad. “Para atender al desarrollo sostenible –aclaró–, ese que contempla todo el contexto, el turismo cinegético, el servicio que brinda cuando combate la plaga de las palomas, las fuentes de trabajo, los recursos que ingresan mediante esta actividad, necesitamos el espíritu de gradualidad en los cambios”.
En ese sentido, Britch aseguró que viene trabajando con las empresas del rubro “en planes de sustitución del perdigón de plomo por otros alternativos, más ecológicos”.
En Córdoba, el turismo cinegético está regulado por la resolución 1.115, del año 2012. Esta normativa prohíbe el uso de perdigones de plomo en humedales (zonas de bañados, lagunas, lagos y ríos) y en zonas declaradas áreas naturales protegidas.
Más controles
Además, establece un registro de operadores cinegéticos en el que están inscriptos 19 empresas que tienen bajo su responsabilidad, además de hoteles y de lodges , campos “fijos” y campos “eventuales” en los que se desarrolla la caza de paloma.
El secretario de Ambiente dijo que esa normativa “no permite un control exhaustivo de la actividad”. Por ese motivo, además del plazo para la erradicación definitiva de los perdigones de plomo, se está hablando con los palomeros sobre nuevas exigencias.
“Una de las cosas que acordamos es que las empresas van a tener que presentar, en el marco de la ley 10.208 (de agosto de 2014), planes de gestión ambiental para que podamos controlar qué hacen con los animales muertos y con los cartuchos”, explicó Britch.
El funcionario agregó que los que desarrollan esta actividad “son generadores de residuos sólidos y deben explicar qué hacen con esos residuos”.
Las nuevas exigencias también incluirán un análisis sobre la cantidad de plomo que hay en los campos que vienen utilizando, “con la discriminación de la cantidad de plomo libre (el perdigón no disuelto) y de plomo disuelto”.
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Una cordobesa al frente de una intestigación global
Bióloga de la UNC conducirá un estudio de escala mundial
Fecha de Publicación: 17/08/2016
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Nacional
Se trata de Sandra Díaz, quien estará al frente de un proyecto de evaluación global sobre biodiversidad.
Sandra Díaz, bióloga y docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, fue designada como una de los tres copresidentes de la “Evaluación Global sobre Biodiversidad y Beneficios Sociales de la Naturaleza”.
La iniciativa fue lanzada por la IPBES, una organización compuesta por 123 países de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fortalecer los lazos entre ciencia y política en la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el bienestar de las sociedades a largo plazo y el desarrollo sustentable.
Junto a Eduardo Brondízio (Brasil/EEUU) y Josef Settele (Alemania), Díaz dirigirá más de un centenar de científicos de todo el mundo, especializados en ciencias naturales marítimas y terrestres, ciencias sociales y económicas, artes y humanidades. De acuerdo al cronograma establecido, el trabajo interdisciplinario de estos expertos demandará aproximadamente tres años.
En diálogo con el portal UNCiencia, Díaz explicó los alcances del proyecto: “Será una evaluación crítica de lo que sabemos sobre el estado actual, tendencias de las últimas décadas y futuras, sobre la biodiversidad y los distintos tipos de ecosistemas. Incluirá un fuerte énfasis en las razones de por qué están como están, no sólo los factores impulsores directos –como por ejemplo la deforestación–, sino también los indirectos, las tendencias socieconómicas, culturales y los modelos de sociedad, que son la raíz de esos impulsores directos".
"Estos aspectos ya se han contemplado en la evaluación sobre polinizadores y su papel en la producción de alimentos, concluida a principios de este año, y también en las evaluaciones regionales (que están en curso). La nota distintiva de la evaluación global será el énfasis a escala mundial y en las conexiones entre diferentes regiones”, apuntó la investigadora.
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Fecha de Publicación: 17/08/2016
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Nacional
Se trata de Sandra Díaz, quien estará al frente de un proyecto de evaluación global sobre biodiversidad.
Sandra Díaz, bióloga y docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, fue designada como una de los tres copresidentes de la “Evaluación Global sobre Biodiversidad y Beneficios Sociales de la Naturaleza”.
La iniciativa fue lanzada por la IPBES, una organización compuesta por 123 países de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fortalecer los lazos entre ciencia y política en la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el bienestar de las sociedades a largo plazo y el desarrollo sustentable.
Junto a Eduardo Brondízio (Brasil/EEUU) y Josef Settele (Alemania), Díaz dirigirá más de un centenar de científicos de todo el mundo, especializados en ciencias naturales marítimas y terrestres, ciencias sociales y económicas, artes y humanidades. De acuerdo al cronograma establecido, el trabajo interdisciplinario de estos expertos demandará aproximadamente tres años.
En diálogo con el portal UNCiencia, Díaz explicó los alcances del proyecto: “Será una evaluación crítica de lo que sabemos sobre el estado actual, tendencias de las últimas décadas y futuras, sobre la biodiversidad y los distintos tipos de ecosistemas. Incluirá un fuerte énfasis en las razones de por qué están como están, no sólo los factores impulsores directos –como por ejemplo la deforestación–, sino también los indirectos, las tendencias socieconómicas, culturales y los modelos de sociedad, que son la raíz de esos impulsores directos".
"Estos aspectos ya se han contemplado en la evaluación sobre polinizadores y su papel en la producción de alimentos, concluida a principios de este año, y también en las evaluaciones regionales (que están en curso). La nota distintiva de la evaluación global será el énfasis a escala mundial y en las conexiones entre diferentes regiones”, apuntó la investigadora.
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Córdoba quiere regular los residuos pecuarios
La Provincia avanza con nueva norma para la utilización de residuos pecuarios
Fecha de Publicación: 10/08/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
La Secretaría de Ambiente de la Provincia ya elevó una documentación preliminar que está siendo evaluada por técnicos de universidades, Inta, Senasa e ingenieros agrónomos.
La fertilización de la producción agrícola con residuos pecuarios genera alto interés en los productores, por la posibilidad de hacer más eficiente y económico el manejo de campos de uso mixto.
Un ejemplo fue la primera jornada de residuos pecuarios que se realizó en el Inta Manfredi y que contó con un alto caudal de participantes. En la misma, ese centro de investigación presentó un ensayo que demostró la fuerte mejora de rendimiento que se observó en maíz, aplicándosele guano de gallinas.
Pero esta tendencia acarrea también riesgos ambientales y, por ello, desde el Gobierno provincial avanzan con una nueva norma que busca regular su aplicación.
En proceso
Según informaron desde la Provincia, “la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, a través del área de Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal, concluyó la redacción técnica preliminar de la nueva norma de aplicación agronómica de efluentes sólidos y líquidos”.
Ahora, este documento está siendo analizado por profesionales y productores involucrados en la temática, para su evaluación y propuestas de mejorías.
Concretamente, la mesa redactora de la norma de aplicación agronómica de residuos pecuarios es presidida por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y está integrada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, el Inta, Senasa, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Objetivos
“La norma se constituye como una herramienta que facilita la gestión de los residuos pecuarios de producciones intensivas, teniendo en cuenta que ya se encuentra en vigencia el Decreto 847/16 de Reglamentación de Estándares y Normas Sobre Vertidos para la Preservación del Recurso Hídrico Provincial, donde se acepta el uso agronómico de estos efluentes”, remarcó la comunicación oficial.
En ese sentido, la norma apunta a dar precisión y fundamento a la calidad de la gestión de los residuos pecuarios estabilizados, considerándolos como un recurso fuente de materia orgánica y de nutrientes que mejoran la calidad del suelo y los cultivos.
“Además recompone las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo agrícola, previniendo la contaminación de los recursos hídricos y mejorando la fertilidad de los suelos. De esta forma se fortalece la producción de los cultivos, en el marco de una producción sustentable”, señalaron desde el Gobierno.
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Fecha de Publicación: 10/08/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
La Secretaría de Ambiente de la Provincia ya elevó una documentación preliminar que está siendo evaluada por técnicos de universidades, Inta, Senasa e ingenieros agrónomos.
La fertilización de la producción agrícola con residuos pecuarios genera alto interés en los productores, por la posibilidad de hacer más eficiente y económico el manejo de campos de uso mixto.
Un ejemplo fue la primera jornada de residuos pecuarios que se realizó en el Inta Manfredi y que contó con un alto caudal de participantes. En la misma, ese centro de investigación presentó un ensayo que demostró la fuerte mejora de rendimiento que se observó en maíz, aplicándosele guano de gallinas.
Pero esta tendencia acarrea también riesgos ambientales y, por ello, desde el Gobierno provincial avanzan con una nueva norma que busca regular su aplicación.
En proceso
Según informaron desde la Provincia, “la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, a través del área de Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal, concluyó la redacción técnica preliminar de la nueva norma de aplicación agronómica de efluentes sólidos y líquidos”.
Ahora, este documento está siendo analizado por profesionales y productores involucrados en la temática, para su evaluación y propuestas de mejorías.
Concretamente, la mesa redactora de la norma de aplicación agronómica de residuos pecuarios es presidida por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y está integrada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, el Inta, Senasa, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Objetivos
“La norma se constituye como una herramienta que facilita la gestión de los residuos pecuarios de producciones intensivas, teniendo en cuenta que ya se encuentra en vigencia el Decreto 847/16 de Reglamentación de Estándares y Normas Sobre Vertidos para la Preservación del Recurso Hídrico Provincial, donde se acepta el uso agronómico de estos efluentes”, remarcó la comunicación oficial.
En ese sentido, la norma apunta a dar precisión y fundamento a la calidad de la gestión de los residuos pecuarios estabilizados, considerándolos como un recurso fuente de materia orgánica y de nutrientes que mejoran la calidad del suelo y los cultivos.
“Además recompone las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo agrícola, previniendo la contaminación de los recursos hídricos y mejorando la fertilidad de los suelos. De esta forma se fortalece la producción de los cultivos, en el marco de una producción sustentable”, señalaron desde el Gobierno.
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En FAA Córdoba hay "preocupación por la Ley de Tierras"
Federación Agraria Córdoba, preocupada por la Ley de Tierras
Fecha de Publicación: 06/08/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
La delegación Córdoba de Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su "preocupación por la Ley de Tierras".
"Lejos de tomarlo como una situación coyuntural momentánea, los productores cordobeses reunidos en la filial local de Federación Agraria expresaron su preocupación por la modificación de la Ley de Tierras", señalaron desde la entidad.
Desfavorecidos
Leonardo Bonafé, titular de la delegación cordobesa expresó que “los pequeños y medianos productores vemos con angustia esta modificación en la Ley de Tierras ya que ponemos todo nuestro esfuerzo por subsistir y el Decreto 820/16, que facilita la venta de tierras a extranjeros, nos pone en desigualdad de condiciones ante eventuales intereses corporativos que ahora pueden avanzar sobre nuestro trabajo”.
El dirigente cuestionó también que “el modelo impulsado por el Kirchnerismo que alejó a los jóvenes del campo parece ahora apuntalado por este nuevo gobierno con una modificación que pone en riesgo la agricultura familiar y le da el ok a los intereses extranjeros para avanzar sobre nuestras tierras”.
Bonafé expresó asimismo que “numerosos productores se mantienen alertas ante esta situación y nuestra preocupación continuará siendo tema de debate en las bases federadas locales”.
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Fecha de Publicación: 06/08/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
La delegación Córdoba de Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su "preocupación por la Ley de Tierras".
"Lejos de tomarlo como una situación coyuntural momentánea, los productores cordobeses reunidos en la filial local de Federación Agraria expresaron su preocupación por la modificación de la Ley de Tierras", señalaron desde la entidad.
Desfavorecidos
Leonardo Bonafé, titular de la delegación cordobesa expresó que “los pequeños y medianos productores vemos con angustia esta modificación en la Ley de Tierras ya que ponemos todo nuestro esfuerzo por subsistir y el Decreto 820/16, que facilita la venta de tierras a extranjeros, nos pone en desigualdad de condiciones ante eventuales intereses corporativos que ahora pueden avanzar sobre nuestro trabajo”.
El dirigente cuestionó también que “el modelo impulsado por el Kirchnerismo que alejó a los jóvenes del campo parece ahora apuntalado por este nuevo gobierno con una modificación que pone en riesgo la agricultura familiar y le da el ok a los intereses extranjeros para avanzar sobre nuestras tierras”.
Bonafé expresó asimismo que “numerosos productores se mantienen alertas ante esta situación y nuestra preocupación continuará siendo tema de debate en las bases federadas locales”.
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Monsanto desiste de su proyecto en Córdoba
Baldazo de agua fría para el campo: Monsanto desarma su proyecto de $1.500 millones en Córdoba
Fecha de Publicación: 04/08/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a iProfesional que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. La empresa comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista fueron las causas que precipitaron la decisión
Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Kirchner concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.
Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de la superficie de maíz, cereal que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.
La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.
El fin del proyecto fue confirmado a iProfesional por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que "la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas se pasó de los 2,5 millones".
"Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos cinco años", explicó.
La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que frenó por completo la entrada de los materiales que requerían la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.
"No se pudo avanzar con la planta y esto también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto", aseveró.
Según pudo confirmar iProfesional, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio.
"La idea es tratar de vender el terreno este año. En eso dependemos de la decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto", sostuvo la fuente.
El plan que caducó
La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.
"Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas estaciones experimentales (una en la provincia de Córdoba y la otra en la provincia de Tucumán); el desarrollo de programas de investigación y desarrollo de maíz y soja; ensayos experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios", informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.
La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.
Sin embargo, la movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, en paralelo a un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.
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Fecha de Publicación: 04/08/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a iProfesional que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. La empresa comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista fueron las causas que precipitaron la decisión
Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Kirchner concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.
Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de la superficie de maíz, cereal que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.
La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.
El fin del proyecto fue confirmado a iProfesional por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que "la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas se pasó de los 2,5 millones".
"Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos cinco años", explicó.
La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que frenó por completo la entrada de los materiales que requerían la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.
"No se pudo avanzar con la planta y esto también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto", aseveró.
Según pudo confirmar iProfesional, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio.
"La idea es tratar de vender el terreno este año. En eso dependemos de la decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto", sostuvo la fuente.
El plan que caducó
La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.
"Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas estaciones experimentales (una en la provincia de Córdoba y la otra en la provincia de Tucumán); el desarrollo de programas de investigación y desarrollo de maíz y soja; ensayos experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios", informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.
La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.
Sin embargo, la movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, en paralelo a un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.
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Por Monsanto imputan a ex funcionarios en Córdoba
Monsanto: imputaron a funcionarios y ediles que aprobaron el uso del suelo
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al exintendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
Desde la defensa de uno de los imputados relativizaron el enfoque, señalando que hay de por medio “una cuestión semántica” por discutir. “La redacción habla de que es zona agropecuaria. ¿La selección de semillas no es parte de esa actividad? ¿O sólo hay que contar la siembra?”, se planteó.
El terreno en cuestión está sobre la ruta provincial A-58, más conocida como “viejo camino a Monte Cristo”, y se da la particularidad de que los lotes de una mano sí son aptos para uso industrial, y los del otro lado, apenas cruzando la ruta, ya no.
Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los exconcejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores.
La misma acusación recayó para la exedil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba.
Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.
En detalle
La investigación del fiscal ?Amayusco describe cinco hechos.
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los exfuncionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los exfuncionarios Jorge Ferrari, exdirector de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas.
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.
Puntos de vista
Daniel Arzani. Exintendente de Malvinas Argentinas.
Durante su gestión se inició el tortuoso proceso de radicación de Monsanto en esa localidad. Le objetan haber autorizado la instalación en terrenos no aptos para uso industrial. Es secretario general en la Municipalidad de Córdoba.
Luis Federico Bocco. Exsecretario de Ambiente de la Provincia.
Le reprochan haber habilitado por etapas la construcción de la planta semillera y haber violado disposiciones sobre impacto ambiental y la Ley del Uso del Suelo. Actualmente es asesor de los concejales capitalinos del PJ.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al exintendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
Desde la defensa de uno de los imputados relativizaron el enfoque, señalando que hay de por medio “una cuestión semántica” por discutir. “La redacción habla de que es zona agropecuaria. ¿La selección de semillas no es parte de esa actividad? ¿O sólo hay que contar la siembra?”, se planteó.
El terreno en cuestión está sobre la ruta provincial A-58, más conocida como “viejo camino a Monte Cristo”, y se da la particularidad de que los lotes de una mano sí son aptos para uso industrial, y los del otro lado, apenas cruzando la ruta, ya no.
Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los exconcejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores.
La misma acusación recayó para la exedil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba.
Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.
En detalle
La investigación del fiscal ?Amayusco describe cinco hechos.
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los exfuncionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los exfuncionarios Jorge Ferrari, exdirector de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas.
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.
Puntos de vista
Daniel Arzani. Exintendente de Malvinas Argentinas.
Durante su gestión se inició el tortuoso proceso de radicación de Monsanto en esa localidad. Le objetan haber autorizado la instalación en terrenos no aptos para uso industrial. Es secretario general en la Municipalidad de Córdoba.
Luis Federico Bocco. Exsecretario de Ambiente de la Provincia.
Le reprochan haber habilitado por etapas la construcción de la planta semillera y haber violado disposiciones sobre impacto ambiental y la Ley del Uso del Suelo. Actualmente es asesor de los concejales capitalinos del PJ.
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Córdoba aprueba el EsIA de la central nuclear de Embalse
La Provincia otorgó la licencia ambiental para la extensión de vida la central nuclear de Embalse
Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La habilitación permitirá comenzar las obras de refacción en la usina, que permitirán prolongar su vida útil otros 30 años.
El proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse recibió este jueves la Licencia Ambiental por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, por lo que podrán comenzar las obras de refacción. Así lo informó la oficina de prensa de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa).
El estudio de impacto ambiental permitió identificar y prevenir las alteraciones que pueda generar un proyecto en el medio ambiente antes de su ejecución. Además, la audiencia pública permitió recolectar las inquietudes de los vecinos potencialmente afectados y resultó fundamental para determinar el irrefutable consenso social sobre el proyecto.
El Cedyat fue el encargado de realizar el estudio de impacto ambiental. "Pocos argentinos conocen que la empresa estatal Nucleoeléctrica trabaja decididamente para evitar la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2). En este sentido, la energía nuclear es esencial, no solo porque garantiza el suministro eléctrico, sino porque contribuye al cumplimiento del Protocolo de Kyoto por su competitividad y por la reducción de emisiones de CO2, uno de los principales problemas ambientales en el mundo" expresó Mariano Riano, experto del Cedyat.
Con la resolución 203/2016 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Nasa podrá extender la vida útil de la central nuclear de Embalse, que producía 668 MW de potencia bruta, que estará parada por dos años por trabajos los de repotenciación a los que se destinarán 1.600 millones de dólares.
Terminado el proyecto, generará 700 MW brutos y podrá funcionar por otros 30 años. Desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación afirmaron que la decisión se tomó en función de continuar con la instrumentación del Plan Nuclear Argentino y destacaron que, por los altos valores de desempeño, estuvo en una docena de veces entre las diez primeras centrales nucleares en el mundo.
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Fecha de Publicación: 31/07/2016
Fuente: Día a Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La habilitación permitirá comenzar las obras de refacción en la usina, que permitirán prolongar su vida útil otros 30 años.
El proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse recibió este jueves la Licencia Ambiental por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, por lo que podrán comenzar las obras de refacción. Así lo informó la oficina de prensa de Nucleoeléctrica Argentina (Nasa).
El estudio de impacto ambiental permitió identificar y prevenir las alteraciones que pueda generar un proyecto en el medio ambiente antes de su ejecución. Además, la audiencia pública permitió recolectar las inquietudes de los vecinos potencialmente afectados y resultó fundamental para determinar el irrefutable consenso social sobre el proyecto.
El Cedyat fue el encargado de realizar el estudio de impacto ambiental. "Pocos argentinos conocen que la empresa estatal Nucleoeléctrica trabaja decididamente para evitar la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2). En este sentido, la energía nuclear es esencial, no solo porque garantiza el suministro eléctrico, sino porque contribuye al cumplimiento del Protocolo de Kyoto por su competitividad y por la reducción de emisiones de CO2, uno de los principales problemas ambientales en el mundo" expresó Mariano Riano, experto del Cedyat.
Con la resolución 203/2016 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Nasa podrá extender la vida útil de la central nuclear de Embalse, que producía 668 MW de potencia bruta, que estará parada por dos años por trabajos los de repotenciación a los que se destinarán 1.600 millones de dólares.
Terminado el proyecto, generará 700 MW brutos y podrá funcionar por otros 30 años. Desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación afirmaron que la decisión se tomó en función de continuar con la instrumentación del Plan Nuclear Argentino y destacaron que, por los altos valores de desempeño, estuvo en una docena de veces entre las diez primeras centrales nucleares en el mundo.
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Fauna recuperada en Córdoba llega a Misiones
La reserva 'El Puma' recibió animales silvestres recuperados en Córdoba
Fecha de Publicación: 19/07/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Córdoba - Misiones
La Reserva El Puma recibió animales desde Córdoba para restituirlos a su fauna nativa. Es la segunda devolución. Con esto se restituye a estos animales al habitad natural donde pertenecen. “Creemos que es importante coordinar acciones con todas las provincias para dar cuidado a toda la riqueza faunística del país”, destacó Javier Britch, secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, quien participó del encuentro con la ministra de Ecología de la provincia, Verónica Derna.
Britch, dijo además que el tráfico ilegal de fauna “es un flagelo que sufrimos en nuestro país y creo que hay que darle más importancia porque atenta contra nuestra diversidad en el ecosistema, y somete a animales que son sacados de su habitad natural”, manifestó. “No corresponde que un ave de un clima templado o tropical este sufriendo las inclemencias del tiempo y el clima semiárido como lo es el de Córdoba”, indicó.
Personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba llegaron a Misiones, haciendo efectiva la devolución de animales silvestres decomisados en diferentes operativos en Córdoba. Los animales fueron recibidos por el personal del Ministerio de Ecología de Misiones y estarán bajo cuidado en el Parque ecológico” El Puma” en Candelaria hasta su devolución a su hábitat natural.
Esta actividad es parte del convenio marco de restitución de animales nativos de Misiones, por decomiso en la provincia de Córdoba. El convenio fue firmado a comienzos de año y esta es una de las primeras acciones concretas. Previamente en marzo profesionales del Ministerio de Ecología de Misiones fueron a capacitar a Córdoba en el manejo y cuidado de monos.
Javier Britch, el secretario de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba encabezó la delegación que restituyó los animales incautados en diferentes operativos, en tanto Verónica Derna, como ministra de Ecología de Misiones, fue la encargada de recibir a la delegación, acompañada de Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología; Rodrigo Daura, director del Parque ecológico” El Puma” y especialistas en el manejo y cuidado de los animales.
El Parque ecológico” El Puma” es un área natural con categoría de reserva de usos múltiples dedicada a la investigación, producción autosuficiente, de flora y fauna silvestre autóctona, espacios naturales aptos para el esparcimiento al aire libre y sitios experimentales de modelos de uso sustentable de los recursos naturales.
La misma es un proyecto del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, desarrollado sobre un terreno de 25 Hectáreas, en Candelaria.
Tiene actualmente dos áreas principales de administración y manejo. Desde el año 2000, como Centro de Rehabilitación y Cría de Animales Silvestres. Y desde el año 2007, como Estación de Hidrobiología y Piscicultura.
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Fecha de Publicación: 19/07/2016
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Córdoba - Misiones
La Reserva El Puma recibió animales desde Córdoba para restituirlos a su fauna nativa. Es la segunda devolución. Con esto se restituye a estos animales al habitad natural donde pertenecen. “Creemos que es importante coordinar acciones con todas las provincias para dar cuidado a toda la riqueza faunística del país”, destacó Javier Britch, secretario de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, quien participó del encuentro con la ministra de Ecología de la provincia, Verónica Derna.
Britch, dijo además que el tráfico ilegal de fauna “es un flagelo que sufrimos en nuestro país y creo que hay que darle más importancia porque atenta contra nuestra diversidad en el ecosistema, y somete a animales que son sacados de su habitad natural”, manifestó. “No corresponde que un ave de un clima templado o tropical este sufriendo las inclemencias del tiempo y el clima semiárido como lo es el de Córdoba”, indicó.
Personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba llegaron a Misiones, haciendo efectiva la devolución de animales silvestres decomisados en diferentes operativos en Córdoba. Los animales fueron recibidos por el personal del Ministerio de Ecología de Misiones y estarán bajo cuidado en el Parque ecológico” El Puma” en Candelaria hasta su devolución a su hábitat natural.
Esta actividad es parte del convenio marco de restitución de animales nativos de Misiones, por decomiso en la provincia de Córdoba. El convenio fue firmado a comienzos de año y esta es una de las primeras acciones concretas. Previamente en marzo profesionales del Ministerio de Ecología de Misiones fueron a capacitar a Córdoba en el manejo y cuidado de monos.
Javier Britch, el secretario de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba encabezó la delegación que restituyó los animales incautados en diferentes operativos, en tanto Verónica Derna, como ministra de Ecología de Misiones, fue la encargada de recibir a la delegación, acompañada de Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología; Rodrigo Daura, director del Parque ecológico” El Puma” y especialistas en el manejo y cuidado de los animales.
El Parque ecológico” El Puma” es un área natural con categoría de reserva de usos múltiples dedicada a la investigación, producción autosuficiente, de flora y fauna silvestre autóctona, espacios naturales aptos para el esparcimiento al aire libre y sitios experimentales de modelos de uso sustentable de los recursos naturales.
La misma es un proyecto del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, desarrollado sobre un terreno de 25 Hectáreas, en Candelaria.
Tiene actualmente dos áreas principales de administración y manejo. Desde el año 2000, como Centro de Rehabilitación y Cría de Animales Silvestres. Y desde el año 2007, como Estación de Hidrobiología y Piscicultura.
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Córdoba busca un marco legal para impulsar bioenergías
Córdoba pedirá a Nación un marco legal para impulsar las bioenergías
Fecha de Publicación: 11/07/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La Legislatura quiere sancionar una resolución instando al Gobierno nacional que ubique este tema como “impostergable”, debido a su potencial para disminuir el impacto medioambiental, agregar valor y generar empleo.
El vicegobernador de la Provincia, Martín Llaryora, afirmó que “la bioenergía es un camino que tiene Córdoba para llevar progreso a todos los rincones”, frase que actúa como una suerte de resumen de una iniciativa que impulsará el Gobierno a través de la Legislatura: sancionar una resolución que inste al Estado nacional a que avance en regulaciones que favorezcan el desarrollo de las bioenergías.
Entre otras cosas, la iniciativa busca que el Estado “garantice un marco jurídico estable” para el fomento de estas energías alternativas, “ya que la incertidumbre regulatoria es enemiga de los inversiones y los proyectos”.
Llaryora, acompañado por el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González; el vicepresidente, Daniel Passerini; el jefe de bloque de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez; y los ministros de Agricultura, Sergio Busso; e Industria, Roberto Avalle; encabezaron un encuentro destinado a debatir las potencialidades de la bioenergía en Córdoba. Los datos que se mencionaron durante la jornada servirán para reforzar la resolución que se busca aprobar y que luego se elevará ante la Casa Rosada.
Tema impostergable
El primer punto del proyecto de resolución (que puede verse completo haciendo click aquí o al final de la nota) implica “solicitar al Gobierno que el desarrollo de la bioenergía en Córdoba y la zona central del país se ubique como tema impostergable en la agenda de la cartera de Agroindustria”.
Por eso, pide “apoyar todas las iniciativas para el crecimiento de un sector bioenergético dinámico y al mismo tiempo sostenible y socialmente responsable, ya que resulta indispensable para el desarrollo, disminuyendo los riesgos y el impacto medioambiental”.
Con estos fines, el proyecto considera necesarios “la toma y ejecución de medidas generales tendientes a incentivar, apuntalar y diversificar el desarrollo de la bioenergía” y “que los distintos estamentos del Estado actúen como facilitadores en el proceso de creación de proyectos bioenergéticos, poniendo en funcionamiento incentivos financieros, agilizando trámites y conectando voluntades”.
Allí es que la iniciativa subraya la necesidad de que se “garantice un marco jurídico estable, ya que la incertidumbre regulatoria es enemiga de las inversiones y los proyectos”, así como también de que se promueva “la difusión hacia toda la sociedad de las ventajas y múltiples beneficios que trae aparejado el desarrollo de la bioenergía”.
Oportunidades
Precisamente, el encuentro realizado en la sala Regino Maders de la Legislatura sirvió para que diversas entidades plantearan los beneficios y oportunidades que presentan las energías. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el bioetanol producido a partir del maíz.
Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), con 500 has de maíz y 250 porcinos o 500 vacas de ordeñe se pueden obtener 20 mil toneladas de materia verde y dos mil metros cúbicos de efluentes que, puestos en un biodigestor, pueden generar un megawatt por hora, suficientes para dar energía a cuatro mil personas.
El modelo a replicar, según Fada, es el de Bioeléctrica que ya genera energía en Río Cuarto utilizando como principal materia prima el maíz picado. La propuesta es construir 50 plantas de ese tipo en pequeños pueblos del interior, que implicarían una inversión global de 225 millones de dólares, puestos de trabajo para 1.550 personas (entre directos e indirectos) y energía para 200 mil cordobeses.
Nicole Pisani, de Fada, aseguró que el potencial de Córdoba es enorme: para alimentar esas 50 plantas sólo se necesita disponer del 1,3 por ciento de la superficie que se siembra anualmente con maíz o los efluentes del cuatro por ciento de las vacas y el uno por ciento de los cerdos.
Economía y ambiente
Eduardo Martelloto, director regional Córdoba del Inta, destacó que la provincia es un ejemplo del potencial del bioetanol: en total, las cuatro plantas instaladas dentro del territorio cordobés procesan anualmente casi un millón de toneladas de maíz, de las que surgen 343 mil metros cúbicos de etanol y 318.300 toneladas de burlanda.
Martellotto destacó, por ejemplo, que para un productor agropecuario de la zona de Jesús María, proveerle maíz a Aca-Bio de Villa María, en lugar de enviarlo a puerto, le reduciría el costo del flete en 2.046 pesos por hectárea (suponiendo un rinde de 100 quintales). Del mismo modo, ubicar tambos o feed lots cerca de las plantas etanoleras podría ser una ayuda para reducir los costos: la burlanda húmeda vale el 30 por ciento de la cotización del maíz y sólo lo que produce ACA-Bio alcanzaría para alimentar 94 mil novillos al año.
Por eso, una de las propuestas que impulsan desde el Inta es el impulso a plantas pequeñas de etanol, de 13.500 toneladas anuales, que incluyan una integración con producción de carne bovina.
“El Inta está trabajando en conseguir nuevos productos biomásicos, en base a forrajes o forestales, por ejemplo, que le permitan al productor mejorar su ecuación económica y su diversificación productiva”, cerró Martellotto.
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Fecha de Publicación: 11/07/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La Legislatura quiere sancionar una resolución instando al Gobierno nacional que ubique este tema como “impostergable”, debido a su potencial para disminuir el impacto medioambiental, agregar valor y generar empleo.
El vicegobernador de la Provincia, Martín Llaryora, afirmó que “la bioenergía es un camino que tiene Córdoba para llevar progreso a todos los rincones”, frase que actúa como una suerte de resumen de una iniciativa que impulsará el Gobierno a través de la Legislatura: sancionar una resolución que inste al Estado nacional a que avance en regulaciones que favorezcan el desarrollo de las bioenergías.
Entre otras cosas, la iniciativa busca que el Estado “garantice un marco jurídico estable” para el fomento de estas energías alternativas, “ya que la incertidumbre regulatoria es enemiga de los inversiones y los proyectos”.
Llaryora, acompañado por el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González; el vicepresidente, Daniel Passerini; el jefe de bloque de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez; y los ministros de Agricultura, Sergio Busso; e Industria, Roberto Avalle; encabezaron un encuentro destinado a debatir las potencialidades de la bioenergía en Córdoba. Los datos que se mencionaron durante la jornada servirán para reforzar la resolución que se busca aprobar y que luego se elevará ante la Casa Rosada.
Tema impostergable
El primer punto del proyecto de resolución (que puede verse completo haciendo click aquí o al final de la nota) implica “solicitar al Gobierno que el desarrollo de la bioenergía en Córdoba y la zona central del país se ubique como tema impostergable en la agenda de la cartera de Agroindustria”.
Por eso, pide “apoyar todas las iniciativas para el crecimiento de un sector bioenergético dinámico y al mismo tiempo sostenible y socialmente responsable, ya que resulta indispensable para el desarrollo, disminuyendo los riesgos y el impacto medioambiental”.
Con estos fines, el proyecto considera necesarios “la toma y ejecución de medidas generales tendientes a incentivar, apuntalar y diversificar el desarrollo de la bioenergía” y “que los distintos estamentos del Estado actúen como facilitadores en el proceso de creación de proyectos bioenergéticos, poniendo en funcionamiento incentivos financieros, agilizando trámites y conectando voluntades”.
Allí es que la iniciativa subraya la necesidad de que se “garantice un marco jurídico estable, ya que la incertidumbre regulatoria es enemiga de las inversiones y los proyectos”, así como también de que se promueva “la difusión hacia toda la sociedad de las ventajas y múltiples beneficios que trae aparejado el desarrollo de la bioenergía”.
Oportunidades
Precisamente, el encuentro realizado en la sala Regino Maders de la Legislatura sirvió para que diversas entidades plantearan los beneficios y oportunidades que presentan las energías. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el bioetanol producido a partir del maíz.
Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), con 500 has de maíz y 250 porcinos o 500 vacas de ordeñe se pueden obtener 20 mil toneladas de materia verde y dos mil metros cúbicos de efluentes que, puestos en un biodigestor, pueden generar un megawatt por hora, suficientes para dar energía a cuatro mil personas.
El modelo a replicar, según Fada, es el de Bioeléctrica que ya genera energía en Río Cuarto utilizando como principal materia prima el maíz picado. La propuesta es construir 50 plantas de ese tipo en pequeños pueblos del interior, que implicarían una inversión global de 225 millones de dólares, puestos de trabajo para 1.550 personas (entre directos e indirectos) y energía para 200 mil cordobeses.
Nicole Pisani, de Fada, aseguró que el potencial de Córdoba es enorme: para alimentar esas 50 plantas sólo se necesita disponer del 1,3 por ciento de la superficie que se siembra anualmente con maíz o los efluentes del cuatro por ciento de las vacas y el uno por ciento de los cerdos.
Economía y ambiente
Eduardo Martelloto, director regional Córdoba del Inta, destacó que la provincia es un ejemplo del potencial del bioetanol: en total, las cuatro plantas instaladas dentro del territorio cordobés procesan anualmente casi un millón de toneladas de maíz, de las que surgen 343 mil metros cúbicos de etanol y 318.300 toneladas de burlanda.
Martellotto destacó, por ejemplo, que para un productor agropecuario de la zona de Jesús María, proveerle maíz a Aca-Bio de Villa María, en lugar de enviarlo a puerto, le reduciría el costo del flete en 2.046 pesos por hectárea (suponiendo un rinde de 100 quintales). Del mismo modo, ubicar tambos o feed lots cerca de las plantas etanoleras podría ser una ayuda para reducir los costos: la burlanda húmeda vale el 30 por ciento de la cotización del maíz y sólo lo que produce ACA-Bio alcanzaría para alimentar 94 mil novillos al año.
Por eso, una de las propuestas que impulsan desde el Inta es el impulso a plantas pequeñas de etanol, de 13.500 toneladas anuales, que incluyan una integración con producción de carne bovina.
“El Inta está trabajando en conseguir nuevos productos biomásicos, en base a forrajes o forestales, por ejemplo, que le permitan al productor mejorar su ecuación económica y su diversificación productiva”, cerró Martellotto.
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Córdoba: menor presupuesto para Policía Ambiental
Preocupa en el sur provincial el recorte a las partidas para la Policía Ambiental
Fecha de Publicación: 09/07/2016
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Organizaciones ambientalistas y legisladores exigen que se revea la decisión. Consideran necesario bregar contra el desmonte como así también combatir la caza y pesca furtiva en campos de la zona
Huinca Renancó.- Organizaciones ambientalistas del sur provincial y legisladores de la oposición manifestaron su preocupación por las consecuencias que pudiera traer consigo el recorte de las partidas destinadas a la Policía Ambiental.
Sobre el tema, la legisladora radical Amalia Vagni solicitó días atrás un pedido de informe en la Legislatura pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
Vagni dijo a PUNTAL que tal solicitud se fundamenta en cinco puntos, entre los que considera se informen: los criterios utilizados para la distribución de las bases operativas, la rutina de contralor y acciones que llevan adelante en caso de que actúen de oficio según las competencias otorgadas por la ley 10.115 y la cantidad de agentes y equipos técnicos para llevar adelante el contralor provincial, discriminando según cargos, funciones y profesión.
Pero entre uno de los puntos más destacados pide que “se explique el desfinanciamiento de la Policía Ambiental que se observa en la disminución presupuestaria de 3.191.000 de pesos del año 2015 a 477.000 de pesos en el año 2016”, cifra que implicaría un recorte aproximado del orden del 85 por ciento, según lo publicado por el medio especializado “Sala de Prensa Ambiental”.
“Si la provincia tiene una extensión de 165.321 kilómetros cuadrados y la Policía Ambiental cuenta con 16 vehículos y con 6 bases operativas, ¿cómo pretende la actual gestión llevar adelante el control ambiental con un presupuesto asignado de $ 477.000 de pesos para el año 2016 y sólo $ 5.000 para el combustible de 16 vehículos”, se preguntó la legisladora Vagni.
En el año 2012 el gobernador José Manuel de la Sota creaba la Dirección de Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Agua y Ambiente de la provincia de Córdoba con el objetivo de “profundizar acciones de conservación y protección del ambiente en todo el territorio”, según sus palabras. Desde entonces la Policía Ambiental debe ejercer el control y la fiscalización de los recursos naturales en el ámbito provincial, velando por la calidad ecológica de las diferentes regiones, conforme a lo establecido entre sus funciones. Sin embargo, desde hace un tiempo son recurrentes las quejas por demoras en las inspecciones y la falta de seguimiento de los casos denunciados por los ciudadanos.
Un ínfimo presupuesto que plantea dudas acerca del interés del gobierno para respaldar al único organismo encargado de evitar, controlar o detener el constante deterioro de los ecosistemas provinciales. Respaldo económico queda claro que no le brinda. Desde hace tiempo, un pedido de informes en la Legislatura espera la presencia del ministro de Agua y Ambiente, Ing. Fabián López, para que explique este grave desfinanciamiento en el área ambiental.
Exigen más fondos
Abel Lino, legislador por el departamento General Roca y actual presidente de la Comisión de Agricultura en la Legislatura, dijo a PUNTAL que se mantienen en alerta por tal situación al tiempo que adelantó que hoy va a haber una reunión de la Comisión de Ambiente en la Legislatura, en la que se va a tratar el tema y se va a pedir “un presupuesto acorde a las necesidades”.
“También hay un trabajo muy importante en un plan de reordenamiento territorial, donde nuestros bosques nativos puedan ampliar sus radios y asegurar la preservación de los mismos, y no seguir deprendando”. Después de julio tiene que haber una nueva ley que defienda el ambiente y los bosques”, señaló. Cabe agregar que el caso no cayó bien en la ONG ambientalista Mamull Mapu que tiene sede en Villa Huidobro, desde donde por estas horas se analizaba publicar un comunicado en rechazo a este recorte presupuestario.
Llega el ministro López
En el marco de la firma del Pacto Social Ambiental para el Departamento General Roca, llegará a Villa Huidobro este mediodía el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, junto al secretario de Ambiente y Cambio Climático, Javier Britch.
El acto está previsto para las 11.45 en el salón de la Municipalidad de Villa Huidobro y tendrá como finalidad la firma de este acuerdo que propone el cuidado del ambiente, con políticas proactivas en conjunto entre el gobierno de Córdoba, las distintas municipalidades y comunas, las instituciones educativas y las fuerzas vivas de cada localidad.
Con la distribución de semillas a estudiantes secundarios en esta localidad, se dio el primer paso hacia la concreción del denominado Acuerdo Social Ambiental, firmado tiempo atrás con la Provincia y por el cual se procura recuperar y proteger el bosque nativo de caldenes en el sur cordobés.
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Fecha de Publicación: 09/07/2016
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Organizaciones ambientalistas y legisladores exigen que se revea la decisión. Consideran necesario bregar contra el desmonte como así también combatir la caza y pesca furtiva en campos de la zona
Huinca Renancó.- Organizaciones ambientalistas del sur provincial y legisladores de la oposición manifestaron su preocupación por las consecuencias que pudiera traer consigo el recorte de las partidas destinadas a la Policía Ambiental.
Sobre el tema, la legisladora radical Amalia Vagni solicitó días atrás un pedido de informe en la Legislatura pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
Vagni dijo a PUNTAL que tal solicitud se fundamenta en cinco puntos, entre los que considera se informen: los criterios utilizados para la distribución de las bases operativas, la rutina de contralor y acciones que llevan adelante en caso de que actúen de oficio según las competencias otorgadas por la ley 10.115 y la cantidad de agentes y equipos técnicos para llevar adelante el contralor provincial, discriminando según cargos, funciones y profesión.
Pero entre uno de los puntos más destacados pide que “se explique el desfinanciamiento de la Policía Ambiental que se observa en la disminución presupuestaria de 3.191.000 de pesos del año 2015 a 477.000 de pesos en el año 2016”, cifra que implicaría un recorte aproximado del orden del 85 por ciento, según lo publicado por el medio especializado “Sala de Prensa Ambiental”.
“Si la provincia tiene una extensión de 165.321 kilómetros cuadrados y la Policía Ambiental cuenta con 16 vehículos y con 6 bases operativas, ¿cómo pretende la actual gestión llevar adelante el control ambiental con un presupuesto asignado de $ 477.000 de pesos para el año 2016 y sólo $ 5.000 para el combustible de 16 vehículos”, se preguntó la legisladora Vagni.
En el año 2012 el gobernador José Manuel de la Sota creaba la Dirección de Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Agua y Ambiente de la provincia de Córdoba con el objetivo de “profundizar acciones de conservación y protección del ambiente en todo el territorio”, según sus palabras. Desde entonces la Policía Ambiental debe ejercer el control y la fiscalización de los recursos naturales en el ámbito provincial, velando por la calidad ecológica de las diferentes regiones, conforme a lo establecido entre sus funciones. Sin embargo, desde hace un tiempo son recurrentes las quejas por demoras en las inspecciones y la falta de seguimiento de los casos denunciados por los ciudadanos.
Un ínfimo presupuesto que plantea dudas acerca del interés del gobierno para respaldar al único organismo encargado de evitar, controlar o detener el constante deterioro de los ecosistemas provinciales. Respaldo económico queda claro que no le brinda. Desde hace tiempo, un pedido de informes en la Legislatura espera la presencia del ministro de Agua y Ambiente, Ing. Fabián López, para que explique este grave desfinanciamiento en el área ambiental.
Exigen más fondos
Abel Lino, legislador por el departamento General Roca y actual presidente de la Comisión de Agricultura en la Legislatura, dijo a PUNTAL que se mantienen en alerta por tal situación al tiempo que adelantó que hoy va a haber una reunión de la Comisión de Ambiente en la Legislatura, en la que se va a tratar el tema y se va a pedir “un presupuesto acorde a las necesidades”.
“También hay un trabajo muy importante en un plan de reordenamiento territorial, donde nuestros bosques nativos puedan ampliar sus radios y asegurar la preservación de los mismos, y no seguir deprendando”. Después de julio tiene que haber una nueva ley que defienda el ambiente y los bosques”, señaló. Cabe agregar que el caso no cayó bien en la ONG ambientalista Mamull Mapu que tiene sede en Villa Huidobro, desde donde por estas horas se analizaba publicar un comunicado en rechazo a este recorte presupuestario.
Llega el ministro López
En el marco de la firma del Pacto Social Ambiental para el Departamento General Roca, llegará a Villa Huidobro este mediodía el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, junto al secretario de Ambiente y Cambio Climático, Javier Britch.
El acto está previsto para las 11.45 en el salón de la Municipalidad de Villa Huidobro y tendrá como finalidad la firma de este acuerdo que propone el cuidado del ambiente, con políticas proactivas en conjunto entre el gobierno de Córdoba, las distintas municipalidades y comunas, las instituciones educativas y las fuerzas vivas de cada localidad.
Con la distribución de semillas a estudiantes secundarios en esta localidad, se dio el primer paso hacia la concreción del denominado Acuerdo Social Ambiental, firmado tiempo atrás con la Provincia y por el cual se procura recuperar y proteger el bosque nativo de caldenes en el sur cordobés.
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Córdoba: la crisis eleva la venta de termotanques solares
Se dispara la venta de termotanques solares y surgen nuevos proveedores
Fecha de Publicación: 05/07/2016
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Hay un mercado en crecimiento exponencial, que venía en franca alza en los últimos años. Y entre importadores y fabricantes son pocos “jugadores”. Además, hay políticas públicas y bancarias de apoyo a la inversión en estos artefactos Javier De Pascuale - jdepascuale@comercioyjusticia.info
La importación de termotanques solares se multiplicó por 3,6 en los últimos dos años y todo apunta a que, tarifazo del gas mediante, este año la tendencia continúe o se profundice. Se trata de un mercado de exponencial crecimiento en los paises en desarrollo y que se encuentra casi virgen en Argentina, donde alcanzan prácticamente los dedos de una mano para contar los importadores de estos productos y los de la otra para anotar los fabricantes, concentrados en Santa Fe y San Luis.
Los números de la Aduana sorprenden, pero no mienten. Mientras en 2013 se importaban 1.500 termotanques, principalmente de China y otros paises asiáticos, ese número se duplicó al año siguiente (entraron unos 3.600) y llegó a 5.400 unidades durante el año pasado. Como se observa, para un país con 43 millones de habitantes, se trata de una oferta minúscula para un mercado potencial que, de acuerdo con lo registrado en otros paises, podría alcanzar entre tres y cinco por ciento de los hogares.
Lo cierto es que no son pocos los inversores que están mirando con interés la atención de una demanda que, tras el “sinceramiento” brutal de precios del gas natural, podría alcanzar una potencia importante, sobre todo en el área metropolitana. Efectivamente, el mercado de los calefones solares viene creciendo más en el interior del país, particularmente Córdoba, donde las tarifas del gas no estaban tan atrasadas.
Según los números de operadores de este mercado, mientras hace dos años un importador de Buenos Aires cubría 24 por ciento de la demanda nacional, una cifra muy cercana quedaba en la provincia de Córdoba y el resto, casi 60 por ciento, se distribuía entre las otras provincias. Un panorama que comenzó a modificarse el año pasado, cuando ya la capital federal y el conurbano bonaerense se quedaban con 34 por ciento de los productos ingresados.
Hoy, hogares de toda el área metropolitana que pagaban 20 pesos mensuales de factura de gas, deben afrontar facturas de 600 pesos promedio (con casos más graves, ampliamente difundidos) y cuando el bolsillo aprieta, se disparan las consultas. Un importador cordobés revelaba en estos días que un aviso pago presente por sólo 48 horas en las redes sociales le reportó 3.500 clics y 200 consultas directas. Magia del tarifazo.
En materia de termotanques solares, el mercado cordobés y regional está atendido por dos operadores tradicionales, Hi Tec y Termosol, y uno incorporado este año: Intikallpa. Fernando López, directivo de esta última firma, reconoce que tras las polémicas medidas tomadas por el ministro Juan José Aranguren en materia de tarifas de gas, su expectativa de venta se triplicó, al punto que se quedaron cortos con el plan de negocios para 2016 y posiblemente 2017: “La verdad es que estamos recibiendo propuestas, evaluando alternativas societarias que se nos están presentando… Hay que estar abiertos a las propuestas que surjan porque hay mucha gente interesada en ingresar a la importación y venta de uno de los productos más buscados del momento”, confirma López, un empresario que irradia optimismo cuando se le consulta por el segundo semestre.
Lo que pasa es que la calculadora, como la Aduana, tampoco miente y arroja números bastante claros. Si una familia tipo con cuatro miembros paga con las nuevas tarifas un promedio de 1.300 pesos por factura bimestral de gas del período abril-septiembre, bajando a la mitad en el resto del año, tiene un gasto anual en gas cercano a 5.850 pesos.
De este modo, un calefón solar con un costo cercano a diez mil pesos el producto más cinco mil de accesorios e instalación, que permite un ahorro de 80 por ciento del uso del servicio de gas en la familia, se paga solo en un período de tres años. Lapso que puede disminuir sensiblemente cuando los consumos familiares son aún más altos.
Otras ventajas de los colectores solares de agua es que no consumen energía eléctrica, son autosuficientes y tienen una vida útil promedio de 20 años, de acuerdo con los estudios desarrollados sobre estos productos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
De mantenimiento casi nulo, los termotanques solares son seguros, no contaminan, son silenciosos y evitan los costos del transporte de combustibles y las instalaciones de gas.
En Córdoba y santa Fe, las entidades financieras públicas sostienen líneas crediticias con tasas subsidiada para la compra de productos ecológicos o ecosustentables, como los termotanques solares (ver aparte).
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Fecha de Publicación: 05/07/2016
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Hay un mercado en crecimiento exponencial, que venía en franca alza en los últimos años. Y entre importadores y fabricantes son pocos “jugadores”. Además, hay políticas públicas y bancarias de apoyo a la inversión en estos artefactos Javier De Pascuale - jdepascuale@comercioyjusticia.info
La importación de termotanques solares se multiplicó por 3,6 en los últimos dos años y todo apunta a que, tarifazo del gas mediante, este año la tendencia continúe o se profundice. Se trata de un mercado de exponencial crecimiento en los paises en desarrollo y que se encuentra casi virgen en Argentina, donde alcanzan prácticamente los dedos de una mano para contar los importadores de estos productos y los de la otra para anotar los fabricantes, concentrados en Santa Fe y San Luis.
Los números de la Aduana sorprenden, pero no mienten. Mientras en 2013 se importaban 1.500 termotanques, principalmente de China y otros paises asiáticos, ese número se duplicó al año siguiente (entraron unos 3.600) y llegó a 5.400 unidades durante el año pasado. Como se observa, para un país con 43 millones de habitantes, se trata de una oferta minúscula para un mercado potencial que, de acuerdo con lo registrado en otros paises, podría alcanzar entre tres y cinco por ciento de los hogares.
Lo cierto es que no son pocos los inversores que están mirando con interés la atención de una demanda que, tras el “sinceramiento” brutal de precios del gas natural, podría alcanzar una potencia importante, sobre todo en el área metropolitana. Efectivamente, el mercado de los calefones solares viene creciendo más en el interior del país, particularmente Córdoba, donde las tarifas del gas no estaban tan atrasadas.
Según los números de operadores de este mercado, mientras hace dos años un importador de Buenos Aires cubría 24 por ciento de la demanda nacional, una cifra muy cercana quedaba en la provincia de Córdoba y el resto, casi 60 por ciento, se distribuía entre las otras provincias. Un panorama que comenzó a modificarse el año pasado, cuando ya la capital federal y el conurbano bonaerense se quedaban con 34 por ciento de los productos ingresados.
Hoy, hogares de toda el área metropolitana que pagaban 20 pesos mensuales de factura de gas, deben afrontar facturas de 600 pesos promedio (con casos más graves, ampliamente difundidos) y cuando el bolsillo aprieta, se disparan las consultas. Un importador cordobés revelaba en estos días que un aviso pago presente por sólo 48 horas en las redes sociales le reportó 3.500 clics y 200 consultas directas. Magia del tarifazo.
En materia de termotanques solares, el mercado cordobés y regional está atendido por dos operadores tradicionales, Hi Tec y Termosol, y uno incorporado este año: Intikallpa. Fernando López, directivo de esta última firma, reconoce que tras las polémicas medidas tomadas por el ministro Juan José Aranguren en materia de tarifas de gas, su expectativa de venta se triplicó, al punto que se quedaron cortos con el plan de negocios para 2016 y posiblemente 2017: “La verdad es que estamos recibiendo propuestas, evaluando alternativas societarias que se nos están presentando… Hay que estar abiertos a las propuestas que surjan porque hay mucha gente interesada en ingresar a la importación y venta de uno de los productos más buscados del momento”, confirma López, un empresario que irradia optimismo cuando se le consulta por el segundo semestre.
Lo que pasa es que la calculadora, como la Aduana, tampoco miente y arroja números bastante claros. Si una familia tipo con cuatro miembros paga con las nuevas tarifas un promedio de 1.300 pesos por factura bimestral de gas del período abril-septiembre, bajando a la mitad en el resto del año, tiene un gasto anual en gas cercano a 5.850 pesos.
De este modo, un calefón solar con un costo cercano a diez mil pesos el producto más cinco mil de accesorios e instalación, que permite un ahorro de 80 por ciento del uso del servicio de gas en la familia, se paga solo en un período de tres años. Lapso que puede disminuir sensiblemente cuando los consumos familiares son aún más altos.
Otras ventajas de los colectores solares de agua es que no consumen energía eléctrica, son autosuficientes y tienen una vida útil promedio de 20 años, de acuerdo con los estudios desarrollados sobre estos productos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
De mantenimiento casi nulo, los termotanques solares son seguros, no contaminan, son silenciosos y evitan los costos del transporte de combustibles y las instalaciones de gas.
En Córdoba y santa Fe, las entidades financieras públicas sostienen líneas crediticias con tasas subsidiada para la compra de productos ecológicos o ecosustentables, como los termotanques solares (ver aparte).
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El bosque de Córdoba esperando el milagro
El bosque nativo espera nuevo mapa para sobrevivir en Córdoba
Fecha de Publicación: 30/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En menos del 9 por ciento de la provincia subsiste el monte autóctono. La superficie que ocupa no deja de reducirse. Se debate otro ordenamiento territorial, con posiciones diferenciadas por sectores.
Buena parte del destino del bosque nativo de Córdoba se juega en el nuevo mapa de ordenamiento territorial que está elaborando la Provincia. Ahora espera las opiniones de los diferentes sectores para confeccionar el proyecto final que deberá discutir la Legislatura.
Sobre 16 millones de hectáreas de Córdoba, alguna vez 12 millones fueron bosque nativo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento bien conservado y el nueve por ciento si se suman los restos de monte autóctono medianamente preservados, según el más reciente relevamiento con imágenes satelitales de los investigadores Marcelo Cabido y Marcelo Zak, del Conicet y la UNC.
La ley provincial de bosque nativo (9.814) fue aprobada en 2010 y debe actualizarse cada cinco años. Esta normativa determinó tres categorías para el bosque nativo (y otros predios sin bosque): rojo, para zonas que no pueden intervenirse; amarillo, en aquellos sitios donde es factible alguna actividad productiva; y verde, donde se permite un cambio de uso de suelo.
Sin embargo, este mapa no estaba a escala, con lo cual era difícil saber en qué categoría estaba cada predio, entre otros problemas. El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos está elaborando un nuevo mapa que será puesto a consideración de las entidades rurales, del Ministerio de Agricultura y otros actores.
Fabián López, el titular de esta cartera, apuesta que la nueva propuesta esté lista antes de fin de año para que se discuta en la Legislatura. Desde los sectores rurales, también reclaman una nueva reglamentación de la ley, ya que sostienen que la actual frena la producción agropecuaria en el norte cordobés.
Desde los sectores académico y ambientalista, entienden que debe respetarse el espíritu de la ley nacional (26.331). “Los datos no dejan dudas: de no tomarse el espíritu de la ley nacional, en un par de décadas habremos perdido casi por completo los ecosistemas boscosos en Córdoba”, comenta Fernando Barrí, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet. “Con la pérdida del bosque, se incrementarán los problemas como sequías, lluvias extremas, desertificación y un desgaste de las economías regionales porque se perderán muchos recursos naturales de los que dependen miles de personas”, agregó.
En el norte y el oeste provincial se pasó de 681 mil hectáreas en 2004 (bosques cerrados y abiertos) a 412 mil hectáreas en 2010, según otro relevamiento del biólogo Cabido.
Bosque campesino
Para Eduardo Belelli, del Movimiento Campesino de Córdoba, “el bosque que está en manos campesinas, que ha trabajado con ganadería de bajo impacto y otros aprovechamientos, va a sobrevivir”. Son 60 mil hectáreas en Traslasierra, Cruz del Eje, Ischilín y al norte de Mar Chiquita. “No utilizan rolado ni pasturas exóticas. Se realizan podas para permitir el tránsito del animal y obtener leña. También se producen miel y cabritos. El objetivo es generar arraigo”, detalla Belelli.
El debate central es si se autoriza el rolado en bosques para ganadería. “Eso elimina arbustos y el bosque se transforma en un parque con pasto y con algunos árboles, que nunca tendrán descendencia porque no se les permite crecer”, opina Belelli.
Ese punto es el que las entidades rurales pretenden que se cambie en la reglamentación. Por el momento, está prohibido, aunque se siguen permitiendo en predios donde ya se realizaba antes de que se sancionara la ley.
Nunca hubo menos
Era el porcentaje de superficie en Córdoba con bosque nativo en buen estado, en 2009. Otro 6,62 subsiste, ya degradado.
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Fecha de Publicación: 30/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En menos del 9 por ciento de la provincia subsiste el monte autóctono. La superficie que ocupa no deja de reducirse. Se debate otro ordenamiento territorial, con posiciones diferenciadas por sectores.
Buena parte del destino del bosque nativo de Córdoba se juega en el nuevo mapa de ordenamiento territorial que está elaborando la Provincia. Ahora espera las opiniones de los diferentes sectores para confeccionar el proyecto final que deberá discutir la Legislatura.
Sobre 16 millones de hectáreas de Córdoba, alguna vez 12 millones fueron bosque nativo. De eso, hoy queda menos del tres por ciento bien conservado y el nueve por ciento si se suman los restos de monte autóctono medianamente preservados, según el más reciente relevamiento con imágenes satelitales de los investigadores Marcelo Cabido y Marcelo Zak, del Conicet y la UNC.
La ley provincial de bosque nativo (9.814) fue aprobada en 2010 y debe actualizarse cada cinco años. Esta normativa determinó tres categorías para el bosque nativo (y otros predios sin bosque): rojo, para zonas que no pueden intervenirse; amarillo, en aquellos sitios donde es factible alguna actividad productiva; y verde, donde se permite un cambio de uso de suelo.
Sin embargo, este mapa no estaba a escala, con lo cual era difícil saber en qué categoría estaba cada predio, entre otros problemas. El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos está elaborando un nuevo mapa que será puesto a consideración de las entidades rurales, del Ministerio de Agricultura y otros actores.
Fabián López, el titular de esta cartera, apuesta que la nueva propuesta esté lista antes de fin de año para que se discuta en la Legislatura. Desde los sectores rurales, también reclaman una nueva reglamentación de la ley, ya que sostienen que la actual frena la producción agropecuaria en el norte cordobés.
Desde los sectores académico y ambientalista, entienden que debe respetarse el espíritu de la ley nacional (26.331). “Los datos no dejan dudas: de no tomarse el espíritu de la ley nacional, en un par de décadas habremos perdido casi por completo los ecosistemas boscosos en Córdoba”, comenta Fernando Barrí, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet. “Con la pérdida del bosque, se incrementarán los problemas como sequías, lluvias extremas, desertificación y un desgaste de las economías regionales porque se perderán muchos recursos naturales de los que dependen miles de personas”, agregó.
En el norte y el oeste provincial se pasó de 681 mil hectáreas en 2004 (bosques cerrados y abiertos) a 412 mil hectáreas en 2010, según otro relevamiento del biólogo Cabido.
Bosque campesino
Para Eduardo Belelli, del Movimiento Campesino de Córdoba, “el bosque que está en manos campesinas, que ha trabajado con ganadería de bajo impacto y otros aprovechamientos, va a sobrevivir”. Son 60 mil hectáreas en Traslasierra, Cruz del Eje, Ischilín y al norte de Mar Chiquita. “No utilizan rolado ni pasturas exóticas. Se realizan podas para permitir el tránsito del animal y obtener leña. También se producen miel y cabritos. El objetivo es generar arraigo”, detalla Belelli.
El debate central es si se autoriza el rolado en bosques para ganadería. “Eso elimina arbustos y el bosque se transforma en un parque con pasto y con algunos árboles, que nunca tendrán descendencia porque no se les permite crecer”, opina Belelli.
Ese punto es el que las entidades rurales pretenden que se cambie en la reglamentación. Por el momento, está prohibido, aunque se siguen permitiendo en predios donde ya se realizaba antes de que se sancionara la ley.
Nunca hubo menos
Era el porcentaje de superficie en Córdoba con bosque nativo en buen estado, en 2009. Otro 6,62 subsiste, ya degradado.
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Córdoba redefine los límites costeros de sus ríos y lagos
Redefinen uso de riberas de ríos y lagos, pero poco cambia
Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aprobaron una ley, con la pretensión de evitar abusos de privados sobre las costas. No varía el esquema legal. El ordenamiento dependerá del control, hasta ahora escaso.
Los abusos de particulares que avanzan sobre costas de ríos y lagos, extendiendo ilegalmente sus propiedades, son moneda corriente en Córdoba, desde hace décadas. Una nueva ley, aprobada por la Legislatura provincial, es presentada como un intento por abrir una nueva etapa de regulación. Hasta ahora, la ocupación indebida de riberas creció de la mano de la ausencia de controles y sanciones.
Aprobada por unanimidad, la norma no varía la línea de ribera, es decir, la distancia desde los cursos de agua en que las costas son propiedad del Estado.
La ley “declara de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en el espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua a partir de la línea de ribera de que se trate, y extendido hasta los 35 metros contados desde esa base”.
La norma no modifica los derechos ya existentes de los dueños de propiedades costeras. Tampoco plantea declarar de utilidad pública ni sujetos a expropiación esos espacios.
En realidad, la norma retrotrae la situación a la existente hasta hace algo más de un año, cuando la entrada en vigencia del nuevo Código Civil nacional varió el criterio sobre los límites entre lo privado y lo público en los bordes de ríos, arroyos y lagos.
Retrotraer
Oscar González, legislador de Unión por Córdoba y promotor del proyecto, explicó a La Voz del Interior que la reforma del Código Civil bajó de 35 a 15 metros el espacio de dominio público, desde la línea de ribera, que es fijada por cada provincia. En Córdoba, para ríos y arroyos ese límite –no tan preciso– es el punto promedio de las crecidas máximas.
“Antes, desde ese punto el dominio público era de 35 metros. El Código Civil lo redujo, pero cada provincia puede adaptarlo. En Córdoba, con esta ley, lo volvemos a llevar a 35 metros”, apuntó González. No es que el dueño ya legítimo, con título de propiedad, pierda derecho posesorio, sino que sobre esa distancia no debería cercar ni cerrar el acceso público.
“El objetivo es resguardar el equilibrio ecológico de las riberas y asegurar el acceso público. Se ven muchos atropellos con ocupaciones que no corresponden, y la intención es que esta ley ayude a empezar a corregirlas”, marcó el presidente provisional de la Legislatura.
González admitió que hasta ahora ha faltado control para evitar esos abusos. “Esperamos que con esta ley se faciliten; es un instrumento de mayor peso que las resoluciones que regían”, supuso.
La ley deberá ser ahora reglamentada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, que será la autoridad de aplicación. Ese texto debería precisar qué se admitirá e impedirá en esos espacios de “dominio público”, quién controlará y qué sanciones se aplicarían.
La ley establece que los municipios y comunas no podrán dictar normas en sentido contrario en sus jurisdicciones. González aclaró que también regirá para las costas de los embalses.
Entre las consecuencias de la falta de control histórico del uso de las riberas, aparecen las urbanizaciones que los municipios fueron autorizando (y la Provincia no observando) sobre áreas costeras de riesgo inundable ante crecidas. En los últimos años, quedó evidenciado con barrios bajo agua y viviendas arrasadas en varias localidades cordobesas.
En términos jurídicos, la ley fundamenta el derecho a declarar tierras como de “interés público” en base a jurisprudencia hasta de la Corte Suprema que refiere a “bienes colectivos supremos”, como los ambientales.
Restricciones de uso sobre 35 metros
La nueva ley fija ese espacio como de “dominio público”
En esas tierras, el propietario (si ya lo hubiere) no perdería posesión pero no podría cerrar el acceso ni levantar construcciones. La norma no implica expropiaciones ni supone indemnizaciones a privados por la regulación de ese uso.
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Fecha de Publicación: 20/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aprobaron una ley, con la pretensión de evitar abusos de privados sobre las costas. No varía el esquema legal. El ordenamiento dependerá del control, hasta ahora escaso.
Los abusos de particulares que avanzan sobre costas de ríos y lagos, extendiendo ilegalmente sus propiedades, son moneda corriente en Córdoba, desde hace décadas. Una nueva ley, aprobada por la Legislatura provincial, es presentada como un intento por abrir una nueva etapa de regulación. Hasta ahora, la ocupación indebida de riberas creció de la mano de la ausencia de controles y sanciones.
Aprobada por unanimidad, la norma no varía la línea de ribera, es decir, la distancia desde los cursos de agua en que las costas son propiedad del Estado.
La ley “declara de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en el espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua a partir de la línea de ribera de que se trate, y extendido hasta los 35 metros contados desde esa base”.
La norma no modifica los derechos ya existentes de los dueños de propiedades costeras. Tampoco plantea declarar de utilidad pública ni sujetos a expropiación esos espacios.
En realidad, la norma retrotrae la situación a la existente hasta hace algo más de un año, cuando la entrada en vigencia del nuevo Código Civil nacional varió el criterio sobre los límites entre lo privado y lo público en los bordes de ríos, arroyos y lagos.
Retrotraer
Oscar González, legislador de Unión por Córdoba y promotor del proyecto, explicó a La Voz del Interior que la reforma del Código Civil bajó de 35 a 15 metros el espacio de dominio público, desde la línea de ribera, que es fijada por cada provincia. En Córdoba, para ríos y arroyos ese límite –no tan preciso– es el punto promedio de las crecidas máximas.
“Antes, desde ese punto el dominio público era de 35 metros. El Código Civil lo redujo, pero cada provincia puede adaptarlo. En Córdoba, con esta ley, lo volvemos a llevar a 35 metros”, apuntó González. No es que el dueño ya legítimo, con título de propiedad, pierda derecho posesorio, sino que sobre esa distancia no debería cercar ni cerrar el acceso público.
“El objetivo es resguardar el equilibrio ecológico de las riberas y asegurar el acceso público. Se ven muchos atropellos con ocupaciones que no corresponden, y la intención es que esta ley ayude a empezar a corregirlas”, marcó el presidente provisional de la Legislatura.
González admitió que hasta ahora ha faltado control para evitar esos abusos. “Esperamos que con esta ley se faciliten; es un instrumento de mayor peso que las resoluciones que regían”, supuso.
La ley deberá ser ahora reglamentada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, que será la autoridad de aplicación. Ese texto debería precisar qué se admitirá e impedirá en esos espacios de “dominio público”, quién controlará y qué sanciones se aplicarían.
La ley establece que los municipios y comunas no podrán dictar normas en sentido contrario en sus jurisdicciones. González aclaró que también regirá para las costas de los embalses.
Entre las consecuencias de la falta de control histórico del uso de las riberas, aparecen las urbanizaciones que los municipios fueron autorizando (y la Provincia no observando) sobre áreas costeras de riesgo inundable ante crecidas. En los últimos años, quedó evidenciado con barrios bajo agua y viviendas arrasadas en varias localidades cordobesas.
En términos jurídicos, la ley fundamenta el derecho a declarar tierras como de “interés público” en base a jurisprudencia hasta de la Corte Suprema que refiere a “bienes colectivos supremos”, como los ambientales.
Restricciones de uso sobre 35 metros
La nueva ley fija ese espacio como de “dominio público”
En esas tierras, el propietario (si ya lo hubiere) no perdería posesión pero no podría cerrar el acceso ni levantar construcciones. La norma no implica expropiaciones ni supone indemnizaciones a privados por la regulación de ese uso.
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Causa penal por agroquímicos llega a la CSJ
Llegó a la Corte el caso por contaminación con agroquímicos en barrio Ituzaingó
Fecha de Publicación: 15/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la causa por la que fueron condenados un productor agropecuario y un piloto aeroaplicador. El año pasado el Tribunal Superior había confirmado el fallo de primera instancia, pero los acusados acudieron "en queja" a la Corte.
El caso judicial por la contaminación con agroquímicos por fumigaciones en barrio Ituzaingó, por el que en 2012 dos personas recibieron condenas en suspenso, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los abogados defensores de uno de los acusados acudieron a la Corte con un recurso "en queja", a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba les denegó la apelación extraordinaria.
En agosto de 2012, la Cámara 1ª del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó a tres años de prisión condicional, no efectiva, al productor Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello por contaminación ambiental a partir de fumigaciones ilegales en ese sector.
Parra fue encontrado "autor" del delito de contaminación ambiental penado por la ley de Residuos Peligrosos 24.051, en forma continuada, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004 y por otro sucedido en 2008. En tanto, Pancello fue considerado "coautor" del delito de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008.
Aquel fallo fue apelado por los condenados y en septiembre del año pasado, el Tribunal Superior ratificó el fallo.
El recurso en queja
María Ximena Aráoz, del estudio que ejerce la defensa del acusado Parra, confirmó la presentación de un recurso en queja ante el máximo tribunal del país. "Hace un mes –explicó la abogada–, nosotros interpusimos un recurso en queja ante la Corte, y recientemente nos enteramos que fue pasado a la Secretaría Ambiental, que está a cargo de Néstor Cafferatta".
"Si reúne los requisitos formales –agregó Aráoz– y la Corte se aboca al análisis del fondo de la cuestión, las condenas quedarán en suspenso".
Para los abogados de Parra, "hay un caso emblemático conocido como 'Contaminación Arroyo Sarandí', del año 1999, en el que la Corte sostuvo que la ley de Residuos Peligrosos que se aplicó para el caso de Córdoba no incluye los plaguicidas".
El Tribunal Superior, en cambio, consideró que "la liberación de plaguicidas dentro del ámbito territorial prohibido, es decir invadiendo áreas a menor distancia que la permitida respecto a las viviendas de un centro poblacional en emergencia sanitaria, implica introducir en el medio ambiente algo que no debe ser".
La Corte no tiene plazos para expedirse.
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Fecha de Publicación: 15/06/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es la causa por la que fueron condenados un productor agropecuario y un piloto aeroaplicador. El año pasado el Tribunal Superior había confirmado el fallo de primera instancia, pero los acusados acudieron "en queja" a la Corte.
El caso judicial por la contaminación con agroquímicos por fumigaciones en barrio Ituzaingó, por el que en 2012 dos personas recibieron condenas en suspenso, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los abogados defensores de uno de los acusados acudieron a la Corte con un recurso "en queja", a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba les denegó la apelación extraordinaria.
En agosto de 2012, la Cámara 1ª del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó a tres años de prisión condicional, no efectiva, al productor Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello por contaminación ambiental a partir de fumigaciones ilegales en ese sector.
Parra fue encontrado "autor" del delito de contaminación ambiental penado por la ley de Residuos Peligrosos 24.051, en forma continuada, por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004 y por otro sucedido en 2008. En tanto, Pancello fue considerado "coautor" del delito de contaminación ambiental por el hecho ocurrido en 2008.
Aquel fallo fue apelado por los condenados y en septiembre del año pasado, el Tribunal Superior ratificó el fallo.
El recurso en queja
María Ximena Aráoz, del estudio que ejerce la defensa del acusado Parra, confirmó la presentación de un recurso en queja ante el máximo tribunal del país. "Hace un mes –explicó la abogada–, nosotros interpusimos un recurso en queja ante la Corte, y recientemente nos enteramos que fue pasado a la Secretaría Ambiental, que está a cargo de Néstor Cafferatta".
"Si reúne los requisitos formales –agregó Aráoz– y la Corte se aboca al análisis del fondo de la cuestión, las condenas quedarán en suspenso".
Para los abogados de Parra, "hay un caso emblemático conocido como 'Contaminación Arroyo Sarandí', del año 1999, en el que la Corte sostuvo que la ley de Residuos Peligrosos que se aplicó para el caso de Córdoba no incluye los plaguicidas".
El Tribunal Superior, en cambio, consideró que "la liberación de plaguicidas dentro del ámbito territorial prohibido, es decir invadiendo áreas a menor distancia que la permitida respecto a las viviendas de un centro poblacional en emergencia sanitaria, implica introducir en el medio ambiente algo que no debe ser".
La Corte no tiene plazos para expedirse.
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Córdoba tendría su primer Fiscalía Ambiental
Habrá una Fiscalía especializada para delitos ambientales
Fecha de Publicación: 14/06/2016
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Lo anunció este viernes el fiscal General de la Provincia. Acturá en Capital y el Gran Córdoba.
La investigación penal por delitos ambientales en la ciudad de Córdoba y el área Metropolitana recaerá en una Fiscalía especializada, que estará a cargo de Carlos Matheu. Así lo anticipó este viernes el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, en un brindis por el Día del Periodista.
Moyano anticipó que "a más tardar después de la feria" firmará la resolución a través de la cual todas las investigaciones por delitos ambientales recaerán en Matheu, aunque este fiscal de instrucción seguirá con otras funciones.
Matheu instruyó la causa por las fumigaciones ilegales en barrio Ituzaingó Anexo, que culminó con condenas para productores agropecuarios. En ese marco, desde el año 2012 el funcionario judicial reclama fiscalías especializadas en delitos ambientales.
"Actuará en la primera jurisdicción y ante denuncias en el Gran Córdoba: las investigaciones por delitos ambientales irán a la Fiscalía del doctor Matheu. Por ahora, no será una 'fiscalía especial', pero sí especializada: el doctor Matheu mantendrá las otras funciones de instrucción en su Fiscalía, pero se verá en el futuro si es necesario que sólo se aboque a los delitos ambientales", dijo el fiscal General al anticipar la resolución.
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Fecha de Publicación: 14/06/2016
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Lo anunció este viernes el fiscal General de la Provincia. Acturá en Capital y el Gran Córdoba.
La investigación penal por delitos ambientales en la ciudad de Córdoba y el área Metropolitana recaerá en una Fiscalía especializada, que estará a cargo de Carlos Matheu. Así lo anticipó este viernes el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, en un brindis por el Día del Periodista.
Moyano anticipó que "a más tardar después de la feria" firmará la resolución a través de la cual todas las investigaciones por delitos ambientales recaerán en Matheu, aunque este fiscal de instrucción seguirá con otras funciones.
Matheu instruyó la causa por las fumigaciones ilegales en barrio Ituzaingó Anexo, que culminó con condenas para productores agropecuarios. En ese marco, desde el año 2012 el funcionario judicial reclama fiscalías especializadas en delitos ambientales.
"Actuará en la primera jurisdicción y ante denuncias en el Gran Córdoba: las investigaciones por delitos ambientales irán a la Fiscalía del doctor Matheu. Por ahora, no será una 'fiscalía especial', pero sí especializada: el doctor Matheu mantendrá las otras funciones de instrucción en su Fiscalía, pero se verá en el futuro si es necesario que sólo se aboque a los delitos ambientales", dijo el fiscal General al anticipar la resolución.
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