Juicio por la masacre de pingüinos: el daño ambiental fue valorado económicamente en 500.000 dólares

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut


Este jueves se desarrolló la cuarta jornada del debate oral y público por los hechos ocurridos en Punta Tombo en el año 2021. Allí, Ricardo La Regina, dueño de una estancia vecina a la reserva natural, destruyó una colonia de pingüinos durante la época de reproducción y cría.
Este jueves se desarrolló la cuarta jornada de debate oral y público por la Masacre de Pingüinos en Punta Tombo. Cabe recordar que el hecho ocurrió en el año 2021. Allí, Ricardo La Regina, dueño de una estancia vecina a la reserva natural, destruyó una colonia de pingüinos durante la época de reproducción y cría. De esta forma, se lo acusa por daño ambiental y maltrato animal.
En esta jornada expusieron guardafaunas, funcionarios provinciales, ambientalistas y una periodista. En tanto, los testigos fueron escuchados por el tribunal del juicio, integrado por la Dra. María Laura Martini, el Dr. Carlos Richeri y la Dra. Eve Ponce.
Cabe mencionar que la acusación está a cargo de la Fiscal General Florencia Gómez, mientras que el Dr. Martín Castro actúa en el juicio en representación de la Fiscalía de Estado. Además, el Dr. Eduardo Hualpa representará a los querellantes particulares en la causa: la Asociación de Abogados Argentina, Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural. Mientras que la defensa de Ricardo La Regina es ejercida por el abogado particular Federico Ruffa.
El primer relato de la jornada fue realizado por Soledad Díaz Ovejero, quien formaba parte de la estructura del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut al momento de ocurrir los hechos y en su testimonio brindó un detalle sobre la normativa, logística y políticas de las áreas protegidas en Chubut, en particular en lo referido a características y diferencias entre la Reserva de Biósfera, la denominada zona núcleo de las mismas, como el caso de Punta Tombo, como así también en lo relacionado con el proceso de redacción del plan de manejo de esa área natural protegida.
Luego, fue el turno de la guardafauna Romina Turco, quien habló sobre situaciones vinculadas al manejo del área Punta Tombo, la interacción con la ganadería en el campo de la familia La Regina, ya sea en lo vinculado a la actual reserva como también la parte que administra el imputado y donde se ubica el lugar de los hechos.  
Asimismo, declaró la guardafauna Carla Poleschi, como así también el abogado José Pendón, quien se desempeñó en la dirección general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Además, se lo consultó respecto a si el imputado había requerido o no un estudio de impacto ambiental previo a realizar la traza de caminos dentro de su establecimiento y en una zona de nidada de Pingüinos de Magallanes.
La audiencia también contó con el relato de la periodista Silvina Cabrera, quien dio detalles sobre la cobertura periodística realizada en el año 2021 con posterioridad a los hechos y se reprodujeron tres tramos de una entrevista realizada en el lugar al imputado Ricardo La Regina.
Por lo tanto, el último testigo de la mañana del jueves fue el ambientalista de la Fundación Patagonia Natural y exfuncionario público José María Musmeci, quien dio un amplio panorama sobre la importancia ambiental, turística y económica de las áreas protegidas, el desarrollo de las mismas en el litoral marítimo patagónico, como así también el marco normativo e institucional de figuras como la reserva de biósfera, las reservas naturales y las zonas específicas dentro de cada área natural, como puede ser zona núcleo o de amortiguación.
En tanto, durante la tarde habló el abogado especialista en temáticas ambientales Otto Axel Wöhler, quien realizará a solicitud de la ONG Greenpeace una evaluación del daño ambiental ocurrido en el lugar, el cual calificó de “muy grave”, como así también la valoración económica de lo ocurrido, lo cual indicó rondaría los 500 mil dólares.
A su vez, la abogada ambientalista y directora ejecutiva de Greenpeace Argentina, explicó aspectos vinculados al derecho ambiental, de qué manera tomó conocimiento la organización que representa sobre lo ocurrido y los motivos que los llevaron a presentarse como querellantes en el presente caso.
Para este viernes 1 de noviembre y en el marco del quinto día del juicio, se esperan las declaraciones de los testigos aportados por la defensa del acusado.
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Presentan un recurso ante la Corte contra el cierre de la causa por la contaminación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina. La queja fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.
La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.
“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.
El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.
En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.
Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.
En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.
El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.
Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.
“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.
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Área libre de deforestación: nuevas disposiciones del Gobierno para las exportaciones de granos a la Unión Europea

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Tras la disposición de la Unión Europea para el ingreso y comercialización de granos en sus mercados a partir de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó hoy en un comunicado oficial que "avanza en la simplificación de los trámites para que el sector privado pueda cumplir con la nueva normativa de esa comunidad".
El organismo conducido por Florencia Misrahi dictó la Resolución General 5.594/2024, que "permitirá agilizar las gestiones que deben realizar los productores agrícolas para certificar que sus campos no han sido deforestados, requisito exigido por ese bloque de países a partir de 2025".
Según ARCA, la actualización de la normativa vigente facilitará la supervisión y seguimiento de los campos utilizados para la producción de granos, a través de controles vía geolocalización y verificaciones presenciales de los lotes. Se trata de una opción voluntaria, dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), para compartir datos como la ubicación, georreferenciación, movimientos y existencias, a las empresas inscriptas en el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De esta manera, los titulares y representantes de explotaciones agropecuarias no deberán acudir personalmente a una entidad certificadora, por lo que podrán concretar el trámite en menos pasos. En ese sentido, el nuevo mecanismo permitirá una baja en los costos operativos de los productores, que ya no tendrán que demostrar por su cuenta el origen de su producción.
Esta opción estará disponible para las presentaciones correspondientes a la campaña agrícola 2024/2025 y sucesivas, realizadas a partir del 1 de octubre de 2024.
Según el comunicado oficial, la Resolución apunta a una mayor simplificación y agilización de procesos administrativos para la exportación. Al mismo tiempo, busca adaptar los sistemas a las nuevas normativas internacionales que buscan asegurar la sustentabilidad y trazabilidad de los productos agrícolas. Así, la Argentina se convierte en el primer país que con base en su trazabilidad podrá determinar fehacientemente el origen de los granos a exportar.
Mediante el Reglamento 2023/1115, la Unión Europea estableció que a partir del 30 de diciembre de 2024 estará prohibido el ingreso y la comercialización en su mercado, así como la exportación desde el mismo, de determinados productos agropecuarios y agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas en fecha posterior al 31 de diciembre de 2020.
De todas maneras, tras los pedidos de los diferentes países afectados a la medida, la Comisión Europea presentó una propuesta para postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 para las cadenas libres de deforestación, que se extendería hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.
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