Ley de Fitosanitarios: profesionales y ambientalistas cuestionaron el proyecto en una audiencia con senadores

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


En el marco de una reunión conjunta, el Senado dio continuidad al análisis del proyecto de ley por el cual se busca adoptar buenas prácticas en materia de fitosanitarios en Entre Ríos. En esta oportunidad, se escuchó a integrantes de organizaciones ambientales, profesionales en la materia y vecinos autoconvocados.
El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara alta, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia. Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).
Fueron parte de la reunión los integrantes de las tres comisiones, los senadores Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).

Cuestionamientos al proyecto
En primer término, tomó la palabra el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich. El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices y que en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo. Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo y que en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”. El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación acrecienta el riesgo.
Luego fue el turno de la abogada, magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, la profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones. “Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumeró que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos. “Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distintos de donde se tiró” por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó. Más adelante hizo hincapié en los 2334 principios activos y 6480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas, y rever el modelo de producción”.
Por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores. Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, en tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población. Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deberían tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia. Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de relieve que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro. Por último, pidió por una ley en función de la salud y la vida de la población.
También por pantalla se hizo presente la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró. En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños” manifestó, para denunciar que en Argentina de aplican fitosanitarios prohibidos en más de 40 países del mundo y no se monitorean. Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio.
Nicolás Indelángelo, ingeniero agrónomo, presente en el recinto se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones pero sin evidencia científica; los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”. El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo, la presencia de múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”. El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”.

Más voces escuchadas
En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” comentó Arellano, quien señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”. “Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”.
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Fuerte polémica por la baja de una resolución ambiental en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 22/11/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Marcelo Rucci salió al cruce porque ya no se obligará a las petroleras al uso de las mantas oleofílicas para absorber derrames en los pozos.
La decisión de la secretaría de Ambiente de Neuquén, a cargo de Leticia Esteves, que elimina la obligatoriedad del uso de mantas oleofílicas para contener derrames en los pozos petroleros, desató una polémica en el corazón de la industria de Vaca Muerta.
Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, calificó la medida como un retroceso y advirtió sobre las consecuencias ambientales y laborales que podría acarrear esta decisión.
Rucci, en diálogo con radio Capital, dijo que habló personalmente con el gobernador Rolando Figuroa para manifestarle su preocupación por la decisión que tomó la funcionaria provincial. Y que le dejó en claro que “en Vaca Muerta no vale todo”.
Según el sindicalista, la conversación con el mandatario provincial se centró en la posibilidad de revertir la resolución, a la que el sindicalista calificó como un error que habilita prácticas obsoletas que atentan contra el medio ambiente y la seguridad en los yacimientos.

Marcelo Rucci: "Retrocedemos a viejas prácticas"
Se trata de la Resolución 159/24, publicada en el Boletín Oficial de Neuquén el 5 de noviembre, que derogó normas vigentes desde 2014 que establecían el uso obligatorio de mantas oleofílicas orgánicas, absorbentes y no inflamables en tareas de exploración, explotación, perforación y servicios de apoyo a pozos.
El sistema fue creado para contener derrames y evitar la contaminación del suelo, había sido promovido como un estándar ambiental clave en la región, pero con el mercado de tres o cuatro emperras que ofrecían ese servicio.
Rucci no dudó en señalar que esta decisión “nos hace retroceder a viejas prácticas”, y se refirió a que, en el pasado, las empresas contenían esos derrames con bandejas colectoras y otros métodos que, según él, ya demostraron ser ineficientes y perjudiciales. “Si hay algo mejor que las mantas para absorber los derrames, no lo conocemos”, afirmó Rucci.
El sindicalista subrayó que la medida no solo pone en riesgo al medio ambiente, sino también el empleo de más de 500 trabajadores vinculados a la industria. También cuestionó las motivaciones detrás de la resolución. “Las petroleras buscan ahorrar y beneficiarse lo más que puedan, pero eso no puede ser a costa del medio ambiente ni de los puestos de trabajo”, sentenció.
“Son de las industrias que más beneficios han tenido en los últimos años, pero no podemos permitir que la presión empresarial nos haga volver atrás”, indicó. Uno de los puntos más destacados por Rucci fue la afectación directa a las pequeñas y medianas empresas proveedoras del servicio de mantas oleofílicas.

Tres empresas prestan servicios
En la Cuenca Neuquina, tres firmas dominaban este mercado: AESA (subsidiaria de YPF), Environmental Services y Real Work. La primera, al ser proveedora de la petrolera estatal, lideraba en volumen, mientras que las otras dos compartían el resto de la demanda.
El cambio normativo deja a estas empresas en una posición incierta, especialmente en el caso de Real Work, que según fuentes de la industria mantenía vínculos históricos son el sindicato petrolero.
La insistencia en el cambio de la normativa ambiental no es nueva en la agenda de las grandes operadoras. Desde 2018, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG) venían presionando para eliminar la obligatoriedad de las mantas oleofílicas. Argumentaban que el sistema “restaba competitividad” y proponían reemplazarlo por soluciones técnicas superadoras.
Rucci sostuvo que esta decisión “no favorece a nadie” y marca un retroceso en un momento crítico para la explotación hidrocarburífera. “La presión empresarial no puede estar por encima de la seguridad ni del medio ambiente. Creo que hay límites y es la seguridad y eso nos corresponde en gran parte a nosotros y el medio ambiente, pero mucho más al gobierno provincial”, aseguró y afirmó que mantuvo una conversación directa con el gobernador Figueroa, a quien le planteó su preocupación por el impacto de la medida.

¿Darán marcha atrás?
“Fue un error. Lo importante es que se está evaluando y se revisa la situación”, expresó el gremialista. Según el sindicalista, el gobernador mostró apertura para analizar el tema, aunque aún no hay confirmación de un posible retroceso en la norma.
“No se puede permitir que el desarrollo de Vaca Muerta pase por encima del medio ambiente y de los trabajadores”, sostuvo. Además, reiteró que la seguridad es una prioridad que no puede estar en discusión.
La derogación de las resoluciones 506/14, 982/14 y 561/15 no solo afecta a los trabajadores y proveedores, sino que no obliga a las operadoras a contratar este servicio, que se dio de alta cuando comenzó el boom de Vaca Muerta.
La pelota está en la cancha del gobierno provincial, que deberá definir si rectifica su camino o enfrenta las consecuencias de una resolución que generó una fuerte fricción con el sindicato petrolero.
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Hasta febrero de 2025 seguirán suspendidos los desmontes en el Chaco

Fecha de Publicación: 21/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La determinación de la justicia federal llegó a pedido del fiscal Sabadini, en el marco de la investigación sobre hechos vinculados al desmonte ilegal que habrían sido llevados a cabo en conjunto por funcionarios y empresarios agrícolas y forestales.  
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, prorrogó por tres meses la vigencia de la medida cautelar que suspende los desmontes en el Chaco , mientras se tramita la investigación a cargo del fiscal Patricio Sabadini en virtud de la denuncia presentada en julio pasado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.  
A través de una resolución que comenzó a regir este martes 19 de noviembre, la magistrada extendió la vigencia de la cautelar otorgada el 19 de agosto 2024, por el término de tres meses "o hasta tanto se reevalúen las condiciones de admisibilidad" de esa medida. Así, ordenó al Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, la suspensión de los desmontes, "tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así también el otorgamiento de nuevos permisos en el territorio de la provincia del Chaco".
Junto a ello, la justicia ordenó a las autoridades provinciales "adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento" de la cautelar.
La determinación de la jueza Niremperger responde a un pedido del fiscal federal Patricio Sabadini, solicitando que se prorrogue la vigencia de la medida cautelar con el mismo alcance que la original.
Entre sus fundamentos , el fiscal advierte incumplimientos de la medida judicial a partir de desmontes ilegales que siguieron ocurriendo en distintos puntos de la provincia. Cita como ejemplo –en base a publicaciones periodísticas- que el 5 de octubre, en el departamento de Almirante Brown, a 50 kilómetros del norte de Pampa del Infierno "se encontró una topadora con la cual se estaba realizando un cambio de uso de suelo, desmonte ilegal. Se logró detener inmediatamente el trabajo, no obstante, ya se habrían afectado varias hectáreas de monte".
Más allá de informes publicados por la prensa que sustentan la medida, se agregan informes de la Dirección de Bosques de la provincia y de Gendarmería Nacional.
"Amén de la vigencia de la medida cautelar, las actividades de desmonte en el territorio de la provincia del Chaco no han cesado, constituyendo un grave incumplimiento a una orden judicial, no solo lesivo de las leyes penales correspondientes sino también del bien que se ha pretendido resguardar, es decir, el bosque nativo" , agrega Sabadini en su pedido a la jueza.

"Una decisión fundamental"
"Gran triunfo", celebró la entidad que lidera el abogado Enrique Viale en sus redes sociales, tras conocerse la decisión de la jueza Niremperger de mantener la prohibición de los desmontes en el Chaco por tres meses más.
"La decisión fundamental frena la destrucción irregular de bosques nativos.  Ya vamos varios meses con la medida en vigor, un hito crucial que logramos para defender los ecosistemas y las comunidades afectadas por la #MafiaDelDesmonte", indicó la asociación.
Al mismo tiempo, la entidad destacó que "la investigación penal continúa avanzando, con pruebas contundentes" . "El proceso judicial responsabiliza al entramado empresarial y político implicado en desmontes ilegales", agregó.
"Esta extensión de la medida cautelar confirma la necesidad de seguir luchando para terminar la impunidad de estos delitos  y promoviendo que la sociedad argentina tenga los ecosistemas que se merece", resaltó.
"Celebramos enormemente esta victoria colectiva  y confirmamos que la lucha continua siempre. Una sociedad consciente y movilizada es crucial para mantener la presión social y legal para asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos", reflexionaron desde la organización.

La investigación
Tras una presentación de la asociación ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, el 15 de agosto el Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de instrucción  para promover la investigación de hechos vinculados al desmonte ilegal llevados a cabo en el Chaco "con la colaboración de funcionarios públicos y empresas de la industria agrícola y forestal ". A la vez, junto con el inicio de la instrucción de la causa, el fiscal solicitó la medida cautelar para prohibir los desmontes.  
Según indican los considerandos del requerimiento de una prórroga en la medida cautelar, en el marco del desarrollo de la investigación a cargo de Sabadini se llevaron a cabo medidas orientadas a probar las hipótesis delictivas, proceso durante el cual se advirtieron situaciones que importan incumplimientos a dicha cautelar, es decir, la detección de desmontes ilegales en distintos puntos de la provincia.
Fue en julio pasado cuando la Asociación de Abogados Ambientalistas se presentó ante la justicia federal con jurisdicción en el Chaco, con una denuncia derivada de "una investigación exhaustiva" tras la cual descubrió "la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos"  en el Chaco.
De ahí que "se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses".
Los denunciados "están detrás de las tanineras, aserraderos y el agronegocio que promueven y realizan el desmonte de bosque nativo en Chaco", afirmaron los abogados, involucrando al entonces ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs; al exsubsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich; a diputados hoy en funciones y a empresarios.
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Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para impulsar el uso de biocombustibles

Fecha de Publicación: 21/11/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Diputados nacionales de La Libertad Avanza presentaron un nuevo proyecto de ley para establecer un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles. Este trabajo se suma al que ya presentó recientemente "La Liga Bioenergética".
El objetivo es modificar la actual Ley de Biocombustible (Ley 27.640), que fue impulsada por Máximo Kirchner y que rige por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2030.
El proyecto de ley fue presentado por la diputada Lorena Villaverde, pero también lleva la firma de Facundo Correa Llano, César Treffinger, Alberto Arancibia Rodríguez, Julio Moreno, Florencia Klipauka Lewtak, Carlos Zapata, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Nadia Márquez, Carlos D’Alessandro, Gabriel Bornoroni, José Peluc, Álvaro Martínez y Beltrán Benedit.
El trabajo establece el marco regulatorio de los biocombustibles, abarcando elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo.
Y define los objetivos de la política nacional en biocombustibles: Protección de los derechos de los consumidores; Promoción de mercados competitivos y eficientes; Cumplimiento de normas de calidad; Seguridad en instalaciones; Incentivo a inversiones y empleo; Desarrollo tecnológico y transición energética sostenible.
En tanto, la autoridad de aplicación impulsará programas para la utilización de biocombustibles en todos los sectores de la economía, con especial atención en la movilidad sostenible en todos los segmentos del transporte.
Entre los puntos más importantes, el proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.
En otro punto, establece una suba del corte obligatorio tanto en biodiésel y de bioetanol a partir del 2027: 10% y 15%, respectivamente. Y la autoridad de aplicación podrá modificar el porcentaje obligatorio "cuando lo considere conveniente" en función de asegurar el abastecimiento de la demanda y/o por razones ambientales, técnicas, geográficas, de balanza comercial, o ante situaciones de verificada escasez de bioetanol por parte de las empresas elaboradoras autorizadas por la autoridad de aplicación para el abastecimiento del mercado interno.
Con respecto al biodiésel, a partir de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2026 podrán comercializar las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales. Y los volúmenes correspondientes al corte obligatorio del 2,5%, serán negociados libremente. Luego, a partir de 2027, irá en aumento año tras año la comercialización libre hasta llegar al total del cupo (10%) en 2031.
En el caso del bioetanol, a partir de 2025 y hasta 2026 será el 6% será para los productores de caña de azúcar y el otro 6% para los productores de maíz. A partir el 2027, fecha que se aumenta el corte al 15%, el 3% extra serán negociados libremente. Y a partir de 2031, el total será libre.
"La adquisición de las cantidades de biodiésel para el cumplimiento de la mezcla obligatoria con gasoil y/o diésel oil, y de los volúmenes de bioetanol para el cumplimiento de la mezcla obligatoria con la nafta deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas, a los precios que pacten libremente con las empresas elaboradoras habilitadas", agregó el proyecto.
Con respecto a la exportación, el trabajo aclaró que "el comercio internacional de biocombustibles será libre. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen de importación y exportación de los biocombustibles".
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El Gobierno apura una “batería” de proyectos mineros en Malargüe: planean llegar a más de 90 hacia fin de año

Fecha de Publicación: 21/11/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza.


El gobernador Alfredo Cornejo anunció este fin de semana la segunda etapa del desarrollo del distrito minero con 29 proyectos, con potenciales inversiones, particularmente de una empresa canadiense. Además, Hebe Casado sumó que pretenden otros 30 proyectos más en diciembre.
El gobernador Alfredo Cornejo anunció este fin de semana, en el almuerzo de las fuerzas vivas de Malargüe, que se sumaron ya 29 proyectos mineros más a Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). No obstante, la vicegobernadora Hebe Casado, sumó este lunes a Los Andes que prevén llegar con 30 proyectos más hacia fin de año, por lo que, si se cuentan los 34 primeros que ya cuentan con ratificación legislativa para la exploración, Mendoza llegará con unas 93 iniciativas dentro del territorio malargüino.
“Me alegra anunciar que el viernes ingresó a la Dirección de Minería la segunda etapa del Malargüe Distrito Minero Occidental. Con 29 nuevos proyectos, esta vez encabezados por un proyecto de titularidad de una empresa canadiense, que, al igual que los anteriores, iniciarán el camino de evaluación para seguir ampliando el trabajo exploratorio en ese polígono de 18.000 kilómetros cuadrados que promete darle a Mendoza un cambio en su matriz productiva”, sostuvo Cornejo.
La empresa proponente, que es Impulsa Mendoza, introdujo la solicitud para el análisis de los 29 proyectos que están liderados por la canadiense Kobrea, que tiene sede en Vancouver y que explorará 73.334 hectáreas en zona cordillerana, tal como informó Los Andes el 26 de septiembre. “Nuestra intención es no solo contribuir al crecimiento del sector minero, sino también ser parte activa de la comunidad”, comentó Mario Castelli, presidente de Kobrea Exploraciones Argentina SA, subsidiaria de la compañía.
La vicegobernadora Hebe Casado confirmó este lunes a radio LV10 que esperan tener “a más tardar a principios de febrero” las declaraciones de impacto ambiental de exploración listas para su ratificación en la Legislatura, por lo que serían los primeros proyectos del año en ser debatidos, al retorno de las vacaciones de verano de los legisladores.
Pero además, agregó en diálogo con Los Andes, que esperan, además de estos 29 proyectos, sumar “30 más” a lo largo de diciembre, lo que dará un total de 93 proyectos de exploración de cobre en la zona del MDMO. Para Jimena Latorre, ministra de Energía, en vez de 30, señaló este fin de semana en Malargüe que podríabn ser “entre 15 y 20″.
Al margen de cuántos serán, hay un objetivo del Gobierno de seguir estableciendo “paquetes” de proyectos con amplias declaraciones de impacto ambiental, para que sean ratificados en la Legislatura y de allí, iniciar exploraciones para potenciales explotaciones de proyectos de cobre.
Casado puso énfasis en los movimientos y avances que se generarán en las potenciales áreas mineras, ya que recordó que, tal como establece el nuevo Código de Procedimientos mineros, los empresarios “ya no pueden ‘pisarlos’ y utilizarlos como especulación inmobiliaria. Están obligados a hacer acciones útiles, y en este caso es la exploración”.
Sobre los tiempos de exploración antes de la explotación, y teniendo en cuenta que en promedio sólo un proyecto termina en explotación de cada 100 proyectos de exporación, Casado reconoció que “es probable que nosotros con Alfredo (Cornejo) no veamos el resultado o la primera mina en explotación. Pero sí vamos a hacer todas las acciones útiles para que eso suceda. Creemos y estamos convencidos que es una oportunidad que no se puede desaprovechar y que ya hemos perdido mucho tiempo en la provincia”.
Y puso cautela ante tanta ansiedad política: “Si multiplicamos los 34 proyectos por cinco, 10 personas trabajando por proyecto, es mucha gente es la que puede empezar a trabajar. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo y no vender espejitos de colores y prometer cosas inmediatas. Esto no es inmediato, la minería no es inmediata. Sabemos que lleva su tiempo. Por ejemplo, San Juan nos lleva 20 años de ventaja y recién ahora tiene la posibilidad de empezar a explotar”, marcó.
Como ha dicho en más de una oportunidad, Cornejo destacó que Mendoza está yendo “a fondo” para aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece la transición energética a escala global y que esto es “muy bueno” para Malargüe.
“Desde el inicio de mi gestión, estamos trabajando intensamente en una política de promoción de la minería sostenible, con especial foco en la exploración de cobre. Esto ha significado un proceso planificado donde hemos ido alcanzando hitos estratégicos, que se vienen consolidando uno tras otro”, dijo el Gobernador.
En este sentido, Cornejo sostuvo que modificar el Código de Procedimiento Minero de la Provincia permitió que se actualicen las normas procedimentales que garantizan la inversión y el cumplimiento de los más altos estándares de sostenibilidad ambiental y social para este tipo de emprendimientos.
“Hemos consolidado Malargüe Distrito Minero Occidental, que nació de una iniciativa de los propios malargüinos. Hoy es una realidad en marcha, con 34 declaraciones de impacto ambiental ratificadas por la Legislatura, que se suman a los cuatro proyectos de exploración que ya se operan en el Departamento”, puntualizó.
El Gobernador remarcó que los 38 proyectos habilitados y con inversión comprometida para desarrollar la exploración de cobre impactarán favorablemente en todo el encadenamiento productivo y en el empleo local.
También hizo mención a los proyectos que están en marcha como Hierro Indio y Potasio Río Colorado.

Avance en hidrocarburos en Malargüe
Cornejo también destacó que Malargüe tiene “gran potencial” de cara a la transición energética, no solo con el cobre sino con el desarrollo de proyectos de energías renovables.
De esta manera, el Gobernador aseguró que “en enero próximo entrará en operación el Parque Solar Los Molles, desarrollado por la empresa Genneia y acompañado por Emesa. Esto implica 60 MW más de potencia aportados al sistema. A su vez, Aconcagua Energía se encuentra desarrollando otro parque solar en el departamento, que significará 20 MW adicionales”.
En materia de hidrocarburos, Cornejo informó sobre la adjudicación de cinco nuevas áreas: tres de exploración, que servirán para certificar más reservas y ampliar las fronteras productivas, y dos de explotación, que “sumarán producción a los 9.400 m3 que ya hemos logrado sostener en el segundo semestre de este año, algo que no ocurría desde hace cuatro años”, sostuvo.
También dijo que, en 2025, YPF perforará nuevos pozos en la formación Vaca Muerta mendocina, con una inversión de más de 30 millones de dólares. La idea es atraer inversiones que extiendan la producción del petróleo no convencional.
Además de la lengua Norte de Vaca Muerta, el mandatario mencionó otro recurso estratégico localizado en Malargüe: el descargadero de crudo Lindero de Piedra.
El mandatario afirmó que desde el Ejecutivo se van a desarrollar los proyectos para gestionar el financiamiento de líneas aéreas de media tensión trifásica de 33 KW, para vincular las localidades de Agua Escondida y Las Salinillas; Bardas Blancas y Las Loicas; Bardas Blancas, El Manzano, Arroyo Mechanquil y El Alambrado. “Se trata de localidades que actualmente son abastecidas con generación de grupos térmicos, de manera que estas obras permitirán el abastecimiento permanente de energía eléctrica con mejoras sustanciales en la calidad de servicio”, agregó.
También habló sobre desarrollar el proyecto del cierre del anillo de 33 KW entre la estación transformadora Puesto Rojas y la estación transformadora Malargüe, para asegurar el suministro eléctrico de la zona frente a cualquier contingencia.
Anunció que este año se conformó la oficina técnica del proyecto Pata Mora, con un equipo profesional que trabaja para que durante 2025 se pueda licitar el polo de servicios mineros y petroleros. También destacó la importancia de la infraestructura eléctrica, mencionando que ya se cuenta con los estudios eléctricos actualizados para los proyectos Línea El Cortaderal, Potasio Río Colorado y Pata Mora. Además, indicó que se está finalizando el relevamiento de materiales e insumos necesarios para desarrollar esta línea, cuya licitación está prevista para el próximo año, con una inversión estimada en 120 millones de dólares.
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Contra el fallo de la Corte: la última carta para evitar el cierre de la causa por el saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 20/11/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El cuerpo colegiado que monitorea el cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza pidió al máximo tribunal que revea su decisión; luego, tiene previsto acudir a la Corte Interamericana
“Un final abrupto, carente de contexto y con una sentencia teñida de arbitrariedad”. En esos términos definieron al cierre de la megacausa del Riachuelo desde el cuerpo colegiado designado para monitorear el cumplimiento del histórico fallo en el caso Mendoza, en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2008 el saneamiento de la cuenca. La reciente decisión del máximo tribunal al respecto, del 22 de octubre, surgió en principio como último clavo en el ataúd de la supervisión judicial del saneamiento, aunque el órgano ambiental de control replicó finalmente con un recurso in extremis, amparado en un alegado “error de hecho”, para que los jueces revean su postura. En definitiva, que vuelvan a resolver.
La reposición presentada abrió el escenario para que, a futuro, la contienda se dirima en la Justicia internacional e intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta tanto la Corte Suprema no rechace o haga lugar a lo planteado, el proceso en el Poder Judicial argentino no tendrá punto final, si bien lo decidido ya tuvo sus primeros efectos. La sentencia no reconoció el daño colectivo de los vecinos y desencadenó dos consecuencias centrales: la más inmediata, el vaciamiento de los juzgados de ejecución, el Federal Criminal y Correccional Nº2, a cargo de Jorge Rodríguez, y el Nº12, en el que se desempeña Ariel Lijo, uno de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar el máximo tribunal, donde se empezaron a archivar cientos de causas por daño al ecosistema. Las que subsistieron se desperdigaron en fueros locales y federales no especializados en derecho ambiental. La otra consecuencia, el fin de la supervisión judicial de la gestión de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que ahora rendirá cuentas solo ante el Congreso de la Nación.
”La revocatoria in extremis es un recurso excepcional y prácticamente imposible que nos lo conceda la Corte Suprema, pero sentimos como cuerpo colegiado que tenemos la obligación moral de dejar asentada una postura histórica y la visión crítica que tenemos del fallo. La sentencia es una contradicción a lo que fue la posición del tribunal desde 2008 hasta hoy. Esperemos que los jueces se tomen el trabajo de revisar su sentencia tan débil de fundamentos y la revoquen. Si nos rechazan el planteo, nos reservamos la posibilidad de ir a la Justicia internacional: primero, a la Comisión Interamericana, y luego, a la Corte Interamericana“, dice Cristian Fernández, abogado y representante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que compone el cuerpo colegiado junto con la Asociación Vecinos de La Boca, Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).

El recurso in extremis
En su presentación, denunciaron supuestas incongruencias en la postura de la Corte, que cesó su intervención cuando todavía quedan obras pendientes, como de red de agua potable y cloacas por parte de AySA, la finalización del Sistema Riachuelo –un megacolector de 30 kilómetros entre La Matanza y Dock Sud para la recolección de desechos, obra que financió el Banco Mundial– y 17.700 soluciones habitacionales inconclusas; entre ellas, 700 viviendas que deben construirse para relocalizar a los vecinos de la villa 21-24 en Barracas que aún no fueron licitadas y no cuentan con fondos para su construcción. Se suman otros compromisos asumidos en 2008 para la recuperación de la cuenca donde viven 4,5 millones de personas que representan el 10% de la población argentina. El tribunal tampoco se expidió sobre si se mantiene o se levanta la prohibición de la navegabilidad. Al cerrar la causa, los jueces fundamentaron que los objetivos del fallo Mendoza quedaron cumplidos satisfactoriamente con la creación de la Acumar, en 2007, y del Plan Integral de Saneamiento (PISA), en 2010.
”Es un fallo en contra de lo que necesita la cuenca. La Corte consideró que los grandes litigios estructurales tienen que llegar a un fin y que tenía que cesar el monitoreo del cumplimiento de lo ordenado en 2008, pero lo hizo en el peor momento”, agrega Fernández.
El contexto al que refiere el abogado es el ajuste en la estructura organizativa y funcional de la Acumar, que a principios de 2024 bajo el sello de la gestión libertaria redujo su personal en un 50%. A la vez, el organismo tiene el presupuesto congelado a los valores de octubre de 2022, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca cayeron este año un 28,2% en términos reales y se paralizaron las obras de saneamiento. También se eliminaron direcciones estratégicas dedicadas al monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos, como la Dirección General Ambiental.

El fallo de la Corte y sus efectos
A partir del cese de la intervención de la Corte, la Acumar ya no tiene la obligación de presentar ante la Justicia los informes trimestrales de su gestión en cuanto al ordenamiento del territorio, la calidad de aire y agua en napas subterráneas, cloacas, el control de las industrias y de los grandes agentes contaminantes, y la ejecución de las obras. El seguimiento de esos informes había resultado clave para otros organismos de control como la Auditoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, que detectaron mediante el seguimiento presupuestario la reducción y la subejecución de partidas destinadas al PISA entre 2018 y 2024.
Entre las obras más importantes restan la culminación del Sistema Riachuelo, que debía finalizar en noviembre de 2023, y el Parque Industrial Curtidor de Lanús, que tenía plazo de finalización en octubre 2021; según informó la Acumar en abril de este año, la obra está en un 75% de avance. También quedó pendiente la implementación del Plan Sanitario de Emergencia, que debía detallar la cantidad precisa y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas son menores de 6 años.
Consultados por LA NACION, desde la Acumar no habían dado declaraciones al cierre de la nota.
En su recurso, el cuerpo colegiado señaló: “La sentencia atacada implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos. Todo ello, tiñe a la sentencia con el color de la arbitrariedad y amerita una revisión y revocación de lo decidido“.
En esa sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispusieron el fin de su intervención en el caso Mendoza por considerar que se alcanzaron los objetivos proyectados para la recuperación del Riachuelo. En el fallo, los jueces resolvieron: “La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA, que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo, y con la creación de la Acumar a cargo de su cumplimiento”.
Dictado el fallo, los juzgados de Lijo y Rodríguez comenzaron a archivar y desprenderse de las causas anexas al caso Mendoza; por ejemplo, el litigio por la reserva ecológica de Ciudad Evita, un predio de 700 hectáreas en La Matanza, que sucumbió ante las ocupaciones de asentamientos, desarrollos inmobiliarios ilegales, basurales, incendios de pastizales y la tala indiscriminada. La causa tramitaba en el juzgado de Rodríguez y fue remitida primero a la Cámara Federal de San Martín, que se declaró incompetente para intervenir y en consecuencia la envió al Juzgado Civil y Comercial Contencioso Administrativo Federal Nº 3 de la misma jurisdicción, todavía con un destino incierto.

Antecedente en la región
De escalar la contienda a la Justicia internacional, hay un antecedente con puntos de similitud al caso Riachuelo. Se trata de la causa de los habitantes del distrito de La Oroya contra Perú que fue resuelta por la Corte Interamericana en noviembre de 2023 a favor de los demandantes.
Los hechos ocurrieron en La Oroya, ubicado en la Sierra Central de Perú, donde la actividad minero-metalúrgica ininterrumpida por 100 años produjo la presencia de plomo en sangre en sus habitantes, ocasionando muertes, problemas de salud y demencia. En 2006, el Tribunal Constitucional de ese país dictó un fallo estructural para solucionarlo e inició un proceso de ejecución de sentencia que duró 17 años (el caso Mendoza duró 16). Al ver que la sentencia no se cumplía, los vecinos afectados llegaron hasta la Corte Interamericana. El organismo condenó al Estado de Perú como responsable por la violación a los derechos humanos, entre ellos: el derecho a la vida, al medio ambiente sano, a la salud, a la integridad personal y a la niñez.
La corte internacional concluyó que el Estado peruano violó, a la vez, el derecho a la protección judicial, toda vez que transcurridos más de 17 años desde la decisión del Tribunal Constitucional no se habían adoptado medidas efectivas y reales para cumplir con la sentencia y resolver la contaminación en La Oroya.
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La bajante del río Paraná atrae a pescadores y turistas irresponsables que afectan la fauna del lugar

Fecha de Publicación: 20/11/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Litoral Argentino


Debido al escaso caudal quedan al descubierto grandes bancos de arena que dejan en estado de vulnerabilidad a los animales que viven allí. Ante la falta de medidas de preservación y control, se hacen fiestas que perjudican a los animales.
La bajante del Río Paraná se profundizó en los últimos años. Hay una tendencia que pone en vulnerabilidad a los peces y deja al descubierto varios bancos de arena que hoy se los utilizan de manera negligente, ensuciándolo.
La falta de caudal del Río Paraná ha dejado expuestos varios bancos de arena a lo largo de los territorios de Corrientes y Chaco. Estamos viviendo un escenario largo que se enmarca en un ciclo de aguas bajas, dejando innumerables espacios que muchas personas están utilizando de forma inadecuada, a tal punto que todos los fines de semana son los días clave, de mayor concurrencia de embarcaciones y personas que llegan a estos para hacer un uso irresponsable del espacio.
Una utilización de un espacio natural en el que realizan fiestas con total libertinaje sobre estos bancos de arena, de los cuales es importante destacar que son espacios totalmente naturales y que hoy es visible por el escaso caudal, pero cuando el río retome su caudal, estos espacios vuelven a sumergirse, llevando restos de basura que dejan los privilegiados que van con sus embarcaciones a un lugar al que no todos pueden llegar.
En estos lugares no solo hay arena, también hay una gran variedad de avifauna, como, por ejemplo, los nidos de Gaviotines. Es importante conocer su estado y prognosis, es un ecosistema en sí mismo.
Ignorar e invisibilizar esto solo demuestra lo lejos que estamos del real y verdadero cuidado de la naturaleza. Hoy, estos espacios naturales, donde una buena diversidad de avifauna anida en estos períodos, son invadidos por estos individuos que no solo alteran el lugar con su visita, sino que dañan a los huevos que anidan en el sitio y que no son muy visibles, ya que se mezcla con el color de la arena.
Ante la situación de aguas bajas, otros de los escenarios visibles es la depredación de los peces. Tras el escaso caudal, muchos pescadores aprovechan para depredar especies de fauna íctica de alto valor ecológico, pero, además, especies protegidas como el Dorado, Manguruyú y el Surubí, hoy están siendo extraídos de sus ambientes naturales en cantidades de manera ilegal e incluso lugares donde colocan espinelas en sitios claves para depredar.
Estamos en periodos clave donde la fauna se prepara para el desove y del cual no se respetan los periodos de vedas que son fundamentales para la reproducción de las especies ícticas. El escaso caudal no solo dificulta su reproducción, sino que pone en peligro su repoblación, ya que hay una mayor presión de pesca en las cuencas, como así también una gran presión sobre los ejemplares juveniles durante los últimos años en el río.
Por el momento, las condiciones y frecuencias de precipitaciones son muy escasas sobre la región, por lo que se vuelve más difícil que el río tenga un repunte. Según las proyecciones, se espera una mejora sensible hasta el 30 de noviembre. Todo queda por suponer que en los meses que siguen existe esa posibilidad, pero ya no como pronóstico ni como tendencia climática, sino que se trata de un escenario probable que puede llegar a ocurrir.
Por lo tanto, es crucial que las autoridades provinciales tanto de Corrientes como la del Chaco establezcan y se ejecuten medidas urgentes de preservación de la fauna íctica del Río Paraná, como la del uso de los bancos de arenas.
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Provincias rechazan retiro de Argentina de la Convención de Cambio Climático

Fecha de Publicación: 19/11/2024
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Nacional


Las provincias que integran el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) rechazaron la reciente e intempestiva decisión del presidente Javier Milei de ordenar el retiro de la delegación argentina de la COP29, la cumbre mundial sobre cambio climático organizada por la ONU.
En la última asamblea extraordinaria del Cofema, realizada el viernes, La Pampa propuso el tratamiento de este tema. A través de su representante, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático Vanina Basso, se logró incluir este item en el temario.
A raíz de ello, se discutió y aprobó la Resolución N°550/2024, que expresa un enérgico rechazo de las provincias a esta medida unilateral que “margina al país de un espacio clave en las negociaciones climáticas internacionales, poniendo en evidencia que la decisión presidencial no responde a una estrategia consensuada ni a los intereses federales”, en palabras de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
La resolución del consejo destaca que “la ausencia de Argentina no solo limita su capacidad de influir en las decisiones globales sobre cambio climático, sino que también afecta directamente a las provincias, que dependen de estos foros para acceder a mecanismos de financiamiento climático y apoyo técnico para enfrentar los desafíos ambientales”.
“El Cofema demostró así que el compromiso ambiental no puede quedar supeditado a las decisiones de una administración central que actúe en contra de los intereses federales. En su lugar, reafirmó la necesidad de una estrategia coordinada que permita a los gobiernos subnacionales mantenerse como actores relevantes en el ámbito internacional, en defensa de sus territorios y del bienestar de sus comunidades”, sostuvieron desde la cartera pampeana de Ambiente.

Implicancias.
Una delegación argentina, con funcionarios de la Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente, había viajado a la cumbre climática de la ONU que se desarrolla desde el lunes en Bakú, Azerbaiyán. Pero el miércoles recibieron la orden de suspender su agenda y regresar a Buenos Aires de manera inmediata.
La decisión generó rechazo en diversas esferas políticas y sociales nacionales e internacionales, y el distanciamiento del país de las negociaciones climáticas globales, “pone en jaque no solo la posición internacional de Argentina, sino también los intereses y necesidades de las provincias, de que enfrentan desafíos directos debido al cambio climático”, consideraron.
“La COP, como órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un espacio esencial para coordinar acciones frente a la crisis climática”, sostuvieron desde el Cofema. “La ausencia argentina en Bakú, limita gravemente nuestra capacidad de influir en decisiones globales clave y perjudica las posibilidades de acceso a recursos fundamentales”.
Sostuvieron que no solo las negociaciones se ven afectadas, sino también la percepción internacional del país como socio confiable en la lucha contra el cambio climático: “En un contexto donde países como Brasil y Chile refuerzan su presencia, el vacío dejado por Argentina es evidente y preocupante”.
La cartera ambiental pampeana resaltó que las acciones climáticas en las provincias “necesitan respaldo en el ámbito internacional, donde las negociaciones multilaterales definen estrategias y mecanismos de financiamiento”. “Esta decisión de Milei envía un mensaje equivocado al mundo y a las provincias que dependen de estas instancias para promover soluciones frente a los impactos del cambio climático. Es imperativo que el Gobierno nacional garantice la participación en futuras cumbres. Mientras tanto, las provincias como La Pampa demuestran que el compromiso ambiental no debe depender de la visión unilateral de un gobierno nacional, sino de un esfuerzo conjunto que articule los niveles subnacionales”, concluyeron.
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Chubut ampliará el Área Protegida Punta Tombo y creará una Fiscalía Ambiental

Fecha de Publicación: 19/11/2024
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut


También se endurecerán las penas para delitos que atenten contra la fauna de la provincia, y se pondrá en funcionamiento un Comité de Gestión para mejorar la gobernanza de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, entre una serie de acciones presentadas por el titular del Ejecutivo provincial, enmarcadas en las políticas de Estado para la protección y conservación de la naturaleza en Chubut.
El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, presentó este viernes una serie de importantes medidas enfocadas en la protección y conservación de la fauna provincial, entre ellas la ampliación del Área Natural Protegida Punta Tombo, la creación de una Fiscalía Ambiental, el endurecimiento de las penas frente a los ilícitos cometidos dentro de áreas protegidas, y todos aquellos que afecten la fauna nativa. Los proyectos de ley en cuestión serán enviados por el Gobierno Provincial a la Legislatura, donde serán tratados en las distintas comisiones para luego tomar estado parlamentario y ser tratados en el recinto.
El anuncio fue realizado por el titular del Ejecutivo chubutense junto a la reconocida artista y conductora de televisión, Susana Giménez, desde las instalaciones del nuevo Museo Egidio Feruglio de
Trelew, con el acompañamiento del ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna; el secretario de Ambiente, Juan José Rivera, y el intendente de Trelew, Gerardo Merino.
Durante la presentación, Torres destacó la presencia de Susana Giménez, quien destacó "la cultura y la naturaleza de la provincia", mientras que el mandatario llamó a "concientizar y que llegue a todos lados la necesidad de cuidar nuestra fauna, algo que las generaciones más chicas lo tienen muy a flor de piel".
En otro pasaje de su discurso, el Gobernador hizo referencia a la reciente condena de un empresario por el delito de ecocidio en el Área Natural Protegida Punta Tombo: "Lamentablemente, durante mucho tiempo se creía que no era un tema importante, pero hay que destacar el trabajo que la gestión ha realizado para ponerle un punto final a este tipo de situaciones, por eso vamos a crear una Fiscalía Ambiental".
"Si uno pasa por encima de un nido, si mata a un ave que está protegida por la Unesco, eso es un delito acá y en cualquier país, y por suerte hubo una condena ejemplificadora", remarcó.
"Vamos a ampliar el Área Natural Protegida Punta Tombo y también presentaremos un proyecto de ley que endurezca las penas", sostuvo Torres en relación al proyecto presentado por la senadora nacional Edith Terenzi para la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal "para que, de una vez por todas, cada vez que ocurra un hecho de estas características, los responsables cumplan con la condena que deben cumplir ante la Justicia; hoy hay una condena ejemplificadora pero hay que dar un paso más, sentando las bases normativas para que esto no vuelva a pasar en Chubut, como así tampoco en ningún lugar de la Argentina", consignó.
Cabe destacar, asimismo, que uno de los proyectos de ley que será elevado por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura establece el incremento de las multas pecuniarias a los delitos de maltrato y crueldad animal.
A su vez, el titular del Ejecutivo provincial resaltó el acompañamiento "de organizaciones que financian estos proyectos, además de que se armará un Comité de Gestión, esto es, una mesa de trabajo, para garantizar la infraestructura necesaria, porque hace algunos años las áreas protegidas eran un desastre, y hoy las estamos poniendo en un lugar necesario para poder cuidar a toda la fauna, pero por sobre todo, para concientizar respecto de la importancia de cuidar lo nuestro, que es parte de la identidad de todos los chubutenses".
La ampliación del Área Natural Protegida Punta Tombo, explicó el Gobernador, "deberá ser aprobada por ley luego de que elevemos el proyecto a la Legislatura, y ya hay distintas organizaciones no gubernamentales que, de aprobarse, están dispuestas a acompañar a la provincia para garantizar la estructura básica" y puso en valor que la gobernanza sobre el sector "incluirá también a científicos y organizaciones destinadas a la conservación".
Por su parte, Susana Giménez se solidarizó con los chubutenses por los hechos ocurridos en la reserva natural, y destacó que "hay una conciencia que la gente está tomando, y lo cierto es que un animal no solo es simpático, sino también inofensivo, por lo que me parecen muy bien las medidas que se van a tomar".
"En Chubut se pueden hacer muchas cosas durante todo el año", destacó la estrella televisiva en relación a las virtudes naturales de la provincia. Además, puso en relieve las nuevas instalaciones del Museo Egidio Feruglio, detallando que "acá se aprende un montón, sabíamos que el lugar era impresionante y ahora lo comprobamos, por lo que hay que felicitar al Gobernador y al equipo del MEF".

Nueva Área Natural Protegida Punta Tombo-Punta Clara
El Área Natural Protegida Punta Tombo fue creada en 1983, con un total de 210 hectáreas terrestres y en ella habita la mayor colonia de pingüinos de Magallanes. Cada año llegan aproximadamente 140 mil parejas de la especie a sus costas. Asimismo, en diciembre de 2015 se creó el Área Marina Protegida Punta Tombo, sumando el ambiente costero y marino al área protegida terrestre y formando también parte de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Actualmente, el Área Natural Protegida Punta Tombo incorporará 1.014 hectáreas terrestres más, sumando así a toda la región de Punta Clara, de forma tal que su zona de influencia abarcaría un total de 180 mil parejas de pingüinos de Magallanes. La nueva Área Natural Protegida Punta Tombo-Punta Clara albergará, asimismo, lobos y elefantes marinos, colonias de aves marinas y costeras, y hábitat de innumerables especies terrestres, transformando el sitio en un enclave de relevancia mundial.
Esta ampliación también implicará una importante inversión en infraestructura y equipamiento para mejorar el control y el monitoreo del área, a los fines de garantizar la protección de la fauna marina que allí habita.

Fiscalía Ambiental y Comité de Gestión
Dichas acciones forman parte de las políticas que lleva adelante el Gobierno del Chubut en lo referido al manejo de las áreas naturales protegidas y la conservación de las especies, destacándose asimismo la creación de una Fiscalía Ambiental, el endurecimiento de las penas frente a los ilícitos que se cometan dentro de dichos sectores protegidos, como así también cualquier delito que afecte a la fauna nativa de la provincia.
Se suma a dichas políticas de Estado, la creación de un Comité de Gestión para mejorar la gobernanza de la Reserva de Biósfera Patagonia Azul, continuando con el fortalecimiento de las políticas de protección y conservación de la naturaleza en la provincia del Chubut.

Protección de Fauna Marino Costera
Otro de los proyectos de ley que será elevado en los próximos días por el Ejecutivo chubutense a la Legislatura, es el de "Protección de Fauna Marino Costera" y que establece una serie de restricciones al acercamiento y a actividades que impacten negativamente en la fauna marina en las costas y mares provinciales.
La iniciativa parlamentaria prevé "proteger y conservar la fauna marina silvestre" y "garantizar la preservación de las especies y su entorno, permitiendo únicamente interacciones con autorización específica y regulada por el Poder Ejecutivo".
Además, establece la declaración de Interés Público de la conservación de la fauna marina, considerada "un recurso natural a cargo del Estado Provincial".
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Argentina evalúa abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático

Fecha de Publicación: 18/11/2024
Fuente: The New York Times
Provincia/Región: Nacional


El presidente Javier Milei está considerando retirar a Argentina del acuerdo climático que busca frenar las emisiones que calientan el planeta, una medida drástica que solo ha tomado otro dirigente mundial en el pasado: Donald Trump.
El presidente Javier Milei está considerando retirar a Argentina del Acuerdo de París, cuyo objetivo es frenar las emisiones que calientan el planeta, una medida drástica que solo ha tomado otro dirigente mundial en el pasado: el expresidente Donald Trump, quien retiró a Estados Unidos durante su primer mandato.
El país sudamericano está considerando abandonar el acuerdo de 2015 como parte de una amplia reevaluación de sus políticas climáticas, dijo el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.
La revisión por parte de Argentina del histórico acuerdo climático se produce cuando el mundo se prepara para una prevista segunda retirada de los acuerdos por parte del presidente electo Donald Trump. Si Milei también abandona el acuerdo, a algunos les preocupa que pueda desencadenar un efecto dominó, impulsando a otros países a reconsiderar su propia participación.
El país aún no ha tomado una decisión sobre si abandonará los acuerdos, según el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. Pero está reconsiderando su participación en un acuerdo que “tiene un montón de cosas” con las que el gobierno de Milei no está de acuerdo.
“Estamos reevaluando nuestra estrategia en todos los temas relacionados con el cambio climático”, dijo en una entrevista con The New York Times. “Hasta ahora no tomamos ninguna otra decisión más que desensillar hasta que aclare”.
Un día antes, Milei retiró inesperadamente a la delegación argentina de la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el clima, que este año se celebra en Bakú, Azerbaiyán, y se conoce como COP29 este año. En el pasado, Milei, un libertario de derecha, ha calificado la crisis climática de “mentira del socialismo”.
Cuando se le preguntó por qué la delegación había interrumpido su participación, Werthein dijo que, aunque el gobierno de Argentina no niega la existencia del cambio climático, el debate sobre las causas del calentamiento era “un tema filosófico”.
“Tenemos divergencia de las razones”, dijo. “Consideramos que está vinculado a ciclos naturales y coincidimos con la necesidad de tomar medidas para mitigarlo”.
“Decidimos retirar nuestra delegación y reevaluar nuestra posición, nada más”, añadió. “Creo que es un derecho soberano”.
La retirada de Argentina del acuerdo sobre el clima asestaría un duro golpe al histórico Acuerdo de París en un momento crucial de la lucha mundial para contener el cambio climático.
Las investigaciones demuestran que la Tierra ya se ha calentado, principalmente debido a la quema de carbón, petróleo y gas para producir energía, y que la última década ha sido la más calurosa jamás registrada.
Las Naciones Unidas han advertido de que los países deben reducir sus emisiones en un 42 por ciento para 2030 y en un 57 por ciento para 2035 para evitar que las temperaturas aumenten 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin estas reducciones, el mundo se encamina hacia un aumento de la temperatura de 2,6 a 3,1 grados centígrados a lo largo de este siglo, lo que dificultará que las sociedades puedan hacer frente a la situación.
Estados Unidos es la única nación que se ha retirado del Acuerdo de París, adoptado por 196 naciones en 2015 para ayudar a alcanzar esos objetivos.
Cuando el entonces presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo, ningún otro país siguió su ejemplo. Y, en 2021, el presidente Biden se reincorporó al acuerdo y amplió los compromisos de Estados Unidos de luchar contra el cambio climático y reducir sus emisiones.
Pero Trump ha prometido ir en dirección contraria cuando vuelva a asumir el cargo. Ha prometido “perforar, perforar, perforar” en busca de petróleo y gas, y retirar de nuevo a Estados Unidos de los acuerdos climáticos de París.
La coincidencia de tono entre Milei y Trump no es una sorpresa.
El presidente argentino ha expresado con frecuencia su admiración por Trump y ha vitoreado su victoria electoral en las redes sociales, publicando imágenes generadas por IA de sí mismo junto al presidente electo. “Haz que América vuelva a ser grande”, dijo Milei. “Puedes contar con Argentina para llevar a cabo tu tarea”.
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Contaminación ambiental: empresarios azucareros deberán pagar 80 millones de pesos por arrojar residuos peligrosos al agua

Fecha de Publicación: 18/11/2024
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán


En el marco de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, la justicia federal de Tucumán determinó que los directivos de la firma “Azucarera J.M. Terán SA”, que explota el ingenio “Santa Bárbara”, deberán abonar una indemnización de 80 millones de pesos por provocar daños ambientales con sus actividades industriales. Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal tras homologar la propuesta presentada por los fiscales Pablo Camuña y Daniel Weisemberg.
Los hermanos Julio José Colombres y José Agustín Colombres, máximos responsables de la empresa azucarera, enfrentaban cargos por contaminar los ríos Chico y Salí-Dulce y violar, de ese modo, el régimen penal de la Ley de Residuos Peligrosos N° 24051, que reprime a todo aquel que, utilizando determinados desechos, “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente general”.
Dicha normativa también aclara que cuando esas conductas “se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.
El proceso contó con la intervención de la jueza subrogante Carina Frías del Tribunal de Santiago del Estero, quien a través de su homologación validó la postura acusatoria respecto al acuerdo como una herramienta legal idónea para reparar los perjuicios ocasionados en la comunidad de Santa Bárbara, situada a 100 km al sur de San Miguel de Tucumán.
Según publicó el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF), el dinero será abonado en cuatro cuotas semestrales ajustadas por inflación y se destinará a obras que mejoren la calidad de vida en las zonas afectadas por la contaminación residual, derivada de una operatoria industrial sin los controles y certificaciones ambientales correspondientes.
Si bien los empresarios fueron eximidos de realizar labores comunitarias en virtud de su avanzada edad, deberán implementar una reconversión estructural en sus plantas para adecuarlas a las normativas vigentes. En esa línea, los empresarios dejaron asentado su compromiso para llevar adelante auditorías periódicas dentro del ingenio para lograr procesos productivos más limpios y sostenibles en el tiempo. El propósito, según informó el MPF, tiene como norte reducir la posibilidad de futuros impactos ambientales en la región.
El expediente tuvo su origen en 2006 por medio del impulso fiscal de Gustavo Gómez, que recibió información de la Dirección de Medio Ambiente respecto a posibles daños ambientales producidos por afluentes líquidos arrojados por la compañía azucarera en el río Chica, que sale al río Salí y desemboca luego en la cuenca del Dique Frontal. Si bien en primera instancia los empresarios resultaron sobreseídos, las actuaciones llegaron hasta la Cámara Federal de Casación, desde donde se dispuso el dictado de una nueva resolución.
La contaminación fue corroborada por diferentes informes y estudios especializados que dieron cuenta de la alteración nociva en el agua. Con ese sustento fáctico, Camuña y Weisemberg promovieron el acuerdo con los imputados para resarcir el daño colectivo. Los hermanos Colombres, por otro lado, firmaron distintos convenios con la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán para recomponer los pasivos ambientales de la zona y contar con un auditor que controle la producción limpia.
Un caso similar sucedió en septiembre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial homologó dos condenas de tres años de prisión de ejecución condicional para Alicia Inés Petit, presidenta del directorio del ingenio azucarero La Corona, y Enrique Fausto González, director de la misma empresa. Ambos fueron condenados por haber cometido delitos de contaminación ambiental en la localidad tucumana de Concepción y por afectar la salud de su población durante un periodo que abarca desde 2006 hasta 2017.
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Dos amenazas: el cambio climático ya afecta la salud en la Argentina, según un informe de expertos internacionales

Fecha de Publicación: 16/11/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


The Lancet Countdown, que reúne a 122 especialistas de 57 instituciones, expuso las devastadoras consecuencias del calentamiento global en América Latina; las variables que impactan en el país
En su edición de octubre de 2024, The Lancet Countdown, una iniciativa internacional de monitoreo del cambio climático y sus efectos en la salud, reveló que la Argentina enfrenta graves amenazas de salud pública debido a la crisis climática, con un incremento en enfermedades como el dengue y una marcada escasez de agua potable por sequías prolongadas.
En el informe, elaborado por 122 expertos de 57 instituciones y publicado antes de la COP29, se propone una reorientación de los recursos de combustibles fósiles hacia energías limpias como medida clave para mitigar el impacto de la crisis climática.
El cambio climático, provocado principalmente por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, representa hoy una amenaza concreta y urgente para la salud humana, y la Argentina no es la excepción. En el último reporte de The Lancet Countdown, que contó con la colaboración de instituciones académicas y organismos de las Naciones Unidas, se detallan dos de los principales efectos climáticos que impactaron a la región de América Latina durante 2023: el alarmante aumento en los casos de dengue y las intensas sequías que afectaron a Brasil, Argentina y Uruguay.
Según el informe, en la Argentina la falta de agua potable y el aumento de enfermedades como el dengue son consecuencias directas de los cambios inducidos por el ser humano en el ambiente. Estas condiciones fueron exacerbadas por fenómenos climáticos extremos que están afectando la salud pública y las economías locales. Los expertos señalan que en países como el nuestro, donde el dengue ya representaba un problema de salud pública, las condiciones climáticas cada vez más calurosas y húmedas favorecieron el crecimiento de la población de mosquitos Aedes aegypti, responsables de la transmisión del virus. Durante 2024, los casos de dengue en América Latina aumentaron en un 215% en comparación con el año anterior, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.
La incidencia del dengue en la Argentina, que en décadas anteriores era ocasional, se convirtió en una preocupación endémica en muchas provincias. A medida que la temperatura promedio sube, el ciclo de vida del mosquito se acelera, lo que incrementa las posibilidades de transmisión y brotes en las áreas urbanas, donde las condiciones de infraestructura y el acceso al agua potable son limitados. Las autoridades de salud pública, por su parte, se enfrentan al desafío de adaptar las políticas de control vectorial a una situación que evoluciona rápidamente y que está profundamente influenciada por los cambios climáticos globales.
El segundo gran impacto climático reportado en la Argentina es la sequía. Durante 2023 y 2024, el país experimentó una de las sequías más severas de las últimas décadas, con una disminución drástica en los niveles de precipitación que afectó al sector agrícola, principal motor económico del país. El informe estima que la producción de cereales cayó en un 15%, un golpe devastador para una nación que depende en gran medida de la exportación de productos agrícolas. La sequía afecta también la disponibilidad de agua potable, lo que derivó en problemas de salud relacionados con la deshidratación y la exposición a fuentes de agua contaminada. En Uruguay, una situación similar causó escasez de agua en diversas regiones, un fenómeno que también comienza a manifestarse en el noreste de nuestro país.
Los efectos sobre la salud de la población son múltiples y preocupantes. La falta de acceso a agua potable incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales e infecciones relacionadas con el consumo de agua contaminada. Además, los expertos de The Lancet Countdown subrayan que la exposición prolongada a situaciones de estrés hídrico afecta también la salud mental de las personas, especialmente en poblaciones rurales y en pequeños agricultores, quienes son los más vulnerables a las fluctuaciones de los recursos naturales. Yasna Palmeiro Silva, coautora del reporte, explicó que el fenómeno de la sequía en América Latina se debe tanto al sobreuso humano del agua como a las variaciones climáticas, agravadas por la actividad humana.
En términos económicos, el impacto de la crisis climática en la salud pública también acarrea grandes costos. The Lancet Countdown estima que, para 2050, los países que experimentan fenómenos climáticos extremos podrían enfrentar una reducción significativa en su producto bruto interno debido a la pérdida de productividad laboral. En la Argentina, la sequía prolongada y las altas temperaturas ya comenzaron a afectar la capacidad de los trabajadores en sectores como la agricultura y la construcción, generando pérdidas en productividad y acentuando las desigualdades socioeconómicas en el país. La exposición a temperaturas elevadas aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, lo que a la vez incrementa los costos en el sistema de salud, sobrecargando los recursos médicos en las áreas más afectadas.

Recomendaciones
Frente a este panorama, los expertos de The Lancet Countdown plantean una serie de recomendaciones y propuestas que buscan mitigar los efectos del cambio climático en la salud. Una de las propuestas centrales del reporte es la reorientación de los fondos actualmente destinados a la industria de los combustibles fósiles hacia el desarrollo de energías limpias y sostenibles. Los autores destacan que esta transición hacia una economía de emisiones netas cero no solo beneficiaría la salud de la población al reducir la exposición a contaminantes, sino que también impulsaría la economía global al crear empleos en el sector de energías renovables. En la COP29, que se desarrolla este mes en Bakú, se espera que los líderes internacionales discutan el destino de los fondos para combatir la crisis climática, con un enfoque en la salud y el bienestar globales.
El financiamiento de una transición justa es un punto clave en el informe, que insta a las naciones a cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y a acelerar la adopción de políticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de la Argentina, los subsidios a combustibles fósiles continúan siendo una herramienta de control de precios, pero al mismo tiempo limitan el avance hacia energías más limpias. El informe sugiere que una transición hacia energías renovables podría reducir la dependencia de combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire y disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias, beneficiando a la población y al sistema de salud.
La Argentina, en particular, enfrenta un verano con proyecciones de calor extremo y pocas precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que el impacto directo de estas condiciones se manifieste en una mayor demanda de energía y agua, y en un aumento en los casos de enfermedades relacionadas con el calor y la deshidratación. Expertos en salud ambiental señalan que estos eventos se volverán más frecuentes y severos si no se toman medidas urgentes para mitigar los efectos del cambio climático. Las altas temperaturas no solo elevan el riesgo de enfermedades infecciosas como el dengue, sino que también pueden agravar problemas de salud mental, como el estrés y la ansiedad, en una población cada vez más expuesta a condiciones extremas.
El informe concluye que el cambio climático y la salud pública son temas interrelacionados y que la inacción en la primera área tendrá repercusiones devastadoras en la segunda. La directora ejecutiva de The Lancet Countdown, Marina Romanello, afirmó que la falta de acción climática ya está causando impactos visibles y que los recursos financieros que continúan fluyendo hacia la industria de los combustibles fósiles son una oportunidad desperdiciada. “La inversión en energía limpia y en medidas de eficiencia energética no solo protegería la salud de millones, sino que contribuiría a construir un futuro más equitativo y sostenible”, señaló Romanello.
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Senadores reciben aporte de especialistas en salud, en el estudio del proyecto sobre fitosanitarios

Fecha de Publicación: 16/11/2024
Fuente: Portal Cuestión Entrerriana
Provincia/Región: Entre Ríos


Los profesionales especialistas en toxicología y cáncer dieron su aporte ante los legisladores que forman parte de tres comisiones del Senado: Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Producción. Los legisladores pretenden reunir la mayor cantidad de información sobre la temática en el marco del estudio del proyecto de ley por el que se adoptan buenas prácticas en materia de fitosanitarios en la Provincia de Entre Ríos.

Ley de buenas prácticas fitosanitarias
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, proteger y conservar la salud, gozar de un ambiente sano y equilibrado y favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
La reunión fue encabezada por los senadores Hernán Méndez (presidente de la comisión de Salud Pública y Drogadicción), Gloria Cozzi (presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Casiano Otaegui (presidente de la comisión de Producción).

Aportes de los especialistas
En primer lugar, mediante teleconferencia, hizo su exposición la Dra. Cecilia Tavella, del Centro de Toxicología, Asesoramiento y Servicios (TAS) de Rosario. La profesional mencionó que un proyecto de estas características “provoca sensibilidad social y debate”, por lo que “necesita de interdisciplina y trabajo en equipo”. Tavella puso como eje de la discusión a la salud como un derecho, atendiendo la preocupación de las personas expuestas a los agroquímicos en el agua, el polvo ambiental y los alimentos.
Tavella hizo hincapié en el acuerdo sobre el uso seguro de los productos, que deben tener buenos usos y prácticas. Además, habló sobre la venta de los productos, la capacitación, los elementos de protección personal en la manipulación, y la receta agronómica. Aseguró que la falta de estadísticas sobre los afectados está vinculada principalmente a malas prácticas en el uso de estos productos y sugirió incorporar un representante de salud en el Consejo Asesor Fitosanitario que se crearía con la sanción del proyecto de ley.

Impacto de los agroquímicos
Los senadores Méndez, Oliva y Benedetti realizaron consultas sobre los efectos de los agroquímicos, a lo que Tavella respondió que un 90% de las afectaciones se deben al mal uso o a la falta de protección personal. Además, explicó que las personas más vulnerables son los niños y las mujeres gestantes, y destacó que la mayoría de las consultas que reciben se relacionan con problemas respiratorios y dermatológicos.
A continuación, Dr. Nicolás Fernández, director del Instituto Provincial del Cáncer, abordó el tema del cáncer y su relación con las exposiciones a fitosanitarios. El médico subrayó que es difícil generar evidencia de causas debido a la complejidad de evaluar causas directas, y resaltó la falta de estadísticas en la materia. No obstante, señaló que a nivel nacional y regional ha habido una tendencia decreciente en los casos de cáncer.

El proyecto de ley
El proyecto de ley establece la creación de un Consejo Asesor Fitosanitario y un Fondo Fitosanitario Entrerriano. Se detallan pautas para los registros de usuarios de fitosanitarios, importadores, elaboradores, formuladores, expendedores, asesores, aplicadores, y operarios. También se establece la obligación de emitir una receta agronómica digital, y se regulan las zonas de exclusión, la protección de escuelas rurales y la salud en relación con la aplicación de fitosanitarios.

Presencias
Estuvieron presentes en la reunión los senadores Nancy Miranda (Federal), Ramiro Favre (Colón), Claudia Silva (Paraná), Gustavo Vergara (Diamante), Jaime Benedetti (Gualeguaychú), Gladys Domínguez (Feliciano), Martín Oliva (Uruguay), Marcelo Berthet (San Salvador) y Juan Conti (Tala).
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Nuevo fallo histórico: ABSA deberá entregar bidones de agua a la población por la contaminación con agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/11/2024
Fuente: Portal Cuatro Vientos
Provincia/Región: Buenos Aires


En un fallo histórico, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ha dictado una sentencia a favor de los vecinos de French, en el partido de Nueve de Julio, quienes denunciaron la contaminación del agua potable. La resolución obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y a la Provincia de Buenos Aires a tomar medidas urgentes para asegurar la provisión de agua limpia y sin contaminantes para los habitantes de la región.
El caso se originó en la causa "Kersich Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses s/ Amparo", presentada por vecinos y organizaciones ambientales, quienes exigen el acceso al agua en condiciones seguras. Entre los amparistas se encuentran residentes de French y representantes de la Asociación Civil “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro.
La sentencia ordena a ABSA a suministrar agua potable en bidones a los amparistas y a crear centros de distribución para el resto de los usuarios de French. Esta agua debe cumplir con estándares de calidad internacional, como la concentración de arsénico bajo los 10 microgramos por litro, además de estar libre de agrotóxicos. Las familias afectadas recibirán al menos 20 litros de agua potable por día mientras dure el proceso judicial.
Asimismo, la resolución exige que ABSA realice análisis mensuales del agua para detectar arsénico y otros contaminantes. Estos resultados deberán publicarse en los medios locales y en las boletas de consumo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental para los ciudadanos.
La Provincia de Buenos Aires deberá también efectuar análisis trimestrales de los niveles de agrotóxicos en las fuentes de agua subterránea de Nueve de Julio, incluyendo sustancias como glifosato, atrazina, y otros pesticidas de uso común en la zona agrícola. Estos resultados también serán de acceso público y se difundirán en medios de comunicación locales.
La sentencia busca proteger los pozos de bombeo y las áreas rurales habitadas, al establecer una "zona de exclusión" de 1000 metros alrededor de estos lugares donde queda prohibida la fumigación con agrotóxicos. Esta medida apunta a resguardar la salud pública, especialmente en comunidades rurales expuestas a las fumigaciones.
Los habitantes de French y activistas ambientales han celebrado el fallo, calificándolo de "precedente histórico" en la lucha por el acceso al agua potable y la protección contra la contaminación química. Sin embargo, los vecinos permanecen atentos al cumplimiento de la sentencia, demandando que las autoridades locales y provinciales aseguren el suministro de agua sin riesgos para la salud.
Este fallo representa un hito en la defensa del derecho ambiental y establece obligaciones claras para las empresas y el gobierno en cuanto al suministro de agua potable segura y el monitoreo de contaminantes peligrosos. La comunidad de French ha demostrado que la organización y la acción legal pueden ser herramientas efectivas en la defensa del medio ambiente y la salud pública.
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